Jueves 3 de marzo de 2016 Año XXXIII

Nº 1.401

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Bartolomé Mitre 2162 C1039AAB Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Macri en el  Congreso de los buitres Pág. 3

MARIANO FERREYRA LA LUCHA CONTINUA

ABAJO EL PACTO BUITRE DE GRIESA, MACRI Y EL CONGRESO

foto:nacho smith

En un tiempo récord, el Congreso se apresta a aprobar uno de los acuerdos más entreguistas de la historia nacional. Es el que premiará a un grupo de especuladores financieros internacionales con un pago contante y sonante de más de 10.000 millones de dólares. Para algunos de ellos, esa suma representa quince veces el valor que invirtieron en la deuda argentina, hace más de una década. Después de una década de pago serial de la deuda usuraria, el macrismo se apresta a un hipotecamiento mayor. Los opositores, Massa, el kirchnerismo o el centroizquierda, todos ellos cómplices del endeudamiento del pasado, se aprestan a convalidar este saqueo. A cambio de ello, esperan que los usureros socorran

a sus provincias y municipios quebrados. Pero la garantía que pedirán para volver a prestar está cantada: “ajuste fiscal”, no a costa de las petroleras o mineras, sino de miles de puestos de trabajo. Y nuevos tarifazos. Y sostener la confiscación del impuesto al salario. Dentro del Congreso, a través de nuestros diputados y en las calles, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda batallarán contra este pacto colonial. ¡Abajo el pacto buitre! Investigación y repudio de toda la deuda usuraria, un mecanismo de opresión nacional y de expoliación de la mayoría trabajadora.

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Políticas

Del arreglo colonial al FMI

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l “plan de labor parlamentaria” del Congreso fue redactado en Nueva York, en las oficinas del juez Griesa. Hace dos semanas atrás, el juez había permitido que Argentina volviera a cumplir con sus pagos de deuda con quienes se acogieron a los canjes anteriores si el Congreso derogaba las llamadas “leyes cerrojo”. Para ser más claro, Griesa fijó como cierre de negociaciones al 29 de febrero -o sea, un día antes de la inauguración del año legislativo. Ahora, alcanzado el acuerdo con el fondo de Paul Singer, se ha fijado la fecha límite del 14 de abril para su pago -o sea, el plazo necesario para que Diputados y Senadores pongan el gancho. Un comentarista político destacó que, para convencer a Griesa a que destrabe el litigio, el negociador del macrismo le explicó “la renta extraordinaria que obtendrían los holdouts”, o sea, que tuvo el ‘mérito’ de detallarle la magnitud de la entrega nacional. En el acuerdo cerrado el lunes pasado, el Fondo de Paul Singer recibirá el 100% del capital de bonos defolteados que fueron comprados a una cifra entre cinco y diez veces inferior a su valor de emisión. Por una deuda de 5.900 mi-

llones a los buitres más duros, el gobierno le reconocerá 4.800 millones, o sea, casi el 80% de lo demandado. Los litigantes obtendrán en promedio quince veces más de lo que “invirtieron” por estos bonos. En su conjunto, la cancelación de toda la deuda con los buitres -incluyendo a acreedores italianos y otros bonos emitidos en euros- demandará unos 8.000 millones de dólares. Pero para cancelar al contado la hipoteca, Argentina emitirá bonos de deuda a una tasa estimada en el 7% anual. Teniendo en cuenta los intereses a pagar, y la necesidad de emitir un valor nominal de títulos superior a la deuda a cancelar, aquella factura podría elevarse a más del doble. El Congreso se apresta a refrendar el acuerdo más leonino en la larga historia de la deuda usuraria.

Primero, el ajuste Alfonso Prat Gay, el ex empleado del banco que financiará esta operación leonina, justificó el acuerdo sosteniendo que los préstamos que aparecerían después de cerrar con los buitres evitarían un “ajuste brutal”. Con ello, ha pretendido asociar el reendeudamiento a un pre-

tendido ‘gradualismo’. Sin embargo, los voceros financieros ya han advertido que la nueva deuda está atada a la “cuestión fiscal”, o sea que el ajuste debe preceder a los nuevos préstamos. Los ´gradualistas´ deberán exhibir, con miles de despidos y nuevos tarifazos, las garantías que ofrece Argentina para volver a endeudarse. En los mismos días en que se avanzaba con el pacto buitre, el FMI volvió a incluir en sus informes los reportes sobre la economía argentina. El paso siguiente

será la adhesión del país al régimen de “intercambio informativo” (artículo IV). Es el puntapié inicial para un monitoreo del ajuste por parte del capital financiero. Al interior de Argentina, el gobierno replicará esta vigilancia contra las provincias, como condición para habilitar a su propio reendeudamiento. El futuro régimen de coparticipación, por lo tanto, será otra criatura del acuerdo con Griesa y el capital financiero. El gobierno se lanza con desesperación a este acuerdo leoni-

no -y al socorro financiero que espera alcanzar con él- cuando la pretensión de una salida ordenada o gradual del régimen económico anterior hace agua. El dólar supera los dieciséis pesos y el gobierno acentúa la suba de intereses -y la recesiónpara contener la sangría de divisas. Pero la tabla de salvación del capital financiero será todavía más pesada, y acarreará mayores desequilibrios económicos y crisis políticas.

Marcelo Ramal

Dólar futuro: desfalco K y complicidad macrista E

n el discurso de apertura, Macri no hizo la menor referencia a la hipoteca que pesa sobre el país derivada de los contratos de dólar futuro llevada adelante en el tramo final del mandato de Cristina. La omisión es tanto más sugestiva en momentos en que el juez Bonadío acaba de llamar a indagatoria a la ex presidente por dicha operatoria. El costo de estas operaciones podría llegar a ser la mitad de lo que se calcula que habrá que pagar a los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Griesa. El país deberá cargar con las pérdidas del BCRA como consecuencia de los compromisos que firmó de venta de dólar futuro (entre enero y junio), a 10,40 pesos, especialmente con bancos y cerealeras. Ahora, el Banco deberá pagar a los beneficiarios la diferencia con la cotización actual de la divisa -unos cinco pesos-, lo que podría llegar a la friolera de 100.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que los compromisos involucran unos 20.000 millones de dólares.  Los funcionarios kirchneristas se justifican diciendo que una victoria de Scioli no hubiera llevado a la devaluación y por consi-

guiente se hubiesen evitado esas pérdidas. Pero no aclaran por qué no se dejó de realizar esa operatoria con el dólar futuro apenas se conoció el resultado que ponía a Macri al borde de una victoria, en especial por el triunfo de María Eugenia Vidal. Vanoli procuró minimizar la pérdida asegurando que el Banco Central había ganado 200 mil millones de pesos gracias a la misma devaluación macrista. Se refería a la valorización que esa devaluación había provocado en los activos del Banco Central -reservas y títulos públicos. Pero esta valorización sólo vale como ganancia contable. “La pérdida en el mercado de futuros es, por el contrario, efectiva: el Banco deberá emitir 100 mil millones de pesos para cancelar los contratos. Por otro lado, la valorización de los títulos públicos en la cartera del mismo banco determina una pérdida para el Tesoro. Esta cifra, además, representa la tercera parte de la deuda del Banco Central y, por otro lado, de la base monetaria, luego deberá absorber ese dinero mediante bonos -los cuales rinden alrededor del 35% anual” (“Milagro Sala es una monjita”, extraído del Facebook

de Jorge Altamira). La responsabilidad de los K está a la vista, pero el macrismo no queda a salvo. El gobierno actual dice que procedió a efectuar una quita, reteniéndole un 35 por ciento en concepto de impuesto a las ganancias, a los beneficiarios de esa operatoria. Pero lo que no dice es que quedaron exceptuados de la misma quienes operan en el Mercado abierto electrónico (MAE) donde se realizaron las principales transacciones y en las que operan los bancos. Las instituciones bancarias, precisamente, acaban de anunciar ganancias récord en el año 2015 y parte de esas utilidades se originaron en esta operatoria espuria y, de un modo general, en sus operaciones con letras y títulos públicos de la deuda. El carácter fraudulento de la operatoria es tan desvergonzado que el nuevo presidente del Banco Central insinuó al asumir sus funciones que habría que anular esos contratos. La sola insinuación de esa posibilidad, puso el grito en el cielo de operadores financieros y, en primer lugar, de los bancos. Estos últimos denunciaron que el desconocimiento de los contratos equivalía a un defol en momentos en que el

país apuntaba a un arreglo con los fondos buitre para salir de ese estado. Los bancos, incluso, amenazaron con soltarle la mano al gobierno y dejar en suspenso el crédito puente y el ingreso de divisas que estaban tramitando en vistas a apuntalar las reservas del BCRA. Sturzenegger metió rápidamente violín en bolsa, lo cual no puede sorprender pues el actual presidente del Banco Central, así como Prat Gay, ya cargan con otro desfalco, comprometidos en otro megacanje en la época de Cavallo, tan turbio como el actual, y en la fuga de divisas

que culminó con el corralito. El pago de los contratos de dólar futuro y el arreglo con los buitres son dos caras de la misma moneda. Son expresión de la sumisión nacional a los dictados del capital financiero, que moldea el régimen político a la medida de sus intereses. A los 15.000 millones de dólares que asciende el arreglo con los holdouts, hay que sumarle los 6.000 que representa este segundo fraude. Resumiendo, en lugar de uno, tenemos… dos pactos buitres.

Pablo Heller 

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Los trabajadores del Conicet de Necochea y Quequén nos organizamos frente al ajuste. Mariano Schlez Mendoza: enorme movilización docente. Martín Dalmau Merlo: un diálogo trucho que no resuelve nada. Analía Pascual Cuenca del Salado: 40 años de fracasos. Corresponsal Los secundarios se organizan. Lucas V. Ex ypefianos votaron movilizarse el 1° de marzo. Silvia Jayo

Editorial

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Macri en el Congreso de los buitres 

GABRIEL SOLANO

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l kirchnerismo se quejó injustamente con Macri por el contenido de su discurso en la Asamblea Legislativa. Ocurre que en su repaso de la ‘herencia recibida’ omitió el punto más importante. Nos referimos al crecimiento de la deuda pública durante el gobierno anterior, que ya supera los 250.000 millones de dólares, sin contar aún los pagos que se realizarán a los fondos buitres ni la deuda de otros 20.000 millones que el BCRA tiene con la banca privada. Macri también omitió mencionar el pago de casi 200.000 millones de dólares por parte de la administración kirchnerista, lo que no impidió el crecimiento de la deuda, condujo al vaciamiento financiero del país y explica los desequilibrios económicos ‘heredados’. Aunque mucho le duela a La  Cámpora,  el discurso de  Macri es un aval implícito al relato del ‘desendeudamiento’ con el que tanto batieron el parche los propagandistas del kirchnerismo. Ahora ese relato es ‘funcional’ a la política de mega-endeudamiento que el gobierno piensa inaugurar con el pago a los fondos buitre. Los bonos por 15.000 millones de dólares que Prat Gay emitirá  a una tasa usuraria del 7% anual vienen a engrosar una cuenta que deja a Argentina al borde de la bancarrota, con una deuda equivalente a dos tercios de su PBI. Se trata de deuda para pagar deuda o cubrir un déficit fiscal creciente, por las mayores concesiones dadas a los capitalistas. Es el caso de la eliminación de las retenciones agropecuarias y mineras, o los subsidios a los monopolios petroleros. Mientras en Argentina los economistas vinculados al gobierno y a la oposición dicen que la coyuntura internacional es propicia para abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, un vocero calificado del capital financiero como el Financial Times

1976 - 2016

24 DE MARZO Marcha de Congreso a Plaza de Mayo 14:30 hs

alerta en un reciente artículo con que una emisión masiva de deuda argentina puede terminar en un fracaso.

Una escribanía buitre  Macri sabía de antemano que su pedido de que el Congreso apruebe el pacto con los buitres sería atendido con premura. En el plenario del Partido Justicialista realizado días atrás,  la moción de rechazar el acuerdo con los buitres nunca llegó siquiera a ser considerada. Los gobernadores presentes dejaron en claro que votarán el acuerdo con las dos manos, porque ellos mismos están en busca de un endeudamiento para sus provincias. El bloque de senadores del PJ, comandado por Pichetto, también anticipó que votará a favor para “cuidar la gobernabilidad”. De este modo se armó el viejo truco del policía bueno y el policía malo: el bloque de senadores del FpV votará a favor pues sus votos son indispensables para aprobar el acuerdo, mientras en diputados podrán votar en contra ya que sus votos no son necesarios. La maniobra quedó al descubierto cuando todos aceptaron armar una conducción única del partido detrás de Barrick-Gioja.  Los votos para el acuerdo con los buitres también vendrán del nuevo tándem que se ha formado en la última semana, la dupla Mas-

sa-Stolbizer. Con la hipocresía que caracteriza al progresismo criollo, han decidido ocultar el significado histórico de este pacto entreguista presentando una ‘agenda social’, cuya realización es incompatible con el sometimiento al capital financiero y el pago de la deuda usuraria. Hablar del 82% móvil o de la suba de las escalas del impuesto al salario mientras se vota un endeudamiento colosal en beneficio de los usureros internacionales es peor que un contrasentido, es un acto de cinismo que debe ser denunciado implacablemente.

al Congreso. El voto favorable al pacto con los buitres compromete a todos ellos en una ofensiva antiobrera común.  Los planes en ese sentido ya son públicos. Los miles de despidos en el Estado ejecutados hasta ahora podrían duplicarse o triplicarse en el próximo período. En el mismo momento que Macri hablaba en el Congreso, 600 trabajadores de Atucha eran despedidos. Los despidos y suspensiones alcanzan a la industria y el comercio. En la UOM peligran 10.000 puestos de trabajo. La recesión es un instrumento para golpear al salario de cara a las paritarias. La burocracia sindical está jugada en la misma orientación. Esto alcanza incluso a su ala izquierda, como lo prueba el rápido acuerdo que firmó la Ctera con el gobierno, que destruye el Estatuto del Docente y deja a la masa de los trabajadores de la educación con salarios por debajo de los 10.000 pesos. Los Moyano, Barrionuevo y compañía han convalidado la continuidad del impuesto al salario, lo cual pretende disimularse con un debate parlamentario tramposo en el que los trabajadores llevan siempre las de perder.

