Nº 35

julio / 2013

Bogotá, Colombia

issn- 2215-8332

Conflicto y solución política Proceso de paz y conflicto social · Proceso de paz, poder constituyente y participación · La participación política en la agenda de La Habana Nuestra América La explosión social en Brasil · Nuevo Constitucionalismo en Nuestra América Neoliberalismo rampante La vulnerabilidad externa de la economía colombiana Luchas populares Las multitudes en Turquía y Brasil · Radiografía de un carnaval en defensa de la vida Subversiones intelectuales Leandro Díaz: “Yo ando por los pueblos oyendo sus quejas” Editorial El Catatumbo o el incalculable valor de la dignidad campesina

Jairo Estrada Álvarez Director Jesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista. Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

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Espacio Crítico Ediciones Publicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 Nº 35, Julio de 2013. Bogotá, Colombia

Conflicto y solución política 4

Proceso de paz y conflicto social Carlos A. Lozano Guillén

Proceso de paz, poder constituyente y

10 participación

Víctor Manuel Moncayo C.

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La participación política en la agenda de La Habana: Tres interpretaciones sobre un mismo dilema Santos Alonso Beltrán Beltrán

Nuestra América La explosión social en Brasil: Primeras

24 anotaciones (para un análisis posterior) Ricardo Antunes/Ruy Braga

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Nuevo Constitucionalismo en Nuestra América Carolina Jiménez M.

Neoliberalismo rampante La vulnerabilidad externa de la economía

38 colombiana

Edwin Andrés Martínez Casas

Luchas populares Las multitudes en Turquía y Brasil

44 Ricardo Sánchez Ángel

Radiografía de un carnaval en defensa de la 50 vida Alejandro Leal Castro

Subversiones intelectuales Leandro Díaz: “Yo ando por los pueblos

56 oyendo sus quejas” Roberto Romero Ospina

Editorial El Catatumbo o el incalculable valor de la

64 dignidad campesina Jairo Estrada Álvarez

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Proceso de paz y conflicto social Carlos A. Lozano Guillén Periodista Director de VOZ

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os diálogos de La Habana, en medio de sus propios sobresaltos, están en el marco del nudo de las contradicciones entre el gobierno oligárquico y la lucha popular. La búsqueda de la paz y la decisión del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP de abrir un escenario de acuerdo en La Habana, Cuba, no establece ninguna tregua en la lucha de clases. El Gobierno del presidente Santos, de conformidad con los intereses que representa, y los trabajadores y sectores populares se enfrentan en el conflicto social, porque el primero apuntala el modelo de acumulación capitalista neoliberal y los segundos adelantan la resistencia y enfrentan la represión y el autoritarismo del régimen. El ambiente de paz, los mecanismos de participación ciudadana en los diálogos, en particular los foros agrario y de participación política, así como las mesas regionales y centenares de propuestas de organizaciones sociales y gente del común, han despertado la conciencia de amplios sectores del país de la necesidad de luchar por sus derechos. Los temas sociales y políticos de la agenda sacaron a flote cualquier cantidad de problemas insatisfechos en las regiones y comunidades, más allá de la estrecha y mezquina interpretación gubernamental de la agenda, contenida en el Acuerdo General de La Habana. Los recientes paros, movilizaciones y protestas en distintas regiones, sobre todo, el paro en la región del Catatumbo, están demostrando que la demagogia del gobierno de Santos no tiene atenuantes, porque por un lado abre la puerta de los diálogos con la insurgencia y, por el _4

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otro, continúa con las políticas de entrega del país al interés privado y de las transnacionales. Al mismo tiempo establece limitaciones en los alcances de la agenda de La Habana, en abierta protección del modelo económico de injusticia social, de la explotación por parte de las transnacionales de los recursos naturales, en especial de los minero-energéticos, de la propiedad terrateniente y latifundista y del gran capital, respaldado en la precariedad de la democracia y en el autoritarismo represivo. Sin que la lucha social y popular esté en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares están dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democráticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presión del conflicto social. Es una lástima que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fundada en los postulados de una central clasista, esté en un letargo que la aleja de la lucha popular. Lamentables los recientes resultados de las elecciones del Comité Ejecutivo, cuyo escrutinio se demoró más de la cuenta y deja un tufillo de duda y de sospecha en el respeto a la democracia. Quedó la sensación de fraude. La CUT, entre otros vacíos, se niega a apoyar el proceso de paz, se marginó de la gigantesca movilización del 9 de abril y no participa en la lucha por la defensa de lo público, como en Bogotá, donde el alcalde Gustavo Petro es perseguido por la intolerancia reaccionaria. Está al margen de los conflictos sociales de estos días. Se cocina en su propia salsa de las disputas burocráticas por el pequeño poder. Una tarea de la izquierda es modificar la correlación de fuerzas en su dirección ejecutiva para reconstruir la central sobre las bases clasistas y populares.

***** El acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda de La Habana, contenida en el “Acuerdo General para ponerle fin al conflicto y el logro de una paz estable duradera”, que guía los diálogos de paz, Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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Para fortalecer desde la orilla democrática y popular la presión para que se profundice en el debate de La Habana se hace necesaria la creación de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del diálogo y exija la disposición de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del país, que requiere de democracia y justicia social.

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desató una enorme expectativa en el país y en el exterior, porque se creía casi imposible que las dos partes pudieran llegar a acuerdos concretos sobre el tema del “Desarrollo agrario integral”, una de las causas primarias del largo conflicto colombiano. Aunque quedaron pendientes algunas “líneas rojas”, al decir de los delegados gubernamentales, o “cláusulas Frizer”, como las define la delegación de paz de las FARC, que serán retomadas antes del acuerdo final, en el marco del principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Entre estos temas pendientes están cuestiones fundamentales que afectan al campo, como la concentración de la propiedad sobre la tierra y la extensión y número de las Zonas de Reserva Campesina, en la actualidad epicentro de las contradicciones con el régimen. Sin embargo, llamó la atención que en medio del entusiasmo nacional e internacional, después de la visita a Colombia del vicepresidente estadounidense, míster Biden, el presidente Santos hubiera recibido en la Casa de Nariño, con bombos y platillos, a Henrique Capriles, ex candidato de la oposición en Venezuela, derrotado en las urnas, ahora cabeza visible de un proyecto desestabilizador y golpista contra el gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de los diálogos de paz, y anunciara la intención de integrar a Colombia en el pacto militar agresivo de la OTAN, actos peligrosos e inadmisibles, además de inamistosos con los países garantes y acompañantes, que en el caso de América Latina promueven procesos autónomos, soberanos y propios, a favor de la democracia y la independencia de la férula imperial.

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Estas manifestaciones erráticas, no improvisadas ni simples errores del presidente Santos, hombre calculador a la hora de las decisiones, le metieron ruido a la mesa y mayor desconfianza a la insurgencia, ya preocupada con las presiones de los tiempos fatales y las limitaciones a la agenda, concebida, más allá de lo concreto, con fundamentos políticos y filosóficos en el preámbulo y el contexto del “Acuerdo General”. En medio de la alteración “santista” al desarrollo de la Mesa, se inició la discusión del segundo tema de la “participación política”, con la formulación de 10 propuestas de la delegación de paz de las FARC-EP, que contienen iniciativas concretas para fortalecer la participación política, reformas al Estado en pro de la democracia y lograr garantías concretas para la oposición y Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

para la guerrilla, convertida esta en fuerza política, una vez se alcance el acuerdo de paz estable y duradera. En dirección a la refrendación de los acuerdos, prevista en el punto seis de la agenda, los voceros farianos propusieron la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. De nuevo el presidente Juan Manuel Santos, con pocos argumentos, rechazó los 10 puntos y la Asamblea Nacional Constituyente, porque según su criterio están por fuera de la agenda y significan una inaceptable reforma del Estado. Salta de bulto el habitual pánico que la clase dominante tiene por la democracia, sin la cual será difícil allanar el camino a la paz. Es la demostración de cuán difícil es lograr que la oligarquía colombiana, presionada por Washington y las fuerzas Conflicto y solución política

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militaristas que se lucran con la guerra, tenga voluntad de cambio, factor que ha impedido a lo largo de seis décadas la conquista de la paz. Nada de lo fundamental, para aquella, hace parte de la agenda. Son los inamovibles de las “líneas rojas” de la delegación gubernamental. Son razones para fortalecer desde la orilla democrática y popular la presión para que se profundice en el debate de La Habana, con la creación de un Frente amplio por la Paz, que promueva la defensa del diálogo y exija la disposición de llegar a un acuerdo definitivo en beneficio del país, que requiere de democracia y justicia social. Es evidente que una Asamblea Nacional Constituyente, con representación del país político y del país nacional, puede refrendar los acuerdos a que lleguen las partes y definir los disensos porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es garantía para la paz estable y duradera. El desafío para la izquierda y sectores democráticos es enorme. Es inaplazable la más amplia unidad, que vaya más allá del proceso electoral en marcha. Son importantes los contactos que se están adelantando, a partir de las propuestas de unidad y de las cartas que se han conocido en esta dirección porque animan el debate y lo sitúan en lo concreto, de la misma manera que las iniciativas, como las constituyentes regionales, territoriales y temáticas de Marcha Patriótica, encaminadas a rodear de apoyo la Mesa de La Habana, a promover la movilización social y la formulación de propuestas que enriquecen el debate nacional.

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Sin que la lucha social y popular esté en la cresta de la ola, es innegable que los sectores populares están dispuestos a la protesta social en defensa de sus intereses y por logros democráticos y de bienestar. El ambiente social es una olla de presión del conflicto social.

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Proceso de paz, poder constituyente y participación Víctor Manuel Moncayo C. Profesor emérito Ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia

Una distinción necesaria: La función constituyente demoliberal no es el poder constituyente

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e discute la necesidad, conveniencia o pertinencia de una Asamblea Constituyente que sirva como medio de refrendación o de definición de las transformaciones que sería preciso introducir como resultado de los acuerdos de paz. Se alude a un proceso constituyente en el sentido de una reorganización de aspectos centrales de la organización política definida por la Constitución por parte de representantes o delegatarios de la sociedad colombiana elegidos popularmente, previa una decisión legal. Hablar de poder constituyente en tales términos remite a una fuente omnipotente productora de normas constitucionales, que nos llevaría de lo vigente al establecimiento de otro orden. Es la ideología constitucionalista liberal, edificada sobre la distinción entre el pacto societatis (limitado e imperfecto) y el pacto subjectionis (dominación del poder constituido), sobre la base de la teoría de la representación que, en términos contractualistas, borra la multiplicidad y conduce a negar en lo sucesivo la potencia de quienes se han expresado sometiéndola. Muy distinto es entender el poder constituyente como un fenómeno político siempre abierto, que no admite la sujeción por ningún poder _10

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constituido, que se afirma como práctica permanente de liberación, sin clausuras ni sometimientos, que no se diluye en categorías diferentes o renovadas de integración/cooptación. Esta distinción hay que hacerla expresa, para no caer en las ilusiones democrático-burguesas, presentes en la apelación al llamado constituyente primario, cuyo soporte es la forma social dominante de la abstracción pueblo nacional.

Los procesos subversivos y el poder constituyente En todas las sociedades hay conflicto, pues en ellas rige la explotación capitalista. Esta realidad supone una resistencia que se expresa bajo formas distintas: La “normal”, “pacífica” o “civilizada”, promovida por el Estado para que se obre conforme a las reglas del sistema, o la que rompe la “normalidad”, negándose a las formas institucionales de canalización, que puede incluso desconocer el monopolio estatal legítimo de la fuerza, asumiendo como legítima la utilización de la violencia. En la historia colombiana esas resistencias han transitado por la ruptura de la “normalidad”. Inicialmente a partir del problema agrario y luego con sentido más englobante como una vía de resistencia para transformar la sociedad, con la estrategia de toma del poder. Ese proceso de resistencia se ha degradado profundamente por la intervención de otros factores de violencia derivados del narcotráfico y del paramilitarismo, que transformaron el accionar de la subversión armada, deslegitimándola y favoreciendo la respuesta militar del Estado y del propio paramilitarismo. Las prácticas destituyentes de esa resistencia no han enfrentado el verdadero carácter de la democracia representativa; se han limitado a repetir las críticas a sus vicios, deformaciones e imperfecciones; no han empleado categorías distintas para intentar salir de las vigentes, ni se han abordado entendimientos Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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diferentes frente a las transformaciones contemporáneas en el orden de la explotación y de la dominación; aceptan como soluciones reales las alcanzables por la vía de las reformas legales o constitucionales. En pocas palabras, salvo la opción violenta, no se ha ejercido el poder constituyente en términos políticos de ruptura y apertura y no demoliberales.

