18 de Diciembre de 2016

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Con menos esfuerzo que el que le viene demandando conseguir respaldo para sancionar el Presupuesto, los legisladores del oficialismo alcanzaron un acuerdo para votar, antes de fin de año, el proyecto de reforma a la Ley de Obra Pública en vigencia, que data de 1959. La norma fue reclamada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que entiende que la actual legislación es obsoleta e inadecuada para poner en marcha el plan maestro de infraestructura que busca poner en marcha el año que viene. El proyecto apunta a agilizar los trámites que van desde el llamado a licitación hasta la adjudicación de la obra a las empresas que hayan resultado ganadoras en la compulsa de ofertas. Para eso, por ejemplo, acorta a diez días el plazo que tendrán los organismos de control que intervienen en estos procesos, como la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General. La Cámara de Diputados ya votó una moción de preferencia para que el proyecto, que lleva la firma del diputado oficialista César Torres, sea tratado con o sin despacho de comisión en la próxima sesión, prevista para el miércoles, en la que además se votaría el Presupuesto y la Ley Impositiva 2017.

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En rigor la iniciativa nació luego de que la Legislatura sancionara a principios de 2016 una ley que declaró el estado de Emergencia en Obra Pública por el plazo de un año. La norma le permitió al Ejecutivo sortear varios procedimientos de control para contratar a empresas y así acelerar la puesta en marcha de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la ley autoriza a los ministerios y organismos autárquicos de la provincia a ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios bajo cualquier modalidad a través de leyes y decretos de excepción de controles. Entre otros actos de gobierno, ya no será necesario publicar en el Boletín Oficial y, en cambio, habrá una página web para informar los llamados a licitación ni estar inscripto en los Registro de Proveedores para ser contratado por el Estado. Pero para el gobierno de Vidal esa ley no era suficiente para dar marco legal a la obra pública, sobre todo en las tres áreas con mayores urgencias, como son las relacionadas a trabajos hidráulicos, de cloacas y de agua, más allá del enorme retraso en materia de infraestructura vial. Por eso, impulsaron un anteproyecto que fue acercado por el ex ministro de Infraestructura Edgardo Cenzón. La ley, que va a ser votada fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación. Y, de sancionarse, reemplazará a la ley 6.021 sancionada y reglamentada en 1959. Básicamente, persigue dos objetivos. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible. El segundo gran objetivo que persigue el proyecto que empujó Vidal es cambiar el esquema de financiamiento de las obras públicas: habilitar la posibilidad de que los privados acerquen un esquema de financiamiento propio, es decir, de esta forma, una empresa constructora podrá gestionar créditos, por ejemplo de organismos internacionales, para cubrir los costos de las obras.

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OSSE aclaró que este sábado no hubo cortes de suministro eléctrico que afecten el abastecimiento de agua, pero esta semana –con temperaturas promedio de 30 grados-hubo 5 días con cortes de energía de EDEA y 3 días con interrupción del servicio de Cooperativa Camet que perjudicaron la producción de los pozos de extracción. La empresa EDA había dicho que la falta de agua no estaba relacionada con el suministro eléctrico. Según difundió la empresa estatal, los días 8, 10, 13, 15 y 16 de diciembre según registros del sistema de OSSE se observaron cortes de energía de EDEA que paralizaron el funcionamiento de un total de 10 pozos de extracción de agua. Por su parte, los días 12, 13 y 15 de Diciembre la Cooperativa Camet tuvo fallas en el suministro eléctrico que generaron inconvenientes en 37 pozos de la zona Norte. Vale recordar que la energía constituye un recurso vital para aquellos barrios donde el abastecimiento y acopio se debe realizar con bombeo elevado, atento a lo cual ante cortes de energía puntuales en los domicilios se ve obstaculizado el llenado de tanques. Este sábado, entre las 7 y las 17 no se han recibido en el Centro de Atención al Cliente llamados por falta de agua en Punta Mogotes ni Nuevo Golf; mientras que en Don Emilio se registraron 2 llamados y en José Hernández se recibió sólo 1 comunicación por falta de agua, lo cual forma parte del normal desarrollo del sistema de aprovisionamiento de agua en momentos de elevadas temperaturas como el sábado, con un abastecimiento del servicio que llega al 95 % de la población. En todos los casos, OSSE envía una cuadrilla para verificar las presiones y chequear que los usuarios cuenten con las instalaciones internas. OSSE recuerda a la comunidad que en días de altas temperaturas se debe hacer un uso responsable del agua, ya que actualmente en Mar del Plata se observa un consumo por habitante promedio de 450 litros, cuando lo recomendado es no superar los 250. En este contexto, Osse solicitó a la población que efectúe un consumo racional de agua a fin de sostener el nivel de reserva en los tanques domiciliarios y evitar inconvenientes en torno a la disponibilidad del vital elemento. En tal sentido, se recomienda evitar actividades que propendan a un gasto desmedido, innecesario o que se pueda postergar, con motivo de las altas temperaturas que se registran en esta jornada. Obras Sanitarias recordó que contar con reservas de tanques domiciliarios para un período de 24 hs y el control de las pérdidas internas es un factor imprescindible. Del mismo modo, cuando los tanques elevados se encuentran a más de 6 metros, es necesario el correspondiente tanque cisterna.

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Con dos ojos en Mar del Plata y el tercero en Moreno. Para asegurar la paz social de fin de año, la gobernación bonaerense lleva meses atenta a las señales de alerta que surgen en cada rincón de la provincia. Pero ninguna ciudad concitó tantos cuidados como Mar del Plata, al punto que pasó a ser asistida con desembolsos millonarios directamente por la Casa Rosada. En paralelo, María Eugenia Vidal envió a La Feliz al ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, para desplegar una red de contención política en torno al intendente Carlos Arroyo, aliado de Cambiemos. En La Plata niegan que se trate de una intervención en el distrito, aunque lo parezca. En el conurbano, si bien todos o casi todos los municipios recibieron algún apoyo "extra" (desde efectivos para seguridad a alimentos para los comedores), la prioridad estuvo puesta en Moreno, donde gobierna el camporista Walter Festa. Allí, además de la asistencia financiera nacional, Vidal cuenta con otro aliado interesado en contener políticamente el territorio: los intendentes peronistas vecinos, que sondean los barrios para evitar sorpresas. En lo que va del año, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la Casa Rosada destinó a Mar del Plata $ 305 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para que Arroyo pudiera pagar los sueldos y el aguinaldo de los empleados municipales. En diciembre se sumaron otros $ 145 millones vía ATN. En total, Arroyo recibió $ 450 millones sólo para mantener en funcionamiento la intendencia, sin contar los recursos para planes sociales, comedores y seguridad, donde coordinaron sus bajadas al territorio los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad de la Nación y de la provincia. De los casi $ 6700 millones que se proyecta como gasto para 2017 (suma que no contempla futuros aumentos salariales), casi $ 1000 millones corresponden a deuda, en buena parte heredada de la hoy muy cuestionada administración de Gustavo Pulti, que gobernó hasta diciembre pasado. "Buena parte de lo que se debe se financiará con más deuda", aseguró a LA NACION el secretario de Hacienda local. Gustavo Schroeder. Las mismas fuentes señalaron que la Casa Rosada envió a Moreno $ 50 millones vía ATN en lo que va del año y otros $ 36 millones este mes, para r sueldos y aguinaldos. Extraoficialmente, otras fuentes señalaron que a esa cifra habría que agregarle $ 40 millones. Un funcionario municipal elevó a unos $ 270 millones el total de la ayuda recibida, pero la cifra no fue corroborada por Nación: podría desatar una catarata de pedidos de los municipios vecinos. La contención política se mueve en paralelo a la asistencia financiera. Aún desde antes de asumir como ministro de Gobierno, cada semana De la Torre pasa dos o tres días en Mar del Plata. En su entorno minimizan esa tarea a la búsqueda de acuerdos en el Concejo Deliberante para aprobar ordenanzas clave. Pero en cada visita, el ministro recorre el espinel de la política local oficialista y opositora, para contener los reclamos que Arroyo no resuelve. Esta semana volverá a pisar La Feliz y permanecerá hasta que comience 2017. De la Torre no está solo. Agustín Cinto coordinó el vínculo entre municipio, provincia y la Nación durante meses, pero el joven funcionario -cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- dio un paso al costado tras el escrache que Macri y Vidal sufrieron en Mar del Plata. Otro de los enlaces de la Casa Rosada con el municipio es Marcelo Di Maggio, del equipo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su segundo, Sebastián García de Luca.

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Los funcionarios provinciales y nacionales también transitan Moreno. Pero la ayuda más singular que recibe allí Vidal viene de los municipios peronistas que rodean ese partido: valoran el aporte de Mario Ishii, intendente de José C. Paz. Aunque a Arroyo y Festa los separa un abismo -generacional, político e ideológico-, tienen puntos en común: gobiernan distritos empobrecidos, con los más altos índices de desocupación, pobreza y violencia de la región, y heredaron municipios endeudados y deficitarios, con problemas para pagar sueldos y cubrir servicios. Situación que se agravó desde que ambos llegaron al poder. Festa es señalado por haber incorporado más de 500 empleados, entre los que se cuentan muchos camporistas que quedaron sin empleo. Lo que también caracteriza a ambos intendentes son sus problemas no sólo para encarar la relación con sus opositores, sino y sobre todo, con sus supuestos aliados: Festa debe lidiar con la tropa de su antecesor, el también ultrakirchnerista Mariano West, al que venció en la última elección. Arroyo, por su parte, tuvo más de un encontronazo con el radicalismo, que ocupa varios lugares clave de su gabinete. Sin hablar de los desplantes que el intendente supo hacerle al presidente y la gobernadora. Hace tiempo que evita esas críticas. En público.

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Si fuese menos incierto, el resultado del trance por Ganancias permitiría al Gobierno calcular con mayor precisión el saldo arrojado por este episodio para extraer enseñanzas aplicables a otras áreas que, mientras tanto, siguen en línea con ese espíritu sin dudas disruptivo con el que concibe la política: sorpresiva para extraños pero preocupante ya para varios propios a partir de esta semana. Seguridad podría ser un paradigma. Junto con economía y desarrollo social, es de las áreas más sensibles en una época crucial para la Argentina desde 2001. Patricia Bullrich cumplió el 14 de diciembre con lo que había adelantado. Denunció ante el juez federal Julián Ercolini a quienes agitan en las redes sociales la intranquilidad de supuestos levantamientos violentos para cubrir necesidades desatendidas, en apariencia, por el Estado. Particularmente en regiones del Conurbano, donde su acción es ineficaz para diluir un caldo de cultivo que tiene al narcotráfico por ingrediente indispensable. Pobreza extrema, desempleo y acceso vedado a la educación y la salud, combinados con las históricas limitaciones estructurales que contribuyen a la deficitaria prestación de las fuerzas de seguridad, hacen de esas zonas territorios literalmente liberados: tierra fértil para saqueos. Geografía inhóspita por naturaleza, lo es más para quienes desconocen sus pliegues. Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo, convocaron el día 12 a los intendentes de la primera y la tercera sección electoral para configurar un mapa eventual. Julio Pereyra aseguró que no están dadas las condiciones para un estallido. Gobierna hace casi treinta años Florencio Varela, uno de los bolsones de pobreza en la Provincia. Otros fueron más sutiles para deslindar responsabilidades y dejárselas al oficialismo. “Hay más probabilidades de puebladas por una suspensión prolongada en la provisión de energía eléctrica que por falta de alimentos”, exageró. El presidente Mauricio Macri blanqueó cortes de luz este verano. Un cambio en la reglamentación de la Ley de Defensa habilitaría al Ejército a custodiar centrales termoeléctricas y nucleares para destinar más gendarmes al GBA. Carlos Orsingher no dijo palabra. El secretario de Seguridad de La Matanza concurrió para representar a la intendente Verónica Magario. Informes de inteligencia y de punteros políticos atribuyen a un grupo de barrios de ese distrito la posibilidad aislada de incidentes. La dimensión se explica por la demografía. En Esperanza, Estación Villegas, Puerta de Hierro y El Tambo vive un quinto del total de más de dos millones de matanceros. A El Tambo se lo asocia con Luis D’Elía, disconforme con que la Federación Tierra y Vivienda no fuese incluida en el acuerdo con el Gobierno por 30 mil millones de pesos suscripto por el resto del arco piquetero: Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa. Fronteras adentro de La Matanza, D’Elía funciona como aliado de Magario y Espinoza, acérrimos opositores a María Eugenia Vidal. Orsingher compensa la reconocida falta de expertise en seguridad con la condición de brote en un árbol genealógico valorado en el peronismo de Magario y Espinoza. Es sobrino de Víctor, extinto dirigente de Laferrere que traicionó a Alberto Pierri el mismo día de la elección interna en la que fue vencido por Alberto Balestrini a fines del siglo XX. Más que la previsible inacción del municipio para promover ese antagonismo, inquieta en esos ámbitos lo que estiman como pasividad oficial. En estricta reserva, Seguridad apela a la semántica para marcar diferencias con ese tipo de interpretación. “Descartamos protestas con reclamos sociales. No las de grupos políticos para sembrar temor”. A esta altura exiguo, será el tiempo el que determine si se trata de un acierto. *Analista político.

