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Colombia con hambre: Estado indolente y comunidades resistentes.

A hungry Colombia: a negligent State and communities in resistance.

3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013 Resumen Ejecutivo 1

3rd report on the situation of the Right to Food in Colombia / 2013 Executive Summary 3

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

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igual que en 2008 y 2010,2 diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, así como reconocidos expertos(as) y académicos(as), unieron sus esfuerzos, saberes, experticias y luchas, para elaborar el libro “Colombia con hambre: Estado indolente y comunidades resistentes. Tercer informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia 2013”. Se trata de un libro que, con base en una metodología de seguimiento de la situación del DA basada en los más rigurosos estándares internacionales, i) analiza tanto la precaria situación de ese derecho en Colombia y el lamentable papel que tiene el Estado en la continuación y profundización de las violaciones del DA; y, ii) socializa y pone en contexto valerosas experiencias de resistencia comunitaria y social que buscan contener dichas violaciones y/o proponer/ sostener alternativas de desarrollo propio enfocadas a la defensa y promoción de su DA.

Al

Just

Siendo una publicación que indudablemente se constituirá en referente de consulta e incidencia para las organizaciones y personas que luchan a favor del DA o de derechos humanos asociados, este libro pretende ser también una motivación para quienes desde sus territorios, cátedras y lugares de investigación o defensa por los derechos humanos, desean que la población colombiana tenga la posibilidad de un futuro mejor, digno y libre del hambre.

It is a publication, which will undoubtedly become a reference point for the advocacy work of the organisations and people who struggle for the right to food or other associated human rights. This book also aims to motivate those who from their territories, academia and their research centres or centres for the defence of human rights want the Colombian people to have the chance of better dignified future, free from hunger.

Del libro, cuya versión electrónica completa se encuentra disponible en la página electrónica de FIAN Colombia (www.fiancolombia.org), compartimos a continuación con ustedes sus principales conclusiones. Esperamos que la consulta del libro sea del agrado de usted y contribuya a la exigibilidad del DA en Colombia y países vecinos.

We want to share the main conclusions of the book, which is available in its entirety on the web page of FIAN Colombia (www.fiancolombia.org). We hope that you enjoy consulting the book and that it contributes to the enforceability of the right to food in Colombia and neighbouring countries.

Conclusiones La garantía plena del DA va más allá de distribuir alimentos básicos a las personas vulnerables. Siendo la alimentación un proceso, que implica tanto la producción, transformación, intercambio y consumo de los alimentos en un intrincado circuito de relaciones culturales, sociales, políticas y económicas, la realización del DA pasa por asegurar que en un país o comunidad dada no existan impedimentos para que las personas o los colectivos humanos puedan decidir autónomamente cómo controlan y se benefician de cada uno de esos componentes del proceso alimentario. En ese sentido, cobran particular importancia conceptos como los de soberanía y autonomías alimentarias, los cuales llaman la atención sobre el derecho de las naciones, pueblos y comunidades de controlar su propio proceso alimentario. En la medida que estos conceptos han ido adquiriendo mucha

as in 2008 and 2010,4 a wide variety of social and human rights organisations, as well as recognised experts and academics joined forces, shared knowledge and areas of expertise and struggles to write the book “A Hungry Colombia: A Negligent State and Communities in Resistance. Third report on the situation of the Right to Food in Colombia 2013”. This is a book that uses a methodology based on the most rigorous international standards for monitoring the situation of the right to food, i) it analyses both the precarious situation of that right in Colombia and the deplorable role that the State has in continuing and deepening the violations of the right to food; and, ii) it disseminates and places in a proper context valuable experiences of community and social resistances that seek to contain such violations and/or propose/ support alternatives of self development focused on the defence and promotion of the right to food.