¿Por qué reaparece el diálogo por la paz? Durante ocho años imperó la política de seguridad democrática, con un tratamiento exclusivamente militar de la insurgencia guerrillera y una negociación bastante controversial con las organizaciones paramilitares, sin que sus rasgos centrales hayan sido abandonados en este último período presidencial. En ese contexto, sin embargo, el drama de la cuestión social sigue siendo inocultable, contrastando con la altísima destinación de recursos al gasto militar y con no pocas instituciones regresivas en materia tributaria. El fenómeno paramilitar lejos de haber desaparecido se ha reactivado como bandas criminales muy ligadas al narcotráfico, enfrentadas entre sí y con las agrupaciones guerrilleras. Las políticas y acciones antisubversivas han tenido un éxito relativo, y la insurgencia guerrillera disminuida y golpeada en su dirección, aún puede comprometer el orden público y escapar a la persecución. En tales condiciones, la guerra puede prolongarse durante un período relativamente amplio, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica. Por ello, el régimen político vuelve a oscilar entre esas dos posiciones: la eliminación física, o la integración/cooptación para que las resistencias acepten tanto vías institucionales de manejo y tratamiento de la conflictividad, como contenidos compatibles con el buen desarrollo del orden de dominación. _12

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La realidad actual muestra la continuidad del conflicto con nuevos elementos derivados de los cambios ocurridos en el narcotráfico, de la subsistencia del paramilitarismo (como “bandas criminales”-“bacrim”), de la renovación de las estrategias y tácticas de las organizaciones subversivas, de las acciones selectivas contra quienes como víctimas reivindican las tierras de las cuales fueron expulsadas, del crecimiento de la delincuencia urbana, de la ampliación del espectro de la parapolítica, y del develamiento de la participación de agentes del Estado en prácticas contrarias al derecho humanitario. Esas circunstancias han determinado que el presidente Santos haya decidido ensayar la alternativa de una respuesta a la resistencia que, sin renunciar al exterminio, busque canales de comunicación para una solución negociada. Las necesidades del desarrollo capitalista en sectores como el minero-energético, la apropiación de recursos naturales y de biodiversidad, o la ampliación de la frontera agrícola con macroproyectos agropecuarios, exigen una pausa en la rigidez de la política guerrerista, compatible con el reconocimiento por la guerrilla del decrecimiento de su capacidad militar, de la pérdida de su legitimidad sociopolítica, y con la reducción del sufrimiento para la población vulnerable. Sin embargo, la paz negociada será precaria, pues quienes concurren a lograrla tienen intereses no coincidentes: Para los beneficiarios del orden existente, la paz lo afianza y profundiza, y para quienes se oponen a él supone la cooptación/integración, o la posibilidad de otros escenarios y medios para la resistencia. De otra parte, un acuerdo es útil para ponerle fin al sufrimiento y a la dilapidación de los recursos destinados a la guerra, que podrían tener otro uso, compartido entre el exigido para la marcha del desarrollo capitalista y el requerido por nuevas condiciones de existencia y para reconstituir las formas de confrontación.

Los verdaderos supuestos del encuentro por la paz El Acuerdo básico, aunque no lo exprese su texto, implica que las partes (Estado/Farc) aceptan estos supuestos:

Reconocimiento del conflicto Durante el período uribista se negó la existencia de un conflicto sociopolítico, asumiendo el exterminio con la política de seguridad democrática. El gobierno de Santos continúa la orientación guerrerista, pero reconoce la existencia de un conflicto armado interno y, por lo tanto, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Renace así la problemática de causas socioeconómicas, recogidas por los movimientos Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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sociales y sus organizaciones, que exigirían alternativas de organización diferentes a las vigentes.

Degradación del conflicto y responsabilidad estatal La degradación del conflicto no es atribuible de manera simplista a los actores subversivos, sino provocada o inducida por el paramilitarismo en connivencia con el Estado. La acción guerrillera imitó las mismas conductas degradadas con las cuales se le estaba combatiendo e inclusive utilizó similares herramientas de financiación ligadas al narcotráfico. Esa degradación comprometió a todos los actores. Las organizaciones subversivas perdieron capacidad propositiva para formular alternativas de reorganización de la _14

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sociedad. En general el panorama quedó presidido por la tragedia de la muerte, sin discusión alguna de las circunstancias económico-sociales del orden injusto que debe ser transformado. De esa especial circunstancia de degradación no están ausentes agentes y prácticas estatales, comprometiendo la responsabilidad del Estado, con obvias consecuencias en el tratamiento y resarcimiento de las víctimas, como viene ocurriendo desde que la Corte Constitucional declaró el Estado de cosas inconstitucional (sentencia T-025 de 2004), y más aún con la ley 1448 de 2011 sobre “atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Esa degradación se aprecia también en las violaciones del orden jurídico, tanto por

actores subversivos como por agentes estatales y cuerpos paramilitares. Varios ejemplos estatales: desconocimiento de la distinción entre delito político y delito común reconocida por la Constitución Política, con fundamento en decisión de la Corte Constitucional (C-456 de 1997) y en el Estatuto de Roma ratificado por Colombia; “falsos positivos”; ejecuciones extrajudiciales; acciones bélicas indiscriminadas que afectan población civil; desplazamiento forzado de campesinos; crímenes selectivos; detenciones arbitrarias e, incluso, campañas de “limpieza social”.

Causalidad del conflicto Reconocido el conflicto, ya no se pueden eludir sus causas. Éstas, enlazadas desde los orígenes con el problema agrario, remozadas con motivos altruistas de cambio social en los años sesenta o setenta, subsisten agravadas, como lo evidencian las informaciones empíricas sobre la desigualdad, el empobrecimiento real de la población y la alta concentración de la riqueza.

Exclusión de efectos del conflicto sobre sectores vulnerables El Acuerdo para el diálogo permite volver los ojos a los sectores vulnerables y empobrecidos (comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, desplazados) que adicionalmente son víctimas de la degradación del conflicto. La solución política no puede olvidar esos sectores vulnerables: requieren condiciones de existencia dignas.

Urgencia de economizar el sufrimiento Estos diálogos exigen encontrar con urgencia un acuerdo que contribuya a economizar el sufrimiento, y que aporte positivamente a la construcción de ciertas bases para una paz con justicia social.

El poder constituyente más allá de las soluciones demoliberales Significación del acuerdo para el diálogo Las dos partes reconocen recíprocamente y asumen “la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera”; admiten que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”; que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”, y

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Durante el período uribista se negó la existencia de un conflicto sociopolítico, asumiendo el exterminio con la política de seguridad democrática. El gobierno de Santos continúa la orientación guerrerista, pero reconoce la existencia de un conflicto armado interno y, por lo tanto, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Renace así la problemática de causas socioeconómicas, recogidas por los movimientos sociales y sus organizaciones, que exigirían alternativas de organización diferentes a las vigentes.

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que “el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.” Esas expresiones forman parte del Acuerdo básico. Son el referente para definir contenido y alcance de los temas de la agenda. Por ello la cuestión agraria no puede tratarse restringidamente, sino de manera integral (“programas de desarrollo con enfoque territorial”, “infraestructura” y “desarrollo social”, “impulso a la economía solidaria y cooperativa” y “seguridad alimentaria”). No sólo es un asunto campesino sino un problema del conjunto de la sociedad. Solo de esa manera será posible concretar los restantes puntos y, en especial, garantizar condiciones de vida dignas para todos los sectores vulnerables y empobrecidos, que han visto agravada su situación por la no solución del conflicto social que es causa indudable de la expresión subversiva.

La participación y el condicionamiento del Acuerdo En primer lugar, porque si bien el Gobierno representa al Estado no lo compromete plenamente. Algunas materias podrán ser de su competencia, pero otras, las más, dependen de cambios legislativos o constitucionales, que exigen una etapa de transición compleja que permita cristalizar el Acuerdo. Por ello una refrendación subordina el contenido de lo acordado a intervenciones que desbordan las capacidades del Gobierno. Sólo mediante la intervención de otras instancias, legislativas o constitucionales, el acuerdo podría perfeccionarse y concluir en una terminación del conflicto. Esa intervención refrendadora, cualquiera que ella sea, puede terminar en la negación parcial o total de lo acordado, cualquiera que sea el instrumento que se utilice (reforma legal, reforma constitucional, referendo o asamblea constituyente). En ese contexto, para las FARC-EP no existe un escenario que garantice lo acordado y, al mismo tiempo, represente una apertura hacia una dinámica

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constituyente más allá de la aceptación de las reglas democrático-representativas, que son las que ofrecen al hablar de “cambiar las balas por los votos”. Para mantener una posición de resistencia al orden establecido, son precisos espacios que no cierren esa dinámica, que no impliquen cooptación, integración, o claudicación, así se admita la terminación de la estrategia armada. En esa dimensión son claves los términos bajo los cuales puede considerarse la participación política. Es preciso enfrentar el esquema democrático-representativo, como una de las formas sociales de dominación y de sujeción al poder estatal. Obviamente, no se trata de una ruptura absoluta, que requeriría otras circunstancias históricas, pero sí de considerar, en medio de las imperfecciones del sistema democrático-representativo, la adquisición de algunas condiciones que permitan mantener viva la dinámica del poder constituyente en un sentido diferente al de la ideología demoliberal. Entre ellas, podría pensarse en un Fondo único para fines publicitarios y de organización logística que distribuya igualitariamente recursos entre los partidos, movimientos y, en general, aspirantes al sistema representativo; el acceso en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación públicos y privados; el establecimiento de controles eficaces para impedir de manera absoluta la utilización de los recursos públicos en las campañas políticas, y el compromiso de impedir todas las prácticas de exterminio por parte de actores militares o paramilitares. En pocas palabras, una participación política que no encadene el poder constituyente.

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La participación política en la agenda de La Habana: Conflicto y solución política

Tres interpretaciones sobre un mismo dilema Santos Alonso Beltrán Beltrán

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Politólogo. Administrador Público. Ingeniero Industrial Magíster en Estudios Políticos. Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

l segundo punto de las conversaciones entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno del presidente Santos se concentrará en una temática esquiva y ambigua: la participación política. Una temática que trae aparejada por lo menos tres diferentes interpretaciones: para el Gobierno nacional significa la discusión sobre las formas de participación de la guerrilla una vez desmovilizada; para algún sector de la sociedad civil y la opinión nacional, la forma en la que se refrendarán los acuerdos que se alcancen en el marco de la mesa de negociaciones, y, finalmente, algunos sectores del movimiento popular han interpretado que la discusión en este punto debe concentrarse en la reforma del régimen político y del sistema electoral para que permitan una participación más amplia de las minorías políticas, y para que se pueda desarrollar una democracia más garantista, amplia e incluyente. Las FARC-EP parecen haber construido un temario amplio que incluye las dos últimas interpretaciones pero que menciona solo vagamente la discusión del primer punto. La propuesta de la guerrilla es amplia y ambiciosa; plantea una reforma profunda del régimen político. La razón para esta apuesta de las FARC-EP es apenas lógica: la existencia de la propia oposición armada puede explicarse por las características sectarias, excluyentes y violentas del sistema político colombiano. Un sistema político que ha favorecido a minorías oligárquicas que han entronizado la persecución y la eliminación física ‒cuando no la cooptación‒ de la tercerías políticas frente a las opciones tradicionales del bipartidismo; que han perpetuado durante _18

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décadas los mismos vicios clientelares y las mismas prácticas corruptas para acceder al poder; que han convertido el ejercicio de la política en propiedad privada de pocas familias y castas; que se han enquistado en la estructura de Estado a través de la creación de una institucionalidad que les favorece, y que a partir de ello han diseñado unas fuerzas militares proclives a la defensa de los privilegios de clase; que han desarrollado un orden territorial del Estado que margina importantes sectores sociales, habitantes de lugares apartados de la geografía nacional; en fin, la propuesta de la guerrilla ataca de fondo la raíz del problema de la participación, pero por ello mismo la iniciativa de la insurgencia ha sido calificada de exorbitante e ilusa cuando no de exagerada frente a los alcances de la agenda pactada.

Los límites de la agenda propuesta por Santos El Gobierno nacional y sus voceros en La Habana, y en Colombia, han reiterado en múltiples ocasiones que con la guerrilla no se discute el modelo de Estado ni la propiedad privada ni el modelo económico; que los diálogos con la insurgencia deben conducir únicamente a “cambiar balas por votos”, es decir, a decidir las formas en las que la insurgencia armada participará en el juego electoral abandonando las armas, renunciado a su poder regional y respondiendo por los crímenes que el Gobierno y parte de la opinión nacional e internacional les imputan. Para el Gobierno de Santos, la agenda de conversaciones es limitada y orientada a la desactivación del conflicto, sin la transformación del régimen político. Para la insurgencia, la paz está más allá de la desactivación del conflicto militar, que es solo su manifestación ulterior, y se extiende a la transformación de múltiples escenarios de la vida política nacional. En este tira y afloja, el primer punto de las conversaciones, el punto sobre desarrollo agrario y propiedad de la tierra, quedó como un acuerdo en el que, al parecer, Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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las temáticas gruesas permanecen pendientes: limitación del latifundio, modelo de desarrollo agrario, redistribución real de la propiedad rural improductiva, autonomía de las zonas de reservas campesina, etc. A diferencia del punto de tierras, la discusión sobre participación política conlleva un horizonte más amplio de condiciones, que con seguridad deben tocar la estructura misma del Estado. El Gobierno nacional tal vez no esté dispuesto a discutir temas gruesos, como la estructura del Congreso o la elección popular de algunos funcionarios o, más aun, el cariz de las fuerzas militares. Ampliar la agenda se impone entonces como única salida a la tensión que con seguridad suscitará este punto.

La participación política en Colombia: exclusión y violencia contra las minorías En el Foro de Participación Política citado por la Mesa de conversaciones, y realizado hace algunos días, los delegados de las organizaciones convocadas eran reiterativos en señalar la ausencia de mecanismos reales de participación más allá de lo electoral, y las limitaciones del constituyente primario para expresarse. Los asistentes calificaban el sistema electoral como un arreglo corrupto donde el clientelismo, el nepotismo, y la cleptocracia se imponían frente a las minorías. Además, señalaban la limitación de la democracia participativa mediante el recorte de mecanismos de participación popular o su tránsito desdibujado a través de vericuetos jurídicos. Al final, todas ellas coincidían en la identificación de una dinámica violenta agenciada por minorías dominantes que ha tomado el sistema político colombiano, eliminando a sangre y fuego la oposición política y convirtiendo en herramientas de lucha electoral el macartismo, la amenaza y el asesinato de líderes y organizaciones políticas. Sin embargo, ante este diagnóstico, las propuestas y exigencias de los asistentes eran vagas: más democracia, más participación, más control a los mandatarios, financiación pública de las campañas electorales; menos trabas para desarrollar la oposición política, menos requisitos para la presencia de las minorías, menos clientelismo y corrupción. Las propuestas concretas sobre rediseño institucional lamentablemente brillaron por su ausencia, de la misma manera que lo hicieron los representantes de los partidos tradicionales, verdaderos artífices de la decadencia del sistema político colombiano. El papel de la Mesa en este sentido es tanto incluir de manera real estas observaciones y demandas de la sociedad civil como precisarlas, de manera tal que se puedan proponer verdaderas reformas al régimen político que eliminen los vicios que la derecha y las clases dominantes han _20

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construido en el desarrollo políticos del país para satisfacer sus intereses particulares. Así las cosas, reestructurar el Estado, como lo plantea la guerrilla, antes que descabellado es necesario e insoslayable.

