Algunos efectos de la inmigración sobre la economía andaluza.

Juan Ortiz Molina. Economía Política. Universidad de Málaga. ([email protected])

-CUESTIONES PREVIAS.

Al pensar sobre los actuales flujos migratorios, parto de la premisa de que, en la época de la globalización neoliberal, las desigualdades de todo tipo son ya tan profundas y los desequilibrios tan grotescamente acentuados que las distorsiones económicas, sociales y ambientales sobre las que se asienta el capitalismo se han intensificado hasta el paroxismo.

Sabido es que durante la etapa previa conocida como del Estado de Bienestar, la fuerza de trabajo estaba circunscrita al estado-nación y, en este marco, la población asalariada disponía de una variada gama de derechos. Contrariamente, en la nueva fase de neoliberalismo global, la norma seguida ha consistido en extender la desregulación sobre todos los ámbitos, es decir, se han eliminado (o suavizado) las preexistentes regulaciones estatales que operaban sobre el capital, las mercancías, los recursos naturales y, como no, sobre el factor trabajo, dando lugar con ello, por un lado, a la recuperación de la tasa de ganancia pero, por otro, a una intensificación del desorden sistémico.

El absoluto desconcierto sobre el tema de emigración que caracteriza las políticas de los territorios receptores es una buena prueba de dicho desorden. En España, además, esa política ha presentado (y no puedo entrar aquí en ello) fuertes dosis de imprevisión, de arbitrariedad y de incoherencia. Pero lo que quizás sea aún más grave en el caso español es la tremenda desmemoria, el enorme ejercicio de amnesia colectiva que ha sido preciso para elevar a rango de ley preceptos que atentan no sólo contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y contra nuestra propia Constitución, sino contra las más elementales nociones del derecho natural.

1

En la vigente Ley de Extranjería, la tercera de la democracia, se quiere olvidar y se olvida, que hay más españoles residiendo fuera de nuestras fronteras que extranjeros en España. El espíritu de esa ley soslaya que desde principios del siglo XX han emigrado unos siete millones de españoles, de los que unos dos millones siguen hoy viviendo fuera. El nuestro es el país de la UE con menor porcentaje de inmigrantes y, aún así, la problemática de la emigración preocupa a los españoles casi tanto como la del terrorismo, y la consideramos asociada, asimismo, con aspectos delictivos.

Al igual que sucede frente a otros planos de la realidad, ante la inmigración actual la ciudadanía española está desorientada e insuficiente o deficientemente informada. El temor inmediato de los autóctonos por la conservación de sus puestos de trabajo, ahora accesibles a personas menos exigentes, y por el deterioro de la calidad de algunos bienes públicos esenciales (sanidad, educación...) constituye una espoleta que es preciso desmontar, pues el estallido del conflicto es una permanente amenaza no exclusivamente retórica.

Al abordar el fenómeno migratorio en la actualidad, estimo que deben tenerse presentes algunos aspectos especialmente significativos de cara a su cabal comprensión dado que, aunque en ocasiones su origen se encuentra en crisis políticas o militares o en catástrofes naturales, las razones que impulsan a emigrar son fundamentalmente económicas. Habría que hablar1 , en primer lugar, de la “doble desigualdad entre el norte y el sur del Mediterráneo”. No olvidemos que el 90% del Producto Nacional Bruto mediterráneo se encuentra en el norte, en tanto que el Magreb no ha recibido las mismas ayudas de la Unión Europea que, por ejemplo, España y Portugal. Además, la poca riqueza de los países africanos se concentra en sus capas dirigentes. Ambos hechos, unidos a la explosión demográfica de la región, hacen inciertas las escasas perspectivas de desarrollo e invita a miles de jóvenes que llegan a la edad laboral a salir de su entorno en busca de mejores opciones.

Creo pertinente señalar, en segundo lugar, “la porosidad fronteriza”. Y es que sólo se impide el acceso a quién no dispone de suficientes medios de pago. Sabido es que, por ejemplo en Marbella y toda la Costa del Sol, a buena parte de los usuarios del Casino de 1

Como señalan Goytisolo, J. y Naï r, S.: El peaje de la vida. Integración o rechazo de la emigración en España. Aguilar. Madrid. 2000. 2

Torrequebrada se les conoce como “los árabes”, lo que les distingue del resto de “los moros” desde el momento mismo de acceder al paso fronterizo.Y ya que la entrada “se vende”, ¿cómo impedir que quienes pretenden pasar intenten comprarla? El visado de turista es el documento cada vez es más usado para salir, y se compra. Las redes mafiosas brotan de esta misma lógica de mercado, pues también “venden” el acceso.

En tercer lugar, conviene recordar lo “abierto del mercado de trabajo en el norte”, donde no escasean los empresarios que demandan mano de obra dócil, moldeable y barata mientras que, por otra parte, la economía sumergida también opera fundamentalmente sobre la base de trabajadores extranjeros. Así, de una u otra forma insertado en ese “abierto mercado laboral del norte”, al inmigrante le es más fácil permanecer, bien porque los sindicatos tienen voluntad de que se les regularice para evitar descensos demasiado fuertes del precio de la fuerza de trabajo, bien por la hipocresía de unos Estados que no reprimen a los

empleadores

clandestinos

y

otorgan,

de

vez

en

cuando

y

arbitrariamente,

regularizaciones extraordinarias2 .

La cuarta cuestión a tener presente, se refiere a la propia política europea en general y respecto a los países mediterráneos en particular; política tendente a apropiarse de sus mercados, impidiendo con ello la generación de vías de ocupación en la producción nacional para la población autóctona. Merced a la estrategia de las subvenciones, los países desarrollados consiguen colocar sus productos en los mercados de los países pobres a un precio

inferior

al

que

resulta

la

producción

local.

Ese

mecanismo

contribuye

determinantemente a arrasar la actividad generadora de riqueza y de empleo en los territorios de salida de emigrantes.

