México, D.F., 27 de enero de 2005. Versión estenográfica de la Mesa 1: La radiodifusión en el siglo XXI, en el marco del “Foro sobre la Reforma de la Radiodifusión”, llevado a cabo en el Auditorio “Crescencio Ballesteros” de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, Edificio Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Alejandro Guerrero y seré moderador de esta primera Mesa “La radiodifusión en el siglo XXI”. Antes de presentar y dar la palabra a nuestros muy distinguidos invitados, quiero hacer una muy breve introducción del tema de esta Mesa. En México, el régimen legal en la radio y la televisión abierta ya no resulta adecuado frente a los cambios sociales que vive el país, ni mucho menos al desarrollo tecnológico de los últimos años. Lo notable es que luego de muchos años de intentos estériles por reformar la Ley de Radio y Televisión, hoy existe un ambiente propicio para lograrlo. La pregunta es si la reforma que se pretende va a tomar como punto de partida la comunicación mediática, en términos amplios, más acordes con los avances tecnológicos y con las necesidades de una sociedad profundamente heterogénea y desigual como la nuestra. La comunicación mediática, entendida de esta forma, contempla que hoy en día la tecnología hace ya obsoleto plantear el problema de la comunicación como un problema dividido entre una industria de radiodifusión, en relación con la radio y la televisión analógicas, y otra industria separada, de telecomunicaciones. La tecnología facilita ya la posibilidad de recibir todo tipo de datos, imagen, texto, audio, video, y en todo tipo de plataformas; por tanto, sin intención de hacer un listado exhaustivo de temas, quiero finalizar planteando cinco preguntas que quizá pueden servir a los señores ponentes para orientar el debate en esta primera mesa. 1. ¿Cuál debe ser el objeto central de esta reforma? 2. ¿Cómo equilibrar la competencia en la pluralidad y la responsabilidad social, de tal forma que ni se ponga en riesgo el sano funcionamiento del mercado, ni tampoco la responsabilidad

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social termine siendo sólo una lista de buenos deseos, imposibles de cumplir? 3. ¿Qué tan pertinente es incluir los aspectos relativos a la transmisión y a los contenidos, en un mismo instrumento legal? 4. ¿Qué tan conveniente es seguir tratando a la radiodifusión como un ámbito separado de las telecomunicaciones, en una época que apunta con toda claridad a la convergencia? Y 5. ¿Es necesario crear, acaso, un consejo de radio y televisión en lugar de dotar con mayores facultades a los órganos existentes? Son tan solo algunas preguntas que esperamos se discutan en este ámbito académico, y ahora tengo el honor de presentar a nuestros distinguidos ponentes: Tenemos a don Carlos Casasús, quien ha sido subsecretario de comunicaciones y desarrollo tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como presidente fundador de la COFETEL; es hoy día analista y experto en telecomunicaciones. Bienvenido. Tenemos a Gerardo Soria Gutiérrez, abogado experto en materia de telecomunicaciones. Actualmente, es el Presidente del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones –IDET-. Bienvenido. Tenemos también a Jorge Arreola Cavazos, experto en políticas públicas y regulatorias en materia de telecomunicaciones; ha sido comisionado, fundador de COFETEL, encargado de las áreas de planeación y asuntos económicos. Bienvenido. Tenemos a Ernesto Piedras, coordinador de investigación y análisis del Programa de Investigación en Telecomunicaciones del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es también director general de la firma especializada The competitive encount unsinit, así como analista en diversos medios de comunicación, en materia de telecomunicaciones. Bienvenido. Tenemos a Javier Lozano Alarcón, quien ha sido subsecretario de comunicaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presidente de COFETEL y subsecretario de Comunicación Social en la

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Secretaría de Gobernación. Hoy día es analista y experto en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. También bienvenido. Nos acompañarán también Federico González Luna Bueno, quien es abogado independiente, especialista en temas de radiodifusión y telecomunicaciones, y ha sido Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También, ha confirmado su presencia a esta mesa el senador de la República Demetrio Sodi, por el Partido de la Revolución Democrática, egresado de esta institución y con una enorme trayectoria en diferentes cargos públicos y privados, además de haber ocupado diversos puestos de elección popular. También, quiero saludar a José Antonio Padilla Longoria, quien tiene una vasta experiencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión y se ha desempeñado como Presidente y Vicepresidente del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y con los mismos cargos en el Comité de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Bienvenido. Bueno, espero no haberme saltado a ninguno. Ah, sí, Gustavo Lomelín también ha confirmado que viene, quien ha ocupado la Dirección de Comunicación del Consejo Coordinador Empresarial, la Subdirección del periódico El Financiero, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud y actualmente es Coordinador Nacional de Comunicación Social del IFE. Bueno, comenzaríamos ahora cediendo la palabra a Carlos Casasús. Carlos Casasús: Gracias a mi alma mater por invitarme a compartir algunos puntos de vista sobre la iniciativa para reforma la Ley de Radio y Televisión. Me gustaría aprovechar mi tiempo estableciendo algunas características que en la actualidad tiene el espectro radioeléctrico y derivado de estas característica, que me imagino no dan lugar a mucha discusión entre los expertos de telecomunicaciones, me gustaría derivar algunos corolarios que deberían aplicarse a su regulación.

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El anteproyecto de dictamen, que nos hizo favor de enviarnos esta Universidad, me llamó mucho la atención en su página 13, segundo párrafo, el que declara que es el Estado el propietario del espectro. Esto equivaldría a decir que son los diferentes órganos de gobierno los propietarios del espectro. Creo que es obvio que es la nación y no el Estado quien es el propietario del espectro. De esta primera característica deriva un corolario obligado. El objetivo primordial de la regulación es maximizar su valor en beneficio de los ciudadanos mexicanos y no manejarse como le convenga al Estado. Por consiguiente, parece lógica excluir de su regulación los objetivos políticos, recaudatorios y paternalistas del gobierno. Para saber si una disposición debiera forma parte del marco regulatorio, habría que evaluar si persigue el interés nacional o el interés del Estado. A los usuarios poco les interesa la regulación de contenidos, los medios del Estado, los tiempos electorales o las limitaciones al capital extranjero. En la mayoría de los casos, los objetivos políticos, recaudatorios y paternalistas del Estado disminuyen el valor de ese bien económico nacional, que es el espectro, y debieran eliminarse de su regulación. Una segunda característica del espectro es que para poder utilizarse por diversos agentes económicos es imprescindible que no exista interferencia entre unos y otros. Por consiguiente, como corolario dos, la regulación ya es una característica fundamental de por qué regulamos el uso del espectro es el prevenir la interferencia perjudicial entre los diferentes usuarios, tanto nacionales como internacionales. Esta es una tarea eminentemente técnica y cada vez más compleja, que debiera llevar a cabo el regulador para garantizar la seguridad jurídica de los diferentes agentes económicos.

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Una tercera característica del espectro, es que el avance tecnológico permite un uso cada vez más eficiente del espectro y, por tanto, la prestación de más servicios. De esta característica se derivan dos corolarios más. El corolario tres establecería que la regulación debiera promover la introducción de nuevas tecnologías, que a su vez promuevan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. El corolario cuatro sería que la regulación del espectro debe de hacerse de manera integral. Ante el avance tecnológico ya no es conveniente regular el espectro de radio y televisión en forma separada del resto del espectro y el tener, como lo proponer la iniciativa, tres reguladores, lo que irremediablemente producirá incertidumbre jurídica, dobles o triples ventanillas y múltiples incongruencias. Una cuarta característica sería que para lograr su objetivo primordial de maximizar el valor económico del espectro, hay que maximizar el número de servicios que en él se prestan. Cuando el espectro sea ha demandado por múltiples servicios habría que asignarla a aquél que produzca el mayor valor económico. De esta característica se derivan tres corolarios más. El corolario cinco establece que la regulación debiera asegurar que el espectro del que dispone el Estado se asigne a la brevedad, ya que el espectro que no se usa no produce valor. Hoy por hoy en muchas ciudades pequeñas no existen más que una o dos estaciones de radio y televisión. Por ejemplo, en Valle de Bravo no se puede ver el fútbol por televisión abierta ni escucharse el noticiario de Pedro Ferriz. El espectro debería usarse para cubrir a la población y desterrar la situación actual en que para proteger a los concesionarios locales de la competencia, se les han otorgado monopolios locales. Un buen principio sería que en cada población debiera estar concesionado todo el espectro radioeléctrico.

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El corolario seis establecería que el espectro se debe asignar por licitación pública económica. Con eso se garantiza que los proveedores de servicio que consideren que su aplicación es más valiosa que otras, estarán dispuestos a pagar más por ello. Un séptimo corolario establece que una vez asignado el espectro, se debería de poder intercambiar comercialmente entre partes y se debe liberar su uso o cualquier cambio que no produzca interferencia perjudicial. Con eso, serían los prestadores de servicio cercanos a sus usuarios y no un regulador lejano, quienes decidirían el uso que debe darse al espectro y cuándo debe cambiar su uso a una aplicación más productiva. La última característica que me gustaría destacar es que la tecnología del uso del espectro avanza a pasos agigantados hacia redes de protocolo internet, en las que los contenidos no son secuenciales, sino que son seleccionados y programados sobre demanda por el usuario y se originan en cualquier parte del mundo. Esto es evidente cuando en nuestra computadora o en nuestro teléfono móvil podemos ver cuando queramos el video de la toma de posesión de Bush o bajar una película inglesa. Esto lleva a dos corolarios más. El corolario número ocho establece que en las redes de protocolo internet no hay posibilidad física de regular los contenidos. No podremos ya asignar al Estado la función de controlar qué contenidos pueden transmitir las redes, sino que por fuerza será el usuario quien determine cuándo, cómo y a qué contenidos desea tener acceso. La regulación de contenidos se justificaba cuando había monopolios y el usuario o tenía dónde escoger. En el nuevo mundo digital la regulación deberá procurar que haya oportunidades de acceso, pero físicamente no se podrán regular los contenidos.

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De allí derivamos un corolario final: El regulador debe fomentar la competencia, ya que es la mejor garantía de que el usuario tenga opciones de acceso a los servicios. Durante la transición hacia un mundo totalmente digital y basado en protocolo internet, el poner regulaciones onerosas de contenido de capital nacional se traducirá en una menor competencia y menores posibilidades de acceso para los usuarios. Si tomamos en cuenta estos nueve corolarios, como en mi opinión lo ha hecho brillantemente el Reino Unido, creo que podríamos estar implementando una regulación mucho más simple y al mismo tiempo mucho más moderna. Esto incentivaría una renovación del uso de nuestro espectro radioeléctrico, fomentaría grandes flujos de inversión y se crearían opciones de servicio para los usuarios, esto aumentará la riqueza de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias a Carlos Casasús. Sedo ahora la palabra a Gerardo Soria. Gerardo Soria: Muchas gracias. Bueno, igual que Carlos Casasús, agradezco también a mi alma mater poder estar aquí para platicar de este tema. Sin duda los que hemos seguido con interés el desarrollo del debate público, respecto de este anteproyecto de Ley, bueno, ya es proyecto de Ley. Hemos visto mucho ruido y hemos visto que se ha politizado en exceso. Creo que vale la pena tratar de aterrizar las cosas a la simpleza que en realidad tiene. El proyecto de dictamen revuelve muchísimas cosas. Quiero decir que debemos de aterrizarlo a la simpleza, contestando a la primera pregunta, ¿qué es lo que debemos regular y qué es lo que pretende regular este proyecto de ley? Sin lugar a dudas, en la ley de los 60’s, que es la que está en vigor, contenido y medios de difusión eran casi sinónimos, porque era

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prácticamente el único medio de acceso de contenidos a la población en general. El día de hoy confundir contenidos con medios de difusión es un sinsentido, y es más un sinsentido en una Ley que pretende ser de vanguardia y que sus promotores han mencionado expresamente que lo que pretenden es abrogar una ley obsoleta. Pretenden abrogar una ley obsoleta con los mismos criterios obsoletos que tiene la ley que está en vigor. Debemos de partir de la siguiente precisión: el proyecto de ley y la ley actual confunden contenidos con medios de transmisión y pretende regular contenidos a través de regular la tecnología de transmisión, ese es un sinsentido absoluto. El día de hoy, como lo ha mencionado Carlos y como seguramente muchos de mis colegas mencionarán, los medios de acceso a contenidos audiovisuales son muchísimos. Podemos tener acceso a contenidos audiovisuales a través de la radio y de la televisión abierta, a través de la radio y de la televisión restringida, a través de la radio y de la televisión satelital, a través del Internet y en un futuro muy próximo nos llegará televisión a nuestro teléfono celular. La pregunta que nos debemos hacer aquí es: ¿Todo eso es televisión, todo eso es materia de la regulación de este proyecto de ley? Y tristemente la respuesta, por absurda que parezca, es sí. Sin embargo, es sí con un parrafito, un parrafito que dice que el objeto de la ley es regular radio y televisión, independientemente de la tecnología por la cual se transmita. Y ahí tenemos otro sinsentido, porque el proyecto de ley no define qué demonios es radio y televisión. Aquí la pregunta es, ¿toda la regulación en materia de contenidos que viene en este proyecto regula cuando yo me meto a ver CNN por Internet? La contestación es tan absurda como que sí.

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Ahora, que me digan los señores legisladores cómo pretenden aplicarla. Es en realidad un catálogo de buenas intenciones, que no se va a poder cumplir, es absolutamente imposible de cumplir en las nuevas tecnologías de transmisión. Y van a pretenderlas, pretender hacerlas cumplir con una cantidad de cargas excesivas a los que utilicen una tecnología en particular. Así, si yo mañana me dedico a producir radio y televisión y mi medio de conducción es el Internet, yo no voy a tener obligaciones de tiempos de Estado, yo no voy a tener obligaciones de difundir boletines, comunicados de emergencia, yo no voy a tener obligaciones, estas obligaciones relacionadas con los tiempos que compre el IFE para transmitir propaganda política, etcétera. Entonces, en realidad están regulando contenidos a través de regular la tecnología de transmisión, ese es un sinsentido. ¿Qué debemos regular? No me quiero meter aquí al tema de si debemos regular contenidos o no, lo que sí quiero llamar la atención es que debemos separar por completo la materia de contenidos de lo relacionado con la regulación técnica y económica de los medios de difusión. Los medios de difusión pueden ser inalámbricos, usando el espectro; alambritos, usando redes tradicionales, o incluso el día de hoy utilizando la tecnología IP, a través de empaquetamiento de datos, es prácticamente imposible regular contenidos con esa tecnología, como bien decía Carlos Casasús. Partiendo de este principio, yo quiero regresar al tema de la regulación en materia de medios de difusión, en materia de medios de función y dejaré que mis colegas entren al tema de la necesidad de regular o no contenidos. En materia de difusión, es absurdo seguir manejando el espectro como si fueran dos cosas distintas; el espectro de radio y televisión en una cajita, y el espectro para telecomunicaciones en otra cajita. La tecnología permite que todo el espectro pueda servir para todo tipo de servicios; ya no podemos tener acomodado el espectro, como lo teníamos anteriormente.