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"Sabíamos que Quilmes estaba devastado, pero ni bien asumí entendí que iba a enfrentar el caos durante toda mi gestión." Con esa frase abrió el fuego Martiniano Molina, intendente de Quilmes por Cambiemos, hace cuatro meses, cuando se entrevistó por primera vez con LA NACION. Tres semanas atrás volvió a hablar con este diario. Pero ahora se mostraba más seguro, como si hubiera encontrado la punta del ovillo. Esta vez, su primera frase fue otra: "Quienes comparten nuestros valores tienen las puertas abiertas". Hablaba del peronismo. Quilmes expone como pocos distritos las contradicciones del sur del conurbano: tiene la mayor concentración de villas y asentamientos de la provincia, pero también algunos de los barrios más tradicionales al sur del Riachuelo. Sus habitantes en situación de marginalidad duplican el promedio bonaerense, pero el municipio no para de generar dirigentes peronistas con proyección nacional, que nunca dejan de enfrentarse en el pago chico. Quilmes también fue, sin buscarlo, epicentro de la última batalla electoral, cuando el kirchnerismo postuló a la gobernación a uno de sus hijos, Aníbal Fernández, y la oposición lo identificó con la suma de todos los males: corrupción, narcotráfico y triple crimen. Como no sucedía desde 1983, el peronismo perdió todo lo que puso en juego. Daniel Scioli no llegó a la Presidencia, Fernández no pudo con la gobernación y Francisco "Barba" Gutiérrez, intendente desde 2007, fue derrotado por Molina, que hasta entonces había descollado en el handball, la cocina y la tevé, pero no conocía la gestión pública. Sí había mamado política en su casa, de la mano de su padre, Jorge Molina, un dirigente peronista que, paradójicamente, fue el primer concejal de la boleta del "Barba" en 2007. Más de una noche, en la casa de los Molina, Martiniano cocinó para Gutiérrez. Por eso no debería sorprender que Cambiemos, en Quilmes, se esté peronizando. El proceso comenzó en las segundas y terceras líneas de la estructura municipal, donde los funcionarios que dejó el "Barba" fueron sacados del freezer y empezaron a recuperar tareas. "Están seduciendo a los compañeros", reconocen cerca de Gutiérrez, donde dicen haber "autorizado" a la tropa a "hacer méritos" ante Martiniano, porque eso significa "beneficiar a los vecinos". Niegan que los estén perdiendo. Pero la "peronización" se hizo más evidente en la red de punteros de los barrios periféricos de Quilmes. "Necesitaban un hombre fuerte para Solano", proclamó sin tanta poesía Omar "el Nene" Majo, histórico puntero del PJ, cuando lo nombraron delegado municipal. Laura González aceptó el mismo cargo sin frases solemnes, pero su llegada a Cambiemos hizo más ruido: es la esposa de Ricardo "Oli" Argüello, primer concejal del "Barba" en 2011 y empresario de la noche con fama de pesado. Cambiar de piel para los punteros del PJ es un reflejo innato: necesitan ser oficialistas para poder manejar recursos. Molina, por su parte, tampoco hace nada extraño: imita a María Eugenia Vidal en la provincia, gana gobernabilidad. Es lo que Emilio Monzó le pide a la Casa Rosada. Algunos peronistas llegaron más alto. Como Leandro Díaz, referente del Movimiento 8 de Octubre, que asumió en la Dirección de Empleo y desde allí impulsa las denuncias contra el "Barba" por el manejo de las cooperativas. O Guillermo Galetto, que reemplazó al diputado radical Fernando Pérez en la Secretaría de Gobierno. Galetto creció en el PJ de la mano de Sergio Villordo, intendente hasta 2007, delfín y luego enemigo de Aníbal Fernández. Tras la salida de Pérez, los concejales de la UCR rompieron con el bloque de Cambiemos. Algunos peronistas eran parte de Cambiemos desde antes de la elección, como el senador provincial Eduardo Schiavo, el ex intendente Federico Scarabino o José Luis "Yiyo" Fiezzi, conocido por proveer las carpas del kirchnerismo durante la pelea con el campo. Tampoco faltaron quienes, en silencio, ayudaron a Molina sólo por su bronca con el "Barba". Como el histórico cacique Ángel Abasto, mentor de Aníbal. O el propio Villordo. El padre de Molina tejió parte de esa red.

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En los últimos meses, el peronismo originario de Cambiemos y la UCR perdieron espacios en la gestión, que fueron ganados por amigos del intendente, jóvenes empresarios quilmeños y funcionarios porteños. Pocos municipios cambiaron tantas veces sus funcionarios como Quilmes. "Tardó, pero ya tiene un gabinete de su entera confianza", dicen los aliados de Molina. A la cabeza de ese equipo de incondicionales está su hermano, Tomás Molina, secretario general de la intendencia. Para Martiniano, su hermano es el "estratega", el que piensa el futuro de la ciudad. Para sus críticos, es el "monje negro", el hombre que controla cada centavo que pasa por el municipio. La gestión Salvo algunas estridencias, cuando LA NACION consultó a aliados, opositores y a vecinos de Quilmes sobre la gestión de Molina, el veredicto tuvo varias coincidencias. Quien mejor las sintetizó fue Jorge Villa, dirigente del GEN. "Se vive un mayor respeto por lo institucional, mejor diálogo político, pero la gestión no arranca. Recuerda en mucho al gobierno nacional", sentenció. En general, todos coinciden en que la gestión se ve en los "centros" de Quilmes, Bernal y Don Bosco, donde reside el votante de Pro. Principalmente, con el trabajo de bacheo, iluminación y la recuperación de plazas. En las periferias, las críticas aumentan notablemente. La tarea cultural y deportiva también es bien valorada, aunque se reconoce que fue la "mejor herencia" de Gutiérrez. En la calle, a Molina todavía lo felicitan por haber echado a los "ñoquis" del "Barba". Sin embargo, Quilmes casi no alteró su planta de personal elefantiásica, de unos 8000 empleados. Hay otras mejoras: todos los funcionarios de Quilmes están obligados a presentar sus declaraciones juradas; los móviles municipales y camiones de basura son monitoreados en tiempo real, para evitar picardías, y los reclamos de los vecinos, geolocalizados, se procesan de manera automática. Pero la verdadera apuesta de Molina es la obra pesada. Y no le faltan proyectos: finalizar tres pasos a nivel, urbanizar seis villas, levantar 3100 viviendas, extender las redes de agua y cloacas y crear un parque industrial para Pymes. Pero su plan más ambicioso es correr el "centro" de Quilmes hacia el Oeste: que el Metrobus convierta la avenida Calchaquí en la nueva columna vertebral del municipio, donde planea instalar la ciudad judicial, el centro de monitoreo de seguridad y un hospital integral. Para disparar esos proyectos, Molina firmó convenios con Nación y provincia por 2200 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los intendentes más favorecidos del conurbano. Pero la plata "grande" todavía no llega. Como Macri y Vidal, el intendente cree que en marzo la obra pública estará activa en un 100%. Si sucede, toda esa tierra removida servirá, también, para apuntar la campaña electoral. Nadie desconoce que el resultado de esa elección dependerá más de Macri que del intendente. No sólo porque Quilmes tiene un núcleo de votantes más atento al debate nacional que al local, sino porque la economía del país definirá el humor de los vecinos. "Si la situación no levanta, el kirchnerismo vuelve con todo", coinciden en el oficialismo y la oposición. Y es que, si sólo dependiera del PJ local, Molina tendría gran parte del camino allanado. Por un carisma que no tienen sus rivales, pero principalmente porque la derrota de 2015 profundizó la eterna división del peronismo quilmeño. Todos cargan una culpa y un culpable para sus males. Gutiérrez sigue siendo el principal referente, pero el sector del kirchnerismo más identificado con Aníbal Fernández señala su gestión como la causa de la derrota. El "Barba" invierte la culpa: está convencido de que perdió por el corte de boleta contra Aníbal, que desapareció del distrito, al punto de que los suyos tuvieron que buscar otros refugios: Daniel Gurzi, el principal opositor local del "Barba", se integró a Miles, de Luis D'Elía. La Cámpora también quedó dividida: un sector es liderado por Mayra Mendoza y otro por su ex pareja, José Ottavis, a través del ex concejal Roberto Gaudio. Los jóvenes K son acusados por el resto del peronismo de servirse de la lapicera de Cristina Kirchner para encaramarse en las boletas, pese a no tener poder territorial real. El sciolismo, apadrinado por Eduardo Camaño pero motorizado por Alberto De Fazio, también busca resurgir, aunque su mirada sigue priorizando lo nacional. Todos los grupos, además, esperan un movimiento de Cristina. Miran de reojo a Florencio Randazzo, pero la ex presidenta es la única que evitaría una batalla descarnada en las PASO. ¿Y Aníbal? Hace mucho que no aparece por Quilmes. Tampoco quiso hablar para esta nota. "Ya no vivo en Quilmes ni me interesa", mandó a decir.

