Hacia un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación

INFORME FINAL

Montevideo, 2011

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“Hacia un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación”

Área temática: Género

Informe Final Dra. Karina Batthyány Montevideo, junio de 2011.

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Tabla de contenido Introducción Propuesta metodológica Eje temático 1: mercado laboral, trabajo e inclusión social La situación de las mujeres afro-descendientes Eje temático 2: Sistema educativo La situación de la población afro-descendiente Eje temático 3: salud, derechos sexuales y reproductivos Eje temático 4: Violencia hacia las mujeres Eje temático 5: Participación política Propuestas hacia el plan Bibliografía Anexo 1: Indicadores de referencia Eje 1: Mercado laboral Eje 2: Sistema educativo Eje 3: Salud, derechos sexuales y reproductivos Eje 4: Violencia hacia las mujeres Eje 5: Participación política Mujeres afro-descendientes

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Introducción

Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se han convertido en causas que justifican desigualdades sociales traducidas en desventajas que afectan las oportunidades de las mujeres para interactuar en la sociedad. Esto ha significado padecer grados de subordinación política, económica, cultural, emocional-subjetiva que puedan revertirse en la medida que se entienda que esta es una fuente de desigualdad e injusticia que impacta de manera particular en las mujeres. En Uruguay las mujeres han logrado grandes avances en la conquista de sus derechos ciudadanos, se han incorporado masivamente a la fuerza de trabajo y han abierto nuevos espacios de actuación en la sociedad. Sin embargo, aun persisten importantes desigualdades que hacen de las mujeres el grupo más numeroso que sufre discriminación. Los datos demográficos de nuestro país dicen que del total de la población (3.334.052) más de la mitad son mujeres: 1.723.696 frente a 1.610.356 varones. Aún no se han alcanzado las condiciones para que todas las mujeres sin importar su condición, puedan ejercer plenamente sus derechos y participar, con las mismas oportunidades que los varones, en todas las esferas de la vida del país. A los efectos de este informe se tomará la definición que plantea la CEDAW sobre discriminación contra la mujer. El artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. (Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Nueva York, 1979). A su vez y tal como se establece en la “Agenda 2009. Una propuesta política de las mujeres organizadas”(CNS MUJERES) se trabajará con la noción de igualdad de género e igualdad entre mujeres. La igualdad de género significa que mujeres y varones disfruten de similares condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos y desarrollar su potencial para contribuir a la transformación de la sociedad, beneficiándose de los resultados de esos cambios. La igualdad entre mujeres implica que no existan diferencias en el ejercicio de los derechos de las mujeres por razones de clase, raza, etnia, edad, estado civil, orientación-identidad sexual, religión, región o nacionalidad. A pesar de los avances que se verifican en los últimos para Uruguay, el marco jurídico y legal así como las dinámicas institucionales no han transitado por las transformaciones necesarias para erradicar todas las formas de discriminación por razones de género, que afectan de forma particular a las mujeres de todas las edades y condiciones. Esos serán los elementos que se analizarán en este informe.

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Propuesta metodológica

Se ha realizado un diagnóstico de las principales áreas de discriminación que enfrentan las mujeres uruguayas basado en un diseño descriptivo de investigación, prestando especial atención a la situación de las mujeres afro-descendientes. Se analizaron datos secundarios cuantitativos provenientes de diferentes fuentes y se realizó una observación participativa del taller de consulta con la sociedad civil, donde se trabajó en función de los ejes que estructuran este análisis. El relevamiento para identificar los ejes centrales de la discriminación contra las mujeres consistió principalmente en el análisis de: o

Informes Oficiales (Estatales, ONU, Relatores Especiales, ONGs, etc.)

o

Datos de instituciones estatales

o

Estudios académicos y de expertos independientes

o

Estudios comparativos regionales

o

Agenda de las Mujeres (2009)

En función del relevamiento realizado se priorizaron cinco ejes para el análisis, a saber:     

mercado laboral, trabajo e inclusión social sistema educativo salud, derechos sexuales y reproductivos violencia hacia las mujeres participación política

Para cada uno de estos ejes se realiza un breve análisis y se presentan luego propuestas a ser consideradas en la elaboración del Plan Nacional de lucha contra el racismo y la discriminación. En los ejes temáticos para los que se dispone de información para el colectivo afro-descendiente se incorpora como un ítem de fácil visibilidad. Para la elaboración de las propuestas se tuvo en cuenta los elementos aportados por los distintos colectivos que participaron de la consulta realizada en el mes de mayo. En la sección anexos se presentan los principales cuadros y gráficos seleccionados para el análisis, que es imposible incorporar en el cuerpo del texto debido al limitado espacio disponible.

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Eje temático 1: mercado laboral, trabajo e inclusión social En Uruguay, la discriminación laboral por razones de sexo ha sido considerada por la legislación nacional a partir de la aprobación de la Ley Nº 16.045 (1989), que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector de actividad. Como se verá, a pesar de avances importantes en la materia, se está aún lejos de que la discriminación laboral por razones de sexo sea historia en nuestro país. En Uruguay se ha experimentado un incremento sostenido de la participación de mujeres en la actividad laboral, creciendo en términos relativos más que la actividad laboral de los varones. Evidencia de ello es el aumento en las tasas de actividad femenina que pasaron de 41.4% en el año 1986 a 55.8% en el año 2010, mientras que para el mismo período la tasa de actividad masculina oscila entre 74% y 73%. (INE; 2010). Sin embargo, más allá de esta evolución positiva, persisten diferencias importantes con respecto a la tasa de actividad masculina. Estos cambios son acompañados por el aumento positivo de los niveles de escolarización femenina, siendo especialmente relevante, para la integración de las mujeres al mercado de trabajo, la formación de mano de obra calificada a nivel terciario. Si se observa la evolución del ingreso de estudiantes terciarios dentro de la educación pública, se destaca un aumento significativo de las matriculas de mujeres en el largo plazo (últimos cincuenta años). En los años que van de 1960 a 1968 las muje res constituían alrededor del 40% de las matriculas, a partir de los años 80 alcanzan el 50% de las matriculas, creciendo luego varios puntos porcentuales hasta llegar en el año 2009 a representar 63% de las matrículas (INMUJERES 2010). A pesar de ello las mujeres continúan enfrentándose a barreras en el acceso efectivo y permanencia dentro del mercado de trabajo, lo que no garantiza una situación de equidad con respecto a los varones. Basándonos en la información disponible a nivel nacional se observa que algunos de los puntos más críticos de esta inequidad dentro del mercado laboral, son (ver cuadros en anexo): a. La disparidad persistente entre las tasas de empleo 1 femenina y masculina. En el último período del año 2010 la tasa de empleo femenina representa un 51.4%, ubicándose 19 puntos porcentuales por debajo de la tasa de empleo masculina. (INE;2010)