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En ese sentido, es absurdo pretender crear algún nuevo órgano regulador que regule un cachito del espectro, y tener otro órgano regulador que regula otro cachito del espectro, y ambos coordinados de manera inconsistente por una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que opina en ambos casos. Tenemos, en realidad, en este proyecto, tres autoridades distintas que hacen exactamente lo mismo, nada más que con diferente matiz. Eso, lo único que va a crear es una inoperancia absoluta. Los que trabajamos en esto, los que vivimos diariamente este tema, es un verdadero calvario. Tú vas con una autoridad y pides algo; te dice que no, que primero tienes que ir a la otra; la otra te dice que primero tienes que ir a la otra y es un verdadero calvario. Algo que decía Carlos Casasús, que tiene toda la razón, es todo el espectro se debe asignar. El día de hoy el Estado tiene espectros reservados sin razón alguna; espectro que no utiliza para nada. Y eso va a seguir así, mientras tengamos la responsabilidad, en materia de espectro radioeléctrico, dividido entre distintos órganos de gobierno. Sin duda, tenemos que fusionarlo en un solo órgano de gobierno. Y ¿qué es lo que debemos de regular, en materia de medios de transmisión? Yo creo que, básicamente, lo único que debemos de regular es evitar que haya interferencias donde se utiliza el espectro radioeléctrico. Hoy por hoy, y un poco como decía Carlos, el otorgamiento de concesiones se ha utilizado para administrar mercados, para decir tú sí, tú no, tú sí aquí, tú aquí no. Esto es absurdo. Debemos de permitir que sea el usuario el que decida con quién o quién no le puede prestar los servicios. Por último, y regresando al tema de los contenidos, quiero llamar la atención sobre un tema muy grave que viene en el proyecto de dictamen de nueva Ley de Radio y Televisión. Los redactores de este proyecto se quejan de la discrecionalidad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar concesiones. Bueno, este proyecto de dictamen incluye un catálogo de buenas intenciones, retóricas, abstractas y por demás subjetivas, como requisitos indispensables para que te otorguen concesión. Tu proyecto de programación tiene que entretener a la gente, tiene que fomentar el

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nacionalismo, tiene que hacer infinidad de cosas, y es con base en eso con lo que te van a otorgar o te van a negar una concesión. Eso es lo más discrecional que puede haber. Y un catálogo retórico de buenas intenciones puede dar lugar a muchísimos abusos de poder. Simplemente, si no le gusta a este Consejo Nacional de Radio y Televisión lo que alguien dice, bueno, pues no estás entreteniendo a la gente, porque estás siendo muy aburrido. Te sacan del aire o simplemente no te renuevan tu concesión. Creo que hay que tener mucho cuidado con este proyecto de dictamen y regresar al origen. Dejémonos de simulaciones, dividamos en dos legislaciones, en caso de ser necesario, lo que es regulación de contenidos, y que debe de aplicar para todo tipo de soporte de transmisión, ya sea en medios impresos, electrónicos, cualquier tipo de medio de transmisión, en caso de que queramos regular contenidos. Y, por otro lado, regulemos los medios de transmisión, independientemente de la tecnología que utilicen. Yo creo que ese es el punto medular de la discusión. ¿Queremos, efectivamente, fomentar la convergencia y que haya muchos más medios de acceso o vamos a seguir regulando tecnologías en función de los contenidos que transmiten? Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, Gerardo Soria. Damos la palabra ahora a Jorge Arreola Cavazos. Jorge Arreola Cavazos: Muchas gracias por invitarme a este Foro de discusión. Yo no soy ex alumno de esta Universidad, pero tuve el placer de dar clases de Economía en la misma por un periodo de casi 10 años. Entonces, es muy grato poder regresar a estas aulas. Creo que hasta ahora he visto una gran coincidencia en los dos temas, en los dos expositores que me han precedido y creo que no voy a ser la excepción, en mucho tenemos ideas muy parecidas respecto a lo que se debería hacer con esa nueva Ley de Radio y Televisión.

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Existe conciencia, existe la percepción de la urgencia de modificar esta ley. En principio se hacía referencia principalmente a la falta de transparencia, el otorgamiento de concesiones; se hacían referencias a una forma discrecional en la que el Estado llevaba a cabo sus facultades. Sin embargo, el alcance de la ley es mucho más amplio y en mi opinión está tocando muchos aspectos en la dirección errónea. Es una realidad hoy día, todos lo hemos mencionado, la convergencia tecnológica, en el Internet vemos cosas que cada vez más se parecen a televisión; sin embargo, esta ley no reconoce ese tipo de realidades y lejos de propiciar un marco legal que permita que ambos medios de comunicación tengan una regulación homogénea, que no represente ventajas para una o para otra, sigue clasificando de manera distinta los temas de radiodifusión y de los temas de comunicaciones con una gravedad. Si bien antes las redes de cable, las redes de audio restringido no estaban sujetas a ninguna regulación de contenidos, mediante las propuestas que hace este proyecto de ley encontramos que ahora esas redes, que antes no estaban sujetas a este tipo de regulación, entran dentro del paquete, como lo ha destacado Gerardo Soria. No es la tendencia internacional y definitivamente no es el camino hacia el que nos debemos de dirigir. Pero no solamente tenemos el problema de que mientras tenemos una industria convergente, aquí estamos separando la forma de tratar a la industria según el tipo de tecnología, sino que además cuando vemos la necesidad de un regulador convergente, un regulador que tenga capacidad de actuar de manera eficiente, sobre todo en los medios de transmisión, en la ley vemos aparecer esta figura del Consejo Nacional de Radio y Televisión, que va a tener atribuciones sobre temas que tocan puntos muy importantes de la industria de las telecomunicaciones. La tendencia internacional en un mundo de convergencia debe de ser a minimizar la regulación. La intervención del regulador debe de ser únicamente para atender las necesidades sociales que el mercado no es capaz de atender.

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Hay una diversidad de aspectos en las telecomunicaciones que no son atendibles por el ejercicio libre de los participantes en la industria, simplemente porque no se percibe una rentabilidad adecuada en los mismos y siempre habrá en ese sentido un papel importante que debe de jugar el Estado en procurar que se ofrezca a la población algunos satisfactores que el mercado no les va a dar. Sin embargo, en este proyecto el papel que asume la autoridad rebasa por mucho ese mínimo de autoridad, ese mínimo de intervención que se debe de utilizar como autoridad. Por ejemplo, se incluyen en este proyecto disposiciones para que los radiodifusores incluyan tecnologías que les va a sugerir el propio Consejo, para que los radiodifusores se apeguen a los Programas Anuales que va diseñar el Consejo y estos elementos posteriormente van a ser considerados para las renovaciones de sus concesiones. De esa manera se reduce, de manera muy importante, la libertad que tienen los operadores, para que en un ambiente de competencia sean ellos quienes elijan los elementos básicos, con los cuales van a sobrevivir y a destacar en el mercado. La función pública, el diseño de políticas públicas debe siempre de atender, satisfacer objetivos sociales haciendo uso de los instrumentos más eficientes. Y eso va requerir que exista un balance adecuado entre objetivos e instrumentos. En la Ley actual se confunden los objetivos y eso provoca que los instrumentos sean demasiados, que se utilicen demasiados elementos de regulación, para atender objetivos que no están del todo claros. Preguntaban al inicio de esta sesión si necesitaríamos un regular adiciona o necesitaríamos utilizar de mejor manera los reguladores existentes. En mi opinión, pues más bien lo que habría que hacer es rediseñar alguno de los reguladores que hoy tenemos en existencia. En materia de telecomunicaciones tenemos a la COFETEL, pero es también materia de discusión en el Congreso la necesidad de fortalecer a ese regular y de darle una misión, unas facultades más claras, que bien podrían incluir, en buena medida, la regulación tanto del espectro que se destina a estos propósitos de televisión y de radio,

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como la interacción e interoperabilidad que en un futuro se va dar entre todo este tipo de redes. Gracias. Dr. Miguel Alejandro Guerrero: Muchas gracias a Jorge Arreola. Damos ahora la palabra a Ernesto Piedras. Ernesto Piedras: Gracias a todos. Buenos días. Yo no soy egresado de aquí, tampoco he tenido el privilegio de dar clases, pero me enriquezco mucho cada vez que vengo; organizan unos foros espléndidos, y alguna vez he estado como profesor visitante, en algunas sesiones. Y es de destacar la importancia de este foro, en verdad, y no es un agradecimiento gratuito por la invitación, porque este tema que alguna gente ha minimizado, otros han malenfocado, pero que finalmente nos tiene aquí, lo que refleja es la importancia y, en verdad, no es un asunto menor el que nos tiene sentados aquí. Déjenme hacer un poco de repaso. Retomaría lo que dijo el doctor Arreola, me sumo a los comentarios de Carlos, del licenciado Soria y del mismo Jorge, en esa línea de necesidad de ajuste a nuestra operación regulatoria, a nuestro operador regulatorio y a nuestro marco en general. Pero déjenme hacer un repaso muy rápido del por qué la importancia de estos temas. Y es: A veces se nos olvida que no nacimos como nación, como país subdesarrollados, no hemos sido siempre un país subdesarrollado. Hubo un largo período, lamentable período en que gestamos nuestro subdesarrollo en muy buena medida atribuible a la incapacidad, inhabilidad de introducir infraestructuras, tecnologías de avanzada, y me estoy refiriendo a la primera mitad del siglo XIX, y hablo de los ferrocarriles y hablo de la telegrafía, que eran los grandes avances tecnológicos. Allí es cuando, en muy buena medida atribuible a estos factores, nuestro país se despega de los que hoy conocemos como

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desarrollados y nosotros pasamos, hacia el final del siglo XIX a ser, de acuerdo a una serie de indicadores económicos, formal y plenamente subdesarrollados. Y nuestro subdesarrollo no ha cambiado desde hace 130 años. Subdesarrollo es una noción relativa, somos subdesarrollados con respecto a otros países. Hoy tenemos en términos absolutos más satisfactores, más bienes, más servicios, pero seguimos manteniendo esa brecha de atraso, esa brecha de desarrollo, en nuestro caso de subdesarrollo, que no logramos cerrar. Hoy, nuevos indicadores, cuando revisamos por ejemplo, la brecha de desarrollo, se equipara y además son causa y consecuencia de la brecha digital y entonces regresamos a los mismos temas. Entonces al hablar de comunicaciones y al hablar telecomunicaciones, estamos hablando de desarrollo integral.

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Déjenme hacer también la referencia que hay evidencia cuantitativa, muy robusta de que el sector de comunicaciones y de telecomunicaciones también, es un motor de crecimiento económico, crece, tiene una capacidad de crecer al menos dos veces lo que lo hace la economía en su conjunto. Eso es por el lado económico. Por el lado del bienestar, la carencia de estos servicios, otra vez nos etiqueta como un país atrasado. Entonces, insisto en el tema, es un asunto menor. Últimas referencias cuantitativas que les ofrecería es: el sector de comunicaciones en su conjunto está medido en una proporción de cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Mediciones recientes de las industrias protegidas por derechos de autor, lleva la contribución de estas industrias a casi siete puntos porcentuales, de los cuales la mitad son transmitidos por medios modernos, por medios tecnológicos. En su conjunto tenemos siete puntos entre la transmisión y los contenidos, siete puntos del PIB que ubican al tema de la discusión de esta mesa, como el tercero o cuarto sector de actividad económica,

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por el lado económico, insisto. Por el lado del bienestar es un tema muy importante. Carlos Casasús ya mencionó, hemos reiterado en esta mesa un término, un vocablo: Convergencia, noción tecnológica, noción ingenieril que después aplica en pleno para el conjunto del sector ¿De qué manera? Tenemos también a la vez que vemos esta consolidación de tecnologías, de accesos, de aplicaciones que los ingenieros llaman convergencia, tenemos también una suerte de convergencia económico-financiera o convergencia de mercado, y vemos una consolidación. Las empresas necesitan ir correspondiendo a esa convergencia tecnológica, integrando los servicios, integrándose entre ellas. Y a esto le llamamos consolidación. Y la convergencia va más allá o debería ir, al menos, está haciendo el planteamiento aquí. Debemos concretar también una convergencia regulatoria. Ya se citó el caso espléndido de la Oficina de Comunicaciones. Oficina de Comunicaciones del Reino Unido de la Gran Bretaña, que hace un año tres meses migró de la noción avanzada de Oficina de Telecomunicaciones a la noción de Comunicaciones, le quita el Tele, sobre la base de que toda transmisión inalámbrica o alámbrica de señales, va por las mismas bandas, va por los mismos instrumentos y se adopta por los mismos medios de acceso. Entonces hoy es Oficina de Comunicaciones. Pero además como objetivo que hemos olvidado en los últimos años en la regulación estática, pasmada, parece que tuviéramos un modelo de regulación pasmado en México es el primer punto que ofrece OFCOM en el Reino Unido, es que su objetivo se plasma en expandir las capacidades de los usuarios, porque parece en los últimos tiempos que todas las regulaciones, nada más para habilitar un mercado sin pensar en el siguiente paso que es el impacto que sí buscamos, y es ese impacto en los usuarios.

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Competencia, regulación para la competencia, porque es lo que hemos identificado como el mejor instrumento para la promoción de los servicios, y en consecuencia, del bienestar. Pero también encuentro en el documento, y esto debo aclarar es, sobre todo la opinión económica que he distribuido recientemente, mis amigos abogados han atendido este documento con mucha profundidad, parecía ver una falta de uso del análisis por el lado económico. Hay una confusión en el documento y se habla de monopolios y se habla de fuertes concentraciones. Recordemos que en el origen todos estos sectores que integran las infraestructuras, nacen como monopolio, por características tecnológicas. Nuevas características tecnológicas habilitan la competencia bajo un marco regulatorio, para eso nos funciona la regulación. La regulación puede aplicarse para un monopolio y puede aplicarse eficientemente. Pero aquí hemos decidido y yo me sumo a esta idea, de que la utilicemos como un instrumento para promover la competencia, pero no confundamos que competencia sea un sinnúmero de oferentes de servicios. La atomización, la pulverización ya nos quedó claro, este es un sector en el que venimos aprendiendo cotidianamente. Vean los documentos de análisis de hace cinco años, pensaban en una pulverización que se reconfiguraba en empresas medianas o pequeñas se quedaban. Hoy hemos aprendido, es muy importante tener fortaleza financiera, fortaleza tecnológica, entonces se tiende a tener empresas relativamente grandes; entonces no aspiremos a pulverizaciones en cuanto a la oferta de los servicios. Hay mecanismos, para transmitir desde el usuario, sobre todo más con estos medios de demanda por servicios específicos, que comentaba Casasús, nos ofrece la red, nos ofrecer Internet. Tenemos, los usuarios, mayor capacidad de decisión y de plasmar esa decisión en un mercado.

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Entonces, advierto que ese documento cae fuertemente en esa confusión. El punto aquí es, entonces, generar una regulación que opere en los términos de la convergencia. Lamento el tono, también, del documento, pero sobre todo de discusiones recientes y argumentaciones de quienes lo han propuesto, de decir “no hemos podido –por ejemplo- proceder con el fortalecimiento del regulador de las telecomunicaciones”, pues aunque sea hagamos esto. Y de lo que tenemos plena evidencia es de que no sabemos administrar reguladores; menos reguladores son mejor que más reguladores. No caigamos en esa confusión, porque entonces llegamos al punto de lo que sí tiene consenso en cuanto a este documento, que es abandonemos el marco regulatorio y legal de hace 45 años, pero yo agregaría, pero no por uno de hace 35 años. Tomemos uno del día de hoy, porque hoy tenemos una facultad grandísima, que es lo que no se tenía hace 45 años, y es tener visibilidad del tiempo y del impacto que tienen las nuevas tecnologías. Hoy, como nunca en la historia de la humanidad, sabemos que way max viene a capacidades de alcance de 50 kilómetros dentro de seis meses, a tanto gigabits. Esto nunca se había tenido. Hoy podemos tener una regulación. La regulación nunca va a poder ir adelante del progreso tecnológico, pero hoy tenemos ya estos anticipos de la tecnología; la regulación debe correr pegada atrás de la tecnología, estar atenta, pero a veces, en los años recientes, hemos tenido más bien este caso en que la regulación se queda como observador, y lo que sí es un crimen es no permitir la utilización de los servicios que finalmente representan –regreso al primer punto- crecimiento económico y bienestar de la población; no tenerlo por limitaciones regulatorias, barreras regulatorias; eso es lo que resulta injustificable. Un regulador más no hace falta. Les invito a que revisen el último reporte de actividades y plan de actividades para este año, de OFCOM, porque además OFCOM anuncia sus actividades, y un objetivo que pone es disminución de sus gastos administrativos en cinco por ciento; tiene objetivos de productividad.