Conclusions The full guarantee of the right to food goes beyond distributing basic foodstuffs to vulnerable people. Given that food is a process that involves production, transformation, exchange and consumption of foodstuffs in an intricate circuit of cultural, social, political and economic relationships, the fulfilment of the right to food means that in a given community there are no obstacles to people or collective groups autonomously deciding how to control and benefit from each of the stages of the food process. In this way, concepts such as food sovereignty and food autonomy take on special importance, which draws attention to the right of nations, peoples and communities to control their own food production process. To the extent that these concepts are increasingly accepted amongst the campaign platforms of networks and organisations, one can say that they have changed from being statements and become principles and horizons of struggle. Resumen Ejecutivo

3 fuerza en las plataformas reivindicativas de redes y organizaciones, puede afirmarse que de enunciados han pasado a ser principios y horizontes de lucha. La aceptación dada por las organizaciones sociales a los conceptos/principios de soberanía y autonomías alimentarias se relaciona también con el hecho de que los elementos constitutivos del DA, tal como han sido formulados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, atañen a uno o varios de los elementos propios del proceso alimentario. Esta complementación ha permitido que las organizaciones tengan cada vez más clara la pertinencia de exigir la alimentación como derecho y como forma de realización propia de sus proyectos de vida. Entre los avances más recientes orientados a establecer las acciones básicas que los Estados deben implementar en el tema alimentario tenemos las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. Si bien son instrumentos que carecen de carácter vinculante, se ha reconocido su importancia como fundamento para implementar ejercicios de monitoreo y vigilancia de las acciones estatales en materia alimentaria y de gobernanza de los recursos naturales. Dichos ejercicios pueden ser desarrollados por las propias organizaciones sociales y titulares del DA, tomado como base esas directrices, lo que permitiría ampliar las capacidades de las personas en el tema alimentario y sus posibilidades de incidencia exitosa en espacios de rendición de cuentas, formulación de políticas alimentarias alternativas o, en su defecto, de seguimiento a las implementadas por las autoridades. La política minero-energética que propone e implementa el Estado colombiano, avanza como locomotora imparable hacia un espejismo de desarrollo que arrastra al país a un abismo donde no se atienden las verdaderas necesidades de su población. Esta locomotora se configura en realidad como una seria amenaza a múltiples derechos del pueblo colombiano, entre ellos el derecho a una alimentación adecuada. La prioridad que se da en los territorios a la explotación minera y a la producción energética, con sus inherentes impactos socio-ambientales, obvia de forma negligente las verdaderas necesidades productivas y alimentarias de un país como Colombia, donde los niveles de pobreza continúan siendo preocupantes, donde la alimentación de la

The acceptance of the concepts/principles of food sovereignty and food autonomy by social organisations is also related to the fact that the fundamental components of the right to food, as formulated by the relevant human rights instruments are related to one or more of the various components of the food process. This correspondence has meant that the organisations are increasingly clear about the appropriate nature of demanding food as a right and as a way of fulfilling their own life projects. Amongst the more recent advances made, aimed at establishing the basic steps that States must implement in the area of food, we have the “Voluntary Guidelines to support the progressive realization of
the right to adequate food
in the context of national food security” and the “Voluntary Guidelines On The Responsible Governance of Tenure Of Land, Fisheries And Forests In The Context Of National Food Security” Whilst these instruments are not binding in nature, their importance as the basis for monitoring and oversight activity of state measures in the area of food and the management of natural resources has been recognised. Such activities may be carried out by the very social organisations and holders of the right to food themselves, taking as their starting point these directives, which would increase the capabilities of people on the food issue and their successful intervention in spaces of accountability, formulation of alternative food policies or, failing this, monitoring of the policies implemented by the authorities. The mining and energy policy that the Colombian State proposes and is implementing advances like a runaway train engine towards a mirage of development that is dragging the country towards an abyss where the real needs of the population are not dealt with. This locomotive is in fact a serious threat to many rights of the Colombian people, amongst them the right to adequate food. The priority given to mining and energy production in the territories, with all the inherent socioenvironmental impacts, ignores in a negligent manner the real productive and food needs of a country like Colombia where the levels of poverty continue to be of concern, where meeting the food needs of the population is not fully met and where a considerable proportion of the population is rural and continues to gain their sustenance directly from the produce of the land and its waters. Thus the cumulative impacts and effects of large-scale mining-energy exploitation projects on the rights of the communities are absurd in environmental, social and cultural terms. This leads to a worrying deterioration in the human rights situation