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La tasa de empleo es el cociente entre la población ocupada y el total de la población de 14 años o más, indica el porcentaje de la población que ingresa en el mercado de trabajo remunerado

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2 b. La prevalencia de la tasa de desempleo femenina sobre la masculina a lo largo de las últimas décadas. En el año 2010 la tasa de desempleo de mujeres alcanza el 8.4%, mientras que el desempleo entre los varones representa el 4%. (INE;2010).

c. La información desagregada por área geográfica muestra que los niveles de actividad, empleo y desempleo según sexo son muy distintos en las localidades menores y zonas rurales respecto a Montevideo y las localidades mayores de 5.000 habitantes. La tasa de empleo total para localidades menores y zonas rurales es similar al promedio nacional, pero también se evidencian diferencias por género. La tasa de empleo de los hombres es superior (77% respecto a 70% para el total del país) y la tasa de empleo de las mujeres es significativamente menor (42 % respecto a 48.7%) (INMUJERES 2010) d. El acceso limitado a la protección social. Si bien este es un fenómeno global, que afecta a trabajadoras y trabajadores, los datos disponibles indican diferencias negativas para las mujeres. En el año 2007 el porcentaje de mujeres que declaran estar ocupadas, pero no se encuentran registradas en la seguridad social3 es de 35%, mientras los varones representan un 33.8%. (INMUJERES 2010) e. Otro factor de inequidad lo constituye la prevalencia de la desigualdad salarial entre varones y mujeres. En el año 2009 la brecha de género en la remuneración4 es de 69.4. (INMUJERES 2010). Esto significa que las mujeres ganan 30.63% menos que los varones. f.

Por último, mencionaremos la persistencia de formas de segregación ocupacional que experimentan las mujeres dentro del mercado laboral. Esta segregación se expresa en dos planos: i. la desigual participación de mujeres y varones dentro de las estructuras jerárquicas (segregación vertical) fundamentalmente a partir de la exclusión de las mujeres de puestos de poder, toma de decisión y negociación; ii. Y el ingreso diferencial dentro de rubros de actividad o tipos de ocupaciones (segregación horizontal), que se evidencia a partir de la mayor concentración de mujeres en ocupaciones consideradas de menor valor o prestigio en términos relativos. Las trabajadoras se concentran en tres ramas de actividad: en el servicio doméstico se ubica 18.5% de las mujeres, en comercio al por menor y mayor 17.7% y, en servicios sociales y de salud, 12.4% (OMT 2010). A su vez, las mujeres representan un porcentaje mayoritario de los trabajadores en las actividades de enseñanza (78,8%), servicios sociales y de salud (75,8%), y servicio doméstico en hogares privados (92.6%)

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La brecha de género en el desempleo muestra la desigual proporción de mujeres y varones que estarían dispuestas a trabajar y no logran ingresar al mercado de trabajo. 3

Es decir que no realizan aportes jubilatorios a ninguna caja de seguridad social

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La brecha salarial, que mide las diferencias entre los ingresos de los varones y las mujeres, indica que el mayor que 100 “ que las mujeres ganan más que los varones y, si es menor a 100, las mujeres que ganan menos que los varones” (CIEDUR; 2009:35)

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g. La presencia de menores en el hogar es uno de los aspectos que obstaculiza la integración de las mujeres al mercado de empleo. Si observamos a la tasa de actividad de las mujeres de entre 14 y 49 años de edad, vemos que esta disminuye con la presencia de menores de 12 años en el hogar. Contrariamente, la tasa de actividad de los varones tiende a aumentar con la presencia de menores en el hogar. La brecha más grande entre uno y otro sexo ocurre en el grupo de personas que viven en hogares con 3 o más menores de 12 años. Allí la tasa de actividad femenina se ubica en 54.0%, casi 31 puntos porcentuales inferior a la tasa de actividad masculina (Batthyány, 2009) h. Las desigualdades en la distribución del trabajo no remunerado (TNR) en la sociedad tienen efectos en la inserción diferente en el mercado de trabajo de hombres y mujeres y en las horas que unos y otras dedican a las tareas de cuidado. Esto no responde a diferencias en las calificaciones entre los sexos sino a la estructuración de la sociedad en base a una división sexual del trabajo que asigna a los hombres las tareas de producción y a las mujeres las de reproducción social (atender y cuidar a la familia y a la comunidad). La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral no ha sido debidamente acompañada por políticas de corresponsabilidad en el desarrollo de un sistema de cuidado, lo que ha determinado un incremento sostenido del déficit de cuidados.