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Utilicemos los medios de comunicación y de telecomunicación, para adoptar las mejores prácticas. No nos encerremos en retóricas y en ideas caducas, para modelos regulatorios que son ineficientes y nada conducentes para el desarrollo. Entonces, no hablo de una regulación del siglo XXII, ni la regulación del mañana; es la de hoy, con toda la visibilidad de progreso tecnológico, de impacto en mercado y de impacto en bienestar, y a eso yo le llamo una regulación convergente, una regulación para operar un mercado que está convergiendo en todos los sentidos. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias a Ernesto Piedras. Damos ahora la palabra a Javier Lozano. Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias y muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que nos hacen los organizadores de este Seminario, de esta reunión. Miren, yo empezaría por hacer una reflexión en cuanto a esta discusión, reciente y también añeja, de alguna manera, sobre la necesidad de cambiar el marco regulatorio de la radio y la televisión en México. De pronto nos entraron las prisas; no quiero decir que no se haya estudiado en los años previos, pero de pronto, en los últimos meses, pareciera que una suerte de prisa, de vértigo, nos rebasó a todos y que un tope, hasta arriba de la agenda de los legisladores se puso el tema de la radio y la televisión, existiendo tantas y tantas reformas estructurales importantes, mucho más apremiantes y relevantes para la vida de la gente, de la sociedad y, desde luego, a partir de un proyecto que pareciera ser el único; es decir, un binomio que aquellos que están a favor de ese proyecto son los buenos mexicanos y los que no estamos a favor de dicho proyecto o de dicha iniciativa, somos los malos mexicanos. Me parece que esa reducción tan simplista del debate ni ayuda, muestra una gran intolerancia, no enriquece el conocimiento de los temas, y lo digo también con toda honestidad, me parece que el

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dictamen que nos ocupa, el que se está discutiendo en este momento en el Senado de la República, está mucho más elaborado con las vísceras que con la razón, porque no basta con buenas intenciones, como decía Gerardo Soria, podemos hacer un gran catálogo de lo que queremos y los objetivos sociales que este país debe de alcanzar. Y, sin embargo, cuando ponemos a cinco personas, por pulcras que sean, a definir lo que es bueno y lo que no es bueno para la radio y la televisión en México, estamos huyendo de la discrecionalidad de un Secretario de Estado a la discrecionalidad de cinco notables que entonces en apariencia nos tendrían que decir qué podemos y no podemos ver en la televisión y la radio en México. Yo voy a contestar directamente las preguntas que de manera inteligente nos hizo el moderador de la mesa sobre los aspectos que debiera y no debiera contener una nueva Ley de Radio y Televisión en México. Yo creo que hay que partir de la base de que todos, prácticamente todos estamos de acuerdo que una Ley para la Radio y Televisión, que se dictó en enero de 1960, está por demás rebasada, no cabe la menor duda. Todos estamos a favor de que tengamos en México una nueva legislación en la materia, pero también creo que todos debemos de estar de acuerdo en que esa nueva legislación sea una buena legislación. Las prisas no nos deben llevar a improvisaciones, las buenas intenciones de asociaciones civiles, que buscan en esto una oportunidad para tener una presencia, haciendo a un lado los requisitos, trámites, que por más engorrosos que sean, son requisitos y trámites de un Gobierno Federal, que se deben de cumplir y que no por ello debemos caer también en el simplismo de que las radiocomunitarias por sí solas son buenas, aún cuando estén al margen de la ley. Creo que le debemos de dar mucha seriedad a este debate. Entonces, todos queremos una buena ley, una nueva ley, pero que sea una buena ley. Y para ello, no basta solamente con los propósitos, sino también con el rigor técnico y con una técnica legislativa adecuada.

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¿Cuál debe ser el objeto de una nueva Ley de Radio y Televisión en México? El objeto tiene que ser promover la inversión, el uso, aprovechamiento y la eficiencia del espectro radioeléctrico. Ya decía Carlos Casasús, es un bien escaso; si es un bien escaso tiene que haber una autoridad que lo administre, que lo administre con base en un criterio de eficacia, de eficiencia, de desarrollo tecnológico y alentando a la competencia. Entonces, ese tiene que ser, en mi opinión, el principal propósito de una nueva Ley de Radio y Televisión, el espectro radioeléctrico. Tiene también que promover y propiciar una oferta amplia de contenidos y servicios de radio y televisión plural, integral, para todos los mexicanos. Tiene que distinguir claramente lo que son los concesionarios, que más allá de que tengan un fin también de carácter social, sobre todo tienen un fin lucrativo, y no lo debemos olvidar y tampoco nos debe de espantar, esa es su naturaleza jurídica, porque para ello entonces también se tiene que distinguir claramente a los permisionarios, los permisionarios que tienen un fin de carácter cultural, de orientación social o educativo. Y si lo que se quiere es entonces también tener estaciones o emisoras del Estado, adelante, porque finalmente, y ese es el punto que tiene que ver con la competencia y la responsabilidad social, es la segunda pregunta que nos hacían, bueno, pues entonces lo que debemos lograr es un entendimiento claro de que los concesionarios, hasta los permisionarios inclusive, no tienen la responsabilidad primaria y originaria de la educación pública en México. No nos olvidemos de que esa responsabilidad original y esencial está en la Constitución y le corresponde al Estado Mexicano. No podemos entonces ahora desprendernos como Estado Mexicano de una responsabilidad que le compete sobre todo al Gobierno de la República, a los gobiernos estatales y pretender que sean ahora los radiodifusores los que eduquen al pueblo.

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Y entonces, que si no cumple con los contenidos, con base en objetivos sociales amplios, ambiguos y subjetivos, como lo plantea la iniciativa en comento, entonces estamos echándole la culpa a ellos de que no seamos un país culto y educado. Me parece un despropósito. Luego entonces, hay que hacer disponible, sí, y yo concuerdo con el licenciado Carlos Casasús, tanto espectro radioeléctrico como sea posible, pero no al grado de que al poner en oferta absolutamente todo el espectro se pulverice. Entonces, como decía Ernesto Piedras, la existencia de radiodifusores en México, porque va tener un efecto económico importantísimo, porque entonces no van a tener salud financiera y viabilidad las estaciones de radio y televisión. Y entonces de lo que van a depender es del gasto presupuestal del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, y ya sabemos que cuando dependen mayoritariamente de un gasto público, entonces la libertad, la pluralidad, la forma en que pueden expresar abiertamente sus ideas entonces se estaría reduciendo prácticamente a cero, porque quien los mantiene va ser el gobierno estatal o el Gobierno en turno. De allí que tanto espectro como sea posible y disponible adelante, pero no al grado de que sea predatorio para una competencia sana en este mercado. Y también concuerdo con Carlos Casasús, hagámoslo por la asignación de espectro vía licitación pública, pero un poco como lo establece la Ley de Telecomunicación y no como lo plantea esta iniciativa, que tiene ya un precio previsto, que además, por cierto, confunde el tema de derechos con aprovechamientos. Cuando uno obtiene una concesión lo que paga es un aprovechamiento, no un derecho. Los derechos están en la Ley Federal de Derechos y se pagan a lo largo de la vida de la concesión, por el uso del dominio público de la Federación. Entonces, lo que se tiene que hacer es una licitación pública, pero que tenga sobre todo un carácter económico para el asignatario correspondiente, que ulteriormente va ser el concesionario.

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Y me preocupa que en la iniciativa, en el famoso ya, famoso Artículo 5 de esta Iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión, con todos estos objetivos tan sociales, tan ambiguos y tan subjetivos, no solamente es un listado de buenos propósitos, que si eso fuera lo dejaríamos meramente en el terreno de la retórica. El gran problema que tenemos con esos grandes objetivos es que los legisladores lo están poniendo como el centro de decisión, para efectos de quien va obtener una concesión y quién se va quedar al margen de esas concesiones. Y, más aún, que al momento de renovar concesiones, que por cierto lo limitan a 10 años, cuando en la Ley de Comunicaciones el espectro se otorga hasta por 20 años; al momento de renovar también evaluarán quién cumplió con su tarea y quién cumplió con estos grandes objetivos sociales, que solamente estos cinco notables que pretenden integrar el Consejo Nacional de Radio y Televisión, serán los que van a evaluar uno y otro caso. En cuanto a contenidos no puedo estar más de acuerdo con lo que de mis compañeros de mesa han dicho al respecto. Y no debemos confundir una legislación que ante todo debe apuntar hacia la convergencia tecnología, con tratar de integrar una suerte de contenidos, insisto, otra vez de carácter más que subjetivo, porque entonces lo único que vamos a hacer es que el concesionario va estar siempre, siempre bajo la espada de Damocles, siempre en riesgo de que lo sancionen, de que lo amenacen con la revocación de su concesión. De eso venimos huyendo. Si ustedes me apuran un poco, la Ley de 1960, que está en vigor, tiene cualquier cantidad de ambigüedades. Pero quizás en los últimos años las autoridades, me incluyo en ello, lo que hacíamos era precisamente tratar de evitar la imposición de sanciones con base en esos fundamentos legales, precisamente por su gran ambigüedad. Y la frontera entre la ambigüedad y la discrecionalidad pasa hacia la arbitrariedad, y entonces lo que generamos es una gran incertidumbre jurídica para los concesionarios, una gran incertidumbre jurídica para las autoridades, que no sabrán si están actuando bien o mal y luego van a estar expuestas a una legislación en materia de

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responsabilidades de servidores públicos y esto genera un círculo vicioso. Bien decía Gerardo Soria, si lo que queremos es regular contenidos que, en mi opinión lo único que debiéramos hacer respecto de los contenidos son las prohibiciones absolutas respecto de las cuales nadie tenga la menor duda. Pero no pongamos grandes objetivos o propósitos, pongamos lo que definitivamente no se vale y hagamos, entonces, una ley reglamentaria de su Artículo Sexto y Séptimo Constitucionales, que se refieran a todo tipo de medio de transmisión y a todo tipo de medio de comunicación masivo, sean impresos o sean electrónicos, independientemente si es televisión abierta, de paga, internet. Si es lo que queremos, yo me opongo a ello. Me parece que no tenemos el carácter, no veo qué autoridad tenga la capacidad para fijar ese catálogo de buenos propósitos, que establece como norma jurídica de carácter obligatorio y coercitivo. De allí que, en mi opinión, para la radio y la televisión, lo único que debemos hablar en materia de contenidos es: La clasificación de la programación, que eso debe de ser una medición razonablemente objetiva, y la fijación de horarios para la transmisión de dicha programación, según se haya clasificado en uno y en otro caso. En cuanto a la pregunta sobre si es sano, si es prudente, si es pertinente seguir distinguiendo a la radio y a la televisión del concepto amplio de telecomunicaciones, pues también aquí ya se ha dicho todo. El mundo no solamente apunta, el mundo ya está en los países desarrollados, en este concepto amplio de convergencia; convergencia tecnológica, de servicios, de empresas. Estamos viendo grandes fusiones, grandes conglomerados que hoy compiten a partir de una gran y muy amplia oferta de todo tipo de servicios, a partir de un solo medio de transmisión. La tecnología digital, la compresión digital de las señales de todo tipo: audio, video, voz. Lo que nos permite justamente es que los medios de transmisión que antes pensábamos que solamente servían para un propósito, como es la radio y la televisión, hoy puedan, a través

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justamente de esta compresión digital, permitir que estemos recibiendo el canal de las estrellas, por un lado, y al mismo tiempo a través de ese mismo ancho de banda, tener servicios de Internet en banda ancha, de alta velocidad y eventualmente telefonía, y eventualmente video por demanda. Podremos llegar incluso a que con un solo canal tengamos a la carta, en lugar de tener una oferta de 300 canales en una cadena, por ejemplo, un sistema como SKY, podremos tener un solo canal, pero que sea a nuestro gusto o recuperar programas de hace 15 días y transmitirlos a través de ese mismo ancho de banda. Debemos aspirar justamente a que la convergencia tecnológica, independientemente de su medio de transmisión como dice Gerardo Soria, nos permita, en una sola factura por usuario, medir en capacidad en bites, en bits, independientemente del contenido podamos estar con esa tecnología digital, recibiendo radio y televisión abierta, cerrada, Internet, telefonía, transmisión de datos, redes virtuales privadas, todo ello, hacia ya está yendo el mundo y nosotros en cambio, como dice piedras: en lugar de 45 años nada más nos quedamos 35 años atrás. Y en cuanto a… ah, y es muy importante. En estas adecuaciones que le hicieron los legisladores del 13 de diciembre al 3 de enero, primero nos dijeron que el 13 de diciembre ya estaban listos para votar ese dictamen. Pero luego el 3 de enero nos salieron con que le hicieron 106 cambios. Entonces no estaban tan listos. Dentro de estos 106 cambios le agregaron un título quinto a la iniciativa, que habla supuestamente sobre la convergencia tecnológica. Pero vean al grado de absurdo al que estamos llegan do en esta propuesta, se dice: “Podrán prestarse servicios de telecomunicaciones, a través de las frecuencias de radio y televisión, siempre y cuando las concesiones correspondientes tengan que pasar primero por la aprobación del Consejo Nacional de Radio y Televisión”, aún para transmisión de datos. Hay que ir primero con el Consejo Nacional de Radio y Televisión.

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Entonces los cinco notables de peluca blanca nos van a decir: “Muy bien, voy a revisar los servicios que pretendes prestar, aunque sean meramente telefonía o datos”. Y dice la propia iniciativa: “Para que puede proceder esta autorización, los servicios de telecomunicaciones que se pretendan prestar a través de esas frecuencias deben cumplir con los objetivos del Artículo, famoso Artículo 5 de la iniciativa”, es decir, los objetivos de carácter social para la radio y la televisión. Me pregunto qué demonios tiene que ver un servicio estrictamente de telecomunicaciones, como es la transmisión de datos, con los grandes objetivos y fines sociales que persigue una Ley de Radio y Televisión como la que nos están proponiendo. Y voy al último tema. El Consejo Nacional qué sirve y está planteado. Afortunadamente entre diciembre y enero ya cambiaron la figura que tenían, un híbrido que no existe en nuestro derecho administrativo, al que le llamaban Consejo Nacional de la Radio y Televisión, pero como órgano descentralizado no sectorizado. Yo los reto aquí a los estudiantes de derecho de esta Universidad tan prestigiada, a los maestros, que me encuentren un solo caso de un órgano descentralizado no sectorizado. Hay órganos desconcentrados dependientes de una Secretaría de Estado como es el caso de COFETEL, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión de Competencia, de la Comisión Bancaria, etcétera. Todos son órganos desconcentrados dentro de una Secretaría de Estado. O hay organismos descentralizados que básicamente prestan servicios públicos, como es PEMEX o la CFE. Lo que no hay es la combinación, no hay un órgano descentralizado. Ni mucho menos con este sectorizado, porque es contrario a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero más allá de esta pifia de carácter, digamos, de técnica legislativa, ya proponen ahora un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa para tomar sus decisiones.

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Leamos el Artículo 11 de la Ley de Telecomunicaciones y van a ver que exactamente es la descripción que tenemos para COFETEL, con la diferencia de que COFETEL tiene ocho años de vida y esto apenas lo queremos crear: una nueva burocracia, desde luego, paralela a la COFETEL, como decía Carlos Casasús: “Triple ventanilla”, donde además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nada más va a ver pasar las autorizaciones y los permisos, si acaso opinará, porque será el Consejo Nacional de Radio y Televisión la máxima autoridad en la materia. Si ya tenemos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, como dice Ernesto Piedras, la OFCOM en el Reino Unido ya integró toda la materia de radio y televisión, la FCC en los Estados Unidos lleva años de hacerlo de esa manera, por todas las razones de convergencia tecnológica a las que ya nos hemos referido, ¿Qué tenemos que estar haciendo? Creando nuevos organismos, parece que le vamos a dar chamba a los promotores de esta iniciativa, con un altísimo grado de discrecionalidad y atacando lo básico que es la convergencia tecnológica. Lo que yo creo es que debemos aprovechar el viaje para fortalecer a COFETEL, que buena falta le hace, para que entonces también tenga atribuciones claras y plenas en la ley. Para que sean cinco comisionados designados por el Ejecutivo, pero con la ratificación del Senado de la República, para este efecto tenemos que modificar el 76, fracción II de la Constitución, y que sean por periodos escalonados y transexenales. Que sus decisiones no sean revisadas por al Secretaría, sino que sea meramente un recurso de reconsideración como ocurre en la Comisión de Competencia y que esos cinco comisionados sean los que resuelvan sobre todos los temas de telecomunicaciones y también de los de radio y televisión, incluido el otorgamiento de concesiones. No es tan difícil, se puede perfectamente manejar, como dice Gerardo Soria, por está una Ley Federal de Radio y Televisión, una Ley Federal de Telecomunicaciones. No tenemos que juntarlas; puede haber una sola autoridad para dos leyes; ocurre muchas de las veces en la actualidad, y con ello habremos solucionado el tema de carácter administrativo.

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Me preocupa –y con ello termino-, me preocupa que entonces estas discusiones nadie haya abierto la boca, entre los legisladores, sobre el reto que impone a nuestro país el integrarnos plenamente a la sociedad de la información y del conocimiento. Este año, en Túnez, se va a llevar la segunda cumbre mundial sobre la sociedad de la información, a nivel de jefes de estado. ¿Cuál va a ser la posición de México al respecto? ¿Por qué no hemos pensado en incluir en el artículo 6º. de la Constitución un derecho social, como el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación de todos los mexicanos, para que tengamos acceso a la sociedad de información y del conocimiento. ¿Qué no sabemos que la brecha digital es lo que nos está amenazando? Siendo la economía número diez del mundo, conforme al Foro Económico Mundial, somos la número 47 en cuanto al aprovechamiento de las tecnologías de la información. Las mismas personas que hacen una mención, hacen la otra. Esa es la brecha digital que nos está distinguiendo, porque ya no basta con que la gente sepa leer y escribir en este país. El analfabetismo se une al analfabetismo digital. Ese es el verdadero reto. No oigo, desafortunadamente, entre los promotores y propulsores de esta iniciativa, una sola palabra al respecto. No oigo tampoco que la agenda legislativa tenga, en primerísimo lugar, los temas de competitividad internacional a los que tendremos que estar mirando, y oigo que tenemos, ahora sí, como el gran tema de la Nación, una Ley de Radio y Televisión, por cierto mal hecha, mal formulada, con escasa técnica legislativa y con prisas. Por su atención, muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias Javier Lozano. Antes de abrir la sesión al debate en esta Mesa, quisiera preguntarle a José Antonio Padilla Longoria si quiere tomar la palabra, antes de iniciar el debate en la mesa. José Antonio Padilla Longoria: Muchas gracias por su invitación.

