ARGENTINA Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos

International Planned Parenthood Federation

Región del Hemisferio Occidental

El proyecto El estudio “Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos” fue impulsado por la Federación Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio Occidental, con el apoyo de Burson Marsteller. Consistió en encuestas autoadministradas a informantes clave de cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México mediante un cuestionario on line sobre diversos aspectos relacionados con el acceso a los anticonceptivos: 1. Desarrollo de políticas y estrategias. 2. Sensibilización general sobre la salud y los derechos reproductivos. 3. Educación integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. 4. Educación y entrenamiento de profesionales de servicios de salud. 5. Prestación de asesoramiento individual y servicios de calidad. 6. Existencia de planes de reembolso. 7. Prevención de la discriminación. 8. Empoderamiento de las mujeres a través del acceso a los anticonceptivos. Las personas que respondieron el cuestionario fueron elegidas a partir sus perfiles profesionales y de las organizaciones a las que estaban adscriptas en acuerdo con las contrapartes locales. En el caso de Argentina, la contraparte fue CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad). El levantamiento de información se realizó entre febrero y abril de 2016. El análisis de la información estuvo a cargo de consultores de Burson Marsteller. El Barómetro tomó como base el modelo desarrollado para el Barómetro Europeo (2015), el cual analizó la situación de 16 países de esa región.

2/7

Contexto La Argentina tiene un marco legal y de políticas públicas que garantizan el acceso a los anticonceptivos, a la información relacionada con su uso y a la capacitación y actualización de las personas encargadas de instrumentar ese acceso. El 81,3% de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) usa algún método que se entrega en forma gratuita en caso de requerirlo así (Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2013). Por ley es obligatoria la educación sexual integral para que todas las niñas, niños y adolescentes reciban la información necesaria para el autocuidado y el ejercicio de sus derechos. También por ley los equipos de salud tienen la posibilidad de actualizarse en materia de salud sexual y reproductiva y de ofrecer consejería del más alto nivel (Ley N° 26150). Sin embargo, existen brechas entre provincias por la desigual implementación de los programas. Esto provoca acceso diferencial a consejería y a métodos. Tampoco es equitativa la educación sexual integral que reciben quienes van a escuelas laicas o quienes van a escuelas confesionales. Y con respecto a los equipos de salud, la capacitación que reciban, así como su periodicidad, dependen también de la provincia en la que trabajen. Este panorama es el que describe el estudio “Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos”, una investigación sobre el acceso a la anticoncepción en cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

¿Qué fue lo que motivó el estudio? Si bien hoy una gran cantidad de mujeres en América latina usa anticonceptivos (según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje en 2014 era de 67%), hay todavía una proporción que no utiliza métodos debido a barreras en el acceso. Esas barreras van desde el desconocimiento y los prejuicios culturales y religiosos, hasta la falta de disponibilidad en determinadas regiones o la imposibilidad de costearlos. Ante esta realidad, ¿qué hacen los Estados? ¿Qué políticas, estrategias y campañas llevan a cabo para sensibilizar a los profesionales de la salud e informar a las potenciales usuarias sobre cómo, dónde y cuándo acceder a anticonceptivos?

La situación en la Argentina En la Argentina hay leyes y programas de avanzada en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que establecen un marco de garantía para la información y provisión de anticonceptivos, y para la sensibilización al personal de salud, a docentes y a otros sectores públicos involucrados en el acceso a los servicios.

3/7

Sin embargo, al momento de instrumentar esos programas y poner la información a disposición de quienes la necesitan se evidencian brechas y desigualdades que pueden atribuirse a obstáculos en la articulación entre organismos dependientes de diferentes instancias de gobierno, a diferencias de asignación presupuestaria entre provincias y a desiguales voluntades políticas de garantizar a la población el derecho a la salud sexual y reproductiva. Los avances y las áreas de mejora se muestran en cada una de las áreas sobre las que profundizó el Barómetro.

