RELATS ORGANIZACIÓN E INTERVENCIÓN SINDICAL

LA CAMPAÑA DE CGT CONTRA EL TRABAJO FORZOSO

Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGTRA y director del Observatorio frente al Trabajo Forzoso

2015

La Campaña Nacional de Lucha contra el Trabajo Esclavo y toda forma de Explotación Laboral fue lanzada por CGTRA en diciembre del 2012 con el objetivo de impulsar procesos de restitución de derechos de las víctimas de trata por explotación laboral, o en su defecto restitución de derechos a grupos especialmente vulnerables. La Campaña tiene como principal aliado a la Fundación Lsa Alameda La Campaña tiene tambièn el apoyo del: - capítulo argentino del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas. -de la Asociación de Magistrados, y la Asociación de Mujeres Juezas.

Trata laboral La trata laboral posee una diferencia sustancial con la trata con fines de explotación sexual, ya que, por el contrario de ésta, la actividad productiva que genera el trabajo es legal. Esa actividad productiva está autorizada, conjuntamente con el establecimiento o razón social por el mismo Estado. A su vez recibe inspecciones periódicas de la cartera de trabajo y del órgano local de comercio que la habilitó, por lo que, la connivencia u omisión deliberada del Estado se expone gravemente. La persona tratada desea continuar trabajando, de eso vive, no quiere perder su trabajo, de allí la necesidad de que a la función sancionatoria del poder judicial le sean sumadas las estrategias necesarias para la conservación de las fuentes de trabajo reglada por el Estado sin explotación, para lo cual se requiere una intervención judicial reparadora. La trata laboral, en determinadas ramas de la producción es inherente a las variables macroeconómicas, por lo tanto se hace imprescindible conocer en las diferentes ramas de la producción, y en la cadena de suministros, las causas de una explotación laboral reiterada, como situación violatoria y no como casos aislados (tareferos, cosechadores, Industria textil, granjas, huertas, trabajo doméstico, etc.

Talleres clandestinos de vestimenta El principal foco de la Campaña es la batalla contra los talleres clandestinos del sector vestimenta, acompañando al trabajo desarrollado por La Alameda. La masividad del fenómeno tiene dos explicaciones básicas: el abuso de grandes empresas para “reducir costos de producción” y la ineptitud de las autoridades (en este caso, el Gobierno de la Ciudad) para perseguir a los responsables e impedirlo. El mecanismo de los talleres de costura clandestino no es nuevo, aunque con el tiempo parece haberse “perfeccionado”. El manejo operativo del negocio se ha ido concentrando para hacerlo “más funcional” a los intereses que están por encima. Los trabajadores son principalmente bolivianos desde la primera oleada del 2000, reclutados en su país y traídos engañados para terminar haciendo trabajo esclavo en estos talleres. Los intermediarios han sido principalmente coreanos, agregándose luego otros bolivianos. Los talleres iniciales estaban equipados con máquinas adquiridas en remate que provenían, generalmente, de fábricas textiles desmanteladas en los años noventa. En los primeros años de la década pasada, las tareas de control desde la Ciudad de Buenos Aires derivaron, en algunos casos, en la legalización de las instalaciones o en su clausura. Varios de los que corrieron este último destino terminaron desplazándose hacia la provincia de Buenos Aires para seguir en la actividad clandestina. Pero se sospecha que el ciclo de cierre de talleres y apertura de

otros en similares condiciones de ilegalidad jamás se interrumpió. Con el cambio de autoridades en la Ciudad, los controles se relajaron, con menos inspectores en la calle y menos acciones judiciales para impulsar los allanamientos y, en consecuencia, menos cierre de talleres clandestinos. También ha habido cambios en la modalidad de organización del trabajo, hacia una mayor concentrada de los talleres, que se combina con una protección coordinada entre las distintas organizaciones Además, se observa la falta de competencia entre los distintos grupos de talleres, cada uno a cargo de un referente o “capanga” (así los llaman en la jerga interna). Es decir, se ponen de acuerdo respecto a qué parte del mercado abastece cada uno. Del taller clandestino sale la prenda terminada. Usualmente, al establecimiento llegan los cortes de tela ya lavados y teñidos para su confección final. Entre las distintas etapas, la del costurero es la que requiere de mayor trabajo manual. Esta relación nunca es directa: la marca líder contrata la confección con una empresa intermediaria que es, a su vez, la que encarga el trabajo a los talleres clandestinos. La empresa tercerizada es la que le factura a la gran empresa de ropa de marca como si hiciera el trabajo por sí misma: es la que compra la tela, encarga su lavado, teñido, posiblemente hace los cortes, y después lo manda a costura al taller. Si la prenda tiene un costo total de 100 pesos, el trabajador que la cosió recibe 3 pesos. A la vidriera del shopping puede llegar a 1000 pesos. Estas firmas tercerizadas son, en este esquema, la clave del circuito, en tanto “legalizan” el proceso de producción.