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Yo tampoco soy egresado, pero tengo cinco hermanos egresados de aquí. Yo quisiera ser muy puntual y no abusar del uso de la palabra, y atendiendo a las preguntas que tú amablemente formulaste, no necesariamente en el orden respectivo. Déjenme decirles algo: las telecomunicaciones, existen definiciones muy, muy claras y son algo muy serio. Desde hace muchos años los países se reúnen para ponerse de acuerdo en cuanto a su interactividad. De ahí surge la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la organización más vieja de Naciones Unidas, la que tiene más miembros y que nos permite coexistir en el espectro radioeléctrico y que nos permite interconectarnos con los sistemas, básicamente los sistemas de telefonía. Y de ahí voy a algo muy importante y del espectro radioeléctrico es algo muy, muy serio, y en esto coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Por definición, el espectro radioeléctrico tiene que administrarse integralmente; es decir, hay un sentido de integralidad porque las diferentes bandas que lo conforman se determinan mutuamente; esta es una realidad en la que todos los países del mundo están de acuerdo. La OIT, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ha dedicado, desde el siglo antepasado y ahí sigue funcionando, a trabajar en ese sentido; es decir, no se puede mirar a las bandas de radiodifusión sin mirar a las bandas de microondas, sin mandar la banda satelital. Lo decía por ahí Carlos Casasús, para evitar la forma de ver simplista las interferencias perjudiciales. Es para la armónica coexistencia. Y eso nos lleva a otro sentido de integralidad, la integralidad regulatoria que también se ha estado manejando aquí. Esa integralidad regulatoria se deriva de un concepto fundamental que es la convergencia que se ha estado también manejando reiterativamente, y es en forma muy simplista y coloquial, es que todos los jugadores dan de todo.

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Es decir, como todo se digitaliza, todos se vuelve ceros y unos, todos pueden dar voz, video y datos, y por eso hay que mirar integralmente a la regulación, y esa es la tendencia internacional, y de ahí voy a la pregunta sobre el órgano regulador. Aquí se tocaron dos puntos muy rápido, OFCOM, en esto que ya les decía de Inglaterra. Es cierto, OFCOM recientemente absorbió OFTEL y cuatro órganos más relacionados con la admisión del espectro, con radiodifusión, con el sentido de integralidad en la regulación. Yo nombraría más a Estados Unidos, con la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que regula todas las modalidades de las telecomunicaciones, incluida la radiodifusión, y lo hace con una ley desde 1934, misma ley, la Actifor Comunication que crea la FCC y que se reforma en 1996. Voy a poner dos ejemplos más: Australia. ¿Por qué Australia? Bueno, pues Australia es un país muy interesante, con un regulador muy serio, muy moderno, tiene dos reguladores: La ABA, la Australia Boncasting Floretine; y la ACA, la Australia Comunication Floretine. Han anunciado para julio de este año la fusión de ambos, la fusión de la autoridad en materia de radiodifusión y la fusión en materia de comunicaciones, de la ACMA, que es la Autoridad de Comunicaciones y Medios. ¿Por qué lo hacen? Por este concepto muy sencillo, que es que no podemos fragmentar la admisión del espectro y hoy, merced a la convergencia, el fenómeno regulador hay que mirarlo integralmente. Otro ejemplo más es Canadá, con CRTC, con sus respectivas leyes, la Telecomunication Star y la Boncasting, que regula todos los medios de telecomunicaciones. Y si nos asomamos a más, vamos a ver que esa tendencia es válida y no por imitarla por sí misma, es una referencia más, pero las razones son muy claras y contundentes, simples, la admisión del espectro no es fragmentable, porque mutuamente se termina y la convergencia nos lleva a mirar integralmente, por razones de competencia, por un fenómeno económico de integralidad, a todos los medios de comunicación.

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Hace un momento decía Ernesto Piedras que la regulación nuestra estaba estática, pasmada, sí, hay un problema y es un problema del tipo de derecho que tenemos, y las telecomunicaciones incluye a la radiodifusión, que es una modalidad de las telecomunicaciones, o sea, no lo estoy inventando, es una definición aceptada internacionalmente, son objeto de una regulación evolutiva y consensual. Eso significa que todos los actores, qué bueno que estamos aquí presentes, que los actores, todos los actores, los operadores, la industria, los financieros, los bancos, la academia, podamos participar en la conformación de dicha regulación. Y si ustedes ven, y repito la FCC, por ser un caso muy cercano y porque de alguna manera, por una relación tan intensa que tenemos con los Estados Unidos, nos impacta la FCC regular consensualmente; es decir, siempre está escuchando a los actores, y ahí están los nombres, los On Bank, etcétera, y llama, dice: ¿Qué opinan ustedes de hacer tal o cual cosa? Entonces, además de en un momento dado mejorar una ley, reformarla, hay que tener muy claro los objetivos y qué está pasando en el mundo. En concreto, creo que no es deseable un órgano más, y creo que en eso me sumo, y hay razones, repito, funcionales, muy claras y contundentes, y creo que la admisión del espectro no es fragmentable. En cuanto a los contenidos, bueno, pues yo creo que todos los aquí presentes hemos aceptado y tenemos una clara conciencia de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Entonces, los contenidos, sobre todo con las nuevas tecnologías, no son regulables, lo regulable corresponde a la sociedad. Y esos Consejos, ese Consejo, esos Consejos a nivel mundial son Consejos Consultivos, que son un gran intermediario entre la sociedad, que se vuelve una suerte de contralora social, una contralora. Y el gobierno, es decir, la sociedad debe de estar protegida definitivamente y tiene que tener medios para expresarse, eso es obvio, no tenemos la menor duda.

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¿Pero cómo regular contenidos en una sociedad que ha aceptado y sacralizado la libertad de expresión como un derecho básico? Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos y no irnos un poquito para atrás y dejemos que la gente sea; dejemos que exista la autorregulación y dejemos que la sociedad participe ordenada y sistemáticamente en regular, con su forma de expresarse. Yo diría también: Hay algunas confusiones en cuanto a la televisión que, yo digo, son algo muy serio y riguroso. Hace un momento Javier Lozano hablaba de los servicios adicionales al amparo, que se pueden dar por radio y televisión, al amparo de las transmisiones digitales. Miren, hay una definición de servicios de valor agregado que tiene la Ley Federal de Telecomunicaciones y que es en la que cae la mayoría de los nuevos servicios que puede dar la radio y la televisión. Y esa definición se tardó un buen tiempo en llegar a ella. La OMC ha estado tres o cuatro años y esa definición es una verdad legal en este país, porque los diferentes instrumentos que México ha suscrito lo hacen así. Entonces, yo creo que debemos dejar de inventar y de crear definiciones sobre servicios de valor agregado, que les tardaron a los expertos una buena cantidad de años y que funcionan aquí y en el resto del mundo. Los servicios agregados se pueden dar y se van a dar. Entonces, seamos muy cuidadosos en esa parte de este instrumento legal. Esas son algunas precisiones que yo quería hacer al respecto y, bueno, de nueva agradecer la posibilidad de participar en este importante foro. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, José Antonio Padilla.

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Bueno, pues en este momento se abre la mesa para comentarios más amplios sobre algunos de los puntos que hayan quedado por ahí pendientes. Quiero hacer mención antes de abrir esta mesa, este debate, que la invitación que se hizo a participar en este foro fue una invitación plural, una invitación a todas las voces que de alguna manera han querido participar, han participado y desean o están comprometidas con una Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Lamentablemente tenemos algunos huecos en nuestra mesa, pero seguimos adelante. No sé quién quisiera aquí, de nuestra mesa, comentar algo. Gerardo Soria Gutiérrez: Bueno, para abrir el debate les quieto aventar una pelotita a todos mis compañeros de mesa. Leyendo el Proyecto de Ley me encontré una gran simulación. Hoy por hoy tenemos los concesionarios, que son aquéllos que tienen objetivos mercantiles en la explotación del espectro radioeléctrico para radio y televisión, y tenemos los permisionarios, que son los que tienen los objetivos culturales, los objetivos de comunicación social, etc. A manera de ejemplo, pues podemos poner Televisa y Televisión Azteca concesionarios; Canal 11, Canal 22 permisionarios, con estos objetivos sociales y culturales. En este Proyecto de Ley la gran simulación que yo me encontré es que se habla de permisionarios con los mismos objetivos sociales, culturales, etc., el catálogo de buenas intenciones ambiguas, de las cuales está repleto el documento, pero tienen una característica particular y es que pueden comercializar sus tiempos. Esto en principio no está mal, pero el problema es que las cargas económicas, administrativas y de responsabilidad social están del lado de los concesionarios y los permisionarios tienen patria libre, no tienen ninguna carga, no tienen ni que pagar derechos por el espectro, no tienen obligación de tiempos de Estado, no tienen ninguna de las obligaciones tradicionales de los concesionarios, pero además pueden

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comercializar. Se dirá que pueden comercializar poco tiempo, que es el 7 por ciento de su tiempo de transmisión. Si consideramos un día de 24 horas, el 7 por ciento del tiempo de transmisión equivale al 40 por ciento del tiempo de transmisión real, del tiempo de transmisión que se puede vender para la publicidad de la televisión comercial. Entonces en realidad tenemos una gran simulación; tenemos televisión y radio comercial simulada de permisionarios con objetivos sociales. Ojalá y pase la Ley, porque es va ser un gran negocio. Lo primero que voy a hacer es meter mi solicitud, echar un rollo precioso sobre los objetivos sociales de mi solicitud y hacer mucha lana, ¿no? Dice, por supuesto que no puede tener objetivos de lucro el permisionario y que los socios no pueden tener un lucro personal de los beneficios económicos de estas permisionarias. No hay nada más fácil para darle la vuelta que esas ambigüedades y esas promesas absurdas, retóricas, nada más para grilla de políticos. Simplemente me pago un sueldo, me pago un sueldo de un millón de dólares al mes, quién dice que mi trabajo personal es lucro. Eso no lo van a encontrar en ningún lado. Es más, un juez me justificaría que mi salario por mi trabajo personal no es lucro. Dejémonos de hacer tontos. Para mí aquí hay una gran simulación, pero como dije al principio, aviento la pelotita a ver qué opinan mis colegas. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: No sé si hay alguno de la mesa que quiera hacer algún comentario sobre lo que nos acaba de decir Gerardo Soria. Sí. Javier Lozano Alarcón: Sobre el mismo tema, bueno, en el caso de los permisionarios, efectivamente pareciera que estamos en este ánimo de darles una autosuficiencia presupuestal, nueva autosuficiencia financiera, que probablemente si la necesitan,

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digamos, porque muchos de los permisionarios son o municipios o son universidades públicas, estatales, en fin. Claro que necesitan tener una fuente de ingreso. Lo que me preocupa es que se le diga, bueno, dos cosas: primero, en el Artículo 87, fracción II dice que se vale que reciban donativos en dinero o en especie, internacionales provenientes de organismos multilaterales y agencias de cooperación. Por un lado nos están abriendo la puerta para que pueda venir dinero del exterior a apoyar este tipo de permisionarias que, digamos, otra vez en el mundo ideal pareciera que nada tendría de malo. El problema es qué se va a considerar para esos efectos, con ese carácter, sin embargo, va a ser un dinero que viene del exterior. Y luego el otro porcentaje, como bien decía Gerardo Soria: Vas a poder pasar cierta publicidad, vía patrocinios, que ya finalmente sed va convirtiendo de carácter comercial, porque si tú vas a anunciar una marca de un automóvil en la pantalla o en la radio y por más que se tenga el carácter como un patrocinio, finalmente son ingresos de una empresa que se está anunciando porque participa en un mercado en donde obtiene lucro. Y dice que no pueden los accionistas, los titulares, los dueños, darle un uso lucrativo a ese dinero. Bueno, ¿Qué es un uso lucrativo? ¿Según quién? Según San Mateo, ¿cómo le van a dar seguimiento a esos dineros, a esos fondos? Y lo que sí está pasando es como dice Gerardo: Se abre la puerta, una puerta de atrás que reviste el carácter de concesionario, digo, de permisionario, cuando en realidad vas a tener una competencia sin las obligaciones del concesionario con el concesionario. Y yo todavía voy más allá, se habla de que las comunidades y pueblos indígenas, en esta retórica que nos encanta de pronto poner en los textos legales, que van a tener, desde la Constitución lo dice, ¿no? La facilidad de obtener por medios propios sus medios de comunicación para una mayor integración, etcétera. El problema es que mientras no tengamos perfectamente definido quién tiene el carácter de pueblo y comunidad indígena y quién va a representar sus intereses.

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Entonces, podría también prestarse a una suerte de simulación y de hacer aparecer a alguien como representante, como parte de un pueblo o comunidad indígena, cuando menos tiene un verdadero alcance y visión objetiva de qué es o qué no es, y entonces nuevamente podremos hacer esta diseminación de pequeñas estaciones a lo largo de todo el país, sin un control efectivo sobre el tema y obviamente con fast track para la obtención de los permisos correspondientes. Entonces me parece que también, insisto, no dudo de los buenos propósitos, pero me parece que ya a la hora de la aplicación objetiva de la ley, tendremos un problema de incertidumbre jurídica muy peligroso para todos y que puede generar una competencia predatoria para los demás participantes, que se formaron en la fila correspondiente y cumplieron con los requisitos de ley. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muy bien. Sí, Jorge Arreola. Jorge Arreola Cavazos: Sí. Tocando el tema que proponía Gerardo y de refilón otro que por allá mencionó Javier Lozano. Yo coincido con Javier respecto a que la ley tiene propósitos claros para otorgar esos permisos, los restringe a estaciones que van a satisfacer necesidades de carácter cultural, educativo, social, científico, se puede prestar a simulación desde luego. Pero ante todo este tipo de aspectos, la forma de proceder de un regulador es la transparencia. Nosotros no estamos acostumbrados en México, en ninguno de nuestros órganos reguladores, llámese COFECO, COFETEL, etcétera, a tener una adecuada transparencia y procesos de consulta abiertos, en donde se puedan ventilar ante la sociedad todo este tipo de asignaciones en donde cada quien pueda dar a conocer sus sospechas, temores, etcétera, y poner en tela de juicio que algo se lleve a cabo. Tiendo a coincidir más con la idea de Carlos Casasús respecto a que si existe espectro radioeléctrico disponible, éste se utilice, y si existen asociaciones que mediante aportaciones, etcétera, pueden dar este tipo de servicios, ¡adelante!, y si se pueden complementar con la parte comercial, ¡adelante!

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Seguramente no van a ser muy atractivos, desde el punto de vista comercial, precisamente por eso requieren de aportaciones, etcétera, porque la viabilidad comercial de este tipo de estaciones es limitada, pero insisto, desde luego que puede ser un proceso de simulación, pero los riesgos de esa simulación se podrían reducir en la medida en que esto sea transparente. Y retomando el tema este de que si existe espectro radioeléctrico que se asigna y que se asigna de manera transparente, pues mencionaría respecto a la afirmación de Javier en cuanto a que habría que medir cuánto espectro hay que dar, para cuidar la viabilidad de las empresas que ya están establecidas. En ese aspecto, nuevamente, yo creo que estoy más con el licenciado Casasús; si está disponible, que se asigne. Que no sea una autoridad, cualquiera que esta sea, la que determine cuántas estaciones pueden coexistir en un espacio geográfico determinado. Sería lamentable que el burócrata iluminado en turno fuera quien tomara una decisión de ese aspecto; claro, atendiendo, haciendo números, lo que fuera. Es algo que el mercado puede hacer mejor que un regulador, y en mi comentario inicial decía: hay que regular, ciertamente, pero hay que regular en aquellas cosas que el mercado no es capaz de resolver, y el número de jugadores en el mercado competitivo, eso es algo que sí se puede resolver, en la medida en que existan autoridades conscientes que cuidan la equidad en la competencia. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Abrimos ahora la discusión un poco a otros participantes que quieran opinar sobre los asuntos que hemos mencionado. Estaría el doctor Escobedo, Pepe Carreño, Ernesto Piedras, por lo pronto, y José Buendía. Llevamos cuatro. Juan Francisco Escobedo: A mí me gustaría preguntarle a los miembros de la mesa su opinión o sus opiniones sobre dos cosas fundamentales: primero, hay una coincidencia muy interesante en todos; hay muy pocos contrastes y hay muy pocos matices.