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Cuando le prometieron que construirían su nueva casa en un puñado de meses, Daniela Gallardo no lo dudó: tiró abajo la que tenía y se mudó con su madre, su hermana y su pequeña hija a una casilla al fondo de su terreno. Era la zona baja del lote, la que se inundaba con cada lluvia, pero valía la pena el sacrificio: las nuevas casas prefabricadas se construían rápido, le juraron. Eso pasó hace casi tres años: Daniela y su familia siguen viviendo en la casilla del fondo. La que se inunda todo el tiempo. Al frente de su terreno se levanta un cascarón de telgopor, cemento y alambres oxidados, sin techo. Cada madrugada, cuando sale a trabajar, Daniela atraviesa las habitaciones peladas de la vida que le prometieron. Las cáscaras de telgopor se repiten por toda La Matera, uno de los asentamientos más grandes de Quilmes. En uno de sus ingresos, frente a un obrador abandonado, un cartel de Presidencia, que dedica sus letras más grandes al nombre de Cristina Fernández de Kirchner, dice que el Estado destinará 51,9 millones de pesos para las casas prefabricadas. La promesa llegó sólo para los punteros y otros bendecidos que pudieron tener terminada su casa. Urgencia En La Matera, donde todos tienen necesidades, los vecinos de la calle 814 dicen que la prioridad es de Daniela. No por ella, en realidad, sino por su hija de seis años, Morena. La niña vive con un pulmón desde que a los tres meses entró a un hospital porteño por una neumonía y salió con tres virus intrahospitalarios. "Acá a todos nos falta, pero Morena necesita piso y paredes secas", dice Liliana, la vecina del frente, mientras se apoya en la pared de telgopor de su propio cascarón vacío. Las casas de telgopor de La Matera, construidas con un sistema similar al de Sueños Compartidos, se frenaron en marzo de 2015. A fines de octubre de este año, el intendente Martiniano Molina regularizó los contratos para continuar esas y otras 1400 casas en varias villas. También desde el Municipio le prometieron a Daniela Gallardo que su casa era la prioridad. Eso fue hace seis meses. El problema de Daniela, Morena y sus vecinas es que no están solas: en proporción a su población, no hay otro municipio del conurbano con más villas y asentamientos que Quilmes. Según el último relevamiento de la organización Techo, 36.545 familias viven en 56 barrios informales. Para el Gobierno, el número es mayor: hablan de más de 80 villas y asentamientos, con cerca de 200.000 personas en situación de vulnerabilidad. Casi un tercio de los 650.000 habitantes del municipio. A la hora de buscar culpables por la multiplicación de villas, todos acusan a Francisco "Barba" Gutiérrez, intendente de Quilmes entre 2007 y 2015. Los macristas y los peronistas. "Las fábricas y predios vacíos de Quilmes se llenaban de villas mientras Burzaco, Avellaneda y Berazategui se llenaban de fábricas", sostiene Daniel Gurzi, rival peronista de Gutiérrez. "Desde 2003 a 2015, Berazategui instaló 500 pymes nuevas en once parques industriales. El 70% de esas empresas se fue de Quilmes", continúa Gurzi, otrora delfín de Aníbal Fernández, hoy refugiado en Miles, el partido de Luis D'Elía. "El Barba" niega que se hayan duplicado las villas. En rigor, muchas de las que se le adjudican surgieron antes que él llegara al poder. Pero es cierto que se expandieron bajo su mandato. "Nosotros les dimos acceso al agua, luz, pavimento. A diferencia de otros [intendentes], nuestros

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valores nos impiden salir con palos a expulsar a los pobres. Y lo pagamos electoralmente", se defienden cerca de Gutiérrez. Quilmes es tierra de contrastes: lejos de La Matera, sobre la costa del Río de la Plata, un grupo empresario espera que la nueva ley de bosques entre en vigor para levantar Costa del Plata, una suerte de Puerto Madero del sur del conurbano. Los ambientalistas y la política frenaron por ahora la iniciativa. Los primeros denuncian que el proyecto destruirá los humedales de Quilmes. Los políticos, tanto de Pro, como de la UCR o el kirchnerismo, creen que el proyecto significará un trampolín en el desarrollo del municipio, pero temen que el nuevo barrio forme una represa que inunde a los vecinos más antiguos -y humildes- de la ribera. La Matera vive inundada. Hace una semana que no llueve y el sol parte la tierra, pero el agua servida se estanca en canales, frente a cada casa. Hay camalotes y totoras en cada rincón y un olor nauseabundo que no afloja. Viene de los arroyos Piedras y San Francisco, que atraviesan todo el oeste de Quilmes, rodeados por fábricas y villas que los usan como desagüe.

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Aunque Melitón Eugenio López sólo responde a su compañera de facultad, María Eugenia Vidal, el aire acondicionado de su oficina está a 24º C. “También le hacemos caso al jefe”, se ríe el titular del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires en referencia a la orden de Mauricio Macri de mantener en esa temperatura los ambientes. Un año atrás asumió por primera vez en la función pública: “Venía hablando con María Eugenia, le dije de sumarme a su gobierno pero nunca pensé que fuese Lotería”, reconoce en diálogo con PERFIL. Su primera incursión en la política fue como candidato a concejal en Escobar en 2013, pero se lo conoce como el representante del ex Director Técnico de la Selección, Alejandro Sabella, y de los jugadores Angel Di María y Nicolás Otamendi, entre otros. — Si nunca se lo imaginó ¿por qué terminó en Lotería? —María Eugenia necesitaba limpiar el sistema y ordenarlo, ya que es uno de los principales organismos de recaudación. Traté de aprender rápido porque yo nunca había entrado a un casino o a un hipódromo y nunca había jugado un billete de lotería. No juego, ni voy a jugar. Pero es una industria de la que dependen miles de personas y es un organismo clave por la recaudación. —En la Provincia las licencias de bingos y casinos siempre se dieron a dedo y por decreto ¿Se van a licitar ahora? —Es la primera vez en la historia que los casinos se van a licitar y estamos trabajando en las más de 500 fojas para que antes de fin de año pueda ser publicada. En el caso de los bingos, ya estaban todos renovados pero aumentamos el control. —Usted denunció corrupción de la gestión anterior en este organismo. ¿Con qué se encontró cuando llegó? —Los casos de corrupción eran permanentes. Si vos querías tener una agencia, tenías que pagar un dinero para que te den la licencia. Nosotros no pusimos una agencia más pero tampoco le cobramos a nadie nada, todo legal. Es muy difícil de comprobar un hecho de corrupción pero con la publicidad por ejemplo, tenemos comprobado cómo se robaban el dinero, a qué cuenta iba, quiénes estaban involucrados y esperemos la celeridad de la Justicia. María Eugenia, que no hace ningún acto de corrupción, nos marcó el camino. Tal vez yo en el gobierno de Scioli no hubiese durado ni diez minutos. —¿Usted se opuso al impuesto al juego que se evaluó en el gobierno de Vidal? —Yo no estaba de acuerdo. Si tocamos ese porcentaje deben cerrar el 80% de las salas y estamos hablando de 20 mil personas que quedan en la calle y de más de mil millones de pesos que gana por mes la Provincia que se perderían, yo no puedo ser tan irresponsable de disponer una medida así. —El aumento que se votaría sería del 2%... —También los perjudica. Los empresarios ganan dinero, no lo hacen de manera altruista y no estoy defendiendo al sector, pero lamentablemente cierran. —¿Fue Daniel Angelici el que le dijo a Vidal que debía frenar el aumento? —No, en absoluto. Si la Provincia necesita recaudar, debemos buscar otro camino.

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—¿Vidal lo eligió a usted para frenar el deseo de Angelici de controlar el Instituto? —Mi figura no es por Angelici, sino porque ella necesitaba una persona de confianza. Angelici dentro de la Provincia sólo tiene un porcentaje en el Bingo Ramallo y otro de Pergamino. Y no ganó nada más porque no pusimos ni una máquina más. Estaba dentro de un sistema para ganar el cambio de ubicación del bingo del Puente La Noria en donde ya estaba todo instalado de la gestión anterior, pero nos opusimos desde el día uno a ese traslado. —¿El 31 de diciembre deja el cargo? —Sí, sin dudas. Le dije a María Eugenia que esto lo hacía durante un año y cumplo. —¿Recibió ofrecimientos ilegales por mantener negocios? —Me ofrecieron pero no lo recibimos.

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La reforma electoral que impulsaba el gobierno nacional quedó empantanada en el Senado. La idea de eliminar las listas sábanas quedó entonces en suspenso y el proyecto que llegó desde Diputados recién podría tratarse entre marzo y abril. La demora podría extenderse un poco más: en ámbitos oficiales se estima que la Cámara alta le introducirá cambios a la norma y deberá retornar a Diputados. En su aspecto central, la iniciativa impulsada por la administración de Mauricio Macri contemplaba la utilización del sistema de boleta única electrónica en reemplazo de las cuestionadas boletas sábana. Pero, como se dijo, el proyecto se frenó y hay quienes estiman que ya no habría tiempo para poner en práctica una reforma para aplicar en las Primarias previstas para el mes de agosto aún cuando el expediente se transforme en ley en los primeros meses de 2017. De esta forma, las boletas sábana volverían a ser utilizadas en las elecciones legislativas de la Provincia. Así lo anticipan altos funcionarios bonaerenses. “Si no hay una ley nacional no podemos hacer nada”, dicen. “Las elecciones son además unificadas y sin una ley nacional es imposible cambiar el instrumento de votación”, señalan. La cuestión es simple. En la Provincia se eligen en forma simultánea cargos nacionales (senadores y diputados) y provinciales (legisladores, concejales y consejeros escolares). Como es tradicional que la elección se realice en la misma fecha que la Nación (la Provincia no adelanta sus comicios para desprenderlos de los nacionales), se debe utilizar el mismo instrumento de votación para las dos categorías. Con la reforma electoral nacional frenada en el Congreso, en el gobierno bonaerense estiman que no habrá otra alternativa que seguir usando las criticadas boletas sábana, un sistema cuestionado porque facilita el robo de papeletas en los centros de votación. Hace algunos días, el propio Mauricio Macri dijo que el gobierno de Vidal analizaba usar la boleta única de papel, un sistema que rige, por ejemplo, en Santa Fe y que incluye a todos los partidos que participan de la contienda en la misma papeleta. Pero en la administración Vidal insisten en que, sin una ley nacional que establezca el mecanismo, nada se podrá hacer por la cuestión de la simultaneidad.

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Desde fines de junio dejaron de circular los servicios de trenes de la empresa Ferrobaires a raíz del “critico” estado de la vías y del material rodante. Y a partir de esa decisión, numerosas localidades bonaerenses se quedaron sin ese medio de transporte clave. Ahora, vecinos de casi 20 localidades comenzaron a organizarse para reclamar la vuelta de las formaciones y ya programaron una serie de acciones de protesta que incluyen reclamos locales y una movilización a capital federal. La situación afecta a varios localidades. Entre ellas, Sierra de la Ventana, Saavedra, Punta Alta, Bahía Blanca, Pringles, Coronel Suárez, Tornquist, Brandsen y Chascomús. Numerosos vecinos están participando en asambleas y en la última de ellas que se realizó hace algunos días acordaron pedir una entrevista al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich. Además, planean una movilización a Plaza de Mayo en los primeros meses de 2017. A partir de la decisión de suspender los servicios de Ferrobaires, varios distritos se quedaron sin el servicio, mayormente, el único que recibían.

