14 de Diciembre de 2016

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El gobierno bonaerense decidió intensificar el control de presentismo en las diversas reparticiones públicas. No sólo instalará cámaras de monitoreo sino que además dispondrá control de acceso biométricos para los empleados estatales. El que hizo punta fue el ministerio de Infraestructura, que licitó la contratación del sistema. También desde hace algunos meses funciona en el IOMA. Y hace algunas horas se sumaron los ministerios de Economía y Trabajo, que avanzarán con la instalación de sistemas similares. Con ese fin lanzaron una convocatoria para que diversas empresas coticen la contratación de los nuevos sistemas de control de monitoreo y presentismo. En el caso de Economía, lo que se va a contratar es la “instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integral de control de acceso en tiempo real de personal y visita”. Funcionará en la sede de la cartera, en la manzana de calle 7, 8, 45 y 46 e incluirá a la Agencia de Recaudación (ARBA) que funciona en ese edificio. La operación se fundamenta en la “imperiosa necesidad de establecer parámetros de control en el acceso al edificio dado el estado crítico de vulnerabilidad en materia de seguridad en el que se encuentra, resultando en tal sentido dicho sistema una herramienta de apoyo para el control de acceso y permanencia en las dependencias públicas, que permite el registro de movimientos de ingreso y egreso de las mismas, tanto para empleados (complementando la información correspondiente al presentismo), como para los visitantes que deban realizar algún trámite”. De acuerdo a lo estimado oficialmente, por la contratación del sistema la Provincia deberá pagar unos 6,3 millones de pesos. CAMARAS Una contratación similar se dispone a efectuar el ministerio de Trabajo para sus sedes de calle 7 y 39, 115 y 67 y 46 entre 13 y 14. La cartera laboral prevé instalar cableado, cámaras de seguridad y control de acceso biométrico en sus dependencias. Según se especifica en la resolución oficial, Trabajo prevé gastar unos 5,8 millones de pesos. De acuerdo a lo indicado por fuentes oficiales, el nuevo sistema de control de presentismo y monitoreo comenzaría a funcionar durante el primer trimestre del año próximo.

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El lunes último la rotura de un caño dejó sin agua a unos 100 mil vecinos de la Región y, aún ayer, varias zonas continuaban con baja presión, fundamentalmente el problema afectó a los vecinos de Ringuelet y Tolosa. Como ya se informó, la falla del acueducto de Ensenada repercutió en Tolosa, Ringuelet, barrio Hipódromo y Villa del Plata. “Tenemos otro corte total de agua, como ayer, encima el Ocaba no te toma las denuncias. Por nuestra parte hicimos reclamos a Absa pero no hubo respuestas”, sostuvo ayer un vecino de 2 entre 529 y 530, Tolosa. En tanto, Daniel Iloro, de 532 entre 1 y 2, contó que el servicio cesó “ayer a la mañana” - por el lunes pasado - y que “desde ese momento estamos sin una gota de agua”. El usuario consignó, acostumbrado a la baja presión que habitualmente presenta el servicio, que “esta vez no cae una gota ni siquiera en la canilla más baja de la casa”. Otro caso de canillas secas fue el que se presentó en 5 entre 519 y 520, Ringuelet. El problema afectó tanto a las viviendas como a la Escuela 89, según contaron los vecinos.

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En 7 y 518 los vecinos protestaron por la duración del problema, ya que ayer fue el segundo día consecutivo sin servicio. En Villa Alba, Noelia aseguró que los vecinos se encuentran sin agua a raíz de la rotura de un caño en la zona de 122 y 604. “Yo vivo en 122 y 611 donde no sale ni una gota”, describió. Asimismo especificó que “normalmente sufrimos la baja presión todo el año, pero desde ayer no tenemos una gota. Esperamos que el arreglo llegue pronto”, dijo. Por último, sostuvo que a raíz de este inconveniente grandes caudales de agua fluyen a un costado de la calzada “como si fuera un río”. Aguas Bonaerenses reconoció a través de un comunicado que el inconveniente demandaría casi todo un día de trabajo y se reconoció que ayer se iría normalizando la prestación, pero de manera progresiva. Se informó que anoche los operarios de Absa terminaron con la reparación de la rotura sobre el acueducto de 1.200 milímetros de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) que traslada el agua potable desde la Planta Donato Gerardi hacia la zona norte de la Ciudad. AGUA CON CAMIONES CISTERNAS Como consecuencia de la rotura y ante la baja presión que se registró en distintos barrios, Absa puso a disposición dos camiones cisternas de 10 mil litros cada uno, para el abastecimiento de instituciones educativas y centros de salud de la zona afectada. El operativo de asistencia se realizó en los siguientes puntos: Hospital Español, hospital Gutiérrez y hospital Rossi; además se abasteció a la unidad sanitaria ubicada en 3 y 527; 2 bis y 528. También fueron asistidas las escuelas ubicadas en: 531 entre 115 y 115 bis, 120 y 519 y en 45 entre 13 y 14. Se comunicó que una vez terminada la reparación, el acueducto entrará en carga. Por eso, de acuerdo a los cálculos, se estimó que para las últimas horas de ayer, el servicio se restablecería de manera paulatina.

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UN CARGO PARA RATIFICAR EL ACUERDO María Eugenia Vidal busca seguir incorporando peronistas a su equipo. En los últimos días el que llegó fue el intendente de Castelli, Francisco Echarren, que se hará cargo de la subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia. Hace unos meses, y luego de varias idas y vueltas, logró cerrar trato con el jefe comunal de San Nicolás, Ismael Passaglia. Y ahora, ese acuerdo se trasladó a un organismo bonaerense. Es que en las últimas horas uno de los hijos de quien fuera ministro de Salud, Santiago, fue nombrado en el directorio de Provincia Bursátil, una de las empresas del Grupo Bapro. Allí también están designados otros peronistas. Uno de ellos es el ex intendente de Arrecifes, Daniel Bolinaga. Otro, es un berissense: el hijo del ex alcalde Enrique Slezack, Matías.

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Es una fija: cada vez que el termómetro sube, el servicio eléctrico en la Región empieza a tambalear. En ese marco, el concejal por el GEN, Gastón Crespo, le exigió a la empresa Edelap “que presente un plan de acción y contingencia ante la posibilidad de cortes del suministro eléctrico debido al ascenso de las temperaturas y el consecuente incremento de la demanda”. “Sabemos que durante los días de verano, la mayoría de los barrios platenses sufren cortes inesperados que provocan un entendible malestar entre los vecinos y comerciantes, con pérdidas de comestibles, días de trabajo y, obviamente, las pérdidas económicas irrecuperables”, señaló el edil. El concejal adelantó además que “entendiendo que hay que tomar medidas concretas con datos reales, estamos avanzando en la creación de un registro de reclamos donde los vecinos puedan volcar su queja, especificando los días y duración de los cortes. Una vez terminada la temporada, con los datos concretos, podremos reclamar ante la Empresa y la Justicia la implementación de un servicio acorde a las necesidades de nuestra ciudad”. Quienes impulsan la iniciativa señalaron que, en cuanto a los comerciantes, se podría avanzar contra la empresa reclamando la devolución de las pérdidas ocasionadas por los cortes.

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El servicio meteorológico de Satelmet pronostica 30º de máxima para hoy y varios sectores de Bahía se quedarán sin agua y otros sin electricidad. La empresa ABSA anunció que repararán un acueducto de 300 milímetros en la esquina de Nicolás Levalle y Piedrabuena. Es por eso que se quedarán sin servicio 8 barrios entre las 8 y las 16. Se trata de Ferrocarril, Plan Federal, Cáritas, Villa Delfina, Loma Paraguaya, Barrio Rucci, Villa Rosas y 26 de Septiembre. También indicaron que se notará la disminución de presión barrio San Martín, Villa Ressia, Misiones, Centenario y en Ingeniero White. Por otra parte, la prestataria EDES informó que hará tareas de mejoras y que por eso cortará el servicio en Millamapu, San Agustín, Patagonia Norte, Aldea Romana, Los Horneros y Oro Verde. Será de 04:30 a 10:00. "Con estas obras se reestructurarán 550 metros de línea de media tensión en calle Llao-Llao entre Millamapu y Salliqueló. También se reemplazará el 100 % de postes y cables", explicaron. "Habrá un incremento en la calidad del servicio para los clientes de barrios Millamapu, Patagonia Norte, Los Horneros, Aldea Romana, Oro Verde y San Agustín", prometieron.