Políticas y estrategias de cobertura Argentina cuenta con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSYPR), algunos de cuyos objetivos son alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable; prevenir embarazos no deseados; y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y reproductiva. El Programa brinda cobertura del 100% de los métodos incluidos en la ley (preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos y cajas de instrumental para su colocación, ligadura tubaria y vasectomía). También contempla un sistema de monitoreo completo de gestión clínica con base web, que consolida datos, permite registrar, ver las tendencias y programar. Sin embargo, según las y los expertos, el Programa no logra una efectiva implementación en las provincias debido a las falencias en la asignación presupuestaria y/o a las demoras u otros obstáculos en la provisión de métodos anticonceptivos. Con el foco del presupuesto puesto en aumentar y mantener la disponibilidad de métodos se han relegado otras necesidades como capacitación y mejoramiento de la calidad del servicio.

“En la provincia no existe un seguimiento adecuado de la implementación, no hay indicadores de cobertura, los métodos anticonceptivos provienen del Ministerio Nacional y tienen brechas en la continuidad de provisión de insumos. Además, el programa provincial no tiene presupuesto asignado, solo ante necesidades extremas se le otorgan partidas para insumos; tampoco hay presupuestos específicos para capacitación, monitoreo y evaluación”. Experto consultado.

Sensibilización general sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos Las personas expertas consultadas coinciden en que desde hace años no se llevan a cabo campañas nacionales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que tengan un alto alcance y reciban financiamiento público. Si bien se proporciona buena información a través de herramientas como folletos, afiches, charlas en ferias de salud o eventos comunitarios, esta información no se hace extensiva a los medios masivos de comunicación.

4/7

Lo mismo ocurre en las provincias: se adelantan algunas iniciativas puntuales para dar a conocer servicios específicos o informar acerca de la realización de jornadas de salud o capacitaciones, pero estas actividades no responden a un lineamiento estratégico definido ni cuentan con una periodicidad concreta.

Educación integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos Desde el año 2006 existe en la Argentina el Programa de Educación Sexual Integral (ESI), gracias al cual las escuelas deben impartir progresivamente un programa integral de educación en salud sexual y reproductiva. La ESI se debe aplicar en tres niveles: Inicial (salas de 4 y 5 años), Primario (de 1° a 7° grado), y Secundario (de 1° a 5° año). Si bien los contenidos del Programa son de muy buena calidad, la aplicación de la ESI todavía es incipiente. No sólo porque su implementación depende de la jurisdicción provincial y varía dependiendo del centro educativo (confesional o no), sino también porque a pesar de que la capacitación para los docentes debe ser obligatoria, no llega a todos. A pesar de que está contemplado que para estudiantes de escuelas secundarias se debe incentivar “el conocimiento de todos los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad existentes, y el análisis de sus ventajas y desventajas”, no se indica con precisión qué información deben recibir los estudiantes acerca de los métodos.

“A nivel Provincial no hay Ley de Educación Sexual ni se ha adherido a la Ley Nacional. Cuando se discutió en la legislatura hubo una fuerte impronta conservadora y no se logró su aprobación. Nuestra provincia fue una de las tres que, ante la sanción de la Ley 26.150, no aceptó distribuir en una primera etapa los cuadernillos ESI, láminas y folletería construidos por Nación”. Experto consultado.

Educación y entrenamiento de profesionales de servicios de la salud Argentina cuenta con diversos lineamientos y protocolos para la entrega de anticonceptivos y asesoramiento en el área de salud sexual y reproductiva. La información que proporcionan esos instrumentos es fiable y amplia; va desde criterios de elegibilidad de métodos hasta la atención de víctimas de abuso sexual y comunidad LGBTI. Esos protocolos se actualizan a medida que aparecen nuevas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, hay diplomaturas y cursos de diferente nivel de formalidad sobre salud sexual y reproductiva.

5/7

Prestación de asesoramiento individual y servicios de calidad Está claro, y así lo indica la “Guía para el uso de métodos anticonceptivos”, que una buena consejería debe garantizar completa confiabilidad; atender las preocupaciones y deseos sobre salud sexual y reproductiva, individual y poblacional; informar sobre anticonceptivos disponibles; permitir la elección del método apropiado para cada persona y situación; ofrecer descripción del uso correcto del método elegido y; acordar las visitas de seguimiento. Sin embargo, estos protocolos no tienen suficiente difusión por parte del Estado. Aunado a ello, se han identificado dificultades en la articulación entre los organismos nacionales, provinciales y municipales, lo que repercute en desigualdades en el acceso a información, el tipo de información recibida, las instancias de formación y en los insumos de trabajo (especialmente en materiales informativos y de difusión). Si bien la privacidad está garantizada legalmente, a veces este derecho se vulnera; por ejemplo, al exigir la presencia de una persona adulta durante las consultas de adolescentes.