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Para el oficialismo provincial puede que haya pasado el sofocón: si no se le vuelven a desalinear los planetas, esta semana tendrá en el bolso el Presupuesto 2017. Será el epílogo de un sinuoso derrotero plagado de movidas arriesgadas, acuerdos que se pusieron en duda y la impensada aparición en escena de un actor cuyo rol estelar se aguardaba para marzo del año que viene. Fue por lo menos curioso el reingreso a las ligas mayores de la política bonaerense de Florencio Randazzo. Buscó ser portador de una quimera: la bandera de unidad de un peronismo que, por ahora, no está en condiciones de gambetear sus profundas divisiones post derrota electoral. Al procurar colocarse en el rol de articulador de los distintos bloques del PJ-kirchnerismo, el ex ministro quedó ubicado en una curiosa situación: aliado a La Cámpora y a la estructura partidaria que lidera Fernando Espinoza y enfrentado a quienes aparecían como sus principales impulsores, los intendentes del Grupo Esmeralda. En rigor, Randazzo le ofreció a la gobernadora Vidal un imposible: que desechara su acuerdo con Massa y que acordara la votación del Presupuesto con las diversas fracciones del peronismo. Operadores del PRO ya habían intentado ese camino cuando la Casa Rosada enviaba señales a La Plata para romper con el Frente Renovador, pero en aquél entonces el “Flaco” no pudo garantizar la unidad peronista. ¿Por qué habría de hacerlo ahora cuando sectores ultra K vienen intensificando su rechazo a la aprobación del nuevo endeudamiento que reclama el gobierno provincial? La arriesgada jugada de Randazzo generó no pocos interrogantes. Los intendentes del Grupo Esmeralda no encontraban explicación a esa cruzada de final incierto. Mucho menos, cuando hace semanas acordaron con el gobierno de Vidal jugosos fondos para atravesar el año electoral. Al final, Vidal tendría Presupuesto con los votos propios, del massismo y de los legisladores cercanos a estos alcaldes dialoguistas. Un calco de lo que ocurrió con el cálculo de recursos y gastos de este año. ¿Y Randazzo? Es cierto que esa movida generó cierto resquemor en el oficialismo porque terminó demorando la sanción del proyecto. Pero ningún actor de peso de Cambiemos parece dispuesto a pasarle facturas onerosas: el ex ministro puede terminar siendo, si finalmente es candidato, un actor clave para evitar que sectores del PJ se vayan a las filas del Frente Renovador. Otras cuestiones también pusieron en alerta al gobierno bonaerense. Algunos focos de protestas y rebelión en cárceles encendió todas las luces de alarma. El sistema penal de la Provincia está colapsado. Hay 33 mil detenidos en cárceles, muchas de ellas con severas falencias de infraestructura. La superpoblación se ha ido agravando en sintonía con la falta de construcción de edificios o refacción de los actuales. Las comisarías tampoco dan abasto: hay unos 3.000 presos que purgan condenas preventivas en calabozos que habían sido clausurados por la Justicia debido a su estado deplorable. Las alcaidías, en tanto, alojan otros 2 mil detenidos. En el gobierno bonaerense se agarraban la cabeza en los últimos días cuando empezó a trascender que el Senado nacional se aprestaba a debatir un endurecimiento de las penas y un nuevo límite a

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las excarcelaciones. Ese fue el motivo del conato de revuelta en Olmos que se logró aplacar rápidamente. En altas esferas del poder no comprendían por qué ese tema había sido puesto en debate justo en esta época del año, donde la crítica situación que se vive en las cárceles se torna mucho más sensible. Las señales, al parecer, fueron atendidas: la iniciativa finalmente quedó para el año próximo. Los radicales, en tanto, no paran de acumular broncas con el gobierno de Vidal. Siguen sin encontrar espacios de relevancia en el gabinete provincial y por estas horas pujan por quedarse con algún peldaño de poder en la Defensoría del Pueblo, un botín que se reparten por ahora en exclusividad distintas fracciones del peronismo y el Frente Renovador. La UCR está condenada a perder ese ámbito de poder que administra cerca de 400 millones de pesos en nombre de la “gobernabilidad” que requiere la administración bonaerense. Vidal decidió ceder a los Esmeralda la titularidad de la Defensoría y allí recalará el ex diputado provincial Guido Lorenzino. En principio habría dos adjuntos. Uno será para el massismo (Walter Martello) y otro para el Movimiento Evita, acaso otro de los gestos del macrismo en devolución de gentilezas por la decisión de uno de sus líderes, Fernando “Chino” Navarro, de acompañar el Presupuesto. GESTIONES Los radicales parecen condenados a conservar poco y nada en la Defensoría. Marcelo Honores, su titular interino, busca un lugar bajo el sol. Existen por estas horas gestiones para que los adjuntos sean tres y allí recale el ex intendente de Miramar. Las encabeza el vicegobernador Daniel Salvador quien, con escasos resultados a la vista, no ha logrado calmar las quejas de su partido ante el “toma todo” que ejercen el PRO y sus acuerdos políticos con el PJ y los massistas. El malestar radical empieza a trascender las fronteras bonaerenses. Varios popes del centenario partido viajaron el viernes a Jujuy a respaldar al gobernador Gerardo Morales ante los embates que recibe para que la Justicia libere a Milagros Sala y el respaldo light que le estaría dispensando el Gobierno. Allí, se supo, se generó una mini cumbre en la que abundaron duras críticas al funcionamiento de Cambiemos. Algunos bonaerenses estuvieron en ese cónclave improvisado en el norte argentino. “Si no encontrarmos dónde dialogar sobre políticas públicas como integrantes de la coalición, habrá que pensar en otro esquema de acuerdos hacia adelante”, confió uno de los asistentes a esa reunión con mucho de catarsis. Los radicales están más que molestos por decisiones políticas que no son consultadas. Las incorporaciones de peronistas al equipo de la Gobernadora siguen generando escozor. Hace algunos meses, como forma de contención política, el PRO armó una mesa provincial de Cambiemos. Allí se convino que cualquier llegada de dirigentes extrapartidarios sería consultada. El intendente de Castelli, Francisco Echarren - otrora muy cercano a Julio De Vido- arribó al gabinete de Vidal. Pero la mesa provincial de Cambiemos sigue cerrada por vacaciones. (*) Periodista de la sección Política

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GENCIEROS PIDEN “CONTINUIDAD” EN LOTERÍA La Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal la “continuidad” del equipo de colaboradores del titular del Instituto de Loterías, Melitón López, ante el inminente alejamiento del funcionario. El presidente de la Cámara, Gustavo O’Connor, dijo que “estamos a la expectativa del reemplazo y no queremos que Lotería vuelva a ser una caja negra para la política”. O’Connor indicó que “es un espacio codiciado y no queremos que la corrupción vuelva al Instituto”. En ese sentido, remarcó que “hay un gran equipo y si Melitón se va, podrán quedar sus colaboradores”.

PROVINCIA DISTINGUIÓ A “EMPRESAS SOLIDARIAS” El secretario general del Gobierno, Fabián Perechodnik, agradeció en nombre de la gobernadora María Eugenia Vidal a empresas, universidades y fundaciones “el trabajo en equipo llevado a cabo en 2016”. Fue durante la entrega de reconocimientos, en la que también estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano y la directora provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad, Susana Finger. “Les agradecemos por ser parte del trabajo que pudimos llevar adelante en 2016 en toda la Provincia”, agregó el Secretario General ante empresarios y referentes municipales. En ese marco destacó que “la Provincia necesita de todos los que viven y trabajan en ella. No hay posibilidad de que una o dos personas la saquen adelante solos; eso se puede hacer con trabajo en equipo. Cada uno tiene que hacer su parte y ustedes han aportado desde lo económico pero también compromiso y acompañamiento a la comunidad”.

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Fueron 70 mil hectáreas incendiadas y, probablemente, sean más en el futuro. Productores del sector de secano de Villarino están seguros que los incendios que en buena parte de la semana pasada tuvieron en vilo a varias poblaciones del distrito, se repetirán en los próximos meses como consecuencia de las altas temperaturas, la sequía que sufre la zona y la falta de medidas de prevención de fuego en la mayoría de los lotes. El siniestro, el más importante de los últimos años en el distrito, se había originado en horas del domingo justamente cuando un chacarero estaba haciendo un cortafuegos. A partir de allí, vientos de más de 80 kilómetros por hora y temperaturas de más de 35ºC lo hicieron propagarse prácticamente sin control. Después de acercarse a unos 20 kilómetros de Algarrobo, y unos 30 de Hilario Ascasubi y de Mayor Buratovich, el fuego pudo terminar de controlarse durante la noche del miércoles, en el límite con La Pampa, en un esfuerzo mancomunado entre unos 80 bomberos voluntarios de la región, trabajadores municipales de Villarino, chacareros del lugar y varios vecinos. Las estimaciones de daños aún no se hicieron, pero en su mayoría se vieron afectados grandes lotes de monte, con pajonales, médanos y con algunos animales; sembrados, entre pocos y ninguno. Si se echa un rápido vistazo al mapa catastral, se calcula que se incendiaron unas 70 mil hectáreas, en su gran mayoría en el territorio de Villarino. “Esto es el principio; va a haber más”, reconocen por lo bajo los productores. Por ello, algunos apuran la realización de cortafuegos a último momento. Esto no va a impedir que el fuego se propague, pero va a dar más tiempo para combatirlo; y va a salvar los alambrados. A manera de ejemplo, hacer 5 kilómetros de un cortafuegos de 12 metros de ancho cuesta unos 3 mil pesos, entre combustible, horas-hombre y roturas; esos mismos 5 kilómetros de alambrado siete hilos, pueden llegar a costar 350 mil pesos. La diferencia es abismal, pero muchos chacareros prefieren apostar a que no haya ningún problema. También se está estudiando la posibilidad de preparar una pista de aterrizaje precaria entre Médanos y Algarrobo, que sirva de base y reposición para un avión hidrante. "La forestación seca, junto al viento y las altas temperaturas, terminó siento un agente propagador del incendio. Si a eso le sumamos que no había cortafuegos, el incendio se extendió casi sin problemas", reconoce el intendente del partido de Villarino, Carlos Bevilacqua. “Por eso, nuestra idea ahora es hacer un relevamiento, para prevenir otros posibles focos de incendio”, agrega. Uno de los puntos más conflictivos indudablemente será una posible diferenciación entre aquellos que tomaron medidas seguridad y los que no, para acceder a subsidios por pérdida de capital durante el siniestro. La decisión aún no fue tomada, pero la idea del Ejecutivo es reconocer a aquel que cumplió con las normas municipales y nacionales que establecen la obligatoriedad de llevar a cabo cortafuegos. “Los productores tienen que reflexionar, porque esta cuestión no se da solo para que cumplan con la ley, sino porque es beneficioso para ellos”, asegura. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana, Martín Pacheco, reconoce que no hubo un riesgo real para las poblaciones del distrito, más allá de que el fuego se propagara en forma tan rápida. “Ya en cercanías de las localidades hay más calles de tierra y lotes trabajados, por lo que iba a ser más fácil de combatir”, asegura.

