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ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA Foto ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN Décadas de actos violentos en el país han dejado irrecuperables pérdidas humanas y materiales sobre la sociedad civil colombiana. Los grupos armados al margen de la Ley (GAML) han dejado una estela de destrucción, violencia y muerte que la gran mayoría de los Colombianos rechazan; pero también han condenado con sus acciones a muchas familias colombianas, víctimas directas del conflicto, a un futuro desprotegido, incierto y debilitado en sus derechos fundamentales. Uno de los mayores retos que enfrenta el país para alcanzar la paz y la reconciliación entre los colombianos es el de lograr un equilibrio entre las acciones diseñadas para superar la violencia y el diseño y ejecución de una política de reparación a las victimas y de restauración de sus derechos. La experiencia internacional en esta materia indica que la planificación minuciosa y la elaboración de estrategias de reparación, justicia y reconciliación deben producirse con anterioridad al restablecimiento de las condiciones de seguridad y, por este motivo, puede decirse que Colombia ha iniciado de manera oportuna esta tarea. También se reconoce que los procesos de reconciliación depende de muchos factores que van desde la voluntad del Estado y la sociedad en general, hasta la capacidad institucional y la disponibilidad de recursos. La violencia armada ejercida por los GAML ha afectado gravemente a la población civil; la cual ha sido victima de graves violaciones de los DD.HH. y de infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). Situación que ha conllevado a la asunción de obligaciones de parte del Estado Colombiano para reparar a las victimas de la violencia En efecto, las sanciones que ha recibido
Luís Alfredo Muñoz Wilches Economista Consultor DIFP-DNP
el país en los últimos años1 apuntan a garantizar la protección y reparación, por parte del Estado Colombiano, de los derechos de las victimas para lograr las garantías de verdad, justicia y reparación. En este contexto, la reparación a las victimas de la violencia debe ser asumida de manera integral, efectiva y proporcional a los daños padecidos por las victimas y sus familiares. Además debe propender por el alivio del sufrimiento causado y garantizar la no repetición de estas violaciones. Con el propósito de colaborar con la reparación y reconciliación de las víctimas de la violencia, el Gobierno Nacional ha puesto en disposición de la ciudadanía afectada, a través de la intermediación administrativa de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social-, una cuenta especial sin personería jurídica denominada “Fondo para la Reparación de las Víctimas”, creada por el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 con el propósito de ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes y/o recursos de acuerdo con su naturaleza, uso y destino2. El Fondo es integrado por todos los bienes o recursos que, a cualquier título, se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales que se acojan a la Ley 975 de 2005, así como por recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y cualquier donación en dinero o en especie, ha venido entregando importantes ayudas a familias colombianas que han perdido seres queridos en actos terroristas y a personas que han sufrido incapacidad 1
En este sentido han sido ejemplarizantes las condenas que el Estado Colombiano ha recibido por parte de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos de la OEA. 2 Este Fondo, para tales efectos, podrá contratar total o parcialmente el manejo de los recursos y bienes que ingresen al fondo, mediante encargo fiduciario, contratos o fondos de fiducia, contratos de administración, mandato, arrendamiento y demás negocios jurídicos que sean necesarios, los cuales se regirán por las normas de derecho privado. (Art. 17 Decreto Reglamentario).
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permanente, que alcanzan los 2 o 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Igualmente, se otorgan créditos solidarios subsidiados por Acción Social a personas que ejecuten actividades de comercio o industria por entidades financieras reconocidas en el país, y que han sido afectadas por actos terroristas, así como certificaciones educativas para que los beneficiarios puedan solicitar cupo en las instituciones educativas públicas. Las víctimas, que la Ley 975 de 2005 y la Sentencia C-370 de la Corte Constitucional definen como “persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley…”, recibirán una reparación administrativa de acuerdo al tipo de infracción perpetrada por los grupos ilegales a la que se hayan visto sometidas (muerte, incapacidad permanente, heridas leves, secuestro o amenazas).
