Plan de trabajo para la construcción de una política pública y una ley de cultura en Costa Rica

Documento de trabajo

Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura

Febrero 2011

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Índice

Introducción

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1ra Parte. Justificación

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1. ¿Porqué una política pública y una ley de cultura? 2. La construcción de una política pública y una ley de cultura: enfoque y principios 3. La construcción de una política pública y una ley de cultura: ejes de intervención

2da Parte. Hacia una política pública y una ley de cultura 1. Plan de trabajo a. Formulación del estado de la cuestión (diagnóstico) b. Diseño e implementación de estrategia de concertación para la construcción conjunta c. Elaboración de una política pública y una ley de cultura d. Validación y ajustes de la propuesta de una política pública y de una ley de cultura e. Implementación

2. Cronograma

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Índice de esquemas y tablas

ESQUEMA N°1 RELACIÓN ENFOQUES-PRINCIPIOS-EJES DE INTERVENCIÓN ESQUEMA N°2 ETAPAS DEL PLAN DE TRABAJO CRONOGRAMA PRESUPUESTO

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Introducción La consideración de la cultura como derecho humano y como fundamento del desarrollo individual y colectivo es un asunto que se viene discutiendo a escala internacional desde la segunda mitad del siglo pasado. Esto se advierte en las agendas de los organismos internacionales, cuyos acuerdos y convenciones dan cuenta de la necesidad cada vez más apremiante de incorporar la cultura en las acciones de desarrollo, mediante políticas que fijen los objetivos, las estructuras y los recursos necesarios para propiciar el desarrollo cultural y para potenciar su articulación en procesos de desarrollo más amplios. En el marco de este proceso, la participación de los Estados como responsables de garantizar el derecho a la cultura y de articular la dimensión cultural en sus planes de desarrollo, es fundamental. Esta responsabilidad implica la obligatoriedad de los Gobiernos de tomar las medidas necesarias para adecuar estratégicamente sus políticas y sus planes de acción, en vías que atiendan los desafíos que plantean las transformaciones inherentes a los distintos momentos históricos. En el caso de la República de Costa Rica, las responsabilidades del Gobierno en materia cultural son facultadas en los Artículos 76 y 89 de la Constitución, y desde 1971 han sido canalizadas a través del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), instancia rectora de las políticas nacionales de orden cultural. Tras casi cuarenta años de gestión, el Estado costarricense identifica como desafío impostergable impulsar la gestión de un cambio en sus políticas y prácticas institucionales. Este cambio comprende la necesidad de formular una política pública y una ley de cultura como estrategia para el impulso de un modelo de desarrollo que instituya las condiciones para la edificación de una democracia cultural. La sostenibilidad de este modelo estaría incentivada desde su propia concepción, al proponerse su construcción a partir de un proceso de diálogo y de concertación entre los diversos sectores sociales que la implican. Con este cometido, en el seno del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) se creó la Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura, instancia encargada de diseñar y de coordinar el proceso para gestionar este cambio. Este documento expone el plan de trabajo diseñado por esta Comisión. El mismo se ha estructurado en dos grandes apartados. El primero de ellos ofrece una breve explicación de los motivos que fundamentan la necesidad de emprender un proceso de construcción concertada de una política pública y una ley de cultura; así como los enfoques y los principios que se vislumbran en la base de su construcción. El segundo apartado concentra su atención en las etapas que comprende el plan de trabajo mediante el cual se aspira a poner en marcha este proceso.

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1ra Parte Justificación

1. ¿Porqué una política pública y una ley de cultura? “(…) la creciente participación del Estado en los distintos ámbitos de la vida cultural, no implica la existencia de una política cultural, aún cuando en los planes oficiales la acción cultural tenga una cierta significación. Establecer una política cultural, es operacionalizar el desarrollo cultural en un conjunto de principios, prácticas y procedimientos coherentemente estructurados, de cara al logro de determinados objetivos.”1

La creación del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en 1971, faculta a la sociedad costarricense con un órgano rector en materia cultural que, en apego con las declaraciones y las convenciones internacionales que prescriben competencias estatales en esta materia, ha realizado una importante inversión en la gestión de la cultura y ha sido responsable de inestimables aportes en lo concerniente al estímulo, la promoción, el desarrollo y el fortalecimiento en distintos campos del quehacer artístico, patrimonial y sociocultural. Estas contribuciones se han estructurado sobre la base de una comprensión de la acción estatal que ha transitado de modelos de acción difusionistas, concentrados en el estímulo y la transmisión del patrimonio cultural y artístico; pasando por medidas vinculadas con el paradigma de la democratización cultural, abocadas al mejoramiento de las posibilidades de acceso y de participación de las personas en la vida cultural; hasta derivar más recientemente en acciones que en apego al paradigma de la democracia cultural, reconocen el derecho de todo individuo y de todo pueblo de participar activamente en la vida cultural, lo que entre otros aspectos implica la posibilidad de delinear sus propios procesos de desarrollo cultural. Rafael Cuevas describe sintéticamente este devenir histórico de la siguiente manera: "En el período 1950-1980 se puede observar que es el Estado el que tiene la iniciativa en lo que respecta a la creación de instituciones que aglutinen el trabajo de los artistas e intelectuales. Esto no quiere decir (…) que no existieran formas de organización fuera de él, pero el campo cultural costarricense tenía una clara orientación hacia la delegación de esa 1

Ander-Egg, Ezequiel. Desarrollo y política cultural. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS. 1992. p.80

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responsabilidad en el Estado. Es a partir de la segunda mitad de los años ochenta cuando puede apreciarse la tendencia al surgimiento, con mayor fuerza, de más organizaciones cuya iniciativa parte de la sociedad civil, es decir, desde fuera del Estado. Es muy posible que esta situación se deba al paulatino retraimiento de la iniciativa del Estado (debido a la nueva concepción neoliberal que le otorga un papel más limitado en la sociedad) y, también, al aumento de las necesidades de un cada vez más populoso campo cultural al que el Estado ya no puede pretender atender en su totalidad." 2 Naturalmente estos virajes se enmarcan en procesos de transformación más amplios que alcanzan todas las dimensiones de la sociedad costarricense y que pasan por el replanteamiento del rol del Estado. Estas transformaciones han hecho cada vez más visibles la diversidad y la riqueza del entorno cultural, lo que a su vez ha evidenciado la existencia de un conjunto de necesidades y de expectativas que trascienden la capacidad de atención de la plataforma institucional gubernamental. En este sentido, la organización a escala subsectorial y/o gremial es una de las dimensiones más afianzadas dentro del campo cultural costarricense, en parte porque los paradigmas de acción política así lo promovieron en el pasado, y en parte porque se trata de campos de acción relativamente bien delineados en su composición por el tipo de prácticas y de dinámicas que aglutinan. Aunque la capacidad de organización y de articulación de demandas no es igual en los distintos ámbitos, es imposible obviar que el sector cultural costarricense articula subsectores que se definen por el sentido de pertenencia a determinado campo, y que en algunos casos cuentan con formas de agremiación que se traducen en agendas políticas de carácter sectorial y/o gremial. Lo territorial es también una dimensión que cobra cada vez más relevancia en la situación cultural costarricense. Históricamente la institucionalidad pública costarricense se ha visto en la dificultad de brindar una cobertura equitativa en el territorio nacional, situación que en el campo cultural ha provocado formas de organización e iniciativas estructuradas desde una perspectiva de desarrollo local y regional, que en el horizonte actual prefiguran agendas políticas particulares de carácter territorial. A este respecto, cabe destacar que en el momento actual existen procesos de formulación de políticas culturales de carácter territorial formalizados en cuatro de las siete provincias que comprende Costa Rica. La provincia de Guanacaste viene trabajando desde el año 2007 en un proceso de concertación de agendas políticas con un perfil provincial. Por su parte, la Municipalidad de San José inició en el año 2009 un proceso de consulta para la formulación de una política cultural municipal con plazo a seis años. En el año 2009 se aprobó mediante Ley N°8725 el proyecto Limón Ciudad Puerto, entre cuyos objetivos se encuentra el mejoramiento de la protección y la gestión del patrimonio cultural y natural de la Ciudad de Limón, componente que ha propiciado las condiciones para trabajar en la elaboración de un plan de revitalización cultural y de desarrollo económico con perspectiva local. Finalmente, la provincia de Heredia atraviesa un Cuevas Molina, Rafael. En: Quesada Camacho, Juan Rafael (et al) Costa Rica Contemporánea: raíces del Estado de la Nación. San José, Costa Rica: Editorial UCR, 2009. p. 263