La situación de las mujeres afro-descendientes

En este apartado se analizarán algunos indicadores que dan cuenta de las inequidades de género y raza en la inserción en el mercado de empleo. Al analizar los principales indicadores del mercado de empleo para la población afrodescendiente desde una perspectiva género, incluidos en el material de INMUJERES “Cuadernos del Sistema de Información de Género, No.1” (INMUJERES 2010) se encuentra que (ver cuadros en anexo):

a. Las mujeres afro-descendientes presentan los valores más altos en la tasa de desempleo (14,3%). b. Las mujeres afro-descendientes entre 14 y 24 años muestran la mayor tasa de desempleo de la población, donde 1 de cada 3 mujeres activas no logra acceder a puestos de trabajo. c.

Del total de la población uruguaya ocupada en el mercado de empleo, el 66% de las mujeres y el 67% de los varones aportan a alguna caja de jubilaciones. Ahora, si se observa lo que ocurre entre la población afro estos valores descienden considerablemente, en especial para las mujeres. Del total de mujeres afro- descendientes 8

ocupadas en el mercado de trabajo, 53.6% aporta a alguna caja de jubilaciones. Para el caso de los varones afro este valor es superior, 57.2%, aunque se encuentra lejos de los valores alcanzados por la población masculina no afro (68.5%). d. Los/as trabajadores/as afro-descendientes se encuentran sub representados en las categorías ocupacionales de mayor calificación y sobre representados en las categorías ocupacionales de menor calificación. El 37% de los afro-descendientes se ocupan en trabajos no calificados. Del total de mujeres afro ocupadas en trabajos no calificados un 72% lo hace como trabajadoras domésticas. e. El 39,6% de los afro-descendientes viven en hogares pobres, superando en más de 20 puntos la incidencia de la pobreza en el resto de la población. Para los niños/as afro la tasa se eleva por encima del 55%. f.

El porcentaje de mujeres sin ingresos propios triplica el porcentaje de hombres en idéntica situación. Entre las mujeres la mayor proporción se observa en las afrodescendientes.

g. La mitad de las personas afro-descendientes uruguayas viven en hogares del primer quintil de ingresos. h. El salario medio por hora de trabajo en la ocupación principal es un 29% menor en la población afro-descendientes en comparación con la no afro-descendiente. i.

Si se considera el total de ingresos salariales por ocupación principal, el ingreso medio de los afro-descendientes es el 67% de los no afros.

Eje temático 2: Sistema educativo

Como es conocido la educación y el sistema educativo cumplen un papel central en la transmisión, desarrollo y reproducción de valores, significados, normas, principios, morales, éticos y físicos en una sociedad. Es por tanto determinante para alcanzar logros que permitan desarrollar capacidades que harán posible la conciencia de derechos, la autonomía, la igualdad de oportunidades y derechos y la equidad. Si bien se ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo, hasta el presente no se ha gestado un cambio sustancial en los planes, en la currícula y en los textos de estudio que garantice una educación no sexista e inclusiva. Distintos estudios han mostrado en el correr de la última década que la mayoría de los promedios nacionales y regionales ilustran una situación educativa de las mujeres que ha igualado o superado a la de los varones (Milosavljevic, V: 2007).

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Para el caso de Uruguay: a. En términos de años de estudio aprobados en la población mayor de 24 años, las mujeres presentan valores más altos que los varones en los grupos de más de 9 años de estudio. El 42% de las mujeres mayores de 24 años aprobaron 10 o más años de estudio, valor que supera al de los varones en casi 7 puntos porcentuales. Las diferencias más grandes la encontramos en la población con 16 o más años de estudio. En este nivel hay un 8% de varones y un 11% de mujeres (Batthyány et al, 2007) b. Al analizar el nivel educativo por sexo, observamos que no existen diferencias por sexo en primaria, mientras que en ciclo básico de secundaria y UTU, existe un mayor porcentaje de varones. Esto se revierte en la categoría secundaria 2do. Ciclo donde las mujeres aparecen con un 22% mientras que los varones con un 19%. (Batthyány et al, 2007) c.

Si observamos ahora el comportamiento al interior de las categorías de nivel educativo, se reconocen las mismas tendencias mencionadas anteriormente aunque algunas de ellas más acentuadas. De las personas que no tienen instrucción, el 59% son mujeres mientas que el 41% son varones. A su vez, existe una gran concentración de mujeres en la categoría de educación terciaria no universitaria (70.5%), mientras que los varones se concentran más en el nivel técnico 2do. Ciclo (61.6%). (Batthyány et al, 2007)

Por otra parte, y tal como surge de los análisis de legislación y política pública que se han realizado, se observa que no se ha logrado aún consolidar la aplicación de programas de educación que promuevan el ejercicio de la sexualidad, con el debido reconocimiento y respeto a la diversidad y la convivencia democrática de distintas orientaciones e identidades. No se ha logrado incorporar efectiva y transversalmente la temática de género en el sistema educativo. La misma se ha limitado a acciones de sensibilización, en talleres no obligatorios principalmente a nivel de primaria y secundaria. Continua siendo insuficiente la oferta educativa para jóvenes que viven en el medio rural y en condiciones de vulnerabilidad.

La situación de la población afro-descendiente

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El 15% de los/as niños/as afro-descendientes entre 4 y 5 años no asisten a ningún establecimiento de enseñanza. La población afro-descendiente joven presenta los porcentajes más bajos de asistencia a establecimientos de enseñanza, especialmente en las personas de 18 años y más. La población con ascendencia racial afro presenta niveles de instrucción inferiores a los de la población no afro. Las diferencias más importantes se aprecian en 10

los niveles superiores; tan solo un 7% de la población afro- descendiente de 20 años o más cursan o cursaron estudios terciarios –ya sea universitarios, no universitarios, magisterio y/o profesorado-.