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4 población no está satisfecha a cabalidad y donde una considerable proporción de su población es rural y continúa derivando su sustento directamente de los frutos de la tierra y de sus aguas. Así, el cúmulo de impactos y las afectaciones sobre los derechos de las comunidades a consecuencia de los proyectos de explotación minero-energética a gran escala, son un despropósito a nivel ambiental, social y cultural. Esto nos conduce hacia una preocupante regresividad de derechos humanos la cual merece la mayor de las atenciones por parte de las instancias competentes, para así eliminar las violaciones especialmente del DA. Teniendo en cuenta la realidad del país, su enorme proporción de población rural, la dependencia que ésta tiene de los frutos de la tierra para garantizar su sobrevivencia, y su importante aporte a la alimentación del resto de colombianos y colombianas, el establecimiento de una política minero-energética de las dimensiones que hoy tiene la que se encuentra vigente en el país, con sus previsibles impactos socio-ambientales, antes de atender las verdaderas necesidades productivas y alimentarias de la población rural y del resto de habitantes del país, se constituye en una amenaza efectiva contra el derecho a una alimentación adecuada. Adicionalmente, la industria minero-energética priorizada en el actual modelo de desarrollo colombiano ha redundado en la transformación profunda del modo de vida y la cultura tradicional de las comunidades étnicas y campesinas, que además de enfrentar los efectos y/o los riesgos del despojo y desplazamiento por parte de esa industria a gran escala, se enfrentan a constantes amenazas sobre sus de rechos colectivos e individuales, entre ellos su derecho a la alimentación. En Colombia se viene incrementando aceleradamente la dependencia alimentaria al mercado internacional, agudizándose esta situación por la entrada en vigencia de tratados de libre comercio y por la ausencia de regulaciones que permitan blindar la economía de la agricultura familiar campesina frente a la concentración del mercado en manos de monopolios agenciados por las Empresas Transnacionales de los alimentos o agroquímicas. El juego del libre mercado impuesto por la política neoliberal ha dejado al Estado con un papel mínimo frente a la regulación de los mercados internos de alimentos, retrotrayendo su papel como garante del DA. No existen mecanismos, instancias claras, ni herramientas, que permitan generar condiciones para que los mercados locales o formas tradicionales de intercambio alimentario por fuera de las “leyes del mercado” sigan existiendo o sean protegidos en el

which warrants the greatest attention of the relevant authorities in order to eliminate these violations, particularly those of the right to food. Taking into account the reality of the country, its large rural population, their dependence on the produce of the land in order to guarantee their survival as well as their important contribution to the food needs of the rest of the Colombians, the establishment of a mining-energy policy of the dimensions that the country currently has, with all the concomitant socioenvironmental impacts rather than deal with the real productive and food needs of the rest of the inhabitants of the country, has become an effective threat to the right to adequate food. Furthermore, the mining-energy industry which has been given high priority in the current Colombian development model has given rise to a profound transformation in the way of life and the traditional culture of the ethnic and peasant communities which besides facing the effects and risks of the plunder and displacement by such a large scale industry have to face constant threats to their collective and individual rights, amongst them the right to food. In Colombia there is a rapidly increasing rise in dependence on the international market for food. This has been accentuated by the coming into force of the free trade agreements and the absence of any regulations that facilitate the protection of smallholder agriculture in the face of the concentration of the market in the hands of monopolies managed by the transnational companies from the food or agrochemical sectors. The free market game, imposed by the neoliberal model has left the State with the minutest role to play in terms of regulating the internal food market, reducing its role as a guarantor of the right to food. There are no mechanisms, clear instances nor tools that facilitate the generation of conditions so that local markets or traditional forms of exchanging food, outside the “laws of the market”, continue to exist or be protected in the country, all of which will give rise to a deepening of the food crisis and social conflict. Rural policy is geared towards strengthening large scale productive processes aimed at the export market and the opportunities to obtain resources to reactivate smallholder based agriculture to supply the local internal food market from the standpoint of food sovereignty and autonomy are limited. The fulfilment of the right to adequate food requires a public policy in line with states’ obligations and a coherent institutional development that includes the coordination of those bodies that have responsibilities related to the right to food, horizontal integration, Resumen Ejecutivo