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proceso similar mediante el proyecto Heredia Ciudad Cultural, impulsado por la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional. Así, la dinamicidad y efervescencia del entorno cultural se ha traducido en el florecimiento de formas organizativas de diversa naturaleza que han dinamizado y complejizado el escenario cultural, y que en la encrucijada actual plantean con urgencia la necesidad de gestión de un cambio. En este sentido, los estudios y diagnósticos realizados más recientemente acerca de la situación de la cultura y su gestión en Costa Rica3, coinciden en la consideración de que uno de los problemas más La información de diagnóstico más actualizada se encuentra en documentos de trabajo sin publicación. Entre estos se encuentran algunos trabajos realizados por la Asesoría de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud como el Análisis de la situación del sector cultura y el Diagnóstico del Sector Cultura, ambos del 2009. En esta misma línea se encuentran algunos informes de talleres realizados recientemente en el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, entre estos, Investigar para decidir en políticas culturales y Visión estratégica en políticas culturales, ambos talleres impartidos por Lázaro Rodríguez Oliva en el año 2010, con financiamiento del Centro Cultural de España de Costa Rica. Destaca también el documento Revisión y análisis documental de las políticas del sector cultura desde el enfoque de interculturalidad, realizado por UNESCO en el marco del Programa Conjunto Políticas Interculturales para la inclusión y generación de oportunidades de la Ventana Cultura y Desarrollo, en el año 2009. Por otra parte, existen documentos que ha modo de memorias recopilan diagnósticos realizados la sociedad civil, entre estos destacan los siguientes: Memoria del I Congreso sobre cultura de Guanacaste. Guanacaste: árbol de distintas chorejas. Guanacaste, Costa Rica: Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección de Cultura. Recinto de la Universidad de Costa Rica. noviembre 2007. II Congreso sobre cultura de Guanacaste. Guanacaste del futuro: Identidad multicultural, participación, desarrollo, organización y políticas culturales para la Provincia. Guanacaste, Costa Rica: Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección de Cultura. EARTH-La Flor. agosto 2010. Rodríguez Jimenez, Edda; Protti Ramírez, Giancarlo. Diagnóstico para la formación en gestión cultural en Costa Rica. San José, Costa Rica: Asociación Cultural Giratablas. 2009. Y tres documentos producidos por la Plataforma de estudio, investigación y reflexión de políticas culturales en el marco del evento Jornadas de Reflexión sobre los desafíos de la político-cultural costarricense, realizadas por el Centro Cultural de España de Costa Rica, entre 28-30 de junio de 2010, estos son: Recopilación del conocimiento compartido, y dos documentos elaborados por Lázaro Rodríguez Oliva, Asesor técnico del evento: Pensar la experiencia para transformar la práctica. Recomendaciones de política cultural al Ministerio de Cultura y Juventud. Análisis del conocimiento compartido en las Jornadas de Reflexión sobre los desafíos de la política cultural costarricense. y Concertación para la corresponsabilidad. Recomendaciones para la construcción de unas políticas públicas de cultura en Costa Rica. Análisis del conocimiento compartido en las Jornadas de Reflexión sobre los desafíos de la política cultural costarricense. Los 3 documentos están disponibles en: plataformapoliticacultural.blogspot.com 3

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apremiantes, es la ausencia de una política pública de cultura, entendida esta como un amplio acuerdo de Estado a mediano y largo plazo en función del interés público, antes que como un conjunto de medidas implementadas de una administración a otra, en procura de la satisfacción de unos cuantos grupos clientelares instituidos como demanda en el status quo. La participación gubernamental en el desarrollo cultural costarricense se ha perfilado a través de lineamientos definidos en el marco de cada una de las administraciones, esto es, a través de políticas de gobierno. Esta situación ubica a la cultura en una condición de vulnerabilidad frente a los enfoques de desarrollo de las distintas administraciones gubernamentales y los lineamientos de acción estratégica que se desprenden de ellos. La apreciación y el rol de la cultura dentro de los planes de desarrollo ha sido oscilante, y en algunas ocasiones, suplementaria. Como corolario de esta situación, ha sido práctica común la emisión de leyes y de decretos en respuesta a necesidades puntuales identificadas en los distintos momentos históricos. Flory Fernández ofrece cifras contundentes en este sentido cuando advierte que “(…) en el archivo de la Asamblea Legislativa se encuentran 181 leyes con referencia directa o indirecta a las políticas culturales y temas afines, de las cuales se encuentran vigentes veintiuna (12%.)”4. El Proyecto de Ley General de Cultura que se tramita bajo el expediente N° 17.359 en la Asamblea Legislativa, brinda información más puntual al señalar que “De esas 181 leyes, 44 leyes, decretos y reglamentos tienen relación directa con el tema cultura. De las 44 leyes que tienen relación directa con cultura solo 5 tienen reglamento, en otras palabras, solo el 11,36% de las leyes vigentes de cultura han sido operacionalizadas por el Ministerio”5 Esta situación se traduce en un cuerpo normativo amplio, heterogéneo y desarticulado, que en algunas ocasiones resulta obsoleto, en otros casos es causal de contradicciones que se traducen en impedimentos ejecutivos, y que en términos generales no ofrece un marco legal que defina y que regule con claridad las potestades de intervención del Estado en materia cultural, ni sus competencias como garante de los derechos culturales de las personas6. De la convergencia de estos aspectos resulta que la cultura no se ha asumido aún como un derecho inalienable y como una dimensión constitutiva y constituyente de los procesos de desarrollo nacional. En consecuencia, no existe una política que le confiera coherencia y articulación a los planes de acción gubernamentales, en función de objetivos y en apego a competencias precisadas en el marco de una política de Estado que defina el papel de la cultura en el horizonte de desarrollo costarricense; y de