frentes: En primer lugar, en lo relacionado con la construcción de un modelo de reparación integral, viable, sostenible y ajustado a la realidad de nuestro país que sirva para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), como también para servir de parámetro de las reparaciones futuras que deberán hacerse en el posconflicto. En segundo lugar, las acciones deberán fortalecer las políticas de atención integral y oportuna de las victimas de la violencia En tercer lugar, según lo dispuesto por la Ley 975, se diseñará e implementará una política de Estado sostenible financieramente para ofrecer una reparación integral y articulada a las acciones y programas que buscan soluciones estructurales a la problemática económica y social derivada de la violencia en Colombia. Finalmente, con objeto de construir una salida negociada al conflicto armado con los GAML, en conjunto con las acciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se adelantarán acciones de reconciliación y reparación colectiva de las poblaciones que han sido victimas de la violencia OBJETIVO DEL PROYECTO
Es en este contexto que deben confluir las acciones de reparación que viene ejecutando el Gobierno Colombiano, de manera individual y colectiva, con las acciones que, en el futuro, están obligados a cumplir los beneficiarios de la Ley 975 de 2005. Resulta, entonces importante formular una política integral y coordinada entre el Estado la sociedad civil, que responda tanto a la dimensión individual (a través de medidas administrativa de satisfacción, restitución, indemnización y garantías de no repetición), como colectiva (por medio de acciones de restitución y rehabilitación) de la reparación de las victimas.
Asimismo, el proyecto busca, de manera precisa:
Para responder a estos retos, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, plantea actuar en varios
• Entregar asistencia humanitaria de emergencia (AHE) a la población victima de la violencia de 2 SMMLV de año en que ocurrieron los hechos.
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Prestar asistencia a la población civil Víctima de la Violencia, que sufre grave deterioro en su integridad personal y/o de sus bienes por causa de los actos violentos que ejercen los GAML, por motivos ideológicos o políticos; tales como atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres. Así como apoyar operativamente al Fondo para la Reparación de las Victimas cuando sea necesario, de manera eficiente, eficaz y con transparencia.
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través de acta, que lo individualice, de acuerdo con el modelo y los parámetros del Reglamento Interno del Fondo y del Decreto reglamentario de la ley 975 de 2005, registrarlo inmediatamente en el Sistema de Información.
• Reconocer ayuda humanitaria y gastos funerarios a las familias de las victimas de la violencia por un monto de 40 SMMLV del año en que ocurrieron los hechos (a partir del 2003). • Apoyar operativamente al Fondo para la Reparación de las Victimas cuando sea necesario.
Entregar el bien en administración inmediatamente a los expertos, previamente seleccionados y hacer seguimiento, teniendo en cuenta que dentro del proceso que establece la ley de justicia y paz, puede aparecer un tercero que reclame el derecho de propiedad sobre el mismo.
Hacer las publicaciones y emplazamientos que consagra el decreto reglamentario.
Hacerse parte en las Audiencias de Conciliación del Proceso.
Una vez se profiera la sentencia de extinción de dominio, se debe cumplir, ya sea restituyendo el bien, o indemnizando o restituyendo e indemnizando, por lo tanto en los casos de indemnización, se deberá enajenar el bien, con el procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Fondo, expedido por el Consejo Directivo de Acción Social.
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO El proyecto busca orientar recursos hacia la reparación de los efectos colaterales o directos que la violencia ha propiciado sobre las personas de la población civil que hayan sufrido perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, como consecuencia de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres, entre otros, son sujetos de ser beneficiados por el proyecto. Los beneficiarios son las personas que tienen derecho a recibir la asistencia humanitaria que el Estado otorga a las víctimas de la violencia. Estos deben realizar la solicitud dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho, de lo contrario Acción Social, como entidad responsable de ofrecer la AHE, no reconocerá la asistencia humanitaria (Art. 16, ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 782 de 2002). Los requisitos para acceder a la asistencia pueden consultarse en la página Web de Acción Social www.accionsocial.gov.co Acción Social, siendo la entidad encargada de administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas, debe encargarse de las siguientes actividades a lo largo del proceso de asistencia:
Todas las labores de asistencia humanitaria que se conciben dentro del proyecto, subsumidas en las determinaciones de la Ley 975 de 2005, se encuentran tipificadas según los siguientes tres conceptos: (i) Restitución, (ii) Rehabilitación e (iii) Indemnización. Tipos de Asistencia
Implementar y manejar el Sistema de Información del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Recibir los bienes que entreguen los desmovilizados o la Fiscalía General de la Nación o los Juzgados competentes, a
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Restitución
Rehabilitación
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Indemnización Página 3 de 8
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la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. (Art. 49.2-Ley 975)
Fuente: Acción Social
Restitución La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible (Art. 46-Ley 975). Rehabilitación La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, en correspondencia con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación (Art. 47-Ley 975)
La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad. (Art. 49.3-Ley 975) La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades. (Art. 49.4-Ley 975) Las reparaciones que se lleven a cabo por medio del proyecto, están divididas en dos grandes categorías complementarias entre sí: la primera, que determina conceptualmente el tipo de beneficiario que recibe la ayuda (individual, grupal, etc.), y la segunda, que designa un monto según la infracción a la que la víctima haya sido sometida. Dichas categorías se describen a continuación.
