Aportes Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [email protected] ISSN (Versión impresa): 1665-1219 MÉXICO

2001 Jaime Estay Reyno EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA), LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y LOS RETOS PARA UNA INSERCIÓN INTERNACIONAL ALTERNATIVA Aportes, mayo-agosto, año/vol. VI, número 017 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Puebla, México pp. 75-88

APORTES: REVISTA DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA-BUAP.

AÑO VI

NÚM. 17

APORTES

El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la integración latinoamericana y los retos para una inserción internacional alternativa Jaime Estay

INTRODUCCIÓN Del 20 al 22 de abril de 2001 se realizará en Québec, Canadá, la tercera Reunión Cumbre de presidentes de los 34 países americanos participantes en las negociaciones del ALCA. Con dicha reunión, que ha sido precedida por las Cumbres de Miami (1994) y de Santiago (1998), así como por distintas reuniones y actividades desarrolladas en el periodo reciente a nivel ministerial, en el Comité de Negociaciones Comerciales, en los nueve Grupos de Negociación y en los demás Comités y Grupos Consultivos, se dará un paso más en la concreción del proyecto estadounidense para poner en marcha una zona de libre comercio a partir del año 2005.1 La Cumbre de Québec, y en general el 1 La información oficial y pública sobre el proceso de creación del ALCA, puede ser consultada en el Sistema de Información de la Cumbre de las Américas (http://www.summit-americas.org/summit-spanish.htm) y en el Sitio oficial sobre el ALCA (http://www.alca-ftaa.org/alca_s.asp), así como en la página web del “Sistema de Información Sobre Comercio Exterior” de la OEA (http:// www.sice.oas.org/ftaa_e.asp). Otros lugares no oficiales, también con información y análisis sobre el

proceso de creación del ALCA del que ella forma parte, son componentes centrales en la estrategia estadounidense de vinculación con América Latina y El Caribe y, para nuestros países, son elementos de la mayor importancia en la definición del rumbo que en las próximas décadas asumirán sus relaciones internacionales y su inserción en la economía mundial. Por ello, para los pueblos latinoamericanos y caribeños es mucho lo que está en juego en esas negociaciones, lo cual obliga a una profunda reflexión acerca del camino que a través de ellas se está trazando, de los peligros que ese camino representa y de la necesidad de construir una alternativa no sólo ante el proyecto estadounidense y ante la aceptación —entre sumisa y entusiasta— que hasta ahora él ha provocado en la mayoría de los gobiernos de la región, sino además ante las modalidades que han venido asumiendo los procesos regionales de integración y las estrategias de integración mundial presentes en nuestros países. ALCA, son la página web”Integración, comercio y medio ambiente” (http://www.inca.or.cr/) y la página de la “Comunidad web de movimientos sociales” (http://movimientos.org/).

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SISTEMA MUNDIAL Y BLOQUES ECONÓMICOS EN EL CAMBIO DE SIGLO

Al realizarse la Cumbre de Québec, se habrán cumplido casi once años desde que la administración Bush dio a conocer la “Iniciativa para las Américas”, con la cual el gobierno estadounidense se proponía “revisar sus enfoques” respecto de América Latina y el Caribe impulsando la creación de una “Zona Hemisférica de Libre Comercio” que se extendería “desde el Puerto de Anchorage hasta Tierra del Fuego”, objetivo éste que fue retomado por la administración Clinton con el ALCA y que está siendo impulsado por el nuevo gobierno de George Bush Jr. Al momento de plantearse la “Iniciativa para las Américas”, ella se ubicó claramente en un contexto de pérdida relativa de posiciones de la economía estadounidense y de incremento presente y previsible de la competencia intercapitalista, a lo que se agregaban tanto los cambios derivados del fin de la Guerra Fría, como los avances de las economías asiáticas y el «relanzamiento» de la integración europea que se dio desde la segunda mitad de los años ochenta y que implicó progresos significativos en la integración de ese bloque. Todo lo anterior, empujaba del lado estadounidense a desplegar esfuerzos para elevar a un nuevo nivel las relaciones intrahemisféricas, poniendo fin así a un largo periodo durante el cual la relación bilateral con los países latinoamericanos —o, en algunas ocasiones, con grupos de países de la región, como ocurrió con la Alianza Para el Progreso y posteriormente con la Iniciativa Para la Cuenca del Caribe— sólo se transformaba en prioritaria en la medida en que, desde la perspectiva de la confronta-