5 país, lo cual redundará en una profundización de la crisis alimentaria y del conflicto social. La política rural está orientada a fortalecer los proyectos productivos a gran escala y con orientación hacia la exportación, y son restringidas las posibilidades de acceso a recursos para reactivar la pequeña agricultura familiar y abastecer el mercado interno de alimentos desde una posibilidad de soberanía y autonomía alimentaria. La realización del Derecho a la Alimentación adecuada requiere una política pública acorde con las obligaciones estatales, y un desarrollo institucional coherente que incluya la coordinación entre los distintos entes que tienen a su cargo funciones relativas al derecho, integración horizontal, y en los niveles territoriales, integración vertical. La expedición del CONPES 113 de 2008, es un buen paso para ello, si bien por ahora es un aporte formal sin impactos visibles. El retraso en la formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la ausencia de una normatividad nacional que complemente la internacional, han sido cuellos de botella para la institucionalidad de la política pública. Dada la reciente formulación del Plan y la imposibilidad que existe ahora de valorar sus impactos, lo único constatable es que contamos apenas con acciones desarticuladas que no atacan las causas estructurales del hambre y la vulneración del derecho a la alimentación. A nivel local y regional los entes territoriales también cuentan con diversas obligaciones para la realización del derecho a la alimentación. La ciudadanía tiene la posibilidad de participar en la elaboración de los planes de desarrollo que es un instrumento por excelencia de la planeación del desarrollo y del cumplimiento de los derechos; sin embargo, los espacios de participación, en la práctica, tienen serios problemas operativos y logísticos para su funcionamiento. Es necesario que la política pública se fundamente en una visión amplia del derecho a la alimentación adecuada y no en una restringida de la seguridad alimentaria y nutricional, pues la primera nos permite incluir otras perspectivas como la de la exigibilidad, incluida la justiciabilidad del derecho, por parte de la ciudadanía y la sociedad civil. Existe una seria carencia en Colombia en términos de reconocer desde el Estado y la ley, los derechos consuetudinarios relacionados con el dominio y uso de los territorios y sus recursos por parte de las comunidades y pueblos rurales.

and in the regional bodies, vertical integration. The issuing of CONPES 113 of 2008 is a step in the right direction, though it remains, for now, a formal contribution without any visible impact. The delay in the formulation of the National Food Security and Nutritional Plan and the lack of national norms that complement international ones, are bottlenecks for public policy institutions. Given the recent formulation of the Plan and the impossibility of evaluating its impacts, the only thing that can be seen is that we just have disparate actions that do not deal with the structural causes of hunger and the infringements of the right to food. At a local and regional level, the territorial bodies also have various obligations to fulfil in relation to the right to food. People have the opportunity to take part in the elaboration of the development plans which are an excellent instrument for development planning and compliance with people’s rights. However, in practice, the spaces for participation face serious operational and logistical problems for their proper functioning. Public policy needs to be based on a broad vision of the right to adequate food and not on the restricted vision of food and nutritional security. The former allows us to include other perspectives such as enforceability, including judicial enforcement by citizens and civil society. There is, in Colombia, a serious lack of recognition by the State and in the legislation of consuetudinary rights related to the use and control of the territories and their resources by communities and rural people. In the context of a high concentration of land and other productive factors which make Colombia one of the most inequitable countries in the world, the ethnic groups and rural women in general face huge obstacles in accessing land and the necessary resources to work the land and provide for people, families and communities. There is an urgent need for the Colombian State to broaden the scope of participation of rural inhabitants, their leaders and organisations in those areas and decision making processes in which the territories, lives and resources of the rural population may be affected by the interests of the State or the companies. Thus state authorities and the private sector must take on board the unconditional respect for prior, free and informed consultation. Likewise the rural population, through their organisations and representatives, should take part and be taken into account in processes where laws affecting the rural sector, policies and plans are drawn up.