“Existen barreras institucionales y limitaciones en el sistema de salud. Cuando se brinda un servicio de calidad, generalmente es por la voluntad de los profesionales intervinientes”. Sandra Vázquez, Directora Ejecutiva del Grupo Fusa.

Planes de reembolso o provisión gratuita En todos los hospitales, centros de salud públicos, obras sociales y prepagas de la Argentina se debe ofrecer a la población, de forma gratuita, la gama completa de métodos anticonceptivos autorizados en el país. Diferente es la situación con respecto a los métodos como las ligaduras y la vasectomía, cuyo acceso puede verse limitado debido a la carencia de recursos (turnos de quirófano, anestesia) para esas intervenciones.

Prevención de la discriminación Desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se han generado líneas específicas que contemplan las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, poblaciones de distintas etnias y comunidad LGTBI), pero en la mayoría de los casos no son políticas sostenidas. A pesar de las políticas inclusivas, hay poca difusión y conocimiento sobre la atención a grupos en situación de vulnerabilidad; las directrices son muy generales y los servicios públicos de salud sexual y reproductiva se asumen como esfuerzos dirigidos principalmente a las mujeres.

6/7

Empoderamiento de las mujeres a través del acceso a los anticonceptivos La Argentina tiene mecanismos para empoderar a las mujeres a través del acceso a anticonceptivos, como son el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable o el Consejo Nacional de las Mujeres. Sin embargo, las y los expertos consultados aseguran que hay un largo camino que recorrer en ese empoderamiento. Existen dificultades para conseguir apoyo político y financiero para instrumentar las intervenciones previstas en leyes y políticas públicas, en especial por la falta de articulación entre niveles de gobierno provincial. Además, los indicadores que se monitorean son más de carácter cuantitativo y biológico, por lo tanto no resultan útiles para valorar el bienestar ni el desarrollo personal de las mujeres.

“El Consejo Nacional tiene delegaciones provinciales, pero la ejecución está sujeta a la voluntad política, al grado de compromiso, al presupuesto, la incidencia de los programas y de los recursos humanos disponibles”. Mariana Romero, Investigadora Titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

En resumen En Argentina las leyes y políticas públicas sobre anticoncepción son de avanzada y apuntan a garantizar el acceso gratuito a métodos para evitar embarazos, a la información relacionada con su uso y a la capacitación y actualización de las personas encargadas de instrumentar ese acceso. Existen lineamientos para ofrecer consejería de alta calidad a la población interesada, a lo que se suma que es obligatoria la educación sexual integral en todos los niveles de educación. Sin embargo, a pesar de un marco de avanzada, el panorama en las provincias registra brechas en el acceso a los servicios de salud y métodos anticonceptivos. Para superar esas brechas es necesario reforzar los mecanismos de participación de jóvenes y organizaciones no gubernamentales en los procesos de monitoreo y actualización de las políticas. Para disminuir las desigualdades también hace falta articular las iniciativas de comunicación para reemplazar las hasta ahora acciones aisladas por campañas coordinadas y sistemáticas que respondan a las prioridades estratégicas nacionales y ofrezcan información completa, de calidad y diferenciada de acuerdo con las particularidades del grupo al que vayan dirigidas. También es necesario fortalecer los programas de empoderamiento de las mujeres, con el otorgamiento de partidas presupuestarias específicas para ese fin. En el ámbito educativo, la falta de claridad sobre los contenidos en salud sexual y reproductiva que deben recibir los estudiantes dificulta la implementación de la norma, de manera especial en los planteles religiosos que adaptan los contenidos a sus creencias. Se hace necesario, entonces, unificar la formación para garantizar que los estudiantes tengan acceso a la información pertinente y ajustada a su etapa de desarrollo.

7/7

International Planned Parenthood Federation

Región del Hemisferio Occidental