Flory Fernández. Las políticas culturales del Estado costarricense durante el último tercio del Siglo XX: el Premio Nacional Joaquín García Monge. Tesis. Programa de Estudios de Posgrado en Gobierno y Políticas Públicas para optar por el grado de Doctor. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 2002. p. 212. 5 Proyecto de Ley General de Cultura. Expediente N° 17.359 de la Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica: 2009, p.15. 4

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conformidad con un marco legal que delinee las competencias estatales como titular de deberes y su relación con los titulares de derechos. Como esta es una limitación de carácter estructural, propicia una serie de problemáticas crónicas que se agudizan con el paso del tiempo, entre estas destacan:  La comprensión de la cultura como un derecho no se ha traducido en acciones que den cuenta de su envergadura.  La ausencia de reconocimiento de la dimensión productiva de la cultura, y la dificultad de visibilizar los aportes de la cultura en los procesos de desarrollo económico y social.  La vinculación de la cultura con los procesos de desarrollo y la inversión en el desarrollo cultural, se han visto obstaculizados por toda suerte de subvaloraciones y reduccionismos, que en algunas ocasiones asimilan la cultura con el ámbito exclusivo de las bellas artes, y en otras ocasiones, con la gestión del patrimonio cultural. Estas apreciaciones sitúan a la cultura como un ámbito no prioritario en los planes de desarrollo nacional.  El diseño e implementación de políticas culturales se ha traducido en líneas de acción estratégica que cambian de forma arbitraria con las distintas administraciones gubernamentales, lo que genera una percepción por parte de la ciudadanía, de que no existen políticas culturales claras de mediano y largo plazo, y formuladas en atención al interés público.  La ausencia de una visión de desarrollo cultural nacional sustentada en el reconocimiento de la diversidad cultural existente y que sea garante de su afirmación y de su fortalecimiento a escala local, regional y nacional.  El perfilamiento de una institucionalidad pública que no dialoga con la ciudadanía, concentrada geográficamente en el gran área metropolitana, excesivamente burocratizada, desarticulada entre sí, e incapaz de atender las necesidades y expectativas que plantea el horizonte actual a escala nacional.  La sobredimensión de una visión de la gestión pública donde predomina la oferta de bienes y servicios, antes que la facilitación de procesos.  La sobreabundancia y desarticulación de la normativa existente en materia cultural, genera marcos de regulación contradictorios y en ocasiones obsoletos, que saturan y obstaculizan la capacidad de acción de la institucionalidad gubernamental.  La insuficiencia de la inversión pública en materia cultural. La concatenación de estos aspectos limita la capacidad de atención de problemáticas más amplias de orden cultural, entre ellas:  La ausencia de reconocimiento del derecho a la cultura, se traduce en condiciones de inequidad en el acceso y la participación en la vida cultural.

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 El desconocimiento de la diversidad cultural nacional, redunda en la incapacidad de afirmar su valor como motor y vector de desarrollo, y de potencializar su capacidad de aporte en la subsanación de problemáticas de carácter político, educativo, social, económico y ambiental, entre otras.  La ausencia de reconocimiento del valor de la diversidad cultural nacional, facilita que algunos aspectos asociados con los fenómenos de transculturalización y de globalización, tengan un impacto nocivo en los procesos de construcción identitaria y en los hábitos de convivencia.  El deterioro y la desprotección del patrimonio nacional tangible e intangible, se traduce en el empobrecimiento del sentido de pertenencia a escala local, regional y nacional.  La inversión pública en materia cultural se invisibiliza ante una imagen generalizada de la institucionalidad pública como una instancia cerrada, que no propicia las condiciones para el establecimiento de sinergias con los agentes que conforman el sector cultural y con otros sectores.  La dimensión productiva de la cultura opera en circuitos económicos no-formales, lo que dificulta su aporte en el desarrollo socioeconómico nacional, y sumerge en condiciones de desprotección a los y las trabajadores de la cultura. Estas circunstancias han creado una coyuntura en la que los distintos agentes involucrados en el campo cultural identifican como una necesidad impostergable, el inicio de un proceso de diálogo y de concertación que conduzca a la construcción de una política pública y de una ley de cultura. De conformidad con esto, en los siguientes apartados se exponen los enfoques y los principios que deberán orientar el plan de trabajo diseñado para iniciar el proceso conducente a la construcción de estos instrumentos, así como los ejes de intervención que comprenderían los mismos.

2. La construcción de una política pública y una ley de cultura: enfoque y principios Una política pública de cultura se prefigura como un sistema de acciones a largo plazo orientado a la consecución de un conjunto de principios y objetivos definidos desde una perspectiva de desarrollo fundamentada en el bien común, y orientada a procurar determinadas transformaciones que apuntan a la solución de problemas de interés público. Sus características específicas se definen por lo tanto, en apego a un conjunto de criterios de desarrollo cultural y de lineamientos operativos, que se delinean en función de la diversidad de necesidades, expectativas e intereses existentes, y que se articulan bajo la forma de un modelo de desarrollo pactado desde una perspectiva conjunta. A este respecto, señala German Rey: “(…) estas definiciones deben ser el resultado de un amplio proceso de concertación y participación en que se involucran, en una interacción efectiva y creativa, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, los movimientos socioculturales, los creadores, las organizaciones gremiales, entre otros actores. (…) las políticas culturales buscan responder a los requerimientos, demandas y expectativas

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culturales de la sociedad. Obviamente en algunos casos pueden ser demandas en conflicto, tensionantes, frente a las cuales las políticas suponen opciones, jerarquías, selecciones intencionales. (…) las políticas culturales buscan obtener el consenso para producir cambios, transformaciones socioculturales.”7 El dialogo y la concertación con los distintos agentes involucrados en el campo cultural y en otros campos vinculantes, se impone entonces como una condición esencial del proceso de construcción de una política pública de cultura en Costa Rica, y en el mejor de los casos, debe instituirse como una práctica que transversalice los procesos de ejecución, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de dicha política. Esta no es una tarea fácil, pues supone ante todo la gestión de un cambio que no ha sido plenamente interiorizado como parte de la cultura política de nuestra sociedad. Este cambio es consubstancial a una serie de enfoques y de principios asociados con el “deber ser” de la política pública, y cuya garantía tendría que asegurar el marco normativo que se genere en materia cultural. En este caso particular, son enfoques medulares: El ENFOQUE DE DERECHOS sitúa como un deber del Estado la integración de los principios éticos y legales de los derechos humanos en los modelos y en los planes de desarrollo. Esta perspectiva replantea el rol de los Estados y de las políticas, desde una visión que procuraba atender las necesidades de unos beneficiarios pasivos, a otra visión que reconoce a las personas como titulares de derechos y sujetos activos de la política. Desde este enfoque, los programas de desarrollo y las políticas deben fortalecer las capacidades de los titulares de obligaciones para cumplir con sus deberes y de los titulares de derechos para exigir el cumplimiento de los mismos. El eje central de este enfoque es por lo tanto, el reconocimiento de las personas como titulares de derechos que son inherentes, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Entre estos, cobra especial relevancia el derecho a la cultura, de acuerdo con el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho es afirmado y ampliado en otros acuerdos internacionales de distintas naturalezas, como es el caso del Artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO en torno a la Diversidad Cultural, mismo que declara: “Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.”8 German Rey. Las políticas culturales en Colombia: la progresiva transformación de sus comprensiones. En: Colombia: Compendio de Políticas Culturales. Colombia: Ministerio de Cultura. Documento de Discusión. 2009. p. 30

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UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO en torno a la Diversidad Cultural. Nov. 2001. Art. 5.