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No les preguntaré acerca de las razones de las coincidencias, pero sí les preguntaré su opinión acerca de sus comentarios más reactivos, en relación a un hecho político incontrastable y cómo generar la opción b o la opción c, o la tercera vía, frente a una realidad. Todos están discutiendo el anteproyecto de dictamen que está sembrado en la subcomisión especial, derivada del trabajo de tres comisiones legislativas; es decir, hay más reacciones a una agenda que ya está ahí, rígida, cerrada, que no ha recibido propuestas de otros sectores, pero el asunto es: si hay tantas coincidencias, si hay aspectos tan puntuales y tan evidentes en términos económicos, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de regulación; si hay tantas experiencias comparadas, dignas de ser recuperadas para la construcción de un diseño institucional y legal en México adecuado, cómo explicar, cómo explicarnos, cómo explicar en público por qué no se ha construido la opción b o la opción c, porque en realidad seguimos –y aquí hay muchos que han asumido funciones públicas importantes-, estamos reaccionando en función de un solo anteproyecto. Cómo explicar, social y políticamente, que todas estas partes y otros muchos que coinciden y donde muchos podemos coincidir, no estén articulados en torno a la opción b, ¿por qué no existe la opción b en el Senado de la República o en la cámara de Diputados, que le daría a esta discusión un debate mucho más rico. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un dilema: o se para el anteproyecto o se aprueba en los términos más razonables. Seti disparibus, si las cosas siguen como van, va a pararse el proyecto, entonces, ¿por qué no hay opción b? ¿Qué opinan los de la mesa? Dr. Manuel Alejandro Guerrero: A ver, cuatro preguntas del público y regresamos a la mesa. Está en la línea de preguntar Pepe Carreño, no en la línea telefónica, sino en la línea de seguimiento, por supuesto. José Carreño: Muchas gracias. Y primero que nada quiero felicitar a los panelistas, creo que hemos aprendido mucho con sus observaciones.

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Creo también que obviamente, como decía el doctor Escobedo, puesto que se está reaccionando a un anteproyecto, pues estamos frente a una serie de intervenciones muy agradeciblemente polémicas, estamos en un tema complejo, difícil, no sólo en México, en todo el mundo está sometido a un debate muy profundo. Sin embargo, yo encontraría otro tipo de afinidades a las que encuentra el doctor Escobedo. Me parece que hay coincidencia, y se los pregunto abiertamente ante la pregunta ¿legislación sí, legislación no? Me da la impresión que todos están de acuerdo en que hay que legislar, que tenemos una legislación obsoleta, que tenemos una propuesta en la que ustedes encuentran una serie de distorsiones, de efectos, retrocesos, en fin, pero no hay duda, no me queda duda después de escucharlos de que hay que legislar. Vamos palomeando, legislación sí. ¿Legislación ahora? Ahí estamos maduros, están maduras las ideas para las opciones B o C o la combinación de algunas de ellas, o algunas más para hacerlo ahora o no, para un poco ver si la expectativa de que en el periodo de sesiones, que empieza en unos días, habrá una activación del proceso legislativo o no. Luego, también de las intervenciones de ustedes, me parece muy interesante si es “legislación sí”, si hay condiciones ahora para legislar ahora. Me daría la impresión de que estamos en un camino en que el proyecto cuestionado por ustedes plantea una tendencia a unificar la legislación con el centro en los medios de comunicación convencionales o tradicionales y ustedes quisieran llevar el centro o el foco de la legislación hacia el sector moderno de las llamadas telecomunicaciones, pero llamándole a todo comunicaciones. Si es así, qué posibilidades habría de abrirle paso a una legislación en esas condiciones. Me llamó la atención dentro de estas convergencias, de estas afinidades, los otros dos campos que abre sobre todo Gerardo Soria. Legislación única para transmisión, por lo menos. Y si se desea, legislación aparte para contenidos, hasta donde se puede entender. De todas maneras tendríamos dos legislaciones y probablemente dos

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reguladores en términos un poco ya de abogados del diablo, puesto que para transmisión sí queremos un solo regulador. Nada más para ir precisando las cosas que queremos ver hasta dónde se pueden acercar estas opciones, A, B y C, y tener alguna idea en ese sentido. Aparte de eso, yo vería un par de temas más. Me sorprende la ausencia del tema dentro de contenidos, lo han tratado muy bien desde su perspectiva, el tema de los derechos informativos de la sociedad, es un tema ya desde la perspectiva de la comunicación. ¿Dónde quedarían esos derechos informativos, que están en todas las legislaciones modernas también, en el mundo? No se tocaron, por cierto, los derechos informativos y los derechos que tiene la gente, los particulares, para contar con información en suficiencia, en calidad, para su toma de decisiones como particulares. ¿Dónde regular esa garantía ausente de la sociedad mexicana y de muchas sociedades? ¿Dónde quedaría, por otro lado, ya desde la perspectiva de los estudios de la comunicación más actuales y de la comunicación política en particular, la perspectiva de que prácticamente, lo dicen los autores, insisto, como Hallim, Mansinni y Macuay, que estudian estas cosas de los derechos de la sociedad en el campo de la comunicación? Prácticamente plantear que hay dos sistemas ya: Un sistema político y un sistema mediático. Casi no se puede explicar una sociedad, antes se explicaba “bueno, pues esta sociedad tiene un sistema político monárquico, republicano, democrático, autoritario”. Pero en paralelo de los sistemas políticos se estudian los sistemas mediáticos, como sistemas de poder ambos dos. Y en la medida en que se homologan el sistema de poder político y el sistema de poder mediático, con todo lo que esto pueda ser de controvertible desde el punto de vista de las ciencias políticas y de las ciencias de la comunicación, de todas maneras en lo que no tienen dudas los autores contemporáneos, es que así como se desarrollaron a lo largo de la historia los sistemas de supervisión, vigilancia de los

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poderes políticos y los sistemas a contability, de exigencia de rendición de cuentas, también se plantea una necesidad de sistemas de rendición de cuentas para los grandes sistemas de la comunicación. Algo se dijo, algo dijo José Antonio, de que esto tendría más que ver con controles sociales, con monitoreos sociales, que los empieza a hacer, por fortuna, la sociedad mexicana, que sigue avanzando, sigue modernizándose. Pero sí me gustaría escuchar sus opiniones, para ver si esto es o no materia de regulación desde su perspectiva o simplemente habría que propiciar ese desarrollo de la sociedad, ese avance de la sociedad, para tener instrumentos de vigilancia, seguimiento y exigencia de rendición de cuentas al sistema de comunicación. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: José Buendía. José Buendía: Muchas gracias. La verdad es que no es un debate nuevo, es un debate en el que hemos estado enzarzados durante muchos años. Creo que y, por supuesto, en las ocasiones anteriores acabó, digamos, en resultados fracasos. En esta ocasión me parece, y coincido con Pepe Carreño, hay una buena noticia: Creo que ya nadie tiene dudas de que es necesaria una reforma. Y, a la vez, creo que también hay una mala noticia de los que estamos observando y los que estamos siguiendo este tema. Y es que después de las experiencias que ha habido en el pasado, de las varias oportunidades en las que se ha tratado de ajustar el marco legal sobre radio y tele, la verdad es que nos encontramos en esta oportunidad sin que hasta ahora parezca haber un diagnóstico compartido sobre qué clase de reforma necesitamos entre concesionarios, legisladores, permisionarios y la sociedad en su conjunto. Y, desde luego, si no hay un diagnóstico compartido, la posibilidad de que haya propuestas que nos acerquen a un punto de consenso, pues se dificultad.

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En realidad y quizá debido a esta falta de diagnóstico y de lenguajes compartidos, lo que estamos viendo es un debate absolutamente polarizado que amenaza con llevarnos, una vez más, a un resultado poco satisfactorio para la sociedad mexicana, porque no vamos a llegar posiblemente a nada. Parecen haber dos bandos, uno que estaría sobre todo viendo la necesidad de ajustar el marco legal al desarrollo tecnológico del país, que eso me parece que tampoco hay mucha duda, es innegable que ha habido un desarrollo tecnológico mundial y local, y otros que tratan de resaltar el papel del Estado, para que trate de garantizar la responsabilidad social de los medios de comunicación. Y en medio de esas dos posturas nos quedamos todos con un montón de preguntas que corren todos los días sobre las experiencias que vivimos con los medios de comunicación y que me parece que son tan importantes como las otras, partiendo de que, y esta es una opinión personal, en buena medida tenemos o no podemos dejar de ver que la calidad de la democracia que construyamos en nuestro país dependerá de la calidad de los medios de comunicación, y por supuesto, de la calidad de los partidos políticos que tengamos. Y si nos preocupa la calidad de los medios de comunicación, no podemos dejar de ver como no hemos visto suficientemente desde mi punto de vista en este debate, algunas cuestiones a las que hay que entrarle y hay que darle respuesta, una de ellas la tocaba Pepe, por el papel que juegan hoy los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, ¿dónde están los planteamientos sobre transparencia en el ejercicio y en el manejo de los propios medios de comunicación? Y mecanismos concretos para propiciar o para asegurar o para garantizar la rendición de cuentas. Hemos ya transparentado partes en el Estado, sin embargo, los medios de comunicación que hoy tienen un papel relevante en la vida política, no tenemos alcanza, más allá de la dictadura del rating. Segunda, en nuestro país ha habido un cambio importante, sobre todo en términos de crecimiento de la pluralidad en las últimas dos décadas, que se refleja en pluralidad política, que se refleja también en una mayor pluralidad económica, ha habido cambios importantes, nuevos actores en casi todos los sectores, sin embargo, en los medios de comunicación la aparición de nuevos actores ha sido muy limitada.

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¿Nos conviene la concentración en los medios de comunicación electrónicos e impresos, para tener una mejor calidad democrática o no importa? Porque también se puede decir eso. Eso no es un factor decisivo, la concentración afecta o no afecta. Y luego, desde luego, hay, siempre lo ha habido, cada vez que se pretende entrarle a este tema, pues la reacción sobre la libertad de expresión. Pero hoy hay que asegurar también y garantizar otra clase de derechos. Libertad de expresión por supuesto, garantía y protección irrestricta. Pero, ¿y qué pasa con el derecho a la vida privada? ¿Esa no la protegemos, esa la dejamos de lado? ¿Qué pasa con garantizar que nuestros medios de comunicación no haya mensajes que propicien la discriminación? Como los vemos casi a diario. Creo que estos son elementos que no pueden quedar fuera del debate, porque si no en efecto, podemos tener una muy buena ley, digamos, que ajuste el marco normativo al desarrollo tecnológico, pero que no esté respondiendo a las expectativas de la sociedad mexicana, y sobre todo, de la consolidación de nuestra vida democrática. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, José Bueno. Ahí teníamos una pregunta de un estudiante. Pregunta: Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Yo les quería hacer una pregunta también siguiendo la línea de lo que se acaba de decir, tomando en cuenta al auditorio, o sea, a la sociedad mexicana. Creo que si es necesario la elaboración, el abrir espacios, por una parte. Y por otra parte tener una contemplación ética de los contenidos que se perciben. Y esto yo me refiero a que en cadena nacional sólo podemos ver por un lado el canal 13 y por otro lado el canal 2, el canal de las estrellas, cuyos contenidos no responden a un fomento social y cívico del país, que por un lado no les corresponde al ser corporativos, pero creo que sí debería haber una cuestión de una televisión pública en red

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nacional, que sí tuviera esta responsabilidad y no sé qué ustedes opinan al respecto, pero yo como estudiante de Comunicación y se me ha fomentado en esta Universidad, creo que sí es importante la ética en los contenidos y no dejar que temas como la sirvienta que llega y se casa con el patrón, sea lo único a lo que tenga acceso la gente en los medios de comunicación. Porque también el canal 11 y el canal 22 ciertamente sí tienen contenidos culturales, pero están elaborados para una elite, que tiene una cierta cantidad de estudios y son contenidos a los que una gente con un nivel de estudios bajo, no va a acceder tan fácilmente. Creo que también en la elaboración de los contenidos hay que tener en cuenta el público al que están siendo dirigidos. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Gracias. Devolvería ahora la voz aquí a la mesa, tenemos aquí a Javier Lozano, Ernesto Piedras y Gerardo Soria. Y luego daríamos la palabra a Federico González Luna, que va llegando, pero para que fije su posición que no ha hecho y posteriormente a José Antonio Padilla. Javier Lozano Alarcón: Gracias nuevamente. Una precisión en cuanto a esto de hacer disponible o no tanto espectro como se tenga. Veamos lo que está ocurriendo con las empresas de televisión de cable, las famosas cableras. El problema es que en términos ideal pareciera que el mercado solito va a acomodar la oferta y la demande de servicios de radio y televisión, y que por ello no nos debe preocupar cuántas estaciones de radio y televisión hay en un determinado mercado. Eso pareciera cierto en principio. Sin embargo, lo que vemos en esta realidad, en el sector de las telecomunicaciones, es que pasan dos fenómenos: Las televisoras viven de un determinado –y las radiodifusoras- de un determinado pal publicitario, así se le llama. Y en buena medida, bueno, la forma en que se distribuye ese pal publicitario permite que existan ciertos equilibrios, cierta competencia; esto se traduce en contenidos, se traduce en una forma más agresiva de llegar a la población, pero al final del día pareciera que tienen una razonable, a veces excesiva, rentabilidad financiera.

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¿Cuál es el riesgo? El riesgo es como e apuntar en un principio; si hacemos disponible tanto espectro como se tenga, bajo la administración de la autoridad, puede diseminarse el número, no infinitamente, porque el espectro no es infinito, aunque así pareciera, pero sí al grado de que entonces ninguno de ellos tenga suficiente salud financiera que entonces, insisto, lo haga voltear, casi de manera dependiente, de lo que es el gasto público, tanto federal como estatal, y cuando no se tiene independencia financiera, señores, no se tiene tampoco independencia editorial. Entonces, en aras de generar esta competencia, el gran riesgo, ahí sí creo que estaríamos induciendo peligrosamente a que ante el riesgo de que no tenga una salud financiera, tengan que depender de un presupuesto federal o estatal que, no nos hagamos tontos, eso también se traduce en cierta presión, explícita o implícita, de tratar o no tratar ciertos temas y en qué tono. Eso es por un lado, pero por otro, lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de especuladores, no solamente en este mercado, sino en tantos otros mercados, que se atreven a pedir una concesión y que simplemente se voltean con esa misma concesión para chantajear al ya establecido y decirle: o me compras o me instalo, y si me instalo, te jalo mercado. Todo eso se presta también a una especulación. Yo estaría de acuerdo con la tesis de Carlos Casasús y de Jorge Arreola, siempre y cuando tengamos también la forma real de poder evitar estos dos fenómenos. Preguntaba sobre la opción b, ¿por qué no la opción b? Yo diría por dos cosas, que también tienen que ver con lo que José Buendía y Pepe Carreño nos preguntaban. En primer lugar, es un aspecto formal. En este país, para bien o para mal, pero si indujéramos un régimen representativo, las iniciativas de ley, su discusión y, en su caso, su ulterior aprobación, corresponden, según el artículo 71 de la Constitución, al Presidente de la República, a diputados y senadores y a las legislaturas estatales. Por más entusiasmo que tengamos, por más conocimiento de la materia, por más ganas que le queramos echar al tema para articular una mejor legislación, si no nos escuchan los legisladores, van a terminar haciendo, como decía Kelsen, finalmente su santa voluntad.