Indemnización
¿Qué tipos de reparaciones se entregan?
Consiste en compensar, a las víctimas, los perjuicios causados por el delito. (Art 8 - Ley 975) Complementariamente, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir según el Art. 48 de la Ley 975:
Los montos a reconocer por parte de Acción Social a los beneficiarios una vez hayan presentado los requisitos exigidos, son los siguientes:
La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad. (Art. 49.1-Ley 975)
Incapacidad Permanente, Gastos Funerario Se entrega por una sola vez, hasta la suma de 40 salarios mínimos legales, correspondientes al monto asignado por este concepto en el año que ocurrió el hecho. De acuerdo a los siguientes tipos de incapacidad, se puede entregar una proporción de los 40 SMMLV.
La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de Luís Alfredo Muñoz Wilches Economista Consultor DIFP-DNP
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Cuadro Nº 1 Montos de Asistencia Humanitaria según incapacidad Tipo de Incapacidad Enajenación mental incurable que impida todo trabajo: Pérdida total o irrecuperable de la vista por ambos ojos Parálisis total y permanente que impida todo trabajo Pérdida o inutilización total de una mano o de un pie, junto con la pérdida total o recuperable de un ojo Pérdida total o irrecuperable de la audición en ambos oídos Pérdida total o irrecuperable del habla Pérdida total o irrecuperable de la vista por un ojo Pérdida total o irrecuperable de la audición por un oído Pérdida o inutulización permanente de una mano Pérdida o inutulización permanente de una pie Pérdida del dedo pulgar de una de las manos Pérdida del dedo índice de una
Año 2005 2006 2007 2008 Total
Porcentaje entregado sobre 40 smlv 100% 100% 100%
100%
100% 100% 60% 60% 60% 60% 20%
de las manos Pérdida de cualquier otro dedo de las manos (distinto de pulgar o índice) Pérdida de cada uno de los dedos del pie
10% 10%
Fuente: Acción Social
Heridas Diferentes de las contempladas en las incapacidades permanentes, Pérdida de Bienes, Secuestro o Amenazas: Se entrega por una sola vez, la suma de 40 salarios mínimos legales, correspondientes al monto asignado por este concepto en el año que ocurrió el hecho. FINANCIACIÓN El proyecto ha sido financiado por recursos ordinarios del Presupuesto General de la Nación (PGN), que durante el periodo 2005-2008 le ha colocado recursos por un valor de 204 mil 065 millones de pesos (de 2007); de los cuales el proyecto ha comprometido 200 mil 192 millones de pesos (de 2007) que corresponde a una ejecución presupuestal del 98%., tal como se discrimina en el siguiente cuadro:
15% Cuadro Nº 2 Ejecución Presupuestal del Proyecto 2005-2008 Asig. Vigente Compromisos % Ejec. Pres. 7.582 7.582 100,0% 101.500 101.500 100,0% 60.000 59.999 100,0% 30.000 25.954 86,5% 199.082 195.035 98,0% Fuente: DNP DIFP
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A diciembre 31 de 2006 existían más de 8.200 solicitudes en trámite de documentación, las que se espera aprobar en el transcurso del año 2007, sobre las que se esperan aplicar 105.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional esta buscando para tal fin. Asignaciones según Consolidado 120.000
101.500 100.000
80.000
70.000 60.000 70.000
60.000
40.000
20.000
10.202
0 2003
Fuente: Acción Social
30.000
19.300
2002
Cuadro Nº 3 Asistencia entregada cada año por el proyecto desde 2003 Tipo de Ayuda Humanitaria Muerte o Emergencia Incapacidad Permanente (2 smmlv) Año (40 smmlv) Millones Millones # # de de Familias Familias Pesos Pesos 2003 6417 10291 2362 211 2004 2036 3301 82426 7090 2005 1686 2325 30833 2488 2006 3927 4909 98111 7580 2007 3485 4135 41831 3361
2004
2005
2006
2007
2008
LOGROS Y METAS DEL PROYECTO Logros: La asistencia humanitaria entregada a lo largo de los últimos años por el proyecto, ha beneficiado un amplio grupo de familias afectadas por la violencia, y entregado reparaciones anualmente como se muestra en la siguiente tabla. Entre los años 2002 y 2006, se entregaron asistencias humanitarias por pérdida de bienes, heridas leves, secuestro y amenazas, por valor de 15.963 millones de pesos, a un total de 23.068 familias.