Eje temático 3: salud, derechos sexuales y reproductivos

Al analizar este eje se destaca la creación en enero de 2008 del Sistema Nacional Integrado de Salud y su mecanismo de financiamiento a través del Seguro Nacional de Salud como política que busca contribuir a la equidad en materia sanitaria. Ahora bien, al observar el derecho al acceso a las instituciones de salud se aprecian inequidades de género que las políticas públicas deberían atender. El 58% de los varones tienen derecho de atención en las Instituciones Medicas de Asistencia Colectiva (IAMC); las mujeres con acceso a este derecho representan el 53%. Por su parte, un 37% de las mujeres se atienden en Salud Pública, valor 7 puntos porcentuales superior al de los varones (ver cuadros en anexo). Tal como se consigna en el “Observatorio en género y salud sexual y reproductiva de MYSU” (Mysu 2010), el país cuenta desde 1996 con políticas en salud sexual y reproductiva que fueron progresivamente implementadas en los servicios públicos de salud. Desde el Ministerio de Salud Pública se han implementado un conjunto de normativas sanitarias y guías clínicas en distintos componentes de la salud sexual y reproductiva: anticoncepción reversible y no reversible, atención del embarazo, parto y puerperio, prevención del aborto inseguro y atención de aborto incompleto, prevención y detección de violencia doméstica y sexual, prevención y tratamiento de ITS y VIH – Sida, prevención de cáncer genito - mamario, entre otras. La implementación de estas normativas sanitarias y guías clínicas en la práctica de los servicios de salud ha sido y es un proceso complejo atravesado por barreras funcionales, organizativas, culturales identificadas tanto a nivel institucional como en los actores directamente implicados: equipos de salud (profesional, técnico y administrativo), administradores/gestores de servicios y población usuaria. Los resultados del Observatorio obtenidos en los estudios realizados en 2008 y en 2009 (MYSU, 2008; 2009) permiten identificar algunas de las barreras institucionales que afectan la accesibilidad a las prestaciones, así como registrar los avances en la organización de las prestaciones en salud sexual y reproductiva en los últimos años. Se han constatado avances en materia de derechos sexuales y reproductivos como ser la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos en servicios de salud, en todo el país; la inclusión del control del embarazo, parto y puerperio y más recientemente la capacitación en violencia doméstica, como metas prestacionales de observancia obligatoria en el Sistema nacional integrado de salud (SNIS); la elaboración de protocolos para la detección y diagnóstico de violencia doméstica en los servicios de salud; la ratificación de las medidas de protección materna contra el aborto provocado en condiciones de riesgo (Ordenanza 369 y guías clínicas/ MSP 2004) y aprobación del uso obstétrico del misoprostol a nivel intra11

hospitalario. De todas maneras se reconocen obstáculos a la implementación de estas reformas y normativas, relevadas principalmente en el Observatorio de Mysu sobre salud sexual y reproductiva. Entro otros se mencionan que un importante porcentaje de profesionales de los servicios públicos y privados de salud desconocen las normativas vigentes en salud sexual y reproductiva, o ponen barreras para su cumplimiento También que buena parte de la población usuaria de salud, particularmente las mujeres que asisten a servicios de ginecología y obstetricia, desconoce la normativa que habilita la atención en diversos componentes de la salud sexual y reproductiva. Por otra parte, el Sistema nacional integrado de salud no incluyó desde su puesta en marcha (2008) prestaciones de vigilancia obligatoria en VIH, anticoncepción, aborto inseguro, infertilidad, salud sexual, entre otros componentes de la SSR. Se reconoce también la ausencia de políticas de prevención y de campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, con estrategias adecuadas de difusión, información y educación, sostenidas y de alcance nacional la falta de protocolos de atención en determinadas áreas de la SSR, que incluyan la perspectiva de género, generaciones, raza/etnia y diversidad sexual. Materia pendiente también es el marco legal que despenalice y legalice el aborto voluntario.

La situación de las mujeres afro-descendientes

 La población afro-descendiente presenta menores niveles de cobertura de salud de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). En las mujeres tan solo 33% cuentan con cobertura de IAMC.  El 54% de las mujeres y el 43% de los varones afro cuentan con cobertura de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Eje temático 4: Violencia hacia las mujeres Una de las formas mas recurrentes y graves de violencia hacia las muejres en uruguay y es la violencia doméstica. Para la RUCVDS (Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual) hablar de violencia doméstica es hablar de una forma de violencia de género y generacional, sostenida, legitimada y perpetuada por una cultura patriarcal y adulto céntrica, que se expresa en el ámbito familiar a través de relaciones de dominación. La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos, lamentablemente, la más frecuente y difundida. La violencia de género se sustenta sobre patrones culturales arraigados, que se manifiestan en la discriminación, el maltrato, el abuso, el acoso sexual, y la trata y tráfico de 12