Los talleres están ubicados en casas grandes, viejas. Pueden estar alquiladas, compradas o tomadas. Para disimular, a veces se les deja el cartel de "En venta" o "Se alquila", o arman andamios y tapias como si en el lugar hubiera una obra. Incluso se han encontrado casos en que se utiliza la fachada de falsos templos evangélicos. Las ventanas están enrejadas y las puertas suelen ser reforzadas. No tienen timbre y se evita el trato con los vecinos. Otro indicio es el permanente movimiento de vehículos, que cargan y descargan en la vereda. Se ha señalado que aparecen camionetas no menos de seis veces por día, trasladando rollos de tela o fardos de ropa. En Flores, es habitual ver los contenedores para la basura llenos de retazos de tela. Los vecinos se quejan de los ruidos molestos, porque las máquinas textiles trabajan a veces las 24 horas. También son habituales los cortes de luz, porque los talleres se cuelgan ilegalmente de la red. Al interior de los locales, se tiran las paredes y se arman grandes salones para poner 15 o 20 máquinas en fila. Dejan apenas un par de piecitas donde viven 15 o más personas, que tienen un solo baño y duermen en cuchetas o en colchones tirados en el piso. Las instalaciones eléctricas son muy precarias, no hay matafuegos ni otras medidas de seguridad. Los productos se colocan principalmente en La Salada, las “saladitas” y entre los manteros de la calle Avellaneda. La Salada se convirtió en un mercado mayorista que alimenta a las ferias y negocios de gran parte del país. De hecho, de los talleres clandestinos ya salen los bultos con ropa armados de acuerdo a lo que suelen pedir los compradores (por ejemplo 10 jeans de cada talle). Las primeras replican el modelo de La Salada a escala barrial, calculándose que son más de 500. En el caso de

los manteros, se calcula que su número es superior a 5000. La principal localización es el barrio de Flores, en la avenida Avellaneda. Los trabajadores suelen ser parte de familas enteras, incluyendo niños, que tienen la tarea de controlar que en las prendas no queden hilos sueltos. Los más grandes arman los paquetes y ordenan. Los operarios cobran entre diez centavos y un dólar por hacer una remera, de acuerdo a la calidad. Trabajando 12 o más horas entre dos personas, pueden llegar a las 500 a 600 por día. Los jeans y las prendas más elaboradas tienen otros precios. En estos años ha habido dos casos prototípicos que dinamizaron la acción frente a los talleres: -el incendio de un taller en 2006 (Luis Viale 1269, Caballito), en el cual murió una familia de bolivianos, tras lo cual la Ciudad salió a clausurar talleres. Hubo una marcha de más de 2.000 costureros pidiendo que no los dejaran sin trabajo. El cónsul boliviano de aquel entonces le manifestó su preocupación al Gobierno porteño. -otro incendio en 2015 en un taller de Flores (Páez al 2700), en el que murieron dos niños bolivianos. El taller ya había sido denunciado el año anterior por trata de personas, aún cuando no estuvo sujeto a inspecciones. A este episodio le siguió un segundo incendio, cuando la casa ya permanecía desocupada, pero sin custodia, aparentemente de carácter intencional para hacer desaparecer elementos de prueba. De entrevistas a las víctimas se ha reconstruido el siguiente cuadro: -recibìan rollos de tela de un intermediario coreano con la tarea de realizar mil prendas por semana, con 16 máquinas textiles que ocupaban todo el edificio en su planta baja.

