:: portada :: América Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas 07-02-2014

Apuntes para un retrato del Uruguay Vasco Tutti Rebelión

20 de noviembre. La terminal de autobúses de Tres Cruces, Montevideo, registra desde primeras horas de la mañana un incesable tránsito de personas teñidas de color celeste. Fuera, decenas de puestos ofrecen banderas nacionales y, el destino de los autobuses es común: "Brasil 2014". Uruguay juega el ya tradicional repechaje que le clasifique para el Mundial. Es un día de fiesta; «hoy juega la Celeste», que canta Jaime Ross. Las estrecheces económicas, la brutalidad policial en la periferia de la capital o el congreso que, con las voluntades puestas en las próximas elecciones, celebrará el Frente Amplio (FA) ese mismo fin de semana, no existen más hoy. Fuera de su laureada selección, pocas cosas son capaces de alterar el ordenado ritmo de la población de este pequeño país, la República de la Banda Oriental del Uruguay.

Tomo un ómnibus en dirección a la periferia oeste de Montevideo, hacia los barrios del Cerro, La Teja y Santa Catalina. A la medida que nos alejamos del centro de la capital, las casas de uno y dos pisos de estilo racionalista o francés van dejando lugar a viviendas cada vez más precarias e industrias rodeadas de terrenos baldíos.

Dejado atrás el Cerro, entramos en Santa Catalina, un asentamiento en tierras ocupadas por los vecinos a fines de los años 80. Restos de neumáticos quemados en las esquinas y pintadas contra la policía y Eduardo Bonomi, ministro de Interior, recuerdan la ira desatada el 7 y 8 de noviembre a raíz de la muerte del joven de 19 años Sergio Lemos por disparos de la policía. Después de un robo en un almacén de la zona, la policía disparó a sangre fría contra Lemos, quien ajeno a los hechos circulaba en moto por el barrio. A la mañana siguiente, Bonomi, dijo a medios radiales que los policías que intervinieron en el asesinato del joven en el barrio Santa Catalina le «plantaron» un arma al fallecido como coartada para justificar un supuesto ataque. También aseguró que no pensaba renunciar a su cargo. Bonomi había dicho, horas después del crimen, que el joven estaba armado y había disparado al policía que lo ultimó de dos disparos por la espalda. Por su parte, el presidente José Mujica, "el Pepe", afirmó que los policías «se pasaron de la raya».

Un paseo de pocos minutos en compañía de Jorge Zabalza por las veredas de Santa Catalina muestran a las claras la simpatía que jóvenes y viejos le profesan: «Ten en cuenta -me dice- que yo vine acá a trabajar y participé en la ocupación de estas tierras en 1989. Desde entonces vivo acá». A escasos días de cumplir los 70 años, son ya tres que Jorge abandonó el trabajo en la carnicería que él mismo instaló a pocos metros de donde nos encontramos.

Jorge Zabalza, conocido como "el Tambero", es un militante histórico del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Nacido en Minas, hijo de un senador del Partido Nacional y hermano de otro militante tupamaro, Ricardo (asesinado, en 1969, por las fuerzas de seguridad cuando los comandos del MLN-T se retiraban de la localidad de Pando después de haberla copado), Zabalza fue uno de los nueves rehenes de la última dictadura uruguaya (1973-1985).

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«Setiembre de 1973. Penal de Libertad. Nueve compañeros fuimos sacados de allí y trasladados a los cuarteles en régimen de aislamiento. Prohibidas las artesanías, la gimnasia, leer, escribir, luz eléctrica todo el día. Privación casi total de estímulos sensoriales y espirituales, el propósito era reducir a cero la actividad intelectual y afectiva del prisionero, dejarnos vacíos por dentro, sin vida interior, locos por vaciamiento mental», cuenta el propio Zabalza en su libro "Rául Sendic, el tupamaro. Su pensamiento revolucionario" (Montevideo, 2010).

De sus últimos 11 años de prisión ininterrumpida, 9 los pasó en aislamiento, encerrado en perreras, en compañía de Raúl Sendic, "el Bebe", y Julio "el Viejo" Marenales. José Mujica, presidente de la República, y Fernández Huidobro, ministro de Defensa, fueron otros de los líderes tupamaros enterrados en vida como garantía de que no habría respuesta del campo popular y como estandarte del sadismo de las fuerzas armadas uruguayas.