personas. Los estereotipos de género imperantes habilitan la violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, mientras ubican a las mujeres como un colectivo social con menor poder y valor social y consolidan la supremacía de los varones. Pese a los avances que se constatan en la legislación nacional se hace necesario señalar las diversas limitaciones que las mujeres uruguayas viven cotidianamente para ejercer el derecho a vivir libres de violencia, sin discriminación y en igualdad. La violencia hacia las mujeres y de género es un fenómeno que requiere de respuestas que procuren de-construir las bases estructurales y normativas que organizan la sociedad y que habilitan respuestas violentas tanto desde las instituciones como en los vínculos entre las personas. Aún no se cuenta con todos los servicios que garanticen los derechos y promuevan acciones socio-comunitarias, familiares y personales que prevengan y atiendan las múltiples dimensiones que adquiere la violencia de género y hacia las mujeres. Se constatan avances en el reconocimiento de la problemática y hay mayores grados de sensibilización y preocupación sobre la magnitud y gravedad de su incidencia. Se han creado protocolos de intervención para aplicar ante situaciones de violencia, abuso sexual y maltrato en instituciones como el MSP, Ministerio del Interior, INAU y Primaria. Se han implementado servicios de atención en violencia doméstica en diferentes departamentos del país. A su vez, la aprobación de la ley de Migraciones (Ley 18.250, diciembre 2007) que tipifica el delito de trata y de tráfico de personas de acuerdo a lo establecido en las diferentes convenciones y acuerdos internacionales es un avance significativo en un tema que era materia pendiente y afectaba particularmente a mujeres y niñas. Un elemento pendiente es la asignación específica de recursos en el presupuesto nacional destinados a la prevención, atención y eliminación de toda forma de violencia de género y hacia las mujeres. A modo de ejemplo, recuérdese que parte importante del presupuesto que el Instituto Nacional de las Mujeres destina al trabajo en contra de la violencia es aportado por la Cooperación Internacional. A su vez, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas sigue siguen un derecho no garantizado en el país, para las mujeres de todas las edades y condiciones. Un vacío identificado también en esta materia es la ausencia de leyes y medidas que atiendan todas las formas de violencia de género y hacia las mujeres, que aborden otras dimensiones además de la violencia doméstica, el maltrato y el abuso sexual, particularmente en lo que refiere a violencia y discriminación de personas por orientación sexual e identidad de género En Uruguay no existen datos oficiales sobre casos de violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la encuesta realizada durante la Marcha del Orgullo 2005 determinó que el 67% de los encuestados sufrió alguna forma de discriminación: el 19% fue víctima de agresiones directas (un 5% padeció agresiones físicas, un 3% 13

agresiones sexuales, un 6% fue chantajeado y un 5% asaltado durante citas). A su vez, el 48% declaró haber sido amenazado o insultado verbalmente al menos en una oportunidad por su orientación o identidad sexual en espacios públicos abiertos, tanto en el sistema educativo como en el espacio laboral.

Eje temático 5: Participación política La presencia de mujeres en los parlamentos da cuenta de procesos más amplios de participación en otras esferas de toma de decisiones. Cuando el número de mujeres parlamentarias es bajo, este indicador también señala el déficit de representación femenina en otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, los municipios, así como en los sectores empresariales, sindicales y académicos. La participación política y el lugar de las mujeres en los espacios de decisión dan cuenta del reconocimiento político alcanzado por las mujeres en la sociedad, así como también es un indicador de la superación o no de las desigualdades de género. La baja presencia de mujeres en los principales espacios de decisión y en los cargos de máximo poder de gobierno, sistema político, sistema judicial, academia, empresas, sindicatos y otros órdenes de la vida del país, no se corresponde con el alto índice de participación y de calificación que detentan las mujeres. Este déficit democrático constriñe los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las mujeres pero además representa una enorme pérdida para el país al privarse de toda la contribución que más de la mitad de su población podría estar haciendo si tuviera igualdad de oportunidades y condiciones para participar. A pesar de la mejora evidenciada en los últimos dos períodos de gobierno en la representación política de mujeres en Ministerios y en cargos de designación política, el déficit sigue siendo significativo, ubicando a Uruguay entre los peores países de la región en estos indicadores. En el Parlamento las mujeres ocupan el 14% de las bancas, lejos del promedio regional y de los estándares internacionales. Si se observa la configuración actual, se encuentra la siguiente representación femenina: 

Parlamento: en un total de 130 cargos de Senadores (31) y Diputados (99) fueron electas 18 mujeres titulares, 4 senadoras y 14 diputadas: 13,8%. En 2004 eran 14 en total y representaban el 11.1%.  Juntas Departamentales: de un total 589 ediles en todo el Uruguay, 106 son mujeres: 18% contra un 17% en 2005.  Alcaldías: en el recientemente creado tercer nivel de gobierno se crearon 89 alcaldías, 23 son presididas por mujeres, 26%.  Intendentes: en los 19 departamentos fueron electas 3 mujeres: Artigas (FA), Lavalleja (PN) y Montevideo (FA). Representan 15.7%, contra 0% en 2005.  Consejo de Ministros: de los 13 ministros 2 son mujeres y representan 15,3% contra 30,6% del gobierno anterior. 14

Al respecto, en marzo de 2009 se promulgó la Ley 18.476, “Órganos electivos nacionales y departamentales y de dirección de los partidos políticos”. Esta norma estableció la obligación de incluir personas de ambos sexos en cada terna (tres lugares sucesivos) de candidatos (titulares y suplentes) en las listas nacionales y departamentales. Su aprobación fue dificultosa por las resistencias de los-as legisladores a la aplicación de las Medidas Especiales de Carácter Temporal señaladas por CEDAW. Respecto a la participación de mujeres afro-descendiente, la situación es más dramática aun, ya que las mismas no se encuentran representadas en estos niveles de decisión.

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Propuestas hacia el plan Eje temático 1: mercado laboral, trabajo e inclusión social