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Florencio Randazzo facilitó el techo para la postal más intrigante del peronismo tribal en estas semanas tórridas. En el Palacio Raggio, el ex ministro congregó a jefes de La Cámpora, del Movimiento Evita, caciques del Esmeralda, el Fénix y el PJ y los tentó con un pacto. El ex ministro agita una tesis atrevida. Cree que el peronismo que formó parte del FpV está en condiciones de empujar a María Eugenia Vidal a romper la gobernabilidad que selló con Sergio Massa y elegir como interlocutor al PJ. Matemática pura. Randazzo anota que si los pedazos peroristas operaran bajo el único sello, reuniría 20 senadores y más de 35 provinciales con lo que numéricamente emerge como la oposición con más volúmen legislativo y, de ahí, en antagonista de Vidal. El lunes en las oficinas de Randazzo coincidieron referentes de grupos (algunos muy enfrentados entre sí) para explorar, supo Clarín, la posibilidad de reunificar los bloques en la legislatura bonaerense como escala previa a convertir al peronismo en actor inevitable en la provincia. Contexto. En noviembre, Vidal ratificó su sintonía con Massa y la sostiene a pesar de los chispazos por Ganancias y la furia que Mauricio Macri destila contra el tigrense. Pero al gobernadora le faltan votos para aprobar el presupuesto y el endeudamiento. Sin fisuras o fugas en el planeta PJ-FpV, a Vidal no le alcanza lo que le arriman Massa y Margarita Stolbizer. Randazzo sentó en la mesa a Eduardo "Wado" De Pedro y Andrés "Cuervo" Larroque por La Cámpora y a Fernando "Chino" Navarro por el Evita. Nunca, como ahora, fue tan áspera la tirria entre esos dos clanes. Estuvieron, además, Martín Insaurralde (Lomas), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham) del grupo Esmeralda que se cascotea con el Fenix, representado por Verónica Magario, de La Matanza. Equlibrista, terció Alberto Descalzo, de Ituzaingó. Fernando Espinoza fue como jefe del PJ bonaerense, Confirmó Congreso para fines de mes y prometió que habilitará cambio de apoderados para garantizar "primarias transparentes". Poesía dulce para de Randazzo que repite, como un mantra, una encuesta de ARESCO que pronostica que una PASO entre él y Daniel Scioli rondaría los 40 puntos. La mesa redonda la completaron Julián Domínguezy Walter Abarca que preside uno de los tres bloques de Diputados. Trascurrió como un reencuentro de socios que se pagaron con cheques voladores. Se despidieron con la promesa de volver a verse pero no pusieron fecha ni lugar. Quedaron cosas en la mesa: 1. Explorar la reunificación de los bloques para condicionar a Vidal y forzarla a romper con Massa. U obligarla a revisar su acuerdo con el tigrense, al menos en lo referido a las autoridades de

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Diputados. Randazzo quiere que le den al peronismo la vicepresidente de Diputados que Vidal, vía Federico Salvai, prometió a Massa. 2. El ex ministro lo plantea como un principio: si se puede avanzar podría ser prosperar hacia la confluencia electoral donde hay una cláusula sobre la que no hay precisiones: ¿será Cristina de Kirchner candidata en la provincia o no?. 3. Vidal probó la variable Randazzo para abandonar a Massa pero entendió que no le da certezas. Aun con menos votos, el FR y el GEN son más estables. En el peronismo post K hay varios sectores con conductas, acuerdos y riñas internas. 4. En estas horas, está abierta la discusión sobre el presupuesto donde sectores, como el Esmeralda, que proponen ventajas para los municipios y estarían dispuestos a votarlo aunque otros espacios del FpV no lo hagan. Ahí puede producirse una tensión Esmeralda-Randazzo que han jugado juntos y ahora tienen enfoques diferentes. 5. La unidad peronista es una idea válida hasta que se discute de verdad: sobre nombres, cargos, espacios. En estos días se habló de un acuerdo para que la vice de la Cámara sea para Santiago Rébora, de La Cámpora, y la jefatura de uin bloque unificado la ocupe el randazzista Marceló Feliú. Ese reparto no pagaría a intendentes.

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Lo que parecía un trámite legislativo encaminado hacia la sanción del Presupuesto se convirtió ayer para el gobierno de María Eugenia Vidal en un callejón sin salida que obligó a postergar las sesiones en el Senado y la Cámara de Diputados que iban a realizarse hoy. La imposibilidad de llegar a un acuerdo con el peronismo hizo fracasar la estrategia de Cambiemos de realizar sesiones paralelas en ambas cámaras hoy para liquidar en una jornada la sanción del Presupuesto, la Ley Impositiva 2017 y, además, la designación por parte del Senado del nuevo Procurador de la Suprema Corte Julio Conte Grand. La falta de quórum en la reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado (cámara de ingreso de las normas) convocada para ayer a las 16 fue la señal que confirmó la versión sobre la postergación de las sesiones. Todas las especulaciones señalan ahora al próximo miércoles 21 como posible fecha para cumplir un trámite que parece cada vez más complejo para los legisladores de Cambiemos. El revés para el oficialismo llegó luego de que, el lunes por la noche, referentes de Cambiemos como el presidente del bloque de diputados, Jorge Silvestre, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Daletto, se manifestaran confiados en la posibilidad de sancionar las normas en las sesiones que iban a realizarse hoy. PULSEADA Las intenciones del oficialismo volvieron a chocar contra la unidad de los distintos sectores del peronismo, que controlan tanto en Diputados como en el Senado un número de bancas suficiente como para impedir la sanción de normas que requieren mayoría especial. Por eso, pese a que el acuerdo con el Frente Renovador seguía firme, el oficialismo no logró conseguir la cantidad de votos suficientes. En el fondo de la pulseada aparece una serie de condiciones planteadas por los distintos sectores del peronismo de la Provincia que vienen manteniendo una esforzada unidad. En términos técnicos presupuestarios, el gobierno de Vidal y el peronismo ya habían alcanzado un principio de acuerdo, luego de que el Ejecutivo aceptara reducir el nivel de endeudamiento y crear un fondo de casi 8.500 millones de pesos destinado a la ejecución de obras en los municipios. Pero las negociaciones siguieron en torno a otra serie de planteos impulsados por el peronismo vinculados al reparto de espacios de poder en la Provincia. Los intendentes del grupo Esmeralda y el bloque de diputados alineados con ellos reclaman como condición indispensable para prestar acompañamiento al Presupuesto y la Ley Impositiva el sillón de la vicepresidencia “con firma” de la Cámara baja. Ese sillón ya fue prometido por Vidal a el massismo, en el marco del acuerdo de gobernabilidad con el Frente Renovador que contempló un esquema de presidencias rotativas. Pero el peronismo entiende que la vicepresidencia le corresponde ya que, todos juntos, tienen más bancas que los massistas.

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El despacho del ministro de Gobierno bonaerense Joaquín De La Torre fue sede ayer de un encuentro clave que terminó de definir la suerte de la estrategia oficialista para sancionar el Presupuesto. El ex massista, designado por Vidal para llevar la negociación con los caciques peronistas, recibió al intendente de San Martín Gabriel Katopodis, referente del grupo Esmeralda; al presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza; al diputado y líder del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro y al intendente de San Antonio de Areco Francisco “Paco” Durañona. En el encuentro, según pudo saber EL DIA, De La Torre transmitió la negativa del Ejecutivo a aceptar la condición planteada por las diferentes tribus del peronismo para dar los votos que permitan sancionar el Presupuesto. En una esforzada unidad, los peronistas reclaman la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, que Vidal prometió al massismo en el marco del esquema de gobernabilidad legislativa con presidencias rotativas. “Nombres no tenemos, pero la queremos sí o sí para nosotros. Nos corresponde por número”, explicaba ayer una legisladora referenciada en el Grupo Esmeralda. ROMPER ACUERDOS El planteo del peronismo no sólo apunta a controlar un espacio clave en la Cámara baja sino a empujar a Vidal a romper el acuerdo con Sergio Massa. Detrás de la movida que terminó obligando a postergar el tratamiento del Presupuesto asoma la figura del ex ministro del Interior Florencio Randazzo, quien en las últimas semanas consolidó un retorno, por ahora silencioso, a la actividad política. En varios encuentros que él mismo se encargó de convocar, Randazzo trabajó para mantener la unidad de un grupo de legisladores bonaerenses que le responden y otros de diversos sectores, como La Cámpora y el Movimiento Evita.