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ción geopolítica con el campo del “socialismo real” que dominaba el escenario internacional, se identificaba un peligro presente o potencial para la seguridad de los Estados Unidos. Así, las iniciativas económicas y políticas de mayor envergadura que EE.UU. desarrolló hacia Latinoamérica durante toda la “guerra fría” fueron claramente motivadas por la consigna general de “luchar contra el comunismo”, consigna que se imponía ante un amplio abanico de situaciones —abarcando desde los movimientos guerrilleros y de liberación nacional hasta los intentos de gobiernos latinoamericanos por desarrollar políticas internas y externas con algún grado de autonomía respecto de las directrices estadounidenses— y para cuya aplicación los gobiernos de aquel país usaron todo tipo de instrumentos, desde la asignación de fondos de “ayuda” hasta las intervenciones militares directas. Por consiguiente, desde su nacimiento la propuesta de la administración Bush correspondió a un intento por ganar el terreno perdido en los vínculos de los EE.UU. con su zona inmediata de influencia, como respuesta a la fuerza que habían adquirido los procesos de regionalización que se venían desarrollando en otras zonas y particularmente en Europa y, en general, se ubicó como parte de un proyecto de largo alcance para la creación de condiciones que le permitieran mejorar sus capacidades competitivas en el actual escenario internacional, constituyéndose en la primera definición estratégica de Estados Unidos, desde la Alianza para el Progreso, respecto a su relación económica con el conjunto de América Latina. Esos objetivos han mantenido su vigencia durante los años transcurridos desde que

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se lanzó la “Iniciativa Para las Américas”, si bien al mismo tiempo han ido ocurriendo distintos cambios en el contexto en el cual ellos fueron definidos, a nivel mundial, en las relaciones internacionales y en la posición relativa de los EE.UU. En el contexto más general, a lo largo de los años noventa se ha acentuado el proceso de globalización del sistema mundial, el cual ha significado cambios sustanciales en todos los ámbitos de la vida social, incluyendo modificaciones en las bases del desenvolvimiento económico que están conducidas por el avance científico y el cambio tecnológico, con crecientes niveles de interpenetración de las economías nacionales y una radical reestructuración productiva que implica la aparición de nuevas ramas y producciones “de punta”, el desarrollo de nuevas estrategias de colaboración, asociación y competencia intercapitalista, cambios en las modalidades de gestión empresarial y de organización de los procesos de trabajo, y, de manera destacada, la continuidad y acentuación de los procesos de “flexibilidad laboral”, eufemismo éste que en realidad remite a una profunda redefinición en las relaciones trabajo-capital, a favor de éste último y en contra de las condiciones laborales, salariales, de contratación y despido, de sindicalización, etc., de los trabajadores. Así también, en el escenario internacional los años noventa fueron portadores de la consolidación de la hegemonía militar norteamericana, con las “intervenciones humanitarias” convirtiéndose en la forma usual de su ejercicio y de justificación del respaldo de otros países, a lo que se agregaron distintas señales de una recuperación parcial de la hegemonía económica estadouni-

dense al menos respecto de varios de los sectores más dinámicos del actual funcionamiento económico mundial, recuperación avalada por los casi diez años de crecimiento sostenido que esa economía tuvo hasta hace unos pocos meses, aunque simultáneamente a lo anterior la “tríada” (USA, Japón y la Unión Europea) se ha seguido consolidando como eje de funcionamiento de la economía mundial y como elemento articulador en la regionalización de las relaciones económicas internacionales, y en tal sentido los años noventa trajeron consigo no sólo los primeros pasos en la creación del ALCA sino también etapas superiores en la integración europea y distintos avances en el bloque asiático, si bien éste último fue el que atravesó por mayores problemas como consecuencia de la crisis que estalló en 1997 en los países de esa región. Durante la década de los noventa, se mantuvo además a nivel mundial el predominio ideológico de las concepciones neoliberales y su papel rector no sólo en la definición de estrategias y políticas nacionales e internacionales en el terreno económico, sino también en la redefinición del conjunto de las relaciones sociales. En particular, durante esa década el credo neoliberal se plasmó con fuerza al nivel de las relaciones económicas entre los países, en cuyo desenvolvimiento dicho credo ganó presencia como criterio rector sobre todo respecto del capitalismo atrasado: en el ámbito de los flujos internacionales de capital, la norma fue otorgar las más absoluta libertad a los grandes capitales para desplazarse globalmente, sin restricción alguna respecto de su ingreso, permanencia o resultados, y con los montos de la Ayuda Oficial Para el Desarrollo alcanzando una situa-

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ción que la UNCTAD ha calificado como “atrofia” [Ricupero; 2000]; en el comercio internacional, los Sistemas Generalizados de Preferencia perdieron fuerza,2, y tanto en el GATT/OMC como en los megabloques, e incluso en los esquemas latinoamericanos de integración —aunque en grado diverso—, el criterio de “tratamiento especial y diferenciado” hacia los países atrasados ha ido siendo reemplazado por el de “reciprocidad”, lo que implica tratar como iguales a las distintas economías, por más desiguales que ellas sean. Sin embargo, también en los años noventa ese predominio global del neoliberalismo se vio crecientemente enfrentado a dos tipos de cuestionamientos. Por un lado, el desenvolvimiento de la realidad mundial fue echando por tierra las apologías del capitalismo que acompañaron a la caída del socialismo en Europa, y según las cuales de dicha caída se desprendía la próxima llegada de una era de superación de contradicciones y desaparición de desigualdades como resultado del triunfo e imposición universal y definitiva de la democracia liberal y el libre mercado —recuérdese el anunciado “fin de la historia”—, postulándose además una relación directa entre las enormes posibilidades que efectivamente brinda el actual avance científico técnico para mejorar en todos los sentidos el desarrollo humano, y la concreción sin trabas de esas posibilidades. Así, la capacidad de los avances biotecnológicos para multiplicar la producción de alimentos, se anunciaba como el cercano fin del hambre en el mundo, pero las hambrunas siguen presentándose; a los 2