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El Gobierno, buena parte de los gobernadores y Miguel Angel Pichetto tienen la misma visión sobre cómo podría resolverse el conflicto de Ganancias. Si los delegados de Mauricio Macri logran un acuerdo con la CGT, quedaría allanado virtualmente el camino para una ley de consenso, opinan los tres actores. El problema, claro, es que dentro de la reunificada central obrera todavía persisten las viejas fracturas y hay nuevas: los gremios más pequeños insisten con el mínimo no imponible y el viernes quedaron lejos de la propuesta oficial; los más poderosos presionan con más exenciones. El jefe de la bancada de senadores del PJ-FPV lo explicitó ayer. "Si se llega a un acuerdo con la CGT, se abre un camino interesante para poder resolver esta cuestión", señaló la principal espada peronista. En la Casa Rosada opinan exactamente lo mismo. Por esa razón iniciaron formalmente la ronda de diálogo con los sindicalistas, en lugar de los legisladores, a quienes recibirán mañana. “Si acordamos con los gremios y con los gobernadores, el peronismo quedaría bien representado”, explicó uno de los funcionarios que diagramó la posible oferte del Ejecutivo al sindicalismo. La coincidencia entre el oficialismo y Pichetto no debería sorprender; la estrategia ya había sido consensuada en parte con el Presidente independientemente de que el senador por Río Negro había reclamado públicamente una gran mesa multisectorial y ayer cuestionó la "torpeza infinita" del Gobierno por "mandar un proyecto de ley" a sesiones extraordinarias del Congreso "sin base de acuerdo ni diálogo con el sector del trabajo". En el oficialismo valoran su lugar como interlocutor y no quieren que “se siga desgastando”. Su reemplazo -piensan- podría ser menos confiable. Con esa perspectiva, el jefe de Gabinete Marcos Peña planeaba recibir mañana a las 11 a los jefes bloque del oficialismo y la oposición del Congreso en la Casa Rosada. Sin embargo, la reunión finalmente se postergó para la tarde. Por la mañana habrá dos reuniones -sin sede fija- con la CGT para intentar plasmar un acuerdo luego de la visita del viernes del ministro de Trabajo Jorge Triaca y del vicejefe de Gabinete Mario Quintana al gremio de Sanidad para reunirse con el triunvirato cegetista. El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el de Interior Rogelio Frigerio podrían sumarse a alguna de esas reuniones, igual que los titulares de las Cámaras Emilio Monzó y Federico Pinedo. Cerca de Sergio Massa, que no asistirá a la tarde porque no es autoridad de bloque, también apostaban a una postergación. No querían prestarse a una foto por la mañana y que por la tarde los sindicatos despotriquen contra la propuesta oficial. Durante los fines de semana, los técnicos de la CGT planeaban intercambiar borradores con los de la AFIP y el ministerio de Hacienda. El titular de Transporte Guillermo Dietrich y Triaca mantienen conversaciones con Juan Carlos Schmid, de Dragado, que anunció medidas de fuerza de los transportista para el lunes. Los transportistas reclaman específicamente por exenciones en los viáticos, los domingos y los feriados. Algunos piden cautela para no facilitar las picardías. “No queremos que de pronto el 80% de los sueldos pasen a ser por horas extras”, decía un peronista de excelente diálogo con Balcarce 50. Los gobernadores, que están citados para el martes en el salón de los Escudos de Balcarce 50, también creen que la llave la tienen los sindicalistas. “Soy optimista en que habrá un acuerdo con la CGT”, le dijo a Clarín el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que presentó en el Senado un

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proyecto alternativo al oficialista que fracasó en Diputados y al de Massa y el FPV, que recibió media sanción. Ayer el Presidente sumó otra foto con un gobernador y se mostró en Entre Ríos con Gustavo Bordet antes del inicio de una semana clave. Otro mandatario provincial, de trayectoria larga en el Congreso, avizoró que el texto final será como una ensalada: “Tendrá partes parecidas al del Ejecutivo, al de Urtubey y al de Massa”, dijo. Macri, por ahora, solo autorizó a aumentar tímidamente el impacto fiscal. “Soy optimista, podemos llegar a un acuerdo con todos los sectores. Si acordamos cambios en el Senado después tiene que volver a Diputados", sentenció Frigerio, una de las pocas voces que ayer quebró el silencio oficial al respecto.

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Con la modificación del impuesto a las Ganancias como principal reclamo, los gremios del Transporte, que emergen como el ala más combativa del sindicalismo contra la administración de Mauricio Macri, lanzan una fuerte presión al Gobierno: una paralización de todo el transporte el lunes a la mañana. Se trata de un paro camuflado bajo el argumento de asambleas informativas por sector, que según confirmó Clarín.com con distintos sectores podría generar fuertes complicaciones para viajar hasta el mediodía. Con esta metodología, evitan que el ministerio de Trabajo dicte la Conciliación Obligatoria, una resolución habitual frente a las huelgas. El primero en dar precisiones esta mañana fue Roberto Fernández, secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA). Confirmó que los colectiveros harán asambleas entre las "5 y las 7 de la mañana", por lo que que "va a estar paralizado el servicio", dijo en radio Mitre. "Después de las 7 va a ser un día normal", garantizó el sindicalista. Sin embargo, los Metrodelegados le adelantaron a este diario que probablemente la medida de fuerza en los subtes se extienda hasta el mediodía. La medida fue anunciada un día después del encuentro entre el Gobierno y los sindicatos, donde justamente no estuvieron presentes los representantes de los gremios del transporte, tal como adelantó Clarín en su edición de hoy. “Estas asambleas implican que en ese lapso no prestarán servicios los trabajadores, ya que se interiorizarán acerca de las negociaciones que se están llevando adelante para escuchar nuestros reclamos en las modificaciones al impuesto a las Ganancias, que hoy nos afectan sensiblemente”, sostuvo Juan Carlos Schmid, uno de los tres líderes de la CGT, en un comunicado. Además de conformar el triunvirato cegetista, Schmid es secretario general de Dragado y Valizamiento, y conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), de mucho poder a la hora de las medidas de fuerza. El gremialista confirmó que las asambleas informativas en los lugares de trabajo se darán entre las 4 de la mañana y las 12 del mediodía en todos los medios de transporte del país. Esto marca la pauta de que el lunes habrá serias complicaciones para trasladarse hasta la tarde. Desde la Unión Ferroviaria (UF), que está fuera de la CATT, aseguraron que también harán asambleas desde la primera hora de la mañana del lunes. "Suponemos que los servicios se verán afectados hasta las 11 de la mañana", explicaron en la UF y señalaron que los maquinistas (del sindicato La Fraternidad) también harán reuniones informativas por lo que no se moverán los trenes. Todo el ámbito ferroviario, además, negocia en el Ministerio de Trabajo sus paritarias. "Nuestra Confederación resolvió que el lunes se van realizar asambleas en terminales portuarias, de colectivos, aeropuertos y ferroviarias para advertir al Senado que nuestra demanda tiene que ser contemplada", remarcó Schmid. "El Congreso se tiene que poner los pantalones largos y los

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gobernadores, dejarse de especular. No vamos a tolerar un año más con este impuesto distorsivo”, agregó quien asoma como el más duro de los sindicalistas contra el Gobierno. "Ningún modo de transporte va a funcionar entre las 4 y las 12", coincidió anoche Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, el gremio de los maquinistas de trenes, a Radio 10. "Tanto los senadores como los gobernadores están trabando una ley que favorece a los trabajadores. Acá, los gobernadores quieren hacer hacer la obra pública en la Provincia o pagar salario de los trabajadores provinciales con el dinero de otros trabajadores", criticó Maturano. "Casi el 60 por ciento retenemos del sueldo en horas extras, feriados, los francos que tenemos que trabajar y el viático. Tenemos que estar comiendo y durmiendo en nuestro lugar de trabajo y hay que pagarlo, se lo lleva el impuesto", sostuvo Fernández. Además, desde la UTA afirman que tanto al Gobierno como a los diputados le exigieron que eliminen el viático y las horas extras del alcance de Ganancias. "Estamos en contra del impuesto porque para nosotros es mucha plata", concluyó Fernández. Según informaron en la CATT, la medida no sólo afectará a trenes, colectivos y subtes. Las asambleas también repercutirán en los aviones, la recolección de basura y el suministro de combustible. Además, confirmaron que no habrá transporte de carga, movimiento de contenedores portuarios, ni flota marítima y fluvial operativa.

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"Hoy la mayoría de los argentinos tiene esperanza, hay una visión optimista con respecto al próximo año y la mayoría de la gente cree que estaremos mejor como país". Con estas palabras el presidente Mauricio Macri resumió su visión del clima actual en Argentina en una columna de opinión que publicó este fin de semana en el periódico español El País. Con la firma del presidente, el texto titulado "Argentina pasa página" describe las medidas del primer año de administración de Cambiemos que a Macri llenan de "enorme orgullo". El Presidente primero menciona la eliminación del cepo cambiario, el aumento de la Asignación Universal por Hijo. la revisión de las cifras socio-económicas oficiales y el establecimiento de tarifas sociales para los servicios públicos. "Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, pero aun así hoy dos de cada tres argentinos confían en que el Gobierno tiene la capacidad para resolver los problemas del país y sabe que hacerlo llevará tiempo", escribe Macri. A lo largo de la columna, también destaca que "el Congreso tuvo uno de sus años más productivos", las "señales de desaceleración" de la inflación y los anuncios de proyectos de inversión pública y privada. Además, dedica un párrafo a las relaciones de Argentina con el mundo y las visitas de varios líderes internacionales. "Aquí quiero destacar nuestro importante lazo con España, con la que compartimos una historia común de amistad y con la que podemos potenciar sectores clave de nuestras economías como el turismo, el comercio y las telecomunicaciones, entre otros, y que además es un aliado clave en el camino de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea". Sobre el final, sin embargo, el Presidente vuelve a reconocer que los cambios que describe han encontrado obstáculos. "Más allá de las dificultades de la transición, sentimos que podemos o que hemos dado vuelta una página y que estamos en el camino para construir entre todos un país de oportunidades que está listo para ser parte de la solución a los grandes problemas globales", terminó.

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Pese a que el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro redobló la apuesta y acusó a Mauricio Macri de "cobarde, oligarca y ladrón", el gobierno argentino decidió ayer no contestarle a Caracas, en un intento por bajar el tono de la escalada diplomática. En rigor, Macri ya había replicado a Diosdado Cabello, número 2 de Maduro, que lo había tildado de "cobarde" a raíz del desaire a la canciller Delcy Rodríguez. "Cobarde es someter a un pueblo por la fuerza y no dejarlo expresarse", dijo el jefe de Estado, ante la pregunta de Clarín, durante la rueda de prensa que ofreció el viernes, en la Quinta de Olivos, junto a su par chilena Michelle Bachelet. Allí, Macri cargó duro contra Caracas y dijo que es "triste, la pobreza, el abandono, y la falta de garantías sobre los mínimos derechos humanos de los que está siendo víctima la población venezolana". Y señaló que el episodio con la canciller, a quien no se le permitió el ingreso a una reunión del Mercosur en el Palacio San Martín, "no es para tomarlo seriamente porque alguien no puede autoinvitarse a donde no ha sido invitado". Sobre esta línea, fuentes del Gobierno admitieron que el Presidente analiza hacer una presentación formal -vía la canciller Susana Malcorra- "pidiendo explicaciones por su presencia en una reunión que no estaba convocada". "Es como si (Barack) Obama y (Vladimir) Putin se juntan y Macri se quiere meter sin estar convocado", graficaron. Pero no está prevista, al menos según lo que aseguraron ayer desde el Gobierno, una nueva respuesta a Maduro. "Fue una provocación. Ellos son provocadores. Así se manejaron todo este tiempo, pero no vamos a entrar en eso", sostuvieron. Consideran suficiente lo dicho por Macri. Al cabo, los insultos de Maduro se dieron poco después del discurso del Presidente, en un acto en el que condecoró a la canciller Rodríguez con la Orden Libertadoras y Libertadores de Venezuela, "por su dignidad y patriotismo". "El cobarde de Macri mandó a agredirla para vengarse por la verdad que le dijo hace un año", inició Maduro su ataque al Presidente, en referencia al cruce que mantuvieron durante la Cumbre del Mercosur en diciembre de 2015. "Cobarde, eres un cobarde, Macri. ¡No te metas con las mujeres! Macri cobarde. oligarca y ladrón", agregó el venezolano. Y completó: "El pueblo argentino se encargará de tí, Macri; más temprano que que tarde. Y te secarás como se seca todo el que se mete con los hijos de Bolívar y Chávez. Cobarde". Del mismo modo que no habrá respuesta a Maduro, la Casa Rosada mantiene la cautela en torno al pedido que Cabello le hizo al encargado de negocios argentino en Caracas, Eduardo Porretti: "Si el embajador tiene dignidad, que recoja sus maletas y se vaya de Venezuela", dijo. Desde el Gobierno aseguraron que no harán ningún movimiento, recordaron que Macri no designó un embajador tras asumir como Presidente y que Porretti quedó a cargo transitoriamente hasta agosto de 2017. "En todo caso, si Venezuela quiere que se vaya, debiera mandar una notificación oficial: estas cosas no funcionan a través de los medios", dijeron, desafiantes, cerca del Presidente.