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En el peronismo saben que si se mantiene la unidad, a Vidal no le alcanzan con los votos que pueda aportarle el Frente Renovador y el GEN de Margarita Stolbizer ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. En ese marco, y más allá de lo que suceda con las negociaciones por el Presupuesto y el sillón de la vicepresidencia de Diputados, no son pocos los que avizoran para el año próximo una reunificación de los bloques del peronismo, que se fragmentaron tras la derrota en las urnas de 2015. Ahora, con la negativa de ayer a ceder al planteo por la vicepresidencia, la gobernadora Vidal sembró una semilla de discordia en las filas del peronismo. Es que el Grupo Esmeralda ya tenía acordada la vicepresidencia primera del cuerpo. Ahora, habrá que ver si el sector de intendentes del Conurbano aceptan quedarse con ese espacio o mantienen un frente de unidad con La Cámpora y el Evita para quedarse con la vicepresidencia “con firma”.

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Por MARIANO PEREZ DE EULATE Lunes a la tardecita. Las oficinas porteñas de Florencio Randazzo, sobre la calle Bolívar, sirvieron para realizar lo que en los hechos fue una de las primeras reuniones en las que prácticamente todos los sectores del PJ bonaerense se vieron las caras. La agenda más inmediata imponía abocarse a lo que se concretó ayer: acercar a la gobernadora María Eugenia Vidal la idea de que el gobierno provincial pegue un giro en su lógica de alianzas legislativas y se vuelque al peronismo, en lugar de privilegiar el acuerdo pre-existente con el Frente Renovador de Sergio Massa. El PJ propuso (y seguirá haciéndolo hasta el último minuto) unificar todas sus almas en Diputados y Senadores para votar el Presupuesto 2017 y el endeudamiento que necesita Vidal a cambio de la vicepresidencia primera de la Cámara Baja, que debería ir para un renovador según lo pautado apenas asumió Cambiemos en la Provincia. Más allá del resultado de esta movida, que ayer parecía caída por la negativa de Vidal, podría ser un error limitar aquel encuentro del lunes -en el que se sirvieron medialunas, mate y café- sólo a la disputa por aquel cargo importante del Legislativo provincial. “Si se unen todos los espacios peronistas que componen el mundillo legislativo provincial y que hoy están distanciados, el PJ se convertiría en el espacio opositor más importante, por arriba del massismo” (Randazzo dixit) Mientras Massa se convierte en una suerte de “Enemigo Público Número 1” del Gobierno nacional después de imponer su proyecto sobre el impuesto a las Ganancias en el Congreso, el PJ provincial inicia ejercicios de acomodamiento interno que podrían terminar con una estrategia de unidad de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Es justamente lo que no quieren los operadores de Cambiemos, que sueñan con una oferta justicialista dividida. A las oficinas del ex ministro de Transporte confluyeron nombres de todas las tribus que hoy componen el PJ bonaerense, algo impensado apenas meses atrás. El llamado Grupo Esmeralda acercó a los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gabriel Katopodis (San Martín). El Movimiento Evita estuvo representado por el diputado provincial Fernando “Chino” Navarro. Su colega Walter Abarca, del PJ legislativo, llegó con Julián Domínguez, quien fuera eterno rival seccional de Randazzo y que hoy aparece como un aliado. También estuvieron, si se quiere representando a los “Barones” del Conurbano, el titular del PJ provincial, Fernando Espinoza; su pupila e intendenta de La Matanza, Verónica Magario; y el jefe comunal de Ituzaingo, Alberto Descalzo. Pero el dato acaso más fuerte fue la presencia de los líderes de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque. Imposible que esas presencias no fueran avaladas por la ex presidenta Cristina Fernández y por su hijo Máximo Kirchner, con quien Randazzo habla mucho más de lo que se sabe. “Es la primera foto de un camino”, explicaban ayer en el PJ sobre aquella instantánea del lunes, que en realidad nunca tuvo forma de postal para no generar expectativas apresuradas.

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La cuenta que hace Randazzo es real: si se unen todos los espacios peronistas que componen el mundillo legislativo provincial y que hoy están distanciados, el PJ se convertiría en el espacio opositor más importante, por arriba del massismo. Anida en “El Flaco” una tirria visceral contra el propio Massa, se admite en su entorno. Para él, el triunfo de la movida en cuestión no sería tanto el salto que daría el PJ a la categoría de “gran partido” opositor a Vidal sino la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad que el tigrense tiene con la gobernadora y su consiguiente debilitamiento político. Acuerdos que, aparentemente, seguirían vigentes (Ver página 8). Un dato adicional: Vidal se ganó una cuota más de respeto entre los peronistas bonaerenses, que ayer barajaban el dato de que la gobernadora se le habría plantado al mismísimo Mauricio Macri para respetar sus acuerdos con Massa. Al Presidente, explican en fuentes políticas, le habría gustado un “escarmiento” para el líder renovador en tierra bonaerense luego de la saga por el proyecto de Ganancias. En cierto punto, para los alcaldes peronistas, incluso los que impulsan a Randazzo como candidato legislativo el año próximo, toda esta pelea de poder en la Legislatura fogoneada por el ex ministro del kirchnerismo podría convertirse en una suerte de encerrona si no tiene el desenlace esperado. Dudas que surgen en las mesas justicialistas: ¿Pueden realmente los jefes comunales, que necesitan fondos para gobernar en el año electoral, no acompañar la votación del Presupuesto si el PJ no obtiene la vicepresidencia primera de Diputados? ¿Será la “zanahoria” de ese eventual cargo el único factor de unidad entre todos los sectores internos? Misterios que se develarían antes del final de este año.

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La justicia bonaerense comenzó ayer las investigaciones sobre el incendio que se desató el lunes en la zona boscosa de las localidades de Valeria del Mar y Cariló, en el partido de Pinarmar, en la costa atlántica bonaerense, para verificar si las causas fueron intencionales como presumen autoridades nacionales y locales. El incendio, que afectó 50 hectáreas y ya fue controlado, es considerado “el más grande de la historia de Pinamar”, según precisó el secretario de Seguridad de esa localidad, Matías Yeannes. En este marco, el titular de la Fiscalía Federal de Dolores, Juan Pablo Curi, inició una investigación preliminar para determinar si el fuego se inició por causas naturales o si fue intencional, en cuyo caso solicitará medidas para dar con los autores e impulsar una acción penal en su contra, informó el Ministerio Público Fiscal a través de su página web. La investigación intentará establecer el impacto ambiental y el peligro para la salud y la seguridad pública que generó el incendio en la reserva ecológica. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, afirmó que “hay una presunción de intencionalidad”. “El hecho de que hubo varios focos simultáneos que dieron inicio al incendio hace presuponer que hay una intencionalidad, algo que está en el plano todavía de la suposición y que los peritos y la policía podrán evaluar y ampliar”, aseguró Bergman, para quien esa sospecha “es algo que preocupa además de la pérdida del activo ambiental”. El funcionario dijo que la idea de presunción “la hemos recogido de las palabras del intendente de Pinamar, Martín Yeza, que cuando ya estaba sofocándose el fuego al final del día manifestaba la preocupación de la existencia de una secuencia, con el intento de incendio el viernes pasado en un balneario que estaban desarmando y el incendio con la pérdida de 50 hectáreas de bosques nativos en la zona de Valeria del Mar”. En este sentido, Yeza dijo que “nadie piensa que esto haya podido ser accidental, porque había varios focos de incendio; tres puntos a la misma vez es difícil”. Por su parte, el coordinador del sistema de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Ambiente de Nación, Marcelo Mosiejchuk, ratificó que la situación está totalmente controlada; “los Bomberos trabajaron toda la noche en tareas de enfriamiento del suelo y liquidando los focos que quedaban”. Aunque hace unos 10 años hubo otro incendio de grandes proporciones, Mosiejchuk refirió que “este fue más grave porque se propagó hasta una zona muy cercana a una estación de servicio y una planta de gas”. El funcionario explicó que el fuego se extendió con mucha rapidez porque “está dentro de las condiciones que llaman ‘la escala de 30; se dio con más de 30 grados de temperatura, menos de 30 grados de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento”.

