29/12/04 Rosario y Villa Gobernador Gálvez: Otro regalo para Cargill Nota de opinión Otro regalo para Cargill Por Elba Stancich* El Gobierno de la provincia de Santa Fe y el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez -con excepción de los concejales Luis Sánchez, Marisa Bernal y Roberto Rocha-, siguen premiando a la multinacional Cargill. La empresa, una de las diez mayores empresas del mundo en comercialización de granos, instalará en esa localidad un complejo industrial donde se procesarán derivados de soja, que contará con capacidad de almacenamiento, playa de estacionamiento y descarga de camiones y un puerto de embarque cuya obra de atraque se introducirá unos 300 metros en el río Paraná. Primer regalo: 6 de Noviembre de 2003.La rezonificación de lo que el código urbano de Villa Gobernador Gálvez determinaba como área residencial, para transformarla en zona industrial a la medida de la multinacional, sin el estudio de impacto ambiental correspondiente que exige la Ley 11.717 para estos casos. En la Resolución 0034 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 27 de Mayo de 2004, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, el gobierno de la provincia de Santa Fe advertía a la empresa que, antes del inicio de las operaciones, debía estar habilitado el camino de acceso desde la Autopista Rosario-Buenos Aires hasta el complejo industrial. En el dictamen, el Gobierno de la provincia de Santa Fe resolvía claramente que no se haría "responsable de ningún tipo de erogación dineraria que demande la construcción de las obras previstas". Segundo regalo: 12 de Noviembre de 2004. El Gobernador Obeid firma el decreto 2327 aprobando el convenio firmado entre Vialidad Provincial y Cargill, donde se compromete a la provincia a invertir casi 8 millones de pesos para acondicionar el tramo vial desde la ruta 21 a la autopista, pero además se autoriza a la empresa al uso de una vía alternativa por si la obra no está concluida. El emprendimiento, es resistido por vecinos que eligieron esa ventana al río Paraná para vivir en un sitio tranquilo, y en el futuro deberán convivir pegados al complejo agroindustrial que en períodos pico de cosecha recibirá 2.500 camiones por día, en un barrio fragmentado. O bien, tendrán que irse. Tercer regalo: 17 de Diciembre de 2004. El Concejo de Villa Gobernador Gálvez aprobó el proyecto de extensión de zonificación, que incluye la venta de calles públicas a Cargill. ¿Cuál será el próximo regalo? ¿Seguir allanando el camino para que Argentina llegue a sus 100 millones de toneladas, en la profundización de

este modelo agroindustrial expansivo y extractivista, aún comprometiendo nuestros bienes naturales y salud de la población? ¿Es aventurado imaginar más regalos en el futuro? ¿No serían sino allanar el camino para que Argentina llegue a producir los promocionados 100 millones de toneladas de granos, en la profundización de este modelo agroindustrial expansivo y extractivista, a costa de nuestros bienes naturales y salud de la población? Contrario a esto, la legislatura santafesina acaba de aprobar en noviembre pasado, un Programa de Manejo Sustentable de Bosques y Pastizales Naturales y una suspensión de desmontes por 180 días prorrogable por el Poder Ejecutivo a 180 días más. Estas sí son buenas medidas para nuestra provincia, y no es un regalo, son nuestros derechos, fruto de los reclamos de numerosas organizaciones de todo el país, para frenNota ar el avance de la soja sobre el monte nativo. (*) Integrante Taller Ecologista (Rosario) 23/12/04 La Justicia declaró inconstitucional la ley provincial de bosques Jueves, 23 de Diciembre de 2004 - RESISTENCIA - CHACO - ARGENTINA La Justicia declaró inconstitucional la ley provincial de bosques La medida fue dictada por la jueza civil y comercial 6, Iride Grillo, ante un recurso de amparo promovido por comunidades aborígenes de la etnia wichí de las localidades de Nueva Pompeya y Comandancia Frías, dos de las áreas más afectadas por los desmontes. La demanda judicial fue realizada con el asesoramiento jurídico del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el organismo de la Iglesia Católica que trabaja a favor de las comunidades aborígenes, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del país. "No se trata de impedir la expansión de la frontera agrícola sino de planificar ese desarrollo, atendiendo lo que se sabe acerca de los cambios climáticos y evitando que los fenómenos que hoy se conocen afecten a las zonas que necesitan ser protegidas, pues los procesos de deterioro ecológico avanzan inexorablemente", señaló la jueza. "Como bien se sabe, puede ocurrir un poco de todo: desde las inundaciones catastróficas hasta la desertización de las tierras o la pérdida de especies vegetales y animales indispensables para la sustentación del medio ambiente", agregó la magistrada en el fallo, tras precisar que las áreas más afectadas se encuentran en los Departamentos Güemes y Almirante Brown. Daños ambientales "Es un fallo histórico. No sólo porque pone freno al grave problema de la deforestación sino también porque establece que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben consultar a las comunidades indígenas en los temas que las afectan", señaló ayer el coordinador nacional de Endepa, Germán Bournissen.

El funcionario del organismo, que tiene su sede nacional en Resistencia, agregó que, en la provincia, "la tala indiscriminada de los bosques es un proceso relacionado con la venta de tierras fiscales para la producción de soja transgénica", lo cual provoca numerosos daños al medio ambiente y al sistema productivo. "La ley permitía y profundizaba el riesgo de mayores daños a la biodiversidad de nuestros bosques", señalaron en Endepa. Y destacaron que el fallo judicial no sólo ordena realizar una evaluación ambiental y social por los daños originados sino que, además, establece que el gobierno deberá elaborar y aplicar un plan de "preservación, recomposición y sustentabilidad del bosque nativo del Chaco, con participación de todos los actores interesados". La demanda judicial -a nombre de las asociaciones comunitarias de Pompeya y Comandancia Frías contra la Subsecretaría de Recursos Naturales de la provincia y el Instituto de Colonización- se originó luego de la sanción de la ley de bosques (la Nº 5285), en diciembre de 2003. Ley "deficiente" La jueza Grillo calificó como "deficiente" a la ley de bosques y en su fallo advierte sobre "la grave situación de los aborígenes y ocupantes de las zonas geográficamente comprometidas" en la denuncia. La magistrada, según precisa su misma resolución, tomó la decisión en base a estudios técnicos, científicos y académicos. También citó convenios internacionales de derechos humanos y los artículos vinculados a los pueblos indígenas en las Constituciones nacional y provincial. El artículo 75 de la Constitución nacional establece que el Estado debe asegurar a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales. La jueza sostiene que la ley "no cumplimenta los presupuestos mínimos exigidos para asegurar una gestión ambiental sustentable y adecuada". Y advierte sobre "el impacto ambiental que la prosecución de la tala y el desmonte genera de manera irreversible en los recursos naturales actualmente degradados, provocando la desertificación y un daño ambiental grave, con compromiso para su uso y goce para las generaciones presentes y futuras". 22/12/04 Ecuador: Presidente de Sarayaku, Amazonia de Ecuador, amenazado de muerte PRESIDENTE DE SARAYAKU AMENAZADO DE MUERTE Quito, diciembre 22 del 2004.- El día de ayer, martes 21 de diciembre del 2004, aproximadamente, a las 19h00, Marlon Santi, Presidente del Pueblo Kichwa de Sarayaku y candidato a la Presidencia de la CONAIE, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana

(CONFENIAE), mientras se encontraba participando en el segundo Congreso de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, recibió una llamada del teléfono (09) 5078-421, cuyo mensaje fue una amenaza de muerte, pues le dijeron "te vamos a matar". El día de hoy, a las 08h00, nuevamente recibió una llamada telefónica del mismo número en la que le indicaron "desiste de tu candidatura porque no vas a lograr ni 24 horas en el cargo, se te va a acabar la respiración". Dada la gravedad de estas nuevas amenazas, varias organizaciones de derechos humanos se han dirigido a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poner en conocimiento estos hechos, puesto que tanto el mencionado dirigente indígena amazónico como su pueblo se encuentran protegidos por medidas cautelares y provisionales dictadas por estos organismos regionales. Estas nuevas amenazas de muerte contra el dirigente kichwa forman parte de una sistemática persecución en contra de líderes indígenas que se encuentran luchando por defender sus derechos, como es el caso de Sarayaku y las nacionalidades shuar y achuar en la defensa de su territorio frente a los intereses y actividades de las empresas trasnacionales petroleras. Además, estas amenazas se suman al atentado que sufrió a comienzos de año el actual Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. Llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional, con la finalidad de mantenernos alerta frente a estas acciones intimidatorios que pretenden desalentar el libre y transparente proceso que se encuentran promoviendo los pueblos y las nacionalidades del Ecuador, así como todo lo que pueda pasar con la vida y la integridad física y psíquica de los dirigentes indígenas. RED ECUATORIANA DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Comité de Gestión (APDH, AUDITORIA DEMOCRATICA, CDES, CSMM, PIDHDD)

Mayor información Tlfs.: 2529-125, (09) 9447-324, QUITO, ECUADOR 21/12/04 Comunidades enfrentan posible desalojo QUIEREN SILENCIAR LA VOZ DEL RÍO Comunidades enfrentan posible desalojo A poco de realizar un escrache este viernes 17 de diciembre, por las calles de Buenos Aires, cuando finalizaba la Cumbre Mundial de Cambio Climático, para denunciar un megaproyecto hidroeléctrico que se planea construir en la zona del Río Carrenleufú o Corcovado, en la provincia de

Chubut, Argentina, la Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza amaneció hoy con las denuncias del intendente local, Daniel Toledo, acusándolos de delincuentes, usurpadores y mentirosos. La comunidad mapuche Pillán Mahuiza conjuntamente con el Frente en Defensa del Río Carrenleufú y diversos movimientos populares, realizaron una manifestación para expresar su preocupación por la construcción de las represas y que fuese uno de los temas a ser tratados por el gobierno argentino en el corto plazo. La Comunidad y los campesinos amenazados de quedar bajo el agua necesitan el apoyo urgente y expresiones de repudio a la actitud de los funcionarios locales. Contactos: Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza: 02945-1569-2319 Frente en Defensa del Río Carrenleufú: [email protected] Organismos oficiales: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Medios de prensa locales: [email protected] [email protected] Ver más información sobre la situación: http://www.argentina.indymedia.org/features/medioambiente/ 20/12/04 Buenos Aires - Aprobaron el inconstitucional Acuerdo Nuclear con Australia 01.45 DIPUTADOS APROBARON ACUERDO INCONSTITUCIONAL. GREENPEACE: LA LUCHA RECIÉN COMIENZA Greenpeace y más de 300 organizaciones ambientalistas argentinas anunciaron que no abandonarán su rechazo al Acuerdo Nuclear que permitirá la importación de residuos nucleares al país: apelarán ante la justicia. El acuerdo ratificado viola el artículo 41 de la Constitución. BUENOS AIRES (16 de Diciembre de 2004).- Greenpeace anunció una activa campaña de resistencia luego de conocer la aprobación, en el Congreso Nacional, del Acuerdo Nuclear con Australia, que permitirá el ingreso de basura nuclear a nuestro país. "Esta lucha recién comienza, no hemos

claudicado antes y ahora no vamos a bajar los brazos hasta que esta errónea medida sea revisada", anunció la organización ambientalista. Siendo la 01.45 de la madrugada de este viernes, Greenpeace hizo notar que no se votó en forma nominal, tal como lo habían solicitado varios diputados durante el debate en el recinto. "Fue un grosero gesto de cobardía: amparándose en la disciplina partidaria y en la votación anónima, los diputados no se hicieron cargo de sus opiniones en esta votación histórica", manifestó Juan Carlos Villalonda, director de Campañas de Greenpeace. Por otra parte, más de 300 organizaciones ambientalistas no gubernamentales han repudiado la medida y anunciado que apelarán ante la Justicia federal. Por ello, Greenpeace advirtió al gobierno de Australia acerca de la inseguridad jurídica del acuerdo con la Argentina. "Cualquier acto que viole las prohibiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional no sólo será un grave error institucional, sino que además será altamente resistido y de muy difícil concreción", expresó Villalonga. "La aprobación del Acuerdo se ha dado en cada uno de sus etapas con falta de transparencia y buscando su aprobación en las sombras, así avanzó en el 2001 en el Senado Nacional y ahora se buscó ahora, en el 2004, que el discurso del presidente Kirchner en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP10) distrajera la maniobra que se puso en marcha en Diputados. La lucha recién comienza, seguiremos peleando para que esta medida sea revisada", agregó. El acuerdo fue ratificado hoy, 16 de diciembre, luego de que se habilitara su tratamiento en las comisiones de Relaciones Exteriores y Energía. Esta maniobra fue realizada al mismo tiempo que la atención de los medios internacionales y de las organizaciones ambientalistas de todo el mundo se centraba en el discurso del Presidente Kirchner en la COP10, donde destacaba la responsabilidad ambiental de nuestro país. "El procedimiento es típico de cómo ha sido todo el proceso de este Acuerdo, siempre buscando hacerlo en las sombras y a espaldas de la mirada pública". El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada por la empresa rionegrina INVAP de traer los residuos australianos para ser tratados en Argentina. Según el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo "infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la Constitución nacional". Greenpeace y otras 300 organizaciones de todo el país difundieron un documento en la que denuncian la trama de las negociaciones que condujeron a que Argentina abra sus puertas a la basura nuclear australiana.

Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y compromiso comercial, institucional o político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el articulo 41 de la Constitución nacional". 16/12/04 Buenos Aires - Acuerdo nuclear: activista arrestado En un rápido movimiento los diputados de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía habilitaron un dictamen para que sea tratado en el recinto en el día de hoy. Se trata del cuestionado e inconstitucional Acuerdo Nuclear con Australia que habilita el ingreso de residuos nucleares a la Argentina. BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2004.– Mientras el presidente Néstor Kirchner daba su discurso en la sesión ministerial de la Cumbre de Cambio Climático en Buenos Aires (COP10), los diputados nacionales habilitaban hoy el tratamiento en el recinto del polémico Acuerdo Nuclear con Australia, que implica el ingreso de residuos radiactivos a la Argentina. Greenpeace protestó en el Congreso contra esta maniobra y uno de sus activistas fue arrestado por la policía. Un miembro de Greenpeace disfrazado de Papá Noel fue arrestado este jueves a las 08.40 por personal policial, que había vallado el Congreso. El ecologista es Sebastián Lastra, de 28 años, y la Policía Federal está por llevarlo a la Comisaría 6ta, en Venezuela 1931. El activista disfrazado de Papá Noel realizaba esta mañana una “huelga” simbólica, negándose a repartir “basura nuclear” como regalo a los argentinos, junto con un cartel alusivo, barriles con moños simulando residuos radiactivos y una gigantografía de una “carta” que los diputados le “enviaron” a Papá Noel solicitándole que la Cámara de Diputados apruebe finalmente el controvertido Acuerdo con Australia. Este acuerdo, que lleva más de tres años de demoras en el Congreso, habilita la introducción de residuos nucleares de origen australiano a territorio nacional. Este aspecto es el origen de las polémicas y la fuerte oposición de distintos sectores de la sociedad argentina dado los riesgos que implica y por violar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos nucleares al territorio argentino. “Es claramente una maniobra que ha procurado pasar desapercibida debido a la máxima atención que genera la COP10 entre las organizaciones ambientales argentinas y la prensa especializada”, explicó Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace Argentina. “Todo el proceso relacionado con este Acuerdo ha seguido la misma lógica, buscar el ocultamiento o evitar la mirada pública”, agregó. “Esperamos que las diferentes opiniones que existen en el Congreso se expresen y no sean inhibidas por la disciplina partidaria y que los diputados actúen acorde a la visión que expresan individualmente y se manifiesten de

manera contraria al Acuerdo tal como mayoritariamente lo sostiene la población a la que representan”, manifestó el ambientalista. “Existe un claro doble discurso del Presidente, cuando en la COP10 afirmaba la necesidad de fortalecer el desarrollo de las energías limpias y renovables y al mismo tiempo sus Diputados intentaban aprobar un Acuerdo que prepara a la Argentina para convertirse en procesador de residuos nucleares extranjeros”, expresó Villalonga. Según un informe realizado por el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo con Australia “infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la Constitución Nacional". “Este Acuerdo es un disparate: su Artículo 12 es inaceptable desde todo punto de vista; ninguna organización se opone a las exportaciones tecnológicas, lo que estamos pidiendo es un Acuerdo que no contenga ninguna cláusula que viole la Constitución ni abra las puertas a la introducción de residuos nucleares”, agregó Villalonga. El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada en Australia por la empresa rionegrina INVAP de aceptar traer a la Argentina residuos radiactivos para ser tratados en nuestro país. Una coalición de más de 300 organizaciones de todo el país han expresado de manera conjunta que este Acuerdo abre las puertas a la basura nuclear australiana. Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y compromiso comercial, institucional o político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el articulo 41 de la Constitución nacional". 15/12/04 Buenos Aires - COP 10 / Acuerdo Nuclear: diputados cerca de aprobar ingreso de basura nuclear En estos momentos, los diputados nacionales quieren aprobar el ingreso de basura nuclear. Llamá ahora mismo a los siguientes legisladores: Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Oscar Camaño: 011.6310.7100 interno 3504 Presidente del bloque justicialista, José María Díaz Bancalari: 011.6310.7100 interno 3059 Diputado de la Nación Alberto Agustín Coto (PJ): 011.6310.7100 interno 3012 Diputado de la Nación Fernando Gustavo Chironi (UCR): 011.6310.7100 interno 2811 Diputado de la Nación Federico Pinedo (CC/Macri): 011.6310.7100 interno 2847 Diputado de la Nación Jorge Martín Arturo: 011.6310.7100 interno 3240 Para leer el texto completo ingresa a: www.greenpeace.org.ar COP 10 / ACUERDO NUCLEAR: DIPUTADOS CERCA DE APROBAR INGRESO DE BASURA NUCLEAR

INGRESO DE BASURA NUCLEAR A LA ARGENTINA: DIPUTADOS HABILITAN LA APROBACIÓN DE ACUERDO CON AUSTRALIA Al inicio del segmento ministerial de la Conferencia sobre Cambio Climático, el oficialismo habilitó la aprobación del cuestionado e inconstitucional Acuerdo Nuclear con Australia. BUENOS AIRES, 15 de diciembre de 2004.- Al mismo tiempo que el presidente Néstor Kirchner prestaba su discurso inaugural de la sesión ministerial de la Cumbre de Cambio Climático en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados los legisladores habilitaban el tratamiento en el recinto del polémico Acuerdo Nuclear con Australia, que implica el ingreso de residuos radiactivos a la Argentina. Este acuerdo, que lleva más de tres años de demoras en el Congreso, habilita la introducción de residuos nucleares de origen australiano a territorio nacional. Este aspecto es el origen de las polémicas y la fuerte oposición del ambientalismo argentino dado los riesgos que implica y por violar el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso de residuos nucleares al territorio argentino. "Es claramente una maniobra que ha procurado pasar desapercibida debido a la máxima atención que genera la COP10 entre las organizaciones ambientales argentinas y la prensa especializada", explicó Juan Carlos Villalonga, director de campañas de Greenpeace Argentina. "Esperamos que las diferentes opiniones que existen en el Congreso se expresen y no sean inhibidas por la disciplina partidaria y que los diputados actúen acorde a los opiniones que expresan individualmente y expresen la opinión contraria al Acuerdo que mayoritariamente sostiene la población a la que representan", manifestó el ambientalista. Las organizaciones no gubernamentales reunidas en la COP10 han reaccionado frente a esta maniobra y alertaron a la opinión pública de las intenciones de los diputados, básicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión presidido por el diputado nacional Jorge Arguello (PJ). Asimismo, el dictamen fue impulsado en la reunión conjunta por los diputados Alberto Coto (PJ), Fernando Chironi (UCR) y Federico Pinedo (macrista). "Es paradójico, cuando en la COP10 el Presidente afirmaba la necesidad de fortalecer el desarrollo de las energías limpias y renovables, el Parlamento intenta aprobar un Acuerdo que prepara a la Argentina para convertirse en procesador de residuos nucleares extranjeros", expresó Villalonga. "Es un disparate este Acuerdo: su Artículo 12 es inaceptable desde todo punto de vista, ninguna organización se opone a las exportaciones tecnológicas, lo que estamos pidiendo es un Acuerdo nuclear que no contenga ninguna cláusula que viole la Constitución ni abra las puertas a la introducción de residuos nucleares", agregó.

El acuerdo nuclear entre la Argentina y Australia respalda la promesa realizada en Australia por la empresa rionegrina INVAP de aceptar traer a la Argentina residuos radiactivos para ser tratados. Según un informe realizado por el constitucionalista Daniel Sabsay, el Acuerdo con Australia "infringe de manera palmaria y manifiesta el claro texto del artículo 41 de la Constitución nacional". Una coalición de más de 300 organizaciones de todo el país han expresado de manera conjunta este Acuerdo que abre las puertas a la basura nuclear australiana. Las organizaciones reclaman "la anulación de toda iniciativa y compromiso comercial, institucional o político, existente o proyectado, que tenga por objetivo el ingreso al territorio argentino de residuos radiactivos conforme lo establece el articulo 41 de la Constitución nacional". POR MAYOR INFORMACIÓN + Juan Carlos Villalonga (director de Campañas) 1551094166 + Mariana Walter (campaña de Energía) 1553695142 + Oscar Soria (director de Comunicación) 1554670694 + Gonzalo Girolami (coordinador de prensa) 1551090786 + Oficina de Prensa de Greenpeace 4962.0404 (internos 120 y 122) 14/12/04 Buenos Aires - COP10: Presentan libro sobre impacto ambiental de represas COP 10. Patrick Mc Cully, su autor, estará en Buenos Aires hasta el sábado Presentan libro sobre daños ambientales generados por represas "Las represas emiten gas metano y dióxido de carbono, dos de los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante toda su vida útil. Sin embargo los gobiernos suelen argumentar que se trata de obras amigables con la naturaleza. Eso es falso". Con estas palabras el escocés Patrick Mc Cully, autor del libro Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas, presentó en Buenos Aires su obra recientemente traducida al español. El libro fue editado por Jorge Cappato, director de la Fundación Proteger, con sede en Santa Fe, y presentado ayer en el Jardín Botánico de la ciudad, con al auspicio de la Coalición Ríos Vivos, el Taller Ecologista de Rosario y la Federación Amigos de la Tierra, Argentina, en el marco de las actividades paralelas a la COP 10 que 187 ONG´s ambientalistas realizan en la ciudad. McCully, es miembro de International Rivers Network (IRN) –Red de Ríos Internacionales, una ONG que trabaja para detener obras destructivas en los ríos y promover proyectos de desarrollo alternativos que permitan conservar la vida silvestre-, fue coeditor del conocido ¨The Ecologist¨, y ha escrito numerosos artículos sobre las represas, políticas de agua y energía, rol de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales y cambio climático. Es licenciado en Arqueología y Antropología, Universidad de Nottingham.

"La construcción de represas atrae jugosos subsidios del estado y eso es una razón para que se siga adelante con el mito de las bondades de este tipo de obras. Su vida útil es de no más de sesenta años pero los daños provocados en la naturaleza para construirlas son irreparables. A lo largo de toda su vida emitirán gases de efecto invernadero, en base a la masa vegetal que se deposita en los embalses y que libera dióxido de carbono y gas metano. Cuando se llenan las represas se inundan amplias superficies y la descomposición de los vegetales libera esos gases. Y por supuesto que es mucho más notorio en zonas subtropicales que en las frías. El efecto sobre el cambio climático es directo. Eso está demostrado en el estudio que se realizó en más de cuarenta represas de las 47 mil que existen en todo el mundo", indicó Mc Cully durante su conferencia ante un centenar de asistentes. "Si bien el auge de las represas se dio a mediados de la década de 1970 y ahora su pico máximo de construcción llega apenas a la mitad de aquellos años, existe de parte de los productores de estas mega obras un intento por volver a instalarse con fuerza, gracias a los millonarios subsidios que toman de los estados", aseguró el especialista. Junto a Mc Cully, participaron de la mesa el editor Jorge Cappato, Elba Stansich, del Taller Ecologista de Rosario y la mapuche Moira Millán. Stansich destacó la falacia de los funcionarios públicos planteando a las represas como "obras de orgullo nacional, sin observar que la energía generada es renovable pero no implica sustentabilidad. Estas obras nos dan energía durante algunos años al costo de destruir la naturaleza para siempre. Solamente la cuenca lata del Paraná tiene 43 represas", señaló Stansich. "Ahora los gobiernos de Argentina y Paraguay decidieron elevar la cota de Yacyretá de 76 a 83 metros con la excusa de que es necesaria más energía. Eso es una falacia y los daños seguirán: el presupuesto nacional 2005 aprobado por el Congreso ya destinó más de cien millones de los seiscientos necesarios para terminar la represa, y con la suba de la cota la inundación alcanzará a 57 mil hectárea más", aseguró. Stansich también denunció los intentos oficiales por reflotar la construcción de la represas de Corpus y Garaví, con Paraguay y Brasil respectivamente. Moira Millán, quien denunció el avance de los gobiernos nacional y provincial de Chubut para licitar y construir un grupo de seis represas sobre el río Carrenleufú, y cuyo principal interesado es el Grupo Santander de España, para abastecer de energía eléctrica a Chile y la planta de aluminio Aluar. Las consecuencias, según Millán, será el desalojo de las familias mapuches de la zona y la inundación de casi treinta mil hectáreas de valle chubutense. 14/12/04 Buenos Aires - COP10: Presentan plan pra desarrollar la energía eólica en dos años BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2004.- En el marco de la Cumbre Climática (COP10) que se desarrolla en Buenos Aires, la Cámara de Generadores Eólicos (CADGE) junto a Greenpeace y otras organizaciones presentaron un informe donde se propone el desarrollo de unos 300 MW de potencia eólica para el año 2007. "Este es un primer paso para que la

energía eólica despegue en Argentina y podamos desarrollar una industria local basada en esta fuente de energía limpia y renovable". "Lo que estamos presentando es un primer paso para que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales en materia de energías renovables", explicaron los autores de la propuesta. Argentina ha adoptado el compromiso de alcanzar de manera conjunta con los países de la región el 10% de su matriz energética en base a energías renovables y ha presentado este año el compromiso de alcanzar el 8% de la generación eléctrica en el 2013 en base a estas fuentes de energía. "Todavía esos compromisos no se traducen en políticas concretas", señaló Pablo Bertinat, del Taller Ecologista, una de las organizaciones que apoyaron la propuesta de la CADGE. Según el estudio es posible alcanzar la potencia de 300 MW de energía eólica tan sólo garantizando una remuneración para los aerogeneradores cuyos fondos pueden ser obtenidos del propio mercado eléctrico. "Por un lado, la actualización de la ley nacional eólica y por otro, estableciendo un aporte para el desarrollo eólico que puede surgir de la tarifa eléctrica con un impacto mínimo para los usuarios", explicó Fernando Petrucci, vocero de la CADGE. Los montos totales del aporte especial, presuponiendo una evolución de las tarifas del mercado eléctrico conservadoras, serían de un total de 300 millones de dólares a lo largo de 10 años. "Una cifra baja comparada con otras inversiones que el Estado planea realizar en el área energética", explicó Villalonga de Greenpeace Argentina. "Con ese aporte se obtienen los 300 MW y el despegue de una industria nacional que permitirá cumplir objetivos de crecimiento mucho más ambiciosos en los años siguientes". "El Gobierno debe establecer políticas sustentables congruentes con la preocupación de la población por el ambiente y el interés por las fuentes de energía limpia. Para el desarrollo de éstas, debe definirse un mercado que sea sustentable y atractivo para las inversiones." explicó Petrucci. Entre las medidas señaladas como claves por los autores del proyecto se destacan la garantía de compra de la energía producida por los aerogeneradores conectados a los mercados mayoristas o destinados a servicios públicos; la actualización de la Ley Nacional Eólica y las provinciales y, la medida esencial del programa, la introducción de un Aporte para el Desarrollo de la energía eólica que garantice una remuneración de US$ 70 por kWh durante un período de 10 años a partir de la puesta en marcha de los proyectos comprendidos en este Programa. "Argentina, que supo estar a la vanguardia de este desarrollo y que posee capacidades técnicas más que suficientes y recursos extraordinarios, ha quedado estancada en esta materia", agregaron los representantes de la industria eólica. "Es momento de recuperar el protagonismo en este rubro, es esencial para diversificar la matriz energética, mejorar en materia de

emisiones que afectan el clima y conservar recursos energéticos no renovables", señalaron los expertos. La CADGE nuclea a cooperativas eléctricas que operan generadores eólicos en unos 10 sitios diferentes en 5 provincias y a las empresas dedicadas a proveer de insumos y servicios al sector. 3/12/04 Buenos Aires - COP10: ONGs lanzan plataforma energética. Denuncian que la crisis energética fue producida por las empresas COP 10 / ONG´S LANZAN PLATAFORMA ENERGETICA Denuncian que la crisis energética fue producida por las empresas Buenos Aires, 11 de diciembre.- "Detrás la crisis energética regional estan los intereses de las empresas. No existe una cooperación regional en esta materia, sino una integración desde los negocios de las empresas", con estas palabras la chilena Sara Larraín, del Programa Cono Sur Sustentable, definió los actuales lineamientos que rigen las políticas energéticas regionales. "La crisis que padecimos recientemente es fruto de la falta de interés de parte de las empresas en los subsidios ofrecidos por los estados. No les alcanzan, necesitan seguir extrayendo fondos al estado y dejan caer las redes energéticas", agregó. Larraín planteó la necesidad de "utilizar la energía como motor del desarrollo y no apenas como un instrumento del mercado. La energía es un derecho de los pueblos y tenemos que ira hacia la idea de soberanía energética". Las definiciones de la ex candidata presidencial chilena en 1999, se dieron en el marco del lanzamiento de la propuesta de Plataforma energética regional, en el foro paralelo a la COP 10 que se desarrolla en Buenos Aires y que las ONG´s llevan adelante en el Hotel Bauen, de Capital Federal. A su turno, Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política de Chile, describió el concepto de "electricidad verde, como energía generada a partir de fuentes de energía renovables cuya producción ha sido realizada en forma sustentable" y explicó la experiencia que se lleva adelante en Chile a pocos kilómetros de la cuestionada Represa de Falco, en el alto Bio Bio, y destacó que los costos son más económicos de lo que muchos suponen, "si bien requieren de coordinación en los esfuerzos por instalar energía limpia". Ivonne Yanez, de Oil Watch, de Colombia, graficó las dificultades por las que atraviesan numerosas comunidades nativas en toda América del Sur sometidas al arbitrio de las compañías petroleras trasnacionales y en muchos casos la complicidad de los gobiernos. "Los diferentes Tratados de Libre Comercio se están convirtiendo en megaconstituciones que encierran legalmente a los gobiernos con cláusulas contrapuestas a las leyes nacionales", aseguró, antes de volver a plantear la moratoria petrolera, "una propuesta que ya hicimos en la COP 6, mucho antes del protocolo de Kyoto".