La inclusión de la guerrilla en la vía democrática La participación también ha sido concebida como la forma en la que se garantizará que la guerrilla, y los movimientos políticos que surjan de los acuerdos, puedan desarrollar su trabajo político en el mundo electoral. La insurgencia no puede tratarse como un actor derrotado y, por ello, el gobierno no puede reducir el problema de la participación a la posibilidad de que los alzados en armas compitan en un sistema político viciado por las prácticas de corrupción y clientelismo institucionalizadas en el orden político nacional. El movimiento armado continúa ejerciendo el poder real en las zonas en las que el abandono estatal ha sido histórico; allí los insurgentes son casi un Estado dentro del Estado: desconocer este Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

poder y pensar que la contienda electoral retrata de manera adecuada la correlación de fuerzas es la salida simplista del establecimiento para sacar ventaja de la negociación. La salida debe ser modificar tanto el orden territorial como la representación política asociada a él y reconocer la existencia de poderes regionales mas allá de la dinámica electoral, que ha compuesto un poder nacional que no consulta de manera real a los habitantes de territorios y regiones alejadas del centro del poder político colombiano. En este sentido, un orden del territorio diferente al actual, que avance en los provincial o regional y reconozca la participación política en los órganos colegiados del poder nacional, puede tanto ayudar la participación de movimientos regionales, que no tienen ni voz ni voto en el orden nacional, como contribuir a la integración política de la insurgencia mediante el reconocimiento de su poder en los territorios donde lo han ejercido de manera sostenida y han construido formas organizativas propias. Conflicto y solución política

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El problema de la dejación de las armas no debe convertirse en la talanquera para avanzar en los acuerdos, menos aún la discusión del problema de la participación política. La insurgencia ha manifestado en múltiples ocasiones que reconoce la necesidad de un monopolio estatal de las armas, y que éstas serán innecesarias en el marco de un acuerdo de paz que modifique de manera real las condiciones que condujeron al conflicto. Así las cosas, el argumento expuesto por el gobierno de aclarar de manera anticipada la desmovilización y entrega de armas del movimiento insurgente lo que hace es enrarecer el ambiente y boicotear la senda de los acuerdos. Ni la guerrilla llego derrotada a la Mesa de conversaciones ni el Estado se ha impuesto en todo el territorio. El acuerdo puede llevar a integrar positivamente al desarrollo económico y la vida política nacional a amplios sectores marginados en la geografía nacional.

La refrendación de los acuerdos y la terminación del conflicto La Mesa de conversaciones debe llegar a acuerdos sobre los temas fundamentales que han originado la confrontación armada. Estos acuerdos no son solo el producto de la discusión entre las dos partes sino que parten de los aportes que varios sectores de la sociedad civil han realizado desde diversos espacios de participación en la Mesa: los foros, las asambleas, las iniciativas de participación propiciadas por el Congreso nacional, la visita de expertos a La Habana, etc. Sin embargo, estos canales han sido limitados, y la forma de garantizar aún más el respaldo popular y modular las iniciativas de reformas demanda un proceso de participación popular que vaya más allá de un mecanismo de consulta neutro como un referendo o una consulta popular: la misma naturaleza de los acuerdos alcanzados, que pueden llegar a afectar el orden constitucional, implica un mecanismo de mayor calado político. Pero, además, la terminación del conflicto y la garantía de su no _22

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La asamblea nacional constituyente debe ser el mecanismo que asegure que los acuerdos alcanzados puedan tener la legitimidad social para adoptarse en el régimen constitucional, para que muchos sectores de la sociedad civil puedan aportar en su conceptualización, para que la estabilidad de los cambios y el mantenimiento de las medidas adoptadas para reintegrar a los combatientes no sea asunto de los ánimos políticos de los gobiernos sobrevinientes y, finalmente, para que la vida política del país se enrumbe por el camino de la paz estable y duradera.

repetición no pueden hacerse mediante mecanismos de refrendación que permitan la revocatoria de los mismos al libre arbitrio de los gobiernos siguientes. Por estas razones, la asamblea nacional constituyente debe ser el mecanismo que asegure que los acuerdos alcanzados puedan tener la legitimidad social para adoptarse en el régimen constitucional, para que muchos sectores de la sociedad civil puedan aportar en su conceptualización, para que la estabilidad de los cambios y el mantenimiento de las medidas adoptadas para reintegrar a los combatientes no sea asunto de los ánimos políticos de los gobiernos sobrevinientes y, finalmente, para que la vida política del país se enrumbe por el camino de la paz estable y duradera.

Reformar o refundar el Estado

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Más allá de este falso dilema que ha sido construido por los manipuladores de la opinión nacional con el fin de alertar sobre un posible atentado a la institucionalidad vigente, pero también más allá de la pretensión de algunos sectores políticos que suponen que las conversaciones actuales deben dejar intocada la estructura del Estado, lo que se impone es mantener los avances que la constitución de 1991 garantizó para amplios sectores de la sociedad nacional, pero también enriquecer la carta constitucional con los acuerdos que emerjan de La Habana. La lucha social y popular debe estar comprometida al máximo tanto en la defensa de los acuerdos y en la exigencia del mecanismo de asamblea constituyente, como en su reglamentación para que se asegure la participación más beneficiosa e incluyente de los sectores marginados, y del propio movimiento insurgente; y, por supuesto, la lucha debe continuar con la participación masiva en la elección de los miembros de esta instancia máxima de decisión política. La asamblea será la oportunidad de fijar los cimientos de la paz estable y duradera.

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Conflicto y solución política

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La explosión social en Brasil: Primeras anotaciones (para un análisis posterior) Ricardo Antunes Profesor de Sociología de la UNICAMP*

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Ruy Braga Profesor de Sociología de la USP** Traducción al español: Jesús Gualdrón

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I

unio de 2013 entrará en la historia de las rebeliones sociales en Brasil como una fecha emblemática. Comenzó el 6 de junio en Sao Paulo con una marcha de protesta de aprox. 2.000 personas contra el aumento de las tarifas del transporte público. Los jóvenes del Movimento do Passe Livre (MPL)1 no podían imaginarse que iban a sacudir a Brasil con una explosión sólo comparable ‒al menos en lo que respecta a su amplitud, aunque utilizando formas muy distintas‒ con la campaña por la destitución de Collor en 1992 o con aquella por elecciones directas en 1985, bajo la dictadura militar. Desde entonces hasta el momento en que terminamos de escribir estas notas, el 28 de junio de 2013, hubo manifestaciones los días 7, 11 y 13, llegando a un punto espectacular el 17 de junio con más de 70 mil * Autor, entre otros libros, de Los Sentidos del Trabajo y ¿Adios al Trabajo? (ambos en Herramienta Editorial). ** Autor, entre otros libros, de A Política do Precariado (Boitempo) y A Nostalgia do Fordismo (Ed. Xamã). 1 Movimiento Pase Libre

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participantes en Sao Paulo, decenas de miles en Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, en fin, en prácticamente todas las capitales del país, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades, en el centro como en la periferia, en una explosión popular que conmovió los pilares del orden. El 20 de junio, casi 400 ciudades, incluidas 22 capitales, salieron a manifestarse y a marchar, aglutinando más de un millón de personas, según las informaciones y cálculos de prensa, como si fuera posible hacer una suma precisa de un verdadero océano popular presente en las manifestaciones. El país de la “cordialidad” mostraba, una vez más, que también se sabe rebelar. La explosión llegó prácticamente a todos los rincones del país. Comprender esta verdadera rebelión popular es imposible en este momento. Lo que aquí pretendemos, entonces, es tan solo indicar algunos puntos de partida que permitan intentar comprender los porqués de esta explosión, recoger algo de su diseño empírico y algunos de los trazos que han aflorado durante estos poco más de 20 días de levantamiento social, que, por cierto, experimenta mutaciones cotidianas. Para un análisis más profundo sería necesario más tiempo. Pero no tenemos condiciones para ello. Alguien dijo alguna vez que es mejor vivir una experiencia que escribir sobre ella, una glosa completamente libre, que aquí vale como metáfora. Tal vez sea posible sugerir que su explosión se debe a un proceso interno de superación de un largo periodo de letargo, articulado a un proceso externo caracterizado por una época de sublevaciones en escala global que se ampliaron enormemente a partir de la crisis estructural de 2008. Estas manifestaciones, con todas sus particularidades y singularidades, tienen algo en común: las masas populares se apropian del espacio público, de las calles, las plazas, implementando prácticas más plebiscitarias, más horizontales, además de plasmar un descontento en relación tanto con las formas de representación e institucionalización que caracterizan las “democracias” vigentes en

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los países capitalistas, como con aquellas con claro carácter dictatorial, como ocurre en varios países del Medio Oriente. En el caso brasileño ‒recurriendo a una figura geométrica‒ es como si existieran muchas curvas multiformes que acabaron por encontrar su punto de convergencia en junio de 2013. Exactamente en un periodo en que las clases dominantes querían celebrar con espectacularidad, como si fuera una fiesta popular, la realización de la Copa Confederaciones, profundamente imperial e imperialista, comandada por la FIFA y por los grandes emprendimientos capitalistas. Un plan fracasado. Lo que parecía sólido, se deshizo en el aire. ¿Por qué?

II Brasil estuvo al frente de las luchas políticas y sociales en la década de 1980, consiguiendo retardar la implantación del neoliberalismo y logrando que la llamada “década perdida” ‒como normalmente se denomina aquel periodo en relación con los capitales‒ significase para los movimientos sociales y políticos populares exactamente lo contrario. En aquella época floreció un fuerte sindicalismo de oposición, de lo cual fue un ejemplo la creación, en 1983, de la CUT (Central Única de los Trabajadores). Las huelgas enfilaban en sentido inverso a las tendencias regresivas presentes en el mundo occidental, y Brasil alcanzó una de las más altas tasas huelguísticas de Occidente. Nacieron incontables movimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), en 1984. Se amplió la oposición a la dictadura militar, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 1986 y experimentamos, en 1989, un proceso electoral que dividió a Brasil en dos proyectos distintos. La década de 1990, sin embargo, fue avasalladora: neoliberalismo, reestructuración productiva, financiarización, desregulación, privatizaciones y desmonte. Fue lo que denominamos la era de la desertización neoliberal de Brasil. Así, cuando tuvo lugar la victoria política de 2002 con la elección de Lula, el escenario era profundamente distinto al de los años 1980. Y como la historia está colmada de sorpresas, encuentros y desencuentros, la elección de 2002 acabó por convertirse en la victoria de la derrota. Oscilando entre un enorme continuismo con respecto al gobierno de Fernando Henrique Cardoso y poco cambio sin ninguna sustancia, el primer mandato de Lula terminó de modo desolador, lo que lo obligó a forzar el cambio de ruta, siempre con gran moderación y evitando cualquier confrontación. Bolsa Familia y altísimas ganancias bancarias _26

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y financieras; aumento del salario mínimo si se compara con los dos gobiernos de FHC, pero también creciente enriquecimiento de innumerables sectores de la gran burguesía; ausencia de reforma agraria y muchos incentivos a los agronegocios, que durante los dos gobiernos de Lula sólo tuvieron ventajas. Entre el primer y el segundo gobierno de Lula se fue gestando un modelo de desarrollo soportado, por un lado, en el aumento de los gastos sociales y, por otro, en la reproducción de la ortodoxia rentista, traducida en independencia operacional del Banco Central, en las altas tasas de intereses y en una fluctuación cambiaria. Además, con el fin de administrar las crecientes cargas impuestas por la deuda pública y buscando recuperar el apoyo que había perdido en importantes sectores de la clase trabajadora brasileña, el gobierno federal estimuló la formalización del mercado de trabajo. Este proceso hizo que los trabajadores ascendiesen a un nivel superior de protección social. La aceleración del ritmo de crecimiento de la economía en la última década, en gran medida impulsada por el aumento de los precios de los commodities brasileños, coronó la combinación entre el aumento de los gastos sociales y la ampliación de la cobertura de protección de los trabajadores. Con esa política, Lula, o nuestro “hombre duplicado”, renació de las cenizas en su segundo mandato. Terminó su gobierno al alza: al mismo tiempo que creaba a su sucesor, desorganizó casi la totalidad del movimiento opositor. Era difícil oponerse al ex líder metalúrgico, cuya solidez fuera solidariamente construida en los años 70 y 80. Quien rememora su situación en 2005, atascado en el Mensalão2, y recuerda el fin de su mandato en 2010, sabe que se hallaba frente a una clase de político de los más calificados, capaz de múltiples

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Brasil_de_2013

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Brasil_de_2013

2 La palabra significa mensualidad. El autor se refiere al escándalo de corrupción política, en el que Lula da Silva es acusado de estar implicado en la compra de votos en el Congreso brasileño (2005). NdT. Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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metamorfosis para preservar su fuerza y apoyo. Si Dilma, su criatura política ‒una especie de administradora de hierro‒, lograba vencer en las elecciones de 2010, ya sabíamos que algo mayor le iba a faltar: la densidad social que le sobraba a Lula. Con paciencia, espíritu crítico y mucha persistencia, los movimientos populares habrían de superar ese difícil ciclo. Al fin de cuentas, más allá de los avances de la formalización, del mercado de trabajo activado y de los avances reales del salario mínimo, el actual modelo de desarrollo también se sustentó en el aumento del número de accidentes de trabajo, en el incremento de la rotación del trabajo, en la elevación de las tasas de tercerización y de flexibilización de la fuerza de trabajo, amén de la decadencia de la atención del transporte público, de la salud y la educación, que han estado en la línea del frente de las actuales manifestaciones. Esa otra fase del actual desarrollo ‒que se mantenía un poco al margen, pero que era real‒ alimentó un estado más o menos permanente de insatisfacción entre los trabajadores, en especial entre los sectores más jóvenes, no cualificados, semicalificados y subremunerados. No debemos olvidar que en los últimos diez años el 94% de los empleos generados en el sector formal de trabajo pagaba hasta 1,5 salarios mínimos (éste asciende, según la cotización de junio de 2013, a aprox. US$ 320 mensuales). Si tomamos en consideración que del total de esos empleos poco más del 60% fue ocupado por jóvenes entre 18 y 28 años de edad, nos daremos cuenta de que la inquietud social promovida por la percepción de los límites del actual modelo tiende a concentrarse en los sectores formados por _28

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jóvenes trabajadores precarizados que ganan un poco más de 1,5 salarios mínimos. Es ese contingente el que tuvo un importante papel en el estallido del levantamiento popular de junio de 2013 en Brasil.