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La destrucción de unas 50 hectáreas de la zona significa “una gran parte de todo el terreno, diría que el 70 por ciento”, señaló Yeannes, quien precisó que si bien el pino crece rápido, “va a llevar tiempo recuperarlo”. Yeannes explicó que el incendio se produjo en “tierras privadas que no tienen acceso al público, pero es una zona a lotear”, y recordó que “desde marzo estamos sufriendo incendios forestales y la mayoría fueron intencionales como nos explican los bomberos. Para generar un incendio como éste se necesitan ciertos conocimientos”. El fuego se inició pasado el mediodía del lunes en la reserva boscosa de Valeria del Mar, a la altura del kilómetro 397 de la Ruta Provincial Interbalnearia 11, pero rápidamente se propagó hacia el bosque de Cariló. “Hubo 15 dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes que envió la provincia de Buenos Aires, además del compromiso de los vecinos que se acercaron a ayudar”, afirmó Yeannes al referirse a la acción que combatió el fuego durante 7 horas y realizó tareas de prevención durante la noche y la mañana de ayer, ayudados por una lluvia que descargó un intenso aguacero que permitió cesar con la “guardia de cenizas”. “Todo lo que hay de pinos está quemado, y lo que queda hay que tirarlo porque es riesgoso”, señaló el bombero Mariano Bandi. “Lo único que queda por hacer con los esqueletos de los árboles es tirarlos: ya no hay nada que salvar”, dijo el hombre mientras “velaba” un vehículo Unimog que resultó destruido por el fuego y que hace treinta años prestaba servicio en el cuartel.

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Los presidentes de las agremiaciones médicas de La Plata, Ensenada y las demás entidades nucleadas en el Fremebo informaron ayer que, tras las negociaciones que mantuvieron con las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), “se logró que la obra social provincial acepte no efectuar recortes arbitrarios en el padrón de profesionales”. De este modo, según señalaron desde las entidades médicas, en el nuevo convenio preliminar “quedó establecido que el IOMA podrá rechazar solo con “justa causa” a los prestadores y no “sin causa” como decía la propuesta original del IOMA”. Por otra parte, los profesionales médicos habían pedido un reajuste de honorarios porque, hasta el momento, lograron un incremento del 25 por ciento anual, “que marca un retraso notable con respecto a otros sectores”. El presidente de la Agremiación Médica Platense, Martín Pedersoli, expresó que el aumento en honorarios y el resto de las cláusulas del nuevo convenio serán motivo del debate que se realizará el próximo sábado, cuando los referentes del Frente Médico Bonaerense se reúnan en Mar del Plata. Pedersoli remarcó que, “hemos evitado que el IOMA decida eliminar sin causa alguna a profesionales del padrón, lo cual hubiera significado un perjuicio para el médico y no respetar el derecho de los pacientes a elegir libremente con quien asistirse”. Ahora, señaló el dirigente, “vamos a dar un debate interno para que el convenio que finalmente firmemos con el IOMA respete el trabajo de los profesionales de la salud en materia de honorarios”.

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Cuando en el horizonte del oficialismo asomaba una dura derrota legislativa, la Casa Rosada salió al contraataque y logró postergar el tratamiento de reforma del impuesto a las Ganancias. A cambio de que se sacar de la sesión de hoy el tratamiento de la iniciativa, la mayoritaria bancada del FpV reclamó que se convoque a los gobernadores, a la CGT y a todas las fuerzas con representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso a una mesa de diálogo para discutir modificaciones en el tributo. Esas negociaciones ya comenzaron y hubo contactos ayer mismo entre funcionarios y Sergio Massa. El plan oficial es ambicioso: quieren avanzar desde cero en un nuevo proyecto, que pueda ser consensuado entre todos los sectores. De ocurrir, se buscaría que sea votado en ambas cámaras ya la semana que viene. Anoche, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana estaban reunidos con los dirigentes cegetistas Carlos Acuña y Héctor Daer. En caso de que eso no se logre unificar un solo proyecto nuevo, en el oficialismo hablaba de acompañar uno de que presentaría el senador Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), que tiene un menor impacto fiscal. En ese eventual escenario, el proyecto con media sanción y el nuevo serían tratados en el recinto el miércoles 21. "Iríamos a matar o morir", exageraron en un despacho de la Casa Rosada. El oficialismo apuesta a que la operación de pinzas que desplegó sobre los gobernadores y parte de los senadores le rinda aún más frutos.

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Por lo pronto, el ministro del Interior Rogelio Frigerio se reunió ayer a la tarde con los ministros de Economía de 21 provincias y de la Ciudad y logró encolumnarlos a todos contra el proyecto. "Habiendo conocido el impacto fiscal real del proyecto, los ministros o secretarios de Economía de las provincias acuerdan solicitar al Congreso posponer el tratamiento en el recinto del proyecto hasta tanto se pueda evaluar el efecto sobre las finanzas", dice el documento firmado por todos los representantes de las provincias. Frigerio, acompañado de los diputados oficialistas Emilio Monzó, y Luciano Laspina, había estado temprano reunido en el Senado con Pichetto, Urtubey y Omar Perotti. En esa reunión, el oficialismo insistió con que el proyecto era un "desastre" y que el Senado debía asumir la "responsabilidad de ponerle la cascabel al gato". Ahí el FpV reclamó al Gobierno convocar a una mesa de diálogo entre todas las partes. Pichetto, además, habló ayer por teléfono con Macri. En simultáneo a ese encuentro, en el primer piso del Senado seis gobernadores (el cordobés Juan Schiaretti, el rionegrino Alberto Wereltinek, el neuquino Omar Gutiérrez, la fueguina Rosana Bertone, el jujeño Gerardo Morales y el salteño Rodolfo Urtubey) se pronunciaban en contra del proyecto de Ganancias por el elevado costo fiscal que implica para las arcas provinciales. El único gobernador que fue al Senado a pedir que la ley salga fue el chubutense Mario das Neves. En el debate en comisión, el senador José Mayans (FpV-Formosa) se quejó: "El Ejecutivo es el que no hizo lo que corresponde porque debiera haber trabajado con el Parlamento antes de enviar el proyecto". Antes, el titular de la AFIP, Alberto Abad, había sembrado más terror entre las provincias: dijo que de aprobarse, el rojo sería de $ 64.273 millones. También fue al Senado un comité de dirigentes cegetistas. Le pidieron a los senadores que aprobasen la ley sin retoques. En la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, el líder del FpV, Miguel Pichetto, advirtió al oficialismo que en caso de que el Gobierno no acepte sentarse a negociar, la bancada del PJ forzaría el tratamiento del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados. "No debe interpretarse esto como una presión. Simplemente estamos diciendo que no vamos a renunciar a nuestro compromiso", dijo más tarde el senador rionegrino. Lo cierto, sin embargo, es que ayer los números finos le jugaban a favor al oficialismo. Pese a su intención, el FpV no logró ayer dictamen favorable al proyecto de Ganancias. Para emitir dictamen en comisión se necesitan las firmas de 9 senadores, exactamente la cantidad de senadores que suma el PJ en Presupuesto. Pero hasta anoche solo 5 senadores habían acompañado el despacho: Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti, Graciela de la Rosa, Pedro Gustavino y Ester Labado. Faltaban las firmas de Carlos Espínola, Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera y Juan Manuel Irrázabal, quien ayer se ausentó y directamente no atendió los llamados que le hicieron sus compañeros de bancada. Anoche, en la reunión de bloque se discutía si jugaban en conjunto en caso de que no queden conformes con la convocatoria del Gobierno. De ser así, los senadores que no firmaron podrían verse obligados a hacerlo, aunque sea con disidencias parciales. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el senador radical Julio Cobos se alejó un instante para llamar y trasladarle al ministro del Interior Rogelio Frigerio el pedido opositor. Trascendió que el funcionario habría pedido a cambio un compromiso de los sindicalistas de que no van a desairar a Mauricio Macri y participarán de la eventual convocatoria.