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El ENFOQUE DE SENSIBILIDAD CULTURAL deriva del enfoque de derechos. Este punto de vista se concentra en la consideración de los deseos, aspiraciones, expectativas, valores y prácticas culturales de las distintas personas que conforman una sociedad. Este enfoque comprende por lo tanto la perspectiva de género, los derechos de la niñez y la adolescencia, el enfoque de juventud, así como consideraciones asociadas con poblaciones vulnerables, en situación de riesgo o en condiciones de marginalidad por motivos de etnia, sexo, salud, credo, nacionalidad, adscripción política, extracción económica, o cualquier otra. El ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD DE LA CULTURA EN EL DESARROLLO focaliza la cultura como un elemento intrínseco del desarrollo, y no sólo como un valor agregado del mismo o como un instrumento para su consecución. Este enfoque implica una aproximación particular a las nociones de cultura y de desarrollo. En el caso de la cultura, supone el reconocimiento de su valor como factor de cohesión social susceptible de mitigar las tensiones de convivencia, las desigualdades entre grupos diversos, y como un recurso dinamizador de capitales simbólicos y materiales que tienen un papel medular en la vida política, económica y social de las poblaciones. Por lo tanto, la cultura se entiende como una dimensión que potencia el desarrollo social y económico de los pueblos. En el caso del desarrollo, este enfoque lo dimensiona como un conjunto de medidas que deben formularse de cara a las características particulares de las distintas sociedades, con miras al mejoramiento integral de las condiciones de vida de las personas mediante la ampliación de sus opciones para llevar la vida que desean y gozar del derecho a la libertad en todas sus variables, entre ellas, la cultural9. Esto implica integrar la perspectiva cultural en sus actuaciones y contenidos, así como una voluntad política que favorezca en programas y en presupuestos, el aumento de los recursos destinados a la cultura. EL ENFOQUE DE LA INTERCULTURALIDAD: La interculturalidad es un paradigma que visualiza las relaciones que existen entre culturas diferentes como una dimensión consubstancial de la diversidad cultural y como condición ineludible para su fortalecimiento y su desarrollo. Esta noción se nutre de una comprensión de las culturas como entidades dinámicas y porosas, y de las identidades culturales como afiliaciones heterogéneas, transitorias y cambiantes. En este sentido, precisa UNESCO:

la libertad cultural, señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy: “La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia –lo que uno es– sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas. Es necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su religión en forma abierta, para hablar su lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido. Se trata de una idea simple pero profundamente desconcertante.” Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ediciones Mundi-Prensa, 2004. P.1

9Sobre

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“La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones, se agota y muere en el aislamiento.”10 “La identidad cultural es un proceso más fluido que se transforma por sí mismo y se debe considerar no tanto como una herencia del pasado, sino como un proyecto futuro. En un mundo cada vez más globalizado, las identidades culturales a menudo provienen de múltiples fuentes; la plasticidad cada vez mayor de las identidades culturales es reflejo de la complejidad creciente de la circulación mundializada de personas, bienes e información.”11 Desde esta premisa, el interculturalismo es un modelo de gestión de la diversidad cultural que promueve la interacción, el intercambio y la retroalimentación entre distintas culturas, con sustento en prácticas de reconocimiento y de respeto mutuos. EL ENFOQUE DE EQUIDAD: Este enfoque se sustenta en la convicción de que sólo es posible concebir una democracia cultural cuando existen las condiciones para promover de forma equitativa el desarrollo humano. A diferencia de la igualdad, la equidad no procura anular las diferencias; por el contrario, postula el derecho a ser diferente como algo legítimo, y por lo tanto procura que aquellos aspectos que definen la distinción no se traduzcan en condiciones de desigualdad respecto a las posibilidades de acceso y de participación en los procesos de desarrollo. El enfoque de equidad implica por lo tanto el reconocimiento afirmativo de las diferencias –se encuentren estas asociadas al género, la etnia, la procedencia geográfica, la edad, la orientación sexual, las prácticas religiosas, culturales, etc.-, su incorporación equitativa en el diseño e implementación del modelo de desarrollo nacional, y su traducción en políticas redistributivas. De la mano de estos enfoques existen una serie de principios y de valores que se vienen consolidando como ejes angulares de cualquier modelo de desarrollo cultural. El detalle de ellos a continuación: DEMOCRACIA CULTURAL: La democracia cultural es un paradigma que persigue la participación equitativa de todos los miembros de una sociedad en la vida cultural, y en los modelos y planes de acción impulsados para su desarrollo. Se fundamenta en el reconocimiento de la cultura como un derecho inalienable y una condición propia de la humanidad, de manera que afirma la libertad cultural, la diversidad cultural y promueve modelos de desarrollo desde una perspectiva inclusiva, equitativa y participativa. Afirma UNESCO:

10 UNESCO. Declaración de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) México, 1982. Art. 4. 11 UNESCO. Informe Mundial de la UNESCO Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. UNESCO. 2009. p. 7.

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“La democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y la sociedad en el proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y disfrute de la misma.”12 DIVERSIDAD CULTURAL: Si existe un rasgo que particularice a la cultura, es la diversidad. Esta se manifiesta en el espacio y en el tiempo, comportándose como la substancia que alimenta las identidades culturales y como el denominador común que le confiere riqueza y dinamicidad a la humanidad. Identidad cultural y diversidad cultural son indisociables. En este sentido, la Declaración Universal de la UNESCO en torno a la Diversidad Cultural declara en su Art. 1 “(…) Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos.”13 Declaración a la que recientemente agrega: “Todas las tradiciones vivas están sometidas a una continua reinvención de sí mismas. La diversidad cultural, al igual que la identidad cultural, estriba en la innovación, la creatividad y la receptividad a nuevas influencias.”14 Desde esta perspectiva, la cultura en la amplitud de su diversidad, “(…) no es simplemente un bien que se debe preservar, sino un recurso que es preciso fomentar, incluso en ámbitos relativamente alejados de la cultura entendida en sentido estricto”15. A este respecto, señala UNESCO: “La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.”16 Por su parte, el Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, indica que la diversidad: “(…) promueve la libertad cultural y enriquece la vida de las personas. La diversidad es el resultado de las libertades de los seres humanos y de sus elecciones e implica, a la vez, la oportunidad de evaluar diferentes alternativas a la hora de realizar tales elecciones. En este sentido, si las culturas locales desaparecen y los países se tornan homogéneos, se reduce el abanico de alternativas.”17 UNESCO. Declaración de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) México, 1982, p. 2-3 13 UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO en torno a la Diversidad Cultural. Nov. 2001. Art. 1 14 UNESCO. Informe Mundial de la UNESCO Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. UNESCO. 2009. p. 6. 15 UNESCO. Informe Mundial de la UNESCO Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. UNESCO. 2009. p. 3. 16 UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO en torno a la Diversidad Cultural. Nov. 2001. Art. 3. 17 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ediciones Mundi-Prensa, 2004. P. 89. 12