A la acción  Más ajuste  A la hora de justificar el vergonzoso acuerdo con los buitres, que embolsarán en algunos casos beneficios superiores al 6.000%, se ha armado un nuevo relato que consiste en afirmar que el endeudamiento que busca el gobierno y los gobernadores viene a impedir o al menos moderar el ajuste en marcha en el país. Quienes difunden esta especie pretenden ocultar que el endeudamiento tiene una contraparte que el gobierno debe cumplir, y es asegurar la capacidad de pago de la deuda contraída. Pero ello sólo es posible profundizando el ajuste en marcha contra los trabajadores, que Macri quiere aplicar teniendo el reaseguro de un frente amplio que abarque a los gobernadores y

A 40 años del golpe genocida  Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos ¡presentes! • No al ajuste, el saqueo y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. • Contra la teoría de los dos demonios. No a la reconciliación. • Cárcel ya a todos los genocidas. • Apertura de todos los archivos.

Los próximos 30 días convertirán al país en un laboratorio político acelerado. El voto favorable del Congreso a favor del pacto con los buitres debe ser denunciado por medio de una campaña general, movilizaciones y actos. Ello servirá para una clarificación de los intereses sociales que representa cada fuerza política en el país. En la misma línea deben inscribirse todas las iniciativas de repudio a la llegada de  Obama, cuyo carácter provocador aumenta siendo que ocurrirá en las vísperas del 40˚ aniversario del 24 de Marzo.  La izquierda tiene una oportunidad excepcional para tomar la iniciativa y transformarse en la oposición política al gobierno macrista del ajuste y la entrega.  

• Restitución de la identidad a los jóvenes secuestrados. • Recuperación del Banco Nacional de Datos Genéticos. • No a los despidos. No al tarifazo. Paritarias sin tope. • Contra la criminalización de la protesta. No al protocolo represivo. • No a la criminalización de la pobreza y la juventud. •Derogación de las leyes antiterroristas. • Basta de infiltración y espionaje al movimiento popular.

ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

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Políticas

La Asamblea de parlamentarios del PO votó un plan de acción E

Provincias Un punto de debate fue la profunda crisis que atraviesan las provincias, producto de décadas de vaciamiento a favor de los pulpos mineros, sojeros y petroleros. Ahora, el pacto con los buitres alienta a los gobernadores, de todo pelaje político, a tramitar un nuevo endeudamiento para refinanciar las deudas provinciales. En el interior, los gobernadores buscan alinear a todos los bloques políticos y sindicatos en pos de la exigencia de fondos. Detrás de esa unidad, buscan luego el consentimiento de opositores y de la burocracia sindical con la política de ajustes. Los parlamentarios del PO denunciamos el ajuste nacional, que exprime a las provincias a cuenta del capital financiero, pero también

la extorsión de los gobiernos locales que vaciaron la salud pública, la educación y mantuvieron jubilaciones de miseria a favor de los pulpos empresariales. Nos oponemos al ajuste, a un nuevo endeudamiento. Las deudas provinciales deben ser investigadas. Reclamamos la apertura de los contratos de la obra pública. Planteamos un régimen impositivo basado en impuestos progresivos al capital minero, petrolero, del agro y a la renta financiera, donde el presupuesto de gastos asegure las urgentes demandas sociales.

Agenda Nuestras bancas servirán como una plataforma de agitación política para desarrollar una salida obrera a la crisis. Un punto importante será la lucha por la abolición del impuesto al salario, como punta de lanza para la preparación de un nuevo paro nacional, frente al fraude de los cambios realizados por el macrismo. Nuestro proyecto de abolición del impuesto a las ganancias, sobre todo salario de convenio, será una herramienta para contribuir a la deliberación en el movimiento obrero. Nuestros parlamentarios organizarán reuniones con comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas, promoviendo el debate y recogiendo pronunciamientos. Otros temas de la agenda serán la prohibición de despidos y suspensiones, un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil, los derechos de las mujeres trabajadoras, una campaña nacional contra la megaminería contaminante y por la nacionalización integral de nuestros recursos naturales, donde contamos con un proyecto cuya autora es Soledad Sosa, quien recorrerá las provincias mineras impulsando reuniones abiertas con trabajadores mineros y movimientos ambientalistas. La campaña por la derrota del Protocolo y contra las políticas represivas será un punto nodal de nuestra intervención y agitación parlamentaria. Ya realizamos una exitosa audiencia con organizaciones obreras y de derechos humanos contra el protocolo y otra que reunió a 70 luchadores ambientales de todo el país, con centro en la lucha contra la minera Agua Rica. La Asamblea resolvió reforzar la coordinación nacional del trabajo parlamentario, de cara a los grandes desafíos planteados.

Mariela Solesio

EN EL INICIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO

Acto contra el pacto buitre

Ignacio Smith

l 25 y 26 de febrero se reunió la Asamblea parlamentaria del PO, con la presencia de 30 compañeros que representan bancas en el Congreso, legislaturas provinciales y concejos municipales de ocho provincias del país. El primer punto que se abordó fue la apertura de sesiones, donde se refrendó la posición partidaria de no concurrir a las sesiones inaugurales de todos los parlamentos. De esa forma, expresamos el rechazo al acuerdo con los fondos buitre, que constituirá una nueva hipoteca para el país, así como al brutal ajuste implementado por el oficialismo y la oposición de las provincias. La posición ha sido un éxito, porque nos colocó a la cabeza de la denuncia del pacto buitre y del papel de las fuerzas de Estado del Congreso. De entrada, los parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda se pronunciaron contra la domiciliaria de Pedraza y resolvieron movilizarse con toda la militancia partidaria a los Tribunales, en rechazo a la resolución judicial. La Asamblea deliberó sobre la crisis política y resolvió una agenda de intervención que tendrá como punto central el rechazo al ajuste y el rescate de los capitalistas, con la finalidad de contribuir a la agitación política nacional del PO frente a la crisis. Denunciamos los pactos que se están gestando en el Congreso para convertir al parlamento en una escribanía del capital financiero, toda vez que los bloques mayoritarios se aprestan a consumar el acuerdo con los buitres, con los mecanismos leoninos ya utilizados por Kicillof con Repsol y el Club de París.

En la inauguración de las sesiones ordinarias, el Partido Obrero desarrolló un acto en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde hablaron los diputados nacionales Soledad Sosa y Pablo López. Mientras se desarrollaba el acto, el diputado Néstor Pitrola caracterizaba ante numerosos medios el alcance del pacto entre Mauricio Macri y el Congreso para aprobar las leyes que reclaman el juez Thomas Griesa y los fondos buitre. En su discurso, la diputada mendocina Soledad Sosa explicó que los diputados del PO-FIT no asistían al comienzo de las sesiones ordinarias en rechazo a dicho acuerdo colonial. Por el mismo motivo, los legisladores provinciales del PO-FIT tampoco asistían a la inauguración de sesiones de sus respectivos distritos. “El daño que causa este pacto buitre va a ser resistido por el pueblo”, concluyó Sosa, que llamó a frenar el ajuste en las calles y explicó que los primeros meses del gobierno de Macri se han caracterizado por todo tipo de decretos y favores

al gran capital. Cerrando el acto, el diputado salteño Pablo López señaló que el Congreso “empieza a sesionar con una agenda que le dictó (el juez) Griesa desde Nueva York”, y denunció que el Congreso se apresta a aprobar en tiempo récord las leyes que reclaman los buitres. El acuerdo con los buitres supone un reconocimiento del orden de quince veces lo que invirtieron los acreedores en los bonos defolteados de Argentina, hace más de una década atrás. Con respecto al papel de los gobernadores peronistas, López destacó la división de tareas al interior del justicialismo: mientras un sector cacarea contra el acuerdo en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque de senadores, Miguel Pichetto, aseguró que darán todo el apoyo que sea necesario para alcanzar la aprobación de las leyes. El kirchnerismo, pagador serial de deuda, fue el primero que se esmeró en buscar un arreglo. López cargó contra el gobernador salteño Juan

Manuel Urtubey, firme partidario del acuerdo y punta de lanza del ajuste en su distrito. Haciéndose eco de la conferencia conjunta entre Sergio Massa (cuyos diputados apoyan el acuerdo) y Margarita Stolbizer, López concluyó que “el centroizquierda está de acuerdo con este pacto colonial”. El acuerdo con los buitres implicará una profundización del ajuste. “La otra pata es el protocolo antipiquetes -señaló López- que hay que terminar de derrotar con una movilización masiva el 24 de Marzo”. El importante paro estatal del 24 de febrero y la movilización multitudinaria a Plaza de Mayo demostró que “la clase obrera tiene las reservas para salir a enfrentarlo”. Los diputados del Partido Obrero defenderán dentro del Parlamento la agenda de lucha contra el ajuste, por el 82% móvil, contra el impuesto al salario, y por todas las reivindicaciones planteadas.

Corresponsal

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Mariano Ferreyra, esta lucha continúa

Una cadena de impunidad El significado de la prisión domiciliaria a Pedraza

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Bernardo Cornejo

a resolución del Tribunal N˚ 21, que le concede a Pedraza el beneficio de la libertad domiciliaria, es una tentativa de retomar la hoja de ruta trazada desde el mismo día del asesinato de Mariano Ferreyra, para conseguir la impunidad de los responsables políticos del crimen. La reacción popular inmensa que despertó en todo el país el asesinato de Mariano y las heridas gravísimas que sufrió Elsa Rodríguez impidió que este operativo de impunidad de consume. La condena a Pedraza; de su segundo, Juan Carlos “Gallego”  Fernández, y de los policías y barras que se asociaron para producir un acto de represión ejemplar contra los ferroviarios tercerizados, fue conquistada gracias a la movilización inmensa contra los poderes del Estado. Los trazos gruesos de la impunidad fueron formulados por Aníbal Fernández y la ex presidenta de la Nación. El primero, cuando señaló que la acción policial, que como luego se probó permitió el asesinato de Mariano, fue “ejemplar”. La segunda, con un discurso pronunciado a horas de cometido el crimen, en el que culpó a los compañeros de Mariano por realizar manifestaciones “violentas con palos”. La Presidenta, que luego recurriría a las palabras de su hijo sobre que la “bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor”, no tuvo empacho en ponerse del lado de los jefes políticos de la patota asesina. El punto culminante de la ofensiva contra los compañeros de Mariano sucedió, sin embargo, dos meses después. En diciembre, frente

a incidentes ocurridos en la estación de Constitución, el gobierno responsabilizó al Partido Obrero y mandó a detener a tres compañeros de lucha de Mariano. El titular del CELS, Horario Verbitsky, colaboró con denuncias inventadas de su propia cosecha, para involucrar a nuestro partido en los incidentes. Fue necesaria otra nueva movilización a Plaza de Mayo, también masiva, para hacer fracasar este plan siniestro. Incluso, ya entrado enero, se filtró a los medios una conversación de Pedraza con su hija, en la que se lamentaba por tener que ir a un acto oficial en la costa atlántica invitado por la Presidenta. Pedraza sería encarcelado recién en febrero de 2011. Esta trama de impunidad tuvo su expresión en el proceso judicial. En vez de impulsar una causa única, en la que se investigara la totalidad de la trama que derivó en el asesinato de Maria-

no, se la desguazó en varias partes, separando la investigación del asesinato de los manejos de fondos y subsidios que alcanzaban a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales. De todas las causas, la única que avanzó fue la del asesinato de Mariano. Las otras, en cambio, quedaron siempre cajoneadas. Esto vale tanto para la que debió investigar los manejos de los subsidios y su relación con las empresas tercerizadas manejadas por el propio sindicato de la Unión Ferroviaria, como para la que se siguió por el intento de coima de Pedraza a altos funcionarios judiciales. El fallo del Tribunal que condena a Pedraza, Fernández, policías y patoteros no es ajeno a esta política de impunidad. Los jueces calificaron el crimen de “homicidio simple” y no “calificado”, como reclamábamos desde el PO, argumentando que no había habido premeditación a la hora de reali-

zar el ataque criminal que costó la vida de Mariano. Para ello se desconocieron pruebas abrumadoras que mostraban lo contrario. El sentido de esta carátula no fue leguleyo sino político: sin premeditación ni organización previa para cometer el delito, y al dejarse fuera las motivaciones económicas, se limitó las responsabilidades a Pedraza, dejando fuera a funcionarios políticos y empresarios. De ahí el sentido estratégico de nuestra apelación, que fue rechazada por el mismo Tribunal que ahora otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Pedraza. El gobierno de Macri siguió a fondo la política ferroviaria que tuvo el kirchnerismo luego del asesinato de Mariano y de la masacre de Once, cuya piedra basal fue asegurarse el respaldo de la Unión Ferroviaria. La UF, comandada por los discípulos de Pedraza, respaldó la gestión del

ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, que en materia laboral recreó la tercerización de trabajadores en el ferrocarril a una escala enorme. La UF carnereó todos los paros convocados contra el impuesto al salario durante el último período del kirchnerismo, y ahora estuvo detrás de la ruptura del bloque de diputados del FpV que comandó Diego Bossio, pero que tiene como presidente a un patotero del Smata. La prisión domiciliaria para Pedraza es un convite en la mesa de la unificación de la CGT, que se promueve desde el gobierno para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el ajuste estatal-patronal. Para el pueblo argentino la decisión judicial que beneficia a Pedraza es una lección sobre las características reaccionarias del régimen político. Las movilizaciones populares profundas logran imponer excepcionalmente condenas a los explotadores y opresores, pero no cambian la naturaleza del Estado y de su clase social dominante. Estas esperan pacientemente para recurrir a todo tipo de artimañas y maniobras que resguarde la impunidad de su personal político -en este caso de la burocracia sindical. Inscribimos nuestra lucha contra este acto de impunidad y para que la Justicia anule la resolución que beneficia a Pedraza, en nuestro combate a fondo contra el régimen capitalista que pretende otra vez que la crisis la paguen los trabajadores.

Gabriel Solano

De la trama judicial a la batalla política E

l beneficio otorgado a Pedraza, y el sobreseimiento de los jueces involucrados en la causa por las coimas, ponen al desnudo la voluntad política de declarar el punto final tanto en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra como en sus investigaciones derivadas. La defensa de Pedraza ha solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria desde el mismo momento en que -previo al juicio- se le negó la excarcelación. Sistemáticamente, estos pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral Criminal Nº 21, hasta que el pasado 24 de febrero se le otorgó. No fueron las condiciones de salud de José Pedraza las que variaron. Los informes de los

médicos forenses son claros al afirmar “que no es un enfermo al que la privación de la libertad impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”, por lo que no cumpliría los requisitos fijados para el otorgamiento de este beneficio. La decisión fue tomada en base al informe del médico de parte (pagado por Pedraza), que vincula un deterioro de salud con una falta de cumplimiento en la atención de parte del Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza. Su argumento se basa en que Pedraza aumentó 10 kilos y eso se debe a que no recibe la dieta adecuada (como si Pedraza consumiera la comida brindada por el penal).