Las condiciones que gran parte de las mujeres enfrentan en el mercado laboral (desempleo, menores salarios, informalidad, subempleo), está fuertemente ligado a que las mujeres se hacen cargo de la mayor parte del trabajo no remunerado (tareas domésticas y de cuidados de niños/as, personas mayores y enfermas) lo cual limita las oportunidades para incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral. Esto se ve agravado por las situaciones de discriminación étnico-racial, por razones de edad, de capacidad diferente, de orientación/identidad sexual y de género, a las que se suman las de nivel socio-económico, educativo y cultural, que se agudizan de acuerdo al lugar del país donde se habite. En cuanto al empleo, una primera recomendación sería tomar medidas efectivas que eliminen la discriminación y la segregación laboral mediante la promulgación de una legislación apropiada que garantice “igual remuneración por trabajo de igual valor”. Asimismo, es necesario trabajar hacia la superación de la división sexual del trabajo, reconociendo el pleno derecho de las mujeres a la autonomía económica, a la actividad productiva y a la participación en el mundo del trabajo, generando los mecanismos de responsabilidad compartida y armonización con las tareas de cuidado y atención de las familias necesarias para que esos derechos puedan ejercerse. Otra propuesta en este sentid se vincula con la necesidad de desarrollar y co nsolidar programas que promuevan la inclusión social, laboral y productiva de las mujeres, de distintas edades, etnias/razas y condiciones, en el medio rural y sub-urbano. Se estima necesario también trabajar para garantizar el cumplimiento por parte de empleadores públicos y privados, de todas las normativas vigentes de protección laboral, por ejemplo licencias por maternidad/paternidad, lactancia, pre y post natal, para el cuidado de enfermos, registro en la seguridad social, acceso a asignaciones familiares, seguridad ocupacional, entre otras. Por otra parte, tal como surge del diagnóstico realizado un nudo crítico se relaciona con la superación de los problemas de segregación y discriminación en el acceso al empleo a través de la generación de empleo genuino para las mujeres. Esto implicaría entre otras medidas, profundizar las políticas socio-productivas específicas hacia las mujeres, de modo de favorecer sus posibilidades de inserción laboral y social. Asimismo, se estima necesario desarrollar mecanismos efectivos de control y sanción que hagan cumplir la legislación existente y garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo para las mujeres, incluyendo el acceso a cargos jerárquicos en los lugares de trabajo tanto del sector público como privado. Por último, es necesario desarrollar políticas de corresponsabilidad social en relación al trabajo remunerado y no remunerado de varones y mujeres de forma tal de distribuir la carga total de 16

trabajo y no recargar a las mujeres que son las principales responsables del trabajo no remunerado y de cuidados, convirtiéndose este elemento en una barrera para su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

Eje temático 2: sistema educativo

Dada la importancia de la educación para cualquier transformación cultural que busque la igualdad de oportunidades y derechos es imperioso incorporar la equidad de género en la política educativa del país y garantizar la universalidad en el acceso a todo el sistema educativo. Asimismo, es necesario asegurar la formación en derechos humanos, género y no discriminación para los recursos humanos de todos los niveles del sistema educativo, lo que implica revisar y adaptar las currículas de formación y capacitación. Un elemento que aparece como importante y urgente dad la realidad educativa nacional, es la promoción e implementación de políticas de integración y permanencia de mujeres y varones en el sistema educativo, reconociendo las diferencias y desigualdades existentes. Para ello es necesario abordar la problemática tomando en cuenta las discriminaciones por razones de género, diversidad sexual, generacionales, étnico raciales, socioeconómicas y territoriales (urbano/rural - capital/interior). A su vez, es tarea también del sistema educativo realizar campañas de sensibilización amplias que contribuyan a superar los estereotipos presentes en la sociedad uruguaya relativos al papel de la mujer en la familia y la sociedad que no contribuyen a la equidad de género. Es necesario desarrollar campañas públicas que fomenten la educación no sexista y no discriminatoria superando los estereotipos de género hegemónicos. Recuérdese al respecto que esta fue una de las recomendaciones del comité de CEDAW en su última revisión de los informes de Uruguay. A su vez, a pesar de que la enseñanza primaria es universal en nuestro país, hay que prestar atención a la elevada tasa de repetición que se registra entre las niñas en la escuela primaria y las elevadas tasas de abandono escolar en la enseñanza secundaria, especialmente entre las mujeres del medio rural y las afro descendientes. Finalmente, una propuesta que también se relación con el eje 3, es profundizar la incorporación de la educación sexual a nivel formal incluyendo la formación en género, no discriminación y derechos sexuales y reproductivos, en todos los niveles del sistema educativo.

Eje temático 3: salud, derechos sexuales y reproductivos Parece necesario en este eje legitimar social y políticamente los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, promoviendo la igualdad, el derecho a decidir y la libertad de toda persona de vivir de acuerdo a sus principios, opciones, orientaciones e identidades. 17

Una base fundamental para esto es consensuar directrices en políticas de población y desarrollo basadas en un enfoque de derechos humanos, género, generaciones y etnicidad, que incorpore aspectos claves de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, acorde a los acuerdos internacionales ratificados por el país. Se hace por tanto necesario la existencia de campañas amplias y de alcance nacional en esta materia, así como la implementación de políticas que promuevan, garanticen, respeten y protejan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En particular se requiere un esfuerzo mayor para el cumplimiento y la efectiva aplicación de la normativa que contempla la diversidad sexual. Uno de los temas más candentes de discriminación en este eje es la práctica de abortos en condiciones de riesgo y los consecuentes riesgos para la salud de la mujer. En este sentido parece necesario fortalecer la aplicación de la normativa vigente, proponer la despenalización del aborto y fortalecer los programas de educación sexual. A su vez, surge la necesidad de incorporar prestaciones en salud sexual y reproductiva de observancia obligatoria en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que avancen sobre las prestaciones existentes y que garanticen cobertura y atención universal, integral y de calidad en anticoncepción, VIH – sida y ITS, violencia contra las mujeres y aborto.

Eje temático 4: violencia hacia las mujeres En primer lugar surge la necesidad de monitorear, evaluar y adecuar los distintos instrumentos existentes para atender la violencia doméstica y de género, garantizando que todas las mujeres, adolescentes, niños y niñas independientemente de su clase social, nivel educativo, etnia, raza, edad, ubicación geográfica, religión u orientación sexual, sean respetados y protegidos en su derecho a vivir sin violencia. Este es un reclamo persistente en la sociedad uruguaya, presente en la plataforma del movimiento de mujeres pero no atendido cabalmente aún. En segundo lugar, es necesario implementar una política pública integral en materia de trata de personas, en especial de trata de mujeres, niños y niñas, con fines de explotación sexual comercial.