III Según la investigación realizada por la consultoría “Plus Marketing”, en la marcha del 20 de junio en Río de Janeiro la mayoría de los manifestantes (70,4%) se encontraban en el mercado de trabajo, y ganando hasta un salario mínimo 34,3%. Si sumamos estos a los que perciben entre 2 y 3 salarios mínimos (30,3%), tenemos que más del 64%

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del millón de personas que concurrieron a las calles de Río de Janeiro hace parte de ese proletariado precarizado urbano. Si en un inicio se daba un predominio de la juventud estudiantil, ella, desde luego, se mezcló con los asalariados medios urbanos, y desde hace algunos días se extendió profundamente a las periferias con un escenario de manifestaciones y movilizaciones que tocan directamente a las clases populares. No por accidente los manifestantes y sus movimientos sociales, populares y estudiantiles entienden que, más allá del crecimiento económico, del mito falaz de la “nueva clase media”, existe una realidad Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

profundamente crítica en todas las esferas de la vida cotidiana de los asalariados: la salud pública vilipendiada, la educación pública depauperada, la vida absurda de las ciudades abarrotadas de automóviles por los incentivos ecológicos del gobierno del PT; la violencia que no para de crecer, y el transporte público relativamente más caro (y precario) del mundo. No pocos analistas y políticos se declaran sorprendidos por el actual ciclo de movilización popular. Sin embargo, después de las recientes huelgas en Jirau, Belo Monte, Santo Antônio, Suape y Comperj, además del violento desalojo de Pinheirinho, sólo los “desprevenidos” no habían percibido que una tempestad se aproximaba rápidamente en las grandes metrópolis. Según datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), el número de horas no laboradas por huelga en 2012 fue 75% superior al de 2011, alcanzando un pico histórico inferior apenas a los años 1989 y 1990. La combinación de la desaceleración del crecimiento económico con un mercado de trabajo todavía activado nos puede ayudar a explicar ese importante fenómeno. Se estaba rompiendo, por tanto, el cuadro de letargo inaugurado en 2002, cuando Lula ganó las elecciones presidenciales. Además de ello, los dos gobiernos de Lula da Silva no crearon nuevos derechos sociales. Sin perjuicio de la reciente equiparación de los derechos laborales de las empleadas domésticas, Dilma Rousseff siguió por el mismo camino. Si los sucesivos gobiernos petistas incrementaron largamente los gastos sociales, no se puede decir lo mismo a propósito de la inversión Nuestra América

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La inquietud social promovida por la percepción de los límites del actual modelo tiende a concentrarse en los sectores formados por jóvenes trabajadores precarizados que ganan un poco más de 1,5 salarios mínimos. Es ese contingente el que tuvo un importante papel en el estallido del levantamiento popular de junio de 2013 en Brasil.

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en salud y educación. Aunque crecieron en términos absolutos debido al buen desempeño de la economía, estos gastos declinaron en términos relativos. La cuestión de la implementación y ampliación de los derechos sociales es clave para entender las bases sociales de la mayor revuelta popular de la historia brasileña. Finalmente, desde los años de 1950, se moviliza el proletariado precarizado por la implementación y la ampliación de los derechos sociales. La masa de los trabajadores jóvenes y precarizados que ganó las calles en el mes de junio sabe que para alcanzar sus objetivos no puede contar ni con el PSDB ni con el PT. En últimas, hace décadas que estos partidos son parte diferenciada de una misma lógica que en cada elección negocia millones de reales de financiamiento por innumerables acuerdos de ajuste con grandes constructores, empresas de ómnibuses, etc. Esto ayuda a comprender la formación de ese sentimiento antipartidista, alimentado por uno de carácter igualitarista, que se resiste al desigual juego político parlamentario. Se trata de un sentimiento que merece ser elaborado, reflexionado y asimilado por las fuerzas colectivas (partidistas o no) que han animado las actuales protestas. Pero el sentimiento popular expresa también ‒y decisivamente‒ la clara repulsa a la Copa Confederaciones “blanqueada”, sin negros ni pobres en los estadios; a la colosal brecha existente entre las representaciones políticas tradicionales y el clamor de las calles; a la brutalidad de la violencia de la Policía Militar de Alckmin (gobernador del PSDB del Estado de São Paulo) con el apoyo de Haddad (alcalde del PT de la ciudad de São Paulo). Esto contribuye a comprender por qué el actual ciclo de movilización popular encuentra tanta acogida entre la población. Entretanto, cualesquiera sean los desdoblamientos de esos movimientos, el país ya no será el mismo. Estamos apenas comenzando.

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Nuevo Constitucionalismo en Nuestra América Nuestra América

Carolina Jiménez M.

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Politólogo. Administrador Público. Ingeniero Industrial Magíster en Estudios Políticos. Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

as negociaciones del conflicto interno armado que se adelantan entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC-EP en La Habana, Cuba, han suscitado múltiples controversias. Desde un inicio los más destacados enemigos de la paz ‒articulados en su mayoría en un bloque que bien podríamos caracterizar como bélico-clientelista‒ han buscado torpedear el proceso arguyendo que las FARC son narcotraficantes y terroristas y señalando que en últimas este proceso de paz conduciría a un escenario de impunidad, inseguridad y de elegibilidad en escenarios de participación política de unos actores criminales. Para los representantes de este bloque, encabezado por el ex presidente Álvaro Uribe y por el presidente de FEDEGAN, José Lafaurie, temas tan sensibles como el del desarrollo agrario y la propiedad rural de la tierra no se constituyen en factores fundamentales para avanzar hacia una paz estable y duradera. Por el contrario, para ellos, la paz pasa por una efectiva estrategia de seguridad que garantice la eliminación física del adversario, estimule la inversión económica de los grandes empresarios rurales y promueva una política social focalizada, soportada en programas clientelares de transferencias condicionadas, como el de Familias en Acción. Este tipo de posiciones busca negar y desestimar que tanto el histórico conflicto armado, como la otra serie de conflictos territoriales que hoy definen la dinámica de la conflictividad social en el país, encuentran un soporte material en los elevados niveles de concentración del ingreso y particularmente de la concentración de la tierra que caracteriza la _32

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http://todaslasvocess.files.wordpress.com/2012/11/cpe.jpg?w=394

estructura de la propiedad rural en Colombia. Sin embargo, este nuevo momento de la lucha social popular en Colombia ha puesto de presente que en tanto no se superen los rasgos excluyentes, antidemocráticos, rentísticos y terratenientes que acompañan el actual modelo rural es imposible avanzar de manera decidida en la consecución de la paz. De ahí que figuras como las de las Zonas de Reserva Campesina cobren un lugar protagónico en los horizontes de lucha del movimiento social. El reconocimiento de la existencia de este bloque bélico-clientelista como principal enemigo de la paz, no desconoce que existan otros sectores de las clases dominantes que, aunque se han manifestado a favor de las negociaciones, buscan permanentemente acotar los alcances de la misma y ponerle frenos a eventuales acuerdos que pongan en cuestión las bases estructurales sobre las que se soporta el modelo de desarrollo económico y del régimen político en Colombia. Así las cosas, el desafío que afronta el movimiento social popular para avanzar en el camino de la construcción de una paz estable, duradera y con justicia social es bastante complejo. Por ello, la discusión que ha venido cobrando fuerza en las últimas semanas en el país sobre los mecanismos de refrendación del acuerdo, y en particular sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no debe agotarse en la negativa manifestada por el gobierno de Juan Manuel Santos y expresada por el jefe de negociaciones Humberto de la Calle en un articulo publicado en la Revista Semana en su edición del 24 de Junio, en la cual señaló que “El proceso de la Habana se basa en una agenda muy concreta para la terminación del conflicto. Su diseño no incluye una especie de refundación de la patria, esto es, no es el nacimiento de una nueva república. (…) En conclusión, el camino no es la Constituyente. Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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Hay mecanismos más fluidos, más acordes a la realidad actual, más innovadores para las posibilidades políticas de la guerrillas y más constructivos en la búsqueda de la solución del conflicto armado en Colombia”1.

Por el contrario, consideramos que el momento político que vive el país, especialmente el que denota una coyuntura política importante de la movilización social y de la correlación de fuerzas existente, exige que le demos vigor a la discusión sobre cuál es ese ordenamiento constitucional, esa arquitectura jurídica que permitirá sentar las bases legales para avanzar en la construcción de la paz. Esta pregunta ya se la ha formulado el movimiento social, y así lo ha puesto de manifiesto por amplia mayoría en el Foro de Participación Política realizado en Bogotá 1 La constituyente no es el camino. Revista semana edición No 1624 del 17 al 24 de Junio de 2013.

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los días 28, 29 y 30 de abril, el cual contó con la asistencia de 1600 personas. En efecto, fueron reiteradas las propuestas de las organizaciones sociales populares sobre la importancia de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en tanto ésta se asume como el mecanismo privilegiado de participación democrática que haría posible un amplio movimiento territorial para la construcción de la paz. Así las cosas, la ANC no tendría como único objetivo refrendar unos posibles acuerdos de La Habana, sino que abriría la puerta a la participación real del constituyente primario para sentar las bases de la transformación social que requiere el país para alcanzar la tan anhelada paz. Ese nacimiento de una nueva república que con tanto ahínco rechaza el jefe del equipo negociador del Estado. En este entendido, es necesario deslindar esta iniciativa de un simple oportunismo político de las FARC-EP, como ha venido siendo presentado por el gobierno y los medios

de comunicación afines al establecimiento, y reconocer el carácter social popular que acompaña la emergencia de dicha propuesta.

Experiencias constituyentes en Nuestra América Teniendo como telón de fondo la discusión reseñada y en aras de aportar algunas miradas que sobre el tema constitucional y constituyente ha acompañado el desarrollo político reciente de Nuestra América, a continuación presentamos de manera muy suscita lo que ha sido la experiencia de las constituyentes populares en la región. El primer proceso constituyente antineoliberal y de carácter popular que se vivió en Nuestra América fue el venezolano de 1999. Este recoge la lucha del movimiento popular venezolano de las últimas décadas en oposición al tradicional bipartidismo del COPEI y la Acción Democrática AD. La llegada de Hugo Chávez a la presidencia en diciembre de 1998 canalizó el sentir popular de justicia social, igualdad y cambio y a través de la convocatoria a la ANC abrió el escenario para la constitución de una Nueva República. Así las cosas, el propósito central de este llamamiento al constituyente primario no era otro que sentar las bases jurídicas y constitucionales que permitieran la refundación de la república bolivariana, razón por la cual el preámbulo de la Carta Política de 1999 señala que “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulobolivia-protesta-posible-cambio-de-constitucion

la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones” se declara ese nuevo pacto político. El proceso constituyente ecuatoriano, al igual que el venezolano es una expresión de la dinámica de la movilización social que se vivía en ese momento en el país. En efecto, la crisis de hegemonía política por la que atravesaba Ecuador y que había conducido al derrocamiento de tres presidentes: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005), y que se manifestaba abiertamente, como lo señala Alberto Acosta, “en las luchas de los pueblos del campo y de la ciudad, de los indígenas, de los estudiantes, de los ecologistas, de los obreros, empresarios responsables y patriotas, jubilados maltratados, de todos los actores que querían un cambio”2, generó las

2 Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador: "El reto de Correa es construir poder más horizontalmente (2009)”. Nuestra América

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condiciones políticas para el triunfo electoral en 2006 del proyecto de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa. La llegada de Correa a la presidencia de la República abrió un escenario de posibilidad para impulsar cambios en las bases estructurales del Estado ecuatoriano. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se perfiló como el mecanismo privilegiado para garantizar la materialización de dicho proyecto. Este proceso constituyente, en el que participaron los diversos actores sociales y políticos del Ecuador, en especial aquellos que tradicionalmente habían sido excluidos de los espacios de participación ciudadana, como los indígenas y los negros, dio lugar a la emergencia de un nuevo pacto político que reconoció entre los elementos constitutivos del Estado ecuatoriano, “Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro‒, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra” (Preámbulo de la Constitución del Ecuador).