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De acuerdo con esto, cualquier política orientada a promover el desarrollo de una nación debe comprender como uno de sus principios medulares, el reconocimiento y la afirmación de la diversidad cultural. Este principio debe nutrirse necesariamente del conocimiento de la diversidad cultural existente, de la habilitación de mecanismos que promuevan su puesta en valor y su reproducción, que faciliten su enriquecimiento a partir del encuentro e interacción con otras culturas, así como de la libertad para su elección y transformación, y que posibiliten su inclusión y su participación de forma equitativa y permanente en todos los procesos asociados con el desarrollo nacional. INCLUSIÓN: La inclusión es un principio que se vincula con el de equidad en la medida que parte de la convicción de que el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia, se debe traducir en prácticas que atiendan las necesidades de la heterogeneidad de miembros que conforman una sociedad. Este principio se distancia del de la integración porque en vez de considerar que las diferencias deben ser mitigadas en procura de la unidad, concibe la heterogeneidad como un valor que debe potenciarse como basamento del sentido de comunidad. La inclusión supone por lo tanto, el reconocimiento y la valoración de la diversidad como una realidad y como un derecho humano. Como paradigma, la inclusión aspira a mitigar las prácticas que promueven o justifican la exclusión en sus distintas formas, sean estas asociadas con la descalificación, la marginación, la omisión, o la ausencia de participación, entre otras. Consecuentemente, el principio de la inclusión debe formar parte de todos los estadíos que comprende la formulación y la puesta en marcha de la política, e implica la adecuación de los enfoques y de los modelos de gestión que han vehiculizado formas más o menos directas de exclusión. En este sentido, se señala en el Plan de Acción sobre las Políticas para el Desarrollo: “las políticas culturales han de estar destinadas a crear un concepto de la nación como comunidad con múltiples facetas en el marco de la unidad nacional, fundada en valores que pueden ser compartidos por todos los hombres y mujeres, y que da acceso, espacio y derecho a la palabra a todos sus componentes”18 PARTICIPACIÓN: La participación es un paradigma que se vincula íntimamente con el de democracia. “Formar parte de” es una condición esencial de cualquier régimen democrático y una condición consubstancial a la de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, es imprescindible garantizar el derecho de los sujetos a participar en los beneficios que provee determinado modelo de desarrollo, así como en la discusión y los procesos de toma de decisión que se encuentran en su base. De acuerdo con esto, la política nacional de cultura debe habilitar los mecanismos necesarios para que la participación ciudadana con incidencia en las decisiones públicas se haga efectiva. Esto implica facultar mecanismos de información transparente, oportuna, efectiva y eficiente; así como reformular el perfil de la institucionalidad

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UNESCO. Plan de Acción sobre las Políticas para el Desarrollo Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo. Estocolmo, 1998.

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en una vía que propicie formas de participación que amplíen la fórmula clásica de la recepción de bienes y de servicios, y que contemple el diálogo y la corresponsabilidad sobre aspectos de interés público. ARTICULACIÓN: La articulación es un principio que se desprende del carácter holístico del campo cultural. Si la cultura es la condición de posibilidad de la vida en sociedad, en la medida que abarca e hilvana las condiciones simbólicas y materiales que posibilitan su transformación y su reproducción; su gestión no puede concebirse de forma aislada, sino que requiere facultarse de mecanismos que propicien un modelo de desarrollo articulado y articulador. Desde esta perspectiva, la política nacional de cultura debe formularse desde un enfoque holístico de la cultura, que promueva su articulación con otros campos y sectores mediante la habilitación de espacios permanentes de interacción y de retroalimentación, y que facilite asimismo, la articulación de los agentes que conforman el campo cultural.

3. La construcción de una política pública y una ley de cultura: ejes de intervención Los desafíos de la situación cultural costarricense en el horizonte actual pueden ser rastreados a través de los informes y diagnósticos de gestión institucional, las memorias de eventos con propósitos reflexivos y propositivos producidos en el territorio nacional por distintas organizaciones de la sociedad civil, y otros tantos estudios realizados sobre distintos aspectos de la situación cultural actual19. Con fundamento en esta información, se ha realizado un balance sobre los aspectos que deberían ser objeto de atención prioritaria a través de una política pública y de una ley de cultura, en el entendido, claro está, de que los mismos se plantean como una proposición preliminar que deberá ser validada y ampliada en el marco de espacios de concertación que deben ser implementados progresivamente a escala nacional. Esta proposición se ha organizado en seis ejes de intervención: 1.fortalecimiento democrático, 2.cultura, ambiente y desarrollo local, 3. cultura y educación, 4. dinamización económica de la cultura, 5. creación y producción artística, 6. patrimonio cultural. Estos ejes se corresponden con dimensiones del quehacer cultural que son de interés común y que atraviesan con distintos énfasis los campos de intervención de la política; por lo tanto, los mismos adquieren características particulares y diferentes cuotas de relevancia, de acuerdo con las especificidades propias de los diversos campos o ámbitos del quehacer cultural. A continuación una breve explicación sobre cada uno de los ejes de intervención. FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO: Este eje comprende lo concerniente a la institucionalidad de carácter cultural, incluyendo aspectos como la desconcentración de competencias, el fortalecimiento y el perfilamiento de las instituciones como facilitadoras de procesos, la reinvención de los modelos de gestión en vías que garanticen la inclusión y la participación equitativa de la ciudadanía, mecanismos de 19

La referencia de estos documentos ha sido detallada en la nota al pie de página número 3.