Algunas cifras al respecto, pueden ser vistas en Grether y Olearraga [1998: 15 y 19].

avances en la automatización y la robótica, se les ubicaba multiplicando simultáneamente la disponibilidad de todo tipo de bienes y los tiempos dedicados al ocio por la menor necesidad de trabajo vivo, pero en vez de eso lo que se ha multiplicado es la carencia de posibilidades de consumo, el desempleo y el empleo precario; de la revolución en la informática y las telecomunicaciones se desprendía un escenario de poblaciones bien informadas y con acceso generalizado a las nuevas formas de comunicación, pero ello sólo es cierto para una pequeña parte, ubicada en su mayoría en los países más desarrollados; los avances en la generación de tecnologías menos contaminantes se asumían como una próxima detención o reversión del deterioro ambiental, pero dicho deterioro continúa acentuándose, etc. Por consiguiente, en el escenario de los años noventa lo que se impuso fue la acentuación de los llamados “problemas globales” y la agravación de las desigualdades y de la polarización económica y social, todo lo cual constituye un evidente rechazo de la propia realidad hacia los postulados y promesas del neoliberalismo. Por otro lado, y a partir de evidencias como las recién señaladas, durante el período reciente se han ido multiplicando las acciones de oposición frontal al neoliberalismo, emprendidas por grupos de aquella inmensa parte de la población que bajo el modelo neoliberal se ve sometida a distintas formas de exclusión y de explotación exacerbada. Como es sabido, en la fallida reunión de la Organización Mundial de Comercio de noviembre de 1999 se dejó sentir con fuerza la inconformidad que se ha ido acumulando en muy amplios sectores ante los rumbos hasta ahora seguidos por el

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proceso de globalización neoliberal y ante el papel que en la definición de esos rumbos han venido jugando los organismos internacionales, y a ello cabe agregar que la llamada “Batalla de Seattle” ha sido seguida por episodios semejantes en Davos, Washington, Bangkok y Praga. Si bien esos “incidentes” son los que más han acaparado la atención de la prensa, ellos sólo constituyen una muestra de un proceso de mayor alcance, de una toma de conciencia en ascenso respecto de lo que el neoliberalismo está significando en las condiciones de vida de los países pobres y de los pobres de todos los países, y de una creciente disposición a oponer al neoliberalismo un proyecto económico-social construido “desde abajo” y que efectivamente ponga por delante el acceso a una vida digna a la que tienen derecho todos los habitantes del planeta, disposición ésta que alcanzó un alto nivel de concreción y articulación con el reciente Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre.3

que en instrumento de aplicación de los principios neoliberales, no sólo en las relaciones con los EE.UU. sino en el conjunto de las relaciones económicas externas de nuestros países. Ya desde los primeros llamados a formar la “Zona Hemisférica de Libre Comercio”, los principios de carácter ideológico se hicieron claramente presentes en la propuesta, si bien se trataba de principios aplicados ya no prioritariamente al terreno de la lucha contra el “comunismo”, sino al terreno de la economía —libre funcionamiento de los mercados— y a otros aspectos en que el gobierno EE.UU. definía el «deber ser» de nuestros países, como son los problemas ambientales, los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico. En sus componentes económicos, esa intención fuertemente prescriptiva hacia los supuestos “socios” se fue afinando durante los gobiernos de Clinton y a través de las negociaciones sobre el ALCA, hasta llegar a plasmarse en los llamados “criterios de elegibilidad” que deberían ser cubiertos para poder participar en el Acuerdo: funcionamiento económico orientado hacia el mercado; acceso “justo y equitativo” para las mercancías y capitales estadounidenses; políticas macroeconómicas estables; capacidad institucional para cumplir los compromisos que se contraigan; aceptación para que en temas laborales y medioambientales se apliquen criterios semejantes a los del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y, no exigencia de trato preferencial por parte de los países atrasados. En los hechos, son esos los criterios que han predominado casi sin cortapisas, a tal punto que del lado latinoamericano el “esfuerzo negociador” de la mayoría de los

INSERCIÓN MUNDIAL, PARTICIPACIÓN EN EL ALCA E INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y E L CARIBE. Desde la presentación de la propuesta estadounidense y hasta la fecha, el proceso de creación del ALCA se ha constituido en una muy clara expresión de las tendencias que arriba hemos reseñado, transformándose en punto central de referencia para los gobiernos latinoamericanos y caribeños, a la vez 3 En el presente número de Aportes se incluyen dos documentos referidos al Foro Social Mundial. Otros materiales también referidos al Foro, pueden consultarse enhttp://www.forumsocialmundial.org.br/ espanhol/.