Los jueces valoraron que el “encausado contara con un espacio habitacional, asistencia económica y afectiva”, lo que lo llevó de Ezeiza al lujoso departamento de Palermo Chico, en un piso 35, donde la vista se extenderá de su dominio. El otorgamiento en forma arbitraria de este beneficio fue posible al consentir la fiscal María Luz Jalbet la medida. Esta fiscal, que fue titular en la fiscalía que lo juzgó, mostró sus simpatías hacia los acusados en la primer audiencia del juicio, coincidiendo con la defensa y atacando a la querella; luego de reprimir sus simpatías (tras el ataque de la que fue objeto por los medios de prensa) las ha dejado nuevamente a la luz.

Recordemos que la fiscalía se negó a acusar a los empresarios y funcionarios, a la vez que desvinculó del crimen, acusando por delitos menores, a los jefes de la Federal que dirigieron el operativo. A ello, se suma un Tribunal que había variado su composición, siendo integrado por dos jueces subrogantes Horacio E. Barberis y Liliana N. Barrionuevo -que aprobaron el beneficio. El único juez que permanecía de la constitución original, Diego Barroetaveña, votó en contra.

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El Código Procesal excluye a la víctima de poder controlar la ejecución de sentencia, dándelo parte a la querella sólo en el proceso hasta su sentencia, y privándola de cualquiera apelación en relación a la medida. La cárcel común a Pedraza será una batalla política que abordaremos no sólo con la movilización, sino con la lucha concreta contra la burocracia sindical y su régimen cómplice.

@PartidoObrero

Claudia Ferrero (Apel)

Partido Obrero

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Políticas

El nuevo giro en el caso Nisman El regreso de Stiuso o el acuerdo del gobierno con el viejo aparato de la Side

C

uando la sede del gobierno argentino termina de trasladarse a Washington y Nueva York, y el Poder Ejecutivo ajusta su política a la que se le dicta desde el despacho del juez Thomas Griesa, resulta lógico que el giro espectacular que se le ha dado al caso Nisman encuentre su centro en Antonio Stiuso (alias “Jaime” o “Stiller”), un hombre que se jacta de tener oficina propia en el edificio central de la CIA, en Langley. Aún así, o precisamente por eso, la espectacularidad esconde el vacío: todo es un montaje, una puesta en escena para aumentar el aislamiento de la camarilla kirchnerista y apretar el cerco contra ella. La causa Nisman, ahora en manos de la Justicia federal, no se resolverá porque ninguno de los supuestos investigadores está dispuesto a abrir los archivos de las cuevas de espionaje -en primer lugar la Side, o SI-, donde se entretejen crímenes y conspiraciones contra el pueblo. Por el contrario, el regreso en triunfo de “Stiller” indica que el nuevo gobierno ha reanudado los pactos

del anterior con viejos servicios, herederos de la dictadura militar (se debe recordar que, en su momento, fue Néstor Kirchner el que puso a Stiuso a trabajar en la causa Amia junto con Nisman). También esta arista del asunto tiene una lógica de hierro: si se abren esos archivos, van presos hasta los investigadores. La nueva coreografía comenzó cuando el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, consideró que Nisman fue asesinado y, en consecuencia, la causa debía pasar al fuero federal. El dictamen del fiscal tiene una lógica técnica contundente: de las pericias hechas en el país y en el extranjero se desprende que la pistola Bersa Thunder.22 de la que salió la bala que mató a Nisman produce al dispararse una fuerte emanación de gases de pólvora, pero la mano de la víctima no tiene rastro alguno; por lo tanto, Nisman no disparó. Y si no disparó, diría el maestro Perogrullo, es obvio que le disparó otro. Es decir, fue asesinado. Pero Sáenz va más allá y sostiene que la causa del homicidio fue la denuncia de Nisman

por el memorando con Irán. Es una suposición puramente política, al gusto del gobierno y de la embajada israelí. Sáenz, uno de los impulsores de la marcha del 18 de febrero del año pasado por Nisman, o el juez Claudio Bonadío -citó a la ex Presidenta, como se sabe, por el caso del fraude con la venta de dólares a futuro- ya no están solos. Ahora también Ariel Lijo aprieta el acelerador en el caso Hotesur. En otras palabras: se extiende el corrimiento del Poder Judicial hacia las tibiezas del nuevo poder político. Pero volvamos a Nisman.

Las “garantías” de Stiuso Apenas producido el dictamen de Sáenz se supo del regreso de Stiuso, quien dijo que ahora tiene “garantías” dadas por el nuevo gobierno. En otras palabras: Macri lo trajo, lo cual indica cuál será su política en materia de espionaje. El Proyecto X, producto de la desconfianza de Cristina Kirchner en una Side desintegrada, se revierte ahora a sus orígenes. La cueva tétrica de 25 de Mayo y Rivadavia vuelve a conocer días de esplendor.

Terminado el largo testimonio de Stiuso (17 horas) la jueza Fabiana Palmaghini, que persistentemente había negado la teoría del asesinato y se empeñó en negar el traspaso de la causa a un juzgado federal, como pedían las querellas, se declaró incompetente. Palmaghini aceptó sin más la tesis de Stiuso: a Nisman lo mataron y el crimen fue encubierto por CFK, Carlos Zannini y Aníbal Fernández, e involucró también a Cristóbal López. La jueza, ahora sí, se apartó del caso y lo trasladó, de súbito, al fuero federal. Además, denunció penalmente a la fiscal Viviana Fein, cosa que le permitirá al macrismo volver a la carga contra la jefa de los fiscales, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Todo a pedir de boca del gobierno. Este caso hiede por cualquiera de sus costados. Stiuso y Nisman, por instrucciones de Néstor Kirchner, fueron en su momento los encargados de pergeñar la teoría de inculpamiento de Irán en el atentado a la Amia, al punto que se desechó cualquier otra línea de investigación. Como alguna

vez admitió el propio Nisman, las fuentes de información que usaron para ese propósito fueron los informes que les suministraban la CIA, el FBI, el Mosad israelí e incluso las centrales de espionaje británica y alemana. Cuando se firmó el memorando con Irán, todo ese armado se resquebrajó. Desde entonces, la interna de la Side y de las fuerzas de seguridad se transformó en un intercambio brutal de “carpetazos” y hasta de plomo caliente, como se vio en el asesinato de Pedro Viale, “el Lauchón”, mano derecha de Stiuso en la Side y colaborador directo de un antiguo conocido de Macri: el proxeneta Raúl Martins, dueño de varios cabarulos de prostitución y drogas en la Argentina y en América central. (Según la hija de Martins, Lorena, su padre es un fuerte aportante a las campañas de Macri). Que se abran los archivos de la Side y de todos los servicios de inteligencia, que se disuelvan de inmediato esas cuevas de conspiradores contra el pueblo. Es, sin duda, un aspecto importante del sentido que deberá tener este 24 de Marzo.

Formosa: Estado en descomposición L

a provincia gobernada por Gildo Insfrán vuelve a la palestra nacional, esta vez por un caso de narcotráfico que involucra al riñón del gobierno, y revela el alto grado de descomposición del Estado provincial. El sábado 20 de febrero, Ramón Bareiro, funcionario provincial y asesor del ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, fue hallado casualmente por la Policía Federal con más de 50 kilos de cocaína, luego de que la camioneta del ministerio que conducía volcara en la Ruta 11. Bareiro, además de ser funcionario de la provincia y activo militante del PJ de Clorinda (fue candidato a concejal),

aportó una importante suma de dinero a las últimas campañas del FpV provincial. La causa Bareiro no es un rayo en cielo sereno, y varios casos del mismo estilo se acumulan en el prontuario provincial. El caso del concejal peronista Héctor Palma (se encontraron 700 kilos de cocaína en un campo que le pertenece, en Estanislao del Campo) o el de la, también, concejal justicialista  “la  Blanca” Denis, involucrados en causas similares en años recientes, dan testimonio fiel de una tendencia a una vinculación más estrecha entre el narcotráfico y el Estado. Mientras los narcos se enquistan en el poder, éste y

su legislación represiva (“ley del narcomenudeo”) sólo persigue, criminaliza y reprime a la juventud, duramente castigada por la desocupación y la precarización que asolan la provincia. El escándalo no podría ser más esclarecedor, ya que sus efectos salpican incluso a la oposición tradicional. La UCR, mientras carga tintas contra Insfrán -la cabeza agotada de este Estado descompuesto- busca cooptar por debajo de él al resto de la estructura. Precisamente, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, desafía hoy a Insfrán con el desbande, y amenaza con arrastrar a varios intendentes del PJ al FAF (Frente Amplio Formoseño). Celauro,

quien no se privó de llevar a Bareiro en su lista de concejales, tiene las puertas de la oposición abiertas. Claro, nada es gratis: el ministro de Agricultura nacional, Ricardo Buryaile, prometió un giro millonario al municipio de Clorinda con plata de Nación. La oposición tradicional tiene los mismos intereses y las mismas ambiciones que el grupo peronista gobernante. Más allá del cacareo contra el narcotráfico y la corrupción reinante , su política se asienta en el mismo maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del sistema, de un lado, y las organizaciones delictivas del otro. Su planteo más concreto hacia el narcotráfi-

“¿Quién Mató a Mariano Ferreyra?”, con Julián Morcillo y Christian Rath.

Sábado 5, 16 hs: Pasaje las Tunas 11184, Liniers. Con Pato P.

-23:30 hs: Jam de Jazz

Centro Cultural León León, Palermo, Nicaragua 4432 Jueves 3/3 - 19:30 hs. Cine debate:

Viernes 4/3

Sábado 5/3 - 21hs -Jornada cultural “Ciclo de Mujeres en Lucha” (Teatro, Música, poesía).

Fabián Servin (Partido Obrero Formosa)

CHARLA-DEBATE CON

AGENDAS MUJER Ciclo de charlas hacia el 8 de Marzo "La lucha por los derechos de las mujeres y contra el ajuste"

co es el engendro represivo y reaccionario de la “ley de derribo”. La lucha contra el narcotráfico involucra la lucha contra los aparatos de seguridad y los partidos políticos y punteros que lo amparan, como así también requiere la apertura de los libros de los bancos, núcleo vital del comercio ilegal de drogas, y la confiscación de los bienes de productores y banqueros, además de la nacionalización del juego y el sistema financiero. Requiere, además, terminar con la miseria social engendrada día a día por un capitalismo perverso y decadente.

-23hs: Ciclo de Jazz: Fernando Picado Project.

Inauguración del nuevo local de Villa Crespo Viernes 11 de marzo – 19 hs Con Jorge Altamira Padilla 561

Elia ESPEN Jorge ALTAMIRA A 40 AÑOS DEL GOLPE

POR UN 24 DE MARZO MASIVO, INDEPENDIENTE Y DE LUCHA

Viernes 4 de marzo - 19 hs

CENTRO CULTURAL LEÓN LEÓN Nicaragua 4432

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 7

Políticas

TUCUMAN

Una gran jornada contra la impunidad

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l viernes 26, al cumplirse diez años del crimen de Paulina Lebbos, se concretó una gran jornada de lucha, convocada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad de Tucumán. Fueron miles las personas que se concentraron en la Plaza Independencia soportando, primero, un tremendo calor y luego el aguacero que inundó algunos barrios de la capital. El Partido Obrero participó con una masiva columna encabezada por el diputado nacional por Salta, Pablo López, las diputadas provinciales Patricia Jure (Neuquén), Andrea Ruiz (Santiago del Estero) y la senadora provincial Gabriela Cerrano (Salta). Estuvieron presentes delegaciones de familiares que luchan contra la impunidad de Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Jujuy, provincia de Buenos Aires e inundados de La Plata. María Luján Rey, referente de los Familiares de las Víctimas de la Masacre de Once, también fue parte de esta jornada de lucha. El Partido Obrero, por medio de una declaración, carteles y pancartas llevó la denuncia so-

bre las decisiones judiciales a favor de Pedraza. Alberto Lebbos y María Luján Rey denunciaron desde el escenario este golpe de impunidad en favor del asesino de Mariano. La jornada tuvo diferentes instancias. La más importante se dio en la Plaza Independencia cuando, desde las 18 horas y de manera incesante, se habilitó una radio abierta en la que decenas y decenas de familiares, mayoritariamente de Tucumán pero también de todas las

delegaciones del país que se hicieron presentes, denunciaron sus casos. Como luego resumió Lebbos, en su discurso de cierre, todos los casos denunciados estaban impunes porque el poder político -ya sea a través de sus gobiernos, sus policías, sus justicias- estaba vinculado directa o indirectamente con ellos, poniendo de relieve que la impunidad no era una excepción tucumana, sino extendida a todo el país. En sus discursos, los familia-

res destacaron el apoyo del PO de Tucumán y de sus dirigentes en la lucha por justicia en la que estaban empeñados. El PO realizó varias charlas, mesas-debate, un gran festival el domingo 21 que reunió más de 1.000 personas y comprometió a importantes bandas y grupos artísticos con la convocatoria del 26 y, luego, con la organización de las delegaciones presentes en el acto. En diferentes discursos, los familiares destacaron la impor-

MEGACAUSA ESMA

El turno de nuestro alegato ​Luego de tres años y cuatro meses de juicio oral, los días 14, 16 y 17 de marzo presentaremos el alegato de Justicia Ya!

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os días 14, 16 y 17 de marzo Apel, en representación de Justicia Ya! Buenos Aires, presentará el alegato frente al Tribunal Oral Federal N˚ 5, compuesto por los jueces Adriana Paliotti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado. Justicia Ya! Buenos Aires está integrado por un colectivo de organismos de derechos humanos independientes del Estado, por sobrevivientes y familiares de compañeros detenidos y desparecidos. Entre sus integrantes, se encuentran -además de Apel- la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y los demás organismos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la AGD-UBA, el Comité de Acción Jurídica de la CTA y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Entre otros casos, se juzgan los secuestros de Carlos “Sueco” Lorkipanidse y Enrique “Cachito” Fukman, Rodolfo Walsh, los

padres de Victoria y María Isabel Prigione Greco y los de los militantes de Política Obrera, Laura Dabas, “el Gallego” Gustavo Grassi y Susana Granica. Este juicio, que comenzó en noviembre de 2012, es el tercero dedicado a los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada. En el primer tramo de esta “megacausa” fue juzgado el prefecto Héctor Frebres, quien murió envenenado en instalaciones de la Prefectura antes de la lectura de la sentencia. La segunda etapa, en 2009, tuvo 28 acusados (de los cuales dos de ellos fueron absueltos).