La Constitución de 2008 definió al Estado ecuatoriano como “plurinacional e intercultural” e incorporó a nivel constitucional el concepto de “Sumak Kawsay”, o “Buen Vivir”. El reconocimiento de los derechos del buen vivir plantea una ruptura radical con la idea del desarrollo impulsada por el ideario neoliberal y pone en el horizonte de sentido la necesidad de romper con las contradicciones propias entre hombre y naturaleza impuestas por la modernidad occidental. Y, finalmente, encontramos el proceso constituyente boliviano de 2006, el cual culmina con la promulgación de la Constitución plurinacional del _36

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El momento político que vive el país, especialmente el que denota una coyuntura política importante de la movilización social y de la correlación de fuerzas existente, exige que le demos vigor a la discusión sobre cuál es ese ordenamiento constitucional, esa arquitectura jurídica que permitirá sentar las bases legales para avanzar en la construcción de la paz.

año 2009. Este proceso es resultado de la importante movilización social popular liderada por pueblos indígenas originarios, campesinos, productores cocaleros, mineros, maestros y estudiantes que reclamaban rupturas con el orden colonial y apuntaban a la refundación plurinacional del territorio boliviano. En respuesta al horizonte de sentido y al espíritu popular con que fue convocada la ANC, la Constitución Política declara el Estado boliviano como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, basado en el respeto e igualdad entre todos, el cual persigue la búsqueda del vivir bien y rompe con el pasado colonial, republicano y neoliberal. El sentido fundacional e incluyente que adquieren estos procesos constituyentes permite entender que en Bolivia y Ecuador reflexiones milenarias propias de las comunidades indígenas, como son aquellas vinculadas con el Buen Vivir, ocupen un soporte fundamental en la nueva estructura institucional del Estado. Así las cosas consideramos que estas tres experiencias constitucionales vividas en Nuestra América, expresan el sentir de las apuestas políticas y los horizontes de sentido de los movimiento populares, campesinos, indígenas, barriales, estudiantiles, de clase media y demás sectores, que no se sentían representadas en los cimientos de los pactos políticos existentes y que por tal razón avanzaron en la construcción de unos nuevos ordenamientos jurídicos que sentaran las bases para la emergencia de un orden social, político, económico, cultural y ambiental realmente democrático. En este sentido, es preciso señalar que estas nuevas cartas constitucionales se constituyen en una expresión de la correlación de fuerzas existentes en el momento histórico de la región y, en consecuencia, detonan la fuerza del sujeto social popular que se configuró en Nuestra América a la luz del proceso de resistencia al neoliberalismo. Como diría Boaventura Dos Santos, un nuevo tipo de constitucionalismo que implica un proyecto político de país diferente y, por tanto, de refundación de los estados latinoamericanos. Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

Ahora bien, el recorrido por estas experiencias constituyentes no pretende plantear ejercicios de emulación de realidades históricas concretas, tan solo busca mostrar caminos transitados por procesos sociales populares, los cuales ponen en evidencia la vigencia que ha cobrado en la región el movimiento por un nuevo tipo de constitucionalismo, uno realmente democrático. En este sentido, consideramos que el escenario del proceso de paz y las propuestas que en torno a éste han surgido desde el mundo de lo popular, exigen no abandonar tan ligeramente la discusión sobre la convocatoria a una ANC y nos plantea preguntas sobre si realmente la Carta Política existente contiene las bases materiales para avanzar en la construcción de la paz.

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Neoliberalismo Rampante

La vulnerabilidad externa de la economía colombiana Edwin Andrés Martínez Casas Economista Profesor Universidad La Gran Colombia

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n un artículo anterior, he destacado los rasgos principales que caracterizan al actual patrón de acumulación vigente en Colombia: reprimarización, financiarización y terciarización espuria. Los anteriores elementos configuran una combinación explosiva que muestra la nueva cara del capitalismo dependiente. Sumado a los anteriores, vale la pena destacar la vulnerabilidad externa como rasgo inherente de una economía volcada hacia los mercados externos y dependiente de la inversión extranjera. Esto es especialmente cierto para el caso de los países latinoamericanos que más han profundizado este patrón; en especial, la vulnerabilidad externa se hace más visible en los periodos de crisis, pues resultan siendo los factores externos, ligados a la evolución de las economías del centro capitalista mundial y el comportamiento del precio de los productos básicos de exportación, los que más influyen en la dinámica recesiva. En el trabajo de Goncalves et.al. (2009), se define la vulnerabilidad externa a partir de la comparación entre el desempeño externo de un país frente al de otros países. En especial, “compara, entre varios países, el diferencial relativo de indicadores de inserción económica internacional en una perspectiva de largo plazo” (2009, p. 120). A partir de allí, los autores construyen un Índice de Vulnerabilidad Externa (en adelante IVE) para el periodo 1980-2006. A su vez, este periodo de tiempo se subdivide en siete subperiodos que buscan caracterizar las diferentes etapas por las que ha transitado el IVE en los diferentes países de la región. _38

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Dentro de los resultados más sobresalientes, se encuentra que en el periodo estudiado el IVE tanto de la región como mundial viene en aumento, lo cual coincide con lo planteado hasta ahora en el sentido de que el desarrollo del modelo neoliberal ha implicado uno mayor nivel de vulnerabilidad, gracias al incremento de la conexión de los mercados de bienes y financieros, entre otros factores (Goncalves, Dias Carcanholo, Filgueiras & Costa, 2009, p. 123). De igual forma, el estudio concluye que entre 1986 y 2006 se reduce la dispersión del IVE como consecuencia de la convergencia derivada del proceso de globalización de la economía mundial. Para los autores es claro que el IVE se incrementó en los periodos de crisis y ajuste que vivieron los países de la región. Por ello, es fundamentalmente a partir de mediados de los años noventa cuando el IVE de América Latina empieza a tener una tasa de crecimiento mayor que el IVE mundial, reflejando la consolidación de las reformas neoliberales iniciadas en los años ochenta. Teniendo como referencia estos hallazgos, en el presente artículo se utiliza la metodología propuesta por Goncalves et.al. (2009) para mostrar el desempeño de la economía colombiana entre 1990 y 2010 y, de este modo, analizar su vulnerabilidad externa bajo el patrón exportador de especialización productiva. De acuerdo con la metodología propuesta por el texto que sirve de referencia, el IVE está compuesto por cuatro indicadores que tienen la misma ponderación:

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• Exportación de bienes y servicios / PIB • Stock de IED / PIB • Deuda externa total / Exportación de bienes y servicios • Importación de bienes y servicios / Reservas internacionales

Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

Neoliberalismo Rampante

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Siguiendo la metodología mencionada, el IVE se calculó para cada variable, así: Índice = [(x – Xmínimo) / (Xmáximo – Xmínimo)] x 100

Para realizar una mejor interpretación del IVE en el periodo 1990-2010, se divide este período en cinco subperiodos: i) 1990-1994; ii) 1995-1998; iii) 1999-2002; iv) 2003-2007, y v) 2008-2010. Esta subdivisión responde a distintas etapas por las que atravesó la economía colombiana en los últimos años: un primer periodo en el que se desarrollaron las primeras reformas estructurales para implantar el modelo neoliberal, con un auge relativamente importante de la inversión extranjera directa y algunos resultados positivos en materia del crecimiento del PIB. El segundo de claro declive de las principales variables macroeconómicas de Colombia. El tercero que corresponde a la profunda crisis económica y financiera y la profundización de las reformas neoliberales a partir del acuerdo Stand By con el FMI. El cuarto delimita el significativo auge de las economías emergentes, con tasas elevadas de crecimiento del PIB, auge de la inversión extranjera directa ligado al sector de minería e hidrocarburos y consolidación de las reformas neoliberales. Finalmente, el periodo 20082010, que corresponde al de la crisis de las economías más desarrolladas y su impacto sobre los países de América Latina. La Tabla 1 sintetiza los valores del IVE calculados en América Latina y el Caribe, Colombia y cuatro países más con los que se realiza la comparación: Tabla 1. IVE América Latina y el Caribe, 1990-2010 Periodo\País

América Latina y el Caribe

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

1990-1994

n.d 

30,48

46,13

47,30

45,31

n.d 

45,41

1995-1998

49,77

45,40

47,30

48,03

51,90

n.d 

48,73

1999-2002

33,95

42,93

47,88

51,00

47,72

39,16

42,40

2003-2007

52,97

 n.d

42,97

42,32

37,58

53,78

42,44

2008-2010

51,14

43,55

48,50

50,02

47,80

43,35

51,44

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.bancomundial.org

Como puede observarse, el IVE ha presentado un comportamiento variable en los cinco subperiodos estudiados. En especial, llama la atención que para el conjunto de los países de la región ha sido mayor entre 2003 y 2010 que en la década anterior, lo cual confirma el resultado que encontró Goncalves et.al (2009) hasta 2006. En todos los países que muestra la Tabla 1 –excepto México‒, se observa que el IVE aumentó en el periodo 2008-2010 frente al periodo anterior como consecuencia principalmente de la crisis internacional y sus efectos comerciales sobre las economías emergentes, lo cual confirma el papel preponderante _40

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de los factores externos sobre el comportamiento de la economía latinoamericana. Uno de los casos más destacados de incremento en este periodo es el de Colombia, cuyo IVE pasó de 37.58 entre 2003-2007 a 47.80 entre 2008-2010. Además, cabe destacar que de los países que se presentan en la Tabla, varios de ellos han revertido parte de las políticas neoliberales que fueron implantadas a finales de la década del ochenta y comienzos de la década del noventa (Argentina, Brasil, Venezuela). De éstos, solo Venezuela presenta un IVE mayor al promedio en el periodo 2008-2010, correspondiente al de la crisis de los países desarrollados. Esto se puede explicar por la elevada dependencia respecto al comportamiento del precio del petróleo que aún caracteriza a la economía venezolana. Precisamente el precio del crudo sufrió una caída relativamente importante en los primeros meses de estallido de la crisis en Estados Unidos y la Unión Europea y esto afectó tanto el valor de las exportaciones venezolanas como el volumen de reservas internacionales. La Gráfica 1 permite hacer una comparación entre la evolución del IVE del conjunto de América Latina y el Caribe con el de Colombia. Se observa que en dos periodos el IVE de la economía colombiana es mayor al promedio de la región, entre 1995-1998 y en 1999-2002, periodos en los cuales la mayor parte de las variables macroeconómicas y financieras presentaron un claro retroceso. Como muestra Martínez (2012, pág. 42), desde 1994 la cuenta corriente se encontraba en déficit, la entrada de capitales al país cesó y la inestabilidad del sistema financiero se hizo más aguda. Todo esto tuvo un impacto negativo sobre las reservas internacionales, configurando una crisis de balanza de pagos que terminó con el abandono del sistema de banda cambiaria en septiembre de 1999 (Ossa, 2000).a Gráfica 1. IVE América Latina y Colombia, 1990-2010

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.bancomundial.org Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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Por otro lado, se destaca que en el periodo 2003-2007 el IVE de la economía colombiana fue mucho menor al del promedio de la región, lo cual refleja el auge de la IED hacia el país fomentada por las reformas desarrolladas bajo el gobierno de Uribe, que contemplaron grandes exenciones tributarias al gran capital, la generalización de zonas francas, la ley de estabilidad jurídica, entre otras. Kalin (2009), señala que la IED en Colombia pasó de representar 7.3% en 1990 a 32.7% en 2007. Lo anterior acompañado de un cambio en la composición del destino de la inversión foránea concentrada en el sector minero-energético. Como se había señalado anteriormente, en el periodo 2008-2010, el IVE de la economía colombiana creció significativamente mostrando el importante impacto de los factores externos sobre la economía colombiana. En la Gráfica 2 se muestra la evolución del IVE de Argentina, Chile y Colombia. Se observa que en todos los periodos el de Argentina ha sido inferior al de Chile y Colombia, incluso en el periodo 1999-2002, cuando Argentina vivió una crisis económica sin precedentes como consecuencia del colapso del sistema de convertibilidad, lo cual implicó un incremento inusitado de su deuda externa y serios problemas para adquirir reservas internacionales. En cambio, el desempeño del IVE para Chile en general ha sido más desfavorable que para Colombia. Gráfica 2. IVE Argentina, Chile y Colombia, 1990-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.bancomundial.org

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Por su parte, cuando se compara el desempeño del IVE de Colombia y Brasil, se muestra que ha tenido un comportamiento muy similar. No obstante, en el periodo 1995-1998 el IVE de Colombia fue muy superior, mostrando la magnitud del deterioro de la situación económica del país andino; este resultado llama la atención, pues Brasil vivió en 1995 una profunda crisis financiera y de balanza de pagos pero su IVE apenas aumentó un punto respecto al periodo 1990-1994. Gráfica 3. IVE Colombia y Brasil, 1990-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.bancomundial.org

 

Como ha logrado observarse en este análisis, aunque el grado de vulnerabilidad es un rasgo inherente a la mundialización que vive el sistema capitalista en su conjunto, son las economías dependientes las que presentan índices superiores. Para el caso de la economía colombiana, es claro que la vulnerabilidad externa se eleva precisamente en los periodos de crisis internacional, lo cual muestra el grado de dependencia al que se encuentra sometida la economía nacional; esto está ligado a la profundización del patrón de acumulación luego de la grave crisis económica padecida finalizando la década del noventa.

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Las multitudes en Turquía y Brasil Ricardo Sánchez Ángel

Luchas populares

Doctor en Historia Profesor Universidad Nacional de Colombia

L

as movilizaciones en curso en Brasil y en Turquía discurren en escenarios un tanto diferentes. En el país que fue sede del Imperio Romano por decisión del Concilio de Nicea en el 325, y obra del gran Constantino, se adelanta una protesta desde el 27 de mayo, que confronta el autoritarismo del reaccionario primer ministro Rece Taya Erogan, en un contexto de limitaciones de todo orden al ejercicio de los derechos democráticos. En Brasil, la protesta que comenzó el 6 de junio se ejerce en relativa democracia, con un gobierno reformista, pero que no evitó la dura represión policial el 20 y el 26 de junio, todo esto mientras se celebra la Copa Confederaciones de Fútbol. Como se sabe, ambos países, Turquía y Brasil, son reconocidos como economías emergentes. Es así que Brasil hace parte de los llamados BRICS, junto a Rusia, India, China y Sudáfrica.