Con el mate por medio, nos disponemos a hablar del país, del papel del FA. Esbozando una sonrisa irónica, me pregunta por la visita de Mujica a Europa. «Algún día van a surgir las contradicciones entre el personaje y la realidad. Él es un hombre austero, pero su política no tiene nada que ver con su forma de vida», anuncia "el Tambero", quien hace años abandonó el FA y la militancia tupamara por serias discrepancias con sus compañeros. Desde entonces, es una de las voces críticas de la izquierda uruguaya.

«Uruguay tiene, aproximadamente, 3.300.000 habitantes. Hay un millón de personas que viven con ingresos anuales menores a 14.000 pesos, cuando la canasta de necesidades básicas ronda los 50.000 pesos (un euro equivale a 28 pesos uruguayos). Hay 800.000 trabajadores que cobran menos de esos 14.000 pesos, hay 112.000 desocupados y más de 100.000 jubilados que reciben menos de 12.000 pesos», cuenta Zabalza. «Ese es el fracaso del FA, cuando hablan de redistribución del ingreso. Si la tercera parte de la población está por debajo del 25% de la canasta familiar quiere decir que no ha habido mucha distribución. No se ha terminado con la pobreza como dice la propaganda oficial y como se fue a decir Mujica a Europa, a España, a los Países Vascos».

De hecho, según un informe elaborado por el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular de Argentina y publicado por el diario "Página 12", mientras con el salario mínimo en Argentina (578 dólares) pueden comprarse 551 litros de leche, 165 kilos de pan, 655 litros de aceite de girasol y 38 kilos de lomo o 120 kilos de carne picada, en Uruguay (358 dólares) se pueden adquirir 480 litros de leche, 50 kilos de pan, 172 litros de aceite de girasol, 14 kilos de lomo y 53 de carne picada.

Así, la realidad ha llevado al recrudecimiento de los conflictos sindicales. El mantenido por los enseñantes, que reclamaban un sueldo que superara los 14.000 pesos, por ejemplo, fue duramente contestado por el Estado uruguayo. «Durante el gobierno de Mujica hubo un aumento muy grande de la conflictividad porque los dirigentes sindicales, que no querían poner palos en las ruedas del Gobierno del FA, no tienen más remedio porque la gente pide. El país muestra un crecimiento exponencial del producto bruto, un crecimiento de las exportaciones que indican una entrada de dinero muy grande en Uruguay y con ella la exigencia de un reparto de ésta», explica Zabalza.

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MODELO EXTRACTIVO Y CAPITALES EXTRANJEROS

La tasa de desempleo en Uruguay es del 6’5%, tasa relativamente baja debida a la bonanza económica y a considerar como ocupación cualquier tipo de actividad laboral precaria. Como más adelante me señalaría Raúl Zibechi, periodista de "Brecha" , «el modelo económico extractivo que impera en Uruguay no genera empleo digno». Toda la economía uruguaya gira en torno a la exportación de materias primas sin elaborar (soja transgénica, carnes, cueros) o semielaboradas (pasta de celulosa), actividades a las que, ahora, quiere agregarse la megaminería.

«Se viene el congreso del FA, pero lo que allí discuten no tiene nada que ver con lo que sucede en el Uruguay. En estos diez años de gobierno frenteamplista la matriz productiva del Uruguay se convirtió en sojera. Hasta el 2004 se plantaban 30.000 hectáreas; este año se sembraron 1.200.000. Sembramos soja transgénica y la vendemos por las zonas francas, sin pagar impuestos. ¿Lo decidió el FA en su congreso? No, lo deciden las corporaciones transnacionales que entienden que somos una buena tierra para plantar eucaliptus, instalar plantas de celulosa y sembrar soja. Transformaron el país de ganadero a sojero y celulósico», relata Jorge a la par que ceba el mate.

El monocultivo de pino y eucalipto -apoyado por el Banco Mundial en los últimos 25 años-, por su parte, ha pasado de las 26.000 hectáreas de 1988 a las 800.000 del año 2008, el 4% de la tierra.

A estas circunstancias hay que añadir que el latifundio, la concentración de tierras en pocas manos, es el más grande mal endémico de Uruguay. El Censo Agropecuario del año 2000, hecho por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estableció que el 43% del territorio uruguayo, unos 7 millones de hectáreas, pertenecía a tan solo 2.716 empresas, propietarias de los predios que tienen más de mil hectáreas de extensión. Estas empresas manejaban 40% del ganado vacuno y 37% del ovino. La familia Marticorena (con más de 150.000 hectáreas) encabeza la lista de latifundistas. Once familias son dueñas de medio millón de hectáreas de las tierras más fértiles del país.