El tercer juicio Por allí pasaron al menos 5.000 compañeros, pero en este momento se están juzgando sólo 789 casos. En el curso del juicio, se logró identificar al menos un centenar de casos nuevos, entre los que se encuentran los de los com-

pañeros de Política Obrera Marcelo Arias y Fernando Sánchez. En el banquillo de los acusados fueron sentados 70 genocidas; entre ellos, “el Tigre” Acosta, Alfredo Astiz y Julio Poch. Sin embargo, a esta instancia llegaron sólo 56: el resto falleció impune. El 40% de los represores gozó durante estos años de prisión domiciliaria, a pesar de nuestras peticiones. El tribunal se dejó enmarañar con “pericias médicas” que jamás fueron revisadas, al punto que al día de hoy no se expidió sobre ellas. En el medio se conocieron casos de violación del beneficio, como el del médico de la Esma Jorge Magnacco, quien fue visto paseando por un shopping después de prestar declaración. Con más de 190 audiencias de testigos (800 declararon y un millar de declaraciones fueron agregadas por lectura) se pudo probar sobradamente que en este centro clandestino de deten-

ción los secuestros, asesinatos, torturas, violaciones, nacimientos en clandestinidad, trabajo esclavo y los “asaditos” (cremaciones dentro del predio) eran moneda corriente. Por primera vez en la historia de los juicios conocidos como “de lesa humanidad” están siendo juzgados los “vuelos de la muerte”, como se llamó a la mecánica de arrojar a los cautivos drogados desde aviones al mar o al Río de la Plata para hacerlos “desaparecer” (en muchas ocasiones, la marea devolvía los cuerpos a la costa). También están siendo juzgados civiles como el ex secretario de Hacienda Juan Alemann -acusado de la privación ilegítima de la libertad- y Gonzalo Torres de Tolosa, quien fue secretario en juzgado penal en la época de la dictadura, asiduo visitante de la Esma y encargado del sector “automotores” del campo de terror y exterminio. Las defensas, compenetradas

tancia de haber dado el paso de organizarse para sostener sus luchas. Otros fueron más lejos y señalaron la necesidad de hacerlo en todo el país, un desafío que ha quedado planteado. Varios familiares hicieron reflexiones políticas. A la hora de presentar sus casos no vacilaron en denunciar a los gobiernos K, nacional y provinciales. Pero también en destacar que, a pesar de sus expectativas de cambios, rápidamente advirtieron que con el nuevo gobierno las cosas seguían igual o incluso peor. Una familiar de Santiago señaló que su provincia está gobernada por una camarilla vinculada con los peores crímenes y asociada al delito. Su gobierno, radical, fue socio del kirchnerismo, y ahora se ha transformado en socio de Macri. Por lo tanto, nada cambiará. Lebbos, en su discurso de cierre, destacó el valor de la lucha y la organización y que gracias a ello muchos casos habían podido avanzar judicialmente. Pero también enfatizó que, gracias a la organización, muchos familiares habían madurado en su comprensión de la realidad.

Daniel Blanco

ideológicamente con los genocidas, hostigaron sistemáticamente a los testigos. Opusimos una férrea defensa de los compañeros y desbaratamos todos los artilugios con los que intentaron demorar la tramitación del juicio, incluido un pedido de sanción contra esta abogada. Los días 14, 16 y 17 de marzo, a partir de las 10:30 horas, en los tribunales de Comodoro Py, finalmente nuestra palabra resumirá lo recogido en estos tres años de juicio. Reclamaremos la condena de los 56 acusados por el delito internacional de genocidio, con el que buscaron arrasar con la vanguardia obrera y juvenil que se puso de pie con el Cordobazo. En nombre de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pediremos cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y la inmediata apertura de los archivos. Las audiencias son abiertas. Llenemos la sala de luchadores. Mostrémosle al gobierno de Macri que las maniobras de impunidad no pasarán. Más que nunca, castigo a los culpables.

Liliana Alaniz, abogada querellante causa Esma por Justicia Ya! (Apel)

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Sindicales

Sindicales

Abajo la persecución a Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite

Docentes: cierre parcial, con siete provincias en huelga y enorme descontento

Vamos a una fuerte campaña en el movimiento obrero

Primeros imputados del protocolo antipiquetes

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l “protocolo” represivo del gobierno de Macri ha debutado en Mendoza con la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE, y de Federico Lorite, del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), por la marcha a Casa de Gobierno desarrollada el 24 de febrero en el marco del paro nacional de los estatales. A estos dirigentes se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. En un acto brutal de criminalización de la protesta, el Ministerio de Seguridad provincial ya adelantó que tiene “tareas” de inteligencia sobre ellos y que aportará datos y fotos de la movilización en la línea del nefasto “Proyecto X”. Las medidas que derivaron en la imputación de los dirigentes gremiales fueron votadas en una asamblea de centenares de trabajadores y en el marco del enorme paro nacional de ATE. En Mendoza, la jornada fue impulsada con un gran paro y movilización de ATE y la CTA provincial. La persecución a los dirigentes de ATE Mendoza viene de vieja data. Tuvo su pico más alto en materia de procesamientos e imputaciones bajo el gobierno de Cobos. Pero siguieron con el gobernador Cornejo, por su participación en las manifestaciones contra la megaminería y por los paros en distintas

reparticiones del Estado.  En los últimos años, la orientación de lucha de los dirigentes de ATE transformó a este sindicato en una referencia provincial, que elevó su afiliación a 14.000 trabajadores por sus métodos de discutir las paritarias con delegados electos en asamblea de repartición, y por apelar a la democracia sindical y a la acción directa para defender salarios, categorías y condiciones de trabajo. La imputación contra Blas, Macho y Lorite es un ataque a todo el movimiento obrero, que es necesario rechazar enérgicamente. Desde la Coordinadora Sindical Clasista iniciamos una campaña nacional de repudio al protocolo y por el cese de las imputaciones a estos dirigentes. Llamamos a pronunciarse a sindicatos, juntas internas, comisiones internas y cuerpos de delegados, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas de la izquierda. El petitorio que adjuntamos ya lleva centenares de firmas y da comienzo a la campaña que seguirá con una presencia de los dirigentes imputados en una movilización de organizaciones sindicales, políticas y sociales el 10 de marzo, a las 12 horas, que concentrará en Callao y Rivadavia para dirigirse a la Casa de Mendoza.

Juan Ferro

Petitorio  Los abajo firmantes rechazamos el intento de procesamiento a Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite, las primeras víctimas del protocolo antimanifestación a raíz de la movilización practicada en Mendoza en el marco del paro nacional de ATE del día 24 de febrero.  Rechazamos el continuismo y agravamiento de la criminalización de la protesta social, en el marco de una política represiva del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, el reforzamiento las fuerzas represivas y el sistemático amedren-

www.po.org.ar

tamiento de los trabajadores que reclaman por salario, condiciones de trabajo, contra los despidos y suspensiones o por otros derechos esenciales.  Raquel, Roberto y Federico son los primeros luchadores populares que imputan por un paro nacional y movilización de su organización gremial mediante el nuevo protocolo. Rechazamos la utilización del artículo 194 del Código Penal, heredado de una dictadura militar, y de todos los tipos penales usados capciosamente contra el derecho a la protesta popular. 

@PartidoObrero

Partido Obrero

Impuesto al salario: reclamemos el paro nacional

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l viernes 26, el Congreso de Ctera aprobó la oferta del gobierno nacional en materia salarial, luego de doce días de crisis y empantanamiento de la paritaria. El piso del maestro de grado para febrero de 7.800 pesos y de 8.500 para julio, condena a los maestros de siete provincias a cobrar la mitad de la canasta básica. Para otros docentes que no entran en esta “garantía” será mucho menos. El aumento del incentivo docente, cifra en negro por excelencia, que pasa de 510 pesos por cargo a 910 en febrero y 1.210 en julio, es la “contribución” del gobierno nacional para que cie-

rren las paritarias provinciales, y evitar así la crisis que se armó con la primera versión de la oferta. Aún así, y demostrando que el objetivo del gobierno nacional y de los provinciales es establecer salarios a la baja en relación a la inflación -en eso consisten los acuerdos ya cerrados-, siete provincias fueron al paro de no inicio (Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego). El Congreso de Ctera decidió darle la espalda a las provincias en lucha, en nombre de “defender” la oferta nacional. También le dan la espalda a los docentes de las provincias que no han re-

cibido oferta pero sus sindicatos no convocan a la lucha, que son otras tantas. Para justificar esta entrega, la Celeste de Baradel ha ensalzado de tal modo lo aceptado, que pareciera la mejor paritaria de los últimos años. De inmediato, y para cubrirse, lanzan diatribas contra Macri, su derechismo y la imposibilidad de enfrentarlo, con la excusa de que muchos docentes lo votaron. Por un salario inicial muy lejano a la canasta familiar, le han regalado al gobierno macrista el titular de algunos diarios: “Las clases comienzan en término”. Pero a pesar de los servicios prestados por Alesso, Baradel y López, este cierre nacional es provisorio, dado el brutal ajuste sobre el sistema educativo.

Las estratégicas Ciudad y provincia de Buenos Aires La dirección de la UTE resolvió no firmar el acta del ofrecimiento de Rodríguez Larreta, pero igual inicia las clases. Presentó al “aumento” con enorme mayoría de cifras en negro como del 35%, mientras el gobierno declara que es el 25%. La Celeste tuvo una ardua tarea en el plenario de la UTE para hacer pasar este acuerdo, que había sido rechazado en muchas escuelas dirigidas por ellos. La deliberación tuvo lugar en medio

de un enorme enojo de la docencia frente a los tarifazos y la inflación. El esfuerzo de la dirección de López fue para evitar un paro por noveno año consecutivo en la Ciudad. Díficil, muy difícil explicar que son “opositores” al PRO. En la provincia de Buenos Aires apareció la oferta al terminar el jueves 25. Un aumento al básico en tres cuotas que completan 28,5% a partir de julio, que llevan al preceptor de 3.000 a 3.855 pesos y al maestro de grado de 3.300 a 4.240,50 pesos. Y un inicial de 8.760 y 9.801, respectivamente, en julio. El aumento de las cifras en negro en relación al básico es notable, lo que achata la escala salarial y transforma en secundaria la antigüedad. La dirección del Frente Gremial (Suteba-FEB), lanzó una consulta a las escuelas, con el objetivo de sustentar la aceptación en la “opinión de los docentes”. El operativo encubre una perfidia muy estudiada. En el plenario de secretarios generales del sábado 27, Baradel dijo que “la posición de la Celeste-Violeta es contraria al acuerdo y favorable al no inicio”, pero que evitaron fijar posición para que los docentes eligieran libremente. Una patraña por donde se la mire. La Celeste trabajó sin dudas por la aceptación, pero acomodaron el discurso final a lo que ocurrió en los distritos. Al

menos en catorce seccionales dirigidas por la Celeste (Lomas de Zamora, Echeverría-Ezeiza, San Martín-Tres de Febrero, Avellaneda, Mar del Plata, Madariaga, Mercedes, Luján, General Rodríguez, Ituzaingó, General Sarmiento, Magdalena, Azul, Zárate), ganó el rechazo ampliamente, a los que hay que sumar las nueve seccionales Multicolor, que lo rechazaron en asambleas. Los datos que presentan de 25.076 a favor del acuerdo y 20.161 en contra reflejan la crisis, y fueron acomodados para justificar la aceptación “con críticas”. La dirección de Baradel le hizo este enorme favor a Vidal, con enorme costo, parte del cual se irá manifestando en el transcurso de los próximos meses. Ademys, sindicato combativo de la Ciudad, no inició las clases el lunes 29, al igual que los Suteba combativos, que se movilizaron a la gobernación junto a los estatales. Este paro de repudio, aunque no total, será muy importante como canal de expresión del descontento que anida en los docentes. En la etapa que sigue, las seccionales opositoras deberán ser el gran factor de organización de los reclamos resultantes del ajuste sobre las escuelas. Pero además, la Celeste tiene costos internos, con sectores que

le recriminan haber hecho paros a Scioli y no al PRO-Vidal. Otros, como los jubilados, reclaman por lo poco que les toca con tanta cifra en negro. Así, crecen los contingentes docentes que pasan a referenciarse con la Multicolor. Mención aparte para la izquierda que coqueteó estos meses con la “necesaria unidad de acción con la Celeste y Baradel”, con esperanzas en que su supuesta oposición a Macri y Vidal los iba a llevar a luchar. El fracaso completo de esta caracterización provoca en algunas agrupaciones bandazos violentos, pasando de las cartas a Baradel a pretender acciones que les eviten la lucha política rigurosa y cotidiana para librarnos de la burocracia. Tribuna Docente libró una batalla frontal contra estas ilusiones, evitando que el conjunto de la Multicolor siga esta orientación suicida. Ahora debemos intervenir en cada una de las luchas provinciales, dándoles una coordinación y una proyección nacional. La lucha docente por el salario y en defensa de la educación pública, recién comienza bajo el nuevo gobierno. La docencia tiene enormes reservas para enfrentar el ajuste. Vamos por una nueva dirección.