Hildebrando Velez, de CENSAT, Colombia, "destacó la necesidad de trabajar por una nueva institucionalidad basada en la fortaleza de los movimientos sociales para demostrar a los políticos que no podrán seguir gobernando si no se convierten en ambientalistas". El argentino Pablo Bertinat, de Taller Ecologista de Rosario, se mostró escéptico en relación a los anuncios del gobierno argentino poniendo en marcha la empresa estatal de energía Enarsa. "Queremos que la empresas de energía sean públicas, pero que tambien tengan una finalidad social y no apenas de mercado. Enarsa parece interesante, pero aún no se sabe cual será la política de la empresa", finalizó. El llamamiento a un Foro Social Energético, planteando los conceptos de soberanía y desarrollo sustentable en materia de energía para la región, fueron apoyados por los panelistas y el centenar de asistentes que siguieron con atención las exposiciones. 3/12/04 Buenos Aires - COP10: Las represas contribuyen al cambio climático COP10 Patrick M Cully disertó sobre represas en la Rural "Las represas emiten gases de efecto invernadero y afectan el cambio climático" Buenos Aires, 11 de diciembre.-"Aún persiste la creencia extendida de que las represas son amigables con el cambio climático. Sin embargo todos los casos estudiados indican que emiten Gas Efecto Invernadero (GEI) que provienen de la descomposición de los vegetales cuando se produce el llenado de la represa. En los primeros años esa emisión es más fuerte, 58 veces más que las producidas por las centrales de gas. Sin embargo, durante toda la vida útil de la represa habrá emisiones de gas metano y dióxido de carbono". De esta forma el escocés Patrick Mc Cully, un especialista en el estudio de las represas en todo el mundo y autor del libro Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas, explicó las consecuencias de estas obras de infraestructura. Agregó que el auge de estas mega obras se dio a mediados de 1970 y en todo el mundo hay actualmente 45 mil represas utilizadas por las centrales hidroeléctricas. "Si bien hoy están en descenso, siguen siendo negocio para las constructoras por los subsidios que obtienen de parte de los estados", aseguró. Mc Cully disertó en la noche del sábado como invitado del encuentro oficial de la COP 10 que se desarrolla en el predio de la Rural, en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Este lunes a las 14, Mc Cully brindará una conferencia en el aula magna de la Escuela de Jardinería en el Jardín Botánico Municipal, en la avenida Las Heras y Sarmiento, presentando la versión traducida al español de su libro Ríos Silenciados, cuya edición corrió por cuenta de Jorge Cappato. Junto a Mc Cully, estarán presentes Moira Millán, de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, amenazados por la construcción de una represa en el río Carrenleufú; el ingeniero Elías Díaz Peña, de la organización Sobrevivencia de Paraguay y especialista en represas en América del Sur; Elba Stansich,

directora del Taller Ecologista de Rosario, autora junto a Díaz Peña de varios documentos sobre las consecuencias socioambientales de la construcción de represas en América del Sur, y Jorge Cappato, editor del libro de Mc Cully y director de la Fundación Proteger. Organiza el encuentro la Federación Amigos de la Tierra, Argentina. 3/12/04 Argentina: Ambientalistas reclaman al gobierno nacional un inmediato cambio de la política energética: "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso" Ambientalistas reclaman al gobierno nacional un inmediato cambio de la política energética: "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso" Más de cien organizaciones ambientalistas nucleadas en el "Foro del Buen Ayre" le reclamaron al Gobierno Nacional que deje atrás "el doble discurso" y adopte en forma "inmediata" un cambio en su política energética. BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2004 - Las entidades hicieron público este reclamo en vísperas de la apertura de la X Reunión de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP 10), que sesionará en Buenos Aires a partir del próximo lunes. En particular, las ONG criticaron la política gubernamental enfocada "en una mayor dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear sin políticas activas para desarrollar las energías limpias". Al mismo tiempo, denunciaron -en un documento conjunto distribuido esta semana- que "la inacción del Gobierno para detener la deforestación en el Noroeste del país que incrementa notablemente las emisiones que afectan el clima". "Necesitamos una política firme de desarrollo de las energías renovables", reclamaron las organizaciones en el documento emitido por el "Foro del Buen Ayre", coalición de más de 100 organizaciones que siguen las negociaciones sobre el cambio climático. "Se debe comenzar hoy por ratificar en el parlamento las metas para el desarrollo de las energías renovables ya comprometidas ante la región y el mundo, y asumir una política integral de apoyo al desarrollo de nuevas fuentes renovables", señaló el documento emitido por las ONG. Además, las organizaciones sostuvieron que "el Gobierno no puede continuar con un doble discurso en el que asume la adopción de metas en renovables ante la comunidad internacional y promueve una agenda local basada en los combustibles fósiles". El documento elaborado por las organizaciones nacionales que participarán de la Cumbre Climática en Buenos Aires señalaron la necesidad de activar el desarrollo de las energías renovables en la Argentina y criticaron la intención oficial de concluir la central nuclear de Atucha II señalando que no se trata de "energía limpia". En este sentido, reclamaron que el país

abandone "su apuesta energética a la energía nuclear y se debe abocar al desarrollo del enorme potencial que posee para las energías renovables". Las organizaciones también pusieron el acento en uno de los temas candentes de la agenda ambiental nacional, los desmontes de bosque nativo en el noroeste del país, ya que este proceso representa un aumento significativo de emisiones de gases que provocan el calentamiento global. "Se deben detener inmediatamente los desmontes y procurar que las provincias que hoy los sufren establezcan, urgentemente, con la participación de la sociedad civil, planes de ordenamiento territorial que aseguren la preservación de los bosques nativos, su biodiversidad y el uso del suelo con criterios de sustentabilidad". "Estamos señalando que el país no está adoptando políticas acordes a sus compromisos en materia climática", explicó Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina. "Debemos entender que tenemos muy poco tiempo para cambiar una peligrosa tendencia que nos lleva a que el cambio climático sea catastrófico y para revertir esa tendencia todos los países deben actuar responsablemente, agregó Villalonga". La COP10, que se realizará en Buenos Aires desde el 6 al 17 de diciembre, se ha convertido en una reunión que ha despertado grandes expectativas dada la reciente ratificación de Rusia al Protocolo de Kioto. A partir de la ratificación de Rusia, el Protocolo entrará en vigencia en el próximo mes de febrero. Los ambientalistas consideraron "muy positiva" la entrada en vigencia del Protocolo y expresaron su deseo de que "en Buenos Aires se den los pasos necesarios para su eficaz implementación a fin de generar una fuerte presión sobre Estados Unidos para que se una al Protocolo lo antes posible". Estados Unidos, el mayor emisor de gases que provocan el calentamiento global, no ha ratificado aún dicho acuerdo internacional. Las organizaciones argentinas señalaron que el Protocolo de Kioto establece metas de reducción muy limitadas: "sólo estamos dando un pequeño primer paso que deberá ser profundizado en los años venideros". El Protocolo de Kioto establece una meta de reducción del 5,2% de las emisiones de los países industrializados para el período 2008-2012 en relación a las emisiones del año 1990. En los próximos años se deberá negociar las nuevas metas de reducción a aplicarse para la segunda década de este siglo. "Esperamos que en Buenos Aires se inicien las negociaciones que conduzcan a la definición de las pautas que deberán cumplirse en el Segundo Período de Compromiso. Período en que deberán establecerse nuevas metas de reducción para el mundo industrializado y la incorporación de nuevos países en el sistema de reducción de emisiones", expresaron las ONGs argentinas.

Según el vocero de Greenpeace, "desde una perspectiva moral, legal y práctica, los costos iniciales de la reducción de emisiones deben recaer en los países industrializados. Se requieren reducciones de al menos el 30% en relación con los niveles del año 1990 (año base de referencia elegido en el Protocolo de Kioto) para el 2020 en los países industrializados, con metas de reducción de al menos el 75% para mediados de siglo". En tanto que, globalmente, según señala Greenpeace, "necesitamos llevar el total de emisiones a los niveles del año 1990 para el año 2020 y luego reducirlos en un 50% para mediados del siglo. Esto significa que economías que hoy tienen una rápida industrialización como China, india, México, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Malasia y otros, como Argentina, necesitan reducir sus emisiones pronto". Actividades del Taller Ecologista y otras organizaciones dentro de la COP10

28/11/04 Entre Ríos: Reflotar Paraná Medio es una iniciativa suicida e ignorante "Reflotar Paraná Medio es una iniciativa suicida e ignorante" El Foro Ecologista de Paraná señaló que los funcionarios que intenten reactivar proyectos que han sido rechazados por la sociedad civil en su conjunto porque ponen en peligro, directamente, la continuidad de la vida en la región, "deberán pagar el más alto costo político por su traición e irresponsabilidad", y pidió al gobernador un posicionamiento "fuerte y claro" frente a la iniciativa correntina de reflotar el proyecto de construcción de la represa Paraná Medio El subsecretario de Asuntos Municipales de Corrientes, Rodolfo Fernández, anunció a la prensa que esta semana elevará al ministerio de Obras y Servicios Públicos de esa provincia una iniciativa para reflotar el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Paraná Medio. Según informó el diario digital correntino Momarandú, medio de consulta en temas políticos, Fernández ya inició conversaciones sobre el tema con su par de la provincia del Chaco, Sergio Vallejos. A raíz de los anuncios de Fernández, que en sus declaraciones atribuyó al "fundamentalismo ecológico" la interrupción del proyecto, el Foro Ecologista de Paraná señaló que "existiendo una ley antirepresas en Entre Ríos, esto constituye una insolencia política y una puesta en escena de la más absoluta prepotencia. El estilo que Fernández impone a su decir es el mismo que los funcionarios e ideólogos del hemisferio norte utilizan para anunciar, como lo han hecho, que están en un proceso de erradicación y traslado de industrias sucias a tierras lejanas. Sólo que en el caso del funcionario correntino, esto involucra, además, la invasión y el desconocimiento del territorio y los procesos históricos entrerrianos". La iniciativa de construcción de la represa Paraná Medio, que tiene antecedentes desde la década del 80, fue frenada en 1997 cuando la legislatura de Entre Ríos impidió por ley la construcción de represas en todo

el territorio provincial. La propagación de enfermedades endémicas – esquistosomiasis, malaria, cólera y dengue, entre otras–, la pérdida de grandes extensiones de tierra y ecosistemas únicos en el mundo y el desalojo de grandes cantidades de población fueron, entre otros, los motivos que llevaron a la sociedad civil en general y a las organizaciones ambientalistas en particular a oponer un rechazo categórico al proyecto. "Resulta más seria aún la ignorancia de la propuesta teniendo en cuenta que no sólo ya no se construyen represas en los ríos de llanuras a causa de los resultados de destrucción y altísimos costos de reparación al entorno que han provocado, si no que a las ya construidas, en los llamados países del primer mundo, hoy se les anuncian procesos de desmantelamiento", señaló la ong local. "Estos funcionarios están decidiendo la suerte de pueblos enteros desde una pobrísima intelectualidad y una exagerada ignorancia", indicó el Foro, y advirtió que Fernández, "lo mismo que cualquier otro funcionario al que se le ocurra impulsar proyectos que han sido rechazados por la sociedad civil en su conjunto porque ponen en peligro, directamente, la continuidad de la vida en la región, tendrán que pagar el más alto costo político por su traición e irresponsabilidad". En este sentido, desde la organización ecologista se señaló que "deberían existir mecanismos institucionales que responsabilicen estos desatinos, sobre todo cuando involucran semejantes costos socioculturales y ambienatales. Estamos hablando de potenciales eliminaciones masivas de poblaciones y de sus condiciones de vida en estos lugares del mundo, con el sólo fin de producir energía para alimentar a los procesos de traslado de la industria sucia anunciados a comienzo de la década del 90". Finalmente, el Foro Ecologista de Paraná recordó que "el mundo discute hoy mucho más donde y cómo va a ser posible la vida que la dimensión de las ganancias, porque el mundo hoy sabe como nunca que la fragilidad sobre la que se sostiene puede estar llegando a sus límites", y solicitó al gobernador de la provincia, Jorge Busti, una posición "clara y fuerte" respecto a las declaraciones públicas del funcionario correntino.

27/11/04 Misiones: Proyecto de ley contra transgénicos PROVINCIA DE MISIONES CAMARA DE REPRESENTANTES PROYECTO DE LEY LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY Artículo 1: Prohíbese en todo el territorio de la provincia de Misiones la producción, venta y/o comercialización de todo tipo de productos transgénicos u OGM (Organismos Genéticamente Modificados). Artículo 2: A los efectos del cumplimiento de la presente Ley

entiéndase por transgènicos u organismos genéticamente modificados a los alimentos elaborados mediante técnicas de ingeniería genética, con materia prima vegetales o animales genéticamente modificados. Artículo 3: Se consideran productos genéticamente modificados a las semillas, plantas, productos en las góndolas, productos de laboratorio para farmacología, animales para consumo humano o transplantes e insecticidas (BT Bacilus Turigiencis). Artículo 4: Dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo Provincial convocará a todos los sectores de producción y de conservación del Medio Ambiente de la provincia para que fijen los criterios por los cuales se reglamentará la presente ley y determinarán la Autoridad de Aplicación de la misma.(1) Artículo 5: La autoridad de aplicación de la presente ley, en un plazo no mayor de 30 días de la reglamentación de sus funciones, deberá establecer las estrategias, los canales de denuncia ecológica que lleven a la protección efectiva de las familias rurales y urbanas de la provincia, como así también las estrategias de producción en un marco autosustentable. Artículo 6: la Autoridad de Aplicación de la presente ley establecerá, clarificará y determinará un régimen de responsabilidades y sanciones para los productores, vendedores y comercializadores de los productos Transgénicos u OGM, que no cumplan con los requisitos impuestos por la presente, como así también establecerá mecanismos de resolución de controversias que protejan efectivamente los derechos de las familias rurales y consumidores afectados. Estos mecanismos deberán cubrir responsabilidades por daños ambientales, socioeconómicos y culturales.(2) Artículo 7: De forma. FUNDAMENTOS Señor Presidente: Los alimentos genéticamente modificados son organismos que han sido manipulados en laboratorio para modificar algunas de sus características específicas: así trans-gen es cuando se transfiere al ADN de un organismo un gen de otro organismo de su misma especie o distinta no emparentada, lo que implica que desarrollan particularidades que no presentarían habitual o normalmente, y a partir de éstos nuevos organismos se elaboran alimentos transgénicos, los que se pueden clasificar en tres grupos: * Organismos sometidos a ingeniería genética que se pueden utilizar como alimentos. * Alimentos que contienen un aditivo derivado de un organismo sometido a ingeniería genética. * Alimentos que se han elaborado utilizando un producto auxiliar sometido a ingeniería genética para el procesamiento (enzima).