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El presidente Mauricio Macri firmó hoy el decreto que exime del pago del impuesto a las Ganancias el medio aguinaldo de diciembre de un importante grupo de trabajadores, según confirmaron fuentes del Gobierno a Clarín. El texto será publicado mañana en el Boletín Oficial y se espera que queden exceptuados de pagar ese tributo sobre el aguinaldo los empleados que cobren hasta $15.000 en ese concepto y siempre y cuando no cobren más de $55.000 brutos mensuales, tal como habían anunciado en su momento los propios funcionarios del Gobierno. Así, los trabajadores que cobren hasta $55.000 brutos mensuales pero que tengan un medio aguinaldo mayor a $15.000 tendrán exento de Ganancias el monto hasta este último tope, y pagarán el tributo que corresponda por lo que exceda ese monto. El 22 de noviembre, El ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat-Gay, había adelantado que habrá exenciones del impuesto a las Ganancias para "los ingresos medios" cuando cobren el medio aguinaldo de diciembre. "Eso ya está acordado en función del nivel salarial. Los argentinos de ingresos medios ya saben que pueden contar con eso. Va a salir la norma en los próximos días", aseguró el funcionario, en un breve contacto con la prensa tras un discurso en una conferencia de la UIA. La noticia se conoce en medio de la pelea del Gobierno con la oposición para frenar el proyecto de ley que impone una sensible disminución de ese tributo.

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El Gobierno celebrará este miércoles la audiencia pública para las empresas de transporte eléctrico y aprovechará para detallar cuál es el costo de generación eléctrica, que la mayoría de los argentinos desconoce. Ese costo se determina dos veces por año: en febrero y en agosto. Cada revisión podría implicar un aumento en las facturas de luz -ya que el costo de generación eléctrica es el componente de mayor importancia en las boletas- pero eso no sucederá, según estiman en el Ejecutivo. La política del Poder Ejecutivo es aprobar un aumento anual - en el verano- mientras que la segunda revisión de costos suele ser absorbida por el mismo Gobierno. Y en 2017, en vísperas de las elecciones, es aún más improbable que haya aumento de tarifas eléctricas en septiembre, antes de los comicios legislativos. El Estado nacional paga más del 70% del costo de generación eléctrica, una cuenta que sumó US$ 9.182 millones en 2016. Durante el año próximo, el objetivo es bajar los subsidios en US$ 1.500 millones, lo que implicaría que los consumidores (hogares y comercios) tendrán que afrontar un mayor porcentaje del costo de la electricidad. Hoy, los usuarios particulares y comerciales (llamados "la demanda" en la jerga) pagan un 30% de lo que vale la luz. En 2017, abonarían entre 45% y 50%, según estimaciones. "Las tarifas eléctricas se establecen dos veces. Es el precio estacional, en febrero y en agosto, que es el momento que uno puede estar estableciendo el precio estacional. Por lo tanto, la información al público de cuándo va a ser el incremento en el precio de generación (recuerden que el Estado nacional solo regula la distribución -Edesur y Edenor- en Buenos Aires y el conurbano , y no en el resto del país), desde el punto de generación se va a conocer a mediados de enero" detalló ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El objetivo del Gobierno es aplicar en generación eléctrica un esquema similar al utilizado en los precios de gas en boca de pozo. En octubre, tras celebrar una audiencia pública, el Poder Ejecutivo puntualizó que buscará terminar con el subsidio al costo del gas "mayorista" (que después las distribuidoras venden a hogares y comercios). Este año, se destinaron US$ 3.100 millones a esa subvención. El ministerio de Energía quiere dejar de subsidiar el gas para la mayor parte del país en 2019 y ese plazo se extendería hasta 2023 para la Patagonia. "Cuando evaluemos lo que han sido las audiencias públicas de transporte y distribución (eléctrica), también (estará) la forma en que podemos estar trasladando en forma gradual en los tres próximos años el incremento en el costo de generación para que los subsidios puedan ir reduciéndose en forma gradual", señaló Aranguren. "En la audiencia, van a entender el precio mayorista de la electricidad y van a ver el gradualismo que tenemos previsto", agregó. "Al igual que ocurrió con el gas natural, vamos a aplicar el precio de generación", manifestó Aranguren. La reducción de subsidios no contempla a los beneficiarios de la tarifa social en electricidad, que llegan a 3.750.000 hogares, pero que podrían llegar a pedir 4 millones de usuarios, según cálculos del Gobierno. El ministro aprovechó la audiencia prevista para hoy para deslizar una crítica a la Corte Suprema de Justicia que impuso la obligación de ese mecanismo en el precio del gas mayorista. "En el caso específico del gas, en ningún lugar estaba escrito en la Constitución que para aumentar el precio del gas en boca de pozo hay que hacer audiencia pública. Sin embargo, la Corte Suprema

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hizo una interpretación, después de los amparos judiciales, de que en la medida que el Estado nacional fije el precio del gas, no importa si está por debajo del mercado, hay que ir a audiencia pública", criticó el ministro. "Si el precio del gas es el de mercado, aunque sea alto, no hay que ir a audiencia pública", enfatizó. Aranguren entiende que la intervención estatal, cuya meta fue defender a los consumidores, fue castigada en el frente judicial. "En caso de electricidad, la ley 24065. no dice nada que hay que hacer audiencia pública, pero vamos a aprovechar la oportunidad de la audiencia de transporte de electricidad regional, vamos a mostrar cómo se calcula el precio estacional".

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El diputado provincial oficialista Marcelo Nasif propuso hoy llamar a una "consulta popular" para que los jujeños se pronuncien sobre la continuidad o no de la prisión preventiva para Milagro Sala. El proyecto de ley que presentó a la Legislatura desató una inmediata polémica y un fuerte rechazo desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala y del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ. "A través de este proyecto se convoca al Poder Ejecutivo para que haga una consulta popular al pueblo de Jujuy y que seamos los jujeños los que nos expresemos en relación a si Milagro Sala debe continuar sometida a proceso judicial en prisión preventiva o no", dijo Nasif a Télam. El legislador del bloque Primero Jujuy, que integra el gobernante Frente Cambia Jujuy, dijo que esa propuesta permitiría "conocer cuál es la opinión de los jujeños, de los que vivimos en Jujuy", respecto de pedidos de que Sala sea liberada de inmediato formulados por el Grupo de Trabajo sobre Prisión Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por su parte, voceros del Comité por la Libertad de Milagro Sala repudiaron el proyecto y anticiparon que lo enviarán a todos los organismos internacionales para "dar a conocer la violación del Estado de Derecho" por parte del gobernador Gerardo Morales, legisladores oficialistas y el Poder Judicial en la provincia. "El proyecto presentado es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala", afirmó el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, integrante del Comité. El destituido alcalde añadió que "en un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum". "Sin dudas se trata de una práctica fascista. No son los humores públicos los que deben resolver sobre la libertad o no de una persona", al margen de criterios jurídicos y "pruebas que deben acreditarse en el expediente", opinó Eduardo Tavani, también integrante del Comité. "Un lichamiento" También hubo rechazo desde el bloque de diputados del FpV-PJ: "Los diputados y diputadas nacionales del bloque FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, repudiamos el intento de un grupo de legisladores jujeños de convocar a una pseudoconsulta popular para decidir la continuidad de la prisión de Milagro Sala, y nos oponemos a este verdadero linchamiento que pretenden llevar a cabo". Agregaron: "Preguntarle al pueblo jujeño '¿Ud cree que Milagro Sala, libre, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia investigue los hechos de corrupción?' y pretender que la respuesta sirva de guía para determinar la continuidad de una prisión preventiva, significaría retrotraernos a los tiempos de los linchamientos medievales".