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En teoría, tendríamos que tener, hay cualquier cantidad de posiciones, del IDET o del CIDE, de la propia Universidad Iberoamericana; de tantas instituciones, de sindicatos, que hemos expresado de alguna manera nuestro punto de vista y lo hemos hecho también en foros públicos y a través de los medios de comunicación masiva, de cuáles son nuestros puntos de vista y cuál sería nuestra posición. Todos, para contestar también esta pregunta, todos estamos de acuerdo en que queremos una ley. La gran diferencia –y aquí viene el otro verdadero problema de fondo-, es que no nos hemos puesto de acuerdo en los grandes objetivos que debe perseguir la ley y en su orden de prioridades. Y bien apuntaba José Buendía, la bipolaridad nos lleva a que por un lado están los que le dan énfasis al tema de contenidos y por otro lado estamos los que le damos énfasis a la convergencia tecnológica. Mientras no nos pongamos de acuerdo en cuál debe de ser la discusión central de esta materia y su orden de prioridades o de prelación, difícilmente vamos a poder concretar una iniciativa que nos dicen que tenemos ya que tener fechas fatales. No podemos tener fechas fatales y aspirar a un pronunciamiento, una discusión, una aprobación en comisiones y luego en el pleno, y luego en la cámara revisora, y luego que pase por el tamiz del Ejecutivo, si no nos hemos puesto de acuerdo primero en lo que queremos. Y después, ya que sepamos lo que queremos, tienen los señores legisladores que allegarse de técnicos en la materia y no solamente de investigadores de buena fe, sino de técnicos que conozcan esto y la integralidad del sistema jurídico mexicano. Que sepan, como dice José Antonio Padilla, dónde está moviéndose el mundo, para que entonces ya aterricemos una buena propuesta. Entonces, ni tenemos opción b, porque no necesariamente nos van a escuchar, ni podemos hacerla ahorita, con prisas, porque no nos hemos puesto de acuerdo, como país, hacia dónde podemos llevar esta legislación. Que, eventualmente, decía Pepe Buendía, vamos a tener que contar con una autoridad que regule contenidos. Desafortunadamente sí. Quizás RTC, que por cierto, y es imposible dejar de revisar

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nuevamente esta iniciativa, y los artículos transitorios pretenden desaparecer al día uno a RTC y a la Dirección General de Sistemas de Radio Televisión de la SCT, sin embargo, pretenden crear el consejo nacional hasta dentro de seis meses. Esos seis meses no va a haber autoridad, por lo pronto. Pero, segundo, se les olvida que RTC, la última sigla es de cinematografía y no está prevista la cinematografía en esta ley. Luego, entonces, ¿quién se va a encargar del aspecto de cinematografía, con base en la ley de la materia? Ese es nada más un paréntesis. Claro que entonces tendríamos que tener una autoridad que regule y que vigile el tema de contenidos, pero, otra vez, me parece que el tema de contenidos solamente se tiene que circunscribir a aquello que definitivamente no queremos sedición, rebelión, traición a la patria, apología de la violencia, todo aquello que definitivamente es negativo y que tiene que haber alguien, un árbitro que marque falta y que expulse a un jugador, pero no alguien que promueva estos valores, objetivos, bueno, alcanzables idealmente, pero de muy difícil aplicación en la práctica. El tema de derechos informativos no es una garantía ausente, Pepe, sí, el Artículo 6 de la Constitución sí establece el derecho a la información, dice: “El Estado debe garantizar en todo tiempo el derecho a la información”. El problema es cómo. Afortunadamente, con la nueva Ley de Transparencia que se ha replicado en una buena cantidad de estados de la República, tenemos un vehículo poderoso para que aquello que nos enteremos por los medios, podamos ir directamente a las dependencias y, en su defecto, ante los institutos de acceso a la información, para obtener esa pieza documental que nos hace falta. Eso es una parte. Pero por otra parte, y también el comentario que hacía un compañero estudiante aquí, para eso también tienen que estar los medios de Estado, porque aquello, probablemente las televisoras y las radiodifusoras le dan mucho más énfasis a la nota roja, eso es un fenómeno que desafortunadamente pasa en el mundo. Y, sin embargo, si tuviéramos medios públicos, tanto de radio y televisión, podrían ellos darle el énfasis a aquello, nos llega a todos los que escribimos en los medios, las buenas noticias también son

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noticias, de Presidencia de la República, bueno, pues que tengan un medio de Estado que entonces diga que esas buenas noticias también son noticia y que lo hagan en cadena nacional, porque hay espectro suficiente para ello. Después, el tema de rendición de cuentas, Pepe, estoy de acuerdo contigo en que tendríamos que encontrar una fórmula y yo francamente no sé cuál sería la fórmula de rendición de cuentas de un medio de comunicación, a qué cuentas se le llama. Digo, fuera de lo que es el porcentaje máximo que debe tener de publicidad en una hora, si cumplió o no con un encadenamiento nacional, si está respetando los tiempos de Estado, los tiempos oficiales, fuera de ello, a qué tipo de rendición de cuentas podríamos someter por ejemplo a un concesionario. Sí me preocupa que en aras de suerte de un contagio generalizado de la transparencia, no tengamos identificado el instrumento y el mecanismo cierto, con el cual pudiéramos hacerlo. El tema también de los datos personales, el áreas data, que quizá debiéramos también avanzar hacia una legislación no sólo de transparencia, sino de protección de los datos personales, y que esa se hiciera extensiva a lo que pueden proyectar o no los medios electrónicos masivos. Y bueno, finalmente lo que les comentaba, me parece que tenemos que concentrarnos como un gran objetivo, como un objetivo de largo plazo, como política de Estado y no de gobierno, en un gran tema de acceso a la sociedad, a la información y del conocimiento. Si tenemos claro que dentro de 40 años tenemos que llevar a todos nuestros niños y jóvenes a esos estadios donde estemos en los diez primeros lugares de aprovechamiento de tecnologías de la información y si toda política pública que derive entonces de este precepto constitucional se encamina y orienta necesariamente a ese gran propósito, probablemente desde el punto de vista, porque no solamente será el uso del tema de contenidos o tecnología, tiene que ver con temas fiscales, de educación, de planes de estudio en la educación básica, media y media superior.

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Es decir, pareciera que tendríamos que tener una discusión mucho más amplia de cómo llevamos a México a este reto, que se llama la sociedad de la información y del conocimiento. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, Javier Lozano. La palabra la tiene ahora Ernesto Piedras. Ernesto Piedras: Gracias, Manuel, muy brevemente. Entonces, podemos ir acotando y sí me interesan aquí varios puntos. Una, categóricamente desde la óptica económica rechazo esta propuesta, pero como comentaba Francisco, no podemos quedarnos en la nada, nos está faltando un escenario A, B, sin caer en esa urgencia quemante que mencionaba Javier, que la hace débil, que la hace hasta sospechosa, pero sí debemos apresurar el paso para contar con un escenario que no nos deje otros 45 años con un mismo marco caduco. Entonces, debemos trabajar muy fuerte en esta regulación, pero déjenme introducir un tema más, regular cuesta, cuesta en términos económicos; regular bien o regular mal en su fase administrativa, cuesta lo mismo. Haber tenido una oficina de asignación, de licitación de espectro y haberlo asignado o no, cuesta lo mismo, no hay un ingreso, es el perjuicio en este caso. El costo más grande es el impacto en el sector por no regular bien, pero desde la óptica administrativa y volviendo a esta propuesta aberrante de un Consejo Nacional de Radio y Televisión, recordemos, también los últimos años nos han caracterizado por regular muy caro. Hay ahí una evidencia que se presentó el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación hizo la primera auditoría de desempeño a la COFETEL, por ejemplo, y encontró que la COFETEL para regular un mercado de telecomunicaciones de aproximadamente 16 mil millones de dólares, contaba con 500 y tantos funcionarios, y aproximadamente 530, en su momento, esto con base en cifras de la cuenta de la hacienda pública del 2002.

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OFTEL, para regular en el mismo año un mercado 16 veces más grande, operaba con la mitad de los funcionarios y mucho menos presupuesto. En el campo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones somos muy caros regulando. 2004. COFETEL tuvo una adjudicación presupuestal de 379 millones de pesos; COFECO 157; COFEMER 55. ¿Para qué le queremos agregar otro órgano? Que, insisto, estos son los costos mínimos, esto es nada más lo administrativo, insisto nada más lo administrativo. El daño va estar en el traslape de funciones, en la incertidumbre para la inversión y en la inversión para la operación. Comentaba también Pepe Carreño: Sistema de rendición de cuentas. Empecemos por aplicar, por el lado del regulador, esta auditoría de desempeño. Yo invito a repasarla, porque en las tres categorías que se tomó para la evaluación, que fueron como tareas primordiales del regulador: Cobertura, calidad y tarifas competitivas. En las tres aparece categóricamente reprobado. Cobertura, suena a cliché, pero no deja de ser cierto, tenemos una penetración de servicios mínima, muy limitada, comparada por cualquiera de los estándares que sea. Precios competitivos, revisen su experiencia personal, tamaño de muestra uno y después sumémosle a todos, y somos uno de los países, si no es que el más caro, en servicios de telecomunicaciones. Y calidad, siendo una de las obligaciones de este regulador, ni siquiera tiene una estructura formal para atender la calidad. Por ahí inventaron, generaron sobre las rodillas un cuestionario de evaluación de servicios de telefonía celular, muy mal diseñado por cierto, hasta los operadores se han quejado. Entonces, retomemos el esfuerzo, porque además destaco: Algunos de los legisladores que están presentando esta desafortunada propuesta, han sido legisladores que han empujado también, en tiempos no muy lejanos, por fortalecer a una COFETEL.

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Una COFETEL que también tiene riesgo, porque en una propuesta de reglamentos para la operación de la COFETEL y de la Secretaría que se ofreció resolverla y ponerla en práctica en un plazo de 30 días, pero hace 14 meses, los tiempos regulatorios se mueven de manera sospechosa en México. En esa propuesta de quitarle 80 por ciento de atribuciones, otra vez, contra toda práctica, déjenme, suena odioso, pero todas estas mejores prácticas de aquéllos a los que el mercado y el desarrollo de estos mercados sí les funciona. En vez de sumar, de tomar este consenso que, coincido, hasta puede parecer sospechoso entre todos nosotros; pero en vez de sumar atribuciones se le quitan 80 por ciento de las atribuciones a la COFETEL y se le da autonomía, 80 por ciento de atribuciones con autonomía; o sea, la hacen buena para nada. Mejor se desaparece. Si es asunto retórico, si es asunto de nombre, pues que se llame Consejo y pongamos allí todo o lo que quieran, pero uno, porque aquí están los costos, son cifras públicas, y eso es nada más la menor parte, es nada más la parte administrativa. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Gracias Ernesto Piedras. Ahora toca el turno a Gerardo Soria, que había pedido la palabra; posteriormente Federico González, y José Antonio Padilla. Gerardo Soria: Muy rápido, yo nada más quiero contestar a la pregunta: ¿Dónde quedan los derechos a la información? Para mí la única manera de garantizar el derecho a la información es fomentar los medios de acceso. Es decir, que haya infinidad de medios de acceso a esa información. Y a eso es a lo que vamos cuando hablamos de convergencia, precisamente a fomentar los medios de acceso. También se habló aquí de calidad de los medios o calidad de los contenidos. Hablamos de que hay un problema de calidad en los medios.

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A mí me gustaría precisar una cosa: Creo que incluso ya es anacrónico hablar de medios. Es decir, el medio como un vehículo para que el contenido pueda llegar al receptor, ya es irrelevante desde el punto de vista tecnológico. O sea, tenemos que fomentarlo debe de haber más medios de acceso, pero lo verdaderamente importante es el contenido, la calidad del contenido. Por eso yo sí quisiera que pensáramos en la necesidad de una legislación en materia de contenidos, en caso de que la necesitemos y una legislación completamente separada para los medios de acceso a la información. Necesitamos fomentar los medios de acceso, si queremos garantizar el derecho a la información. Y la única manera es quitándole barreras artificiales, tanto regulatorias como de presiones de competencia. Cuando yo hablé de que era absurdo tener esta simulación de permisionarios que en realidad eran concesionarios, yo no quiero decir que no haya estaciones comunitarias, por ejemplo; no, lo que quiero decir es que todos deben ser concesionarios y todos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es lo que quiero decir. Y, sin duda, debe de simplificarse la forma de asignación de concesiones. O sea, debe de ser prácticamente un trámite que lo único que se preocupe es que no haya interferencias nocivas, desde mi punto de vista, aunque sé que hay otros que les preocupa la salud financiera de las empresas. Yo sinceramente creo que el que no pueda sobrevivir por sus propios medios, pues que se muera y que viva el que pueda. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Gracias, Gerardo Soria. Federico González Luna, por favor. Federico González Luna: Muchas gracias. Antes que nada una disculpa por llegar tarde, fue un a causa fuera de mi alcance. Agradezco muchísimo a la Universidad Iberoamericana, al Departamento de Comunicación la invitación que nos han hecho para participar en esta mesa redonda.

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Creo que este es el camino a seguir, esta discusión, este confrontar ideas, este ventilarlas, este análisis serio, riguroso. Creo que la Universidad Iberoamericana siempre se ha caracterizado por ser un espacio, un foro de discusión de las ideas, libremente y hoy lo vuelve a ratificar. Felicito realmente al Departamento de Comunicación por este espacio. Creo que para regular a la radio y la televisión, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que vamos a regular, cuál es el objeto de regulación. Y esta pregunta que parece un poco obvia, yo creo que ya no lo es, en razón de los avances que se han dado tecnológicos, de competencia, culturales y en muchos aspectos en esta materia. De 1960 a la fecha ha cambiado radicalmente el entorno, yo creo que no sólo el entorno sino el qué es la radio y la televisión. Yo creo que si no tenemos esto claro, la verdad es que la legislación nos va a salir muy mal. Yo creo que eso es lo que le pasa en mi opinión, respetuosamente a esta iniciativa, no tiene claro qué es lo que quiere regular, y por tanto, se va por muchos caminos. La radio y la televisión, digamos, podemos verla como un asunto meramente de contenidos, podemos verla exclusivamente como una cuestión de infraestructura, podemos verla exclusivamente también como un método de otorgamiento de concesiones, podemos verlo como un fenómeno cultural, incluso, podemos verla como una cuestión totalmente imbricada o sumida dentro de las telecomunicaciones. Podemos hacer a un lado todos los contenidos, digamos, el tema es amplísimo y creo que puede ser sujeto de muchas discusiones. Sin embargo, desde el punto de vista legal y si estamos dispuestos o tenemos el objetivo de regular la Ley Federal de Radio y Televisión, pues tenemos que acotar nuestra materia. En mi opinión por lo que es la convergencia tecnológica, y sobre todo, considerando que las telecomunicaciones, como hemos dicho la radio

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y la televisión están destinadas más pronto que tarde a integrarse de plano a las telecomunicaciones. Yo creo que la radio y televisión tenemos que regularla con mucha modestia, con mucha consciencia de que puede ser temporal cualquier tipo de regulación. Pero en este entorno creo que lo que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, debe de ser objeto de regulación, es el servicio de radio y televisión que se preste dentro de bandas determinadas del espectro radioeléctrico. Ese yo creo que debe de ser el primer objeto de regulación, es un servicio dentro de unas determinadas bandas, no es cualquier servicio de radio y televisión, porque hay muchos servicios de radio y televisión que hoy se prestan, y más se van a prestar en el futuro, fuera de esas bandas. Que no deben, en mi opinión, ser objeto de regulación de esta área. Debemos acotar a estos servicios dentro de estas bandas. Y el segundo aspecto de regulación que en mi opinión debe ser objeto de la ley es los procedimientos conforme a los cuales el Estado autoriza a los particulares o al propio Estado para intervenir o prestar ese servicio de radio y televisión. Es decir, los procedimientos de manos del concesionario, los procedimientos permisionarios, procedimientos de asignación de frecuencias. Para mí eso es exclusivamente lo que debe regularse. Un esquema así acotado permite convivir perfectamente a la radio y la televisión, al menos al día de hoy, con las nuevas tecnologías, con el demás uso del espectro y deja abierto a este servicio a su integración con otros más. En cuanto a los procedimientos, es decir, este segundo aspecto de lo que en mi opinión debe ser la Ley de Radio y Televisión, creo que estamos todos de acuerdo en que deben ser transparentes y todos pensamos que deben ser objetivos. Sin embargo, la verdad de las cosas es que es muy difícil en la realidad, hacer transparentes estos procedimientos, ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la radio y la televisión es imposible hasta el día de hoy, por la importancia que tiene indiscutible, en nuestra sociedad,

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dado que es el principal medio de comunicación de información, de entretenimiento y a veces de cultura de decenas, de millones de mexicanos. No podemos dejar de reconocer este aspecto cultural, de conocimiento básico, y no podemos considerar que la radio y televisión exclusivamente son un factor sujeto al libre mercado. Sin embargo, digamos, estas consideraciones hacen terriblemente complicado, en el caso particular de estos servicios, la asignación de concesiones; es decir, el boleto que dé el Estado para que alguien dé este servicio. Creo que es mucho más sencillo hacerlo en el caso de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en las telecomunicaciones el tipo de servicio, al menos hasta el día de hoy, y esto siempre hay que tenerlo muy presente; no podemos ser muy arrogantes y pensar que podemos hacer regulaciones a muy largo plazo. Al menos hasta el día de hoy no tiene esa connotación de contenidos. En mi opinión, una manera real, objetiva, de hacer mucho más objetivos estos procedimientos, más transparentes, más convincentes para la sociedad, es a través de procedimientos de licitación pública. Yo francamente no me puedo imaginar que hoy el Estado otorgue en concesión una red de ocho, diez frecuencias de radio o de televisión, de una manera directa, discrecional, en las cuales las valoraciones fueron exclusivamente personales. Pudo haber sido en el pasado válido, pero yo creo que esto ya no lo admite la sociedad, y qué bueno que no lo admita. Yo creo que sí debemos pensar en la figura de la licitación pública; sin embargo, una licitación pública copada. Yo creo que siempre que utilizamos este término aparecen muchos fantasmas y yo creo que además es un término que facilita a mucha gente radicalizar las posturas o las críticas. Yo creo que debemos pensar en una licitación pública como un criterio de desempate; es decir, las concesiones de radio y televisión no deben asignarse nunca al mejor postor; no puede ser un criterio exclusivamente económico.