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6 En un contexto de alta concentración de la tierra y demás factores productivos, que hace a Colombia uno de los países más inequitativos del mundo, los grupos étnicos y las mujeres rurales en general, enfrentan grandes obstáculos para acceder a la tierra y los recursos necesarios para su aprovechamiento y el sustento de las personas, familias y comunidades. Urge que el Estado Colombiano amplíe los espacios de participación de los(as) pobladores(as) rurales, sus líderes y organizaciones, en aquellos ámbitos o procesos de decisión en donde los territorios, vidas y recursos de la población rural pueden ser afectados por los intereses del Estado o las empresas. En ese sentido, el respeto irrestricto del derecho a la consulta previa, libre e informada, debe ser asumido por las autoridades estatales y el sector privado. De igual manera, permitir que la población rural, mediante sus organizaciones y representantes, puedan participar y ser tenidos en cuenta en los procesos de formulación de leyes atinentes al sector rural, sus políticas y planes. La población rural enfrenta serias restricciones en el acceso a la tierra y sus recursos, incluso en el control propio de sus territorios, a consecuencia de las actividades extractivistas que asolan el campo colombiano. Estas, que no cuentan con prácticamente ningún control por parte del Estado, están originando serias violaciones de los derechos humanos y profundizando el conflicto social, económico e interno del país. La defensa de los derechos de las poblaciones rurales, entre los que se cuenta el de acceder a la tierra y sus recursos, es una de las actividades más peligrosas en el país. Son innumerables las amenazas y varias las muertes entre los líderes y lideresas rurales, sin que hasta ahora sean evidentes esfuerzos sinceros, coherentes y efectivos por parte del Estado para detener este recrudecimiento en la violación de los DDHH de estas poblaciones. Hay en Colombia una amplia normatividad relacionada con la calidad e inocuidad de los alimentos. No obstante, existen muchas quejas en torno a la calidad e inocuidad de los alimentos expendidos y consumidos en el país, y los procesos mismos de vigilancia. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los controles implementados por las entidades estatales se centren en los pequeños y medianos productores y no en los grandes importadores y comerciantes. No existen leyes ni mecanismos efectivos de vigilancia en torno al uso y consumo en Colombia de alimentos genéticamente modificados o elaborados / transformados en procesos productivos altamente contaminantes de los alimentos y el ambiente.

As a result of the extractivist activities that ravage the Colombian countryside the rural population faces serious restrictions in accessing land and its resources, even in their control over their own territory. In practice, there is virtually no control over these activities by the State and this gives rise to serious human rights violations and deepens the socio-economic internal conflict in the country. The defence of the rights of the rural people, including the right to access the land and its resources is one of the most dangerous activities in the country. There have been countless threats and a number of murders of rural leaders, without any apparent sincere coherent efforts made by the State to put an end to this escalation in the violation of the human rights of this group of people. In Colombia there is wide range of norms dealing with food quality and safety. However, there are many complaints about the quality and safety of the food sold and consumed in the country and also of the control mechanisms themselves. It is noteworthy that many of the controls implemented by state bodies are focused on small and medium sized producers and not on large-scale importers and traders. There are no effective laws or oversight mechanisms around the use and consumption of genetically modified organisms or those that are elaborated / transformed in productive processes that are highly contaminating of both the food and the environment. The negligible phytosanitary controls of imported food faces huge obstacles due to the free trade agreements, in as far as the phytosanitary barriers are weakened in the agreements in order to facilitate the importation of food or raw materials from other countries to ours. Colombia lacks a system of control and supervision of food and nutrition which periodically reports on the nutritional situation of the population, broken down on a departmental, municipal level and also of vulnerable groups as part of a monitoring strategy that generates timely warnings that facilitate taking of action to make progress in the guarantee of the right to food in the country. Hidden hunger, malnourishment and food insecurity in homes is found in an important percentage of the Colombian population, especially amongst more vulnerable groups, such as indigenous people, the internally displaced and lower socio-economic group etc. Despite this, there is no coherent public policy on the part of the State to deal with the structural causes of this problem. On the contrary, there is an abundance of welfare programs that make no advances in guaranteeing the right to food. Resumen Ejecutivo

7 El exiguo control fitosanitario a los alimentos importados se enfrenta a grandes obstáculos a consecuencia de los tratados de libre comercio, en la medida que las barreras fitosanitarias son debilitadas en los acuerdos para facilitar la importación de alimentos o insumos de los otros países, al nuestro. Colombia carece de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional el cual de cuenta periódicamente de la situación del estado nutricional de la población, desagregado a nivel departamental, municipal y en poblaciones vulnerables, como estrategia de monitoreo y generación de alertas oportunas para la implementación de acciones que permitan avanzar en la garantía del DA en el país. El hambre oculta, la desnutrición y la inseguridad alimentaria en los hogares, se presentan en un importante porcentaje de la población colombiana, especialmente en aquella más vulnerable como indígenas, desplazados y población de estratos socioeconómicos más bajos, entre otras. Pese a esta situación, no existe una política pública coherente por parte del Estado para resolver las causas estructurales de esta problemática en el País y por el contrario prevalecen acciones asistencialistas que no logran un avance en la garantía del DA en Colombia.