Unos pocos datos más relacionados con la propiedad de la tierra y el uso que se le da. Según datos de los ecologistas de Guayubira, más de medio millón de hectáreas pertenecían a cinco empresas transnacionales de la celulosa: Eufores (180.000 Ha), Forestal oriental (156.000 Ha), Weyerhaeuser (128.000 ha), ENCE (120.000 Ha) y Botnia (80.000 Ha). Recordemos que la finlandesa Botnia y la española ENCE (condenada por delito ecológico continuado en la ría de Pontevedra de 1964 a 1994) son las responsables de la construcción de dos gigantescas plantas de producción de celulosa en las riberas del río Uruguay. La de Botnia (propiedad hoy de la forestal chilena Arauco, uno de los principales enemigos de la Nación Mapuche), se puso en marcha en setiembre de 2007. Así la empresa con más tierras en Uruguay es Montes del Plata (consorcio integrado por la sueco-finlandesa Estora Enso y la chilena Arauco): posee 250.000 hectáreas de bosques para nutrir a la fábrica de pasta de celulosa que se apresta a construir en la Conchillas. El latifundio celulósico forestal monopolizado por capitales extranjeros agrava notablemente el panorama de concentración de la tierra.

En su libro sobre Sendic, Jorge Zabalza expone los efectos de este estado de cosas: «La

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consecuencia del monopolio latifundista es la expulsión de la gente, que corre a engrosar las filas de los que sobreviven como pueden; entre ellos, los 110.000 asalariados que hoy, en pleno 2010 del auge económico, ganan menos de 5.000 pesos por mes. Los expulsados desembocan en el cinturón de asentamientos irregulares que rodean Montevideo, donde vive el 11% de su población, reproduciendo los más graves problemas sociales: embarazo adolescente, adicción a la pasta base, niños en la calle, delincuencia juvenil y, entre otros, superpoblamiento de las cárceles. Despoblamiento y marginación son responsabilidad directa del latifundio».

El 19 de diciembre de 1987, el líder revolucionario Raúl Sendic participó en su primer acto de masas una vez terminado el cautiverio. Fue en el estadio Franzini, en Montevideo. Allí pronunció estas palabras: «El gobierno elegido en 1984 fue aun más lejos: Este gobierno dio un paso que ni siquiera los militares se habían atrevido para la extranjerización del país: la aprobación de la ley de zonas francas. Zona franca significa ceder un pedazo de territorio para que las empresas extranjeras puedan instalarse allí, libres de acatar buena parte de las leyes nacionales».

En diciembre de 2004, a punto de terminar su mandato, Jorge Batlle autorizó la construcción de dos gigantescas plantas de celulosa que tanto Tabaré Vázquez como José Mujica han continuado apoyando. Este año, por ejemplo, han autorizado a Botnia a aumentar su producción y han concedido los permisos pertinentes para levantar una tercera planta. Más allá de los perjuicios ecológicos y económicos (sequía, disminución de la pesca, destrucción de industria turística...) causados por la industria de la celulosa y el monocultivo de pino y eucalipto, las plantas de celulosa tienen sus propios puertos, legislación laboral y sendas zonas francas: «Los primeros destinos de las exportaciones uruguayas son China y la zona franca de Nueva Palmira (puerto fluvial sito en el kilómetro 0 del río de la Plata). Uruguay vende madera a las empresas ubicadas en las zonas francas y eso consta como exportación. Es una situación colonial; son enclaves extranjeros en territorio uruguayo. Las exportaciones de madera o soja a China y a la zona franca de Nueva Palmira salen de ahí barco sin pagar. Es esta una de las decisiones más importantes tomadas por los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mujica», informa el tupamaro Zabalza.

El tradicional discurso soberanista y redistribuidor de la izquierda uruguaya, del FA, parece haber quedado en papel mojado: «Ese discurso se contradice con una realidad marcada por la extranjerización de la propiedad de la tierra, en primer lugar, después de toda la economía, de la banca y una mayor concentración de la riqueza. Los dueños de la tierra, de las grandes empresas, el Santander y el BBVA mandan». Las inversiones extranjeras, por otro lado, están protegidos por tratados bilaterales de inversión (TBI), altamente lesivos para la débil economía uruguaya.

Más allá de la bonanza económica de pies de barro, del crecimiento del 3% que experimentará la economía oriental en este 2013, la realidad y el futuro se plantean duros. El "Tambero" no se llama a engaño: «Si vos tenés una contradicción tan grande entre lo que dijiste y lo que estás haciendo, seguramente, en algún momento puede pasar como en Brasil, Argentina o Chile, que la gente salga a protestar. Hubo una oleada de triunfos de fuerzas progresistas que los llevaron a diferentes gobiernos y ahora vivimos una oleada en la cual la gente se desencanta».