Turquía En la antigua Bizancio, Constantinopla, Estambul, las multitudes se congregaron para defender la tradicional plaza Tasin, que amenaza ser destruida por el gobernante para impulsar complejos inmobiliarios: centro comercial, subterráneos, avenidas, oficinas y otras construcciones suntuarias, incluida la pretensión de un monumentalismo islámico. El propósito es expropiar el espacio público, el bien común histórico, cuya área abarca el barrio tradicional Viola, de vida libre, en costumbres y _44

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1 ¡Las mujeres también resisten! Colectivo Feminista Socialista. Estambul, 01/06/2013. Tomado de: http://www. socialismo-o-barbarie.org/medio%20oriente/130602_turquia_ llego_la_rebelion.htm Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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actividades artísticas e intelectuales. Expulsar el sitio emblemático de la protesta urbana, la plaza Taksin, y confinarla a los extramuros de la ciudad, donde se proyecta construir plazas más parecidas a lugares de destierro. Las movilizaciones turcas han comprometido a la juventud, las mujeres, intelectuales y defensores de lo laico y los derechos humanos, a los ambientalistas urbanos e incluye en las últimas jornadas la activa participación de sindicatos y de trabajadores de toda condición. La cúpula gubernamental acudió al diálogo acompañado de más dura y contundente represión, convirtiendo la plaza Tasin en un campo de confrontación. Al igual, el régimen anunció detener los proyectos y propuso realizar consultas y un referendo. El primer ministro convocó concentraciones públicas de sus partidarios, buscando la contraofensiva política beligerante contra las multitudes que defienden la ciudad histórica, sus símbolos ciudadanos, la plaza democrática; al igual que acelera su fanatismo religioso y el ataque a las mujeres y a la diversidad en las personas. Tiene razón el Colectivo Feminista Socialista de Turquía cuando afirma: “¡Las mujeres se rebelan! ¡Y no nos detendréis con gases, tanques y porras! Las mujeres resisten con los demás grupos oprimidos desde hace dos días. Trabajadores, kurdos, LGBT, alauitas, musulmanes, no musulmanes, ateos y todos los oprimidos/as, explotados/as, insultados/as y condenados/as como “traidores” están rebelándose en Turquía. La resistencia que ha comenzado en el parque Gezi de la Plaza Tasin en Estambul está desbordándose y extendiéndose a numerosas ciudades”1. Así las cosas, el gigante de Turquía está entrando a su propia crisis política de dominación, como capítulo de la onda revolucionaria inaugurada en Túnez

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y Egipto en 2011. En estos dos países la movilización es permanente. El plan de urbanismo en marcha en Estambul sigue las pautas de territorialización del capitalismo en todas las ciudades del planeta. Guy Debord con precisos términos definió estas tendencias: “el urbanismo es la conquista del entorno natural y humano por parte de un capitalismo que, al desarrollarse según la lógica de la dominación absoluta, puede y debe ahora reconstruir la totalidad del espacio como su propio decorado”2. La batalla urbana despliega sus energías contra la atomización, por mantener los lazos que la ciudad tradicional estableció: barrios, calles, plazas, arquitectura urbana como obra de arte. Pero todo es más complejo en Estambul, porque sus ruinas y destrucción urbanas abarcan el esplendor de la Antigüedad, la del Imperio Otomano que conquistó Constantinopla en 1453, ciudad de la melancolía y la amargura, como la recrea Orhan Pamuk en la obra que da claves para leer desde tan lejos, como Colombia, de manera cercana a esta ciudad3. En Estambul se superponen varias historias cuyas temporalidades aparecen dominadas por el neocapitalismo financiero e inmobiliario, revestido de una vuelta al islamismo fundamentalista, pero que tiene unas tradiciones de esplendor como ciudad y civilización, al igual que las herencias laicas y democráticas que vienen desde las reformas de Atatürk, quien fuera fundador y primer presidente de la moderna República de Turquía en 1923, luego de liderar la Guerra de Independencia contra las potencias aliadas, que terminó en el establecimiento de la República moderna, democrática y laica.

2 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. España: PreTextos, 2005. 2ª ed., pp. 104-105. 3 PAMUK, Orhan. Estambul. Ciudad y recuerdos. Bogotá: Mondadori, 2006.

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Crece la audiencia y crecerá aún más, porque la conciencia deviene en programa y en organización. Ideas con acción y viceversa, es lo que está madurando hacia lo necesario, deseable y ojala inevitable: la revolución internacional, de país a país, de continente a continente, con sus reformas y transiciones, con un horizonte emancipador en todos los órdenes.

En Brasil, en estos días de junio, un vigoroso movimiento de confrontación al alza en el transporte público en Sao Paulo y otras ciudades –se calcula que han sido cerca de 400‒ tuvo el apoyo de centenares de miles de manifestantes, que ocuparon calles, avenidas y plazas. Los medios de comunicación registraron la amplitud de la movilización, y las redes sociales, las cuales se han constituido en Turquía, en el mundo árabe, Europa, América del Norte y del Sur, en vehículos de información, convocatoria, orientación y análisis, ampliando la base social e intelectual de las luchas. El gobierno derogó las alzas, anunció el diálogo y prometió medidas sociales, en primer lugar en transporte y educación. Lo que comenzó como un movimiento anti-alza en el transporte, se dimensionó en una crítica al sistema vehicular, al capitalismo faraónico de los estadios y al mundial de fútbol, en el que se calcula se han venido invirtiendo en obras y organización 25 mil millones de dólares, a todas luces un gasto suntuario. Todo esto bajo la batuta de la FIFA. Lo que expresan los activistas en las movilizaciones de no a más estadios y sí a educación y transporte masivo, moderno y sin costo alguno, es una conciencia radical de crítica a la sociedad del espectáculo, concretada en forma magnífica en Brasil por la industria de los estadios, los equipos, el fútbol, en articulación con los medios masivos de comunicación: la televisión, la radio y los periódicos. En torno a los estadios y el fútbol concurren los capitalistas financieros, inmobiliarios y mediáticos. Afuera de los estadios se concentra la protesta. Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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Brasil

El fútbol como sociedad del espectáculo en Brasil y demás países del mundo, consiste en una masificación del deporte, una industria de diversión y entretenimiento del capitalismo de masas, con sus propios ídolos, fetiches, sistemas de alienación. Una verdadera religión con sus jerarcas y fieles, que controlan y transforman las emociones humanas en fanatismo delirante, proclive a la violencia. El gran valor lúdico, el juego, el deporte, que acompaña el desarrollo de las sociedades humanas, se ha convertido bajo el capitalismo en negocio, religión y dominación. A esto apunta la movilización promovida por Passe Livre y por otros grupos Luchas populares

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en medio de muchas luchas reprimidas. Anunció una salida a la crisis proponiendo un plebiscito que legitime una reforma política a través de una constituyente. Los trabajadores, sindicatos, activistas y organizaciones sociales convocaron para el 10 de julio próximo una huelga general, algo que la presidenta trata de evitar. Esto confirma que el desencanto abarca no sólo al sistema político de máscara democrática, sino que se expresa en el corazón del poderoso PT, al que le están pasando la cuenta de cobro por la corrupción y preferir gobernar para los ricos y sólo después para los trabajadores. En la complejidad de esta crisis, pequeños pero significativos grupos de derecha, han incursionado con el propósito de disputar la orientación de la protesta.

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y redes sociales. Las izquierdas, de manera variopinta, apoyan el movimiento. El señalamiento del abandono de la educación y la salud, al igual que la injusticia y la desigualdad, la indignación por la corrupción y la clase política, lo que expresa la consigna “qué coincidencia, sin policía no hay violencia”, son ideas fuerza que acompañan a los manifestantes. El movimiento ha puesto en evidencia que el reformismo de Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores (PT) no altera la balanza del poder económico-social hasta hoy a favor de los grandes capitalistas. Los avances son limitados y en buena parte mediocres. La combinación entre socialdemocracia y neoliberalismo ha dado como resultado un Brasil capitalista, de logros económicos relativos, que no se tradujeron en la eliminación del latifundio, los monopolios, la preponderancia del complejo financiero-industrial y los rentistas del agronegocio. La democracia brasilera, nada despreciable, no obstante está acorralada por la corrupción, el clientelismo y la dictadura informativa de los grandes medios. Sobresale que el gobierno es impotente y/o cómplice ante la continuidad de los numerosos asesinatos de indígenas, campesinos y activistas. Para el gobierno de Dilma, el mandato sigue siendo: primero el capital y luego los trabajadores. El rechazo que se presenta a la dirección del PT es explicable: el gobierno no cumple las promesas sino a medias, y los trabajadores, incluyendo sectores de izquierda dentro y fuera del PT, están indignados. En Brasil el gobierno de Dilma ha reconocido la legitimidad de la protesta,

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Conclusión Lo que expresan estas multitudes en las escenas turcas y brasileras es una ampliación de la rebelión permanente que en todos los continentes se viene dando por superar la crisis generada por el capitalismo histórico, que es una crisis combinada: económica, social, cultural, ambiental. En estos días de gracia de final de junio, las multitudes ocupan de nuevo la Plaza Tahir en El Cairo, en demanda de libertades y contra el gobierno de Mohamed Morsi. En Portugal se realizó una huelga general, en una seguidilla de esta forma de lucha generalizada en Europa: España, Grecia, Francia… En Chile el movimiento estudiantil sigue ocupando las calles y plazas. Son multitudes rebeldes con tejidos sociales en la clase trabajadora y sus familias, con un alcance programático y una profundidad política que sobresale sobre otros movimientos estudiantiles en el continente y en el mundo. El tablero es más amplio y Colombia no es la excepción. La batalla de los labriegos hoy, realmente heroica, por la reserva campesina en el Catatumbo, es la última expresión de las protestas, que son también Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

ambientales, estudiantiles, indígenas, de los trabajadores cafeteros, de los jóvenes, las mujeres, las víctimas, en acción directa, incluyendo las huelgas proletarias en Cerrejón, Puerto Gaitán contra Pacific Rubiales y en el Cesar contra Drummond. La manifestación multitudinaria realizada en Bogotá el 9 de abril a favor de la paz es una expresión de los deseos y las conciencias de las gentes del común. Crece la audiencia y crecerá aún más, porque la conciencia deviene en programa y en organización. Ideas con acción y viceversa, es lo que está madurando hacia lo necesario, deseable y ojala inevitable: la revolución internacional, de país a país, de continente a continente, con sus reformas y transiciones, con un horizonte emancipador en todos los órdenes. El otro escenario, absolutamente indeseable y repugnante, es la agudización de la barbarie, con la destrucción del tejido social-cultural, de la vida humana y planetaria, con sus guerras, racismos, sexismos, infamias y destrucción de las libertades.

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Ibagué, 5 de junio

Radiografía de un carnaval en defensa de la vida Alejandro Leal Castro

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Integrante Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima (CADVT) y Conciencia Ambiental (CA)

Contexto e impactos

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acia el año 2007, el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez registraba con regocijo el descubrimiento de un yacimiento de oro, denominado “La Colosa”, que estaría entre los diez más grandes del mundo, ubicado en el municipio de Cajamarca, Tolima. Una vez conocida la noticia, la multinacional Anglogold Ashanti se adjudicó la exploración de este proyecto minero; simultáneamente las alarmas se prendieron entre los habitantes del Departamento. Al mismo tiempo que los paladines del neoliberalismo festejaban este anuncio, un manto de duda se instalaba en el ambiente. El inexorable paso del tiempo, la experiencia internacional, los estudios técnicos y las resistencias populares fueron factores que propiciaron un debate sobre las características del oro que se encuentra en esta zona del país. Así, se conoció que dado su bajo tenor era impensable extraer el oro por los métodos tradicionales de socavón o aluvión. Se afirmó que el oro se encontraba diseminado en pequeñas cantidades por las rocas, hecho que planteó la necesidad de implementar un tipo de minería especial, denominado minería a cielo o tajo abierto. Preocupa el hecho de que existe consenso sobre la idea según la cual este tipo de minería es altamente destructiva del medio ambiente.

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Lo primero que se realiza es exponer las rocas, raspando toda la capa vegetal, lo cual ya genera un impacto ambiental negativo al afectar la flora, la fauna y los ecosistemas; además, el desprendimiento de la capa vegetal produce erosión, con lo cual es probable que los sedimentos del suelo se depositen en los cauces de las quebradas La Colosa y La Arenera, afluentes de los ríos Bermellón y Coello, principales estrellas hídricas del Tolima, disminuyendo el volumen de agua transportada, lo que afecta los cultivos del Departamento. También se ha advertido sobre la utilización de cianuro para el beneficio del oro, situación que es de suma gravedad. De hecho, el Parlamento Europeo, hacia el año 2010, manifestó que “el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y […] está clasificado como uno de los principales contaminantes, y que puede tener un impacto catastrófico e irreversible en el medio ambiente y en la salud humana, y, por ende, en la diversidad biológica”1, dejando en evidencia que esta sustancia química es letal para la supervivencia de la especie humana y los ecosistemas. Países como Alemania y Costa Rica, e igualmente, estados como Montana en EE.UU. declararon sus territorios libres de cianuro. Justamente, las consecuencias de impulsar esta locomotora minera fueron advertidas en un estudio realizado por la Contraloría. Además de corroborar los daños ambientales ya enunciados, en este informe se destaca que el Estado no tiene control sobre los precios de venta ni de transferencia del metal, no genera encadenamientos productivos ni dinamiza la economía, pues al ser los proyectos mineros intensivos en capital, desplazan la mano de obra. En el fondo, esto significa cuestionar el modelo extractivista

1 Ver texto completo de la Declaración en: http://www. europarl.europa.eu/sides/getDo c.do?pub Ref=-//EP// NONSGML+MOTION+B7-2010-0240+0+DOC+PDF+V0//ES Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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en la médula del capitalismo y, también, reconocer que el Estado no es un bloque homogéneo; las fuerzas que lo componen se tensionan, no solo cuando las instituciones que lo representan expresan puntos de vista divergentes sino también por la acción popular.

