DISCURSO DE AGRADECIMIENTO Concesión de la Medalla al Mérito de la Abogacía de Castilla y León

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO Concesión de la Medalla al Mérito de la Abogacía de Castilla y León Con tu venia, Presidente: Excmas. e Ilmas. autoridades

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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO Concesión de la Medalla al Mérito de la Abogacía de Castilla y León Con tu venia, Presidente: Excmas. e Ilmas. autoridades civiles, militares y judiciales. Excmo. Sr. Presidente del Consejo Regional de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León. Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Zamora. Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Zamora, amigo Ignacio. Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Procuradores de Zamora. Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Regional de la Abogacía. Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zamora. Compañeras y compañeros, Señoras y señores,

Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Consejo Regional de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León, por la distinción que ha decidido concedernos, y agradecer también a la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, por proponerla.

Y sean también estas palabras iniciales, de enhorabuena, sincera a los compañeros que han alcanzado su distinción por pertenencia durante 50 años a nuestro Colegio de Abogados. Enhorabuena a vosotros, compañeros; 25 años de profesión. Juntos alcanzamos hoy la condecoración que nos ha gustado llamar, desde que se decidió su establecimiento en Junta de Gobierno, “el premio a la constancia”. Y enhorabuena, también, a vosotros, compañeros, que os incorporáis este año a esta apasionante profesión; y a vuestras familias, que ven hoy recompensados tantos desvelos hasta conseguir poneros en el camino. Sabed que ahora ya, vuestro futuro depende sólo de vosotros. Os animo a que no dejéis nunca de perseguir vuestros sueños, los muchos sueños que seguro, ahora rondan por vuestra cabeza, y que desde hoy, estáis en disposición de alcanzar.

Enhorabuena, Miguel Angel; cuántos años de batallas en estrados, juntos o enfrentados, y de infinitas horas sentados en la mesa de reuniones colegial, viajes, informes y ponencias, que hoy te son recompensadas.

Reitero hoy, ante todos Vds. la primera idea que se me vino a la cabeza cuando, en julio pasado, recibí la llamada del Decano informándome de la concesión de esta Cruz de la Abogacía de nuestra Comunidad: El premio, para mí suficiente, y un auténtico privilegio, ha sido pertenecer durante tantos años a los órganos de gobierno del Colegio de Abogados, en el que recalé siendo muy joven, en el año 1993, de la mano de los entonces secretario y bibliotecario, Ignacio Esbec y Antonio Pastor. Ya formaba parte de aquella junta Juanjo Martín Gato, permanentemente unido a la Junta desde entonces, y los muy queridos y admirados Emilio Rodrigo y Leocadio Alonso, también premiados con este galardón que hoy recibimos Miguel Angel y yo. Todos dirigidos por nuestro querido Juan Antonio Barba Palao, Decano honorario del Colegio de Abogados de Zamora, abogado ejemplar, que tristemente nos dejó a principios de mes, y que siempre tendremos en nuestro recuerdo. Descansa en paz… Eran unas juntas de gobierno apasionantes: el Colegio carecía de medios, que suplía con las energías y ganas de trabajar de los más jóvenes, y la prudencia, la experiencia y el buen criterio de los veteranos. Nos conformábamos con la colaboración, inestimable, de nuestro oficial, Jesús, que se encargaba de absolutamente todo lo relacionado con la administración y gestión del Colegio. Él es la primera referencia que tengo de la institución, quien me recibió cuando acudí para gestionar mi incorporación, y me ayudó a rellanar toda la documentación necesaria, y eso sí, no menos importante, me ayudó también a elegir, sabiamente, los puros con los que era costumbre obsequiar a los magistrados y funcionarios de la casa. De aquellas juntas iniciales, quiero recordar una anécdota que siempre he tenido bien presente durante mi pertenencia al colegio, y que se produjo el último viernes de enero de aquél primer año de mi incorporación a la Junta de Gobierno (1993), tras finalizar la primera Junta a la que asistí, con los ojos bien abiertos, y la boca bien cerrada, más que por prudencia, por un miedo casi reverencial a la cantidad de sabiduría que atesoraban mis compañeros: Había la muy buena costumbre de que, al final de la sesión, se continuaba charlando alrededor de una mesa en el Restaurante Serafín, donde de forma más desenfadada, y ante la imprescindible presencia de un buen plato de jamón demandado por nuestro querido Leocadio, comentábamos detalles de la vida colegial…