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información, de evaluación y de rendimiento de cuentas oportunos y efectivos, entre otros aspectos. Incluye también la legislación cultural como un medio garante de procesos de actuación para la consecución de metas de democracia. Asimismo, comprende cometidos asociados con la articulación a escala sectorial e intersectorial, lo que incluye mecanismos que viabilicen la corresponsabilidad como un principio de gestión. Todos los objetivos y acciones incluidas en este eje tienen como finalidad esencial la generación y el fortalecimiento de condiciones orientadas a facilitar la construcción de una ciudadanía cultural, noción que engloba los compromisos, objetivos y mecanismos de gestión requeridos para garantizar el acceso, la inclusión, la participación y la equidad en la vida cultural, así como el reconocimiento y la afirmación de la diversidad cultural. CULTURA, AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL: Este eje enfatiza en las medidas y en las acciones a implementar para promover los procesos de desarrollo cultural que están siendo articulados desde una perspectiva georeferencial en el territorio nacional. Las acciones incluidas en este eje suponen el respeto y la afirmación de la autodeterminación cultural de los diversos pueblos, y promueve su desarrollo en vias integrales, asociadas con las particularidades sociales, económicas, ambientales, históricas, entre otras. Promueve los procesos de desarrollo a escala comunal, local y regional, prestando una particular atención a la instalación de capacidades y al fortalecimiento de la organización y de la gestión desde lo local. CULTURA Y EDUCACIÓN: El vínculo entre educación y cultura es ineludible, de manera que este componente tendría que instituir compromisos que se traduzcan en objetivos y modelos de gestión de la cultura en el contexto de la educación formal y de la educación informal, prestando especial atención a laS expresiones artísticas, la puesta en valor y reproducción de los saberes locales y los conocimientos de carácter ancestral, así como los conocimientos vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas expresiones culturales. De la misma manera, este eje deberá ocuparse de la investigación, la documentación y la generación de conocimientos en materia cultural, incluyendo los mecanismos para su socialización. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA: El desarrollo cultural comprende una dimensión económica que hasta muy recientemente ha empezado a formar parte de las agendas políticas, debido a que tradicionalmente los distintos ámbitos del quehacer cultural han operado en circuitos económicos noformales. La dimensión económica de la cultura requiere de la fijación de objetivos que se ocupen de su fomento en dos grandes vías: la concerniente al estímulo del capital de inversión público y privado; y la asociada con la dinamización de la actividad económica a través del fomento de las industrias culturales, las economías creativas, el turismo cultural, entre otras, y los hábitos de consumo vinculadas a ellas. Este componente no estaría completo sin la consideración de la habilitación de mecanismos de monitoreo que arrojen información pertinente sobre el comportamiento económico de la cultura y su impacto en el desarrollo socioeconómico nacional. CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: Este eje se ocupa de las especificidades propias de la creación y de la producción de los distintos campos del quehacer artístico.

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PATRIMONIO CULTURAL: Este eje comprende las medidas asociadas con la identificación, investigación, puesta en valor, sensibilización, protección, conservación, rehabilitación, revitalización y transmisión del patrimonio cultural material e inmaterial. Para facilitar la comprensión de lo anotado hasta aquí, el Esquema N°1 grafica el encadenamiento que existe entre los enfoques, los principios y los ejes de intervención política. Con fundamento en este marco orientador, en el siguiente apartado se expone el plan de trabajo diseñado para iniciar un proceso de diálogo y de concertación que conduzca a la construcción de una política pública y de una ley de cultura.

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ESQUEMA N°1 RELACIÓN ENFOQUES-PRINCIPIOS-EJES DE INTERVENCIÓN ENFOQUES

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIOS

 Diversidad cultural  Inclusión

ENFOQUE DE SENSIBILIDAD CULTURAL

 Participación

EJES DE INTERVENCIÓN

FORTALECIMEINTO DEMOCRÁTICO CULTURA, AMBIENTE Y DESARROLLO

 Articulación ENFOQUE DE EQUIDAD ENFOQUE DE INTERCULTURALIDA D ENFOQUE DE TRANSVERSALIDAD DE LA CULTURA EN EL DESARROLLO

 Democracia cultural

CULTURA Y EDUCACIÓN DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CULTURA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PATRIMONIO CULTURAL

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2da Parte Hacia una política pública y una ley de cultura

1. Plan de trabajo “La concertación de las políticas culturales es aún un propósito que hay que construir más firmemente. Se trata de una concertación “conflictiva” y “constructiva”, hecha a partir de demandas, acuerdos, tensiones y objetivos comunes. La cultura no es un lugar idílico ni simplemente el lugar del encuentro. Por el contrario, en la cultura se viven profundos desencuentros, prejuicios y discriminaciones. A pesar de que en la construcción de las políticas culturales ha aumentado la participación de los ciudadanos, su presencia sigue siendo débil. Quizás porque aún no está suficientemente arraigada la idea y la práctica de la ciudadanía cultural, al mismo nivel que la de la ciudadanía política. Aún tenemos un concepto de democracia demasiado centrado en el ejercicio del voto y una consideración débil sobre las determinaciones culturales de la ciudadanía. (…) Aunque se han favorecido las instancias de concertación, aún son espacios demasiado centralizados, ocupados por expertos y funcionarios del Estado.”20

Como se señaló en el apartado anterior, la construcción de una política pública y de una ley de cultura en Costa Rica se vislumbra como el inicio de un proceso de diálogo y de concertación. Estos cometidos implican en sí mismos la gestión de un cambio, pues el diálogo y la participación en materia política, son prácticas deseadas que se sitúan en la zona de los paradigmas por alcanzar. La construcción de una política pública y de una ley de cultura se perfila entonces como el detonante de un proceso más amplio, que apunta a la reinvención de nuestra cultura política desde una perspectiva de corresponsabilidad. Por este motivo, el diálogo y la participación no se conciben como recursos circunscritos exclusivamente en un proceso de consulta conducente al diseño de una política nacional y una ley de cultura, sino que se anticipan como prácticas que deberán instituirse como parte de los procesos de ejecución, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de la política y de la ley que deriven de este proceso. 20

German Rey. Las políticas culturales en Colombia: la progresiva transformación de sus comprensiones. En: Colombia: Compendio de Políticas Culturales.. Colombia: Ministerio de Cultura. Documento de Discusión. 2009. P. 40

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Ahora bien, como la piedra angular de la institución de estas prácticas reside en el impulso de un proceso de construcción conjunta de una política pública y de una ley de cultura, se ha formulado un plan de trabajo que tiene como objetivos fundamentales: Desarrollar un proceso de diálogo y de concertación que articule las necesidades, intereses y expectativas de los diferentes agentes involucrados en los distintos campos del ámbito cultural, para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural en el marco de un plan de acción de mediano y largo plazo. Promover la construcción de un marco legal que regule con claridad las potestades de intervención del Estado, con miras a la satisfacción de los derechos culturales de las personas. Este plan de trabajo está compuesto por cinco etapas: 1. Formulación del estado de la cuestión (diagnóstico), 2. Diseño e implementación de estrategia de concertación para la construcción conjunta, 3. Elaboración de una política pública y una ley de cultura, 4. Validación y ajustes de la propuesta de una política pública y de una ley de cultura, 5. Implementación. A continuación se detallan cada una de estas etapas. Al final de este apartado se ha incluido un gráfico que representa de forma sintética el encadenamiento de las mismas (ver Esquema N°2).

a. Formulación del estado de la cuestión (diagnóstico) Descripción Como punto de partida de este proceso, es necesaria la realización de un trabajo de diagnóstico que puntualice en las necesidades políticas y normativas de la realidad cultural costarricense en la encrucijada actual, a fin de dotar de un fundamento sólido el diseño de la estrategia de concertación para la construcción conjunta de una política y una ley de cultura. Esto comprende la recopilación de información relevante para analizar las necesidades políticas y normativas en los seis ámbitos de actuación política señalados previamente, es decir, 1.fortalecimiento democrático, 2.cultura, ambiente y desarrollo local, 3. cultura y educación, 4. dinamización económica de la cultura, 5. creación y producción artística, 6. patrimonio cultural. El análisis correspondiente deberá realizarse a la luz del enfoque de derechos humanos, el enfoque de sensibilidad cultural, el enfoque de equidad, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de transversalidad de la cultura en el desarrollo; y consecuentemente, deberá prestar especial atención a los siguientes principios: diversidad cultural, inclusión, participación, articulación y democracia cultural.