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gobiernos de la región se ha limitado casi únicamente a aceptarlos, a identificar las mejores maneras para adecuarse a ellos y a tratar de escalar posiciones en la lista de países que irían siendo incorporados al ALCA. En sus componentes no económicos, la estrategia estadounidense hacia la región también ha ido avanzando, tanto a través de las negociaciones del ALCA como de manera paralela a ellas, sobre todo en relación a las prescripciones norteamericanas agrupadas bajo el objetivo genérico de luchar contra el narcotráfico. En el interior de los trabajos del ALCA, uno de los “Mandatos” de la Cumbre de Santiago de Chile se refirió al tema de “Prevención y Control del Consumo Indebido y del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, y Otros Delitos Conexos” creándose con ese fin, en octubre de 1999, un “Mecanismo de Evaluación Multilateral”, cuya principal actividad hasta la fecha ha sido el desarrollo de un “proceso de evaluación” —realizado principalmente a través la compilación de datos solicitados a los distintos países por medio de un cuestionario estándar—, el cual culminará con la presentación en Québec del “Primer Informe Hemisférico”. Paralelamente a los trabajos del ALCA, la iniciativa estadounidense más importante aplicada al amparo de la “lucha contra el narcotráfico” ha sido la puesta en marcha del Plan Colombia, al cual se le asignó en junio de 2000 un monto de mil 300 millones de dólares por parte del gobierno de ese país.4 Más allá de las críticas inmediatas 4 Descripciones oficiales del Plan Colombia, pueden verse en la página del Departamento de Estado del gobierno estadounidense (http://www.state.gov/www/

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hacia ese Plan —incluyendo, por cierto, la resolución en contra del Plan tomada a fines de enero por el pleno del Parlamento Europeo—, 5 que abarcan desde su carácter militarista hasta los perjuicios indiscriminados que las fumigaciones aéreas están arrojando sobre todo tipo de cultivos y sobre las poblaciones afectadas,6 con el correr de los meses ha ido quedando al descubierto la profunda imbricación de dicho Plan no sólo con la lucha anti-insurgente en Colombia, sino también con la estrategia geo-política de los Estados Unidos hacia el conjunto de países situados en el sur del continente, tal como lo destaca, entre muchos otros, un documento de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador [CEDHU; 2000]: Para consolidar su hegemonía en el nuevo orden mundial resultante de la guerra fría y controlar el escenario poregions/wha/colombia/fs_000719_ plancolombia.html) y en la página del gobierno de Colombia (http://www.presidencia.gov. co/plancolo/). Documentos de crítica al Plan, se encuentran en las páginas web de Eurosur (http://www.eurosur.org/ rebelion/plancolombia.htm) y del equipo Nizkor (http:/ /www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/#doc). 5 La posición prevaleciente en el Parlamento Europeo se resume en el siguiente párrafo, que corresponde a la presentación de la resolución hecha por el Presidente de la comisión de desarrollo y cooperación de dicho Parlamento: “... es necesario que la UE ponga todo su empeño en un verdadero proceso de paz. Asegurándose que este no se confunde, sino que va en sentido contrario al ‘Plan Colombia’.” 6 Al respecto, transcribimos un párrafo de un documento de análisis del Plan Colombia, de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia [OIDHACO; 2001]: “En síntesis, las propuestas del Plan Colombia

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lítico regional, el Plan Colombia contiene todos los ingredientes de una receta que cubre todos los frentes posibles. Por un lado eleva el presupuesto militar para fortalecer la política de seguridad mediante la manutención de un poderoso ejército, la intervención directa en Colombia y la inspección y vigilancia de las operaciones militares desde la central en Manta para la ejecución casi matemática del proceso de control y dominación. Para ello un elemento importante es liquidar a los movimientos insurgentes y a la base social que de alguna manera los legitima así como aplacar cualquier intento de reacción social en la región. El siguiente paso será la apropiación de los territorios amazónicos poseedores de grandes riquezas naturales, agua, bosques y definitivamente el petróleo, devolviendo a las transnacionales el monopolio del poder.