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Yo creo que debemos combinar un criterio de solvencia moral, un criterio de solvencia económica, un buen proyecto, y a partir de entonces o a partir de ese hecho, encontrar el camino del desempate. Es decir, nunca por una mera razón económica podemos asignar u otorgar una concesión a alguien que no tenga los atributos para ello. En cuanto al órgano regulador, creo que totalmente está imbricado el concepto de transparencia y de procedimientos licitatorios o de concesionamiento. Bueno, creo que coincido totalmente con lo que mencionaba Ernesto; creo que debemos integrarlos, yo creo que no hay razón para tenerlos separados; están manejando el mismo recurso, es decir, el espectro radioeléctrico. Yo creo que el contribuyente no debe seguir pagando redundancias de órganos regulatorios. Hoy tenemos una doble ventanilla entre COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Subsecretaría de Comunicaciones; podemos sumar, incluso, a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; tendremos tres; con este consejo tendríamos cuatro. Yo creo que eso es absolutamente ineficiente. El sentido común nos dice que así no deben ser las cosas y que además debemos respetar o tratar de economizar los recursos. La verdad es que las estructuras burocráticas siempre tienden, por la ley de Parkinson, a reproducirse al infinito, entonces lo único que necesitan estas estructuras son pretextos para crecer, y para crecer, y para crecer. Yo me acuerdo cuando se creó la COFETEL, yo creo que estábamos hablando de 250, 300 empleados; ya ahorita vamos en 500 y si les tomamos una foto en cinco años más, vamos a estar en 700, y además si les preguntamos a los servidores públicos de la COFETEL nos van a decir que no tienen capacidad para atender toda la problemática. Entonces yo creo, francamente, que debemos integrar las dos materias. Yo tenía mucho la duda de qué hacer con los contenidos, pero a últimas fechas he estado pensando que el tema de los contenidos no debe ser un problema dentro de lo que es el concepto o el diseño de un órgano regulador.

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¿Por qué? Porque en mi opinión los contenidos no deben ser materia de una amplia o estricta regulación. Yo creo que los contenidos deben ser muy libres, y sé que esto suena a veces difícil cuando vemos lo que se transmite por la radio o la televisión, pero yo creo que la solución no es el control de los contenidos, sino la diversidad de alternativas para la población. Y esto, afortunadamente, no lo va a poder contener nadie, y como vienen las tecnologías y las opciones que va a tener la gente, pues va a ser imposible que alguien contenga o que una autoridad burocrática imponga un determinado criterio. Yo creo que lo que debemos ver básicamente, en materia de contenidos, es qué es lo que no deben de transmitir los medios, qué es aquello que ataca, que afecta al orden público, que afecta a cuestiones básicas de la sociedad. Para mí ese debe ser el camino y yo creo que, en ese sentido, una autoridad tipo COFETEL, sumándole la parte de radio y televisión, yo creo que perfectamente la puede resistir. Por último, diría que yo no creo que pueda existir un órgano regulador serio, si no le damos a sus integrantes, a su cuerpo directivo, permanencia en el cargo. Si no tienen por lo menos asegurado un periodo de cinco o siete años y en el que además tengan un escalonamiento en la manera en que se van renovando estos cuadros, es imposible pensar, en mi opinión, en que estos cuerpos reguladores o regulatorios van a poder sobreponerse a la infinidad de problemas, de conflictos y de intereses que van enfrentando en su vida diaria. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, Federico González. Daría ahora la palabra a José Antonio Padilla, y ya tenemos a algunas otras personas aquí en la lista. José Antonio Padilla: Muchas gracias.

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Para no abusar del tiempo, una rapidísima revisión de lo temas y las preguntas que se pusieron aquí sobre la mesa. Aparte de permisos, yo creo que es muy claro que la radiodifusión no sirve solamente, y de eso hay duda, no sirve solamente como un medio de entretenimiento con carácter comercial, de eso no hay duda. Todos los países, de todos los signos políticos, usan la radiodifusión para fines específicos distintos, y así tenemos diferentes ideologías políticas y tenemos lo mismo a Estados Unidos, que a Canadá, que tienen radiodifusiones o radiodifusiones de Estado, si quieren llamarle, o Europa, y radiodifusiones para propósitos específicos. De eso no hay duda. En lo que tenemos que ser muy cuidadosos es cómo los vamos a hacer curdos, para no prestarse a simulaciones. En el caso específico del patrocinio es verdaderamente bien difícil establecer su frontera, es decir, en una actividad de orden comercial. Eso en las vías, de hecho no pasaremos a puntualizarlo, está sucediendo hoy por hoy. Y por otro lado, bueno, mucho cuidado en la proliferación de asignaciones, de espectro subutilizado, es decir, si abrimos la puerta para otorgar permisos a diestra y siniestra, vamos a tener un uso del espectro que después no lo vamos a poder controlar, y hay países donde tenemos ejemplos muy claros, donde se llegó a niveles de permisividad. Si alguien ha entrado a escuchar radio en Buenos Aires, van a ver ustedes lo que pasó en Buenos Aires, es decir, en la comunidad argentina, por haber soltado la administración del espectro de manera tan permisible y tan flexible. Es decir, no hay duda que la radiodifusión puede servir y sirve a otros fines que no sean los fines exclusivamente comerciales y de entretenimiento. No es que seamos claros, específicos y transparentes, sino que no caigamos en figuras ambiguas al respecto. La pregunta de ¿por qué no el proyecto B? Pues ya la contestó Javier Lozano, es muy claro, es decir, el monopolio o las posibilidades de iniciar leyes están muy claras en la Constitución de este país.

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Aquí estamos haciendo un ejercicio que ojalá estuviese sistematizado, institucionalizado y dentro de un cauce legal, es decir, para poder hacer llegar no sólo de la academia o de los operadores, sino de los muy diversos sectores, qué piensan para que los señores legisladores puedan enriquecerse de su punto de vista y ellos tienen la facultad de legislar, ellos van a legislar. Otro punto, y lo trató, lo entresacó Pepe Carreño, cuando dijo “legislación sí”. Pues pareciera que sí, legislación sí, nada más que hay que ponernos de acuerdo muy claro para beneficiar a quién. Para beneficiar a la sociedad, no hay duda. Aquí se habló del bien común, la intervención inicial del rector es un concepto abstracto, difícil, muy controvertido, pero sí, seguramente la sociedad es el último fin de esta nueva legislación y hay que ponernos de acuerdo cómo hacerle. La rendición de cuentas también bastante crítica y decía Pepe Carreño, pues también mucho cuidado con la rendición de cuentas. Démosle opciones a la sociedad para que exprese su punto de vista sobre que sí y qué no. Pero eso también lo trató Federico y Gerardo aquí hace un momento, es decir, démosle opciones, démosle diversidad. Y la sociedad no la tratemos paternalistamente, tiene una capacidad para optar. Aún lo que aquí pareciera un mal gusto; el mal gusto es un segmento del mercado, eh. Seamos muy cuidadosos y respetemos los gustos de los demás aquí, compañeros. Y, entonces, pues allí está y funciona y funciona comercialmente. Entonces, démosle opciones y démosle medios para expresarse. Eso sí, medios para quejarse, medios para expresarse, institucionales. Bueno, eso es lo único que quería decir. Finalmente, un poco haciendo eco de un pensamiento. Es decir, las telecomunicaciones, incluida la radiodifusión, son el vehículo para llevar a la sociedad la información, a la economía el conocimiento; han

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sido los vehículos instrumentales, los vehículos implementadores de la globalización. No se entiende a la globalización sin telecomunicaciones, sin informática, sin transportes eficientes; han sido, todos son muy importantes como un elemento de promoción económica. Son importantes por sí mismas. Aquí Ernesto Piedras hablaba del 4 por ciento del PIB. Esa es la menor de sus incidencias; la menor de las incidencias de las telecomunicaciones es formar 4 puntos del PIB. Lo más importante es que no hay actividad que se pueda sustraer para hacer eficiente, para hacer competitiva y para hacer viable en ocasiones a la participación en telecomunicaciones. Trabajemos mucho en la transparencia. ¿Por qué no hay opción B? Pues porque también no hay posibilidades de participar adecuadamente. Y sobre la regulación, creemos mecanismos para que la gente pueda opinar, para que los actores, como sucede en todo el mundo, no estamos inventando el hilo negro, eh, sucede en todo el mundo. La regulación se conforma consensualmente y lo mismo en Estados Unidos que en Venezuela, que Chile, que ANATEL en Brasil; vayan a donde vayan, la gente opina. Y la gente antes de una subasta de tres G, en Venezuela, si ustedes se asoman a CONATEL verán ustedes el cuestionario que llenaron los fabricantes; es decir, allí podemos trabajar fuerte con los mecanismos de transparencia para el otorgamiento de concesiones. Por ahí hay muchas cosas que trabajar no sólo en telecomunicaciones, sino en radio, con los asegunes que decía Federico. No es sencillo, efectivamente, es un tema muy delicado. Ya no abuso del uso de la palabra. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias. Tenemos a un periodista, a Jorge Arreola, Carlos Casasús y Pepe Carreño.

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Pregunta: Gracias. Bueno, para comentar algunas cosas y hacer unas precisiones. Comentaba Javier Lozano, y creo que me parece erróneo, que los senadores nos deben de escuchar para que no legislen a su manera. Me parece que los senadores estuvieron abiertos desde hace dos años y abrieron pláticas invitando a la gente de la CIRT. Hubo una ocasión en que los dejaron plantados la gente de la CIRT. Es decir, sí se han abierto oportunidades. Quizá si la gente de la CIRT hubiera ido a esas pláticas de hace un año estuviéramos discutiendo quizá ya sus puntos de vista y los de ellos, es decir, hubiera habido un gran avance. Pero no se dio así porque la gente de la CIRT no quiso, quizá por no quisiera adelantar alguna ley. En la cuestión práctica de la ley, creo que económicamente también tiene cuestiones interesantes; no creo que sea algo desafortunado, como dice Ernesto Piedras. Una, porque al abogar porque haya más operadores o que haya más gente que participe al abrir este artículo, donde dice que ninguna operadora tiene que tener más del 35 por ciento en una plaza de frecuencia, precisamente para abrir el espectro a más operadores creo que competitivamente y económicamente eso ayuda bastante a las empresas que quieran incursionar, porque ahorita solamente 15 grupos de radio y dos empresas de televisión monopolizan la cuestión en tele, las señales televisivas y en radio. Ahora, económicamente también permitir que la producción independiente tenga el 20 por ciento, es decir, que las televisiones contraten el 20 por ciento de producción independiente, eso ayudaría bastante económicamente a varias empresas productoras de contenidos, inclusive los mismos contenidos de la televisión se verían favorecidos. Entonces, no me parece que sea tan desafortunada la ley. En la cuestión de las permisionarias, a mí me da la impresión que se teme mucho a la competencia. No sé si un 7 por ciento de

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comercialización afecte bastante, ¿no?, a las televisoras comerciales. Aquí se decía que es una simulación; no creo. El monopolio que se ha creado aquí ha permitido a las televisoras y a las radiodifusoras apoderarse del pastel publicitario. Entonces, no creo que afectara mucho que el 7 por ciento se les diera a las permisionadas. Serían los puntos que yo quería tocar, no creo que sea una ley desafortunada, una iniciativa desafortunada, porque precisamente nos hizo estar aquí, discutir esto y me hubiera gustado que el estudio del CIDE llegara mucho antes a los senadores, quizá para estudiarlo. En cuanto al órgano regulador yo creo que sí la COFETEL se le podrían dar algunas atribuciones, pero no para que sea algo similar a lo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahorita, que de una manera discrecional se encarga de entregar y refrendar concesiones, como pasó hace poco con Televisa y Televisión Azteca, que no nos centráramos en cuáles los criterios para otorgárselas. Me parece que el Consejo Ciudadano aportaría ese dejo para despolitizar y para que no fuera tan discrecional la entrega de concesiones, serían esos mis puntos de vista, mis comentarios. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias. La palabra a Jorge Arreola. Jorge Arreola: No se si como hace alusión directa Javier Lozano, si quisiera él. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Bueno, pues adelante. Javier Lozano Alarcón: A ver, vamos a hacer un poco de memoria. La iniciativa se presenta en diciembre del 2002 por parte de Javier Corral, Raymundo Cárdenas y otros 64 firmantes. Concretamente el 12 de diciembre del 2002. Viene como reacción, hay que decirlo, había una serie de mesas de Bucareli, que más bien eran la subsecretaría de Normatividad de Medios.

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Cuando viene el decreto por el cual se elimina el 12.5 por ciento y se expide un nuevo reglamento para la Ley de Radio y Televisión el 10 de octubre del 2002, esos dos meses para lo que sirvieron fue para terminar de medio articular una iniciativa que presentaron Corral y Cárdenas en diciembre de 2002. Desde entonces, y te pido que leas el Artículo que escribí el 24 de marzo del 2003, haciendo alusión precisa, sobre todo si cada uno de los puntos que en mi opinión eran negativos, de todos los temas de los cuales adolecía esta iniciativa. Y que desde entonces para acá se ha venido trabajando con ellos, uno de ellos se fue de campaña para ser gobernador de Chihuahua, entonces también se distrajo de su chamba. Mientras tanto se ha estado trabajando una ley de telecomunicaciones o una ley para la COFETEL, y cuando regresa le agarran las prisas. Pero me decías que la parte económica está bien, que te parece que todo este concepto del 35 por ciento de limitar la concentración de las frecuencias, yo le pediría mejor a Ernesto Piedras que eso lo aborde él, pero yo nada más tengo que compartir con ustedes un artículo, que me digan a ver qué opinan, el tema del financiamiento para proyectos de inversión de largo plazo y el tema de lo que es la realidad económica y comercial en este país. Dice Artículo 71 de esta iniciativa famosa: “Sobre la concesión y los derechos en ella conferidos, no se podrá grabar, dar en fideicomiso, enajenar o explotar bajo cualquier forma legal por persona físico moral, distinta a su titular”. Cómo esperamos que un gran proyecto de radiodifusión en este país pueda tener inversión, financiamiento, si lo primero que te pide quien te dé financiamiento, aquí y en el resto del mundo, es una garantía. Cómo hacerle para que tengas producciones ajenas a ti que puedan ser transmitidas a través, justamente de tus medios de comunicación. Cómo le hacemos para cuando contratas a alguien que comercialice los espacios publicitarios, cómo está eso que no puedes dar si quiera una fianza o darle una hipoteca, gravar en forma alguna, ceder en forma alguna las concesiones.