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El análisis de estos asuntos deberá contener una exposición sobre la situación actual, las necesidades de atención más apremiantes, recomendaciones sobre las líneas de actuación para cada una de ellas, y proveer insumos para el diseño de una estrategia de concertación para la construcción conjunta. La realización de este estudio estará a cargo de un equipo técnico con experiencia en elaboración de diagnósticos para la formulación de políticas públicas. El trabajo de este equipo será supervisado por la Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura, instancia responsable de monitorear y de aprobar el trabajo que realice el equipo técnico. Objetivos específicos  Diagnosticar las necesidades políticas y normativas de la realidad cultural actual del país, con el fin de dotar de un fundamento sólido el diseño de la estrategia de concertación para la construcción conjunta de una política y una ley de cultura. 

Analizar las necesidades políticas y normativas considerando ocho ámbitos de actuación política: corresponsabilidad y ciudadanía cultural, desarrollo sociocultural, cultura y educación, dinamización económica de la cultura, creación y producción artística, patrimonio cultural, cultura, ambiente y territorio, información y prospección cultural.



Analizar las necesidades políticas y normativas desde una perspectiva que comprenda el enfoque de derechos humanos, el enfoque de sensibilidad cultural, el enfoque de equidad, el enfoque de interculturalidad, y el enfoque de transversalidad de la cultura en el desarrollo; así como los siguientes principios: diversidad cultural, inclusión, participación, articulación y democracia cultural.

b. Diseño e implementación de estrategia de concertación para la construcción conjunta Descripción El plan de trabajo comprende el diseño de una estrategia para iniciar un proceso de diálogo y de concertación con miras a la construcción conjunta de una política pública en un plan de acción a mediano y largo plazo, y considerando los alcances de la normativa cultural atinente. La construcción conjunta se perfila como un ejercicio que, con sustento en los principios de inclusión, de participación y de articulación, aspira a conjuntar actores e instancias con intereses, necesidades y expectativas diversas, para entablar un diálogo orientado a la negociación de agendas de acción prioritarias susceptibles de derivar en la formulación de políticas públicas de cultura. Por lo tanto, es indispensable que esta estrategia se formule como el inicio de un proceso que no se agote en la etapa del diseño de la política, de manera que sus alcances comprendan todo el ciclo político, es decir, su ejecución, su monitoreo y su evaluación.

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El diseño de esta estrategia se deberá formular considerando el diagnóstico realizado en la etapa anterior, los seis ejes de intervención de la política - 1.fortalecimiento democrático, 2.cultura, ambiente y desarrollo local, 3. cultura y educación, 4. dinamización económica de la cultura, 5. creación y producción artística, 6. patrimonio cultural-; así como los enfoques y los principios que la sustentan. Con fundamento en estos aspectos, se deberá diseñar una metodología que permita construir de forma conjunta información pertinente para: a. la precisión de los componentes de la política, b. el plan de acción que posibilitará su implementación (este plan comprende la definición de los modelos de gestión y de evaluación que se estimen pertinentes), y c. los mecanismos, órganos e instancias formales de seguimiento que posibiliten que el dialogo, la concertación y la construcción conjunta se instalen como prácticas permanentes. De acuerdo con esto, el diseño de la estrategia de concertación para la construcción conjunta deberá atender los siguientes objetivos: Objetivos específicos  Iniciar un proceso de diálogo y de concertación con participación de diferentes agentes involucrados en los distintos campos del ámbito cultural costarricense. 

Sistematizar la diversidad de necesidades, intereses y expectativas existentes en materia cultural.



Propiciar la construcción conjunta de agendas públicas en cultura.



Generar insumos para la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.



Estimular la generación de mecanismos, órganos e instancias formales de enlace y de seguimiento del proceso de diálogo y de concertación para la construcción conjunta.



Elaborar una política pública de cultura de mediano y largo plazo con sustento en un proceso continuo de diálogo, inclusión, participación y construcción conjunta.

De acuerdo con estos objetivos, la estrategia de concertación para la construcción conjunta deberá considerar los siguientes lineamientos: 

El diseño de esta estrategia se deberá formular considerando los ocho ejes de intervención de la política -corresponsabilidad y ciudadanía cultural, desarrollo sociocultural, cultura y educación, dinamización económica de la cultura, creación y producción artística, patrimonio cultural, cultura, ambiente y territorio, información y prospección cultural-; así como los enfoques y los principios que la sustentan.

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

El criterio de definición de las personas que participarán en este proceso debe considerar la diversidad de actores e instancias que intervienen en el campo cultural, lo que comprende diferencias de orden étnico, cultural, social, etáreo, profesional y geográfico, entre otras.



Para que el ejercicio de construcción conjunta sea efectivo, su metodología deberá propiciar: a. el reconocimiento de los y las participantes como interlocutores con legitimidad, autoridad y competencia en el marco de un proceso de construcción conjunta, b. el reconocimiento de los y las participantes como actores culturales con cuotas de responsabilidad sobre los procesos de desarrollo cultural, c. la identificación de áreas de articulación entre los intereses, necesidades y expectativas de los diferentes agentes y sectores, d. la instrumentación de las discrepancias, el disenso y el conflicto como elementos productivos, consustanciales a cualquier ejercicio de diálogo y de concertación.



El abordaje metodológico deberá contar con un instrumento que le confiera sistematicidad al proceso de construcción conjunta, de manera que se garantice que la información generada por los actores y agentes implicados, sea susceptible de articulación bajo la forma de una política pública de cultura de mediano y largo plazo.



Esta estrategia se deberá formular como el inicio de un proceso que no se agote en la etapa del diseño de la política, de manera que sus alcances comprendan todo el ciclo político, es decir, su ejecución, su monitoreo, su evaluación y su seguimiento.



Esta estrategia deberá generar insumos para la creación de mecanismos de remozamiento, reconstitución, transformación y articulación de las instituciones que trabajan por y para la cultura. De la misma forma, deberá procurar la generación de mecanismos que faciliten el desarrollo y la interacción a escala local y regional.

El diseño de esta estrategia estará a cargo de un equipo técnico que también será responsable de coordinar y de facilitar la ejecución de esta estrategia, así como de sistematizar la información que derive de este proceso bajo la forma de una política pública de cultura y de una ley de cultura. El avance en cada una de estas etapas deberá contar con la supervisión y el aval de la Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura. Por lo tanto, la estrategia de concertación para la construcción conjunta deberá ser aprobada por la Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura. Con el aval de este órgano, se iniciará el proceso correspondiente, de acuerdo con los criterios técnicos y logísticos establecidos en el marco de la estrategia.