to, a pesar de la mayor precisión que ha ido alcanzando la estrategia estadounidense de vinculación económica con la región, y de la plena disposición de nuestros gobiernos para aceptar esa estrategia, una revisión global de los ritmos de avance de la nueva relación hemisférica deja al descubierto resultados bastante mediocres. El único ámbito de avances significativos en esa relación ha sido el TLCAN, en tanto que para el resto del continente lo que ha predominado del lado estadounidense han sido los «compases de espera», primero en la formación de la «Zona» y después en la concreción del “Acuerdo” de libre comercio continental. En un primer momento, luego de la “Iniciativa Bush” vino un periodo de estancamiento provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico, por la recesión de comienzos de los años noventa en la economía norteamericana y por las dificultades que tuvo la administración Clinton para conseguir la aprobación del Congreso a la incorporación mexicana al TLCAN; en un segundo momento, luego de la “Cumbre de Miami” hubo un nuevo receso, empujado inicialmente por la derrota demócrata en las elecciones de noviembre de 1994 y mantenido después por las vicisitudes de la elección presidencial estadounidense de 1996. Recién después de esa elección se empezó a mencionar la posible reactivación de distintas iniciativas de libre comercio con América Latina, que se habían “congelado” como resultado de la campaña electoral, pero aún desde ese entonces los avances en el ALCA han seguido siendo escasos, principalmente porque el ejecutivo de aquel país ha encontrado una permanente oposición del Congreso para que le sea renovada la autorización de negociación por la vía rápida, requi-

Por consiguiente, tanto por medio del ALCA como a través de otras iniciativas, los países latinoamericanos están siendo objeto, una vez más, del “deber ser” dictado desde los Estados Unidos, si bien la aplicación de los consiguientes preceptos ha avanzado más rápido en sus componentes político-militares que en los económicos. En efec-

se convierten en más de lo mismo: más endeudamiento, más militarización, más daño al medio ambiente mediante más erradicación forzosa de cultivos, mas violaciones a los derechos humanos, más injerencia norteamericana, más conflicto a nombre de la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado.”

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sito éste que reiteradamente se ha considerado como indispensable para agilizar la conformación del área hemisférica de libre comercio, y que nada hace prever que pueda ser cubierto incluso por la nueva administración. Así, recién en marzo de 1998, durante la Segunda Cumbre de las Américas, y a ocho años del lanzamiento de la “Iniciativa Bush”, se pusieron formalmente en marcha las negociaciones, acordándose que ellas deberán ser concluidas a más tardar durante el año 2005 y que para el año 2000 ya deberían alcanzarse avances significativos, y es en esa ruta que se ubica la Reunión Cumbre de Québec, la cual constituye una primera prueba para medir las intenciones sobre el ALCA de la nueva administración estadounidense, debiendo estar claro para esa Cumbre si dicha administración logrará o no destrabar aunque sea en parte los frenos que en la rama legislativa han impedido una más rápida concreción del ALCA. Mientras el ALCA se ha mantenido en esa lenta marcha, los países latinoamericanos y caribeños han continuado progresando en sus propios procesos de integración, conservándose en lo general —aunque con notorios altibajos— el impulso adquirido por esos procesos desde fines de los años ochenta, luego de los retrocesos ocurridos como parte de la crisis económica que estalló en los inicios de esa década. Así, a lo largo de los años noventa se multiplicaron entre los países de la región las iniciativas de todo tipo para el desarrollo de mayores vínculos económicos, y a la revitalización de los viejos esquemas (Mercado Común Centroamericano, Grupo Andino, CARICOM, ALADI) se ha agregado la creación de otros (MERCOSUR, G-3 y Asociación de Estados del Caribe, así como el reciente

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compromiso de crear antes de enero de 2002 una Zona de Libre Comercio Suramericana) y la firma de distintos acuerdos bilaterales entre los países latinoamericanos, que a la fecha suman varias decenas: diferentes acuerdos marco y acuerdos de preferencia arancelaria, de liberación comercial, de complementación económica y de establecimiento de uniones aduaneras, entre otros. Además de ese incremento generalizado en el número de esquemas y acuerdos de distinto tipo, en todos ellos es posible identificar formas de funcionamiento distintas a las que prevalecieron hasta los años ochenta, de tal manera que el esfuerzo integrador no sólo reapareció una vez superada la crisis, sino que también asumió nuevas características, en lo que respecta a los actores involucrados, al tipo de compromisos asumidos en dicho esfuerzo y a otros rasgos que en buena medida se derivan del contexto en que él se desenvuelve.7 En lo que respecta a los actores involucrados, son dos las tendencias a destacar. Por una parte, y con base en una postura que ha sido calificada como “pragmática”, la tendencia a que la mayor parte de los acuerdos abarquen a un menor número de países por considerar que de esa manera se simplifica el proceso de negociación y se facilita el cumplimiento de los compromisos, con lo cual hasta la fecha es muy baja la compatibilidad existente entre los distintos acuerdos —lo que ya ha generado problemas—, a lo que se agrega una preocupación todavía escasa por crear condiciones que en el futuro permitieran compatibilizar los acuerdos 7 Una revisión más detallada del funcionamiento reciente de los esquemas latinoamericanos de integración, la hemos hecho en Estay [1999].