El último aspecto que, de modo previo, me parece oportuno considerar es que, en la época de la pretendida globalización y liberalización de los mercados, con una libertad de circulación planetaria para los capitales y mercancías del norte así como para sus productos culturales, la emigración debería convertirse en un derecho y, en buena medida, ya es así concebido por los candidatos a emigrar, por quienes exigen el derecho a disfrutar de aquello que también han ayudado a construir. Y es que, en palabras de J. Ramoneda, “el coro de las maravillas de la globalización pierde su alegría cuando se habla de circulación

2

En España, son ya cinco los procesos extraordinarios efectuados desde 1985. 3

de personas”3 ; o como escribe G. García Márquez, “la globalización no podrá ser un proceso unidireccional e injusto por el cuál los bancos y las grandes compañías tecnológicas o de alimentos atraviesan fronteras como el viento, mientras a las personas se le ponen más trabas, cuarentenas y cuotas que a los apestados medievales”4 .

No parece que en nuestra época, pues, se pueda continuar pensando la emigración como si su tratamiento dependiese todavía, exclusivamente, de una soberanía nacional unilateral. Por ello, como señala Sassen, es importante acercar los hechos migratorios a las políticas que los provocan5 : el Estado-nación se ve rebasado por los sistemas de poder vinculados a las finanzas y a los negocios mundiales. De ese modo, puede entenderse cómo la Organización Mundial de Comercio y el Tratado de Libre Comercio, que son entidades transnacionales no estatales, van privatizando numerosos aspectos de la regulación del trabajo transfronterizo, lo que se concreta en acuerdos sobre movilidad de mano de obra con “fuerte valor añadido”: personal de alto nivel educativo o de capital y migrantes identificables y sometidos a regulación efectiva. En definitiva, de aquellos que pueden generar “beneficios”, considerando la nueva concepción neoliberal de los cambios y de las inversiones. Consecuentemente, los gobiernos de los países ricos habrán de gestionar los elementos de la inmigración “pobres” o “de poco valor añadido” (no cualificados, refugiados, etc.), lo que se hace mediante el aumento de peso de la concepción policial en torno a la emigración.

Andalucía ha sido a lo largo de su historia un espacio de crisol, de encuentro y de fusión de culturas, no siempre entremezcladas de modo pacífico. Su situación geográfica ha servido, y sirve, de puente entre dos continentes. Los pueblos de uno y otro lado de la orilla han tenido constantemente la tentación enfrente y tantas veces han sucumbido a ella, alcanzándola, que las similitudes entre las formas de vida en ambos márgenes son más que palpables. Por otra parte, y hasta hace bien poco, la región ha sido el origen de constantes migraciones: a Madrid, a Cataluña, a la industrializada cornisa cantábrica, a Francia, a Suiza, a Alemania, o a América. Todavía hoy, son muchos los andaluces que viven y trabajan fuera, a pesar de que durante los últimos años setenta y los ochenta del recién acabado siglo la mayor parte de ellos fue regresando.

3

Diario El País, 10/02/01. Diario El País, 18/03/01. 5 Saskia Sassen en Le Monde Diplomatique (edición en español), noviembre 2000. 4

4

Una tierra, en cualquier caso, de migraciones es la que, en virtud de los acuerdos de Schengen6 , resulta ser ahora la receptora del primer impacto de la entrada de inmigrantes sin papeles, y de la recogida de los cadáveres de quienes no consiguieron llegar. Evidentemente, la problemática de la inmigración no se va a resolver con iniciativas locales o regionales; por ello, el análisis de sus causas y consecuencias requiere de una perspectiva más amplia, en la que desde Andalucía se exigiera un planteamiento del problema a otros niveles, para intentar globalizar la cuestión y para insistir sobre la necesidad de acometer otras políticas económicas, no solamente en España, sino en Europa. Se convierte, pues, en fundamental el que los grupos políticos y sociales andaluces se empeñen en trasladar esa perspectiva al Parlamento Europeo y al resto de instancias con capacidad de incidencia sobre ese cambio reclamado.

No obstante lo señalado, es cierto que el Gobierno regional andaluz viene abordando la nueva situación de territorio de llegada de inmigrantes con un sesgo diferenciado al que la Administración estatal ha imprimido al suyo. Puede ser que la distinta sensibilidad mostrada por ambas administraciones se deba a razones históricas, quizás más presentes por cercanas en el imaginario andaluz. O, puede ser debido a que el PSOE, que gobierna Andalucía ininterrumpidamente desde 1982, trate de hacer con su política sobre inmigración en la región una referencia que sirva como campaña en el conjunto del Estado para desgastar al gobierno del PP. Pero también, esa actitud diferencial podría deberse al hecho de que los Estados tienden progresivamente a delegar en las regiones (y estas, a su vez, en los ayuntamientos) la gestión de las consecuencias sociales que generan sus decisiones macroeconómicas. Sea como fuere, existen matices importantes entre las actuaciones acometidas desde uno y otro ámbito institucional. Matices que no se percibían, por cierto, cuando antes de 1996 el PSOE gobernaba España.

No puede olvidarse que el desorden normativo en torno a la extranjería se abre en la España democrática con la aprobación por el gobierno del PSOE de la Ley Orgánica 6

Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos decidieron, en 1985, crear entre ellos un territorio sin fronteras, el espacio "Schengen", el nomb re de la ciudad luxemburguesa donde se firmaron los primeros acuerdos, a los que la recién incorporada España se sumó casi de inmediato. Esta cooperación intergubernamental se amplió a trece Estados en 1997, con ocasión de la firma del Tratado de Ámsterdam. En estos acuerdos de Schengen, se le encomendaba a España el rol de “guardián de la frontera sur de Europa” y, según se sigue de las políticas acometidas durante estos últimos quince años, podría decirse que lo hemos venido desempeñando con un celo exquisito 5

7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El Reglamento que iba a desarrollar esa norma hubo de esperar once años, hasta febrero de 1996, para ver la luz. Con aquella Ley, el gobierno del PSOE inauguró en nuestro país la vía excluyente y policial en el tratamiento de la problemática sobre inmigración. Considerando las premisas sobre las que se elaboró el articulado de la misma, resultaba previsible ya entonces el incremento de las situaciones de irregularidad y, en efecto, desde su entrada en vigor no ha cesado de crecer en nuestro país el número de ilegales ni de sucederse las regularizaciones extraordinarias.