Pues bien, finalizada la comida, nada frugal por cierto, el Decano, Juan Antonio, se dirigió a mí, y me dijo: “José-Alfredo: Ahora es el momento en el que cobramos la dieta… Dame 5.000 Pesetas”.

Presupuestos ajustados, mentalidad austera, reuniones donde no se gastaba una peseta de más, pero en las que tampoco se ahorraba una hora de trabajo de menos, y la permanente convicción de que lo que hacíamos para los compañeros era en sí, ya un buen regalo para nosotros mismos…

Fue llegando después sabia nueva: Roberto Pérez Gallego, Paloma Prieto, Miguel Ángel Sánchez, Jesús Rodríguez, mi querida amiga, Milagros Pérez, --mi ahijada, a quien creo que inyecté en vena este veneno de la institución colegial--, Mª Jesús del Río, y pasamos de década con un colegio más profesionalizado, y más participativo tanto en los órganos regionales, entonces incipientes, como en el Consejo General de la Abogacía.

Se concretaron nuestras primeras participaciones en las Reuniones de Juntas de Gobierno y en Congresos de la Abogacía: Santander (1994), A Coruña (1995), Sevilla (1999), Salamanca (2003), Zaragoza (2007), Pamplona (2009) y Cádiz (2011), donde quedó bien patente, la fuerza y gracejo de la abogacía zamorana, sobre todo, en la fiesta posterior a la Cena de Clausura. Cuántos recuerdos: viajes en tren junto a nuestro Decano Juan Antonio, “escapadas nocturnas” con Miguel Angel para conocer a lo más granado de la abogacía de castilla y león, y española.

La Junta de Gobierno se planteó, con mucha polémica, la adquisición de una sede: “No hay estado sin territorio”, de modo que era momento de acometer ese proyecto, hasta ese momento inalcanzable. No les quepa duda de que además del largo debate que se suscitó en aquella junta general multitudinaria en la que se adoptó la decisión de comprar nuestra sede, con gran oposición de los colegiados más jóvenes, hubo otra controversia, de la que no se supo tanto, y se produjo en el seno de la propia Junta de Gobierno. Les aseguro que fue preciso hacer una labor de persuasión importante para convencer a nuestros más vetustos compañeros de la importancia de la adquisición de la sede colegial, ya que no creían fácil poder explicar a los compañeros, como podía desaparecer definitivamente de la modesta cuenta bancaria colegial nuestro más

preciado tesoro, los ahorros de todas las generaciones de abogados que nos habían precedido en el Colegio. Personalmente me impliqué mucho en aquella empresa, quizás por la condición de tesorero que entonces ostentaba; recuerdo que gracias al apoyo y a los ánimos que recibía de los tesoreros de otros colegios amigos, conseguimos imponer la modificación definitiva del sistema de financiación colegial, que era del todo obsoleto, y acometer la compra deseada. Por fin aquella ilusión, auspiciada incondicionalmente por los miembros más jóvenes de la junta, cristalizó en la compra de la sede colegial que hoy disfrutamos, incluso ya, sin cargas que graven la propiedad de todos los compañeros.

Progresivamente fueron incorporándose al colegio nuevos colaboradores, Raquél, Charo… Charo, muchas gracias por todo tu apoyo, por tu compromiso, tu discreción, tu fidelidad bien demostrada al Colegio… gracias por estar pendiente de todo y de todos. Después vinieron Nuria, y después, Silvia, y Sonsoles.