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Eso me parece que sí es un tema que más allá de que se quiera una simulación y un prestanombres para que finalmente esté alguien detrás, como lo resuelve la Ley Federal de Telecomunicaciones, me parece que es una fórmula bastante accesible que dice: no porque cedas, se vale ceder derechos y obligaciones de las concesiones. Pero la sola cesión no lo convierte en concesionario de forma automática. Para que sea concesionario tiene que cumplir con los requisitos originarios que se establecieron al sesionante. Entonces, me parece que esa tendría que ser la fórmula, pero no cancelar absolutamente la posibilidad de que pueda dar en garantía el bien, que por cierto, insisto, requiere inversiones multimillonarias y que entonces después no pueda tener financiamiento porque ese bien ya no se pueda dar en garantía. Y en cuanto al Consejo Ciudadano, el gran problema es que las concesiones en un país sobre bienes del dominio público y sobre servicios públicos, los tiene que dar la autoridad, los tiene que dar un gobierno, no es lo mismo que el IFE regule las elecciones a través de un Consejo Ciudadano, no es lo mismo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tienden a acotar la labor del Estado, emita recomendaciones a través de un método de selección de su presidente ajeno al Ejecutivo. No es lo mismo que el banco central, como órgano autónomo del Estado, tienda a limitar el apetito por emitir billetes y disparar una espiral inflacionaria, que lo que es una labor estricta y eminentemente de Estado y de gobierno, como lo es el otorgamiento de concesiones, la decisión en el espectro radioeléctrico y la regulación de la supervisión, porque entonces el gran reto que tenemos es que vamos a dejar de tener gobierno, para ciudadanizarlo todo, porque como le tenemos desconfianza a los políticos, a los gobernantes, como no se ponen de acuerdo, como no nos gustan los legisladores, entonces que vengan los ciudadanos, como si ellos no fueran a estar sujetos a intereses, no fueran a estar sujetos a presiones, no fueran a fallar, como si fueran perfectos. Y entonces sí, lo que vamos a acabar es con las instituciones y con la función pública, por ello es –y lo digo con todo respeto- nos hemos

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cansado de hacerles ver nuestros puntos de vista a los señores legisladores, con muchísimo respeto, por escrito. Hemos estado en reuniones con ellos. Algunos lo han tomado, como el senador Vicencio, muy bien; el senador Gamboa, Rubio, el propio doctor Osuna, de manera muy buena, pero Javier Corral hasta el saludo nos ha retirado, y no estoy exagerando, es literal. Entonces, no puede ser que una ley se discuta solamente esa iniciativa y si no la aprobamos, entonces todos somos malos mexicanos. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias, Javier Lozano. Sí, claro. Adelante. Ernesto Piedras: Gracias. Muy rápido. Coincido totalmente contigo. Cómo hubiera querido generar antes este documento que firmé a título personal y también como coordinador del Programa del CIDE. Vi venir muchas opiniones legales, muchas opiniones de abogados, que también tomaban un matiz económico en el transcurso de este proceso y muy recientemente caí en la cuenta que faltaba un comentario, que convenía un comentario de economista, sobre también temas económicos ya abordados por abogados, pero cómo hubiera querido generarlo mucho tiempo antes. Sé que entró en tiempo antes de la reunión del miércoles pasado; sé que está en revisión y también estoy en comunicación con varios legisladores para buscar tener impacto. Muy rápido. CAP del 35 por ciento para promover la competencia. Competencia es un término económico que generalmente cae en el mercado y el mercado mismo promueve la competencia. Ya dijimos aquí no va a ser un esquema de competencia perfecta, pulverización en donde todos ofrezcan el mismo producto, porque no se ofrece el mismo bien o servicio en el mercado; son servicios distinguibles. Hay segmentos identificables; alta y baja cultura que se transmite, como lo queramos denominar, pero entonces hay segmentos del mercado. 20 por ciento de producción independiente, experiencias otra

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vez más afortunadas; operan más los apoyos por la vía de incentivos fiscales. Hay un riesgo muy grande en la economía. Tomar una medida aislada, analizarla, pero no tener la visión del conjunto de las medidas, y en este caso, si sumamos toda esta serie de medidas que se proponen, llegamos a un esquema sumamente distorsionante. Retomo, insisto, en lo que describió hace un rato Jorge Arreola; existe un mercado competible, que es muy, muy grande, y existe sólo un segmento acotado, bien identificado, que es sujeto de políticas públicas. Entonces no confundamos; uno muy grande puede operar por la vía del mercado y otro por otras vías. La experiencia muestra: mientras menos mecanismos artificiales, mejor. Básicamente. Gracias. Dr. Manuel A. Guerrero: Gracias, Ernesto. Jorge Arreola Cavazos: Gracias. Nada más un comentario. Yo creo que nos queda poco tiempo. Hablábamos hace un momento, preguntaban que, bueno, aparentemente ya hay muchas soluciones, experiencias internacionales; es un tema muy visto, hay muchos acuerdos dentro de los que estamos participando en esta mesa y no hay opción b. Javier Lozano decía, bueno, es que no se ha permitido que estos comentarios lleguen de manera que se conviertan en esa opción b, pero yo iría todavía un poco más allá y citaría como ejemplo lo que nos ocurrió con la Ley de Telecomunicaciones. La Ley Federal de Telecomunicaciones va a cumplir diez años en este año y es de la lectura que hice de los materiales que me han enviado, pues yo sólo he leído este dictamen una sola vez, es una ley mucho más moderna que esta ley que aquí se propone. La Ley Federal de Telecomunicaciones no regula tecnologías, no regula servicios y tiene una vocación eminentemente competitiva.

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En ese sentido, le permite a la sociedad que, en ese esquema competitivo, se elijan tecnologías, elijan los servicios que se van a prestar, etcétera. Es una ley mucho más moderna que eso. Ahora, pero quienes nos encargamos, en algún momento, de supervisar y vigilar la aplicación de esta ley, pronto nos fuimos dando cuenta de que le faltaban muchos instrumentos para aplicarla, sobre todo en un medio crecientemente litigioso, como se fue volviendo el de las telecomunicaciones, de forma tal que desde hace cinco años, habiendo detectado las deficiencias de esa ley, nos propusimos llevar a cabo algunas reformas para que la ley tuviera dientes. Con esa Ley de Telecomunicaciones llegaron muchas inversiones al país, pero esos inversionistas no recibieron lo que esperaban, las expectativas de esos inversionistas respecto a la aplicación de la ley y el ambiente competitivo que íbamos a generar nunca se materializaron y, por el contrario, se fueron rezagando. Había una razón clara, un objetivo claro para modificar la ley y se iniciaron los intentos. Son cinco años y no se ha logrado en materia de telecomunicaciones, y era bastante más sencillo que esto, eran reformas que ni siquiera entraban al tema de convergencia, porque hace cinco años no era tal la premura, la premura era hacerla aplicable. ¿Qué puedo decir de algo que nos faltó para poder concretar esa ley? Pues sería voluntad política y sobre todo una intervención correcta por parte del Ejecutivo. En el Congreso vimos gente que trabajó muy fuerte sobre esa ley, dos, tres años, se creó la figura de conferencia parlamentaria, se atendieron consultas por Internet, se contrataron expertos, se invitaron expertos internacionales, etcétera y el resultado no se dio, porque no existía la voluntad política, ni siquiera en el Ejecutivo, para darle viabilidad a todo ese proceso. Al final, la suma de intereses encontrados, la suma de intereses políticos, económicos, ocasionó que no se pudiera materializar. Posteriormente, hubo este reglamento, intento de reglamento que trató de sacar el Ejecutivo, pero que en buena medida iba en contra de los

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propósitos iniciales que se tenían al plantear la reforma, que es lo que estoy viendo que está ocurriendo ahora también con esta ley. Coincido ampliamente con Javier en que parece una ley hecha al vapor, él está mucho más consciente del proceso porque ha participado en él, sí, pero yo simplemente de la lectura no pude encontrar los objetivos de manera clara, y si no están los objetivos de manera clara lo demás sale sobrando. No se pueden hacer políticas públicas sin objetivos claros, siento que es una ley que se hizo con poco orden respecto de los objetivos que debería de cumplir y que al tratar de alcanzarlos no cuidó las formas, como son el muy reiterado discurso que hemos escuchado ya por muchos años de favorecer esquemas competitivos, de minimizar regulaciones, etcétera, sino que se fue precisamente por el lado contrario. Sacar un plan B implicaría atender la inminente convergencia de equipos, de redes y de empresas que tenemos enfrente, y si no logramos resolver el uno, difícilmente vamos a resolver este otro. Creo que es importante que venga un cambio y que sobre todo el Ejecutivo, que es un actor que ha estado muy callado dentro de todo este proceso, intervenga, trate de señalar una posición clara y que no caigamos en tantas contradicciones constantes, porque se nos está yendo el tiempo, se nos fueron cinco años sin sacarla de telecomunicaciones. Van a ser, creo yo, todavía algunos años para que salga esto, porque en las condiciones en las que está no veo yo la forma en que pueda pasar. Gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Casasús. Carlos Casasús: Bueno, dado que vamos llegando al final, yo quería de alguna manera destacar la naturaleza del espectro radioeléctrico como bien público, no es como el petróleo, que de alguna manera si

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se queda en la tierra y no lo sacamos tiene un valor de inventario y a lo mejor vale más en el futuro que hoy. El espectro es un bien que si no se usa se pierde su valor económico. Y México no usa su espectro radioeléctrico. Entonces, yo creo que uno de los grandes objetivos que tenemos enfrente, uno de los grandes generadores de riqueza que tenemos oculto, es hacer disponible este espectro, para generar servicio, para generar riqueza. A mí no me da miedo asignarlo, siempre y cuando haya una posibilidad de revenderlo. Si un señor pone una concesión de radio y quiebra, puede hacer disponible su espectro a otro personaje que lo quiera comprar o que lo quiera simplemente utilizar a cambio de un peso o de un cambio de titular. Es, creo que en ese sentido, también relevante el tema de las cadenas. Vamos, nosotros aquí, en nuestras estaciones de radio, digamos, de Valle de Bravo, estamos protegiendo a un concesionario, le damos un monopolio local, porque si llega la competencia quiebra. Bueno, lo que no estamos permitiendo es que la programación se encadene de manera nacional. Yo creo que de alguna forma, si nosotros dejamos la libertad de vender y de asociarse a los concesionarios, pues lo que vamos a tener es que probablemente en todo el país tengamos la misma programación, la mayor parte del tiempo, aunque haya programas que se transmitan con carácter local. No me da miedo eso. Creo que hay que asignar el espectro y permitir tanto la venta de concesiones, la transmisión de concesiones de manera muy fácil, como el cambio de uso. Si hoy para mí, que me concesionaste el Canal 52, vale más el espectro para dar telefonía celular, venga, bienvenido y la autoridad deberá regular que no haya interferencia perjudicial entre los diferentes jugadores. Pero si nosotros liberamos el uso de nuestro espectro, que está muerto de la risa; nosotros no tenemos usos de seguridad nacional,

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como tienen los americanos para radares, para quien sabe cuánta bola de cosas. Si liberamos el uso de nuestro espectro vamos a aprovechar una gran riqueza que tiene este país, que no se usa. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias. Regina Santiago. Regina Santiago: Bien, muchas gracias. Soy Regina Santiago, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad. Creo que una de las cosas muy importantes que ha surgido en estas reflexiones, en este intercambio de opiniones entre los panelistas, entre el público, ha sido este reconocimiento de que es necesario cambiar, pero que es necesario también reflexionar profundamente sobre para qué vamos a cambiar. Entonces, en esa reflexión creo que es importante incluir esta necesidad de que haya un diagnóstico preciso de qué es lo que estamos buscando. Una legislación renovada debe de servirnos precisamente para poder solucionar los problemas del México del Siglo XXI, que son muy diferentes del México de principios o de mediados del siglo pasado. Entonces, en ese diagnóstico preciso, pues tenemos que incluir o qué reflexionar sobre ciertas situaciones muy concretas. Tenemos una legislación que, por ejemplo, prohíbe decir groserías al aire, pero que no nos ha dado todavía una respuesta o una guía sobre lo que los medios tienen que hacer ante el intento cada vez más evidente de organizaciones criminales, de dictar la agenda mediática. Entonces, ¿qué hubiera sucedido, por ejemplo, si en aquella terrible noche de Tláhuac, las televisoras hubieran contado precisamente con algún tipo de guía que les dijera cómo poder reaccionar y cómo resolver ese reto que se estaba presentando ante ellos? O sea, tuvimos desafortunadamente la aparición de Joaquín López Dóriga, diciéndonos al público que no iban a transmitir las imágenes tan terribles, tan violentas que se estaban dando o que se habían dado en ese momento.

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Y, sin embargo, ante al situación de que Televisión Azteca sí estaba transmitiendo las imágenes, cambió totalmente la posición, transmitieron las imágenes y tuvo que cerrar su noticiero explicando que sí habían cumplido más o menos con esta situación y que no habían transmitido las imágenes más terribles que tenían. Entonces, creo que este es un ejemplo de los retos que estamos enfrentando como sociedad, es un ejemplo de las cosas en donde el público tiene que tener el acceso a que las televisoras le expliquen cuáles son sus políticas, cómo toman sus decisiones, por qué toman sus decisiones. Tenemos que aprender a exigir este tipo de situaciones, tenemos que tener mecanismos como sociedad, para que nos hagan posible este tipo de reflexión y la solución de este tipo de problemas. Los problemas ya están y no podemos evitarlos. Creo que si es importante que reconozcamos que está en juego para los medios informativos, el mantenerse como vehículo confiable para los ciudadanos, para informarse. Así como está en juego para los políticos, mantenerse, el recuperar o tratar de recuperar un poco de la confianza perdida ante la ciudadanía. Si no somos capaces académicos, políticos, medios, de ponernos de acuerdo en lo que es necesario para solucionar los problemas del México y ahora, y que ya se nos vinieron encima, pues no estaremos realmente respondiendo al momento histórico tan importante que estamos viviendo como país, que es este cambio, esta transición, este nuevo régimen, estas nuevas posibilidades de libertad. Creo que ha sido una parte de la reflexión compartida y creo que es muy valioso que lo hayamos podido compartir. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Nuestra última intervención muy brevemente para José Carreño. José Carreño: Muy brevemente, porque ya estamos no sólo rebasando el tiempo, sino también rebasando la materia de cada mesa. Yo mismo lo hice y es natural, porque estas mesas están diseñadas realmente para comunicarse una con las otras, de tal manera que yo quiero exhortar a los participantes en este panel y a los

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que pudieran y al mayor número de ellos, es que permanezcan, como estaba diseñado originalmente, en el encuentro, para pasar justamente a la mesa de contenidos, donde vamos a discutir temas como los que estamos viendo. Una última reflexión es que si bien se puede observar, dentro de todas las coincidencias, discrepancias, algún camino muy interesante de diálogo disciplinario, sobre todo con Ernesto Piedras, entre el derecho y la economía, todavía nos falta y por eso es la exhortación a que permanezcan, los abogados sobre todo, para ver si podemos hacer un acercamiento entre el derecho y la comunicación. Porque muchas de las respuestas jurídicas que parecerían quedarse en el centro de la imputación del estado. El derecho informativo para los comunicadores no se agosta en la responsabilidad del Estado, sino básicamente en la responsabilidad de los medios. Está resuelta la responsabilidad del Estado o en camino de resolverse con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y esas serán las respuestas de los abogados, muy adecuadas, pero no está resuelto el problema de la satisfacción de los derechos informativos, con cargo a los medios de comunicación. Y el otro punto, el diálogo entre el derecho, la comunicación y la política. Para el campo de interés de la comunicación y la política, el estudio de los sistemas políticos y los sistemas de comunicación y su interacción entre ellos es el básico. Hay una relación entre el sistema político y sistema de comunicación muy estudiado, no desde el punto de vista jurídico, pero que valdría la pena explorar en el camino de nuestro encuentro, no para encontrar las soluciones normativas, pero sí por lo menos para ver de qué estamos hablando y quizás esto nos ayude a mejorar nuestros diagnósticos. Muchas gracias. Dr. Manuel Alejandro Guerrero: Muchas gracias. Simplemente a manera de una muy, muy breve síntesis, diría que, bueno, pues en esta mesa encontramos consensos de que es necesario un cambio en la ley actual. La Ley de Radio y Televisión ya no es funcional por muchas razones tecnológicas y por el tipo de sociedad que tenemos.

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También encontramos consensos en esta mesa, al tener un único regulador que tenga una visión integral con base en la convergencia, que es lo que ya va a definir, digamos el futuro de las telecomunicaciones o de las comunicaciones en sentido amplio. Encontramos también la necesidad de dividir la regulación de contenidos de la regulación a transmisión, y sobre esta última, bueno, pues había varias propuestas: una regulación de transmisión que tome como base el evitar las interferencias, que promueva un uso eficiente del espectro, que promueva nuevas tecnologías, que fomente la competencia y que asigne las frecuencias con base en licitaciones públicas económicas, pero que también pueda tener otro tipo de criterios, como decía Federico González Luna, de criterios de solvencia moral. La parte en donde todavía el círculo falta cerrarse, es la parte de los contenidos que creo que esa va a ser la materia de la siguiente mesa y, bueno, eso queda abierto, donde se discutirá el tema de la responsabilidad social, etcétera. Bueno, pues a nombre del Departamento de Comunicación doy gracias a todos nuestros muy distinguidos ponentes en esta mesa. Muchas gracias. Entregaría ahora yo los reconocimientos. Hacemos un breve receso de cinco minutos, porque ya estamos sobre el tiempo para entrar a la segunda mesa. Gracias. (RECESO)