Así las cosas, en España ha resultado ser especialmente delgada y cambiante la línea que separa las situaciones de estancia legal, ilegal o incluso alegal; la mayor parte de quienes más tarde son contados como ilegales acceden al país de llegada, sin embargo, de modo perfectamente legal, con su pasaporte en regla y su visado de turista. Es al expirar éste cuando la persona franquea la delgada línea y se convierte en ilegal. También acaban engrosando esa situación aquellos “legales” que obtuvieron sus papeles en su momento pero que, por diferentes motivos o a veces sin ellos, han visto denegada su renovación. Las regularizaciones efectuadas, y los permisos de entrada concedidos por el Ministerio de Interior, suelen tener una validez de un año, transcurrido el cual pueden, tanto unos como otros, volver a engrosar el colectivo de “sin papeles”. Un tercer grupo de ilegales, en principio, lo constituyen aquellos que consiguieron acceder al territorio nacional con documentos falsificados o sin hacerlo por los oportunos pasos fronterizos.

Esta variable situación personal da lugar, por un lado, a una permanente amenaza que disciplinará a todo el colectivo inmigrante y, por otro, a que en su seno aparezcan dos subgrupos de trabajadores: los legales y los ilegales. La existencia de los primeros permite mantener y profundizar las condiciones de flexibilidad en la incorporación del conjunto de la fuerza de trabajo a las tareas productivas, tanto en lo que se refiere a la estacionalidad como en cuanto a las condiciones que demandarían los trabajadores nacionales de no actuar como incentivo la presencia de ese grupo en los mercados laborales. Y permite, también, a los Estados receptores mejorar la financiación de sus redes de protección social, debilitadas con las políticas desreguladoras acometidas durante las últimas décadas. Por otra parte, el incremento de los ilegales va a intensificar las actividades vinculadas a la economía sumergida y va a permitir a los empresarios con menores escrúpulos obtener beneficios extraordinarios mediante su explotación. 6

Pero, al hablar de extranjeros, también hay que referirse a los ciudadanos de los Estados miembros de la UE, los cuáles tienen un status más próximo al de los nacionales aunque los regímenes aplicables a unos y otros no sean equiparables. Los individuos pertenecientes a ese colectivo, se encuentran, en principio, dentro del grupo de los legales y su actividad como trabajadores suele estar más orientada a tareas de alto valor añadido. Muchos residentes comunitarios, sin embargo, son rentistas o jubilados que eligieron nuestra tierra por motivos distintos a los económicos y más asociados a aspectos climatológicos o de calidad de vida. Cabría preguntarse sobre ellos si, desde las connotaciones asociadas a ese término, ¿son inmigrantes? Y es que parece que cuando se habla de inmigración en España, y en Andalucía, solo se tiene en mente a los africanos que cruzan en patera el Estrecho de Gibraltar. Hasta el año 2000 los ciudadanos originarios de países miembros de la UE han sido mayoría sobre el total de los extranjeros residentes en España. No es hasta ese año cuando los extracomunitarios comienzan a superarles en número. Tampoco los deportistas extranjeros parecen caer dentro del grupo de inmigrantes7 , y es que resulta evidente que Europa rechaza la entrada de quienes carecen de recursos económicos y exclusivamente se aviene a aceptar a “los precisos” para aliviar sus necesidades de mano de obra barata y de financiación complementaria de sus cuentas públicas.

Por todo ello, conviene subrayar que Andalucía es, además de zona de llegada de inmigrantes, tierra de paso para quienes pretenden alcanzar otra región o país más al norte; espacio de acogida para muchas personas que encuentran allí su trabajo; y, también, es destino para otros que, sin buscar empleo necesariamente, hallan en esta tierra un lugar agradable donde quedarse a vivir.

7

Es pública la implicación de conocidas sociedades futbolísticas españolas y europeas en tramas de legalización de jugadores extracomunitarios. Quizá, también, proceda recordar las recientes facilidades que España concedía a conocidos atletas caribeños con ocasión de su posible participación en los juegos olímpicos de Sidney; al respecto, el Presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, señalaba: "estimamos que es absolutamente injusto que los países ricos, basados en su capacidad económica, en su oferta de becas, de dádivas, de condiciones de trabajo, de nivel de vida y otros elementos, se lleven a los talentos de los países pobres" (Diario Marca, 11/08/2000). En este sentido, resulta ilustrativo leer “Se venden piernas” de Eduardo Galeano, en Ser como ellos. Siglo XXI, Madrid, 1993. 7

Grupos tan heterógeneos de población foránea en Andalucía, constreñidos por situaciones económicas tan dispares, generan, necesariamente, efectos múltiples y diversos sobre muy variados ámbitos de la vida en la región. Algunos de ellos nos proponemos observarlos, siquiera superficialmente, en las páginas que siguen. Así, se esbozará el estado de la atención a población extranjera en Andalucía en materias de salud y de educación, una referencia a la situación en cuanto a vivienda y, con más detalle, se revisará la vinculación de la población extranjera en situación de legalidad en Andalucía a los distintos regímenes de afiliación a la Seguridad Social y sus más recientes cambios.

-LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA ANTE TRES NECESIDADES BÁSICAS: UN BOCETO DE LA SITUACIÓN.

Parece razonable sostener que según cuál sea el estado de cosas referido al modo en que la población extranjera se inserta en la sociedad andaluza en aspectos tan cruciales como atención sanitaria, educación, vivienda y empleo, así será el juicio que se derive sobre sus condiciones de vida entre nosotros.