Motivos personales me alejaron por un tiempo de la Junta de Gobierno, a la que volví, con un nuevo grupo muy emprendedor y trabajador de compañeros, Rufo Martínez, María Porto, Javier Rodrigo, Miguel Angel Sánchez, y los aun subsistentes en la Junta, Manolo Rguez. Soto, Juanjo Martín Gato, Santiago Rubio y nuestra secretaria, Concha Moral. Todos nosotros, bajo la batuta del Decano Ignacio Esbec, que aportó su dilatada experiencia en el órgano rector de los abogados para liderar un grupo muy eficaz de trabajo. Es un orgullo para mí, y seguro que para todos ellos, afirmar que nuestro esfuerzo ha quedado bien patente en el testigo entregado al nuevo Decano de nuestro colegio el pasado año.

Necesito hacer un punto y aparte en relación a la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados, muy especial para mí, de cuyas aulas ha salido un gran número de los compañeros a que nos enfrentamos día a día en estrados, a quienes será fácil reconocerles el trabajo y esfuerzo realizado en una Escuela en que tanta implicación demostró la UNED, y sobre todo, la Magistrada doña Esther González, a quienes le agradezco públicamente su apoyo, y les manifiesto el gran recuerdo que mantengo de haber trabajado a su lado, codo con codo.

Tras este largo bagaje, casi 20 años de vinculación al Colegio de Abogados, estoy en disposición de posicionarme al lado de los sectores más críticos del Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que quedó aprobado en agosto pasado. Aunque sólo sea, porque en su redacción no se han conciliado las voluntades de quienes más conocimiento y experiencia podrían aportar al proyecto, precisamente los Colegios de Abogados.

Después de unos titubeantes inicios de la norma, que incluso llegó a plantearse la supresión de los Colegios, residua aun una dicotomía normativa en cuanto a los abogados que ejercen ante los tribunales, y los que desarrollan su profesión por cuenta ajena; y mantiene también, un “control de eficacia” sobre los Colegios profesionales, que va mucho más lejos del principio de legalidad y eficacia que imponen los artículos 149 y 103 de nuestra Constitución. No sabemos qué ocurrirá con la tan temida, para algunos, finalización de la incompatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador; el tiempo nos los dirá.

Por todas estas razones, mi posición es crítica al proyecto, y está, en cambio, al lado del Estatuto General de la Abogacía aprobado en junio de 2013, texto que sí reconoce y garantiza el servicio público a los justiciables, impulsando la función social siempre ejercida desde los Colegios de Abogados; potencia la transparencia y la calidad de los servicios colegiales, y fomenta la modernización de la profesión de abogado, el régimen deontológico y sancionador y la formación inicial y continua de los abogados, claro exponente del mejor servicio que podamos prestar al ciudadano. Queridos compañeros, hoy responsables del gobierno colegial, os animo a que luchéis por mantener los principios fundamentales de nuestra institución colegial, y trabajéis para mejorarla, en beneficio de compañeros y ciudadanos.

Quiero terminar como empecé, dando las gracias a todos por este inmerecido reconocimiento que supone a la vez un estímulo y una enorme responsabilidad, pero permitidme que mis últimas palabras sean para mi familia. Tengo nítido el recuerdo del 1º de junio de 1988, cuando de la mano de mis padres, y de mi padrino, don Enrique Bobo Morillo, me senté por primera vez en estrados. Hoy mi madre y mis hermanas son testigos de la concesión de esta medalla, que será posiblemente un orgullo más para ellas, que para mí mismo.

También lo son mi esposa, Maite, y nuestros maravillosos hijos, quienes de verdad merecen esta distinción, por haber soportado con mucha paciencia, y enorme generosidad, todas las horas que he ido hurtando día a día a la convivencia familiar. Espero que compartáis conmigo la convicción de que el tiempo que hemos pasado juntos, ha recompensado con creces la absorbente profesión que decidí, desde bien joven, vivir con toda dedicación.

Muchas gracias,

Zamora, 24 de enero de 2014

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