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Como pronosticaba su gurú, Jaime Durán Barba, la innovación es la marca en el orillo de la gestión Macri. En el Gobierno, a veces lo confunden con improvisación. Sea como fuere, la debilidad partidaria de origen condenó al PRO a encabezar el primer gobierno democrático que deberá lidiar en minoría en ambas cámaras parlamentarias durante un mandato completo. Por lo tanto, para avanzar con las leyes que le hagan falta de acá al 2019, Mauricio Macri podrá retomar una estrategia de conciliación, como la que le dio éxito en la primera parte del año, o aceptar los desafíos confrontativos de la oposición, como en las últimas semanas. También podrá mantenerse en la línea de ir “proyecto a proyecto”, como hasta ahora, o adoptar las recomendaciones de varios de sus socios de convocar a un gran acuerdo parlamentario sobre políticas de Estado. Lo que no podrá es despegarse de la ardua tarea de seducción a otras tribus políticas para obtener las mayorías que le niegan el reparto de bancas. Sean ellas comandadas por Sergio Massa, Miguel Pichetto, gobernadores, o quienes eventualmente ocupen el rol que tales entidades representan hoy en día. Será con chequera, con política, o con un mix de las dos. Referentes de Cambiemos en Diputados y en el Senado semblantearon las posibilidades para la renovación legislativa de octubre próximo y coincidieron en que por aún con el mejor de los resultados quedarán lejos aún de lograr quórum propio. En cambio, confían, como el círculo áulico de Macri, en que un triunfo contundente les dará un respaldo vital para forzar el apoyo a los proyectos del Ejecutivo desde la presión del consenso social. En el repaso que hicieron la espadas legislativas figura para el Senado una expectativa de crecimiento de 15 a 21 integrantes del interbloque oficialista, todavía 16 debajo de la mitad más uno. Y en Diputados, de 87 a alrededor de un centenar, sin chance material de rozar los 129 que garantizan cada votación. La Cámara alta se renueva por tercios. El bloque del FpV, donde por el momento conviven representantes orgánicos del PJ y nostálgicos del cristinismo, cuenta con 41 de las 72 bancas. La apuesta de máxima del oficialismo es que el peronismo pierda el manejo del quórum. Para ello, debería ceder al menos cinco de las 14 bancas que pone en juego, un 58 % de las 24 que se elegirán el año próximo. Se renuevan las tres de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Aunque Cambiemos arriesga sólo tres senadores (todos de la UCR), las hipótesis realistas estiman como satisfactoria una cosecha de 9. De tal forma, sumaría seis y necesitaría seguir armando alianzas con opositores para facilitar las negociaciones. Habrá que ver si ese rol en la vereda opuesta sigue siendo exclusividad de Pichetto o de algún otro que quede al frente del PJ oficial. También podría darse el armado de un combo más variado, como sucede en Diputados, donde el armado opositor corre por cuenta de un mosaico de ramificaciones peronistas. En la Cámara baja, que deberá reponer a 127 de sus 257 integrantes, se presenta un panorama electoral poco habitual: los tres grupos principales se renuevan en idénticas proporciones, casi por la mitad. Aunque cambian las aspiraciones. El interbloque Cambiemos arriesga 41 de sus 87 bancas. Y un buen desempeño electoral (en torno al 40%) le permitirá acariciar los tres dígitos en el recinto.

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La mayor expectativa está centrada en provincia de Buenos Aires, donde sólo pondrá en juego 4 de las 35 bancas que se eligen. Los matices en el combo oficial, preaviso de conflictos, se relacionan a los desbalances internos. Mientras el radicalismo cargará con el peso de renovar a 22 de sus 39 bancas (el 56%) y el ARI a 3 de las 4 (75%), el macrismo sólo pondrá en juego 14 de sus 42 (el 33%). Si se le anexa el pode del aparato del Estado, el PRO va camino de engordar su bloque y ya advirtió su propósito de quedar como la fuerza dominante del espacio. En la oposición, la incógnita será el reparto entre las variantes peronistas. El FpV y sus aliados (de composición más kirchnerista que la del Senado) renuevan 34 de sus 72 miembros. Y el frente UNA de Sergio Massa a 19 de las 37. En tanto que el bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio arriesga 8 de sus 17 ¿Con quiénes deberá negociar Macri para llegar a buen puerto en 2019?

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Luego de la semana más conflictiva con el peronismo por el impuesto a las ganancias, el gobierno de Mauricio Macri cambió su estrategia: comenzó a tomar conciencia de que debe mejorar el nivel de la ejecución política de las decisiones técnicas para garantizar la gobernabilidad y la capacidad de que las buenas intenciones se materialicen en las condiciones adversas. Para ello, en las reuniones de coordinación de Olivos, el Presidente comenzó a definir a sus "aliados" peronistas entre los bloques legislativos, los gobernadores y dentro de la CGT. De ese modo buscará diferenciarlos en el trato de aquellos "que ponen palos en la rueda". Por ejemplo, en la intimidad de la Casa Rosada comenzaron a hablar de "la liga de gobernadores buenos"; hacia afuera la bautizaron "la mini-liga". Frente a éstos existe también una "liga de los malos". Para la discusión por el impuesto a las ganancias, según pudo saber LA NACION, Macri determinó que, luego del fracaso del proyecto propio, la prioridad será acordar con la CGT. La Casa Rosada descuenta que tiene el apoyo de 21 gobernadores. Pero no todos los diputados y senadores del PJ responden a ellos. "Un acuerdo con la CGT permite que los legisladores que no reportan a los gobernadores puedan votarlo y se sientan amparados ante su electorado por la bendición del sindicalismo", señaló a LA NACION un funcionario del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

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Ello explica, en parte, que ayer se definió una segunda reunión con la CGT para mañana con el fin de cerrar un acuerdo, que estaría encaminado (ver aparte). Y es por ello que la reunión con los bloques legislativos se postergó unas horas, para mañana a la tarde. La cumbre con los gobernadores será pasado mañana. En la Casa Rosada admiten que el error original fue haber enviado el proyecto oficialista al Congreso sin acordarlo con suficientes diputados de diversos bloques peronistas ni con la CGT. Solo había un vago consenso con los gobernadores sobre el impacto fiscal de $ 27.000 millones en el Presupuesto 2017. Eso le enrostró el dirigente sindical Omar Maturano (La Fraternidad) al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, en la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo, hace tres semanas, y amenazó con un paro de transportes. En la primera mesa, el Gobierno se había comprometido a consultar a la CGT. Según la mesa chica de Macri, los aliados en la CGT son Juan Carlos Schmid (transportes), uno de los miembros de la conducción tripartita; José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez (construcción). Schmid responde al influyente Hugo Moyano (camioneros), que habla con Macri en Olivos. Si bien anunció una jornada de asambleas de los transportistas para mañana por reclamos en Ganancias, la Casa Rosada considera que Schmid logró en realidad frenar paros o medidas más duras. Lingieri influye en la empresa estatal de aguas Aysa y apadrina a Luis Scervino, nombrado por Macri al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud, que regula las obras sociales. Martínez tiene una relación de vieja data con el Presidente desde que éste era empresario de la construcción en Socma y luego jefe de gobierno porteño. En Olivos también consideran aliado a Luis Barrionuevo (gastronómicos). La Casa Rosada, en cambio, definió a los otros dos miembros del triunvirato de la CGT como "adversarios": son los aliados del diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa: Carlos Acuña (estacioneros) y Héctor Daer (Sanidad). En el resto de la conducción también rivalizan con Pablo Moyano, hijo de Hugo. En lo político, el Gobierno definió como adversarios irrecuperables a Massa, a todo el bloque del Frente para la Victoria, y a los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Verna (La Pampa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Son aquellos en los que Macri nunca volverá a confiar, más allá de ciertas circunstancias. Con este grupo habrá un abierto enfrentamiento verbal -como ya se vio en los últimos días- y una confrontación directa en el plano electoral. En contrapartida, el Gobierno buscará fortalecerse en la "mini-liga" de gobernadores afines. La cabeza visible es Juan Manuel Urtubey (Salta), que conversa con Frigerio como si fueran del mismo gabinete. La integran además Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquen), Sergio Casas (La Rioja) y Hugo Passalacqua (Misiones). Pese a su condición de massista, Frigerio busca recuperar su buena relación con Mario Das Neves (Chubut) y considera que Lucía Corpacci (Catamarca) se podría sumar al lote.

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ra algunos, es el "cuco" que puede echarlo todo a perder en las elecciones del año que viene. Para otros, un dirigente que pierde poder a cada paso, y al que hay que "ayudar" para que siga siendo el fiel de la balanza y no desbarranque antes de tiempo. Sergio Massa, de él se trata, divide aguas en el gobierno de Mauricio Macri, y no hay consenso en cómo tratar a ese ex aliado que estuvo a punto de torcerle el brazo a la Casa Rosada en el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, luego del acuerdo del tigrense con el kirchnerismo. Hace dos semanas, el presidente Mauricio Macri rompió el tablero, al acusar de "impostor" a su aliado de las legislativas de 2013. "Estaba recontra enojado, no fue una estrategia", lo justificó ante LA NACION uno de los ministros más importantes del gabinete. Lo cierto es que, se trate de una reacción espontánea del Presidente por pactos incumplidos en torno de Ganancia o de algo premeditado, todos salieron a "matar" al diputado en los mismos términos, e incluso fue el propio jefe de gabinete quien lo llamó el "referente menos confiable del sistema político". Para Mariel Fornoni, de la consultora Management and Fit, "el Gobierno cometió un error al subir a Massa a un pedestal que sólo ocupaban Macri y Cristina". Más allá de los análisis externos, un alto funcionario resumió por lo bajo la mirada de buena parte del Gobierno. "Massa está cayendo en las encuestas, y no nos sirve que baje tanto. Hay que mantener con chances y divididos a todos los sectores del peronismo", reconoció el funcionario. Un dirigente que conoce el pensamiento de Peña coincide en esa visión del tigrense debilitado "en lo cualitativo" y algo aislado de sus pares del PJ , "porque es muy difícil mantenerse en una sociedad muy dividida en dos". En Balcarce 50 aseguran que Cristina Kirchner mantiene al menos un 30 por ciento de imagen positiva, y que el resto del PJ "aún busca un rumbo y un liderazgo, pero está muy dividido". Cristina Kirchner, y no Massa, sería la adversaria a vencer en las legislativas de 2017. Pero en el ala política del Gobierno -algo debilitada luego del respaldo público de Macri a Peña y a sus coordinadores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui-piensan en Massa como el dirigente que puede aguarles la fiesta y la continuidad en el poder. "Cristina hoy es como Hilda "Chiche" Duhalde en 2005, representa más el pasado que el futuro. Si lo ven con fuerza y chances, los intendentes (bonaerenses) se van a ir con Massa", afirman cerca del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encargado de las negociaciones con el tigrense en torno al nuevo proyecto de Ganancias. Desde ese punto de vista, que también comparten dirigentes radicales que se quejan de la "falta de política" en Cambiemos, coinciden en que el trabajo que hay que hacer es arduo. "Hoy estamos mal en Córdoba y en Santa Fe, podemos perder en ambas provincias. Si perdemos también con Massa en provincia se nos complica todo", alertan. Y Afirman que un triunfo de Massa (o de su candidato) en los comicios a senador del año que viene "haría que todo el peronismo, salvo el kirchnerismo duro, se vayan con él". Y proponen "darle aire"

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a quienes pueden hacerle sombra a Massa en la provincia, entre ellos al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. Allí, Monzó y los hoy más cercanos a Macri vuelven a discrepar: mientras el titular de la Cámara baja elogia su capacidad y agitó el avispero al mencionarlo como "ministeriable", cerca de Peña-y también del ministro del Interior, Rogelio Frigerio-sostienen que es un error intentar incorporar dirigentes identificados con el gobierno anterior. "Lo que sí nos parece bien es sumar peronistas decentes, tal vez segundas líneas, que compartan nuestro proyecto", afirmó una fuente cercana al ministro del Interior. Desde ambos sectores coincidieron en algo: Massa quiso quedarse con una parte de los votos kirchneristas, al menos en el Congreso, por medio del acuerdo por Ganancias. "Pero siempre se sobregira, da un paso de más, y ahí la sociedad lo castiga" coinciden en el Congreso y la Casa Rosada. El diálogo forma parte de las charlas que tienen Massa y Monzó, viejos compañeros de ruta en la Ucedé y el PJ, hoy en "equipos" diferentes. El debate interno promete continuar. Y es más: se ahondará a medida que se acerquen las cruciales elecciones del año que viene. Un dato adicional, no menor: Macri suele tener pocos enojos duraderos, pero su disgusto con Massa viene de lejos y promete continuar en el tiempo.