A través de la historia el hombre ha utilizado la biotecnología para producir sus alimentos, desde la elaboración del pan hasta la producción de bebidas alcohólicas. La biotecnología implica utilizar microorganismos para realizar la función de fermentación, es decir, utilizar un hongo (levadura) o una

bacteria para que un producto natural se transforme, previa fermentación, en otro producto natural nuevo, como por ejemplo el pan, el yogurt, el vino. Esto es cultura y propiedad de los campesinos. Sin embargo, hablar de la biotecnología actual es hablar de una variedad de técnicas derivadas de la biotecnología molecular y celular, la que tiene su nacimiento en 1953 cuando Watson y Crack descubrieron la estructura del ácido desoxiribonucleico (ADN) que contiene el código genético de todos los seres vivos. Apenas 40 años después, en l993 se libera el primer organismo transgénico de consumo humano, conocido como tomate LV (Larga Vida) Luego de esto, comienzan a ingresar al mercado maíz, soja, algodón, papa, etc , con diversas modificaciones y atributos genéticos por especie. Esto no es cultura ni propiedad de los campesinos. Hoy la población consume muchos alimentos sin la protección suficiente ya que se carece de instrumentos de regulación adecuados, sin que se adopten resguardos preventivos necesarios que aseguren el acceso a la información apropiada sobre los alimentos a los que accede la población. Actualmente existen en comercialización o en procesos de desarrollo vegetales modificados para: a) Que tengan una vida comercial más larga. b) Que resistan condiciones ambientales agresivas como heladas, sequías, suelos salinos etc. c) Que resistan la aplicación de herbicidas. d) Que resistan enfermedades. e) Que tengan una mayor cualidad nutritiva. En el contexto de una controversia internacional sobre los riesgos sanitarios del consumo humano de alimentos transgénicos, agudizada al máximo por la confirmación y en muchos aspectos la multiplicación de preocupaciones científicas al respecto, que en Argentina, segundo productor mundial de cultivos genéticamente modificados , la mayoría de los alimentos procesados disponible en supermercados contenga ingredientes de soja tolerante al glifosato y que los excedentes de la actual cosecha récord de esta leguminosa transgénica se repartan caritativamente a millones de habitantes empobrecidos y hambrientos, constituyen hechos sumamente cuestionables desde los puntos de vista nutricional, toxicológico, epidemiológico, ecológico, político y cultural, ya que sus consecuencias podrían comprometer la salud de las actuales y futuras generaciones de argentinos. Pese al cúmulo de anuncios en los medios masivos y las revistas científicas que garantizan que "todo está bien" con la revolución biotecnológica, creemos que este caso ilustra perfectamente la forma en que las empresas promueven el uso de tecnologías pobremente experimentadas e inadecuadamente investigadas, insistiendo en que nos corresponde al resto probar que son peligrosas antes de poder frenarlas. Simultáneamente, estas corporaciones también rehúsan asumir responsabilidades, de modo que si terminan resultando ser peligrosas, será otro el que tenga que pagar los costos de reparación. Pero así como la sociedad no requiere un defensor para probar su inocencia, tampoco debe exigirse que sean los detractores de una tecnología que tengan que probar que es nociva.

Es a los que quieren introducir algo nuevo a quienes corresponde probar que es seguro, y no con certeza sino por encima de toda duda razonable. Las empresas aseveran haber comprobado que el consumo humano de alimentos derivados de cultivos modificados mediante ingeniería genética es seguro, cuando en realidad, lo que hicieron es fracasar en probar que es inseguro, En realidad no les interesa probarlo. Debemos agregar que la enorme difusión local del cultivo de soja RR convirtió al glifosato en el herbicida más vendido del país, hecho adicionalmente inquietante, ya que recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes refutan su "benignidad toxicológica". Sabemos que son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. Pero también sabemos que los inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para su registro y aprobación fueron procesados legalmente por incurrir en prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos, omisión de informes sobre defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos. Por lo tanto, la información existente respecto de la concentración residual de glifosato de alimentos y sus impactos sanitarios es poco confiable y sumamente escasa. Exponer a la población misionera (argentina) a los efectos nocivos de este herbicida constituye una grave irresponsabilidad, ya que los estudios de toxicidad citados revelaron efectos adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad sub-aguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas machos y de cáncer tiroideo en hembras). Pero como si ello no bastara, a semejante desafío epidemiológico ahora se suma la constatación de que el alerta sanitario emitido recientemente por la OMS respecto de la presencia de archilamida tóxica en alimentos está relacionado causalmente con el glifosato. El hallazgo tuvo una repercusión masiva porque la archilamida es un potente tóxico neural en humanos y también afecta la función reproductiva masculina y causa malformaciones congénitas y cáncer en animales. Las evidencias parecen indicar con precisión que la acrilamida es liberada por la poliacrilamida ambiental, cuya fuente principal se halla en las fórmulas herbicidas en base a glifosato. La cocción de vegetales que han estado expuestos al glifosato utilizado en cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas, o usados durante la preparación del suelo en cultivos convencionales resultaría en una adicional liberación de archilamida. Debemos realizar además unas pocas consideraciones éticas con respecto a la producción de alimentos transgénicos: Siempre que los cultivos transgénicos sigan estrechamente el paradigma de los pesticidas, los productos biotecnológicos reforzaran el espiral de los pesticidas en los agroecositemas, legitimando así las preocupaciones que tantos científicos

han expresado con respecto a los posibles riesgos medioambientales de organismos genéticamente modificados. De acuerdo a varios autores, los riesgos ecológicos más serios que presenta el uso comercial de cultivos transgénicos son (Rissler y Mellon 1996; Krimsky y Wrubel 1996): “La expansión de los cultivos transgénicos amenaza la diversidad genética por la simplificación de los sistemas de cultivos y la promoción de la erosión genética; “La potencial transferencia de genes de Cultivos Resistentes a Herbicidas (CRHs) a variedades silvestres o parientes semidomesticados pueden crear supermalezas; “CRHs voluntarios se transformarían subsecuentemente en malezas; “El traslado horizontal vector-mediado de genes y la recombinación para crear nuevas razas patogénicas de bacteria; “Recombinación de vectores que generan variedades del virus mas nocivas, sobre todo en plantas transgénicas diseñadas para resistencia viral en base a genes vírales; “Las plagas de insectos desarrollarán rápidamente resistencia a los cultivos que contienen la toxina de Bt; “El uso masivo de la toxina de Bt en cultivos puede desencadenar interacciones potencialmente negativas que afecten procesos ecológicos y a organismos benéficos. De todos modos, está al alcance de los señores legisladores conocer lo que cualquier ciudadano MEDIANAMENTE INFORMADO puede entender: depender de los monocultivos genéticamente modificados puede acarrear la ruina a miles de personas y alterar desastrosamente la economía de un país: “…en el agro, el futuro ya no es lo que era …mientras la soja, que en abril había superado los 10 dólares el bushel (equivalente a 360 dólares la tonelada) ahora está en 5,50'. Una caída del 50 %. El maíz cayó casi en la misma proporción. La única razón por la que los mercados podrían recuperarse es la que menos se desea: que la sequía en Sudamérica lleve al Departamento de Agricultura de los E:E:U:U a bajar sus estimaciones sobre la cosecha del MERCOSUR. Así, habrá precio, pero no producción. A los botes" Los cultivos modificados genéticamente fabricados por las grandes compañías plantean riesgos ecológicos graves. Cultivos como la soja Roundup Ready de Monsanto, diseñada para ser resistente a los herbicidas, comportan la destrucción de la biodiversidad y el incremento en el uso de productos agroquímicos. También pueden crear "superhierbas", altamente invasivas, al transferirse hacia otras malas hierbas los genes de la resistencia a los herbicidas. Los cultivos diseñados para ser fábricas de pesticidas, modificados genéticamente para producir toxinas y venenos a partir de genes extraídos de bacterias, escorpiones, serpientes y avispas, pueden ser una amenaza para especies que no constituyen plaga alguna y

pueden contribuir a que las propias plagas se vuelvan resistentes, con lo cual se crearían "superplagas". Con cada aplicación de la ingeniería genética se roba comida a otras especies con el fin de maximizar los beneficios empresariales. Para asegurarse patentes sobre formas de vida y recursos vivos, las grandes compañías se ven obligadas a reclamar las semillas y las plantas como "invenciones" suyas, y por consiguiente, como algo de su propiedad. Así, compañías como Cargill y Monsanto consideran que tanto el tejido de la vida como los ciclos de renovación de la naturaleza suponen un "robo" de su propiedad. Durante el debate que suscitó la entrada de Cargill en la India en 1992. El presidente de Cargill afirmò :"A los agricultores indios les traemos tecnologías inteligentes, que impiden que las abejas les usurpen el polen" (Entrevista a John Hamilton, Sunday Observer, 9 de mayo de l993) Durante las negociaciones del Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas, Monsanto distribuyó folletos en los que se afirmaba que "las malas hierbas roban la luz del sol" (Hendrik Verfaillie, discurso pronunciado en el "Forum on Natures and Human Society", Washington, DC, Nacional Academy of Sciences, 30 de octubre de l997) Una visión del mundo en la que se define la polinización como "un robo por parte de las abejas" y en la que se afirma que las plantas "roban" la luz del sol está destinada a robar de la naturaleza sustituyendo variedades abiertas y polinizadas por híbridos y semillas estériles, y destruyendo la flora biodiversa con herbicidas como el Roundup de Monsanto. A fines de los 80, una publicación de Monsanto indicaba que la biotecnología revolucionaría la agricultura en el futuro con productos basados en los métodos propios de la naturaleza, haciendo que el sistema agrícola sea más amigable para el medio ambiente y más provechoso para el agricultor (OTA, 1992). Más aún, se proporcionarían plantas con defensas genéticas autoincorporadas contra insectos y patógenos. Desde entonces, muchas otros han prometido varias otras recompensas que la biotecnología puede brindar a través del mejoramiento de cultivos. El dilema ético es que muchas de estas promesas son infundadas y muchas de las ventajas o beneficios de la biotecnología no han podido o no han sido hechos realidad. Aunque es claro que la biotecnología puede ayudar a mejorar la agricultura, dada su actual orientación, la biotecnología promete mas bien daños al medio ambiente, una mayor industrialización de la agricultura y una intrusión mas profunda de intereses privados en la investigación del sector público. Hasta ahora la dominación económica y política de las corporaciones multinacionales en la agenda de desarrollo agrícola ha tenido éxito a expensas de los intereses de los consumidores, campesinos, pequeñas fincas familiares, la vida silvestre y el medio ambiente. Es urgente para la sociedad civil tener y una mayor participación en las decisiones tecnológicas para que el dominio que ejercen los intereses corporativos sobre la investigación científica sea balanceado por un control público más estricto. Las organizaciones públicas nacionales e internacionales tales como FAO, CGIAR, etc., tendrán que monitorear y controlar que los conocimientos aplicados no sean propiedad del sector privado para proteger que tal conocimiento continúe en el dominio público para beneficio de las sociedades rurales. Debe desarrollarse regímenes de regulación controlados públicamente y emplearlos para monitorear y

evaluar los riesgos sociales y ambientales de los productos de la biotecnología (Webber, 1990). Debemos asegurar que las alternativas agroecológicas no sean ignoradas y que sólo se investiguen y desarrollen aspectos biotecnológicos ecológicamente aceptables. Ha llegado el momento de enfrentar efectivamente el reto y la realidad de la ingeniería genética. Como ha sido con los pesticidas, las compañías de biotecnología deben sentir el impacto de los movimientos ambientalistas, laborales y campesinos de modo que reorienten su trabajo para el beneficio de toda la sociedad y la naturaleza. El futuro de la investigación con base en la biotecnología estará determinado por relaciones de poder y no hay razón para que los agricultores y el pueblo en general, si se le da suficiente poder, no puedan influir en la dirección de la biotecnología a fin de que cumpla con las metas de sostenibilidad de la biodiversidad, de respeto a las culturas agrícolas. Finalizando, en una provincia como la nuestra, con la biodiversidad más grande de la república, los transgénicos representan una amenaza a nuestro sistema de vida, a nuestras características, a nuestra propia razón de ser, toda vez que, como se desprende de lo expuesto precedentemente NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGUNA CERTEZA DE LA SUPUESTA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS TRANSGENICOS. Se argumentaba, hasta la aparición de las "vacas locas" que no existía el menor riesgo en el traspaso de una especie a otra; el mal mutó de ovejas a vacas, y de vacas a seres humanos. Debemos exigir, y por nuestra descendencia tenemos la obligación de exigir ser informados exactamente de los riesgos que corremos al utilizar productos que contienen transgénicos. Hemos propiciado, y ésta Honorable Cámara ha aprobado un proyecto de resolución que requiere a los señores legisladores por Misiones el impulso de una ley que establezca la obligatoriedad de indicar en, por lo menos un 25 % del etiquetado, el carácter de "transgénico" de los productos elaborados con estos elementos, y, acorde con nuestro pensamiento, y en salvaguarda de futuras generaciones de misioneros, que esperamos no sufran las malformaciones que padecen quienes han estado expuestos a los químicos utilizados para combatir las plagas del tabaco lo siguiente: Las grandes compañías que promueven la ingeniería genética roban especies a la cosecha de la naturaleza, ya sea mediante la destrucción deliberada de la biodiversidad o mediante la contaminación biológica involuntaria de especies y ecosistemas . Roban alimentos saludables y nutritivos a la cosecha global y les roban conocimientos a los ciudadanos al ahogar a la ciencia independiente y negarles a los consumidores el derecho a saber que hay en su comida. Debo cerrar la fundamentación de este proyecto, haciendo mías las palabras de un pensador que, respecto de la tecnología TERMINATOR incorporada a los transgénicos, dijo: "Nunca antes ha creado el hombre un plan tan insidiosamente peligroso, de tan gran alcance y potencialmente tan "perfecto" para controlar los medios de vida, el suministro de comida, e incluso, la supervivencia de todos los seres humanos del planeta. De un solo y descarado plumazo, el hombre habrá roto irremediablemente el ciclo planta-semilla-planta-semilla, el ciclo que sustenta la mayor parte de la vida que hay en el planeta. No habrá semillas, no habrá comida a menos que