En tercer lugar, se plantea la hacer efectivas políticas inclusivas e integrales para atender las múltiples dimensiones que adquiere la violencia en la sociedad, particularmente a la generada por razones de género y contra las mujeres. Es importante también, y figura en las observaciones que Uruguay ha recibido por parte de CEDAW, la necesidad de mejorar el sistema de recolección periódica de datos estadísticos sobre la violencia doméstica, desglosados por sexo y tipo de violencia y por la relación de los agresores con las víctimas. Asimismo, es necesario monitorear, evaluar y adecuar los distintos instrumentos existentes para atender la violencia doméstica, garantizando que todas las mujeres, adolescentes, niños y niñas independientemente de su clase social, nivel educativo, etnia raza, edad, ubicación geográfica, religión u orientación sexual, sean 18

respetadas y protegidas en su derecho a vivir sin violencia Finalmente, la capacitación y programas de sensibilización al personal judicial, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los profesionales del derecho y la salud aparecen como una importante necesidad para poder cumplir con los mecanismos y legislaciones vigentes. Recuérdese también que el Comité CEDAW recomendó que el Estado asigne recursos financieros y humanos suficientes a los juzgados de familia para garantizar su funcionamiento adecuado y alentó al Estado a que aumente el número de juzgados de familia, especialmente fuera de la capital, para lograr una plena cobertura judicial en todo el territorio nacional.

Eje temático 5: participación política

Es necesario fomentar la democracia representativa, participativa y deliberativa garantizando la integración de los diversos actores políticos y sociales para la definición de políticas de Estado que tiendan a superar las situaciones de discriminación, inequidad y exclusión social, particularmente de las mujeres y de la población joven. Un primer elemento a considerar en este eje es el garantizar la paridad entre varones y mujeres en los cargos de responsabilidad política, administrativa, académica, económica y ejecutiva. Es preciso entonces generar mecanismos que promuevan los liderazgos de las mujeres en los diversos ámbitos garantizando la no discriminación por razones de clase, nivel educativo, etnia, raza, edad, ubicacióngeográfica, religión u orientación/identidad sexual. Una propuesta que puede contribuir a esto es desarrollar campañas públicas que promuevan la participación activa de las mujeres de todas las edades, razas/etnias y condiciones, particularmente en los espacios no tradicionales de participación femenina.

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Bibliografía

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20

Anexo 1: Indicadores de referencia

Eje 1: Mercado laboral

Tasas de actividad por sexo y tramos de edad (total país) 2006

2009

Tramo edad Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 14 a 29 50,2 66,7 58,3 51,6 65,9 30 a 59 71,9 94,3 82,4 75,0 95,0 60 y más 13,6 30,4 20,5 17,1 35,2 Total 50,9 72,3 60,8 53,9 73,8 Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

Total 58,7 84,4 24,6 63,1

Tasas de empleo por sexo y tramos de edad (total país) 2006 Hombres 55,0 90,3 28,7

Tramo edad Mujeres Total Mujeres 14 a 29 36,4 45,6 41,4 30 a 59 65,1 76,9 70,0 60 y más 12,6 19,3 16,5 Total 43,7 66,3 54,1 48,7 Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

2009 Hombres 57,8 92,6 34,2

Total 49,48 80,68 23,81

70,0

58,5

2009 Hombres 12,3 2,5 2,9

Total 15,7 4,4 3,0

5,2

7,3

Tasas de desempleo por sexo y tramos de edad (total país)

Tramo edad 14 a 29 30 a 59 60 y más Total

Mujeres 27,5 9,4 6,9

2006 Hombres 17,6 4,3 5,4

Total 21,9 6,7 6,0

Mujeres 19,9 6,6 3,2

14,2 8,2 10,9 9,8 Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

21

Proporción de ingreso entre varones y mujeres por hora de trabajo en ocupación principal (total país y por dpto)

Montevideo Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Paysandu Rio Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres Total País

2006 88,5 102,9 89,6 93,0 92,2 94,8 86,5 91,3 99,1 86,8 93,0 90,8 98,2 101,1 86,0 83,4 95,6 100,7 109,8 93,0

2007 89,8 100,6 91,8 91,0 90,9 98,6 86,9 95,7 99,7 91,8 91,7 88,7 94,0 94,3 79,6 80,1 98,4 96,7 97,3 93,1

2008 86,8 95,0 86,1 89,7 88,3 98,3 88,7 83,7 96,0 85,2 87,9 81,1 91,2 91,6 83,9 85,3 88,6 89,0 90,9 89,4

2009 87,7 97,1 83,3 82,7 88,5 89,2 76,4 90,6 89,0 83,9 85,8 77,8 88,7 97,3 81,5 81,7 85,8 90,8 87,1 88,7

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

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Proporción de ingreso entre varones y mujeres de la masa salarial en ocupación principal (total país y por dpto)

Montevideo Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Paysandu Rio Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres Total País

2006 70,0 70,0 64,9 66,5 64,6 68,6 63,6 66,4 68,8 62,9 67,2 67,8 68,6 71,4 65,0 56,7 60,6 72,0 77,3 70,2

2007 70,6 72,0 65,8 67,9 66,4 71,8 55,5 68,0 73,0 69,1 69,5 62,2 67,2 68,4 56,6 58,9 64,9 72,8 68,6 70,4

2008 69,2 62,3 66,7 64,2 62,7 76,6 61,4 60,2 70,7 65,7 68,6 63,2 64,2 71,7 65,8 59,6 62,1 67,2 66,6 69,2

2009 71,0 70,1 63,2 64,4 64,1 69,9 57,4 66,2 69,7 71,1 68,2 58,7 71,0 74,9 62,1 59,9 63,4 67,9 71,8 70,1

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

23

Distribución de la población ocupada según categoría de ocupación y sexo (%) 2009

Categorías de Ocupación

Varones

Mujeres

Asalariados Privados

56

57.1

Asalariados Públicos

12.8

15.6

Patrones

6.6

3.1

Cuenta propia con y sin local

23.5

21

Miembros del hogar no remunerados

0.8

2.8

0.2

0.2

Programas sociales de empleo

0.1

0.2

Total

100

100

Miembros producción

de

cooperativas

de

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

Rama de ocupación según sexo (%) 2009

Fuente: Sistema de Información de Género INMUJERES; ECH 2009

Cuadro 3: Ranking de las 10 principales Ocupaciones en las cuales se ocupan las mujeres. Total País, 2008.