Romina Del Plá Daniel Sierra

El clasismo va por el sindicato del Neumático S

e acerca la fecha de las elecciones del gremio y la discusión sindical y política está al rojo vivo en todas las fábricas del neumático. En Pirelli, decenas de trabajadores se movilizaron a las puertas de la seccional Oeste en repudio al acuerdo firmado por la dirección kirchnerista de Pedro Wasiejko, que ha impuesto una reducción salarial en regla. Sucede que la tan mentada “reducción horaria” no ha sido tal. El régimen anterior era de doce horas diarias con una semana de cuatro días de trabajo y tres de franco. Ahora, la empresa obliga a los trabajadores a quedarse luego de ocho horas y media de trabajo para cumplir con los niveles de producción habituales, durante seis días a la semana, con horas extras que son abonadas al 50% de la hora normal. Antes del acuerdo, los trabajadores continuaban trabajando en el franco y cobraban la hora al 200%. Pirelli produce lo mismo y paga menos salario. La burocracia violeta del

kirchnerista Pedro Wasiejko no se anima a dar la cara frente a este acuerdo antiobrero. Reacciones similares se suceden en Firestone contra los atropellos patronales en connivencia con la seccional sur y el sindicato. Por su parte, la seccional de San Fernando ha lanzado nuevas exigencias económicas frente al recorte salarial que significó la última escalada inflacionaria. La “novedad” política en Fate, nucleada en la Seccional San Fernando, ha sido el anuncio de la integración a la lista Violeta del delegado de sector Marcelo Gallardo, integrante de Patria Grande. Gallardo había encabezado la lista Negra-Verde a nivel nacional en las últimas elecciones, en aquella ocasión, de la mano del ala michelista de la CTA. En esa oportunidad, desde las páginas de Prensa Obrera alertábamos sobre la interna burocrática rechazando votar en la elección nacional a Gallardo. Su

asimilación a la burocracia sindical kirchnerista ha sido repudiada masivamente por los trabajadores que vienen de participar en la asamblea general del gremio enfrentándose a Wasiejko y sus patotas, que poco pudieron hacer frente a la importante participación obrera. Gallardo, en soledad, se integra a la Violeta a sabiendas que, de darse una elección en su sector, sus propios compañeros no lo elegirían. Estamos en presencia del ejemplo más claro del destino de la política de “frente único” con el kirchnerismo. En la carta donde explica su posición ataca a la seccional por su “diferenciación permanente” con el sindicato, defiende “el acuerdo de reducción horaria en Pirelli” e indica que se integrará a la directiva del sindicato “sin perder la identidad”. Este vergonzoso anuncio podría haberse producido hace mucho tiempo, ya que Gallardo y Patria Grande han boicoteado todas las

iniciativas del Sutna San Fernando, incluida la enorme lucha junto al clasismo por derrotar el impuesto al salario, en ese momento defendido a ultranza por el gobierno kirchnerista y la burocracia de su palo. Este anuncio se da a días de la convocatoria a elecciones, con la intención de reflotar a la Violeta en Fate en el momento de su mayor disgregación como resultado del éxito de la política de lucha y democracia sindical de la Negra. Gallardo y Patria Grande han dejado de ocultar su verdadera “identidad”, forman parte de los que “cavan trincheras con la burocracia” contra los trabajadores y el clasismo, que se disponen con mayor fuerza que en el pasado, a derrotar a Wasiejko. La Lista Negra y la actual seccional de San Fernando se han transformado en la referencia indiscutida de todos los trabajadores del gremio que se oponen a las patronales y a la política entre-

guista de la violeta de Wasiejko. Esto quedó claro en la asamblea general, donde Alejandro Crespo derrotó a Wasiejko en la elección del presidente de la asamblea. En particular en Fate la seccional ha conquistado una enorme autoridad a fuerza de luchas colectivas de los trabajadores y grandes conquistas como la duplicación del pago de horas por fraccionamiento de vacaciones, la recategorización de centenares de compañeros, el desplazamiento del departamento médico de planta como prestador de la ART (la patronal no puede dar altas médicas), las conquistas en condiciones de trabajo (como los espacios de descanso refrigerados para los sectores de alta carga térmica), la mantención de todos los ítems del salario bajo licencia médica,  la devolución de miles de pesos por el erróneo descuento del impuesto al salario y la absoluta defensa de los puestos de trabajo, con la reinstalación de cada intento de

despido utilizando el método del paro general de planta.   La necesidad de reagrupar a todas las fuerzas que se reivindican independientes a la burocracia sindical para enfrentar a Wasiejko está al orden del día, ya que se presenta la posibilidad concreta de derrotarlo. La acción común y la lista nacional con los compañeros de la Lista Roja de Fate es un gran paso en ese sentido. Llamamos a las otras fuerzas que tienen alguna presencia en el neumático a sumarse a esta pelea por recuperar el sindicato y llamamos a los trabajadores a rechazar cualquier intento divisionista que favorezca a la burocracia sindical y a los que se han integrado a ella. Vamos por un sindicato en manos de sus trabajadores, para enfrentar a las patronales y el ajuste del gobierno de Macri.

Juan Pablo Rodríguez

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l decretazo de Macri sobre ganancias abrió un nuevo cuadro de crisis en este punto, que oportunamente desató tres paros generales y numerosas luchas fabriles. Al develarse que más trabajadores y jubilados pagarán ganancias, que las escalas de alícuotas no se tocaron y, por lo tanto, que rápidamente todos pagarán el máximo del 35%, en los lugares de trabajo y gremios se expandió el rechazo como reguero. Al punto que La Bancaria protagonizó una combativa marcha al Congreso el día del discurso de Macri, por este motivo y por 56 despidos en el Banco Central. El PO no estuvo sólo el 1º de marzo en la calle, también lo hicieron los bancarios por esta reivindicación. La burocracia sindical que acompaña el conjunto del ajuste y asistió en la persona de Moyano a la Rosada a saludar el decretazo, quedó offside. La reacción ha sido notable: en lugar de convocar al paro, resolvieron “dar batalla parlamentaria” con su puñado de diputados. Una soberbia adaptación. El que tomó la bandera de ganancias como parte de las negociaciones para apoyar el “pacto buitre”, fue Massa. Como resultado de esta presión Macri giró sobre el plan de discutir las escalas en 2017 y ahora pide apurar el debate en el Congreso. El macrismo apunta a negociar una reforma que deje en pie el esquema impositivo en vigencia. La clase capitalista argentina y sus partidos, ordenados por el pacto con el capital financiero, no admite terminar con ganancias en el salario. Piensa seguir recaudando por esta vía

para pagarle a los buitres, y sostener un sistema impositivo confiscatorio de los trabajadores. Por lo pronto, todos los cálculos que se han hecho hasta acá, que pagarán 60 mil trabajadores más, 110 mil jubilados que no pagaban, son anteriores a las paritarias, en una cuadro inflacionario que ampliará esas cifras. Y que también resultará agudamente confiscatorio de los monotributistas y profesionales que tienen un mínimo no imponible de 7.000 pesos. El Partido Obrero ha actualizado su proyecto de abolición de ganancias en los salarios de convenio, en las jubilaciones y para monotributistas y con un mínimo no imponible de tres canastas familiares (57.000 pesos al día de hoy) para profesionales independientes. El proyecto incluye una actualización de la llamada escala de Machinea de 18 veces, que es la inflación acumulada desde 1999, fecha desde la cual está congelada. Plantea la actualización por costo de vida de todas sus cifras. Y mantiene la cuarta categoría para directivos empresariales y funcionarios fuera de convenio que fue el motivo de su creación. El movimiento obrero debe discutir esta reivindicación para ponerse en pie de lucha por ella junto a la lucha contra los despidos, por la canasta familiar en paritarias, por el 82% móvil y contra la represión. Están reunidas las condiciones objetivas para un paro nacional ante esta situación. Es el momento de impulsar una lucha para arrancar esta reivindicación, lo que asestaría un golpe a todo el plan ajustador.

Néstor Pitrola

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Sindicales

No a los despidos en el grupo Crónica L

a patronal que conduce Raúl Olmos se presentó en la redacción de los diarios BAE y Crónica, que funcionan en Pompeya para anunciar la oferta de retiros voluntarios para todo el personal que se desempeña en ellas y el cierre de las dos redacciones. Es decir, los retiros no serían tan “voluntarios”. Este brutal ataque pretende coronar un proceso que comenzó hace casi dos años, cuando la empresa decidió trasladar a un nuevo edificio y de razón social a trabajadores de Crónica y BAE para dividir las redacciones e impedir el ingreso de los trabajadores y delegados que resistieron la multitarea y la polifuncionalidad. De esta manera, fundó Aconcagua, una suerte de tercerizada, productora de contenidos para todo el grupo sin distinción entre productos. Este nuevo espacio laboral fue creado a medida de sus intereses, sin permitir el ingreso de los legítimos delegados. La patronal digitó una nueva comisión interna adicta a los mandatos patronales e incapaz de llevar a fondo los reclamos. En estos dos años, la patronal de los Olmos no dejó en pie ningún artículo de la ley laboral, ni la Constitución, ni los tratados internacionales en su ataque a los compañeros. Discriminación, prácticas anti sindicales, maniobras fraudulentas para romper la organización, hasta el colmo de realizar espionaje y patotear a trabajadores que pegatinaban a favor de la lucha contra estas salvajadas. Todo ante los ojos de todos los poderes del Estado y la burocracia de Antonio Caló, financista de estos empresarios. Estos flamantes “retiros”, se contraponen al compromiso asu-

mido por la empresa con los compañeros que pasaron a la nueva redacción, a los cuales se les había asegurado que no se iba a despedir a ninguno de los trabajadores no convocados a cambiar de razón social. La patronal, vinculada con la UOM de Antonio Caló, que creció formando un enorme holding empresario que cuenta con medios de comunicación, clínicas, empresas de servicios del sector salud, seguridad y hotelería, se vale ahora de la excusa de la falta de pauta oficial para justificar este atropello. Además, señalaron que ya no van a poder evadir más las cargas sociales y previsionales, que autorizaba el gobierno anterior a través del canje de pauta por deuda. Esto pinta de cuerpo entero a la burocracia sindical empresaria y a las patronales K de medios: crecieron bajo el ala del kirchnerismo haciendo negocios y expandiéndose a otros rubros sobre la base de defraudar al Estado y a los trabajadores. En el gremio de prensa, los Cirigliano de los medios actúan como el ariete del ajuste que lleva adelante Macri en el país. Al cierre de esta edición, los trabajadores de Crónica TV informaron de doce despidos en el canal. De esta manera, todos los trabajadores de los medios del grupo de los Olmos están en riesgo, si se generaliza esta salida frente a la “caída de la pauta”. Es perentorio prepararse para defender todos los puestos de trabajo del grupo y garantizar la continuidad laboral de todos aquellos compañeros que no acepten el retiro voluntario.

Corresponsal

El gremio de prensa gana la calle

A

l momento de publicarse esta edición, los trabajadores de prensa estarán cortando la avenida 9 de Julio y marchando a Plaza de Mayo, exigiendo al gobierno una solución a la crisis del Grupo 23 (entrega de los Repro, que la pauta que debe el Estado vaya a pagar los salarios de los adeudados, entre otros reclamos). Esta acción es una de las resoluciones adoptadas por el plenario de delegados del Sipreba, que sesionó en la redacción de Tiempo Argentino, que se encuentra ocupada por sus trabajadores hace más de 25 días. El plenario también resolvió el cese de tareas de dos horas para que los trabajadores puedan asistir a la movilización, una radio abierta con personalidades y una fiesta el viernes 4, que junto a nuevas colectas en las redacciones, dan forma al fondo de lucha que es de máxima importancia en un conflicto donde los trabajadores no cobran desde diciembre. A

estas iniciativas se le sumó una carta abierta de los trabajadores de Tiempo al resto del gremio, al igual que el boletín diario que editan desde la toma, y que se puede leer en www.pormastiempo. com. El surgimiento del Sipreba, como expresión del ascenso sindical de los trabajadores de prensa, se enfrenta ahora a la ofensiva brutal que lanzaron las patronales de medios. Particularmente, son los empresarios kirchneristas los que llevan más a fondo esta política de ajuste. Bajo la excusa de la extinción de la pauta, pretenden que seamos los trabajadores los que paguemos la crisis. Cristóbal López, en CN23, despidió a 136 trabajadores sobre una plantilla total de 160. El Grupo Indalo se quedó con el canal hace tan solo unas semanas, de manera poco clara, luego de intercambiar acciones con Szpolski. La encargada de llevar adelante el anuncio fue la ex vocera del bloque del FpV y esposa de un

dirigente de La Cámpora, encargado hasta hace poco de manejar la pauta oficial. Los trabajadores anoticiados de esta sangría, ocuparon el canal y consiguieron una conciliación, que al momento no está claro si es obligatoria o voluntaria, ya que a los despedidos no se les permite ingresar al canal. Algo similar sucedió en El Argentino donde, luego de comprarlo, despidieron a cinco trabajadores. Olmos, vinculado con Antonio Caló, despidió la semana pasada a toda la redacción de Pompeya de BAE y Crónica (ver nota aparte) para proseguir aislando a los delegados, en su plan de quebrar la resistencia a la multitarea. Lo mismo hizo en Crónica TV. La lucha de los trabajadores del Grupo 23 se ha transformado en un tema central para todo el gremio de prensa y requiere de una respuesta del conjunto del Sipreba.

D. N.

Santa Cruz: gran movilización contra el ajuste E

n el marco de un paro general de 48 horas de docentes y estatales contra el ajuste y por la convocatoria a la paritaria estatal, una notable movilización  de más de 3.000 trabajadores  se hizo presente en la Cámara de Diputados para rechazar el discurso inaugural de la gobernadora Alicia Kirchner. De la manifestación, convocada por la CTA Autónoma, participaron ATE, Adosac, los municipales de Soem y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, entre otros. Una contramanifestación organizada por el FpV, La

Cámpora y Kolina, en respaldo a la gobernadora, terminó dispersándose ante la contundencia de la columna obrera. El diario Tiempo Sur (1/3) destaca que la columna de los sindicatos arribó a la Legislatura al grito de "que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Miguel del Plá, dirigente del PO y miembro de la Comisión Directiva de la CTA Autónoma Santa Cruz, destacó que “el kirchnerismo no es más que una ínfima minoría y hoy el pueblo le ganó las calles. Esto es un triunfo político y tiene una tremen-

da simbología ya que es el primer paso en la lucha contra el ajuste que tendrá en la paritaria docente otra batalla decisiva’’. Los sindicatos habían convocado también movilizaciones en el interior provincial. Entre los referentes políticos presentes en la movilización realizada en la capital santacruceña se encontraba Pablo Lombroni, concejal del PO de Goberandor Gregores. “Con este gobierno no hay salida, desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de un gran plenario obrero y popular para discutir una

perspectiva política de salida a esta crisis, partiendo de una solución inmediata para los reclamos de los pueblos de Santa Cruz y en la defensa de cada reivindicación como

los puestos de trabajo, la jubilación, el salario, y la devolución de la caja de servicios sociales’’, concluyó Del Plá.