La organización de las resistencias: Los triunfos alcanzados Con estos antecedentes, desde la realización de la primera Audiencia Pública Ambiental sobre la mina de oro “La Colosa”, el día 20 de Febrero de 2009, el tema de la minería a cielo abierto con sus nefastas consecuencias ha sido objeto de debates y manifestaciones en los ámbitos regional y nacional. El acuerdo sobre la idea de defender el medio ambiente, el agua y la biodiversidad propició la creación de un frente de acción, representado en la constitución del Comité Ambiental en Defensa de la Vida (CADVT), organismo que ha desempeñado un papel decisivo para salvaguardar los intereses regionales. A partir de su génesis, que data desde el año 2009 aproximadamente, hasta hoy, existen comités ambientales en el Centro del Tolima, Anaime y Cajamarca, el norte y sur del Departamento, Doima y, desde luego, Ibagué. Las convocatorias que ha realizado éste Comité, desde la Primera hasta Quinta Marcha Carnaval, se han caracterizado por la civilidad, la alegría y la asistencia masiva de los habitantes del Departamento del Tolima. El eco de estas iniciativas ciudadanas ha contribuido a que el caso de La Colosa sea objeto de discusión a nivel nacional. Fue así como en la última convocatoria realizada, es decir, en la Quinta Marcha Carnaval, que se produjo el 5 de Junio pasado en la ciudad de Ibagué, Día Mundial del Medio Ambiente, el pueblo de la raza Pijao, valiente y bravía, se expresó masivamente. La invitación realizada por el (CADVT), fue acogida por numerosos sectores de la población. Por su composición, campesinos, indígenas, estudiantes, profesores, líderes comunales, municipales y departamentales asistieron a este multitudinario evento, que convocó más de 30.000 personas. En este Carnaval, disfraces, pancartas, antifaces, pinturas, carteleras, máscaras, trompetas, tambores y atuendos de todo tipo fueron los medios para expresar la alegría en defensa de la vida, el agua y el medio ambiente, contra la amenaza de los proyectos de minería a gran escala. Los y las tolimenses desplegaron sus mentes para defender el derecho a un vida digna y a un ambiente sano. El valor de las multitudes para decir al unísono Sí a la vida, No a la mina; el agua vale más que el oro, fue la nota predominante de la jornada. La entusiasta participación ciudadana, civilista y pacifista, le establece límites a la locomotora minera _52

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como política de Estado, interesada en el crecimiento económico, con altos costos ambientales y sociales; además, se constituye en una invitación a ejercer la democracia directa como método de acción.

http://www.lasillavacia.com/historia/la-otra-version-sobre-el-catatumbo-45125

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Resistencia contra la multinacional Anglogold Ashanti (AGA)

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A la par de estas resistencias de los de abajo, la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) no ha cesado en su empeño de avanzar sobre el territorio tolimense. Su proyecto expansivo por el Departamento cubre 22 municipios, desde Armero Guayabal hasta Rovira, pasando por la capital, Ibagué. A nivel nacional la presencia de esta empresa minera se concentra también en Antioquia y Caldas. No obstante, recientemente, AGA ha sufrido algunos reveses en su intención de consolidar el proyecto minero La Colosa. El más importante es la resistencia valerosa de los habitantes de Doima, Piedras, quienes decidieron impedir la entrada de los funcionarios de la empresa en su territorio. Allí, la compañía minera había instalado plataformas y equipos con el objetivo de tratar el material extraído en Cajamarca. Además, el presidente ejecutivo de esta empresa ha quedado cesante por sus pobres resultados en el caso de La Colosa. Estos hechos deben ser interpretados como una importante victoria del movimiento social y popular que se ha dado sus propias formas organizativas. Así, los hechos que se han venido presentando y el momento actual, con el apoyo de diversas entidades territoriales, como Cortolima, la Personería, la Contraloría, la Gobernación, la Alcaldía y, de manera decisiva, la creciente movilización popular, hacen plausible plantear que sí es posible detener el proyecto minero la Colosa. Existen razones para pensar que es una realidad la posibilidad de conjurar los intereses de quienes desean apropiarse del oro que se encuentra en esta zona montañosa de Cajamarca.

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El mandato popular y las nuevas tácticas La masiva participación ciudadana registrada debe ser interpretada como un mandato popular para que el gobierno nacional tome nota de las siguientes acciones ‒expresadas en la lectura de la Declaración política 2, realizada por el profesor Ramiro Gálvez Aldana a nombre del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima (CADVT)‒, relacionadas con la cancelación inmediata de los títulos y proyectos mineros que se encuentren superpuestos sobre todos los ecosistemas estratégicos del Tolima y el país, como es el caso de las zonas de páramo. En consecuencia, anular específicamente el proyecto La Colosa, que tiene 50 hectáreas sobre el Complejo de Páramos de los Nevados. En el mismo sentido, aplicar el “principio de precaución” de manera inmediata frente a todas las licencias y proyectos en el Tolima y el país que se desarrollen sobre cuencas hidrográficas, zonas productoras de alimento y recarga de acuíferos, así como establecer una Mesa de Interlocución directa con el Gobierno nacional sobre la base de defender la vocación productiva y los ecosistemas estratégicos del departamento del Tolima, con participación directa y decisiva de las comunidades. Además, derogar los decretos 933, 934 y 935 del Ministerio de Minas por negar el derecho a la autonomía territorial y, finalmente, revisar todo el ordenamiento territorial del país bajo criterios de sustentabilidad ambiental, autonomía alimentaria y vida digna de los pueblos y comunidades tanto rurales como urbanas. En el marco de la Marcha Carnaval se ha planteado la necesidad de reclamar una convocatoria masiva que incluya la defensa del agua y la vida y los tópicos relacionados con la minería, el maltrato animal, el impulso de la agricultura orgánica y, en especial, una solución al problema del agua que hemos sufrido por décadas los ibaguereños. Bajo esta perspectiva se ubica la posible realización de un Gran Paro Cívico Regional, idea que podría resultar determinante para salvaguardar los genuinos intereses regionales. Dado que este proyecto de gran minería es la punta del iceberg de un proyecto que pretende arrasar con la Cordillera Central e impulsar la locomotora minera, es importante mencionar que, si bien es cierto, el caso de La Colosa es el más próximo a nuestra realidad, es necesario enfatizar en la existencia de múltiples problemáticas similares en el territorio nacional. La defensa de los páramos de Santurbán y Pisba, en Santander y Boyacá, respectivamente, así como del río Rancherías en la Guajira, al igual que de El Cerrejón, Cerromatoso, Marmato y los emprendimientos mineros en Antioquia, además de la brega de los coterráneos huilenses contra la hidroeléctrica El Quimbo, plantea la urgente necesidad de unir esfuerzos en torno a la defensa de la vida y del medio ambiente. Es el momento para estrechar lazos de solidaridad a través de una iniciativa de movilización y organización ciudadana de alcance nacional.

2 Ver texto completo de la Declaración en: http://conciencia-ambiental09.blogspot.com/2013/06/declaracion-politica-5-marcha-carnaval.html

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Subversiones intelectuales

Leandro Díaz: “Yo ando por los pueblos oyendo sus quejas” Roberto Romero Ospina Periodista Investigador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

El 22 de junio se detuvo el corazón de uno de los más grandes juglares vallenatos. Toda la prensa le rinde homenaje, y hasta el mismo presidente Santos. Pero pocos saben, o lo quieren ignorar, que Leandro Díaz estuvo comprometido con las causas del pueblo y le rindió homenaje a los mártires de la Unión Patriótica. Fue tan grande su compromiso que en plena guerra sucia contra la UP, se atrevió a participar en el Noveno Festival del semanario Voz, órgano de ese movimiento, aquel domingo 19 de julio de 1987 donde cantó sus piezas inolvidables y le dio su saludo ante miles de personas. Reproducimos un reportaje con el poeta y cantor del Valle de Upar, publicado en Voz en junio de ese año donde muestra su espíritu de lucha. Sus declaraciones sobre el vallenato guardan plena vigencia.

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n San Diego, un pueblo de calles polvorientas al pie de la Serranía del Perijá, 30 kilómetros al oriente de Valledupar y cuyas brisas le recuerdan su vecina Guajira, vive Leandro Díaz, grande entre los cultores de la música vallenata. Y vive más exactamente en un inmenso patio con casa pues allí le gusta pasar el día cuando no se encuentra en alguna de esas invencibles parrandas de acordeón, bajo la sombra de mamoncillos, almendros, guayabos, mangos y limonares.

Porque para Leandro el bosque casero es el sitio preferido para almorzar, echar una siesta, recibir a los amigos, conversar con Helena Clementina Ramos, su mujer desde hace 30 años, o ensayar paseos y puyas con su hijo Ivo Luis, de 23, quien le sigue los pasos. El año pasado (1986) fue coronado Gran Rey de Piquería en el Festival Vallenato. Pero los gigantes frutales que él mismo ayudó a sembrar, no los puede ver. Debe contentarse con su aroma. Ciego de nacimiento, ha desarrollado, sin embargo, un peculiar sentido de las cosas. Y no solo las referentes a la naturaleza sino las que tienen que ver con el acontecer social sobre el que destila punzantes reflexiones de contenido revolucionario. Que llevan versos como en el paseo “Soy”: Yo soy el hombre que ha perdido el miedo/para decirles, a los de arriba lo que son/de fiesta en fiesta mantienen al pueblo/para que nunca estalle la revolución. Sus composiciones en 42 años de auténtico juglar, suman ya 300, entre ellas “Matilde Lina” y “La diosa coronada”. Esta última sirvió de inspiración a García Márquez para referirse a la protagonista de su novela, Fermina Daza, en el “El amor en los tiempos del cólera”, que comienza precisamente con un epígrafe de dos líneas de la conocida pieza de Leandro Díaz: “En adelante ahí van estos versos a la diosa coronada”. En compañía de Luis Ropero y Ulisis Ospina, dos poetas de la región, y del profesor Edgar Marbello, lo Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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Un bosque en la casa

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visitamos a la víspera de la toma campesina de Valledupar y en pleno “Veranillo de San Juan”, estación quizá llamada así por los pobladores buscando con el diminutivo que el tiempo de infiernos de esta época se vuelva más benigno gracias a la magia de las palabras.

Limosnero o creador de versos De padres labriegos y con vena musical, desde niño le estuvo dando a latas y cajas entonando boleros y rancheras de moda por los años 40. La pobreza y la desesperanza de las tinieblas lo hicieron pensar que no tendría más oficio en la vida que el de pordiosero. Pero las mujeres lo salvaron como siempre le ha ocurrido, según recuerda. Cuando fue a despedirse de Isabel Amaya, conocida como la Chave, el amor de los quince, tocó a la puerta un limosnero. “Díganle que no tengo plata”, ordenó su amiga. Entonces Leandro, comprendiendo que sería tratado igual, desechó el camino de la mendicidad. Se decidió por la creación de versos para cantarlos a lo largo del viejo Magdalena recibiendo las primeras monedas, pero sobre todo curtiéndose para la vida.”Dejé de andar desnudo, y ya con ropa, como me lo había prometido, regresé a donde la Chave”, confiesa.

Cuando captar es tanto como ver —¿Y desde cuando tiene conciencia de la necesidad de los cambios revolucionarios? Incluso usted habla de que la alternativa es el socialismo. —Desde hace mucho tiempo he venido pensando en estas cosas de que el pueblo ha sufrido mucho y como yo ando por los pueblos oigo las quejas. Yo no miro pero escucho y capto. Se nota desde tiempos la inconformidad, pero antes era muda, no hablaba. Pero ahora la gente no calla y busca una salida y que para mí no puede ser otra que el socialismo. —¿Pero ha tenido en estos tiempos contacto con revolucionarios? —Muy pocos. Yo ando con toda la gente y voy tomando algo de cada uno. —¿Y cuando toma contacto con los latifundistas nota que ellos no son inconformes? —Casi siempre piensan en sus intereses egoístas. Es muy raro que piensen en los demás. —¿Y los criticas? —No, yo los oigo hablar no más. —¿Lo quieren tanto como su pueblo? —Bueno, a mí me tratan bien, no he tenido problemas y me llaman muchos ganaderos a sus fiestas. _58

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 Las parrandas con el pueblo —¿Entonces, cantas para ellos? —No, yo canto para el mundo, y mis parrandas las hago más con el pueblo. Inclusive a mí me gusta que una chica del pueblo me pida una canción. Ando más con el pueblo que con el rico. Y por no ser así el pueblo se resiente con algunos artistas después de que los han hecho crecer. Hay artistas que llegan hasta negar su origen. —¿Olvidándose de los problemas de la gente? —Yo al contrario soy de los que voy a visitar a la gente y me gustan los sancochos del pueblo.

La Unión Patriótica busca los cambios con el pueblo —¿Qué le parecen las marchas campesinas que se han tomado a Valledupar? —Me parecen impresionantes. Es que los campesinos empiezan a tener ya conciencia de su propio dolor. —¿Qué piensa de la ola de violencia antipopular que azota al país?, incluso aquí cerca, en Becerril, en Semana Santa, mataron a un concejal de la Unión Patriótica. —No, si a la Unión Patriótica le han matado unos cuantos, pero es porque busca con el pueblo que haya cambios y los que están mandando no quieren aceptar. Y la violencia se debe a eso, a la disparidad social. Es que este es un país que vive tan disparejo como los dedos de la mano. Pero todas las revoluciones del mundo necesitan lucha y sacrificios y la sangre del pueblo, por desgracia. Y todo puede morir en el hombre menos sus ideales y aunque dure siglos estos terminan por llegar. —¿Pero cómo parar estos crímenes? Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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—Ante todo con la unidad del pueblo que mucho nos hace falta para terminar con los enemigos. Y eso nos costará muy caro. Están tomando conciencia que la cosa va para adelante y tratan de frenarla lo más posible. Esa es la explicación a la campaña de exterminio. Los enemigos poderosos no se van a quedar quietos. Pero si con haber triunfado Cuba a la Revolución todavía la atacan y no dejan un día de hablar mal de Fidel Castro. Es que el enemigo no duerme.