24

Fuente: Elaboración del OMT/DINAE en base a ECH 2008 – INE

25

Eje 2: Sistema educativo

Nivel educativo de la población mayor de 24 años por sexo y raza 2009 Afro

Sin instrucción Primaria Ciclo básico Bachillerato Terciario no universitario Universidad Total

Varones

Mujeres

Total

2% 59% 23% 11% * 4%

2% 55% 22% 15% * 5%

100%

100%

2% 57% 23% 13% 1% 5% 100 %

Varone s 2% 46% 22% 18% 2% 11%

No afro Mujere s 2% 43% 18% 24% 2% 12%

100%

100%

*No hay casos suficientes Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2009 INE

26

Total 2% 44% 20% 21% 2% 12% 100 %

Eje 3: Salud, derechos sexuales y reproductivos

27

Eje 4: Violencia hacia las mujeres Número de denuncias por violencia doméstica Departamento 2005 2006 Montevideo 2739 2214 Artigas 39 126 1262 1700 Canelones 73 85 Cerro Largo 135 143 Colonia 118 135 Durazno Flores 312 134 153 192 Florida 164 64 Lavalleja 191 379 Maldonado 132 135 Paysandu 82 408 Rio Negro 813 800 Rivera 71 90 Rocha 144 191 Salto 43 35 San José 164 118 Soriano 67 67 Tacuarembó 100 129 Treinta y Tres

2007 2377 354 2553 101 160 149 194 369 44 248 245 842 840 97 452 178 922 238 317

2008 1654 305 3702 133 174 213 273 552 127 225 400 899 259 71 1348 210 1164 433 256

2009 1659 550 3953 211 202 195 345 838 164 258 454 773 64 42 1356 329 1177 920 222

Total Interior

4063

4931

8303

10744

12053

Total País

6802

7145

10680

12398

13712

2010 2120 606 3863 187 205 236 563 1036 162 259 714 761 168 20 1375 494 1231 848 329 1305 7 1517 7

Fuente: División Estadísticas y Análisis Estratégicos-Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Ministerio del Interior

Mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas Nov. 2007 Nov. 2008 - Oct. Nov. 2009 - Oct. Oct. 2008 2009 2010 15 26 35 Fuente: División Estadísticas y Análisis Estratégicos-Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Ministerio del Interior

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Eje 5: Participación política

Evolución porcentual de representación parlamentaria femenina 1984 1989 1994 2000 Representantes* 0 6,1 7,1 12,1 Senado** 0 0 6,5 9,7 Parlamento*** 0 4,6 6,9 11,5

2005 11,1 9,7 10,8

2010 15,1 12,9 14,6

(Nota: *Total de representantes: 99 **Total de senadores:31 ***Total parlamento: 130) Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a información Corte electoral

Proporción de varones y mujeres en altos cargos ejecutivos en el Estado (Ministerios) 2004-2009 2010-2014 Varones 75% 86% Mujeres 25% 14% Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a información Guía oficial de autoridades ONSC

29

Mujeres afro-descendientes

Porcentaje de mujeres afro-descendientes por tipo de ocupación principal 2006

2007

2008

2009

3,7

3,9

3,5

4,5

5,3 3,8 9,9

5,9 3,1 8,3

6,2 4,1 9,9

5 4,8 9,9

24,3

24,7

24,2

24,5

1,3

0,9

0,5

1,2

6,5

6,4

5,1

5,7

42,7

43,9

41,9

41,7

2,4

2,8

4,4

2,5

0,1 100

0,1 100

0,2 100

0,1 100

Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas Profesionales, científicos e intelectuales Técnicas y profesionales de nivel medio Empleadas de oficina Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios Trabajadoras no calificadas Operarias de instalaciones y máquinas y montadores Fuerzas armadas Total

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

Tasa de desempleo de mujeres afrodescendientes 2006

2007

2008

2009

19,3

18,5

14,3

14,3

Tasa de desempleo de mujeres afrodescendientes

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

30

Tasa de desempleo de mujeres afrodescendientes por tramos de edad 2006

2007

2008

2009

54,9

56,8

58,2

57,3

Tasa de actividad de mujeres afrodescendientes

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

Tasa de actividad de mujeres afrodescendientes por tramos de edad Tramos de edad 14 a 29 años 30 a 60 años 61 y más años Total

2006 50,2 70,6 17,9 54,9

2007 50,5 71,0 26,0 56,8

2008 50,5 73,7 26,1 58,2

2009 51,1 71,9 23,6 57,3

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

Tasa de empleo de mujeres afrodescendientes 2006

2007

2008

2009

44,3

46,2

49,9

49,1

Tasa de empleo de mujeres afrodescendientes

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

Tasa de empleo de mujeres afrodescendientes por tramos de edad Tramos de edad 14 a 29 años 30 a 60 años 61 y más años Total

2006 34,1 61,0 17,0 44,3

2007 34,9 61,9 23,8 46,2

2008 38,0 66,2 25,6 49,9

Fuente: Sistema de Información de género-Inmujeres, en base a ECH 2006-2009 INE

30

2009 38,4 65 22,1 49,1

31

32

33