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Igualmente, para el 2007, la siguiente tabla muestra la discriminación por familias y montos entregados por departamentos del país, de acuerdo al tipo de reparación, donde es posible puntualizar que 7496 familias han recibido $45.316 millones de pesos en indemnizaciones, lo que corresponde al 75.53% del presupuesto asignado para aquel año. Los departamentos que han recibido la mayor proporción de estas reparaciones, en orden descendente y según tipo, son: •
Reparaciones de 2 SMMLV: Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Bogotá y Caquetá, todos con más de cien millones de pesos individualmente y beneficiando a 3576 familias
•
Reparaciones de 40 SMMLV: Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Meta, con más de dos mil millones de pesos entre 1877 familias,
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TOTAL
Valor
Antioquia 73 $ 58.073 Arauca 22 $ 18.165 Atlántico 8 $ 6.276 Bogotá 119 $ 101.318 Bolívar 5 $ 4.025 Boyacá 4 $ 2.953 Caldas 6 $ 5.101 Caquetá 119 $ 100.496 Casanare 31 $ 26.166 Cauca 30 $ 23.412 Cesar 122 $ 99.441 Chocó 18 $ 14.689 Córdoba 32 $ 26.214 Cundinamar 4 $ 3.112 ca Guaviare 17 $ 14.284 Huila 63 $ 54.132 La Guajira 4 $ 2.855 Magdalena 1 $ 816 Meta 53 $ 43.507 Nariño 639 $ 530.333 Norte de 183 $ 146.565 Santander Putumayo 34 $ 27.838 Quindío 22 $ 19.082 Risaralda 6 $ 5.101 Santander 2 $ 1.632 Sucre 1 $ 763 Tolima 183 $ 153.636 Valle del 2333 $ 1.993.783 Cauca Vaupés 1 $ 867 Vichada -
# Familias
Valor
# Familias
Departamento
Cuadro Nº 4 Familias beneficiadas por departamento según Tipo de reparación (miles de pesos) Reparación Reparación Administrativa Administrativa por 2 smmlv por 40 smmlv
523 99 29 16 104 16 29 152 58 247 160 31 85
$ 6.578.641 $ 1.217.224 $ 347.252 $ 124.974 $ 1.331.003 $ 193.173 $ 354.197 $ 1.742.453 $ 719.138 $ 3.207.328 $ 1.772.295 $ 383.269 $ 1.066.888
49
$ 656.566
28 90 98 116 165 384
$ 327.175 $ 1.151.234 $ 1.263.708 $ 1.257.954 $ 2.083.166 $ 5.231.847
170
$ 2.165.160
176 2 27 106 73 115
$ 2.270.345 $ 32.640 $ 394.686 $ 1.237.756 $ 636.702 $ 1.447.745
212
$ 2.604.911
1 2
$ 2.414 $ 29.387 $ 41.831.238
4135 $ 3.484.645 3361
Fuente: Elaboración DIFP-DNP con base en Ficha EBI Valor x 1000 equivale a millones de pesos
Metas: De acuerdo al ritmo actual de llegada de documentos, se espera que entre el 2008 a 2010 se complete la documentación de alrededor 7.061 solicitudes por año, lo que implicaría según los administradores del proyecto, además de otras actividades (ver Cuadro 5), destinar alrededor de $57.000 millones de pesos al año en entregas de asistencias. Cuadro Nº 5 Costos de Asistencia a Víctimas de la Violencia por Actividad (millones de pesos) 2008 2009 2010 2011 Recepción, Clasificación y 50 50 50 50 Estudio de Solicitudes Generación de 7 7 7 7 Estadísticas Entrega de 57500 57500 57500 57500 Asistencia Humanitaria Divulgación a través 9 9 9 9 de Medios Masivos Adquisición de 34 34 34 34 Materiales para Actos Administrativos Fortalecimiento Institucional de 2400 2400 2400 2400 Entidades del Proceso Fuente: Acción Social
CONTACTOS CLAVE DEL PROYECTO AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Funcionario Sepúlveda
Responsable:
Marlene
Mesa
Cargo: Sub. Dir. Atención a Víctimas de la Violencia Teléfono: 5960800 (Ext. 7360)
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Dirección: Calle 7 # 6-54 E-mail:
[email protected]
DNP Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado Comunitario: desarrollo para todos, Bogotá D.C., 2007.
BIBLIOGRAFÍA DEL DOCUMENTO Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social2007.
Decreto reglamentario de la ley 975 de 2005 Fiscalía
General
de
la
Nación.
CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
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