Evidentemente, los medios de que disponen los diversos grupos de población foránea para afrontar sus necesidades sanitarias en Andalucía son muy desiguales; no todos están en situación de poder ocupar un hospital comarcal para sí y para su séquito, como sucediera no hace tanto tiempo en el de Marbella con la familia real saudí. Algunos otros resuelven sus necesidades acudiendo a la amplia oferta de servicios sanitarios privados con que cuentan las zonas más turísticas o residenciales. Pero para la mayor parte de estas personas la única opción real consiste en acudir al Servicio Andaluz de Salud, todo un reto para una Comunidad que cuenta con una infraestructura sanitaria manifiestamente más débil que otras regiones españolas, según se desprende de los indicadores al uso (camas hospitalarias, gasto sanitario por habitante, etc.).

Así, desde su llegada en patera, muchos son quienes precisan de asistencia por desnutrición o deshidratación. Por otra parte, las enfermedades tropicales y otras que, como la difteria, eran prácticamente inexistentes en nuestro territorio, constituyen patologías que han de ser vigiladas, ahora más estrechamente, por los servicios sanitarios en la región.

8

Las dificultades de comunicación entre personal sanitario y pacientes también han de ser superadas en los hospitales y en los servicios de salud, que no siempre disponen de los medios humanos y materiales más adecuados para ello. A pesar de ello, el Servicio Andaluz de Salud viene prestando atención, sin distinción de situaciones administrativas individuales, a toda la población inmigrante que la requiere. Debe insistirse en la idea de “sin distinción de situación administrativa”, pues en Andalucía convergen tanto multitud de indocumentados como innumerables individuos procedentes de Estados miembros de la UE que, sin formar parte del censo de residentes en ambos casos, presionan fuertemente sobre la demanda de servicios sanitarios.

Durante el año 2000 se efectuaron en Andalucía 70.247 asistencias sanitarias a inmigrantes, más de la mitad de ellas en Almería donde, además, el número de “urgencias” fue muy superior al sucedido en otras provincias, como ponen de relieve los datos facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Asistencias sanitarias realizadas a la población inmigrante en Andalucía durante el año 2000 Provincias

En Atención Primaria

Almería

En Atención Hospitalaria Urgencias

Ingresos

TOTAL ASISTENCIAS

Total

14.075

28.914

2.262

31.176

45.251

Cádiz

1.600

948

133

1.081

2.681

Córdoba

2.429

24

0

24

2.453

Granada

6.880

463

69

532

7.412

Huelva

1.565

394

38

432

1.997

545

777

5

782

1.327

Málaga

3.182

673

55

728

3.910

Sevilla

4.952

260

4

264

5.216

35.228

32.453

2.566

35.019

70.247

Jaén

ANDALUCÍA

Fuente: Borrador del Plan Integral para la inmigración en Andalucía. Junta de Andalucía. Documento mimeografiado.

Por otra parte, la Consejería de Salud ha establecido convenios con diferentes entidades y organizaciones sociales para vertebrar la atención sanitaria a esta población, a la que se le facilita, en su caso, una Tarjeta de Asistencia Sanitaria Temporal. Ello no obsta, sin embargo, para que quienes son indocumentados se muestren reticentes a demandar atención sanitaria, pues temen con ello ser descubiertos. Ese aspecto de la accesibilidad sanitaria por parte del citado colectivo viene siendo subsanado o, al menos, en parte corregido mediante la intermediación frecuente de ONG’s más o menos 9

especializadas, que son fundamentalmente quienes prestan su asistencia a pie mismo de playa o en las zonas urbanas marginales donde acaban concentrándose. Y es que, en ese contexto de progresiva privatización de las actuaciones sociales, las administraciones públicas vienen delegando en estas organizaciones el papel que la Constitución española encomendó, precisamente, a los “poderes públicos”.

Resulta evidente, en fin, que para evitar el deterioro en las condiciones de uso de este esencial servicio por el conjunto de la población, se hace preciso incrementar los esfuerzos económicos que los poderes públicos destinan a ese capítulo.

Igual sucede con la educación. En Andalucía, el número de jóvenes inmigrantes escolarizados en los centros educativos de la región se ha cuadriplicado durante los últimos cuatro años. Según un estudio de Comisiones Obreras8 , se ha pasado de 4.055 menores en el curso 1997/98 a 15.862 en el 2000-01. De ellos, más de la mitad correspondería a primaria, donde el número de escolarizados se triplicó durante ese periodo (de 3.517 a 9.499). Pero mayor incremento sucedió en secundaria, pues en ese período el número quedó multiplicado por once (de 538 a 6.363).

Por provincias, es Málaga la que acoge a más de la mitad de los europeos escolarizados en Andalucía. En Sevilla, Granada y Cádiz son también mayoría los europeos, aunque en términos más equilibrados. En las otras cuatro provincias, la mayoría del alumnado es de origen africano, siendo Almería la que mayor proporción concentra. Las aulas de adaptación que ayuden a superar la barrera idiomática, más personal cualificado en los centros y recursos para ellos, se hacen precisos también si es que, efectivamente, se desea integrar a esta población en lugar de pretender confinarla en guetos. Para evitar que ello suceda, también, sería preciso que las comisiones provinciales de escolarización estuviesen atentas a la distribución por colegios de la población extranjera, observando tanto la proximidad del domicilio al Centro como la inexistencia de una excesiva concentración en determinados colegios.

Consciente, quizás, de esas necesidades, la Consejería de Educación andaluza ha puesto en marcha el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes, con el objetivo prioritario de la plena escolarización de la población escolar extranjera y, en particular, con el de

10

integrar plenamente en el sistema educativo a las niñas procedentes de culturas donde la mujer desempeña un papel social casi inexistente.