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Y concluyeron: "Hacemos responsable al presidente Mauricio Macri por esta ominosa situación, y le pedimos a la alianza gobernante que deje de ignorar el estado de derecho y los principios republicanos, y disponga el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los organismos internacionales y la intervención del Poder Judicial de Jujuy". El proyecto El proyecto presentado por Nasif propone una "consulta popular" que "no es vinculante porque la independencia del Poder Judicial está constitucionalmente consagrada", explicó el legislador. En esa eventual consulta, los ciudadanos jujeños en condiciones de votar deberían pronunciarse "por Sí o por No" respecto a la siguiente pregunta: "¿Usted cree que Milagro Sala, libre, amenazará testigos, entorpercerá e impedirá que la justicia la investigue por hechos de corrupción?". "Los jujeños hemos padecido el accionar de Milagro Sala con cortes de ruta, de calles, violencia y distintas formas de esclavitud que se han producido, además de los hechos de corrupción que conocemos todos", dijo el legislador. El proyecto que podría tomar estado parlamentario en la sesión extraordinaria de mañana está acompañado de 16 firmas entre peronistas alineados con el massismo y radicales, dijo Nasif, del bloque Primero Jujuy, liderado por el vicegobernador Carlos Haquim. Detenida desde el 16 de enero La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la OEA, había urgido a la Argentina a que libere inmediatamente a la dirigente kirchnerista, cuya detención es considerada “arbitraria” por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sala fue detenida el 16 de enero por "instigación", a raíz de un acampe y protesta frente a la sede de la gobernación de Jujuy, pero luego se levantó ese arresto, aunque continúa en prisión bajo la acusación de presuntos delitos como "malversación de fondos públicos", "evasión fiscal" y "enriquecimiento ilícito". "Apoyo a Morales" Autoridades del radicalismo junto a ministros y gobernadores de esa fuerza mantendrán este viernes una reunión en Jujuy para expresar su "apoyo a la gestión" del mandatario jujeño Gerardo Morales, en medio de los cruces por la detención de Milagro Sala. Será la última reunión del año de la UCR que congregará a sus máximos referentes en el Hotel Altos de las Viñas, en San Salvador de Jujuy, donde el mismo Morales será el anfitrión del encuentro.

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Mauricio Macri sumó otro problema judicial. Una denuncia opositora se convirtió ayer en un nuevo expediente penal en su contra: el Presidente y parte de su gabinete quedaron imputados por haber firmado un decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos. La denuncia, que además de a Macri abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. Se investiga si los funcionarios incurrieron en el delito de abuso de autoridad. Peña ayer mismo defendió la media del Gobierno. En una conferencia de prensa que ofreció en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por Macri, el Peña sostuvo que el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada". "Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuan, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro del Presidente con sus colaboradores en el CCK. En el dictamen de Marijuan, entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió una serie de medidas de prueba relativas en su mayoría a certificar documentación, como por ejemplo las actas del debate parlamentario durante la aprobación de la ley de blanqueo y el posterior decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, según explicaron fuentes judiciales. Marijuan sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el Presidente, Peña y Prat-Gay- en el dictamen que llegó al juzgado de Lijo anteayer al cierre del horario judicial y que se conoció ayer. Polémica ampliación El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a familiares directos: cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos. El texto de la denuncia advierte que el decreto "contradice explícitamente la ley 27.260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo". En su dictamen, Marijuan tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación. "Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia. Como es de rigor, ahora será el juez Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por el fiscal Marijuan, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.

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Esta presentación de Victoria Donda se suma a otra realizada por su par la diputada nacional María Emilia Soria, del Frente para la Victoria. La legisladora sostuvo que quiere que se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación. La diputada cree que el decreto pretende "otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales". Por eso pidió "indagar a los sospechosos, se los sujete a proceso, se los enjuicie y se los sancione jurisdiccionalmente".

Tres figuras investigadas

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En la última reunión de gabinete ampliado del año, el presidente Mauricio Macri arengó a más de 600 funcionarios y les exigió "resultados y decisiones" para 2017. Además, le dio un contundente respaldo político al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a sus dos vicejefes coordinadores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. "Ellos son mis ojos y mi inteligencia, y cuando ellos piden algo, lo estoy pidiendo yo", enfatizó. Esas dos instrucciones, con tono imperativo, causaron impacto en todos los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, además de los directores de área y coordinadores generales, congregados en el Centro Cultural Kirchner (CCK), a puertas cerradas y sin presencia de la prensa. Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, Macri dijo: "Hemos tenido una curva de aprendizaje de un año y ahora quiero resultados y decisiones". Y los exhortó: "A toda esa gente que me abrió sus puertas y su corazón no les voy a fallar. Entonces ustedes no me pueden fallar". "Cuando faltan 20 minutos todavía se puede hacer un gol. No quiero hacer referencia al partido del domingo", dijo el Presidente, en alusión al match que Boca le ganó 4 a 2 a River, luego de perder por 2 a 1. Algunos lo vincularon a la discusión a esa hora tensa -eran las 9- sobre el impuesto a las ganancias en el Senado, que luego se descomprimió. Con su espaldarazo a Peña, Quintana y Lopetegui, el Presidente buscó disipar cuestionamientos internos por fallas en la ejecución de algunas medidas o en el Congreso. Uno de los críticos es el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, además de otros funcionarios del "ala política" y del radicalismo. Asimismo, Macri insistió en calificarse "con un 8" y señaló: "Yo nunca pongo notas, siempre evado esa pregunta, pero esta vez lo hice porque sé el amor y el esfuerzo con que todos trabajamos". La reunión comenzó con un video motivacional del discurso del Presidente en el día de su asunción en el Congreso. Allí se intercalaban imágenes de la gestión. Luego hilvanó el apoyo a Peña, Quintana y Lopetegui. "Creo en el trabajo en equipo y por eso creo en la Jefatura de Gabinete", arrancó. "Marcos, Mario y Gustavo son mis ojos y mi inteligencia. Ellos son yo", dijo, y remató: "Lo que ellos piden, exigen, soy yo quien lo pide. Porque represento el compromiso que asumí con toda la gente que me abrió sus puertas y su corazón, que es mucho más importante, y a esa gente no le voy a fallar, entonces ustedes no me pueden fallar". Macri exhortó a "profundizar el cambio" y dijo que "fue un año difícil en el que se hicieron cambios y se pusieron parches". Y subrayó: "En 2017 necesitamos poner más y más coraje a la hora de enfrentar los cambios. No le tenemos miedo a los que ponen palos en la rueda porque estamos seguros de lo que hacemos y de que los argentinos quieren ese cambio". A su turno, Peña exhibió encuestas: "El nivel de aceptación de la gestión es mayor al porcentaje que nos votó. La gente sostiene el cambio y tenemos que seguir firmes en nuestras convicciones". Tras la reunión, Lopetegui aclaró que el DNU con una ampliación del gasto en $ 122.000 millones, conocido anteayer, no significa que se incumplirá la meta del déficit fiscal de 4,8% del PBI. "Ya estaban incluidos dentro de nuestra previsión de gastos", dijo. "Nosotros vamos a cumplir a rajatabla con el 4,8 de déficit ($ 384.000 millones) que dijimos en febrero que íbamos a tener. Estos decretos de ampliación presupuestaria son un tema administrativo", indicó.

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El dólar retrocedió cuatro centavos este martes a $ 16,24 en agencias y bancos de la city porteña, en una jornada donde reapareció la oferta y los inversores estuvieron atentos a la habitual licitación de Lebac, en la cual el Banco Central decidió mantener sin cambios las tasas. La baja se produjo en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa retrocedió siete centavos a $ 15,988 y perforó el piso de los $ 16 después de dos ruedas por encima de ese valor. El analista Gustavo Quintana indicó que "las ventas de bancos oficiales, las que obedecerían al ingreso de divisas provenientes de la colocación de deuda pública, alimentaron la oferta de dólares, que pudo abastecer los pedidos de compra y generó un exceso que presionó a la baja el tipo de cambio". Otros operadores mencionaron la presencia de empresas estatales como oferentes. Sumado a eso, los inversores estuvieron expectantes a la licitación de Lebac, donde la autoridad monetaria dejó sin cambios las tasas en el 24,75% anual a 35 días. En este sentido, el economista Gustavo Ber destacó a ámbito.com que las expectativas previas al cierre del mercado cambiario eran que "las tasas se mantengan debido al repunte del dólar tanto a nivel local como internacional y a que la inflación muestra una desaceleración pero aún no una contracción". El volumen operado ascendió un 58% a u$s 433 millones, lo que pudo haber estado influido por las medidas de fuerza anunciadas por el gremio La Bancaria para este miércoles y jueves en reclamo de una mejora salarial. En tanto, el blue subió dos centavos a $ 16,36, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Además, el "contado con liqui" bajó tres centavos a $ 16,09, mientras que el dólar Bolsa cedió cinco centavos a $ 16,05. En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 623 millones, un 35% se realizó para fin de año ($ 16,175) con una tasa de 26,5%TNA. El plazo más largo fue septiembre con el 20% del volumen total, que cerró a $ 18,855 con un 22,70%TNA, informaron desde ABC Mercado de Cambios. Por último, las reservas del Banco Central repuntaron u$s 72 millones a u$s 36.873 millones.