- la familia (nueve miembros, de los cuales cuatro eran niños) dormía en el sótano desde hacía nueve años, en una superficie de 9 por 4 metros, con dos pequeñas aperturas a ras de la vereda. Ese fue el lugar donde se originó el incendio. La heladera y la cocina estaban en un patio, donde se comía. -el contrato de alquiler del local había sido fijado entre el intermediario y sus propietarios, pero lo pagaba el grupo de costurero. -el intermediario pagaba 5 pesos por prenda, con lo que la familia reunía cinco mil por semana. Una cuarta parte lo usaba en pagar el alquiler, la luz y otros gastos. -la familia también debían pagar las maquinarias que usaban, las que fueron compradas al intermediario con el propio trabajo, en cuotas no fijas, sin recibos. Se reciben denuncias a través de diferentes tipos de canales, tanto desde organismos como de particulares. Si hay presunción de trata de personas interviene la Justicia Federal, en cambio si las sospechas son de explotación laboral, es competencia de los tribunales locales. Así, los diferentes delitos que pueden registrarse dentro de un mismo taller conspiran contra los controles. De hecho, pese a la cantidad de denuncias sólo hay unos 200 casos que llegaron a la Justicia y están desperdigados en distintos juzgados. No hay un control centralizado, sino que actúan distintos organismos. Las autoridades de la Ciudad afirman que no tienen potestad para controlar ese tipo de delitos y que la inspecciones que realiza son por condiciones de trabajo irregulares o fallas en la seguridad y la higiene. Al tratarse casi siempre de casas particulares no pueden efectuar clausuras, para lo que debería intervenir la justicia. En la práctica, la mayoría de las inspecciones no alcanza resultados porque los inspectores, la mayoría de las veces,

no pueden ingresar a los lugares denunciados, porque les niegan el ingreso o porque directamente no responden al timbre ni cuando golpean las puertas. Esta imposibilidad de que ejerzan “su poder de policía es que nunca son acompañados por la fuerza pública de la Ciudad, porque la Policía Metropolitana nunca acompaña a los inspectores. El indicador de “trabajo no registrado” que elabora el gobierno indica que, si bien èste es menor en la Capital que en el total, no ha descendido. Entre 2008 y 2013 el indice nacional pasó de 37 a 34 por ciento, pero en Buenos Aires se mantuvo con valores que oscilaron en el orden del 27 por ciento. Al mismo tiempo, hay grandes diferencias y dinámicas por áreas: 23% en las comunas del norte y 33% en las del sur. Además, en estas ultimas han aumentado, principalmente la 7 (Flores), que pasó de 29 a 33%. Pero, al mismo tiempo, han descendido la cantidad de actas labradas en inspecciones, que disminuyó marcadamente tanto en lo que respecta a normativa laboral y a trabajo a domicilio, como a trabajo infantil”. La reducción más pronunciada fue “justamente la relacionada a trabajo infantil, que cayó un 57”, pasando de 92 inspecciones en 2012 a 40 en 2913.

Actividades de la Campaña La Campaña se desarrolla en el escenario legal dado por la nueva ley sobre restitución de derechos de las víctimas de trata, los que muchas veces son descuidados al solo perseguirse la sanción de los victimarios en los procedimientos judiciales. Por ello, se ha buscado incidir sobre la reglamentación de la Ley, y presentar recomendaciones a la PROTEX (Procuraduría de Trata y explotación de Personas)

En el marco de la Campaña, se constituyó un equipo interdisciplinario, que encaró un proceso de investigaciónacción sobre esta problemática.. -se han elaborado diagnósticos de la situación de restitución de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) y su relación con la efectividad de las políticas públicas implementadas, relevamientos sobre vulnerabilidad de las víctimas, violación y efectividad de la restitución de esos derechos. -se han construido indicadores de acceso a la justicia. -se han llevado a cabo encuentros, cursos y talleres en diversas provincias del país (Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Ushuaia, Mendoza) y en varios puntos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de empleados, funcionarios y magistrados de la Justicia Federal, además de miembros de organizaciones sociales, gubernamentales, fuerzas de seguridad, etc. -se han localizado casi 100 talleres clandestinos que producen para grandes marcas de ropa (Soho, Montagne), destinadas al área Avellaneda y La Salada, desarrollando acciones de “escrache” y de presentaciones legales. -se han desarrollado experiencias de economía social solidaria con base en los equipos incautados luego de fallos judiciales (ver otra nota)

En 2015, la Campaña ha agregado otra acción: la convocatoria a la COB (Central Obrera Boliviana), para coordinar la lucha en la erradicación de los talleres clandestinos, en virtud de la permanente presencia de trabajadores de esa nacionalidad.