Según los datos de la propia Consejería, durante el curso 2000-01 hubo 14.100 escolares matriculados en Andalucía. Como se ha visto antes, la mayor parte de ellos en la provincia de Málaga y cursando Educación Primaria. De los casi 9.000 estudiantes de Primaria, el 47% son chicas, proporción de género que se mantiene también en Secundaria. Alumnado extranjero en Andalucía. Curso 2000-01. Provincias Almería

Primaria

Secundaria TOTAL

1.686

924

2.610

Cádiz

929

345

1.274

Córdoba

320

142

462

Granada

730

627

1.357

Huelva

335

498

833

Jaén

221

172

393

3.704

2.054

5.758

809

604

1.413

8.734

5.366

14.100

Málaga Sevilla ANDALUCÍA

Fuente: Borrador del Plan Integral para la inmigración en Andalucía. Junta de Andalucía. Documento mimeografiado.

Al menos el primer objetivo antedicho, la plena escolarización de esta población, aunque no exento de algunos matices en cuanto a su calidad, puede considerarse alcanzado. Y eso, supone un reconocimiento de los esfuerzos del profesorado, del resto de profesionales de la administración educativa andaluza, y de la propia Consejería, por haber escolarizado e integrado, sin demasiados conflictos, al conjunto de estos nuevos andaluces.

El tercer aspecto que quiero destacar, por la fundamental importancia que en la integración social de la población inmigrante representa y por el determinante papel que desempeñan en él las administraciones, es el de la vivienda. Dejando de lado el caso de los residentes europeos con renta suficiente como para disfrutar de una vivienda superior o igual que la del ciudadano andaluz promedio, en Andalucía ésta es la gran asignatura pendiente –sin entrar aún en las condiciones laborales- de la pretendida integración.

8

Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, febrero 2001; http://www.fe.ccoo.es/andalucia. 11

Seguramente, la mejor ilustración al respecto esté constituida por la situación de la vivienda para inmigrantes en las tierras de Almería.

Según un informe presentado en febrero pasado por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entre el 60 y el 80% de los alojamientos que viene ocupando dicha población en Almería lo constituyen infraviviendas, que carecen de los servicios más esenciales9 . En la presentación del informe, ante la oportuna Comisión parlamentaria, denunciaba la nula colaboración de los Ayuntamientos de la comarca de Poniente y Níjar. Ninguno de esos municipios, señalaba, se ha acogido a las ayudas de la Junta de Andalucía para facilitar alojamiento a los inmigrantes. Y, mientras el Defensor del Pueblo exigía soluciones al alojamiento, los alcaldes populares y socialistas de Almería coincidían en negar suelo para alojar inmigrantes; la Junta buscaba un acuerdo con el Gobierno central frente a las trabas municipales; y, por su parte, el alcalde de El Ejido, llevaba a cabo nuevos desahucios de inmigrantes, muchos de ellos “con papeles”.

En su ámbito, la Junta andaluza volvía a intentarlo publicando un Decreto de alojamientos para temporeros y, a la vez que el PP pedía su derogación, Chamizo lo elogiaba y exigía su aplicación, y los alcaldes del poniente lo incumplían e ignoraban impidiendo, una vez más, la salida de suelo para viviendas10 .

Un auténtico desconcierto institucional sobre la materia, que viene dando lugar a que los plásticos de los invernaderos sean el techo, la cama y las sábanas de muchos de quienes luego ayudarán en unas faenas que, en 1998, supusieron 254.250 millones de pesetas (unos 1.350 millones de euros) de valor de la producción agraria almeriense11 .

Si en política sanitaria y educativa la situación, aunque mejorable, no es demasiado negativa, en la política de alojamientos el fracaso es indiscutible, pues la dinámica referida para la provincia de Almería es en términos generales extrapolable, al menos, a las zonas de Lepe, Cartaya, Palos, Moguer y Almonte, en Huelva; a las comarcas de La Loma y las Campiñas Norte y Sur, en Jaén; y en Granada, a las zonas de invernaderos de Almuñécar y La Rábita.

9

Diario El País: 06/02/01, 02/03/01 Diario El País: 06, 18, 20, 22, 27/05 y 07/06/01. 11 S.O.S RACISMO: El Ejido: Racismo y explotación laboral. Icaria. Barcelona. 2001. 10

12

Impulsado por la magnitud del fenómeno en nuestra CC.AA., recientemente el ejecutivo autónomo ha concretado su actuación política y económica en un Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. La voluntad expresada en el mismo es que la situación administrativa del inmigrante no limite su atención e inserción social. Este planteamiento resulta antitético con el manifestado por el Gobierno español en la vigente Ley 8/2000, aunque se señala desde Andalucía que no se pretende vulnerar la Ley de Extranjería, sino buscar los resquicios que permitan amortiguar las diferencias en el trato entre legales e ilegales. Según el propio borrador del Plan, la Junta de Andalucía destinará al mismo 15.974 millones de pesetas durante 2001 y unos 11.500 millones anuales durante cada uno de los restantes ejercicios previstos en el Plan 2001-2004 hasta sumar los 51.000 millones comprometidos para el cuatrienio (más de 300 millones de euros). Las actuaciones se orientan, fundamentalmente, a las áreas socio-educativa, recursos sociales, socio-sanitaria y cooperación al desarrollo, dotándose con 19.000, 15.000, 6.000 y 4.000 millones de pesetas, respectivamente. El resto de áreas de intervención (socio-laboral, vivienda, cultura, atención jurídica, investigación y sensibilización) contemplan cuantías inferiores hasta completar el total programado.

-LA ACTIVIDAD LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN ANDALUCÍA: UNA CARACTERIZACIÓN.

Las estadísticas disponibles más fiables solo se refieren, como es sabido, a quienes se encuentran en situación de legalidad. A ellos nos referimos seguidamente, tomando como datos base los de la afiliación a la Seguridad Social que contaba, a 31 de diciembre de 2001, con 15.748.752 cotizantes en todo el Estado español. Esa cifra reflejaba un crecimiento de unos 500.000 respecto al mismo mes del año anterior. De esos nuevos cotizantes incorporados durante el último año, el 24% (uno de cada cuatro) eran extranjeros. Como puede verse en el cuadro que sigue, entre el mes de diciembre de 1999 y el mismo mes de 2001 casi se dobla el volumen de extranjeros afiliados en España a la Seguridad Social, si bien fue muy superior el crecimiento del volumen de no comunitarios frente a los procedentes de la Unión Europea.