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Este proceso deberá ser objeto de una sistematización rigurosa que servirá como insumo para la elaboración de la política pública y la ley de cultura. c. Elaboración de una política pública y una ley de cultura Descripción La información derivada de la estrategia de concertación para la construcción conjunta, será objeto de sistematización en una etapa que tendrá como cometidos únicos la generación de una propuesta de política pública de cultura y de una ley de cultura. La elaboración de este documento estará a cargo del equipo técnico del proceso, y requerirá de asesoramiento técnico en materia legal y económica para la formulación de proposiciones concretas en estas materias. En el caso de la política pública de cultura, la propuesta deberá contemplar los componentes ordinarios de una política pública, esto es: Justificación, Marco situacional, Enfoque y principios, Componentes de la política, Plan de acción a mediano y largo plazo, Modelo de gestión, Plan de evaluación, Cronograma para la implementación. De acuerdo con esto, la sistematización de la información derivada del proceso de construcción conjunta deberá articularse en los siguientes ítems: a. Precisión de las áreas de atención prioritaria de cada uno de los ejes de intervención: Comprende la recopilación de los aspectos definidos como objetos de atención prioritaria en cada uno de los ejes de intervención. Este ejercicio implica la identificación de las problemáticas más apremiantes, así como la factibilidad de subsanación de las mismas en el marco de un plan de acción política de mediano y largo plazo. b. Definición de las metas y de los objetivos para cada una de las áreas de atención prioritaria: Comprende la precisión de las transformaciones que se pretende alcanzar en cada una de las áreas de atención prioritaria, y de los objetivos definidos para la consecución de las mismas. En el caso de estos últimos, como se trata de cometidos cualificables y/o cuantificables, es imprescindible delinearlos de forma que sean específicos, medibles, realizables, y realistas. Por lo tanto, su definición debe formularse considerando los indicadores que se estimen más pertinentes para su monitoreo, evaluación y seguimiento. c. Precisión de líneas de acción para cada una de las metas: Constituye el plan de acción requerido para alcanzar los objetivos y las metas trazadas en cada una de las áreas de atención prioritaria. Supone la planificación de las acciones desde un criterio de factibilidad, lo que implica la consideración de los recursos humanos y financieros, las capacidades instaladas disponibles, la viabilidad de articulaciones y de sinergias entre ellas, los mecanismos y los modelos de gestión

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requeridos, la visualización en el tiempo de las acciones concretas, la susceptibilidad de monitoreo y evaluación de estas acciones, así como la asignación presupuestaria requerida. En este particular son determinantes:  La definición del modelo de gestión: contempla las instancias involucradas en la consecución de las metas, sus competencias, sus cuotas de responsabilidad, y las pautas de organización requeridas para garantizar la fluidez del plan de acción.  La definición del sistema de evaluación: comprende la definición de criterios relevantes para efectos de monitoreo y valoración de las acciones, que posibiliten la realización de intervenciones correctivas pertinentes y que ofrezcan insumos para la toma de decisión. Objetivos específicos  Elaborar una propuesta de política pública de cultura y el plan de acción correspondiente, con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural a mediano y largo plazo. 

Elaborar una propuesta de ley de cultura con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

d. Validación y ajustes de la propuesta de una política pública y de una ley de cultura Descripción Con el aval de la Comisión para la elaboración de la política pública y la ley de cultura, el equipo técnico abrirá una etapa de validación de la política pública y de la ley de cultura elaboradas en la etapa anterior. Estas propuestas deberán ser valoradas por las y los participantes del proceso de construcción conjunta y por la sociedad en general, mediante los mecanismos de enlace y de seguimiento del proceso definidos durante la primera etapa. Esta validación tendrá que traducirse en los ajustes que se estimen pertinentes, previo a la oficialización de la política pública de cultura y a la remisión del proyecto de ley de cultura a la Asamblea Legislativa. Objetivos específicos  Validar con la ciudadanía la propuesta de política pública de cultura elaborada con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural.

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

Validar la propuesta de ley de cultura elaborada en el marco de la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

e. Implementación La etapa de validación pública de las propuestas será sucedida por un período de ajustes que conducirá a la etapa de implementación de la política pública de cultura y de la ley de cultura. En el caso de la política, la implementación constituye el inicio de la puesta en marcha de un plan de acción de mediano y largo plazo. En el caso de la ley de cultura, esta etapa supone la inserción del proyecto en la corriente legislativa. Objetivos específicos  Implementar el plan de acción de la política pública de cultura elaborada con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural. 

Introducir en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de cultura elaborada en el marco de la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

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ESQUEMA N°2 PLAN DE TRABAJO: ETAPAS

OBJETIVOS ETAPAS

1

2

ESTADO DE LA CUESTIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA

POLÍTICA

LEY



Diagnosticar las necesidades políticas y normativas de la realidad cultural actual del país, con el fin de dotar de un fundamento sólido el diseño de la estrategia de concertación para la construcción conjunta de una política y una ley de cultura.



Analizar las necesidades políticas y normativas considerando seis ámbitos de actuación política: 1.fortalecimiento democrático, 2.cultura, ambiente y desarrollo local, 3. cultura y educación, 4. dinamización económica de la cultura, 5. creación y producción artística, 6. patrimonio cultural.



Analizar las necesidades políticas y normativas desde una perspectiva que comprenda el enfoque de derechos humanos, el enfoque de sensibilidad cultural, el enfoque de equidad, el enfoque de interculturalidad, y el enfoque de transversalidad de la cultura en el desarrollo; así como los siguientes principios: diversidad cultural, inclusión, participación, articulación y democracia cultural.



Iniciar un proceso de diálogo y de concertación con participación de diferentes agentes involucrados en los distintos campos del ámbito cultural costarricense.



Sistematizar la diversidad de necesidades, intereses y expectativas existentes en materia cultural.



Propiciar la construcción conjunta de agendas públicas en cultura.



Generar insumos para la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.



Estimular la generación de mecanismos, órganos e instancias formales de enlace y de seguimiento del proceso de diálogo y de concertación para la construcción conjunta.



Elaborar una política pública de cultura de mediano y largo plazo con sustento en un proceso continuo de diálogo, inclusión, participación y construcción conjunta.

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3 4 5

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS



Elaborar una propuesta de política pública de cultura y el plan de acción correspondiente, con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural a mediano y largo plazo.



Elaborar una propuesta de ley de cultura con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

VALIDACIÓN Y AJUSTES



Validar con la ciudadanía la propuesta de política pública de cultura elaborada con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural.



Validar la propuesta de ley de cultura elaborada en el marco de la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

IMPLEMENTACIÓN



Implementar el plan de acción de la política pública de cultura elaborada con fundamento en el proceso de diálogo y de concertación desarrollado para la construcción conjunta de políticas públicas de carácter cultural.



Introducir en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de cultura elaborada en el marco de la construcción de un marco legal que instituya con claridad las competencias gubernamentales en el desarrollo cultural del país.

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2. Cronograma 2011 ETAPAS

ene feb mar abr may

2012 jun

jul

ago

sep oct nov dic ene feb

mar abr may

Diseño del cartel, licitación y adjudicación Formulación del estado de la cuestión (diagnóstico) Diseño e implementación de estrategia de concertación

implementación sistematización

Elaboración de documentos validación Validación y ajustes ajustes Implementación