compres más semillas. La tecnología terminator es científicamente brillante y, posiblemente, un "buen negocio", pero ha cruzado la línea, la tenue línea que separa el genio de la locura. Es una mala y peligrosa idea que debería estar prohibida y punto. Por todo lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis pares para el presente proyecto. (1) Sectores involucrados: INTA, RAOM, Ministerio del Agro y la Producción, Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables, y Turismo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Cultura y Educación, Asociación de Ferias Francas, Grupo de Productores Organizados (Programa Social Agropecuario y PROINDER) Iglesias, Indes. (2) Se refiere en que marco deberán pagar los daños en cuanto a desequilibrio ambiental, social y cultural, establecer la responsabilidad jurídica o por daños. (3) Héctor Huergo - En el agro el futuro ya no es lo que era- Diario Clarín, pag 25, jueves 7 de octubre de 2004. (4) Vandana Shiva, Cosecha Robada - El secuestro del suministro mundial de alimentos - pags 29, 30 Editorial Paidos. (5) Vandana Shiva,op cit, Ingeniería Genética y Seguridad Alimentaria, pag 119. (6) Geri Guidetti, The Ark Institute, Oxford, 1998, op cit, pags 104,105. 16/11/04 Chubut: Mapuche rechazan represas en la Patagonia LA ELENA. EL RALKO DE PUELMAPU, ARGENTINA. A los pu weichafe, a los luchadores sociales; A los pu kona, a los guerreros de la tierra; A los pu wenuy, a los amigos; A todos los hombres y mujeres que al igual que nosotros desean preservar la vida, los distintos modos de vida; URGENTE. Pedimos solidaridad para evitar el homicidio de nuestro hermano. NOSOTROS, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE PILLÁN MAHUIZA, EN CORCOVADO, PROVINCIA DE CHUBUT, DENUNCIAMOS LA AMENAZA DE MUERTE QUE RECAE SOBRE NUESTRO HERMANO DE EXISTENCIA MILENARIA LLAMADO RÍO CARRENLEUFÚ, CONOCIDO TAMBIÉN COMO RÍO CORCOVADO. El gobierno de la provincia de Chubut ha anunciado que antes del primer semestre del próximo año se licitará la obra de construcción del Sistema Uno, ¨La Elena¨, integrada por tres represas. Luego se licitará la obra del Carrenleufú, Sistema Dos, integrada por otras tres represas y un dique, asesinando de este modo a toda la cuenca del río. Nuestra comunidad está enclavada a sólo tres kilómetros de uno de los cierres. De hacerse las represas quedaremos sesenta metros bajo el agua. Además también inundarán más de once mil hectáreas de tierras, las cuales, en gran medida, corresponden a bosques nativos. Para poder realizar todo este tipo de atropellos, deberán desalojarnos.

Nos negamos terminantemente a salir de nuestro territorio. Nos negamos a permitir semejante crimen contra la naturaleza. Sabemos que el grupo empresarial Santander, español, accionista de ALUAR, está detrás de esta obra. Al igual que en la Gulumapu, Chile, los españoles aparecen nuevamente en escena, succionándonos, saqueándonos. Ayer fue Ralko, en el Bío Bío, hoy La Elena, en el Carrenleufú. Nuestros principios mapuches nos dicen que debemos preservar nuestra relación circular y armónica con la naturaleza, ya que somos un todo indivisible. Cada vez que se pierde un elemento de la naturaleza, se pierde con él, un elemento de nuestra cultura. Desde el poder, se le dice al pueblo que las represas atenuarán la crisis energética en Argentina. Sin embargo las contradicciones afloran, ya que completan el discurso diciendo que la energía irá a parar a manos de ALUAR, ya que la ampliación de sus instalaciones, significará más consumo de energía. Especialistas en el tema nos han informado que suficientes represas producen ya suficiente energía para enfrentar la crisis. El problema de la crisis energética no se soluciona asesinando más ríos, sino siendo el pueblo argentino soberano en el control energético, es decir, terminando de una vez y para siempre con el monopolio de las corporaciones que abren y cierran el grifo de acuerdo a sus mezquinos intereses especulativos. Los mapuches, guardianes de la vida, defensores de la tierra, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la preservación de la diversidad biológica y cultural de Puelmapu, territorio. En Buenos Aires del 6 al 17 de diciembre se reunirá La Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático del Convenio Marco de las Naciones Unidas. Sin la presión popular, la reunión podría centrarse mayormente en la búsqueda de más fórmulas para hacer dinero. En ese encuentro, muchos sectores, desde gobiernos hasta grandes corporaciones, buscarán promover a los grandes proyectos hidroeléctricos como formas de ¨desarrollo limpio¨, a pesar de los terribles impactos sobre bosques y comunidades desplazadas. En esos días, el río bajará de la montaña y llegará a las calles de Buenos Aires, para defender la existencia milenaria del Río Carrenleufú, para que siga corriendo libremente. Necesitamos la solidaridad activa de todos los argentinos para evitar la construcción de este megaproyecto, que trae aparejados consigo desalojos, destrucción y muerte. Desde la cordillera sur, Por Justicia, Vida y Libertad. Marici Weu!!! Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza. Frente en Defensa del Río Carrenleufú/Corcovado Contacto: 02945-15-692319 [email protected] [email protected]

8/11/04 Buenos Aires: Aborígenes ecuatorianos denuncian a una empresa petrolera argentina DIARIO PAGINA 12 - 06/11/2004 http://www.pagina12web.com.ar/diario/sociedad/3-43277-2004-11-06.html Aborígenes ecuatorianos denuncian a una empresa petrolera argentina Acusan a la Compañía General de Combustibles, que explora sus tierras con apoyo militar, por violaciones a los DD.HH. Por Pedro Lipcovich Una empresa petrolera argentina está acusada de gravísimas violaciones a los derechos de pueblos indígenas ecuatorianos. Una delegación de estos pueblos, respaldada por organismos internacionales de derechos humanos, está en Buenos Aires para sostener su reclamo. La compañía obtuvo autorización del gobierno de Ecuador para explotar el subsuelo en tierras que son propiedad legal de estas comunidades, adonde entró con apoyo del ejército de ese país. Los pueblos respondieron mediante una elaborada estrategia política que, en el plano nacional, obtuvo el apoyo de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas y, en el plano internacional, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En sus tierras, desarrollan una prolongada resistencia civil, en cuyo curso, según denuncian, "empleados de la petrolera argentina retuvieron y torturaron durante 24 horas a cuatro jóvenes". Mujeres del pueblo quichua de Sarayaku se enfrentaron a efectivos del ejército de Ecuador y les arrebataron sus armas, en una acción que terminó de instalar el tema a nivel nacional. En Buenos Aires, los representantes indígenas fueron recibidos por el vicecanciller y dejaron este mensaje: "El gobierno argentino debe dejar claro que no admite políticas de violación a los derechos humanos en otros países, tampoco si son promovidas por empresas argentinas". En la tarde de ayer, Marlon Santi, presidente del pueblo quichua de Sarayaku, vistió su llautu, la corona de plumas ceremonial, para recibir a delegados de pueblos indígenas argentinos, a quienes narró su lucha. En 1996, el gobierno de Ecuador había autorizado a la Compañía General de Combustibles (CGC) -empresa argentina, integrante del grupo Santiago Soldati- la explotación petrolera en tierras que pertenecen legalmente a los pueblos de Sarayaku y de Achuar. En 2001, la empresa inició actividades de exploración y "desde 2002 hubo enfrentamientos fuertes -contó Santi-. Sabíamos que si nos levantábamos, íbamos a enfrentarnos con el ejército. Se nos ocurrió hacer campamentos de paz en los límites de nuestras tierras: allí fueron hombres, mujeres y niños; sólo los ancianos quedaron como apoyo logístico, cuidando las huertas y enviando alimentos". En ese conflicto se produjeron "graves violaciones a los derechos humanos", según denunció Mario Melo, representante jurídico de estos pueblos y del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CEDS), quien, junto con Kenny Bruno, de Earth Rights International, acompaña a los representantes indígenas. La violación más destacada "se produjo a principios de 2003, cuando patrullas militares que protegían a la CGC

detuvieron a cuatro jóvenes que resguardaban el territorio y los entregaron a empleados de esa empresa". Estos, "incluyendo a un ingeniero argentino, torturaron un día entero a los jóvenes: los golpearon y los amarraron junto a un hormiguero, en la selva, para que los picaran las hormigas", según Melo. Poco después, en contrapartida, un grupo de mujeres del pueblo indígena avanzó sobre una patrulla del ejército ecuatoriano. Los militares vacilaron. "Si mataban a esas mujeres -comentó Santi-, el gobierno hubiera sufrido un grave impacto en los medios." Las mujeres se aferraron a las armas que empuñaban los militares y se las quitaron. No para usarlas, sino para devolverlas después. "Los militares querían que las devolviéramos sin testigos pero convocamos a toda la prensa del Ecuador." También enfrentaron un arma quizá más poderosa: "Representantes de la CGC nos ofrecían dinero: 60 mil dólares para los dirigentes, 700 mil para el pueblo, pero la tierra no se puede vender; la tierra no es para negocio", afirmó Santi. A esa altura, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) había dado su apoyo al principio que Milton Callera, presidente del pueblo Achuar, definió como "no admitir ninguna explotación sin consentimiento de los pueblos". La lucha se desarrolló en lo que Santi define como "tres frentes: la resistencia en el territorio, la acción en las ciudades y la acción ante organismos internacionales".Ya en mayo de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares "requiriendo que el gobierno ecuatoriano garantizara la integridad del territorio de estos pueblos y las vidas de sus líderes", contó Melo. Lo de las vidas tenía que ver con que "cuando, en pleno aeropuerto de Quito, el presidente del pueblo de Sarayaku estaba por viajar a la sede de la CIDH en Washington, fue amenazado con armas de fuego y le sustrajeron el pasaporte", explicó Melo. Hasta hoy, la CGC no logró empezar a perforar en la zona, pero "sus agentes impiden a estos pueblos transitar por el río Bobonaso, que es su principal vía de comunicación. Lo más grave -concluyó Melo- es que el gobierno ecuatoriano anunció que militarizará el territorio de Sarayaku para posibilitar la entrada de la empresa argentina". En Buenos Aires -donde obtuvieron el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel-, los delegados fueron recibidos por el vicecanciller, Jorge Taiana, a quien solicitaron "que el gobierno argentino deje en claro que no promueve políticas violatorias a los derechos humanos en otros países, aunque vayan en beneficio de empresas nacionales". Según Melo, "el gobierno argentino debe aprovechar su participación en el Grupo de Río, que actúa como mediador en la crisis política ecuatoriana, para poner en relieve que los derechos humanos deben ser respetados por todos los gobiernos latinoamericanos". AGENCIA EFE ARGENTINA-ECUADOR: Sarayacus de Ecuador buscan apoyo en Argentina contra CGC

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- Líderes del pueblo quechua de Sarayacu, que vive en la Amazonía ecuatoriana, viajó a Buenos Aires para sumar apoyo en contra de las actividades de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles, informaron hoy a EFE integrantes de la delegación. Tres representantes de las comunidades indígenas que habitan en el bloque petrolero 23, otorgado a la petrolera argentina, un abogado y un miembro de la organización no gubernamental Earth Rights International se reunieron hoy, viernes con el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. La delegación también logró entrevistarse ayer, jueves, con el vicecanciller argentino, Jorge Taiana, y con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina, Jorge Rodríguez. "Tuvimos de ellos una reacción muy positiva. Estaban conscientes del problema y se comprometieron a transmitir nuestra inquietud a otros miembros del Gobierno argentino", indicó Kenny Bruno, integrante de Earth Rights International. Los representes de las comunidades de Sarayacu denuncian que la Compañía General de Combustibles (CGC) viola derechos humanos de los indígenas al impedir la libre navegación en la zona y destruir los recursos naturales vitales para su subsistencia. "Es importante que el pueblo argentino tome conciencia y se oponga a que una empresa de capitales argentinos quiera beneficiarse económicamente a partir de violar los derechos humanos y ejercer violencia contra las comunidades", dijo Bruno. El llamado bloque 23, donde habitan unas 1.900 familias del pueblo Sarayacu distribuidas en seis comunidades, fue entregada en concesión a CGC en 1996, pero las actividades petroleras están paralizadas por la resistencia de los indígenas, pese a que el Gobierno ecuatoriano amenaza con militarizar la zona. La delegación que viajó a Buenos Aires intentó sin éxito reunirse con personal del grupo Soldatti, propietario de CGC y que acordó transferir sus acciones en la petrolera al fondo de inversión argentino Southern Cross, del empresario Norberto Morita. El pueblo Sarayacu, que en el idioma quechua significa "río de maíz", ha presentado una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en julio pasado dispuso medidas cautelares que obligaban al Estado a velar por la seguridad de los habitantes y "que fueron incumplidas por el Gobierno ecuatoriano", señaló Bruno. Los representantes de las comunidades indígenas tienen previsto asistir en Costa Rica antes de que finalice noviembre a una audiencia en la Corte Interamericana a la espera de una respuesta firme a sus demandas. El pueblo de Sarayacu pide la nulidad del contrato para la prospección petrolera en el bloque 23, que la empresa CGC se retire de su territorio y

que en lo sucesivo el Gobierno ecuatoriano no otorgue más concesiones a otras compañías petroleras en la zona. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, cuyas ventas financian actualmente cerca del 35 por ciento del presupuesto anual del Estado. Bruno señaló que aunque no lograron ningún compromiso formal por parte del Gobierno argentino, "sería apropiado que Argentina promoviese la salida de CGC del bloque 23". EFE/Natalia Kidd 7/11/04 Francia: Trágica protesta antinuclear Clarin.com http://www.clarin.com/diario/2004/11/07/um/m-864520.htm Manifestante antinuclear muere arrollado por un tren en Francia. ESTRASBURGO, Francia, Nov 7 (AFP) - Un manifestante ecologista francés de 21 años que se había encadenado el domingo a las vías en Avricourt (noreste de Francia) murió tras ser arrollado por un tren que transportaba desechos nucleares hacia Alemania, informó la prefectura. "Tras dejar atrás una curva a poca velocidad, el tren se habría encontrado frente al grupo, que se dispersó con excepción de una persona fue arrollada. Pese a la atención médica brindada rápidamente en el lugar, el joven murió como consecuencias de las heridas recibidas", indicó la prefectura de Meurthe-etMoselle (noreste). La víctima formaba parte de un grupo de militantes antinucleares y se había "encadenado a los rieles y el tren le cortó una pierna", precisó el procurador de la república en Nancy, Michelle Senthille. "Hacia las 14H40 (13H30 GMT), un grupo de ocho personas se dirigió a las vías de la línea París-Estrasburgo en la cual circulaba un transporte de desechos nucleares civiles procedente de Valognes (oeste) con destino a Alemania", indicaron las autoridades. Según Senthille, el convoy de "400 metros de largo y con 2.000 toneladas de peso circulaba a 100 km/h y salía de una curva cuando arrolló al manifestante". El tren volvió a ponerse en marcha a las 18H00 (17H00 GMT) y atravesó la frontera franco-germana en Lauterburgo (bajo Rhin) a las 20H35 (19H35 GMT). El convoy de deshechos nucleares había partido el sábado a la noche de la terminal ferroviaria de Valognes con destino al centro de almacenamiento de GORLEBEN (norte de Alemania). sw/el-mar/lmm. Francia-Alemania-nuclear 6/11/04 Aristóbulo del Valle, Misiones: reunión de la Red de Defensa del Río Uruguay y sus Pueblos Una vez más Aristóbulo del Valle, fue receptora de organizaciones ecologistas de la zona y otras regiones vecinas. El pasado 4 de noviembre se concretó en esta localidad de Misiones, la segunda reunión de la Red de Defensa del Río Uruguay y sus Pueblos, conformada por organizaciones sociales y ambientales de Brasil, Argentina y Uruguay.