13

EVOLUCIÓN DE LOS EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. TOTAL ESPAÑA. Dic. 1999

Dic. 2000

Dic. 2001

% 2001/1999

Comunitarios

120563

140391

157394

130%

No Comunitarios

211844

311706

447508

211%

TOTAL

332407

452097

604900

182%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

Del casi medio millón de extranjeros que estaban activos en la Seguridad Social en España en diciembre de 2000, unos cincuenta mil, poco más del 10%, lo estaban en Andalucía, distribuidos por provincias y regímenes como se recoge en el siguiente cuadro.

Trabajadores ext ranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía según Tipo de régimen laboral, por provincias, a 31 de diciembre de 2000 Provincias Rg.Gral y MC. R.E.Agrario R.E.del Mar R.E.Hogar R.E.Tr.Aut. TOTAL Almería 2788 (14%) 12580 (76%) 72 (20%) 63 (2%) 899 (8%) 16402 (33%) Cádiz 1424 (7%) 123 (0,7%) 95 (26%) 155 (6%) 858 (7%) 2655 (5%) Córdoba 580 (3%) 170 (1%) 0 106 (4%) 190 (2%) 1046 (2%) Granada 1292 (7%) 608 (3%) 9 (2%) 266 (11%) 1046 (9%) 3221 (6%) Huelva 517 (2%) 1493 (9%) 107 (30%) 64 (2%) 223 (2%) 2404 (5%) Jaén 436 (2%) 693 (4%) 0 75 (3%) 179 (1%) 1383 (3%) Málaga 10025 (52%) 502 (3%) 77 (21%) 1205 (47%) 7127 (62%) 18936 (38%) Sevilla 2250 (12%) 325 (2%) 1 (0,2%) 596 (24%) 969 (8%) 4141 (8%) ANDALUCIA

19312 (100%) 16494 (100%) 361 (100%) 2530 (100%) Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

11491 (100%)

50188 (100%)

Como se deduce de los anteriores datos, la distribución de la población extranjera entre las ocho provincias es muy desigual. Solo entre Málaga (37,7%) y Almería (32,6%) concentraban en ese momento al 70% de los que estaban dados de alta en la Seguridad Social en la región. Sevilla (8%), Granada (6%), Cádiz y Huelva (4-5%) y Jaén y Córdoba (2-3%) están muy lejos aún de los niveles alcanzados en las dos provincias antes citadas. Pero la distribución interprovincial tampoco es homogénea, dando lugar a que, en algunas comarcas de Almería o Huelva, el número de inmigrantes suponga hasta el 10% de la población local, en tanto que en el conjunto de la región su proporción no alcanza aún al 2% del censo andaluz total.

La provincia de Málaga destacaba sobremanera en el volumen de extranjeros inscritos en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, pues concentraba al 62% del total de quienes en esta región estaban inscritos en ese epígrafe. Acogía, también, al 14

52% de los extranjeros que en Andalucía estaban inscritos en el Régimen General, a casi la mitad (48%) de quienes lo estaban en el de Empleados de Hogar y al 21% de los del Régimen del Mar.

Por su parte, en Almería, se concentraban la mayor parte, un 76%, de aquellos que en la región estaban afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario. Albergaba, asimismo, una importante proporción de quienes, en Andalucía, se inscribían en el Régimen Especial del Mar (20%) y en el General (14%).

En el resto de las provincias, con valores en general mucho más bajos, tan sólo destacaban, por su importancia sobre el conjunto regional referido al Régimen Especial del Mar, Huelva (30%) y Cádiz (26%). Resulta una curiosidad llamativa el que la provincia de Sevilla destacara en el conjunto regional solamente en cuanto a la proporción de extranjeros cotizantes bajo el epígrafe de Empleados de Hogar (24%).

Diez meses más tarde, a 31 de octubre de 2001, las grandes líneas descritas sobre la distribución provincial y por regímenes en las provincias andaluzas no había variado sensiblemente, a pesar de la incorporación a las listas de cotizantes de unos 16.000 nuevos extranjeros afiliados.

Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía según Tipo de régimen laboral, por provincias, a 31 de octubre de 2001. Provincias Rg.Gral y MC. R.E.Agrario R.E.del Mar R.E.Hogar R.E.Tr.Aut. TOTAL Almería 4685 (17%) 17070 (76%) 84 (21%) 121 (4%) 1070 (8%) 23030 (35%) Cádiz 1907 (7%) 187 (0,8%) 105 (27%) 194 (6%) 1022 (8%) 3415 (5%) Córdoba 762 (3%) 230 (1%) 0 161 (5%) 245 (2%) 1398 (2%) Granada 1676 (6%) 963 (4%) 8 (2%) 326 (11%) 1286 (10%) 4259 (6%) Huelva 711 (3%) 2137 (9%) 100 (26%) 83 (3%) 252 (2%) 3283 (5%) Jaén 598 (2%) 890 (4%) 0 132 (4%) 243 (2%) 1866 (3%) Málaga 13871 (51%) 631 (3%) 91 (23%) 1382 (45%) 7879 (60%) 23854 (36%) Sevilla 2942 (11%) 469 (2%) 1 (0,3%) 689 (22%) 1064 (8%) 5165 (8%) ANDALUCIA 27152 (100%) 22577 (100%) 389 (100%) 3088 (100%) 13064 (100%) 66270 (100%) Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

A 31 de octubre de 2001, Málaga continuaba albergando a la mayor parte de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, un 36% del total, pero había perdido un 2% respecto a diciembre del año anterior. Esos dos puntos los ganaba Almería que casi alcanza, con el 35%, a la primera de las provincias andaluzas en número de

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extranjeros afiliados. Entre ambas, siguen suponiendo más del 70% del total de extranjeros afiliados en Andalucía.