EL IMPERIO BRASILEÑO

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Uno de los capitales con mayor y más decisiva presencia en la Banda Oriental es el brasileño. Brasil, potencia emergente, lleva décadas planeando y desarrollando su asalto a la hegemonía económica estadounidense y europea. El plan para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), es una de las más temibles armas del capital brasileño.

12 años son los que ha invertido Raúl Zibechi estudiando la evolución de estado y capitalismo brasileños. El resultado de la investigación ha quedado plasmado en el trabajo "Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo" (Estado español Ecologistas en Acción, 2013. En Argentina, está editado por Lavaca con el título "Brasil, ¿hacia un nuevo imperialismo?"). En este, podemos encontrar una perfecta caracterización de IIRSA: En la cumbre de los 12 presidentes de la región sudamericana realizada entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 2000 en Brasil y a la que también acudieron 350 empresarios latinoamericanos, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sentó las bases del proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En la misma, el «Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó a pedido del Gobierno de Brasil la propuesta Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global. El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte aéreo y fluvial; de oleoductos, gaseoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Estas obras se materializarán en diez ejes de integración y desarrollo, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales». Estos ejes, a modo de venas, a modo de canales de drenaje de las materias primas y energía sudamericanas, convergen en Sao Paulo, centro físico de la única burguesía existente en Sudamérica. Sao Paulo es, no olvidemos, el sexto parque industrial a nivel mundial.

Entre los nueve ejes ya definidos en una reunión de coordinación técnica de IIRSA celebrada en Lima en 2003, Uruguay aparece en uno de ellos de modo directo -el eje Mercosur-Chile (Brasil-Uruguay-Argentina-Chile)- y en otro -Hidrovía Paraguay-Paraná- de forma tangencial. Además, participaría también del décimo eje: un megaproyecto para unir las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, a través de la interconexión de 17 ríos, lo que permitiría el transporte fluvial entre el Caribe y el Río de la Plata.

Entre mate y bizcochitos, IIRSA aparece en la conversación que Jorge y yo mantenemos en su casa de Santa Catalina: «El IIRSA consiste en unir Atlántico y Pacífico por el Sur de modo que se pueda hacer negocio desde Brasil con China y desde Chile y Perú con Europa o EEUU. Uruguay sería un lugar de paso con los puertos de Nueva Palmira (el puerto con mayor tráfico de mercancías de Uruguay), y Montevideo y el proyectado de aguas profundas en La Paloma (costa atlántica; el puerto tendría como primera finalidad ser la puerta de salida de la producción de la megaminería de hierro que se avecina). Ese es el papel que acepta el Uruguay: además de productor y exportador de materias primas sin procesar, nos convertimos en un lugar donde las mercaderías entran y salen en tránsito; vienen, dejan los contenedores y se cambian de barco. Es el rol que nos ha asignado la división internacional del trabajo, un lugar de paso. Y es tan importante que, por ejemplo, ahora Argentina prohibió que las mercaderías argentinas se reembarcaran en los puertos uruguayos; esto ha disminuido en casi un 30% el movimiento en el puerto de Montevideo, amenazando con llegar al 50%. Somos una especie de puerto de la zona Sur del subcontinente».

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FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA

Días antes de encontrarme con Jorge Zabalza tuve conocimiento que, junto a tres personas más -Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda-, había sido procesado por el delito de asonada (protesta pública ilícita), delito político castigado con penas entre tres y nueve meses de prisión. Zabalza, Leites y Jaume ya fueron durante años presos políticos de la dictadura militar de Uruguay cuyos crimenes de lesa humanidad han permanecido impunes durante los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley de Caducidad. Los cuatro protestaban contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de trasladar a la principal jueza en temas de derechos humanos, Mariana Mota, a un juzgado civil. El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de denuncias políticas que le realizaron. "Razones de mejor servicio", caratularon la decisión por la que le quitaron 50 causas de lesa humanidad. Mota fue traslada cuando se disponía a ordenar el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al Gobierno de Tabaré Vázquez.

Este tipo de actuaciones judiciales, la impunidad, la brutalidad policial en los barrios carenciados, la presencia de tropas uruguayas en Haití y la República Democrática del Congo (RDC) no parecen cosas propias de una fuerza política como el FA que se reclama progresista y de izquierdas, de un gobierno presidido por alguien que ha sufrido años de aislamiento inhumano, de vejaciones. «Previendo que, en algún momento, puedan volver a darse protestas sociales de carácter masivo, la respuesta no es la negociación, sino aceitar el aparato policial y militar. Todo esto dirigido por el Gobierno progresista», señala Jorge.