Corresponsal

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Sindicales

Por qué naufragó el encuentro del 5 de marzo Una izquierda que no está a la altura de las tareas en el movimiento obrero

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l encuentro de sindicatos combativos y de izquierda convocado para el 5 de marzo naufragó definitivamente, cuando ya estaba reservado el Miniestadio de Racing, excelente escenario para un reagrupamiento de esta magnitud frente al ajuste en marcha y ante el defol de la burocracia sindical. La iniciativa, planteada por el cuerpo de delegados de la Línea 60 y el Sindicato Aceitero de Capital en diciembre, atravesó una dilatada lucha política en la izquierda del movimiento obrero, que terminó en su desarticulación definitiva una semana antes. En nuestra edición impresa de Prensa Obrera advertimos sobre la impasse. El primer acto de esta desarticulación fue sacar del eje de la convocatoria y organización del encuentro a los sindicatos y comisiones internas convocantes iniciales: nos referimos a la Unión Ferroviaria de Oeste, el Sutna San Fernando, AGD-UBA, y, desde luego, aceiteros y la 60, que habían logrado reunir a más de ochenta dirigentes sindicales el 11 de diciembre pasado. Allí se acordó trabajar por una convocatoria para principios de marzo. Pero, en esa misma reunión, se debatió la necesidad de una primera respuesta del activismo clasista ante el reclamo del momento: el bono de fin de año frente a la escalada inflacionaria. El planteo chocó con rotundas negativas, en particular de Izquierda Socialista, pero finalmente se llevó adelante -y exitosamente- a partir de una iniciativa de la CTA Micheli que concretaron los sindicatos de izquierda. El día anterior habíamos acompañado una movilización a la Plaza de Mayo de Cresta Roja. La convocatoria debió ser una lección respecto de las posibilidades de agrupamiento y movilización del sindicalismo clasista y la izquierda fundadas en una política de lucha e independencia política. Pero en lugar de profundizar ese rumbo, convocando a nuevos sindicatos y mandatos de lucha, el ex Encuentro de Atlanta -IS, MAS, Rompiendo Cadenas-, con acuerdo del PTS, logró imponer que el Encuentro de marzo girara en torno de un “acuerdo de la izquierda”, con o sin representación, con o sin mandato, al margen de toda campaña política por las reivindicaciones, cuando arreciaron los despidos y la inflación. Se

llegó a un documento común, de compromiso, pero que tuvo poca o nula difusión y trabajo en el activismo del movimiento obrero de todo el país, porque rápidamente el encuentro se empantanó en una discusión sobre la “mesa”: única y real preocupación de la mayoría de los grupos, que derivó en una guerra faccional a varias bandas. A iniciativa de la Coordinadora Sindical Clasista-PO nos agrupamos en una columna independiente que marchó a la Plaza de Mayo en el formidable paro estatal del 24 de febrero, frente al cual, sin embargo, el futuro encuentro no jugó ningún papel activo planteando una perspectiva superadora de la dividida burocracia sindical de ATE. En Mendoza, después de vacilar ante la convocatoria divisionista del kirchnerismo, el PTS acompañó a la Verde degennarista en lugar de marchar junto a la dirección clasista del sindicato provincial. Mientras se desarrollaba este debate, el PTS improvisó una lista divisionista en gráficos contra la Naranja, con apoyo indisimulado de la burocracia oficial. El MAS y el PTS trabajan por otra lista divisionista en el Sutna, contra la lista seccional y nacional que organiza la Negra de la seccional San Fernando. En apoyo a esta política contraria al frente único de clase, empezaron a poner como condición la participación en la mesa de estos sectores, desconociendo mandatos y representaciones. A la par de esto, el PTS puso como condición la inclusión de Alejandro Vilca, delegado jujeño de un sector municipal y expulsado por la dirección del “Perro” Santillán, en la mesa del Encuentro, a lo que se opusieron todas las corrientes (especialmente el CRCR en representación del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina -Sutef) con la excepción de la CSC-PO. El Encuentro debía expresar un frente único de lucha y por la agenda urgente de los trabajadores, contra el ajuste y sus agentes sindicales. Ello planteaba colocar al frente de la convocatoria a las organizaciones obreras reales, cuyas directivas se jugaron debatiendo y aprobando mandatos. En cambio, se siguió el camino contrario: colocar al Encuentro

Feroz ataque a delegado de la Línea 151 Un grupo de matones atacó brutalmente a Marcos Ayala, delegado de la Línea 151 de la empresa Metropol. Lo hicieron a plena luz del día, en el micro que Ayala manejaba con pasajeros a bordo. Con la golpiza le provocaron fracturas faciales. Dijeron que los enviaba la patronal y que no se presentara a la renovación del cargo de delegado que se vota en abril. Ayala es un luchador incansable que viene poniendo

límites a la superexplotación patronal de los choferes de esa empresa. Son moneda corriente el pago de extras en negro, el no pago de atrasos por causas ajenas al chofer, las sanciones arbitrarias, el desconocimiento de enfermedades, los despidos por causas armadas por la empresa y las transgresiones graves a la seguridad e higiene. No es la primera vez que patoteros no identificados agreden a Ayala con cobardes

como un campo de disputas, donde el faccionalismo es la expresión de una política de seguidismo a la burocracia y sus agentes políticos. Hay que tomar nota que, en las reuniones de diciembre, el MAS y el PTS reivindicaron una supuesta “resistencia” del sindicalismo kirchnerista, en referencia a los Iadarola, Baradel, Yasky o Wasejko. El Sutna San Fernando, que votó concurrir al encuentro como sindicato, está librando una batalla titánica para conquistar el sindicato nacional del Neumático de aquella burocracia, elogiada por una parte de la izquierda. No fue casual que toda la izquierda que sucumbió en esta convocatoria fuera a la Plaza de Mayo de Rossi, Mariotto y Moreno por la libertad de Milagro Sala. Es decir, una izquierda rápida de reflejos para

hacer de furgón del kirchnerismo en decadencia, pero atada de pies y manos para abrir un rumbo de independencia política en el movimiento obrero. El desarrollo sindical de la Coordinadora Sindical Clasista y su decidido aporte al encuentro no fue reconocido jamás, esto como resultado de la estrategia de disputa entre grupos, con la excepción -en la mayoría de los puntos- de Rompiendo Cadenas. No obstante ello, realizamos todas las concesiones imaginables, pero el encuentro naufragó por razones profundas. Cuando faltaba una semana para el encuentro, no había ningún acuerdo para que allí se resolviera una movilización para mediados de marzo por las reivindicaciones centrales: 40% de aumento y mínimo equivalente a la canasta familiar,

golpizas a traición y amenazas permanentes a su familia. Se ha lanzado una campaña de pronunciamientos de comisiones internas, delegados y organismos de derechos humanos, donde se reclama la identificación de los responsables físicos e intelectuales de las agresiones, en defensa de la democracia sindical y la libertad de organización de los trabajadores.

Corresponsal

abolición de ganancias, contra los despidos y por el reparto de las horas de trabajo, contra el protocolo y la represión. La izquierda demostró que no está a la altura de las tareas que tiene planteadas el movimiento obrero, y que no advierte el potencial de desarrollo que nos ofrece la precariedad del nuevo gobierno macrista y la crisis del peronismo, que incluye especialmente a la burocracia sindical. Solamente fundada en otras bases políticas y metodológicas podrá prosperar una iniciativa de frente de único de las izquierdas en el movimiento obrero. Con seguridad, la evolución de las tendencias de lucha que se expresaron en el gran paro de ATE colaborarán para que esto ocurra.

Néstor Pitrola

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Sindicales

Rechacemos los despidos en Atucha Los trabajadores no tenemos por qué pagar los negociados de los K ni del PRO

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ás de 600 empleados de la construcción han sido despedidos e informados del fin de la obra civil de Atucha. Ya a fines de febrero terminó de conocerse lo que se rumoreaba desde que las contratistas que orbitan alrededor de la Unidad de Gestión que construyó Atucha 2 resolvieran no pagar los salarios: el gobierno no habilitará los fondos para comenzar con Atucha 3 da por concluidos los contratos con estas empresas, lo que inmediatamente dejará a miles de trabajadores en la calle, aún cuando la Uocra hizo campaña de que “acá no pasa nada” y aceptó una vaga promesa de continuidad de las obras para ahorrarse cualquier medida de lucha. Los trabajadores que construyeron Atucha 2, subcontratados por empresas amigas del kirchnerismo, se encontraban -en lo que sin duda fue una gran estafadesde la finalización de la obra empleados en tareas en la municipalidad de Zárate y en el obrador de Atucha 2, esperando por un comienzo de los trabajos de Atucha 3 que supuestamente era inminente. Esto no sólo le evitó al

gobierno K sumar despidos en un año electoral, sino que también le ahorró a las empresas amigas el pago de las indemnizaciones (que el Estado ya pagó y estas empresas embolsaron). El gobierno de Macri acusa al kirchnerismo de dejar el proyecto Atucha 3 con un año de atraso y sin financiamiento, frente a lo cual no necesitaría mantener a los trabajadores sin una fecha cierta de inicio de obra. Y anunció su intención de “revisar” los contratos firmados por los K. Más allá del cacareo, el gobierno aclaró su intención de honrar los acuerdos con China por la construcción de Atucha 3. Lo que está en juego realmente es el control de una obra millonaria, quizá el proyecto de construcción mas grande de la década, valuado en miles de millones de dólares. Es claro que Macri pretende reemplazar a las empresas de De Vido por otras con las que acuerde. En la disputa abierta por los recursos de la patria contratista los que pagan el pato son los trabajadores, que hoy se quedan sin trabajo (y con la duda de si cobrarán las indemnizaciones y fin de obra

Masiva movilización bancaria Se impone la necesidad de un paro general del gremio

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os bancarios nos movilizamos de forma multitudinaria al Congreso, en el marco de la apertura de las sesiones legislativas. La marcha, aunque no fue acompañada de un paro, convocó además de las comisiones internas y las importantes delegaciones del interior a un importante número de trabajadores de base. La movilización incluso superó a un retén policial en la 9 de Julio, que intentó evitar que arribara al Congreso con gas pimienta y palazos. Es que el ajuste llegó con todo a los bancos: a los despidos en la banca oficial (47 en el Central y por lo menos siete en el Provincia) se suma un número desconocido de despidos en la banca privada y la amenaza del cierre del Citibank, que venderá su parte minorista en Argentina. La modificación del impuesto a las ganancias fue un bleff, y según el sindicato 20 mil bancarios pasarán a tributar con

los nuevos mínimos. El gremio se encuentra con una paritaria vencida en diciembre y un acuerdo de 3.000 pesos por mes (20% para el inicial) para este trimestre, lo cual apuntaló la virtual disolución de nuestro salario como resultado de la galopante carestía. La movilización debe ser el punto de partida de una deliberación en todos los bancos. Se impone sumar a todo el gremio a la pelea con un paro general contra los despidos y el ajuste, votado en asamblea. Levantemos un plan de lucha por un programa: abolición de ganancias sobre los salarios de convenio, por un inicial de 18.000 pesos en mano con indexación automática por inflación, que no pase ningún despido y por el pase a planta de los tercerizados.

Tribuna Bancaria

correspondiente). Y que probablemente sean recontratados a menor valor, cuando por fin el gobierno termine de armar el esquema de negocio con sus propios amigos. Las consecuencias serán desastrosas para los compañeros de la construcción y para la zona, azotada por el cierre de empresas, los despidos masivos en Siderca, los depidos en el municipio de Campana, y la lista sigue. Es preciso que los afectados se pongan de pie, asamblea en toda em-

presa que suspenda o despida y una asamblea general de la construcción para definir un plan de lucha por la preservación de los puestos de trabajo y el cumplimiento de todas las obligaciones salariales y contractuales que correspondan. Luchamos por que se implemente de inmediato un plan de obras públicas para generar de inmediato los puestos de trabajo necesarios, en base a un impuesto especial a las grandes fortu-

nas. Corresponde además  que se paguen los premios de fin de obra que se adeudan, que se retiren las contratistas y que los trabajadores sean contratados directamente por la Unidad de Gestión. Los sindicatos y las CGTs  deben salir de su inmovilismo ya. El camino es impulsar este programa con una fuerte organización independiente.

Partido Obrero de Zárate y Campana

Paro y bloqueo en la vitivinícola Menoyo por despidos

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os trabajadores de la vitivinícola Menoyo, en Munro, votaron en la asamblea del jueves 25 un paro total de actividades con bloqueo de la Avenida Mitre, reclamando la reincorporación de 19 despedidos por afiliarse al sindicato. Los compañeros recurrieron al Soeva para poder elegir delegados, ante las condiciones de miseria salarial, jornadas de 24 horas (con dos descansos de media hora), ausencia de comedor y cámaras que son utilizadas para vigilar a los trabajado-

res, entre otros atropellos. El Soeva fue conmovido en los últimos días por la conquista del 42,6% de aumento salarial de los trabajadores de Fernet Branca, lo que llevó el inicial a 17.000 pesos. La misma contrasta con el básico menor a 7.000 pesos que rige el convenio, a la medida de la tradición superexplotadora de los bodegueros del Cuyo. Un básico de 7.000 pesos “necesita” que en las fábricas no haya delegados. José Menoyo, dueño de la fábrica de vinagres y condimentos, fue presidente del Concejo Deli-

berante de Vicente López por el Frente para la Victoria. La “resistencia kirchnerista” se expresa en Menoyo contra la organización de los trabajadores. El Partido Obrero reclama la reincorporación de todos los trabajadores -efectivos y contratados-, la inmediata elección de delegados de planta para luchar contra la miseria salarial y las condiciones de superexplotación. Por la puesta en pie de los trabajadores vitivinícolas.

Pablo Busch

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Mujer

8 de marzo: movilización y batalla política

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l próximo martes 8 de marzo se van a realizar movilizaciones en todo el país en el marco del día internacional de la Mujer trabajadora. La violencia que se ejerce sobre la mujer ha tomado estado público y carácter de demanda, a partir de la explosiva movilización callejera del 3 de junio de 2015, que congregó a medio millón de personas en todo el país. Este martes hay que movilizarse nuevamente de manera independiente de todas las variantes que gobiernan, para arrancar nuestras reivindicaciones. En la mayoría de las convocatorias marchamos bajo la consigna: Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores. Basta de Violencia contra las mujeres. La del 3 de junio fue una movilización especial, convocada desde las redes sociales. Por entonces, se reclamó mayor asistencia a la mujer, presupuesto para los organismos que deberían ocuparse de la misma, campañas nacionales, y castigo a los responsables estatales de la reproducción de esta violencia. Para dar algunos ejemplos, el gobierno actual o sus aliados provinciales de todos los

colores profundizaron la línea contraria a aquellas demandas. Tanto Macri como los gobernadores echaron a compañeras precarizadas en todo el país, profundizando en muchos casos el estado de vulnerabilidad en el que viven las mujeres que se quedan sin trabajo. Nuevamente, se produjeron casos de mujeres asesinadas por parejas violentas, sobre las cuales ni la justicia ni nadie garantizaron la resolución de exclusión que fuera dictada. Salvador Mazza en Salta es nuevamente noticia porque dirigentes de Urtubey están ligados a casos de abusos como ocurrió el año pasado con el propio intendente. En Río Gallegos, el Plenario de Trabajadoras exige que se expulse al secretario de Gobierno del municipio, Jorge Cruz, acusado por su ex pareja de golpearla. La ley Ramal para la ampliación y reconversión de la asistencia en la Ciudad de Buenos Aires, creando centros con difusión pública, personal bien pago, asistencia jurídica gratuita, asistencia interdisciplinaria, ayuda instantánea y atención las 24 horas, ha sido cajoneada por el gobierno macrista. La falta de continuidad de la

Obituarios

H

vas ejecutadas por el macrismo. Aprobó leyes cuya aplicación práctica jamás llevó adelante, como ocurrió con la ley de violencia de género. El 8 de marzo pongamos en

pie un movimiento independiente en todo el país, para que las reivindicaciones de las mujeres se abran paso. 