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Los secretarios general y de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, ratificaron a ámbito.com, en representación del Secretariado Nacional, "el paro dispuesto para mañana (miércoles) en las entidades extranjeras de la cámara ABA y en el Central". "La Bancaria ratifica el paro nacional de mañana (miércoles) durante toda la jornada laboral en los bancos extranjeros de la cámara ABA y en el Central (Bcra)", puntualizaron los dirigentes en un comunicado. También sigue en pie, por el momento, la medida para el jueves. Del mismo modo, señalaron que "en virtud de que la cámara ABE adhirió en todos sus términos al acuerdo firmado por Abappra y Adeba", la organización sindical suspendió "la medida de fuerza en las entidades financieras de la llamada banca especializada". Es decir, la huelga de este miércoles será realizada en los bancos de la cámara ABA y fue suspendida en los de la banca especializada ABE. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo confirmó el dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto bancario y convocó a un nuevo encuentro de partes para el próximo viernes. "La convocatoria se realizó para dialogar sobre un bono extraordinario de fin de año, en el marco de la negociación por sectores y según lo consensuado en el último encuentro del 'Diálogo para la Producción y el Trabajo'", señaló esa cartera. Sin embargo, Berrozpe afirmó a este medio que no estaba había sido notificado de la conciliación. La Bancaria exigió a la cámara ABA "la inmediata firma del acuerdo paritario" ya suscripto con sus pares Adeba y Abappra. "Ante la provocación patronal, los trabajadores pararán mañana en los bancos de ABA y el Central", afirmó la entidad gremial. Un documento firmado por Berrozpe aclaró que "el acuerdo firmado por las cámaras Adeba y Abappra, que involucró al 80 por ciento de la actividad financiera y tuvo la activa participación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, debe extenderse a toda la actividad, según puntualiza claramente la legislación vigente". Los bancarios rechazaron y repudiaron "el extorsivo intento de la ABA de sabotear la aplicación del acuerdo" y responsabilizaron a sus integrantes y a los directorios de las entidades miembros por "el irresponsable conflicto gremial que originaron".

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Las advertencias, casi a modo de amenaza, del Gobierno a los gobernadores para evitar a toda costa que los senadores aprueben el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias se concentraron en los recursos que la Nación tiene presupuestados para asignar a las provincias en concepto de transferencias discrecionales. Horas antes de comenzar ayer el debate en la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, diversos funcionarios enfatizaron que si la iniciativa se convierte en ley, reducirán los envíos a las provincias y los fondos previstos para obra pública. Entre giros corrientes y de capital a gobiernos provinciales y municipales e inversión real directa, la administración de Mauricio Macri prevé gastos por poco más de $ 200.000 millones, de acuerdo con las cifras plasmadas en el Presupuesto 2017. "No sé qué hará el Presidente si sale la ley. Lo que sé es que me pidió que hagamos una evaluación de cómo compensaríamos ese aumento del costo fiscal del nuevo proyecto. Y el impacto se analizaría sobre dos rubros: reducir las transferencias a las provincias, ya que hay giros que la Nación tiene la discreción de hacer o no hacer; y por otro lado, bajando la obra pública", expresó el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui. También se refirió al tema el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, quien envió un mensaje similar respecto de lo que resignarían para cubrir los $ 132.000 millones de costo fiscal que tiene el proyecto de la oposición. "Es una cifra monumental que equivale a toda la obra pública del año que viene", remarcó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. De acuerdo con la ley de Gastos y Recursos de 2017, las transferencias corrientes a los gobiernos provinciales están previstas en $ 57.964,7 millones, en tanto que las destinadas a los municipios alcanzarán los $ 3519,4 millones. Estos fondos se destinan, principalmente, a financiar gastos corrientes. Ayudan a cubrir los rojos provinciales, pero también apuntan a fortalecer políticas públicas impulsadas desde el gobierno nacional, como el Fondo de Incentivo Docente o el Plan Nacer. A su vez, los gobernadores reciben fondos discrecionales para obras denominadas transferencias de capital. Para el año próximo, están presupuestados envíos por $ 66.511,2 millones para gobiernos provinciales y $ 16.153,2 millones para los municipios. En el primer caso, el crecimiento respecto de lo recibido este año alcanzará casi al 25%, mientras que los giros a gobiernos locales habrá trepado 85,6%. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre inversión pública precisó que del total de transferencias de capital previstas para 2017, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán las más beneficiadas, con partidas de $ 27.028 millones y $ 16.748,4 millones respectivamente. Luego le sigue Santa Fe, con $ 5630,5 millones; y en cuarto lugar se ubica Córdoba, con $ 4850.4 millones previstos. Salta y Chaco son otras dos provincias que recibirán más de $ 4000 millones. Del total de transferencias de capital, quedarían afuera del recorte previsto por el Gobierno (si llegara a aprobarse la reforma de Ganancias) las que surgen del Fondo Solidario de la Soja, ya que se compone del 30% de las retenciones a la soja y se destina a las provincias de modo casi automático. Sobre este dinero, habría menos margen para recortar.

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A pesar del fuerte impulso que le dio el Gobierno a las energías renovables este año, a partir de la licitación de 1000 MW del programa Renov.Ar y la subasta por 600 MW adicionales, llamada "ronda 1.5", la Argentina se ubica a la zaga entre los países latinoamericanos, en cuanto a la participación de fuentes limpias en su matriz energética. De acuerdo al informe de la consultora KPMG El desarrollo de energías renovables en América latina y la Argentina , el país se ubica en el último puesto en un ránking comparativo de ocho economías regionales. Brasil, la mayor economía de la región, lidera la tabla con u$s 75.300 millones invertidos en el desarrollo de fuentes limpias en los últimos cinco años. Le siguen México, con u$s 11.700 millones y Chile, con u$s 8540 millones. Lejos, Argentina logró u$s 1800 millones y se ubica sexta superando sólo a Honduras y Costa Rica. Aunque se trata de una economía menor, Uruguay es el país con mayor participación de energías limpias en su matriz energética. El año pasado alcanzó un 30% de su abastecimiento generado a partir de la energía eólica. Un caso sólo comparable al de Dinamarca, el líder mundial en este campo. El informe de KPMG señala que "América latina tiene enormes ventajas comparativas para el desarrollo de energías limpias como solar, eólica, biomasa y mini hidroeléctricas, debido a sus enormes recursos naturales y la estabilidad de sus mercados, lo que permite generar ganancias y buenas condiciones de financiación para este tipo de proyectos". En este marco, "existe una oportunidad ideal para que Argentina aproveche el impulso generado por la entrada en vigencia de la Ley de Energías Renovables (Nr. 27.191, modificada en diciembre de 2015) para revertir la situación de actual desventaja en relación con el resto de los países de la región". La normativa establece como meta alcanzar un 8% de generación de energías limpias para fines del 2017, y de un 20% en el 2025. La actual participación de fuentes limpias no llega al 2% en una matriz energética basada en un 85% en hidrocarburos. A fin de atraer capitales al sector y cumplir con estas metas, el ministerio de Energía y Minería lanzó en mayo de este año la primera licitación del programa RenovAr1, para sumar 1000 MW de energía limpia adicional a la matriz energética. A fin de ofrecer garantías y financiación a los proyectos adjudicados, se obtuvieron avales del Banco Mundial y se creó el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) por $ 12.000 millones. Esta primera licitación obtuvo 123 ofertas y se adjudicaron 17 proyectos por 1109 MW con precios promedio de u$s 69,50 por MW para eólica y u$s 76,25 por MW para solar. Debido al éxito de esta convocatoria, la cartera energética decidió lanzar un "repechaje" entre los proyectos no adjudicados por 600 MW adicionales. Con los proyectos adjudicados entre ambas rondas, Argentina sumó este año 2400 MW de capacidad en renovables, los que -una vez en marcha- elevarán el aporte de energías limpias a un 4,5% de la matriz energética nacional. Además, según un reporte de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), existen proyectos de generación de energía limpia por mas de 7000 MW de potencia a la espera de financiación. El desarrollo de energías limpias en el país no sólo es

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promisorio desde el punto de vista ambiental ( evita emisión de dos millones de Toneladas anuales de gases de efecto invernadero, equivalentes a la polución de 900.000 autos), sino económico.