«La policía ha sido militarizada y ha crecido en salarios, en materiales: patrulleros, carros de combate, chalecos, entrenamiento, armas... Como las balas de goma, que dicen que no son letales pero matan. Una inversión muy grande que la educación o la sanidad no han tenido. Hay otra inversión que pasa desapercibida porque no es tan evidente, que es la del material y entrenamiento de las fuerzas armadas, y el monstruoso crecimiento de los salarios de los altos oficiales. Así como hay un equipo económico, en Uruguay también hay un equipo represivo que está dirigiendo a la policía y al aparato militar: triste papel que les corresponde a quienes fueron militantes de la guerrilla tupamara, exguerrilleros, Fernández Huidobro en Defensa y Bonomi en Interior», dice Zabalza refiriéndose a quienes hasta 1995 fueron sus compañeros, sus camaradas. «Ellos son quienes preparan el aparato represivo, aparato que necesitan ejercitar. Primero se venden como mercenarios a las misiones de paz de Naciones Unidas: en la RDC, donde el papel de la ONU es proteger las exportaciones de coltán; y en Haití, donde fueron como fuerza pacificadora, para establecer una democracia, para establecer un orden social... Hace diez años que están y cada vez el desorden es mayor, la resistencia es mayor, la falta de democracia es mayor... Están respaldando a un gobierno fuertemente autoritario que no ha llamado a elecciones desde hace mucho tiempo».

Aquella colaboración entre el Estado de Israel y la Sudáfrica del apartheid, tiene su continuación, hoy en día, en Latinoamérica: «Además aprenden, o practican sobre el terreno, formas de control de la población, tanto en la RDC como en Haití. Y la policía -que recibe entrenamiento de la policía

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israelí­- se entrena en la periferia de Montevideo». La muerte del joven Sergio Lemos está, obvio, bien presente en el discurso del tupamaro irredento. «La policía militarizada está acá, presente, controlando a la población, no dejando que los jóvenes estén sentados en una esquina, porque a cualquier hora está prohibido pararse en el espacio público; detienen a los chicos, los ponen contra la pared, los maltratan... Si alguno llega a responder a las provocaciones, acaba en la comisaría y hay golpes, hay amenazas, hay manoseo, esto, a veces, termina con muertos. Esto ha sucedido en Barrio Marconi, acá, en Santa Catalina. Del lado de la policía hay una estimulación de la violencia. SERPAJ y El Sur, dos organizaciones de derechos humanos muy serias y muy arraigadas aquí, en el Uruguay, han sacado un par de advertencias contra el aumento de la violencia policial. En el caso de Lemos aseguraron que ‘hay un estado policial desbocado’. En el mismo sentido se han pronunciado los sindicatos, padres, madres y familiares de desaparecidos, HIJOS... Se está viendo que no solo en dictadura se da palo en el Uruguay: con un Gobierno progresista se está dando palo y se está asesinando jóvenes en los barrios periféricos».

El pasado reciente, la dictadura, siguen presentes. «Ese matrimonio que hay entre el progresismo y la policía y las fuerzas armadas es hijo de la impunidad para los crímenes cometidos durante la época del terrorismo de estado. Hay una política por parte de la SJC de defender a los responsables de los crímenes del terrorismo de estado. Eso se hace contando de antemano con que el Gobierno, la mayoría parlamentaria y el mismo FA se van a mantener en silencio, porque la política del FA es el olvido y perdón... ‘Son cosas del pasado, crímenes cometidos en unos tiempos muy difíciles para el país, que no se van a repetir nunca, que no afectan a la democracia’, dicen, y, entonces, hay que olvidarlas. No hay que buscar justicia, hay que olvidar, hay que perdonar. Esto hace que la lucha por verdad y justicia esté siendo perseguida: se está criminalizando la protesta; así como se ensaya el uso de la fuerza pública de una manera completamente ilegal en los barrios, también se hace contra aquellos quienes porfiadamente siguen luchando por verdad y justicia. Esto forma parte de un pacto que el Gobierno tienen con los mandos policiales y militares, algo muy evidente en el Uruguay pero no percibidos en el exterior. A Lula lo admiraban mucho en el Estado español y, sin embargo, todos los que estaban a su alrededor están hoy procesados por corrupción. La realidad, es la realidad».

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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