Estuvieron presentes representantes de las organizaciones Foro Ecologista de Paraná, Amigos de la Tierra Brasil, la Red Socioambiental de Entre Ríos y organizaciones ecologistas de la República Oriental del Uruguay, el MAB (Movimiento de Afectados por Represas del Brasil), la CRERAL (Cooperativa Regional de Electricidad del Alto Uruguay, Brasil), la organización local Cuña Pirú y vecinos de San Javier, prontos a conformar una Ong en ese municipio. En esta oportunidad se presentó un mapeo de la situación de la cuenca del río Uruguay en Brasil, Argentina y Uruguay donde se establecieron los puntos críticos en los que hay que trabajar con mayor fuerza, como los casos de la represa de Barra Grande (Br), el proyecto Garabí (Br-Ar) y la amenaza de la instalación de plantas celulósicas en el Uruguay. Se planteó la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra región y la articulación de próximas campañas, para llevar adelante acciones en los puntos clave. Se establecieron canales de interacción entre las organizaciones para que haya mayor conocimiento de las realidades de esas amenazas, y poder entregar a la comunidad un mensaje claro, más, viendo cómo se plantean estos megaproyectos a la sociedad, con muchos puntos oscuros y claras mentiras que llevan a que la gente siga confundida. Dentro del conjunto de mega proyectos planificados en la cuenca se encuentra la represa de Garabí, la cual está siendo fuertemente impulsada en estos últimos tiempos por el gobierno brasileño. Hasta el momento no se ha podido obtener información actualizada del estado en que se encuentra el proyecto de ésta hidroeléctrica en las esferas de ambos gobiernos. En poco tiempo se estarán concretando reuniones en los pueblos costeros, para entregar información correcta y la misma pueda participar en la toma de decisiones de su presente y futuro. Grupo Ecologista Cuña Pirú Foro Ecologista de Paraná Av. de las Américas 731 Tejeiro Martínez 543 Aristóbulo del Valle – Misiones Paraná – Entre Ríos Tel/Fax: 03755 470065 Tel/Fax: 0343 4235311 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] 2/11/04 Paraná: Exigen que se haga pública información socioambiental sobre el Río Uruguay Exigen que se haga pública información socioambiental sobre el Río Uruguay Apelan al Defensor del Pueblo para que la CARU responda El Foro Ecologista de Paraná, como Secretaría Ejecutiva de la Red Socioambiental de Entre Ríos, realizó hoy una nueva presentación con el fin de que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) suministre información ambiental clave sobre la situación del río y las acciones en su cuenca, acuerdos y convenios realizados, estudios de impacto ambiental

para proyectos de desarrollo y otros ítems que se han solicitado desde 2002 sin ninguna respuesta desde la entidad. Paraná, 2 de noviembre de 2004.– "De todos los informes y documentos solicitados, no hemos obtenido respuesta positiva que nos posibilitara acceder a la información socioambiental relevante y de significación para los territorios, cuenca y subcuencas y comunidades de nuestra provincia", señala el Foro Ecologista de Paraná en la presentación enviada hoy a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que intervenga ante la CARU, que continúa incumpliendo con las obligaciones jurídicas de brindar acceso público a la información ambiental. El 9 de diciembre de 2003, la Ong local se había dirigido a la CARU a través de una Carta Documento, “por última vez y por este medio”, para que se le hagan llegar “en papel y en soporte electrónico los estudios de impacto ambiental y de prefactibilidad económica, social y de obras correspondientes al Proyecto: Desarrollo regional y mejora de la navegabilidad del río Uruguay; ahora a la denominada 2da Fase de investigación”, finalizada el 18 de octubre de 2003. La comunicación, que no obtuvo ninguna respuesta, era la última de una serie de solicitudes que el Foro venía haciendo a la CARU desde diciembre de 2002, siempre con el mismo resultado: el silencio. Entre otros ítems, y a través de distintas instancias, la organización ecologista había solicitado documentación sobre el convenio celebrado entre la Comunidad Europea y la CARU para la conformación de un "Programa de Gestión Ambiental del Río Uruguay", los Términos de Referencia para los estudios de Impacto Ambiental de las fases I y II del proyecto de "Desarrollo Regional y mejora de la navegabilidad", la copia de los actos administrativos que determinaron las contrataciones y la copia de los contratos de consultoría suscriptos en cada estudio, y, fundamentalmente, los resultados de los estudios ambientales y de factibilidad de las obras. "Denegar acceso a información ambiental relevante para con los miembros del Foro Ecologista de Paraná y la Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos y Organizaciones Ecologistas de la República Oriental del Uruguay y participación ciudadanda real y activa en el marco de la propia normativa que nos ocupa, es de suma gravedad", se sostuvo en la presentación con la que se espera que la CARU se vea obligada a cumplir finalmente con sus deberes de transparencia, ya que sus decisiones afectan directamente la vida de las comunidades ligadas a la cuenca del Río Uruguay y sus territorios. 25/10/04 Santiago del Estero: Cacería humana por soja Foro de Ecología Política www.alternativaverde.org Exigen que se detenga la persecución a miembros del MOCASE Cacería humana por soja

Mientras los empresarios sojeros usan fuerzas paramilitares y topadoras para desalojar a campesinos de sus tierras, la Policía inició una persecución a miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) por orden judicial. Hay seis detenidos –entre ellos menores–, algunos de los cuales fueron incomunicados sin motivo. El Foro de Ecología Política exigió la inmediata reacción de los interventores para poner fin a las violaciones de derechos humanos, las detenciones ilegítimas y las políticas feudales. 25 de octubre 2004.– Cerca de mil manifestantes se reunieron esta mañana frente al edificio de Tribunales en Santiago del Estero para exigir la liberación de Ángel Strapazzon, Gustavo Carrizo, Walter Kito Olmos, Mario Carabajal, Daniel Pereyra y José Sequeira, miembros del MOCASE –dos de ellos menores– que fueron detenidos los últimos días, durante una auténtica cacería humana iniciada a partir del intento de un grupo parapolicial por desalojar las familias de un campo ubicado a 50 kilómetros de Qumilí. Los referentes del movimiento campesino fueron acusados de "instigación a cometer delito, robo, daño intencional, usurpación de la propiedad y lesiones gravísimas" por Raúl Oscar Romero, titular del juzgado del Crimen de 1º nominación, a partir de la denuncia de un gruvo civil armado que intentó desalojar familias de sus tierras. Fabián de Bueno, referente del MOCASE, indicó esta mañana que, a pesar de haber denunciado reiteradamente las agresiones de las bandas armadas de los empresarios sojeros ante el juez de la Intervención Federal Julio Alberto Llugdar, nunca se ha tomado medida alguna para proteger a los campesinos. En cambio, señaló de Bueno, la Justicia inició detenciones y allanamientos ante la sola acusación del grupo parapolicial liderado por Miguel Ángel Zurita, denunciado por el MOCASE por haber disparado contra más de 30 miembros del movimiento y haber matado a más de cien animales de familias campesinas de Pampa Pozo y El Colorado, en la zona de Qumilí. Este hecho, agravado por las prácticas feudales de los empresarios y parecería que con la protección oficial, es una de las consecuencias directas de la inducción masiva a la soja transgénica que sigue arrasando en el país a otros cultivos, tambos, bosques, pequeños propietarios, campesinos, y ahora va directamente por la vida de los habitantes, custodiada por grupos civiles armados al mando de algunos empresarios que ya no conocen límites en un accionar delictual. El Foro de Ecología Política se suma a las decenas de organizaciones sociales y ambientales que se han expresado ya, exigiendo la inmediata intervención de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que se instrumenten las medidas necesarias para la liberación de los dirigentes del MOCASE, la resolución de los hechos de violencia, la investigación y el desarme de los grupos civiles parapoliciales y la protección de la vida y los bienes de los campesinos. 12/10/04 América: 12 de Octubre: Nada que festejar 12 de Octubre: Nada que festejar

Más de cinco siglos no bastaron para recomponer la historia. Los indígenas, verdaderos dueños de la tierra, siguen luchando para conservar lo que les es propio, su forma de vida, su cultura. Diversos proyectos e intereses económicos de minorías siguen expropiando su futuro, y su pasado. Casi 6.500 familias de Rosario están compuestas por indígenas o descendientes. Muchos de ellos - pertenecientes a la comunidad toba - son refugiados ambientales, que migraron desde el Chaco corridos por el desmonte y la expansión de la frontera agrícola, que les quitaron su forma de sustento, y sus lugares sagrados. Aquí en Rosario viven en la pobreza, luchando por vivir con los recursos mínimos que antes su tierra les brindaba generosamente. Historias similares viven comunidades de distintos puntos de nuestro país, corridos y afectados por desmonte, minería, proyectos de represas, y la venta de tierras a particulares. Ejemplos claros son los de una comunidad Wichi en Salta, amenazada por la posibilidad de que sus tierras - parte de una Reserva Natural Provincial que fue desafectada por el gobierno salteño - sean vendidas para el cultivo de soja; el pueblo mapuche en Chubut, quien lucha ante el proyecto de construcción de seis represas sobre el río Corcovado; y los mbya-guaraní en Misiones frente a una empresa celulosa que amenaza sus territorios, legándoselos a la Universidad de La Plata, con comunidades incluidas. Para pensar sobre el verdadero significado del 12 de octubre, difundimos dos textos que relatan la problemática de comunidades indígenas afectadas por proyectos en los cuales hay empresas argentinas involucradas: la lucha del pueblo Sarayacu (Ecuador) contra la Compañía General de Combustibles, y de diversas comunidades de Perú perjudicadas por el proyecto de extracción de gas de Camisea donde están involucradas Techint y PlusPetrol. Paraíso destrozado Proyecto Camisea en Perú "En el pasado, la Shell trabajó aquí y casi todos nosotros morimos por las enfermedades, [...]. Sabemos que si otra compañía viene a trabajar aquí, destruirá nuestros ríos y nuestras tierras. Los ríos serán contaminados, los peces morirán y los animales escaparán. Ministro, queremos preguntarle qué vamos a comer cuando los ríos estén muertos y los animales hayan escapado. [...] No queremos que las compañías vengan a trabajar aquí, queremos agua limpia y una vida tranquila y pacífica." Delegación del pueblo indígena Nahua ante el gobierno peruano, tomado de un comunicado de prensa de Amazon Watch de noviembre de 2003. El proyecto de extracción de gas Camisea en Perú es actualmente el proyecto más perjudicial de la cuenca del Amazonas. Ubicado en el remoto valle Urubamba en la región sudeste de la Amazonía peruana, este proyecto de US$ 1,6 mil millones de dólares incluye dos gasoductos que van hasta la costa peruana atravesando una "zona crítica" de biodiversidad del Amazonas considerada por los ecologistas como el "último lugar de la tierra" que se podría perforar para extraer combustibles fósiles. Casi el 75%

de las operaciones de extracción de gas están ubicadas en una reserva estatal para pueblos indígenas -que viven con escaso o ningún contacto con el mundo exterior- que han sido contactados a la fuerza por los consorcios de Camisea, lo que constituye una violación de sus derechos reconocidos a nivel internacional. Este gasoducto también atraviesa uno de los bosques tropicales más prístinos del mundo, hogar de los pueblos indígenas Nahua, Kirineri, Nanti, Machiguenga y Yine. Se está construyendo una planta procesadora de gas en la costa peruana dentro de la zona de amortiguación de una reserva marina de importancia internacional. El consorcio responsable es Transportadora de Gas del Perú (TGP), liderado por la empresa argentina Techint con una participación del 23,4%. Los otros socios son la argentina Pluspetrol y la norteamericana Hunt (con un 22% cada una), la sur coreana SK Corp y la argelina Sonatrach (con un 11% cada una), la belga Tractebel (8%) y el consorcio peruano Grana e Montero (2%). El otorgamiento de la concesión para este proyecto fue un requisito previo para que Perú pudiera recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional en la década de 1990. En el transcurso del actual año, el proyecto finalizó e inició actividades. Encabezadas por la argentina PlusPetrol, compañías sin experiencia y con antecedentes ambientales deficientes han seguido adelante con la construcción, sin demostrar ni voluntad ni capacidad para evitar los graves impactos ambientales y sociales que afectan actualmente a toda la población local. La supervisión del gobierno es débil, y los organismos financiadores del proyecto parecen no tener ni capacidad ni ganas de poner en práctica las normas internacionales necesarias para detener la devastación. Críticas a Camisea En lo que constituyó una gran de la campaña, el Banco Estadounidense de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank) se rehusó a financiar el proyecto en agosto de 2003, siendo la primera vez que el Directorio del ExIm Bank rechazó un proyecto por razones ambientales. Sin embargo, pocos días después, el proyecto obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que no cumple con las exigencias de las normas internacionales, que prohíben el ingreso en tierras de pueblos indígenas no contactados y exigen eliminar la terminal de exportación propuesta en la zona de la Reserva marina de Paracas protegida por la Convención de Ramsar. La negativa del Export-Import Bank y de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation - OPIC) de financiar el proyecto Camisea y el reciente retiro de Citigroup como asesor financiero, configuran nuevos síntomas de que el proyecto representa serios riesgos financieros, ambientales y sociales. Ya existen informes de que el proyecto ha causado erosión y contaminación masiva y que en su implementación se han utilizado tácticas para generar divisiones en las comunidades. El experto ambiental internacional Dr. Robert Goodland ha sugerido llevar adelante una investigación sobre las acusaciones que afirman que el contacto iniciado por el proyecto está afectando