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y avanzar hacia una integración con carácter efectivamente regional, la que además facilitaría la adopción de posturas y acciones comunes en las negociaciones frente al resto del mundo y en particular frente a los Estados Unidos. Por otra parte, tienden a cambiar los grados de participación de los gobiernos y de las cúpulas empresariales en la actual integración regional, con una presencia creciente de dichas cúpulas tanto en las negociaciones como en el cumplimiento de los acuerdos, aunque en todos los casos los demás sectores de la población —y en particular los trabajadores— siguen teniendo un acceso muy restringido o nulo a la negociación y toma de decisiones. En lo que se refiere al tipo de compromisos, la principal novedad reside en la “quema de etapas” que ha pasado a caracterizar a los procesos de apertura comercial en el interior de los acuerdos, lo que se ha traducido en una mayor generalidad, profundidad y rapidez de dicha apertura, tanto respecto a los componentes arancelarios como a los no arancelarios que ella incluye, si bien la tónica general sigue siendo la de limitar el esfuerzo integrador al sólo ámbito de la economía y, dentro de éste, a los aspectos comerciales, dejando de lado —o asignando una importancia muy secundaria— tanto a los contenidos no comerciales de la vinculación económica, como al incentivo y formalización de los vínculos políticos, culturales, etc. En cuanto al contexto en el que se desenvuelve la integración, en el ámbito más inmediato los avances recientes que ella ha tenido se han visto favorecidos por la homogeneidad entre los distintos regímenes de gobierno, que es mayor a la que existía en el pasado, y por la mayor convergencia en el

terreno de las políticas macroeconómicas que resulta de la similitud de concepciones y de estrategias presentes en los distintos gobiernos, lo que se ha traducido tanto en una menor dificultad para fijar preferencias arancelarias y compromisos de liberalización, dado el bajo nivel promedio que en la actualidad tienen los aranceles en los distintos países, como en mayores posibilidades de avanzar en la armonización de políticas económicas: las políticas a armonizar son menos —dada la “retirada estatal” en ese ámbito— y tienen menores disparidades que en el pasado. También respecto del contexto, en una perspectiva global lo que destaca es que los cambios más generales presentes tanto a nivel internacional como en el funcionamiento interno de las economías de América Latina y el Caribe, han empujado hacia un tipo de integración que, en lo que respecta a los objetivos de largo plazo que tiene asignados, ellos son bastante diferente a los de épocas anteriores y, sobre todo, a los que pudieran asignarse en un funcionamiento alternativo. Así, para el periodo reciente, y en respuesta a las prioridades y concepciones que hoy definen el rumbo económico y social del mundo y de nuestros países, la integración ha sido puesta al servicio de la apertura, la privatización y la desregulación de las economías latinoamericanas y se le han asignado metas, instrumentos, agentes, ritmos y modalidades que en buena medida se corresponden con los cambios presentes en el funcionamiento de esos ámbitos más generales, con muy escasas diferencias entre los esquemas dentro de ese patrón general. En esa perspectiva, los procesos integradores han sido transformados principalmente en un instrumento para avan-

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zar hacia la competencia irrestricta con el resto del mundo, siendo ubicados como un punto intermedio entre economías fuertemente cerradas y economías casi totalmente abiertas, y asignándoles una clara dosis de “comercialismo” y de “pragmatismo”, lo cual incluye una notoria despreocupación por atender en los procesos integradores a las disparidades entre los países contratantes, imponiéndose un criterio de «trato igual» y de reciprocidad cuyas raíces según ya dijimos pueden ser rastreadas para la región en los enunciados del ALCA y del TLCAN y, en general, en el funcionamiento reciente del GATT/OMC, y con esas raíces reproduciéndose asimismo en la falta de tratamiento que en el interior de nuestras economías se da a las disparidades productivas, sociales y territoriales.

LAS TAREAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA A la luz de las tendencias que actualmente se imponen en las economías de América Latina y el Caribe, son muchos los motivos que obligan a la construcción de una alternativa, aunque son también muchas las dificultades a enfrentar para dicha construcción, tanto en el plano de la realidad como en el de las ideas. En el plano de la realidad, los hechos centrales a considerar son que nos enfrentamos a un proyecto 1) que lleva al menos dos décadas de plena aplicación, por lo que sus efectos, y muchos de los cambios que esa aplicación acarrea, están ya claramente incorporados —y, más que eso, enraizados— en el comportamiento económico y social, en las relaciones que cotidianamente se dan entre las personas, y entre —y en el interior de— las clases, los grupos sociales, los