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Con la agenda del fin de año copada por el debate sobre la reforma del impuesto a las ganancias, Sergio Massa y Margarita Stolbizer ya preparan los próximos capítulos de un libreto que, esperan, los siga ubicando como opositores netos de Cambiemos: la inflación, la inseguridad y el déficit público aparecen a la cabeza de los ejes que el líder del Frente Renovador y la jefa del GEN comenzarán a agitar no bien comience el año nuevo y se aceleren los tiempos electorales. Stolbizer se prepara para dedicarse de lleno esta semana a los medios, luego de una gira por el exterior que la llevó a Dakar, Senegal, donde fue elegida presidenta de Parlamentarios para la Acción Global (PGA, por sus siglas en inglés), una organización abocada a la democracia y los derechos humanos. Ese viaje la dejó fuera de la discusión y la votación en Diputados por Ganancias, pero también del curso de las causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Kirchner. Dos banderas que Stolbizer pretende agitar esta semana. La segunda, porque ya es parte de su identidad política. La primera, para acudir en auxilio de Massa y ayudar a despegarlo del corralito kirchnerista en el que logró meterlo el Gobierno ante la opinión pública -una tarea que continúa a paso firme en las redes sociales-, luego de que la oposición se uniera en Diputados para reformar el tributo. De hecho, si Stolbizer se ofrece como una suerte de "escudo" -palabra que utilizan en el GEN- para las arremetidas de Elisa Carrió contra Massa, su nueva misión será oficiar de "escudo para evitar la kirchnerización de Massa que propone el Gobierno", dicen cerca de la diputada, donde no creen que haya sido un error accidental que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusara a Stolbizer de votar Ganancias junto a Julio De Vido, pese a que Stolbizer no estuvo en esa sesión. Esta semana, Stolbizer y Massa tienen previsto reunirse para definir la agenda de la conferencia de prensa conjunta con la que esperan cerrar el año. Estaba prevista para ayer, pero fue corrida luego de que la discusión por Ganancias monopolizara la agenda. Lo siguiente, una vez iniciado 2017, será poner en práctica un nuevo libreto de propuestas y reclamos al Gobierno. La inflación será el punto de partida. Nada casual, si se tiene en cuenta que el postergado aumento de las naftas impactaría en enero. La inseguridad, territorio conocido para Massa, será el segundo eje, acompañado por la "desmitificación del déficit fiscal creciente", como lo definen los aliados. Corrupción, narcotráfico, empleo y pymes completarán un combo que podría ser la columna vertebral de la campaña compartida. "Vamos a pararnos como oposición sin perder responsabilidad, lo que ha sido nuestra marca, pero definitivamente vamos a endurecer nuestros planteos hacia Cambiemos", señalan en ambas orillas. Reconocen que la movida también responde a una necesidad: lograr que Stolbizer y Massa ganen ese espacio de discusión frente al Gobierno para evitar que Cambiemos polarice sólo con el kirchnerismo, como ya les sucedió a ambos, por separado, en 2015. En paralelo, el Frente Renovador y el GEN continúan garabateando nombres de posibles aliados para sumar al acuerdo no escrito que ya comparten con Libres del Sur. La discusión más difícil pasa por cuánto peronismo bonaerense con pasado reciente en el kirchnerismo pueden tolerar los "margaritos". Más sencilla parece la discusión sobre los radicales enemistados con el macrismo que Stolbizer desea atraer.

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Con la batalla por Ganancias todavía en juego, la oposición abrió ayer un nuevo frente contra Mauricio Macri: presentó un amparo con la intención de declarar inconstitucional el decreto que permite a los familiares de funcionarios públicos adherir al blanqueo impulsado por el Gobierno y, mientras la Justicia analiza el pedido, requirió que se suspenda la medida. La acción de amparo fue presentada el jueves por el diputado Felipe Solá (Frente Renovador) y se centra en la "extralimitación presidencial" en la que habría incurrido Macri al firmar el decreto ya que -sostiene Solá- altera el espíritu de la ley aprobada por el Congreso. Mientras la Justicia analiza el pedido de inconstitucionalidad del decreto, el legislador opositor pidió que se suspenda la aplicación del decreto y le pidió intervención en la causa a la Oficina Anticorrupción (OA). "[Macri] ha ejercido una competencia que no tiene, imprimiendo modificaciones sustantivas a la ley 27.260, bajo el pretexto de reglamentarla [...] se ha vulnerado de manera directa el principio de división de poderes, invadiendo el Poder Ejecutivo la competencia del Congreso", sostuvo el diputado. En el tramo más encendido del escrito, Solá removió los problemas del Gobierno con la utilización de sociedades offshore de los Macri. "Los verdaderos destinatarios de este nuevo régimen son aquellos familiares de funcionarios que emplearon herramientas sofisticadas, como las empresas offshore, o que compraron bienes o tengan inversiones financieras fuera del país. Es claro que estos activos, si bien no han sido exteriorizados ante las autoridades fiscales argentinas, están a su nombre en el extranjero. Es entonces que estos familiares, quienes tienen por su posición económica el conocimiento necesario para apelar a estas sofisticadas herramientas para evadir impuestos en el país, son los únicos que podrán acreditar que «...se encontraban incorporados en su patrimonio...» antes que los funcionarios asumieran sus cargos". Problemas con el blanqueo La ley 27.260 sancionada por el Congreso en julio estableció el blanqueo y definía el pago de las deudas históricas con los jubilados. En su texto, la norma establecía que quedaban por fuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones. Pero la ley fue modificada. Macri firmó el 30 de noviembre un decreto que permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública. La decisión enseguida encendió acusaciones desde la oposición. "El Gobierno se llena la boca hablando de corrupción... ¿y ahora hace esto? El Presidente es hijo de un multimillonario, que además estuvo acusado de contrabando. Hace falta un poco de decoro", afirmó Solá. La polémica llegó a la Justicia esta semana, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia presentada por la diputada Victoria Donda para investigar los motivos de la decisión oficial. El presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fueron imputados en la causa que será instruida por el juez Ariel Lijo.

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El tanque de las expectativas parece estar quedándose sin nafta. Durante todo el primer año del gobierno de Mauricio Macri, un sostén fundamental para la imagen pública fue la convicción de gran parte de la sociedad de que la situación económica y social iba a mejorar el año próximo. Hoy, son cada vez menos los optimistas, situación que pone al Gobierno ante la obligación de empezar a mostrar resultados. En concordancia con ese dato, la imagen de la gestión de Cambiemos también registra una curva descendente, aunque mantiene un nivel elevado de aceptación. El dato que en la Casa Rosada deberán empezar a prestar atención es que los sondeos ya empiezan a mostrar que la imagen negativa está empatando o incluso superando a la positiva. Así lo muestra el último trabajo de la consultora Quiddity, que publica PERFIL en exclusiva. Las expectativas cayeron 15 puntos y la imagen del Gobierno, 7. Al tan expectante segundo semestre le faltó una pata fundamental: la reactivación económica. Y eso empieza a pesarle a Macri, sobre todo de cara a las cruciales elecciones legislativas del año próximo. La encuesta, realizada esta semana a más de 1.800 personas en todo el país, muestra que un 47% de los consultados creen que la economía el año próximo estará mejor o mucho mejor. Por sí solo es un número interesante, ya que casi la mitad cree que el país crecerá en 2017. Sin embargo, en septiembre, apenas tres meses atrás, un 62% respondía que tenía expectativas elevadas con el futuro de la Argentina. Devaluación, inflación, suba de tarifas, baja del consumo y de la industria, destrucción de puestos de trabajo, todos componentes de un cóctel capaz de pulverizar la imagen de cualquier gobierno. Si el de Macri logró superar ese trance manteniendo un nivel alto en la consideración popular es porque logró transmitir el concepto de la pesada herencia recibida del kirchnerismo y que la mala situación era necesaria para empezar a crecer más adelante. Pero la paciencia tiene límites y las expectativas no son eternas. El análisis sobre las expectativas va siempre emparentado con el de la situación económica. Y durante todo este año fue mayoritaria la gente que analizaba de manera negativa el estado de la economía del país. En el último trabajo de Quiddity, un 67% califica como malo o muy malo el desempeño de la economía actual (un 3% más que en septiembre), contra un 30% que cree que, a pesar de todas las dificultades, la situación es buena o muy buena. Para salir airoso de las elecciones 2017, Macri y Cambiemos ya no dependerán tanto de las expectativas, sino de la situación económica. Por eso necesita que la actividad empiece a caminar. En Casa Rosada son optimistas al respecto, basados en tres puntos: un exitoso blanqueo, la puesta en marcha de la obra pública y una cosecha que imaginan récord. Además, creen que la inflación ya va a estar controlada. La clave, si ese escenario se concreta, será también si logran generar un cambio en el clima social para el momento de votar. Ese clima estará directamente relacionado con el de la aprobación gubernamental. Hoy, un 48% de los entrevistados tiene una imagen positiva del Gobierno. En septiembre esa cifra era 55%. Por el contrario, la negativa, en el mismo período, subió de 40% a 50%. Macri necesita que la economía levante vuelo para revertir esa caída y darle así más expectativas a sus candidatos de todo el país. Sobre todo en el conurbano bonaerense, donde más fuerte se siente el parate de la economía.