Vanina Biasi

MERLO

Hugo Shvartzman: falleció un gran luchador obrero ugo Shvartzman, conocido como ‘el Judío’ por el activismo combativo del movimiento obrero, falleció al cabo de una larga lucha contra el cáncer que lo afectaba. Fue un dirigente destacado del movimiento antiburocrático de nuestro país, con el mérito principal de -nada menos-  haber encabezado el proceso de recuperación de la Línea 60 contra la burocracia de la UTA, una de las más despóticas, pro-patronales y violentas que aún subsisten. Y de haber llevado adelante una prolongada lucha en esa empresa de 1.500 trabajadores, que la colocó a la cabeza del gremio en materia de conquistas y derrota de los abusos patronales, convirtiéndose en un emblema de organización combativa  para los luchadores de la UTA y de todo el movimiento obrero.

movilización del 3J mostró también su límite, marcada por la ausencia de delimitación con el Estado. Un ala del feminismo cooptado por el Estado tomó las riendas del Consejo Nacional de las Mujeres sin producir un sólo cambio hasta el momento, más que entrevistar a víctimas mientras silencian el plan de ajuste de su propio gobierno, que provoca un agravamiento del cuadro actual de opresión de la mujer. El movimiento de este 8 plantea agudamente la necesidad de que el movimiento de de mujeres pelee de manera independiente del Estado. El pasado gobierno kirchnerista no desmanteló una sola red de trata; está vinculado con el empantanamiento de la causa Marita Verón, por su apoyo a Alperovich-Rojkes, y ha tenido y tiene un gran número de funcionarios ligados al abuso o a la violencia contra la mujer que jamás fueron desplazados por ese motivo. Se opuso al tratamiento y aprobación del aborto legal, actuando como verdadero lacayo del negocio de la salud privada y del Vaticano, y precarizó a miles de mujeres en cooperativas o puestos del Estado, abriendo el camino a las expulsiones masi-

Hugo tuvo un paso por el morenismo (MAS), del que salió con una posición escéptica y negativa acerca de la izquierda. Pero nunca abandonó el campo antipatronal y antiburocrático. En sus últimos días, había participado de la iniciativa para construir un frente de organizaciones obreras para enfrentar el ajuste. En una importante y conmovedora  semblanza sobre Hugo, un compañero delegado dijo en  el velorio que Hugo los había formado en el “sindicalismo revolucionario” y que siempre soñó con un partido de trabajadores. El Partido Obrero, que compartió con ‘el Judío’ y sus compañeros de la 60 la heroica huelga de 42 días,  brinda un homenaje a dicho luchador. Y el pésame a sus compañeros y familiares.

Sergio Villamil

El intendente Menéndez, con el clero y en contra de las mujeres La muletilla electoral de Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, fue que venía a “restaurar derechos”. No se refería a los derechos de la mujer trabajadora. En enero, Menéndez fue convocante y suscribió, junto a otros intendentes, el Pacto de San Antonio de Padua. Afirmó que el objetivo era “gobernar siguiendo los llamados del papa Francisco”. Plantea así no sólo la destrucción del Estado laico, sino el alineamiento con la Iglesia católica, institución con un largo prontuario de crímenes contra las mujeres. Entre los compromisos asumidos por el pacto figura “combatir la violencia de género” y “proteger la vida humana desde la concepción”. En línea con el Código Civil reaccionario de Cristina Kirchner, el pacto de Menéndez apunta a mantener el aborto en la clandestinidad con su

secuela de muerte, sobre todo entre mujeres pobres. La penalización del aborto es además un instrumento de disciplinamiento social. Su política no sólo atenta contra las mujeres que deciden no ser madres. El vaciamiento de los dos hospitales materno infantiles del distrito atenta contra la vida de madres y niños. El intento de achique del hospital maternal de Pontevedra sólo fue revertido por la acción inmediata de los vecinos. En el Chutro, Menéndez anunció el cese de las horas extra y anticipó despidos mediante la revisión del personal contratado. En el Hospital Eva Perón, el personal denuncia que se busca implementar un sistema de arancelamiento. Las “jornadas de reflexión sobre violencia de género” son un gesto para la tribuna. A la hora de dar respuestas concretas el municipio ejerce su propia violencia contra las mujeres. Ka-

rina Abregú, víctima de intento de femicidio, denuncia que ante sus solicitudes de contención médica y económica sólo obtuvo desidia y prepotencia. En la reunión que dirigentes locales del Partido Obrero de Merlo tuvimos con el Ejecutivo municipal solicitamos la asistencia para Karina, quien no puede trabajar porque su ex pareja le dejó el 60% del cuerpo quemado. El Estado, que lejos de evitar la violencia de género también la ejerce, debe dar asistencia económica a las víctimas. Como se ve, 90 días le han alcanzado a Menéndez para desenvolver toda una línea de ataque contra las mujeres. Este 8 de marzo, en el día internacional de la Mujer Trabajadora, levantamos más que nunca la bandera de la independencia política, contra las variantes clericales macristas y kirchneristas.

Analía Pascual 

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Cultura y sociedad

“La Leona”: la lucha obrera en la pantalla

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a Leona ha puesto en primera plana las condiciones de ajuste y la lucha del movimiento obrero. La telenovela de Telefé, protagonizada por Nancy Duplaá y Pablo Echarri, relata la historia de una fábrica textil que está al borde de la quiebra. Su dueño Klaus Miller (interpretado por Miguel Angel Solá) contrata a un equipo de Recursos Humanos (donde está Echarri), cuyo servicio es el de vaciar empresas. Esto se representa con despidos, suspensiones, sabotaje, reducción de jornada y sueldo, retiros voluntarios, deudas de aguinaldo y vacaciones. El personaje de Echarri (Franco Uribe, oculto hijo extramatrimonial de Miller, sobre quien planea una venganza personal) lo resume con claridad en los primeros capítulos: “La mejor estafa es una quiebra”. El guión, así, desarrolla la explotación y lucha de los obreros de una fábrica, tema poco

abordado en géneros tan populares y en el horario central de la televisión. La telenovela pone en evidencia el armado de equipos especiales que vienen a quebrar, desmantelar y vaciar empresas. El mismo carácter progresista tiene el reflejo de la burocracia sindical en la figura del delegado que ‘transa’ con la patronal (rechazado por sus propios compañeros), como así también la toma de la fábrica como reacción ante la muerte de un histórico obrero (Hugo Arana, el padre del personaje de Duplaá, que muere de un infarto tras ser despedido) y la representación -que opera como denuncia- de la represión policial: el Estado como custodio del capital. La trama ocurre en un barrio obrero que nació, en otras épocas, al calor de la fábrica. Hay menciones a problemáticas sociales de los barrios pobres: gatillo fácil y drogas (relatan que

murieron pibes por ese motivo) o un caso violencia de género (contra una obrera). En Klaus Miller, el despótico dueño de la fábrica, se simboliza el núcleo del poder y la corrupción: allí están -se cuenta- sus vínculos con la gobernación, la Iglesia, la Policía y los servicios de inteligencia. En su haber está el crimen. En “La Leona” hay un papel destacado de la mujer, en la figura de María Leone (Duplaá), la líder del activismo sindical de la fábrica. La trama incorpora elementos de descomposición de las relaciones familiares, especialmente en la familia rica (dueña de la fábrica) como gestos incestuosos. La tira posibilita un análisis más fino. Hay una orientación hacia la conciliación de clases al oponer un capitalismo “vaciador” (Solá) frente al capitalismo “benévolo”. Esto es: uno de los hijos de la familia Miller (Juan Gil Navarro) quiere recuperar

el ‘esplendor’ que tuvo la fábrica en su fundación -iniciada por el suegro inmigrante de Solá- al que al inicio de la telenovela se define como de avanzada porque pagaba vacaciones y aguinaldo. De fondo hay un mensaje de reivindicación del pacto capital-trabajo y del capitalismo “justo” -un discurso del primer peronismocomo forma de contener la lucha obrera. No hay modelo de lucha política en la tira; los trabajadores accionan desde la autoconvocatoria. Es una lucha aislada, donde no hay crisis capitalista, sino capitalistas ‘vaciadores’. Duplaá, en ese sentido, se convierte en líder gremial por su experiencia de explotada sin contacto con ideas políticas. Son señalamientos, sin embargo, que no pretenden impugnar la telenovela, sino contribuir al análisis general de la obra. Por el contrario, “La Leona” debe ser

entendida como un fenómeno rupturista y valioso. La trama -donde incluso se ha mencionado, en un capítulo, a Prensa Obrera- cobra mayor importancia en el actual cuadro de despidos y ajustes que vino a imponer el macrismo, una línea de continuidad de la precarización y la quiebra K.  La telenovela pone en presencia, con sus límites, la tensión abierta entre las clases, mediante los signos ideológicos que lo manifiestan (por ejemplo la toma de la fábrica, de un lado, y el vaciamiento empresarial del otro). El deseo entre Echarri y Duplaá (y la disputa por ella entre los medio hermanos) orbitará en medio de esa tensión. La telenovela refleja, a su modo, la naturaleza de la lucha obrera en medio del desarrollo de la crisis general.

Daniel Mecca

“Somos hinchas, no clientes” A propósito de la protesta de los hinchas del Liverpool

Q

ue el fútbol se ha transformado en un negocio multimillonario no es ninguna novedad desde hace años. Sin embargo, en las últimas décadas el nivel de mercantilización del deporte más popular del mundo ha alcanzado niveles históricos. En la actualidad, se calcula que esta industria factura 700 mil millones de dólares anuales (El Cronista, 4/1), un 40% más que el PBI generado por nuestro país en todo un año. Pero, así como las relaciones mercantiles que impone el despotismo del capital se filtran por todos los poros de la sociedad, también lo hacen con ellas las crisis y contradicciones que le son inherentes. El fútbol, por supuesto, no es la excepción. El lucro capitalista del fútbol beneficia cada vez más a funcionarios, corporaciones y magnates que nada tienen que ver con el deporte y, en cambio, margina de sus beneficios a los verdaderos protagonistas, los jugadores y socios o hinchas. Análisis recientes señalan que los clubes se llevan apenas el 20% de lo que genera el “producto futbol” (El Economista, 22/4/15). Los clubes, por otro lado, cada vez menos se comportan como tales para pasar a ser verdaderas sociedades anónimas. Esta situación tiene su manifestación más extrema en

las principales ligas europeas, en donde “los clubes” cotizan en bolsa y se venden y revenden como cualquier otra mercancía. Los contratos multimillonarios con la televisión codificada, el negocio de las apuestas (con los escándalos de corrupción incluidos), los pases millonarios que enriquecen a los intermediarios, la comercialización de localidades con empresas de turismo, por mencionar algunas, se han transformado en las principales actividades de quienes gestionan estas entidades. Como se puede apreciar, nada de esto tiene que ver con el fomento de la actividad deportiva y el disfrute de los hinchas. Todo lo contrario. Son cientos los casos de clubes que han sido llevados a la quiebra e incluso desaparecido por la gestión capitalista de los mismos. El límite, sin embargo, son los hinchas. El sábado 2 de febrero, mientras se disputaba el encuentro entre el Livepool y Sunderland, 10.000 hinchas de “los rojos” se retiraron del estadio en el minuto 77. La acción, acordada previamente, estaba dirigida a la gerencia del club en protesta por la suba en el precio de las entradas a 77 libras (100 euros). Mientras se retiraban, podían escucharse los cánticos contra Fenway Sports Club (FSG),

la firma estadounidense dueña del Liverpool: Enough is enough/you greedy bastards/enough is enough (“Ya es suficiente, bastardos codiciosos, ya es suficiente”). Los carteles en las tribunas rezaban consignas como “El fútbol sin hinchas no es nada”, “Compartan la riqueza, cerdos” y “Somos hinchas, no clientes”. La indignación de los hinchas no es nueva: los dueños anteriores, los estadounidenses Tom Hicks y George Gillet, millonarios con sede en las islas Caymán, multiplicaron por siete la deuda del club, nunca construyeron el nuevo estadio que habían prometido y luego revendieron el club al grupo FSG (La Nación, 17/2). La suba en el precio de las entradas pega, sin embargo, en lo más profundo del sentimiento y la pasión de los hinchas: la lealtad de estar en las tribunas alentando a su equipo. Un fan comentaba durante la protesta que tardó 15 años en lograr un abono y que, si “debe renunciar ante la nueva suba, sabe que no volverá a obtenerlo jamás. Porque ahí están los turistas asiáticos que ignoran la letra de los cánticos, pero tienen más dinero” (ídem). La imposibilidad de los hinchas de concurrir a los estadios por el elevado precio de las entradas se ha transformado en

un problema social y cultural creciente en los países más futboleros. Ha transformado al deporte más popular en un espectáculo de elite. Frente a esta degradación creciente del fútbol, la rebelión de los simpatizantes del Liverpool marca un camino. El impacto de la protesta hizo recular al grupo FSG obligándolo a sacar una declaración de disculpas hacia los hinchas. Por otro lado, las hinchadas de un conjunto de clubes ingleses que integran la asociación que defiende sus derechos (Football’s Supportes Associations) quedaron en reunirse para organizar nue-

vas acciones porque “saben que esta lucha continúa. Y la codicia también” (ídem). La perspectiva, sin embargo, seguramente sea la que indica la máxima que encabeza el portal de internet de la agrupación de hinchas del Liverpool Spirit of Shankly (spiritofshankly.com) perteneciente al legendario DT de “los rojos” Bill Shankly. Dice así: “El socialismo en el que creo es el de uno trabajando para el otro, cada uno compartiendo los beneficios. Así entiendo el fútbol. Así entiendo la vida”. Nosotros también.