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países y los bloques regionales, y por lo tanto forman ya parte de las pautas de desenvolvimiento de la sociedad y de los patrones de reproducción de esas pautas; 2) que expresa, de manera cada vez más transparente, los intereses del gran capital internacional y de los mayores capitales nativos de la región, lo cual no es un dato menor a la hora de identificar a las fuerzas que apoyan su continuidad, y 3) que posee una elevada coherencia en términos de las estrategias y políticas que su aplicación supone en distintos niveles, por parte de los organismos internacionales, de los gobiernos del capitalismo desarrollado y de los gobiernos de América Latina y el Caribe, lo que implica que el proyecto neoliberal se impone simultáneamente, y de manera articulada, en las relaciones externas y en el funcionamiento interno de nuestros países. En el plano de las ideas lo destacable es que, a pesar de los crecientes niveles de oposición que más arriba mencionábamos, el credo neoliberal siguen siendo dominante, y que él han logrado ir moldeando en buena parte “el sentido común” de muy amplios sectores de la población, en el cual ya están en gran medida incorporadas un conjunto de ideas-consigna no sólo referidas a los principios que deberían regir el funcionamiento económico (libertad de mercados, desestructuración del “Estado de bienestar”, apertura irrestricta de las economías, facilidades máximas al capital extranjero, la competencia como mecanismo óptimo para la asignación de recursos, etc.), sino también en relación a la ausencia de opciones ante las tendencias globales que hoy se imponen y que por consiguiente son asumidas no sólo como las mejores sino como las únicas posibles. Ese dominio del

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pensamiento neoliberal, ha permeado incluso a sectores de la izquierda, colocando en muchos casos una verdadera camisa de fuerza a la formulación de alternativas, las cuales con frecuencia se mueven en el interior de las “reglas del juego” trazadas por el neoliberalismo, planteándose a lo más ajustes menores en un escenario que se acepta como inmodificable en sus rasgos principales. De las dificultades antes reseñadas, se desprenden un conjunto de necesidades que deberían ser atendidas de manera incluso previa —o al menos simultánea— a la formulación de alternativas, las cuales van desde la revisión de las fuerzas en juego, la identificación de los múltiples procesos, modalidades y niveles a través de los cuales se despliega la realidad del neoliberalismo, y la evaluación de los márgenes de acción que hoy existen —o, más precisamente, de los márgenes que en función de las realidades de hoy pueden ser construidos—, hasta un esfuerzo de “limpieza conceptual” de las bases que acompañan al discurso dominante, de cuestionamiento público y razonado a las “verdades absolutas” que se propagan a través de ese discurso y de consideración autocrítica de la penetración que las consignas neoliberales han logrado en el propio pensamiento progresista. Dado el carácter de este documento, no nos detendremos en esas necesidades de carácter general —aunque el atenderlas es requisito obligado para la viabilidad de cualquier alternativa—, limitándonos sólo a asumirlas en el nivel de una alternativa para la actual inserción mundial de las economías de la región. A ese nivel, el punto de partida es que el neoliberalismo ha venido imponiendo en nuestros países un pro-

yecto de rearticulación internacional de largo alcance, definido y aplicado como parte de una estrategia que incluye al funcionamiento económico interno, y que para las últimas dos décadas efectivamente han sido modificados los parámetros de inserción mundial, de relacionamiento externo con los países desarrollados —en particular con la economía estadounidense— y de vinculación entre los propios países de la región. Como parte de esa rearticulación, se han reducido al mínimo las mediaciones entre el escenario económico mundial y el comportamiento económico interno, multiplicando la capacidad de las relaciones externas para actuar como vehículo de internalización de las tendencias mundiales y de libre penetración del gran capital multinacional y, con ello, para cambiar el perfil estructural de las economías y para transformarse en elemento determinante del mayor o menor dinamismo económico nacional, adecuándose hacia esa dirección las políticas comercial, cambiaria, de tratamiento a la inversión extranjera, monetaria, crediticia, salarial, fiscal, etc. De lo que se trata, por consiguiente, es de introducir profundas modificaciones en la articulación internacional que el neoliberalismo ha impuesto en nuestros países, redefiniendo los principios y los objetivos que han guiado a esa articulación, poniéndola al servicio de intereses distintos a los del gran capital y desprendiendo de allí un conjunto de políticas que apunten en direcciones por completo diferentes a las que han predominado en las décadas recientes. Así también, esa estrategia alternativa de inserción en la economía mundial deberá ser parte de un proyecto alternativo global en nuestras economías, generando condiciones, en el terre-

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no de las relaciones económicas internacionales de América Latina y el Caribe, para la viabilidad de ese proyecto alternativo. Bajo esta perspectiva, los debates sobre la integración regional y las negociaciones del ALCA deberían ser, obligadamente, un subproducto de discusiones más generales, que tienen que ver con el actual funcionamiento de la economía internacional y de las economías latinoamericanas. Para avanzar en esa dirección, un primer requisito es imponer una lectura del escenario mundial e internacional, de la relación con los EE.UU. y de las relaciones intraregionales, por completo diferente a la lectura neoliberal. En tal sentido, resulta imprescindible cuestionar y desechar la visión “armonicista” que, de manera no tanto ingenua como sí interesada, ha predominado en los análisis gubernamentales, sobre todo respecto a los significados de la globalización, a los rumbos futuros de la economía mundial y a los resultados previsibles de la mayor vinculación con los EE.UU. En oposición a las seguridades de que para nuestros países la globalización implica el mejor de los mundos posibles, una modernización acelerada y un próximo “salto primermundista”, y de que nada se puede ni se debe hacer ante la tendencia globalizadora, hoy es más necesario que nunca el desarrollar una verdadera estrategia de inserción internacional, que permita procesar internamente las tendencias mundiales, readecuándolas en función de los intereses y necesidades nacionales y abandonando, por tanto, la pasividad y el conformismo ante ellas. En el mundo de hoy y de las décadas por venir, lejos de la armonía lo que impera es la acentuación de los desequilibrios, de la polarización y del desarrollo desigual entre