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Fajos, pilas, canastos, montañas de dólares, por miles de millones saturan las tesorerías de los bancos, que aseguran que debieron cuadruplicar el espacio destinado al almacenamiento a partir de la llegada de los billetes del blanqueo de capitales, y por supuesto sumar personal y maquinarias para contarlos y almacenarlos correctamente. En la Argentina, siempre los extremos: o no hay divisas y se pone el cepo, o sobran y saturan las bóvedas. Mientras que para los funcionarios la falta de espacio para guardar los dólares es una señal de éxito del blanqueo, para los ejecutivos del sistema es un dolor de cabeza. Deben sumar medidas de seguridad, y hasta acuden a las bóvedas de las firmas de recaudación y transporte de caudales. Allí, buscan cómo optimizar el espacio para la enorme cantidad de divisas que salió de cajas de seguridad, y el famoso “colchón” para ingresar al sistema. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, se “sinceró” hasta el 21 de noviembre un total de US$ 21.863 millones, de los cuales US$ 7.185 millones correspondieron a billetes en efectivo, y de ese monto, US$ 1.500 millones ya fueron enviados para ser depositados en la cuentas de corresponsabilidad. En noviembre, la cantidad de billetes en moneda extranjera de los bancos era de US$ 4.800 millones, que muestra un aumento de US$ 1.900 millones con respecto a octubre, un 65% más. Si bien el impacto en cada entidad fue diferente, en un extremo la necesidad de cuadruplicar el espacio generó estrés en los responsables de las tesorerías porque “ningún billete será guardado en una sala que no cumpla con las normas correspondientes”. For export. Algunos bancos apelaron a “exportar dólares” a cuentas en Estados Unidos, “pero hacerlo es muy caro”, se queja un directivo privado que aclara que por razones de seguridad “sólo se mandan unos US$ 10 millones por vuelo, por lo que algunas entidades deberían contratar entre ochenta y cien aviones si quisieran depositar todo en sus cuentas del exterior”. Fue esa exportación de billetes la que explicó la suba de las reservas del Banco Central semanas atrás: una vez que son depositados, se suman al encaje y se computan como parte de los US$ 37.088 millones de las arcas estatales.

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Puja. Por lo bajo, los banqueros se quejan y aseguran que el Banco Central no toma los billetes que ellos quieren depositar en las cuentas que tienen en la entidad presidida por Federico Sturzenegger. La autoridad monetaria responde diciendo que en octubre se modificó la normativa de la Posición General de Cambios para que se contemple el ingreso de billetes por el blanqueo y los bancos no se vean obligados a incumplir la normativa hasta entonces vigente en cuanto al volumen de moneda extranjera en su poder. En suma, las divisas con ilustraciones de próceres norteamericanos saturan las tesorerías de los bancos. Según bancos privados, la cantidad de billetes físicos en manos en los tesoros aumentó 25% desde julio –mes previo al inicio del blanqueo– hasta octubre, un salto que no dio tiempo para adaptar instalaciones. Buscan alternativas. “Lo malo es que todos los billetes físicos representan para los bancos un capital que no está generando ningún rendimiento, es dinero inmovilizado, y si hablamos de dólares la preocupación es mayor”, recordó un ejecutivo privado. A esto se suman los gastos de logística, personal, máquinas para contar cada dólar, y revisar el estado en el que encuentran. La única buena noticia es que la etapa de ingreso de dinero físico terminó, y se deberá avanzar en el otorgamiento de crédito en moneda extranjera a quienes califiquen dentro de la cadena de exportación. Por supuesto, no pierden de vista que cada persona que se adhirió al blanqueo es un potencial cliente de nuevos productos bancarios, y que deberán trabajar en tentarlos para retenerlos.

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Los saqueos han continuado este fin de semana en los estados de Bolívar, que ha sido parcialmente militarizado, en Zulia, Delta Amacuro y Apure, como reacción a la súbita decisión del régimen de Nicolás Maduro de sacar de circulación sin posibilidad de canje previo los billetes de cien bolívares (unos 5 centavos de dólar). El desastre es tal que ayer la Mesa de la Unidad Democrática, que controla el Congreso, pidió la renuncia inmediata del presidente “para evitar la destrucción total de Venezuela”. Fuentes opositoras sostienen que han habido entre tres y cuatro muertos en esos incidentes. La información no ha podido ser confirma inmediatamente. El eje de este culebrón es que el gobierno ilegalizó los billetes que sólo pueden depositarse en las sedes del Banco Central, que da a cambio un recibo con la promesa de que les será reconocido cuando circulen nuevos billetes. Además, la casa matriz no tiene agencias en muchas localidades del interior donde, por cierto, la bancarización es mínima y casi todo se paga en efectivo. El colapso es total. Los de cien bolívares implican entre 60% y 70% de todo el circulante en el país, lo que da una idea del drama. Los caraqueños amanecieron este sábado haciendo vigilia en las puertas del Banco Central, situado a una cuadra del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, cerrado por el fin de semana. Van a dormir allí hasta el lunes y conseguir, esperanzados, dinero a cambio de sus depósitos. Sin embargo no hay claridad sobre qué ocurrirá. Las versiones afirman que la semana entrante, hacia el 20 de diciembre podrían aparecer billetes de 500, 1000, 2000 y 20.000 bolívares (este último equivalente a menos de diez dólares en el mercado paralelo). La cola frente al Central en Caracas era enorme y daba vueltas tres veces en su mismo eje. Hay solo dos ciudades con agencias del Banco Central: Caracas y Maracaibo y sus 150 ventanillas habilitadas son insuficientes para atender a tantos usuarios. Los venezolanos que hacen colas constantemente para intentar conseguir víveres y medicamentos en medio del extendido desabastecimiento que experimenta el país, nunca han vivido semejante desgracia con su dinero, que no vale nada ahora. Es un “corralito” que ha capturado los bolívares. Muchos políticos opositores lo equiparan a ofensiva enigmática contra la población. Maduro justificó esta medida en una extravagante conspiración que consistiría en que países europeos, latinoamericanos y EE.UU. estarían acaparando los billetes de 100 bolívares. La versión oficial es tomada como una fábula por la población que especula decenas de motivos para una operación tan extraña. Los analistas creen que es para provocar una distracción, un pote de humo o blanqueado de dinero, porque en el fondo el Central se ha quedado sin fondos de reserva y no hay dinero para pagar los sueldos de la nómina de la administración pública ni de los pensionados del seguro social que suman más de 6 millones de personas. En el pasado también han ocurrido cambios en la denominación de la moneda, sin traumas como ahora. En el 2008 el finado Hugo Chávez restó tres ceros a la moneda y nació el Bolívar Fuerte. La conversión

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monetaria fue pacífica pero ahora se ha saldado con saqueos, protestas, disturbios y al menos esas muertes en el Callao, estado Bolívar, al sur de Venezuela, según el diputado opositor Angel Medina. Más de 10 estados del país, la mitad periféricos de los Andes, al sur con Brasil y costeros en el mar Caribe, se han visto afectados por la medida monetaria de Maduro. El secretario político del partido Un Nuevo Tiempo, Luis Farias, integrante de la coalición opositora, describió la encerrona. Sostuvo que el primer día de la orden para entregar los billetes, el martes 13, apenas fue recogido el 1,8% de toda la masa emitida en noviembre. Para recoger ese dinero en tres días, se requerirían 42.442 ventanillas en funcionamiento permanente. “El plazo para recolectar toda esa masa debería ser de 13 días consecutivos de funcionamiento continuo de las taquillas, durante 8 horas continuas, sin errores. Para el reemplazo de los billetes de 100 se requieren 1.222 millones de billetes de 500 bolívares, que aún no han llegado al país, y su distribución supondría, por lo menos, quince días consecutivos. El costo de estos billetes es de 183 millones de dólares, veinte veces más de lo que Maduro esperaba recoger”, subrayó Farías. Este legislador tiene una explicación para el fenómeno: “Estamos ante la operación de lavado de dinero más brutal no solo en Venezuela, sino en América Latina. Todos hemos visto como han llegado camiones repletos de billetes, custodiados por la Guardia Nacional, que nadie sabe de dónde salieron. Esta era la oportunidad para lavar dinero ilegal, sin control y sin declaración alguna”

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Dos años después del inicio de la histórica normalización entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno saliente del presidente Barack Obama advierte a su sucesor, Donald Trump, de los riesgos de dar marcha atrás con la apertura iniciada. El 17 de diciembre de 2014, Obama y su homólogo cubano, Raúl Castro, anunciaban al mundo un acuerdo que se tradujo en incrementos de viajes, intercambios, negocios y remesas entre los dos países, la reapertura de las embajadas tras más de medio siglo de enemistad y el colofón de la histórica visita del mandatario estadounidense a la isla en marzo pasado. En octubre, Obama emitió una directiva presidencial para sellar su política de apertura hacia Cuba y hacerla “irreversible”, confiado entonces, como la mayoría de los estadounidenses, en que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ganaría las elecciones y daría continuidad a la normalización con la isla, como había prometido. Sin embargo, las elecciones las ganó Trump, quien en las primarias republicanas había mostrado una postura más abierta que sus rivales respecto a Cuba, pero tras la muerte de Fidel Castro a finales de noviembre pasado amenazó con poner fin a la normalización a no ser que el gobierno de la isla firme con él “un acuerdo mejor”. Según explicó entonces un vocero del magnate, Trump exigirá a Cuba “la liberación de los presos políticos, el retorno de los fugitivos de la Justicia estadounidense y también la libertad política y religiosa para todos los cubanos que viven bajo opresión”. Para Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional de Obama, dar marcha atrás en el proceso de apertura hacia Cuba de los últimos dos años sería “increíblemente dañino” para EE.UU. y también para los cubanos, además de “impopular”. Al admitir la “incertidumbre” en torno a qué hará Trump con Cuba, Rhodes dijo, no obstante, “tener esperanza” en que el presidente electo entienda que la política de acercamiento impulsada por Obama “es mejor que la anterior de aislamiento, que no funcionó”. Rhodes argumentó también que “este es el peor momento posible” para cerrarse a la isla, ya que se avecina un momento de “transición” política con la anunciada retirada del presidente Raúl Castro en 2018. “Si acabas con todo lo que hemos creado, en esa transición va a triunfar la línea dura y nosotros queremos ver que se siguen abriendo”, alertó el asesor de Obama. El Gobierno de Obama defiende el “progreso real” logrado en estos dos años y que el presidente ha utilizado al máximo su autoridad ejecutiva para relajar el embargo, lo que se ha traducido en acuerdos de compañías como Verizon, Marriott, Airbnb y Google para hacer negocios en la isla. Un informe del centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) destaca que Cuba y EE.UU. negocian actualmente al menos media docena de acuerdos más que estarán finalizados “en las próximas semanas”. Según esta institución, gracias al levantamiento de las restricciones de viajes los cubano-estadounidenses realizan ahora más de 400.000 visitas al año a la isla.

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La normalización “beneficia a los ciudadanos de los dos países. Cuba está atravesando un proceso lento pero real de reformas económicas y se han visto movimientos hacia la apertura política. Los lazos crecientes entre los pueblos cubano y estadounidense son centrales para este proceso”, argumenta el informe de WOLA. Otros expertos se muestran más críticos al recapitular los avances de los últimos dos años, como es el caso del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una agrupación de empresas estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla. Según John Kavulich, presidente de esa entidad, “ha habido oportunidades perdidas, abandonas y mal manejadas” porque, a su juicio, los temas “difíciles” de la normalización han sido evitados por ambos gobiernos y “la comunidad empresarial de Estados Unidos ha sufrido por ello”. En su balance del segundo aniversario, este Consejo subraya que, de las 34 empresas de EE.UU. que han anunciado tener presencia en Cuba, la mayoría (26) se concentran en sectores como transporte, comunicación o alojamiento, todos ellos “fuentes de ingresos para la República de Cuba”. Además, el Gobierno de Cuba no ha permitido a las compañías estadounidenses entablar relaciones con entidades “independientes” (empresas o particulares) y tampoco establecer oficinas en la isla, con la excepción de las aerolíneas.

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