negativamente a los grupos indígenas aislados, que carecen de inmunidad ante enfermedades respiratorias y gastrointestinales comunes. Más información: Amigos de la Tierra Internacional http://www.foei.org/esp/publications/pdfs/handsoff2.pdf Antecedentes: CGC y Sarayacu Sarayacu tiene una larga historia de oposición a la explotación petrolera, por causa de sus graves impactos ambientales y sociales. En 1989 impedimos que la compañía ARCO termine sus exploraciones de petróleo dentro de nuestro territorio. El conflicto con CGC tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el "bloque 23", abarcando 200 000 hectáreas de cuales la mayor parte es territorio de Sarayacu. El pueblo de Sarayacu no fuimos consultados y desde el inicio nos opusimos a la exploración petrolera. Por lo que Sarayacu es la comunidad que tiene mas habitantes y mas territorio dentro del bloque 23, CGC primero se acercó a Sarayacu, intentando engañar a la gente a través de ofreciemientos de dinero y obras de desarrollo. Logró sobornar a Telmo Gualinga, presidente de Sarayacu 1997 - 1999 dandole un contrato personal para que construya un sistema de agua potable en su barrio de la comunidad. La compañia estaba tan seguro de que nos iba a convencer, que públicamente aseguró que no iba a empezar ningun trabajo de exploración antes de obtener 100% de apoyo de las comunidades en el bloque. Sin embargo, el pueblo de Sarayacu no aceptó la actividad petrolera, y los presidentes posteriores no se dejaron sobornar. Por lo tanto, desde el 2000 hasta ahora, la CGC ha mantenido una verdadera guerra de calumnias contra Sarayacu, con la finalidad de destruir la confianza entre el pueblo y sus propios dirigentes. Como no pudo destruir a Sarayacu, la CGC empezó a tomar contactos con otras comunidades mas pequeñas, contratando directamente a sus dirigentes, y así logró entrar en varias otras comunidades. La estrategia de la CGC está basada en soborno, desinformación, y desintegración social, y viola los artículos 84 y 88 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Como accionistas en el bloque 23 también figuran la petrolera estadounidense Burlington Resources y la francésbritánica Perenco. Más información: www.sarayacu.com 6/10/04 Salta: Censuran un documental sobre desmontes REALIZADOR DENUNCIA CENSURA EN SALTA: UNA SALA SE NEGÓ A PROYECTAR UN DOCUMENTAL SOBRE LOS DESMONTES EN CHACO SALTA, martes 5 de octubre de 2004.- El realizador Alejandro Fernández Mouján denunció hoy que un centro cultural de esta capital se negó a proyectar el documental "Sólo se escucha el viento", basado en la situación

de los desmontes en el Chaco con el argumento de que se trataba "de una protesta contra el gobierno". Fernández Moujan reveló que la coordinadora de la sala Auditorium, Ana Maria Parodi, suspendió unilateralmente la proyección del documental -que había sido programado para mañana- con el argumento de que el trabajo "es una protesta contra el gobierno de la provincia". "El argumento no tiene sustento alguno, es una clara muestra de censura previa de parte de los funcionarios responsables de la sala", sostuvo Fernández Mouján. El organizador del evento, Alejandro Arroz, explicó también que el documental -que ya fue proyectado en el Centro Cultural General San Martín, en Buenos Aires- "es producto de un viaje a la región oeste y sudoeste de la provincia del Chaco" y que el objetivo del trabajo es "abrir la discusión acerca de la tenencia y el uso de la tierra, los recursos naturales y el derecho de las diferentes comunidades a vivir y trabajar en su tierra". El documental se desarrolla en el Gran Chaco Americano, segunda zona boscosa de Sudamérica después del Amazonas, que en la actualidad está invadida por un ejército de topadoras que derriban el bosque para desmontar y cultivar soja. Salta es, en este momento, un escenario crítico donde se desarrolló un intenso debate en torno al impacto de los desmontes, como consecuencia de la decisión del gobierno de Juan Carlos Romero de lotear y rematar los lotes fiscales 32 y 33 de la reserva Natural Provincial de Pizarro localizada en el departamento de Anta. "Lo que está ocurriendo en el Chaco, y en todo el norte de nuestro país, puede tomarse como ejemplo de lo que ocurre y el futuro que le espera a Salta si continúa esta política de venta de tierras que son patrimonio de los salteños tal como ocurre con los lotes de la Reserva de Pizarro", concluyó Fernández Mouján. 5/10/04 Río Negro, Buenos Aires: Bielsa presiona por venta del reactor nuclear a Australia

Bielsa presiona por venta del reactor nuclear a Australia Existieron contactos secretos en Cancillería entre legisladores y funcionarios de la embajada australiana. El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, recibió una carta en la que se lo apura a lograr la sanción. Promueven destrabar el polémico acuerdo binacional con Australia, el canciller Rafael Bielsa, y el titular de Relaciones Exteriores de la Cámara baja Jorge Ar guello. Esperan un guiño final del presidente Kirchner. El reactor para entregar llave en mano está en pleno desarrollo. Mientras tanto crece la presión del gobierno a los diputados BUENOS AIRES (ABA).- Un diputado radical que prefirió no aceptar el convite, confirmó a este diario que el 27 de agosto pasado, por invitación

del jefe de gabinete de la Cancillería, Eduardo Valdés y del vice del Ministerio Héctor Taiana, y la gestión personal del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Jorge Arguello (PJ), se realizó un conclave secreto con legisladores peronistas y radicales, el Gerente del INVAP, Héctor Otheguy y la primera línea de funcionarios de la embajada australiana en nuestro país. ¿El tema? La honda preocupación por la falta de aprobación parlamentaria, con el consiguiente perjuicio económico, del acuerdo por el reactor nuclear vendido al estado australiano, que comprende como contrapartida el tratamiento de residuos tóxicos en algún lugar de la Argentina. Las reuniones de estas características se repitieron en el transcurso del año y en alguna de ellas asistió la entonces embajadora australiana en nuestro país, Sharyn Minahan, como así también la presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología Lilia Puig de Stubrin entre otros legisladores. Por otra parte, la misiva que el canciller Rafael Bielsa envió el 6 de Agosto del 2003 al titular de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, que reproduce en exclusiva este diario (ver facsímil), confirma que la presión existe, al menos desde al Palacio San Martín; desde el inicio del gobierno del presidente Néstor Kirchner. El acuerdo binacional cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra trabado desde el 2001 en diputados, ya que a fines del 2003 cayeron los dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Energía. Mientras se discute en altas esferas políticas el momento de darle el empujón final, el reactor se encuentra en pleno desarrollo, y estaría listo según los plazos preestablecidos del acuerdo, llave en mano en aproximadamente siete meses. La venta del reactor se cerró en alrededor de 180 millones de dólares, de los que el INVAP recibe la mitad y constituye la mayor exportación de alta tecnología en la historia Argentina. El RRR (Replacement Research Reactor) se está construyendo en el Centro de Ciencia y Tecnología perteneciente a la ANSTO, la organización Nuclear Australiana, en la localidad de Heights, a 35 km al suroeste de Sydney. Si bien este tipo de acuerdo entre Estados no tiene un tiempo determinado de caducidad en lo que hace al desarrollo legislativo, apremia la presión de Australia para evitar el daño económico que provocaría la no-sanción del acuerdo mas allá de diciembre. La diplomacia argentina y un sector cada vez mas fluido de legisladores peronistas y radicales opinan que nuevas dilaciones podrían intensificar la creciente mala imagen internacional del país a partir del default, lo que obstruiría el armado de otras licitaciones. En la contra a esta lógica se encuadra la renombrada organización internacional ecologista Greenpeace, cuya representación local señala que esta argumentación es una excusa para "cerrar un negocio muy peligroso para el país". Greenpeace Argentina separa lo que es la venta del reactor, con el artículo 12 del acuerdo con el INVAP que garantiza que la Argentina

se deberá hacerse cargo del tratamiento de residuos de elementos combustibles gastados. Según la entidad, esta cláusula es de un año posterior al contrato por la construcción del RRR. Se especula que el procesamiento de los residuos radioactivos se realizaría en el Centro Atómico de Ezeiza, ubicado en la misma localidad de la provincia de Buenos Aires. Al canciller le sobran energías El mensaje claro que dieron en la Cancillería a propósito de los encuentros con parlamentarios nacionales y funcionarios de la embajada australiana, es que " el gobierno quiere cerrar este tema cuanto antes”. Sin embargo, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Arguello, les aseguró a algunos peronistas y radicales críticos sobre la constitucionalidad del proceso, que " tramitará una reunión con el presidente Kirchner para escuchar de su propia boca su opinión". En cuanto esto ocurra, Arguello convocará a dar prioridad de agenda al caso INVAP. Se especula que con la nueva conformación parlamentaria y la escasa información que tienen los distintos legisladores, el controvertido proyecto tendrá ahora vía rápida en el recinto. El canciller Bielsa hace rato que viene demostrando su apuro con cumplir el contrato con los australianos, ya que en un informe que diera a los legisladores el 14 de abril pasado, ante una pregunta del diputado radical Mario Negri sobre ¿qué prioridad tiene este emprendimiento para el actual gobierno?, contestó: "es favorable a la votación convenio”. En ese sentido, el síntoma más claro de presión de la Cancillería sobre este tema siempre fue un objetivo, es la carta que el canciller envió el 6 de agosto del 2003 al titular de la Cámara Baja, Eduardo Camaño que este diario publica en exclusivo. En este documento Bielsa, no ahorra energías en dar a conocer su opinión ante el poder parlamentario: "Como usted podrá apreciar, la cuestión es prioritaria para ambos Gobiernos, habiendo aprobado Australia el Acuerdo de Cooperación Nuclear con nuestro país en mayo del 2002. Deseo, por lo tanto, solicitar su intervención para concluir rápidamente el tratamiento de este tema y permitir la aprobación de dicho Acuerdo", concluyó dirigiéndose a Camaño. Todavía en aquel entonces estaban vigentes dictámenes favorables de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Energía, además de la media sanción que aún tiene del Senado. El acuerdo con INVAP por el reactor australiano está boyando desde el gobierno de Fernando De la Rúa, cuando el entonces canciller Alberto Rodríguez Giavarini, consiguió activar un dictamen del la Procuración del Tesoro avalando la constitucionalidad del Convenio binacional. En aquel entonces se evaluó el gesto político de la Alianza como una "gauchada " para apurar los tiempos parlamentarios.

La agrupación ecologista Greenpeace de Argentina, viene haciendo una campaña en contra del acuerdo de la construcción del reactor nuclear que se venderá Australia, ya que advierten que se estaría violando el artículo 41 de la Constitución Nacional que prohíbe el ingreso a deshechos tóxicos. Una legisladora patagónica, que pidió reserva de identidad, reconoció que muchos legisladores habrían levantado ante las manos para aprobar el dictamen sino fuera por "el miedo que tienen de ser escrachados por Greenpeace a las puertas de un año electoral”. Horacio Caride Greenpace pide transparencia El dirigente de Greenpeace, Carlos Villalonga, dijo que "la Cancillería debería operar con mayor transparencia, haciendo reuniones públicas y recogiendo opiniones diferentes". Prefirió pensar que estas gestiones son particulares de Bielsa y no corresponde a órdenes impartidas por el presidente Kirchner. Villalonga sostuvo que la injerencia de Conrado Varotto (ex presidente del INVAP durante la dictadura y actual de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales) sobre Bielsa, es decisiva. Varotto fue jefe de Investigaciones Aplicadas de la CNEA con asiento en Bariloche, en la última dictadura militar y fue uno de los principales impulsores de la creación del INVAP. También relacionó la nueva ofensiva del Canciller ante el Congreso, con la proximidad de las elecciones parlamentarias en Australia, donde puede sufrir un revés el gobierno liberal de John Howard. "Si ganan los laboristas el próximo 9 de octubre, el acuerdo del reactor se cae, y esto deben saberlo los legisladores nacionales antes de apurar el debate", apuntó el dirigente verde. "Es mentira que por la falta de una ley, se pierdan negocios. La empresa rionegrina se pudo presentar a nuevas licitaciones con Australia, y ha ganado por ejemplo la provisión de combustible para el reactor nuclear", agregó. 28/9/04 Rosario: Quemas en las islas: Crónica de un desastre anunciado Quemas en las islas Crónica de un desastre anunciado * Martes por la mañana temprano, la ciudad de Rosario salía de su casa para ir a trabajar. Las calles no recibían a su gente con el perfume de la urbe limpia, que amanece descansada y con la cara lavada de smog. No. Esa mañana estaba teñida de gris, de un humo espeso que invadía el aire y los pulmones, impregnada de un olor a quemado que hacía pensar en el incendio de alguna casa cercana. Pero el viento traía le evidencia: pequeñas hojas de pasto negras se depositaban sobre las baldosas de cemento. Y allí es cuando la gente se da cuenta: otra vez están quemando en las islas.

El primer gran incendio se había dado en marzo de este año, destruyendo un total de 25.000 hectáreas de islas, y provocando irritación visual y en las vías respiratorias de rosarinos e isleños. Para sofocar el fuego fue necesario un avión hidrante enviado por el Plan de Manejo del Fuego, el que apoyó el trabajo de los bomberos voluntarios. Las islas frente a Rosario, pertenecientes al ejido urbano de Victoria, forman parte de un sistema de importancia fundamental: los humedales del Paraná Inferior. Los Humedales son sistemas compuestos principalmente por agua, los cuales brindan recursos y funciones valiosísimos para las poblaciones como la regulación de inundaciones y sequías, provisión de agua dulce, y retención de contaminantes y sedimentos. Los humedales contienen una gran biodiversidad, conforman el hábitat de especies amenazadas, brindan el recurso pesquero del cual una parte importante de la población se sustenta, y son la base de la cultura de pueblos indígenas y tradicionales. La relevancia de este humedal es aún mayor si tenemos en cuenta que el río Paraná es el segundo en importancia en Sudamérica y el cuarto el en mundo por su caudal, extensión y diversidad biológica. Numerosas son las actividades que impactan estos humedales: el turismo, la urbanización, caza y pesca sin control; pero quizás la construcción de la Conexión Vial Rosario-Victoria sea la que mayor presión ha ejercido sobre ellos. Esta mega-obra que ha cortando al medio el valle aluvial del Río Paraná, nace de un proyecto que fue aprobado con un deficiente estudio de impacto ambiental. Las quemas son parte de sus efectos colaterales, y de la presión adicional que reciben los humedales a raíz de la misma. Lo anunciaba la ONG Taller Ecologista antes de su construcción, quien veía inaceptable los inicios de la obra sobre el humedal sin regular anticipadamente las actividades productivas, que se verían aumentadas a través de la facilitación y abaratamiento de acceso a una zona que antes era dificultosa y cara. El mismo Intendente de Victoria, César Garcilazo, aceptó que desde la apertura de la Conexión Vial ha aumentado casi en un 50% la cantidad de ganado que pasta en las islas, llegando al increíble número de 160.000 cabezas. Pocos días atrás el Intendente de Puerto General San Martín declaraba ante las cámaras del programa televisivo El país del Litoral que "las islas son campos, y como todos los campos hay que ordenarlos". Las reglas del juego están bien claras: si para los gobernantes los humedales son "campos", difícil será consolidar algún tipo de protección a los mismos. Recién hoy, después de largos meses, la causa abierta tiene una treintena de imputados, de los cuales algunos han sido procesados; pero la condena se aplicó solo a puesteros, hasta el momento no alcanzó a los verdaderos responsables. Si bien es necesario sancionar a los culpables de la quema indiscriminada de pastizales, esto no pone fin a las mismas ni protege de manera alguna a la zona afectada. En principio el problema parecía corresponder solo a Victoria, luego a la provincia de Entre Ríos, más tarde se implica a la de Santa Fe, hasta llegar a la Nación -comprometiéndose a la Dirección de Recursos Naturales-, pero nadie logra detener las quemas ni dar a fondo con los verdaderos culpables.