 Los primeros maestros —¿Cuándo comenzó a componer alguien le dio ese primer impulso que necesita el poeta para crear? —Desafortunadamente no tuve ese maestro directo que me impulsara. A mí me motivaron Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta, El Viejo. Pero no sabían que yo existía. Mantenían una gran rivalidad y sus canciones se escuchaban mucho. Yo entablaba con la música de Lorenzo Morales mis encuentros con otros pelados de mi edad haciendo coplas que cantábamos en las fiestas. Pero Morales y Zuleta hicieron la competencia más bella que ha tenido el vallenato. —¿Y qué ha pasado con todos esos muchachos? —Se quedaron en el anonimato. —¿Por falta de atención? —Sí, y también porque en ese entonces no había grabadoras donde se pudiera dejar testamento. Y lo importante de una fiesta vallenata era esa creatividad espontánea. Pero ha quedado perdida. —¿Y solo le ha compuesto a la mujeres del pueblo? —Siempre. Yo nunca les he compuesto a las niñas de la sociedad. A la mujer que yo le he cantado es a la mujer de mi clase. —A Matilde Lina la hizo famosa en ese paseo… —Era una campesina. O es, porque aun vive en Valledupar. Y a muchas como a Carmencita, Cecilia, María Helena…

Los romances de la imaginación —¿Tuvo acaso un romance con Matilde Lina? —Yo creo que la imaginación fue la del romance. —¿Eso fue aquí por aquí en San Diego? —Sí, por aquí en el río Tocaimo. Yo fui de paseo al río y ahí fue cuando la pensé. Me llamaban la atención unos pajaritos que cantaban a la orilla del Tocaimo en la finca de Toño Murgas que _60

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se llama Santa Fe. Había solo cultivos de algodón. Yo siempre al mediodía me iba al río y un día de esos cuando me sentía enamorado, sabiendo que si se está lejos de la amada más se le quiere, de pronto se me vino a la imaginación la mujer y me inspiré en ella. —¿Cómo hace para componer? ¿Con la ayuda de alguien? —No, yo me aprendo de memoria, pedacito a pedacito cada canción y le voy poniendo la música. Cuando ya la tengo la ensayo con los muchachos de algún conjunto. A veces con Toño Salas que es un acordeonista bien teso.

 A los ricos les daba vergüenza el acordeón —¿Los ricos siempre han bailado el acordeón? —Sí, toda la vida. Lo que pasa es que al principio lo hacían a escondidas pues les daba vergüenza por ser una música que venía del pueblo. Ahora se lo han tomado alejando al pueblo de sus creadores que prefieren tocarles a los personajes y a los políticos. Por eso el pueblo colma la Plaza Alfonso López en Valledupar para poder verlos, pero el Festival es cada abril. El resto del año le toca resignarse con las emisoras porque ni a una caseta puede entrar. —La gente está dividida con respecto al vallenato. La vieja añora el de antaño mientras que los jóvenes prefieren a un “Binomio de Oro”. ¿Cuál es su opinión? —Yo prefiero el viejo vallenato. La música que hacen hoy es una mezcla de boleros, merengues y hasta rancheras, y eso no es vallenato. —¿Pero no es lógico que al ir evolucionando la misma gente, debe evolucionar el vallenato? —Pero es que no hay tal evolución. Yo acepto los cambios siempre que vengan de la misma creatividad original, y no con elementos extraños a las raíces del vallenato. —¿Entonces es preocupante la situación del vallenato? —A mi me preocupa la situación actual del vallenato. Los Ovalle, Macías, no se diferencian de los Roberto, Rosendo. Componen lo mismo: el mismo amor, la misma negra y la misma tontería. No hay creatividad. Y lo voy a poner más claro. Salen en un Festival 100 canciones vallenatas y en dos jornadas quedan tres, y la ganadora jamás la canta el pueblo. —¿Por qué? —Porque no tienen ningún mensaje y menos raíces del pueblo. Es una canción que se hace de la universidad a la cama. Hay que Nº 35, Julio de 2013 · Bogotá, Colombia

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preguntarle a un muchacho de ahora qué es folclor, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido. Los compositores no van a los pueblos sino van a hablar con la chica más bonita y con los dueños de la provincia, y así cómo. Es que estos músicos son como el arco iris, mucho colorido y al tronco que nace no vuelve.

 La complicidad de las disqueras —¿Y se está perdiendo la poesía? —Claro, y que está en el propio origen del vallenato. Se le entrega, por ejemplo, una creación al mejor intérprete, y no se le graba como usted quiere sino como se le viene en gana en complicidad con las casas disqueras, haciendo una gran distorsión. —¿Puede citar algún caso? —Pero qué han hecho conmigo. Le cito el caso de “La diosa coronada” que grabó el año pasado Alfredo Gutiérrez. Lo deja a uno desconcertado. —¿No le consultan para las grabaciones? —No, ese es el gran problema. Llevan las obras y las arreglan en los estudios acabando el vallenato con variaciones que no son fieles. Es que prima el interés comercial. —¿Ha pensado hacer un álbum con las composiciones originales? —Estoy pendiente de hacer unas grabaciones auténticas con guitarra y acordeón, cantando yo y mi hijo Ivo Luis. —¿En este nivel Colcultura, la entidad oficial del arte, le ha ofrecido alguna colaboración? —¿Colcultura?, nunca. Ni siquiera me envían una tarjeta de felicitación el día del artista. —¿Quiénes son los que mejor interpretan sus obras? —Son muchos, pero hay dos con el acordeón que yo siempre destaco más: Emiliano Zuleta Díaz y Colacho Mendoza, y entre los cantantes a Jorge Oñate. —La poesía la lleva en el vallenato el cantador que es el extracto de lo que el mismo pueblo hace, como anota Tomás Darío Gutiérrez. ¿Opina lo mismo? —Estoy de acuerdo con Tomás. Y fíjese usted que los festivales vallenatos no son de cantores o de compositores sino de ejecutantes de acordeón. Solo desde el quinto se impuso el canto. Nosotros los compositores estamos como el décimo lugar. —Por lo que se nota usted no tiene una buena opinión de los festivales.

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—De los festivales vallenatos soy inocente. Yo lo que soy es un compositor independiente. De los veinte que han hecho solo asistí a tres. En el primero me sacaron porque era cantante. Pero en ese entonces no había tantos intereses creados. En otra ocasión cuando me convencieron de ser jurado para la canción inédita, me dejaron abandonado en la tarima. Y en 1983, cuando vino García Márquez, me pasó lo peor. Entonces yo no vuelvo a eso. —¿Qué le pasó? —Fui a tocar en una fiesta en Valledupar y me puse de acuerdo con Gabito, quien andaba solo pero que había que atender. Acababa de ganar el Nobel. Entonces, después de terminar el Festival, no tuve a dónde dormir, ni un carro ni un amigo que me trajera a mi casa y me tocó amanecer en Valledupar. Pasé el día solo con una gaseosa que me regaló una muchacha. A Gabo se lo llevaron enseguida, pero a mí me abandonaron.Alejo Durán y Colacho Mendoza merecen respeto. —¿Y del Rey de Reyes coronado en el último festival qué piensa? —Entre dos que estén peleando alguien tiene que ganar. Y tanto Alejo Durán como Colacho Mendoza son músicos que merecen todo el respeto. Lo que pasa es que Colacho no tiene carisma como sí los tiene Alejo. Colacho es un ejecutante, mientras Alejo, además de buen acordeonero, compone su propia música. Y sin embargo ganó Colacho, y por eso el pueblo se disgustó. Pero yo a los dos los estimo. —¿Cómo recibió la publicación de un verso suyo en la novela de García Márquez, “El amor en los tiempos del cólera” y que sirve de epígrafe? —Nosotros somos amigos desde 1967 cuando se creó el departamento del Cesar y ya “La diosa coronada” tenía 17 años de nacida. A Gabo le gustó y quería tener un casete con la pieza. Lo volví a encontrar en 1983. Pero no me contó nada de su proyecto, así que cuando apareció el libro en 1985 me sorprendió, pues habiendo tantos buenos compositores decidió escogerme. Pero creo que es un homenaje a todos mis seguidores, así como se lo hizo a Rafael Escalona a quien cita en “Cien años de soledad”. Subversiones intelectuales

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El Catatumbo o el incalculable valor de la dignidad campesina Jairo Estrada Álvarez

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a resistencia y lucha campesina de El Catatumbo es una prueba más de la validez de una acción política que privilegia la movilización y el despliegue del poder constituyente, en un país en el que el sistema político ‒tal como manda la maltrecha Constitución de 1991‒ en lugar de abrirse hacia la mayor democratización, restringe y cierra los espacios de participación social y popular. Resulta cuando menos paradójico que sean los propios campesinos quienes tengan que demandar del Estado el cumplimiento de sus leyes, que para ello deban recurrir a una de las más importantes movilizaciones en defensa de la territorialidad campesina de nuestra historia reciente, y que en ese cometido sean expuestos a las más virulenta y sangrienta represión de las fuerzas militares y de policía, amparadas seguramente en la impunidad del “blanco legítimo” que les ofrece el recién aprobado fuero militar. El vigor y la dignidad campesina han impuesto el diálogo, sobreponiéndose al dolor que producen los caídos en la lucha y a los mezquinos consejeros gubernamentales que en desvergüenza sin límite osaron llevar su propio “pliego de peticiones” a la convulsionada región. Aún no se sabe en qué terminará el diálogo con un Gobierno mañoso que ‒en asuntos de contiendas‒ se caracteriza por menospreciar al contrincante. No la tendrá fácil. En este caso, su contraparte es un movimiento campesino liderado valerosamente por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, que reúne a decenas de miles de labriegos de 330 veredas, pertenecientes a siete municipios, organizados en juntas _64

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comunales, en un territorio que abarca más de 360.000 hectáreas. Se trata de un movimiento potente, creado a fines de 2005, surgido del continuum de luchas campesinas en la región, que resistió la cruenta arremetida paramilitar iniciada en 1999 bajo el amparo de las fuerzas militares estatales y que en la actualidad enfrenta los embates de la acumulación minero-energética y de la producción de agrocombustibles, así como del plan de militarización extrema conocido como el “Plan de consolidación del Catatumbo”. Por sus características, por sus repertorios de lucha y por su decidida defensa de la territorialidad campesina, este movimiento puede ser definido como un movimiento socioterritorial, cuya principal bandera de lucha consiste en la creación de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, acogiéndose a lo mandatado por la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1776 de 1996. A pesar de su estigmatización como una de las retaguardias estratégicas de las FARC-EP, según los ideólogos criollos de la doctrinas contrainsurgentes, su accionar y sus demandas se encuentran encuadradas dentro del ordenamiento jurídico. En realidad, lo que el movimiento se ha propuesto es darle vida jurídico-formal a la situación de hecho producida por décadas de producción campesina de territorio y de indiscutible abandono estatal en tierras baldías dentro de una zona declarada por la Ley 2ª. de 1959 como zona de reserva forestal. Por ello se dio a la tarea de surtir los engorrosos trámites para la creación de una zona de reserva campesina, bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, que agrupa actualmente 53 procesos organizativos; y en concertación con el Incoder, incluso con su financiación, se procedió a la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible, que hoy sirve de sustento técnico-político a las demandas campesinas, encontrándose en trámite, además, el estudio de sustracción de zona de reserva forestal para zona de reserva campesina. Los campesinos han sabido sortear con sabiduría, además, los intentos de enfrentarlos al pueblo indígena Barí en sus pretensiones territoriales, cediendo a parte de ellas. Todo ese esfuerzo se viene encontrando de manera sistemática con una barrera. Lo que hoy se sabe es que en materia de Zonas de Reserva Campesina, el Incoder ha sido obligado a convertirse en una dependencia de hecho del Ministerio de Defensa; que la política frente a las ZRC se inscribe esencialmente dentro de las estrategias constrainsurgentes y que, por esa misma razón, su destino también está atado, en consecuencia, al desenvolvimiento exitoso de los diálogos de La Habana. Y,

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desde luego, sobre todo a la potencia constituyente desplegada por el movimiento campesino liderado en este caso por la Ascamcat. Tras el detonante del movimiento, la erradicación de cultivos proscritos de campesinos empujados a ello, sin el ofrecimiento estatal de alternativa alguna, se encuentra la disputa por la tierra y el territorio. Lo que está en juego, en realidad, es la lógica campesina de producción del territorio enfrentada a la lógica capitalista, a la tendencia de acumulación capitalista. Luego de décadas de absoluta desatención estatal, expresada en la pobreza y miseria de sus pobladores, el Catatumbo devino en zona estratégica por su incalculable riqueza minero-energética, por la adaptabilidad de sus tierras para los cultivos de palma aceitera y, con ello, para la producción de agrocombustibles. Hoy resulta claro que el ejercicio concertado de la violencia estatal y paramilitar, iniciado a fines de la década de 1990, hacía parte de un proceso de alistamiento sangriento del territorio, que además del exterminio físico, del despojo y el desplazamiento forzado, se buscaba liquidar cualquier forma de organización social que pudiera ejercer alguna resistencia. Sobre ese ignominioso acumulado se pondría luego en marcha el Plan de Consolidación y, más recientemente, se diseñaría la “Estrategia de desarrollo integral del Catatumbo” a través del documento Conpes 3739 del 15 de enero de 2013. Se trata de un ambicioso plan de 1.64 billones de pesos, que privilegia la inversión en infraestructura vial (1.36 billones, es decir, 83 por ciento del total de la inversión) y requiere del control militar de la región para su implementación. En lo fundamental es un plan de megaproyectos infraestructurales para la pretendida acumulación capitalista. Pero cuenta con un límite: la resistencia campesina que entre tanto devino en movimiento socioterritorial, constituyente de territorialidad campesina en la forma de Zona de Reserva Campesina. Ese movimiento ha dado una lección de dignidad. Ha logrado doblegar las pretensiones de solución militar y policial de los conflictos, para imponer el diálogo. Su valor es incalculable, no sólo por lo que representa para el futuro de la región y sus pobladores en cuanto posibilidad de producción alternativa de territorio, sino por el ejemplo y las lecciones para otros movimientos sociales y populares que hoy afloran en los poros de la acumulación capitalista a lo largo y ancho del país. Por ello nuestra mayor admiración y solidaridad.

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DATOS IMÁGENES Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto. *Portada: http://www.flickr.com/photos/marcha-patriotica/

*Bandera: http://www.lasillavacia.com/historia/la-otra-version-sobre-el-catatumbo-45125

http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_co ntent&task=view&id=367533&Itemid=94

http://www.lasamericasnews.com/images/images_712/LATINO%20colombia.jpg

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