Diego Bruno

PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016 15

Universidad

Internacionales El Acuerdo Transpacífico: un ataque a los trabajadores

FULP

La Mella-Patria Grande: un episodio de esquizofrenia política

E

l 22 de febrero se reunió la Junta Representativa de la Federación Universitaria de La Plata. Entre los temas a tratar, se encontraba la adhesión al paro nacional convocado por ATE el 24 de febrero. El Frente 20 de Diciembre (La Mella-Cepa-UJS), que conduce la Federación actualmente, asistió con posiciones divergentes frente a ese debate. La Mella, que ostenta la presidencia, puso a consideración de la Junta una declaración, en la cual se encuentra absolutamente ausente la crítica al gobierno saliente, como si la crisis argentina y los “atropellos brutales a nuestros derechos” hubieran comenzado hace tres meses, al asumir el gobierno de Macri. La UJS-PO, secretaría general de la FULP, hizo una contrapropuesta que incorporaba nuevos elementos. Allí, denunciábamos que el plan de Macri es llevar hasta el final el ajuste que comenzó el kirchnerismo, y que para ello cuenta con el aval de los gobernadores e intendentes de todos los colores políticos. Además, la contrapropuesta llamaba a enfrentar el ajuste de Macri con un programa: salario igual a la canasta familiar, pase a planta de los precarizados, eliminación del impuesto al salario, prohibición de despidos y suspensiones. Por último, proponíamos que la FULP se integre a una columna unitaria de la educación y la ciencia junto a la Fuba, la AGD-UBA y los JCP de La Plata y de Capital Federal.

Ya salió La Caldera La revista de la UJS

Mientras el resto de la izquierda -Cepa, Insurrectos, Juventud Guevarista, Inti- acordaron con las críticas presentadas por la UJS-PO, el bloque K rechazó tanto la propuesta inicial como las modificaciones y críticas, en nombre de un pronunciamiento de adhesión al paro que publicarían independientemente de lo que allí sucediera, con el sello de la vicepresidencia segunda y los cinco centros que conducen. La resolución de la Junta Representativa fue convocar, en primer lugar y por unanimidad, al paro y movilización. En segundo lugar, con el aval de la conducción y los siete centros que conduce la izquierda, se resolvió editar un texto que volcara, en mayor medida, las posiciones señaladas en la contrapropuesta de la UJS (ver: www.cor.to/fulpmella). El 23 de febrero, horas antes que sea publicado el texto que aprobó la Junta Representativa, se dio a conocer el pronunciamiento que el bloque K había anticipado. En nombre del “movimiento estudiantil”, y en los mismos términos que la propuesta inicial de La Mella, llamaban a parar contra el gobierno nacional de Macri, sin explicitar con qué programa los estudiantes debíamos parar y movilizarnos. Por ejemplo, ¿las organizaciones K están dispuestas a luchar por el pase a planta y el fin de la precarización laboral que su gobierno impulsó como nadie en la “década ganada”? El pronunciamiento del blo-

que K nada dice del ajuste de los gobernadores e intendentes. Intentan esconder, por ejemplo, que Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, reprimió brutalmente a los trabajadores estatales que protestaban contra los despidos y el techo salarial en su provincia, el día siguiente a que Bullrich impulsara el protocolo antipiquetes. Este texto, en el que las organizaciones K se autoproclaman el “movimiento estudiantil”, cuenta con la firma de La Mella-Patria Grande. La corriente que preside la FULP, de esta manera, estaría firmando pronunciamientos contrapuestos en su orientación política, con el agravante de que uno -el del bloque K- desconoce la representatividad y el peso de un organismo de la Federación. Los compañeros de La Mella deben definir, qué rumbo quieren trazar para el movimiento estudiantil. O se encuentran, junto con la UJS-PO y la izquierda, en el campo de la independencia política de la Federación, que conquistó la aprobación del boleto, el comedor universitario, la expulsión de Pérez Albizu y de Piombo y Sal Llargués, o, por el contrario, van camino a integrarse a la variante patronal “nac&pop”, responsable del vaciamiento de la educación pública, de la Ley antiterrorista, de la precarización laboral y de atropellos enormes contra el pueblo. 

Fede Casas, secretario general de la FULP 

E

l Acuerdo Transpacífico (TPP) fue un tratado firmado el año pasado principalmente entre Estados Unidos y Japón, aunque abarca a doce países. Dicho pacto está dirigido contra China, en una clara posición de enfrentamiento comercial. La apertura comercial, y el ingreso de un número de multinacionales que promueven el acuerdo, tiene el objetivo de generar una mayor concentración capitalista, lo cual motivaría el desmantelamiento de ramas industriales y despidos a mansalva.

Pacto secreto Las cláusulas que contiene el documento firmado por los países miembros del TPP han sido ocultadas a la opinión pública. Esto se debe a que se trata de un tratado que lesiona la soberanía nacional de los países firmantes, en especial los puntos referidos a la apertura comercial y la conformación de “zonas francas” de explotación económica.   Las “zonas francas” se encuentran legalizadas en países como China, Vietnam, México y lugares del Caribe. Allí, se permite todo atropello a las condiciones laborales: la prolongación de la jornada laboral, la reducción de los salarios, la vulneración de la organización interna de los trabajadores, etc. El ingreso de Corea del Sur al TPP trae consigo un plan de reformas laborales: “Los capitales extranjeros y nacionales (como Hyundai y Samsung) estarán habilitados, con estas reformas, a despedir trabajadores permanentes indiscriminadamente (…) y podrán acrecentar la contratación del personal tercerizado. Intenta, también (…) reducir la capacidad de negociación de los sindicatos” (PO N˚ 1.398). Otro punto, que no es menor, es la creación de leyes, “protocolos” y medidas de seguridad

contra la “alteración el orden”. Es decir, permite un paquete legislativo que va desde la instalación de bases y radares militares hasta las detenciones arbitrarias, el cercenamiento de libertades democráticas y la creación de un cuerpo dirigido a reprimir la protesta social. 

Mercosur El Mercosur es la prueba cabal de que los compromisos de libre comercio fomentan la tercerización, la competencia ruinosa entre los trabajadores y el avance sobre las conquistas laborales, a partir de la desregulación de la legislación protectora del trabajo vigente en cada país. Los pulpos automotrices, que actualmente utilizan al Mercosur para la “exacción fiscal”, llaman a suscribirse al TPP o acuerdos de libre comercio con esa perspectiva. El fin es atacar la organización colectiva de los trabajadores para obtener un “salto en la productividad”.

El rechazo del TPP El Acuerdo Transpacífico debe ser de interés para todo el movimiento obrero. No solamente pone en riesgo sus conquistas laborales y su organización, sino que profundiza la vulneración de los intereses nacionales y los pone en enfrentamiento con sus países vecinos.  El rechazo del TPP debe incluir la denuncia sobre el carácter del Mercosur y de la burguesía latinoamericana, que lejos de propiciar un desarrollo autónomo y una industrialización de la región ha perpetuado el atraso y la concentración de los recursos continentales en los monopolios y el capital financieros. Esta tarea queda en manos de la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias.

José Barraza (h)

16 PRENSA OBRERA 1401 MARZO 2016

Internacionales BRASIL

Dilma y la oposición pactan el desguace de Petrobras

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l Senado brasileño acaba de aprobar una ley por la cual se elimina la exclusividad otorgada a la petrolera estatal como operadora de los yacimientos marinos. Esta iniciativa, que modifica las condiciones de explotación de la llamada capa pre-sal de petróleo de la plataforma marítima, venía siendo fogoneada insistentemente por la oposición. El proyecto fue elaborado por José Serra, uno de los líderes del principal partido opositor. Pero el dato saliente es que Dilma le dio el aval político, lo que ha provocado un tembladeral en el PT.

Disputa La nueva ley se inscribe en una pelea de carácter estratégico. Detrás del “Petrolão”, las investigaciones por corrupción estatal en las compras y contratos de Petrobras, se esconde una disputa entre la patria contratista brasileña (Odebrecht y compañía, cuyos directivos están en la cárcel) que supo orbitar alrededor de Petrobras, y un sector del capital extranjero que reclama una apertura económica y comercial que termine con las preferencias del régimen en favor de la gran burguesía local. Reclaman, en definitiva, una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra pública.

Crisis económica Dilma accede a ese reclamo, en momentos en que el gobierno se

encuentra cada vez más acorralado por la crisis económica. La recesión superó las previsiones, mientras la desocupación asciende al 9%. Las sucesivas devaluaciones no han podido impedir la salida de capitales. Luego del alejamiento del ministro de Economía, Joaquim Levy, el hombre de confianza del establishment, Dilma se ha empeñado en probar que su gobierno está en condiciones de continuar y pilotear el ajuste. Puso en marcha un gran paquetazo oficial que incluye una reforma jubilatoria, y podas en el presupuesto por otros 6.000 millones de dólares (se venía de una reducción anterior de 11.0000 millones). Esto afecta especialmente la obra pública, la salud y la educación. Ello en momentos en que el país está vivien-

do una emergencia sanitaria con la epidemia de zika. Pero para el mundo financiero y empresarial, “el ajuste anunciado es insuficiente para poner en equilibrio las cuentas públicas, aunque es difícil decir exactamente de cuánto debería ser”, explicó uno de sus voceros (La Nación, 20/2). Las calificadoras han reaccionado bajándole la nota a la deuda, que ha pasado a revestir la condición próxima a la de los títulos basura.

Crisis política El viraje en materia petrolera es una tentativa de Dilma por salvar su pellejo y la sobrevivencia de su gobierno a costa de concesiones sensibles al gran capital. Por esta vía, el gobierno pretende arribar a un compromiso con la oposición y alejar la amenaza de un juicio polí-

tico. La eficacia de la iniciativa oficial para neutralizar el cerco judicial está por verse. Han aparecido nuevas revelaciones sobre coimas que comprometen seriamente al principal publicista de las campañas presidenciales de Lula y de Dilma, junto a las denuncias de sobreprecios en las obras de extensión ferroviaria. Por lo pronto, lo que sí ha ocurrido es una división en el PT. La bancada oficialista, al igual que diferentes líderes partidarios, han calificado la nueva ley petrolera como una “traición”. Dilma no estuvo presente en la ceremonia en que se festejaba el 36˚ aniversario del PT. Que esta crisis haya estallado alrededor de Petrobras no es casualidad . El agotamiento del régimen petista tiene su epicentro en la petrolera estatal. Un “rescate”

brasileño, bendecido por del capital financiero, tiene como base y condición el desguace del esquema de explotación petrolera. Este giro está en el centro de la agenda, una cuestión que demandará una reorganización social y política de fondo con implicancias continentales. El entreguismo petrolero pone al descubierto los límites insalvables de la política de movimientos sociales y grupos de izquierda que se vienen movilizando a favor del gobierno en nombre del peligro de la derecha. El ajuste y el giro económico neloliberal que reclama el establishment lo está llevando adelante Dilma. El PT ha rechazado la nueva ley pero no está dispuesto a sacar los pies del plato y poner en juego la gobernabilidad. Las centrales y sindicatos alineados con el PT han aislado y abortado las tendencias de lucha y la acción directa que han impulsado diversos sectores del movimiento obrero en respuesta a los ataques que vienen recibiendo. La lucha para derrotar el ajuste en curso sólo puede abrirse paso desembarazándose de las ataduras con el gobierno y los partidos y bloques patronales cómplices, ya sean oficialistas y opositores. La clase obrera debe emerger como factor político independiente en vistas a transformarse en una alternativa de poder y dar una salida a la bancarrota nacional en desarrollo.

Pablo Heller

VENEZUELA

Entre el ajuste y la crisis política L

as medidas de ajuste anunciadas por Nicolás Maduro a mediados de febrero no resolverán los enormes desequilibrios de la economía venezolana. La gasolina aumentó más del 1.000%, pero partiendo de un precio insignificante, en tanto que la devaluación del bolívar no es suficiente para frenar el vuelco de divisas al mercado negro ni parece capaz de detener la sobrefacturación de importaciones. Venezuela afronta importantes vencimientos de deuda este año y no está claro que pueda cancelarlos en el cuadro de hundimiento de los precios del petróleo. Financial Times aboga abiertamente por el defol y el ministro de petróleo, Eulogio del Pino, asegura que existen conversaciones con la banca internacional para un refinanciamiento de la deuda de

PDVSA (Aporrea, 23/2). Si Maduro no ha avanzado más en las medidas de ajuste es por el temor a una explosión social (el 76% de los venezolanos ha caído en la pobreza y el desmadre inflacionario llevó la canasta alimentaria diez veces por encima del salario mínimo). El nuevo ministro de Economía, Miguel Pérez Abad, es caracterizado como “uno de los representantes del sector más pragmático de la revolución bolivariana” (La Nación, 17/2). Pese a este intento de entendimiento con el capital, en Venezuela se discute abiertamente la salida de Maduro del poder.

Transición negociada Con su popularidad en caída, la idea de una renuncia o una salida de Maduro estaría encon-

trando adeptos incluso dentro de sectores del chavismo y existirían canales de negociación abiertos entre dichos sectores y la oposición. Las variantes que se examinan al interior de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) van desde un reclamo de renuncia de Maduro hasta el referéndum revocatorio y una Constituyente, pasando por una enmienda constitucional que recorte el período presidencial. El problema de casi todas estas variantes es que chocarían con el veto del oficialista Tribunal Supremo de Justicia y agudizarían la crisis de poder abierta con el triunfo opositor en las eleccciones legislativas (el Supremo acaba de recortar las atribuciones del Parlamento y éste impugna muchos de los nuevos jueces designados).

Más que una salida abrupta de Maduro, la línea que prevalece es la de una transición negociada. Es, por ejemplo, lo que reclama The Economist (5/2). Por izquierda, Heinz Dietrich alienta un acuerdo “entre el chavismo eficiente y el centro opositor” (Aporrea, 18/1), en el primero de cuyos campos ubica al vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Si Maduro fue en algún momento una carta de contención de las masas, la acelerada descomposición del régimen bolivariano plantea su potencial desplazamiento como elemento de descompresión política. Pero el planteo de una transición indolora es una quimera en medio de los profundos desequilibrios existentes y el ajuste brutal que requieren la burguesía y el imperialismo. La agudi-

zación de la crisis económica ha instalado en la agenda el temor a un nuevo Caracazo. En medio de este agitado panorama, los gobernadores de extracción militar (chavistas) y las Fuerzas Armadas han salido a respaldar explícitamente a Maduro frente a los rumores que hablaban de una rebelión militar. A la luz de todos estos elementos, es claro que Venezuela transita una crisis de poder. La izquierda no puede, en este escenario, confinarse a la lucha reivindicativa, sino que debe ofrecer una salida política. La pertinencia del llamado a una Asamblea Constituyente que reorganice el país sobre bases socialistas debería ser puesto a discusión.

Gustavo Montenegro