Los causantes de estos hechos parecen desafiar a jueces, gobernantes y medios de comunicación, encendiendo fuego sin cesar: cuanto más se amenaza con represalias, más queman. Mientras gobernantes discuten y anuncian sanciones a los autores de los incendios; mientras se comprometen representantes de medio ambiente de niveles cada vez más altos; mientras la Justicia se toma su tiempo en avanzar en las causas; los humedales están siendo devastados. La única solución real es declarar un status jurídico que proteja la zona, que regule actividades que puedan realizarse y de qué manera, que establezca autoridades que deban hacerse cargo, y disponga de los recursos humanos y materiales necesarios para custodiar el área protegida. Entre tanto no haya voluntad política de proteger este recurso natural de manera seria, las quemas, y sus consecuencias ecológicas y en la salud de la ciudadanía, continuarán sin nada que las detenga. * Nota de Opinión por Florencia Ruiz - Taller Ecologista (Rosario) 20/9/04 Asunción: Organizaciones manifestaron oposición a transgénicos en Paraguay ANTE INSINUACIONES DEL MINISTRO DE AGRICULTURA DE LIBERAR SU CULTIVO Organizaciones manifestaron oposición a transgénicos en Paraguay Varias redes de organizaciones de nuestro país y de América Latina expresaron su oposición a la liberación de la soja transgénica, actualmente cultivada en forma ilegal en el Paraguay, en una carta dirigida al Ministro de Agricultura, Ing. Antonio Ibáñez, a la vez de alertar sobre las graves consecuencias que esto acarrearía. La misiva expresa que es inconcebible que empresas multinacionales condicionen y presionen al gobierno para adoptar tecnologías que benefician más a sectores comerciales privados que al sector productivo, perjudicando a la gente y al ambiente. (Asunción, 15-09-04) Ante las últimas declaraciones del titular de Agricultura, quien expresó su intención de liberar algunas variedades de soja transgénica en nuestro país, el pasado 8 de setiembre la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay (POJOAJU), la Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay (ROAM), la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL Paraguay), la Federación Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) y el Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y Caribe (MAELA) entregaron una carta al ministro Antonio Ibáñez, manifestando su OPOSICIÓN a legalización de los organismos genéticamente modificados para fines comerciales. Las citadas redes advirtieron sobre los efectos nocivos de los transgénicos en la calidad de vida de la población rural, los riesgos para la seguridad alimentaria, la salud humana y los daños a la biodiversidad. Alertaron

además que nuestro país no posee la infraestructura necesaria para realizar los estudios técnicos y científicos requeridos para una evaluación de riesgos. Esta es una de las principales exigencias establecidas por la Comisión de Bioseguridad, órgano responsable en nuestro país de dictaminar sobre los efectos de los transgénicos. Reconociendo los riesgos existentes por el uso de transgénicos, la SEAM ha prohibido su cultivo en las Áreas Protegidas y en las Áreas de Amortiguamiento, señal de que la diversidad biológica protegida en dichas áreas se vería amenazada. El uso de transgénicos, según la política de las empresas dueñas de los patentes, impide que los campesinos reutilicen parte de las semillas que obtienen de sus cosechas. Esta obligatoriedad comercial destruye la cultura de selección y mejoramiento de semillas que millones de pequeños agricultores de todo el planeta tradicionalmente realizan, práctica segura y eficiente en la producción de alimentos de la mayor parte de los habitantes del mundo. Además impone a los agricultores una dependencia hacia estas corporaciones trasnacionales, pues las mismas comercializan el ‘paquete’ de semillas y tóxicos. El documento –entregado con copia al Ministerio de Salud y la Secretaría del Ambiente, quienes junto al Ministerio de Agricultura forman parte de la Comisión de Bioseguridad– finaliza solicitando que el Gobierno Nacional tome una posición que favorezca a la población paraguaya y a los pequeños productores campesinos, quienes en gran numero se manifiestan en contra de los cultivos extensivos que dañan sus comunidades y les afectan en su salud. Mayores informes: Unidad de Comunicación y Desarrollo de Imagen SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay Isabel La Católica 1867 Telefax 595 21 480 182 / 595 21 425 716 Casilla de Correo 1380 Asunción, Paraguay [email protected] www.sobrevivencia.org.py -------------------------------------------------------------------------------Asunción, 7 de setiembre del 2004

Sr. ING. ANTONIO IBÁÑEZ Ministro Ministerio de Agricultura y Ganadería E. S. D.

Los abajo firmantes, representando a todas las organizaciones miembros de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay (POJOAJU), de la Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay (ROAM), de la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, de la

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL Paraguay), de la Federación Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) y del Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y Caribe (MAELA) nos dirigimos a Usted para expresarle cuanto sigue: En extremo preocupados por los efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población rural, los riesgos para la seguridad alimentaria, la salud humana y los daños a la biodiversidad que representa el cultivo de soja a gran escala y en especial la soja genéticamente modificada, y ante la posibilidad manifiesta de que el Gobierno Nacional libere su cultivo para fines comerciales en nuestro país, manifestamos nuestra OPOSICIÓN a la liberación de la soja genéticamente modificada, que se cultiva actualmente en forma ilegal en el territorio nacional. En efecto, el estudio GEO 2003 para América Latina y el Caribe del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que fuera presentado en el mes de marzo pasado en México, expresa que "La posibilidad de que genes modificadospasen descontroladamente de una especie de a otra en un riesgo real, que pondría en peligro la biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad”. Se ha demostrado en experimentos de laboratorio y campo, la inestabilidad en genomas transgénicos. Las transferencias horizontales y la recombinación de genes causadas por el promotor CaMV 35S, presente en los cultivos transgénicos comerciales, implican riesgos inaceptables para la salud humana, como mutaciones genéticas debidas a la inserción aleatoria, cáncer, reactivación de virus dormidos y generación de nuevos virus. Además, el consumo de alimentos transgénicos puede ocasionar problemas a la salud como la creación de nuevas fuentes de alergia y la posibilidad de introducir toxinas o patógenos a la cadena alimenticia; cualquiera de estos riesgos es inaceptable, más aún considerando que el argumento para promover el cultivo de soja transgénica es solamente la reducción de costos de producción para las empresas exportadoras de soja. No se ha demostrado de manera científica, que tales riesgos no existen, y por lo tanto debe aplicarse el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, compromiso asumido por más de 164 países al suscribir la Agenda 21, y el Convenio de Diversidad Biológica. Los cultivos transgénicos cuya inestabilidad es de gran preocupación por la posible contaminación genética que pudieran causar son entre otros: Soja RR, Maíz MON810, Maíz GA21, Maíz T25 y Maíz Bt 176. Según la política de las empresas que producen y comercilizan insumos agrícolas, los campesinos que utilizan las semillas modificadas se ven impedidos por contrato a reutilizar parte de las semillas que obtienen de sus cosechas. Esta obligatoriedad comercial obliga a romper la cultura de selección y mejoramiento de semillas que millones de pequeños agricultores de todo el planeta tradicionalmente realizan. Esta constituye la práctica de mejoramiento de cultivos más antigua de la historia de la humanidad, y sigue siendo una práctica segura y eficiente en la producción de alimentos de la mayor parte de los habitantes del mundo.

Reconociendo todas estas consideraciones y como organizaciones genuinas de la sociedad civil del Paraguay, en uso de nuestros derechos ciudadanos venimos respetuosamente y con mucha firmeza a reclamar de las autoridades nacionales competentes, a. el cumplimiento del Principio de Precaución o Principio 15, de la Agenda 21, consignado por nuestro Gobierno en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (Río 92), que dice: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” b. el cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica ratificado por Ley de la Nación paraguaya 253/93, que en su Art. 8 inciso ‘g’ dice: “Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la Biotecnología que puedan tener repercusiones ambientales adversas a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana”; en el Art. 7 el inc. ‘c’ establece: “Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o puedan tener, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y procederá mediante muestreo y otras técnicas al seguimiento de esos efectos”; en el Art. 14 establece la Obligación de la Evaluación de Impacto Ambiental con participación del público en esos procedimientos; en el Art. 16 inc. ‘5’ dice: “Las Partes contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar porque esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio”. c. el cumplimiento de La Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario que en su Capítulo II - Derechos del consumidor, en su artículo 6º, establece: “Constituyen derechos básicos del consumidor: a) la libre elección del bien que se va a adquirir o del servicio que se va a contratar, b) la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos provocados por la provisión de productos y la prestación de servicios considerados nocivos o peligrosos. d. el cumplimiento de la Ley 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental que establece que requerirán evaluación de impacto ambiental cualquier actividad que pueda producir impactos ambientales, como las derivadas de la liberación de organismos genéticamente modificados que, como afirmamos, resultan de alto riesgo.

e. el cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que en su Art. 2 dice "Ninguna disposición del presente protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una Parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la Conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el Protocolo, siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones del presente Protocolo y conforme con las demás obligaciones de esa parte dimanantes del derecho internacional”. f. el cumplimiento del Decreto 14.841/97, que crea la Comisión de Bioseguridad, que expresa en su Art. 5º: “La Comisión deberá controlar y evaluar los problemas de seguridad relacionados con los organismos genéticamente modificados, investigar los riesgos y beneficios potenciales y establecerá las medidas necesarias para ordenar y garantizar las pruebas; en su Art. 6º: “La evaluación de riesgos deberá basarse en la posibilidad de escapes, fuga genética, dispersión de polen, la estabilidad genética del material objeto de ensayo, el movimiento de insectos y otras variables técnicas”; en su Art. 7º: “La evaluación de riesgos corresponderá exclusivamente a la Comisión de Bioseguridad. La misma deberá ser efectuada sobre la base de las siguientes consideraciones: a. El ecosistema en el que se realizará la prueba de campo del organismo genéticamente modificado. b. Las características biológicas del organismo. c. La existencia de plantas relacionadas y localizadas en bancos de gemoplasma activos en la zona. d. Las consecuencias del potencial establecimiento y persistencia en el ecosistema, en el área y perjuicios probables sobre otros organismos del medio ambiente. e. La patogenicidad, toxicidad y la alerginicidad para los seres humanos y otros organismos. f. La capacidad para transferir el material genético y rutas de difusión potencial; Todos estos procedimientos deben ser realizados en forma altamente científica y técnica. La Comisión de Bioseguridad debió designar científicos y técnicos reconocidos y de alta calificación en las especialidades requeridas en cada inciso, para la realización de los estudios correspondientes, totalmente financiados por la parte interesada, y ponerlos a disposición del público en general tal y como lo exige el art. 17 del Decreto 14.841/97. Nuestro país no posee la infraestructura necesaria para realizar los estudios técnicos y científicos requeridos para una adecuada evaluación de riesgos. El Ministerio de Salud, no ha podido evaluar científicamente dichos riesgos. La Secretaría del Ambiente, reconociendo los riesgos existentes en el uso de transgénicos, ha prohibido su cultivo en las Áreas Protegidas y en las Áreas de Amortiguamiento, señal de que la diversidad biológica protegida en dichas áreas se vería amenazada. Esta cautela debe darse en todo el territorio nacional, sobre todo, teniendo en cuenta que la propia salud de los paraguayos se estaría poniendo en riesgo.

Sigue diciendo el Decreto 14.841/97 en su Art 17; “El público en general tendrá acceso a los bancos de datos sobre pruebas en campo con plantas transgénicas, exceptuando la información considerada como confidencial” mandato que tampoco fue cumplido. Expresado todo lo precedente: 1. Solicitamos que NO sea liberado el cultivo de variedades genéticamente modificadas, con el derecho que nos asiste como país de rechazar tecnologías que se consideren de riesgo o no cuenten con evaluaciones científicas suficientes sobre sus efectos a largo plazo. 2. Exigimos que antes de tomar ninguna decisión, acorde con lo establecido en la normativa vigente, mediante audiencias públicas se ponga a disposición de la ciudadanía los resultados de la evaluación de riesgos realizada, la metodología utilizada, los estudios científicos y técnicos realizados, los lugares donde fueron hechos. Es inadmisible que sigamos siendo ciudadanos a quienes sus mismas autoridades les niega la información, es igualmente inadmisible la persistencia de procedimientos irregulares. Esta situación de arbitrariedades e impunidades ya ha cobrado demasiadas víctimas en nuestro país. 3. Solicitamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tome, con respecto a los organismos genéticamente modificados, una posición que favorezca a la población paraguaya en general y a los pequeños productores campesinos en particular, los cuales en gran numero se manifiestan en contra de cultivos extensivos que dañan sus comunidades y les afectan en su salud. Es inconcebible para la dignidad de nuestro pueblo que empresas multinacionales condicionen y presionen al gobierno para la adopción de tecnologías que, como ya ha sido demostrado en otros países, benefician más a sectores comerciales privados que al sector productivo y perjudican a la gente y al ambiente. Esperamos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su titular no defraude el mandato de servir a los intereses y reclamos de la sociedad civil en general y a la población campesina en particular. Aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestro mayor respeto.

RAÚL MONTE DOMECQ Asociación de Organizaciones No Gubernamentales del Paraguay – POJOAJU VÍCTOR BENÍTEZ Red de Organizaciones Ambientalistas del Paraguay – ROAM IDALINA GÓMEZ Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo HEBE GONZÁLEZ

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina – RAPAL Paraguay OSCAR RIVAS Federación Amigos de la Tierra América Latina y Caribe – ATALC AMÉRICA GONZÁLEZ Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y el Caribe – MAELA C.C. Ing. Alfredo Molinas Ministro, Secretaría del Ambiente Dr. Julio César Velázquez Ministro, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 17/9/04 Desmonte del bosque nativo sin control Rosario, Buenos Aires: Ecologistas piden a empresa radicada en Venado Tuerto que revea su voluntad de comprar parcelas de una Reserva Natural Salteña Ecologistas piden a empresa radicada en Venado Tuerto que revea su voluntad de comprar parcelas de una Reserva Natural Salteña. 25.000 hectáreas de selva de Yungas y Chaco Semiárido, hogar de familias campesinas y una comunidad Wichi, se encuentran fuertemente amenazadas por la expansión de la frontera agrícola. El Gobierno provincial ha desafectado y puesto en venta la Reserva Natural Lotes 32 y 33, jurisdicción de General Pizarro, departamento de Anta, Salta. Una de las empresas interesadas en la compra de algunas parcelas tiene sede en Venado Tuerto. Rosario, Buenos Aires. 17 de septiembre de 2004.- Ante la oferta de compra de varias parcelas de la Reserva Natural Provincial salteña de parte del Sr. Manuel Santos Uribelarrea, titular de la empresa MSU radicada en Venado Tuerto, el Taller Ecologista (Rosario) y Greenpeace (Argentina) enviaron esta mañana una carta al empresario, con objeto de expresar su profunda preocupación por el destino de dicha Reserva. Este sitio representa el único lugar donde están representadas conjuntamente las eco-regiones de la selva Pedemontana TucumanoOranense (o Yungas) y el Chaco Semiárido. Ambas áreas se encuentran amenazadas por la expansión de la frontera agrícola, principalmente por el monocultivo de soja y pasturas Funcionarios del propio gobierno provincial

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