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Para llegar a dirigir la política exterior de EE.UU., que Moscú te declare oficialmente “amigo” no es el mejor de los curriculums. A menos que el empleador se llame Donald Trump y que el candidato sea el CEO de una de las cinco empresas más valiosa del mundo, la petrolera ExxonMobil. El nombramiento por parte del presidente electo del texano Rex Tillerson (64) como el próximo canciller de los Estados Unidos despertó críticas hasta en su propio partido. Los también republicanos Marco Rubio y Lindsey Graham, dos senadores que rivalizaron con Trump en las primarias, expresaron su malestar sin ambigüedades. “El próximo canciller debe ser alguien que vea al mundo con claridad moral y esté libre de posibles conflictos de interés”, dijo Rubio en una sutil alusión a los posibles compromisos de Tillerson con la petrolera donde trabajó desde que terminó sus estudios de ingeniería civil, en 1975. Graham fue menos elíptico: “Hay muchas preguntas que necesitan respuesta, teniendo en cuenta sus muchos acuerdos empresariales con la administración de (Vladimir) Putin y su anterior oposición a las sanciones contra el gobierno ruso”. En las últimas décadas, las dos organizaciones que más contribuyeron al bienestar financiero de Tillerson fueron el gobierno de Vladimir Putin y la petrolera ExxonMobil. El primero, por asegurarle la explotación de unos yacimientos en la costa este de Rusia (1999) y de pozos en el Ártico (2011-2013). La petrolera, por nombrarlo CEO en 2006 precisamente gracias a sus éxitos en Asia. Los mismos logros por los que Putin lo declaró oficialmente amigo en 2013 con la “Orden de la amistad”. Además de las acciones de ExxonMobil aún en su cartera de inversiones, Tillerson le debe a la petrolera toda su carrera profesional: en ella moldeó su forma de ver el mundo. Pero lo que es bueno para ExxonMobil no lo es necesariamente para Estados Unidos. Así lo demuestran las acusaciones contra la petrolera en 2015 por esconder información que demostraba el calentamiento global y el rechazo de Tillerson a las sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama contra el gobierno de Putin tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. Más allá de valorar la capacidad de Tillerson para hacer de los intereses de Estados Unidos su nueva prioridad, la pregunta del momento es por qué Trump lo eligió para el cargo con el que antes había engolosinado al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani; a su rival en las primarias, el senador Mitt Romney; y al ex jefe de la CIA, David Petraeus. A lo largo de su campaña, el magnate republicano insistió en que quería “llevarse mejor” con Rusia. El nombramiento de Tillerson hace pensar en que esa sigue siendo su intención. Otro presidente habría mostrado más prudencia en un momento en que la CIA sospecha de injerencias rusas para manipular el resultado de la elección, pero la prudencia no parece formar parte del universo Trump. Además de la posible marcha atrás en las sanciones contra Rusia por su intervención militar en Ucrania, otro cambio posible en la política exterior con la llegada de Tillerson es el papel de Estados Unidos en el conflicto sirio. Hasta ahora, Obama ha insistido en la renuncia del presidente Bashar al Assad, aliado de Putin. Pero Trump no pone condiciones: su única prioridad es el fin de los terroristas del ISIS, a cualquier costo y con cualquier aliado, también Moscú.

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El Senado brasileño aprobó la ley que congela el gasto público en Brasil por 20 años. En el imaginario del gobierno brasileño, esta medida cuestionada por su impacto negativo en salud y educación, es la tabla de salvación. Fragilizado por denuncias de corrupción sobre hombres de primerísima línea del elenco ministerial, el presidente Michel Temer decidió aferrarse a ella como la única salida posible de la crisis política. Con una votación a favor de 53 senadores, la consagración de este proyecto de enmienda constitucional, fue celebrada con júbilo por el jefe de Estado y por el titular del Senado Renan Calheiros. No era para menos. Los últimos días solo depararon sinsabores tanto a uno como al otro, desde que se conoció el documento con la declaración de un ex director de la compañía Odebrecht donde ambos políticos fueron mencionados como beneficiarios de un esquema de coimas. La Ley del Techo del gasto, como se la conoce en Brasil, debe en verdad entrar recién en vigencia a partir de 2018, año en que deberían ocurrir las elecciones presidenciales. Pero los principales diarios brasileños, entre ellos O Globo, Estadao y Folha de Sao Paulo, decidieron no dar tregua. En sus versiones online todos ellos remarcaron que a diferencia de veces anteriores, ésta se ganó por un “escaso” margen de 4 votos. Lo cierto es que esta nueva medida, que será sancionada por el presidente Temer antes del fin de semana, desató protestas en las calles de Brasilia. Y ni siquiera es vista como panacea general por los especialista del mercado financiero. Pensada para obtener superávit fiscal suficiente como para saldar la deuda pública federal, la ley de congelamiento no parece conformar a quienes conocen la situación desde adentro. El economista Luis Eduardo Assis, ex director del Banco Central, fue contundente en una entrevista concedida al diario Valor Económico, el viernes pasado: “Lo que consuela al mercado es la votación de esa enmienda constitucional. Pero esta está lejos de ser solución”, declaró. En su visión, fue “ingenuo” de parte del actual Ejecutivo brasileño pensar que después del impeachment “habría una recuperación inmediata de la confianza, y que eso provocaría una recuperación de la economía”. Observó también que “no hay un foco de dinamismo” y señaló que los empresarios “precisan tener un horizonte político más estable” para reanudar las inversiones. Concluyó taxativo que si bien “el ajuste fiscal es indispensable para evitar el colapso”, el “timing económico es absolutamente incompatible con la crisis política” que atraviesa Brasil. Todas estas advertencias, sin embargo, no parecieron la tarde de este martes ser suficientes como para moderar el auto elogio del gobierno y de los líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El senador Romero Jucá, que preside el bloque de la agrupación en la Cámara Alta, no vaciló al afirmar que ellos tenían “total certeza de la victoria” y que en ningún momento sintieron que podrían perder la pulseada en el Congreso. Para él este triunfo demuestra que “el gobierno tiene los votos para aprobar una enmienda de la Constitución y eso tranquiliza a todos". En cuanto a Michel Temer, mostró una amplia sonrisa por primera vez en semanas. Sostuvo que él no va a permitir que Brasil se paralice: “No vamos a dejar que (la crisis) pare el país”. Volvió a adjudicar la inestabilidad política a la “falta de cuidados” de los fiscales que dieron a conocer el texto de la delación de uno de los directivos de Odebrecht, Claudio Melo. “Pedí rapidez en la investigaciones, muchas veces acusatorias. Si salen rápido a la luz, quien fue acusado podrá defenderse”. Lo cierto es que si para Temer lo que importaba de esta nueva ley era garantizar la gobernabilidad, para muchos sectores de la ciudadanía brasileña será casi una catástrofe. Así lo indicó una encuesta de Datafolha, divulgada el martes por la mañana. En ella, 60% de los consultados rechazaron la enmienda votada por los parlamentarios. Apenas la respaldó 24%. Para el economista de la Universidad de

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Campinas Pedro Rossi, el congelamiento de gastos por 20 años significa “un desmonte del gasto social. Serán reducidos drásticamente los servicios sociales y Brasil irá a parar a un abismo de desigualdad”.

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