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regiones y países, acentuación que sólo puede ser frenada a través de un proyecto que reconozca su existencia y que se proponga estrategias para revertirla. Ese no ha sido el caso del proyecto neoliberal, y es por ello que al amparo de ese proyecto se ha cedido al exterior el control de las economías de la región, se ha multiplicado su vulnerabilidad y se han destruido las bases nacionales que deberían servir para apoyar nuestra inserción mundial y nuestra participación en los mercados internacionales. Ese mismo “armonicismo” neoliberal, ha guiado por el peor de los caminos a las relaciones entre la región y los EE.UU. Se ha actuado como si los vínculos con esa economía pudieran sustentarse en una total confluencia de objetivos e intereses y en una distribución igualitaria de los frutos de la relación, privilegiando con ello las coincidencias que efectivamente existen al nivel del gran capital, y “olvidando” la enorme diferencia en grados de desarrollo, el mucho mayor peso de los capitales estadounidenses respecto de los latinoamericanos y la larga historia de “intereses antes que amigos” que ha estado presente en las posiciones de EE.UU. respecto a la región. Y algo parecido, aunque con mayores matices, ha ocurrido en el terreno de las relaciones entre los propios países de la región; dichas relaciones, en buena medida han sido transformadas en una “caja de resonancia” de los principios y prácticas presentes en la economía internacional y en los vínculos con las economías desarrolladas y en particular con los EE.UU., relegando el papel que ellas podrían y deberían jugar como espacio de articulación económica, de potenciación de las capacidades productivas nacionales, de concertación

EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS....

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política y de toma conjunta de posiciones frente al resto del mundo. A partir del reconocimiento de lo anterior, la reorientación de las relaciones externas de América Latina y el Caribe debería apuntar principalmente a reducir los niveles extremos de dependencia y de vulnerabilidad que el neoliberalismo ha generado, creando las condiciones necesarias para un desarrollo económico más autosustentado, en el cual se recupere la capacidad nacional y regional de definir los rumbos del desarrollo económico y social y se redimensionen los papeles asignados, al capital extranjero y al “ahorro externo”, a la búsqueda de mercados internacionales y a la relación con los EE.UU. y con los demás países desarrollados, creando condiciones que permitan procesar y readecuar los dictados y señales provenientes del exterior. Para ello, el reconocimiento de que los países de la región tienen pleno derecho de aplicar políticas de desarrollo nacional y en particular de promoción selectiva de sus regiones, sectores productivos e industrias, y de velar para que los capitales extranjeros bajo sus distintas formas se ajusten a esas políticas, constituye un principio de aplicación imprescindible, que no sólo debería imponerse en las relaciones con los EE.UU. y otros países avanzados, sino también en los procesos regionales de integración, y lo mismo ocurre con el reconocimiento de que en ambos tipos de relación existen profundas asimetrías entre los países participantes y que dichas asimetrías deben traducirse no sólo en diferencias menores y transitorias en los compromisos que se asuman, sino en un distinto tratamiento de carácter perma-

nente y, en todo caso, en esfuerzos importantes y sostenidos para atenuar las disparidades existentes. Esa reorientación en las relaciones externas y en las modalidades de inserción mundial de nuestros países, debería ser consecuencia no sólo de la aplicación de un nuevo conjunto de principios en el ámbito hemisférico, sino también de una ardua lucha para modificar los actuales patrones de comportamiento de la economía internacional, para lo cual se requiere de una muy amplia alianza, de base ya no sólo nacional y regional, sino global, que empuje a la constitución de un nuevo escenario en el que tengan cabida los intereses y necesidades de aquella gran parte de la población mundial, y de aquel inmenso número de países, que en la práctica no ocupan lugar alguno en la agenda internacional. La reformulación de los principios y prácticas que hoy guían al funcionamiento de los mercados globales y de las relaciones interestatales, la profunda democratización y transformación de estructuras, objetivos y funciones de los organismos internacionales, el reconocimiento de las desigualdades del desarrollo como base de los acuerdos económicos multilaterales y bilaterales, la definición y aplicación de normas que frenen los actuales desbordes imperiales y, en suma, la creación de condiciones para un desarrollo económico mundial más justo y sustentable, en el cual se asegure una existencia presente y futura digna a todos los pueblos de la tierra, forma parte obligada de la lucha que nacional y regionalmente se dé por imponer un proyecto de inserción mundial que sea alternativo al del neoliberalismo.

JAIME ESTAY REYNO

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