La composición de la inmigración según su origen, sin embargo, es diametralmente opuesta en ambas provincias, al igual que sucede con la dedicación de los inmigrantes en ambas zonas. En Málaga, los extranjeros procedentes de algún estado miembro de la UE suponen un 60% del total de afiliados en esta provincia, mientras que en Almería no llegan a representar el 8%. En Málaga, el 42% de los procedentes de la UE se encuadra como empresario autónomo, mientras que en Almería el 80% de los extranjeros de fuera de la UE está afiliado al Régimen Agrario, extremos estos que evidencian la muy diferente ocupación de los extranjeros en una y otra provincia. Destaca, también, el hecho de que entre Málaga (45%) y Sevilla (22%) concentren a casi el 70% de los extranjeros afiliados en la región como empleados de hogar.

Si analizamos el peso que en cada provincia tienen los extranjeros cotizantes en la misma sobre cada uno de los epígrafes considerados, descubrimos la desigual dedicación de esta población en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía según Tipo de régimen laboral, por provincias, a 31 de octubre de 2001. Provincias Rg.Gral yMC. R.E.Agrario R.E.del Mar R.E.Hogar R.E.Tr.Aut. TOTAL Almería 20,3 74,1 0,4 0,5 4,6 100 Cádiz 55,8 5,5 3,1 5,7 29,9 100 Córdoba 54,5 16,5 0,0 11,5 17,5 100 Granada 39,4 22,6 0,2 7,7 30,2 100 Huelva 21,7 65,1 3,0 2,5 7,7 100 Jaén 32,0 47,7 0,0 7,1 13,0 100 Málaga 58,1 2,6 0,4 5,8 33,0 100 Sevilla 57,0 9,1 0,0 13,3 20,6 100 ANDALUCIA 41,0 34,1 0,6 4,7 19,7 100 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

Así, en Almería hallamos al 74% de sus 23.030 inmigrantes afiliados dedicados a la agricultura; el 20% como trabajadores del Régimen General y más del 4% como autónomos, quedando para el de Hogar y el del Mar un 0,5%.

En la provincia de Cádiz, la mayor parte de sus 3.415 extranjeros cotizantes se incribe en el Régimen General (casi el 56%), mientras que un 30% son autónomos, poco más del 5% en el de Hogar y en el Agrario, y un 3% en el del Mar. 16

En Córdoba, con unos 1.400 extranjeros afiliados, más de la mitad (54%) están en el General, un 17% son autónomos, casi igual que en el agrario (16%), mientras que al de Hogar se afiliaba un 11%.

En Granada, los inscritos en el General (39%) representaban algo menos del promedio regional en ese régimen (41%); el volumen de autónomos en esa provincia (30%) resultaba, por el contrario, bastante superior al promedio andaluz de referencia (19%). Un 22% de los 4.259 extranjeros afiliados en Granada, estaba inscrito en el Agrario, el 7% al de hogar y apenas un 0,2% en el del Mar.

La mayor parte de los 3.283 extranjeros afiliados en Huelva, el 65%, lo estaban en el Agrario, el 21% en el General, el 7% como Autónomos y en torno al 3% en el del Mar y en el del Hogar.

En Jaén, por su parte, la mayoría de los 1.866 extranjeros cotizantes se dedicaban también al Agrario (47%), bastante por encima del promedio regional al respecto (34%). Dentro del Régimen General solo se encontraba un 32%, un 13% como Autónomos y un 7% en el del Hogar.

Málaga, la provincia andaluza con mayor número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 23.854, tiene la proporción más elevada de las ocho provincias en cuanto a extranjeros inscritos en el Régimen General (58%) y en el de trabajadores autónomos (33%). Mientras que tiene la menor (2,6%) en el Agrario. La proporción que del total de cotizantes se encuadran en el de Hogar (5,8%) en Málaga no es muy elevada, resulta casi similar al promedio regional al respecto (4,7%), pero esa percepción es engañosa pues, como antes señalábamos, aquí residen el 45% del total de trabajadores extranjeros que en Andalucía están inscritos como Empleados de Hogar.

Por último, Sevilla, donde cotizaban a la Seguridad Social el 31 de octubre de 2001 5.165 extranjeros. De ellos, el 57% lo hacía en el Régimen General, un 20% como Autónomos, un 13% en el Hogar y un 9% en el Agrario.

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De cara a evaluar mejor la importancia que adquiere la población extranjera en el ámbito de la ocupación en Andalucía, es preciso ponerla en relación con los datos sobre cotizantes nacionales en la región.

ANDALUCÍA Extranjeros afiliados a la Seguridad Social a 31 de octubre de 2001. R.GRAL y MC AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL U.E. 12375 1040 46 92 8369 % Sobre total extr. 45,6 4,6 11,8 3,0 64,1 TOTAL NO U.E. 14777 21537 343 2996 4695 % Sobre total extr. 54,4 95,4 88,2 97,0 35,9 TOTAL EXTR. 27152 22577 389 3088 13064 % Sobre total afiliados 1,7 4,1 3,1 22,3 3,6 TOTAL AFILIADOS 1559979 555052 12410 13823 363114 (Nnal.+ Extr.) Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

TOTAL 21922 33,1 44348 66,9 66270 2,6 2504378

Como se deduce del cuadro anterior, el volumen de población extranjera afiliada a la Seguridad Social suponen un 2,6% sobre el total de las personas inscritas en la región, una cifra bastante reducida aún y que no deja duda alguna sobre el hecho de que un elevadísimo número de inmigrantes es opaco a estas estadísticas, es decir, están operando en el ámbito de la irregularidad y en condiciones mucho más precarias que las que se derivan de estar cotizando a la Seguridad Social.

En cualquier caso, los datos oficiales permiten ver cómo es en el Régimen Especial del Hogar donde superior resulta la penetración de trabajadores extranjeros (22%), singularmente de los procedentes de fuera de la UE. Es destacable, asimismo, su presencia en el sector agrario (4%), de nuevo no comunitarios en su mayoría: En cuanto a los trabajadores autónomos, donde los extranjeros suponen un 3,6% del total de la región, los europeos constituyen la mayor parte

de ellos (64%). En el del Mar, con un 3,1% de

extranjeros sobre el total de inscritos en la región, de nuevo la mayoría son de fuera de la UE. Y, finalmente, es en el Régimen General donde menor peso denota la población extranjera, un 1,7% sobre el total de cotizantes en Andalucía a dicho Régimen. Aquí, las proporciones de procedentes de la UE y de fuera de la UE son similares.