Excess weight and obesity are to be found in 52% of the adult population, regardless of gender, socioeconomic group, ethnic group, etc. This is associated with the consumption of nutritionally deficient food, and unhealthy lifestyle amongst other factors. The measures laid down in the relevant regulations have not managed to resolve this. In addition, this is compounded by the media, which are not regulated by the State that facilitates the promotion of the consumption of foodstuffs with high calorie content and low nutritional value, all of which increases the risk of morbidity due to Chronic Non-communicable Diseases – NCD. The Cross Sector Commission on Food and Nutritional Security (CISAN) laid out in CONPES 113 of 2008 was set up through Decree 2005 of 2009 of the Ministry of Social Protection with the aim of agreeing upon a National Food and Nutritional Plan 2008-2017, within six months of its conformation. Despite this requirement, it is only recently that this public instrument which must clearly define the actions and strategies of the institutions charged with guaranteeing food and nutritional security in the country was made public. This is proof of the minimal attention being given by the State to its obligations regarding the right to food.

El sobrepeso y la obesidad se presenta en el 52% de la población adulta, independientemente del género, nivel socioeconómico, etnia, entre otros, lo cual está asociado al consumo de una alimentación nutricionalmente inadecuada, estilos de vida poco saludables, bajo poder adquisitivo y falta de educación alimentaria, entre otras, que no han logrado ser resueltas a través de las acciones establecidas en la normatividad relacionada con el tema. Sumado a lo anterior, esta problemática es afectada de manera importante por los medios de comunicación no regulados por el Estado, permitiendo la promoción del consumo de alimentos con elevado nivel calórico y bajo valor nutritivo, que aumentan el riesgo de morbilidad por Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ECNT. La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) definida por el CONPES 113 de 2008, fue conformada mediante decreto 2055 de 2009 del Ministerio de Protección Social, con el objeto de concertar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017, dentro de los seis meses siguientes a su conformación; pese a este requerimiento, apenas en meses recientes se dio a conocer esta herramienta que debe definir claramente las acciones y estrategias de las instituciones encargadas de la garantía de seguridad alimentaria y nutricional en el País. Esto es una prueba más de la precaria atención que el Estado colombiano está dando a sus obligaciones frente al DA. Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

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1  El libro tiene como instituciones autoras a: FIAN Colombia; Asociación de Trabajo Interdisciplinario; Consejo Comunitario Palenque Monte Oscuro; Organización Femenina Popular; Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna; Movimiento Campesino de Cajibío; ECOLPROVYS; Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional - OBSAN; y, ASOPRODAGRO. Las instituciones o iniciativas que apoyaron la elaboración de este informe fueron: FIAN Internacional; Proyecto LAR; la Netherlands Organisation for Scientific Research - NWO; HEKS Colombia; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; y, la Federación Luterana Mundial. 2  Los informes elaborados en 2008 y 2010, ampliamente conocidos en el medio, se titularon respectivamente: “El derecho a la alimentación en Colombia: situación, contextos y vacíos”, y, “Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo informe sobre la situación del derecho a la alimentación en Colombia”. Ambas publicaciones se encuentran disponibles en su formato electrónico en: www.fiancolombia.org

3  Executive Summary translated by: Gearóid Ó Loingsigh. The Institutional authors of the book are: FIAN Colombia; Asociación de Trabajo Interdisciplinario; Consejo Comunitario Palenque Monte Oscuro; Organización Femenina Popular; Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna; Movimiento Campesino de Cajibío; ECOLPROVYS; Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional - OBSAN; y, ASOPRODAGRO. The Institutions and processes that supported the elaboration of this report were: FIAN International; LAR Project; the Netherlands Organisation for Scientific Research - NWO; HEKS Colombia; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Colombian Platform for Human Rights, Democracy and Development); and the Luthern World Federation. 4  The reports drawn up in 2008 and 2010 were widely disseminated are were respectively titled: “The Right to Food in Colombia: Situation, Context and Weaknesses” and “Hunger and Violations of the Right to Food in Colombia. Second report on the right to food in Colombia”. Both publications are available in electronic format on the website www.fiancolombia.org

Organizaciones coautoras:

Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro

ASOPRODAGRO

Con el apoyo de:

Colombia

www.fiancolombia.org

Resumen Ejecutivo