Por abundar algo más en la caracterización de los inmigrantes que están inscritos en la Seguridad Social en Andalucía, procede señalar que entre los originarios de la UE, son los del Reino Unido los mayoritarios, casi 8.000 personas; algo menos de la mitad son de 18

Alemania; unos 2.400 de Francia y otro tanto de Italia; de Portugal y de Países Bajos, unos 1.300 en cada caso; y ya por debajo de 1.000 los procedentes de Bélgica, Suecia, etc. Y en los últimos puestos, los originarios de Grecia, tan solo 36 personas, y de Luxemburgo, 16.

En cuanto a los no comunitarios (pero también si nos referimos a ambas categorías) es la de Marruecos la población más numerosa, 20.480 personas originarias de ese país estaban inscritas en la Seguridad Social a 31 de octubre de 2001 en alguna de las provincias andaluzas, acogiendo Almería al 58% de ellas. En segundo lugar, y a bastante distancia, se encuentran los originarios de China, 2.068 personas. Ciudadanos de Colombia (1.335) y de Argentina (1.057) constituyen el tercer y cuarto colectivo en importancia dentro de los extranjeros no comunitarios que cotizan en Andalucía. El resto de los procedentes de fuera de la UE lo completa una larga lista de países como Filipinas (643), Cuba (533), EE.UU. (500), Nigeria (402), India (220), etc.

Lo hasta aquí expuesto sobre la actividad laboral de los extranjeros en Andalucía reposa sobre los datos estadísticos disponibles elaborados, como es sabido, con inmigrantes documentados. Según esos datos, los procedentes de la UE, como dijimos, están fundamentalmente concentrados en Málaga y, hasta donde se puede ver, ocupados generalmente en tareas de “alto valor añadido”. Mientras, en tres provincias (Almería, Huelva y Jaén) la mayoría de los inscritos lo está en la agricultura y, casi en su totalidad, son no europeos.

Algunos autores advirten, al observar detenidamente estos procesos, de la creciente tendencia hacia la segmentación étnica de la fuerza de trabajo12 . Tendencia perceptible más nítidamente cuando se sigue, con más detalle del aquí factible, la ocupación de los inmigrantes según su nacionalidad de origen.

Magrebíes, por un lado; subsaharianos, por otro; latinoamerianos y de países del Este, también. Mano de obra, fuerza de trabajo al fin, en la que, desde el prisma administrativo, se entremezclan las situaciones de legalidad e ilegalidad. De estos últimos, podría decirse como colectivo que su “destino natural” está constituido por las diferentes actividades que se engloban bajo el eufemismo de economía sumergida, frecuentemente, 12

Entre otros, Castellanos, M.L. y Pedreño, A.: Inmigración y vivencias laborales del riesgo. OFRIM Suplementos. Madrid. 2000. 19

con salarios inferiores a las quinientas pesetas la hora: en ocasiones, en las tantas veces malsanas tareas agrícolas; otras, sirviendo en casas de nacionales por debajo de las condiciones de salario y de número de horas en que lo haría alguien de aquí; y demasiadas otras, con la prostitución forzada hasta saldar deudas contraídas, etc., como únicas fuentes de ingreso.

Es esa combinación con la irregularidad la que genera “situaciones de fuerte competencia no sólo entre nacionales e inmigrantes, sino entre éstos mismos, competencia que agrava la situación de conflicto étnico (...) y de la que se benefician, aunque esto raras veces se reconozca así, los agricultores, quienes llegan a ofrecer condiciones salariales muy por debajo de las estipuladas en convenio”, como acertadamente señala Martín Díaz13 .

Población inmigrante que, dejando a un lado a los europeos, se ocupa, como hemos podido ver, en las tareas peor remuneradas y menos gratas a los nacionales.

-CONCLUSIONES.

La situación laboral y la forma en que se materializa la satisfacción de las necesidades básicas constituyen, en última instancia, test suficientemente válidos acerca de cómo se concretan las posibilidades de participar en los estándares locales de vida para la población inmigrante.

Si la problemática de los alojamientos es la bosquejada, y si en el plano laboral los principales aspectos relativos a la ocupación de la fuerza de trabajo inmigrante son los que se desprenden de lo antedicho, tanto para la legalizada como para la no legalizada, entonces, puede decirse que el marco socioeconómico en el que se desenvuelven los inmigrantes se caracteriza por unas condiciones de explotación que nos revelan la existencia en Andalucía de un neoesclavismo y de una segregación social y espacial, que no debieran ser tolerados desde una conciencia colectiva pretendidamente instalada en el respeto a los derechos más elementales. Y ello pone de manifiesto, también, el fracaso de

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Marín Díaz (Dir): Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía. Consejería de Asuntos Sociales. Sevilla. 1999. 20

todos los instrumentos de control e inspección laboral así como de los destinados a la integración e inserción de los inmigrantes.

Por todo ello, el relativo éxito regional en los planos de la atención sanitaria y de la educación no puede ser presentado a la opinión pública como una válida política de integración, ni tan siquiera como una alternativa a la practicada desde el Gobierno central pues, en el límite, tan solo el disfrute íntegro de los derechos de ciudadanía, comunes a los nacionales, colocaría a los inmigrantes en condiciones de integrarse efectivamente en la sociedad andaluza, y en la española.

En tanto exista, por imperativo de la norma, una infraclase excluida del uso y disfrute de alguno de esos derechos, los términos de integración o multiculturalismo carecen de un sentido preciso, y las alabanzas sobre lo conseguido en algunos servicios sociales se convierten en la amarga mueca que trata de ocultar el verdadero rostro de una sociedad progresivamente más desigual.

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