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DELITOS ECONÓMICOS
Aumenta el dinero sucio Los escándalos financieros no remiten pese a los mayores controles y los códigos de Buen Gobierno puestos en marcha por las empresas. Condenas y pactos extrajudiciales se suceden. Por Florentino Llera.
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l siglo XXI comenzó con algunos de los mayores escándalos financieros de la historia. Los casos Enron y WorldCom sorprendieron con unas prácticas denominadas con el eufemismo de "contabilidad creativa", pero cuyas consecuencias fueron fraudes multimillonarios, miles de accionistas perjudicados y un elevado número de trabajadores despedidos. Unos años más tarde, las consecuencias de ese oscuro capítulo de la moderna historia empresarial aún son tangibles a través de las decenas de juicios abiertos no sólo contra los responsables de las compañías, si no también contra los bancos de inversión y las auditoras que ayudaron a construir un aluvión de farsas contables que llegaron a hacer tambalear los cimientos de las economías más estables del mundo. Pese al endurecimiento de los controles por parte de las autoridades, los escándalos, lejos de desaparecer, persisten e, incluso, se puede decir que han aumentado, si no en importancia, al menos en
número. También es posible que estos controles sean, precisamente, los que han hecho que en los dos últimos años se estén incrementando los casos de corrupción desenmascarados. En cualquier caso, parece que las prácticas de Buen Gobierno impulsadas por muchas grandes empresas se han quedado en una mera declaración de intenciones y que los directivos de muchas multinacionales han hecho caso omiso a las responsabilidades que lleva aparejadas su cargo, pese a que más de uno de estos escándalos estén acabando con la dimisión de importantes ejecutivos. De ahí que, David Cano, socio director de Analistas Financieros Internacionales (AFI) sea escéptico en relación al papel que pueden llegar a jugar esto Códigos de Buen Gobierno a la hora de evitar un escándalo financiero. Aunque reconoce que han contribuido a reforzar "hasta cierto punto" la confianza de los inversores, entiende que "se pueden mejorar como también se pueden mejorar los controles. Pero aunque haya cuestiones formales, duras inspecciones y una estricta supervisión, si una empresa quiere cometer fraude, lo comete", advierte. Para Cano "es una cuestión de ética" de cada empresa a la vez que señala que "nadie puede controlar todos los detalles de las cuentas de una gran compañía".
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os ejemplos recientes, de hecho, abundan a ambos lados del Atlántico. El gigante alemán del automóvil DaimlerChrysler ha sido uno de los últimos en engrosar la triste lista de escándalos financieros. La compañía está bajo sospecha por un supuesto uso de información privilegiada y especulación con los títulos de la sociedad. El anuncio de la salida del presidente del grupo, Jurgen Schrempp, propició que varios directivos se enriquecieran con sus paquetes accionariales. El día que Schrempp dejó su cargo después de su mala gestión, las acciones del grupo se apuntaron un repunte del 8,7%. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió recientemente una investigación contra el fabricante de automóviles por el presunto soborno a funcionarios en una docena de países de Latinoamérica y África. Al parecer, el grupo podría tener abiertas varias decenas de cuentas secretas desde las que se ejecutaba el pago de los sobornos a funcionarios.
Sede de Commerzbank en Francfort.
Otro gran grupo automovilístico germano, Volkswagen, también está en el "taller". Las acusaciones de corrupción salpican a varios directivos de la compañía por recibir presuntas comisiones por adjudicar contratos a determinadas compañías. Además, ha salido a la luz una trama por la que supuestamente varios ejecutivos pagaban a miembros del comité de empresa visitas a burdeles de lujo, orgías en París y Praga y viajes de placer en compañía de sus esposas a cambio de facilitar apoyo en la aprobación de la semana laboral de cuatro días con reducción de salarios. Tampoco BMW se libra de los escándalos. Un directivo de la compañía fue detenido en julio bajo la acusación de corrupción por aceptar sobornos entre 2000 y 2002. El detenido es acusado de aceptar comisiones de 100.000 dólares de un proveedor del sur de Alemania a cambio de que los productos de su empresa tuvieran un trato preferente en BMW. Pero no solo la industria automovilística alemana está bajo sospecha. También su sistema financiero. Este verano, la fiscalía alemana irrumpió en la sede de Commerz-
bank en Francfort en busca de pruebas en el seno de una investigación sobre una presunta tramada de lavado de dinero ruso. Las pesquisas se centraban en Andreas de Mazière, el consejero de Commerzbank que se encargaba de la división de recursos humanos y que dimitió en julio, así como en otros cuatro ejecutivos que desempeñaban distintas funciones en Europa del Este. La investigación se llegó a ampliar hasta el mismísimo presidente de la institución, Klaus-Peter Muller. Uno de los responsables del mayor fabricante de chips alemán, Infineon, también ha presentado recientemente su dimisión sin hacer comentarios, pero el origen de la marcha del ejecutivo era que estaba siendo investigado por la fiscalía de Munich para saber si había recibido sobornos de una firma deportiva suiza. En Alemania, una gran potencia que atraviesa serios problemas económicos, cuando se intenta buscar una explicación a tanta corrupción siempre se alude a una ley vigente hasta 1999 que permitía a los consorcios descontar de sus impuestos el dinero utilizado para pagar sobornos en el extranjero. Una práctica que todavía parece estar presente a la hora de tomar decisiones. Sea como sea, parece que la corrupción se ha instalado en las empresas germanas. Una encuesta del Instituto Demoscópico Forsa entre la mediana industria alemana concluyó que más de dos tercios de las firmas habían pagado sobornos para poder obtener contratos y que el 54% de los encuestados reconoció que había perdido contratos por no haber intentado sobornar a sus clientes. Algunos expertos han cifrado el daño causado por la corrupción en la economía alemana en 100.000 millones de euros. En Reino Unido, las autoridades reguladoras han abierto una investigación a Deloitte & Touche para determinar si hubo negligencias a la hora de valorar y advertir los peligros que rondaban el negocio de MG Rover, cuando realizó la auditoría de sus cuentas en 2003. El fabricante de automóviles se encuentra ahora en suspensión de pagos y con una deuda por encima de los 2.000 millones de euros. Ikea, fabricante sueco de muebles a bajo precio, también está inmerso en una investigación, en este caso centrada en dos directivos alemanes que, presuntaOctubre 2005 BUEN GOBIERNO 47
DELITOS ECONÓMICOS ESCÁNDALOS RECIENTES Volkswagen. Varios directivos están acusados de corrupción por recibir comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. Además, ha salido a la luz una trama por la que varios ejecutivos compraban el apoyo del comité de empresa. DaimlerChrysler. Está bajo sospecha por un supuesto uso de información privilegiada y especulación con los títulos de la sociedad. También se investiga a la firma por el presunto soborno a funcionarios en Latinoamérica y África. Commerzbank. Varios ejecutivos han sido investigados en relación a una trama de lavado de dinero ruso. Infineon. Un directivo ha sido investigado por aceptar sobornos de una firma deportiva suiza. BMW. Un directivo de la compañía ha sido detenido bajo la acusación de corrupción por aceptar sobornos de un proveedor a cambio de que los productos de su empresas tuvieran un trato preferente en BMV. Cendant. El vicepresidente ha sido condenado a 10 años de prisión al haber sido declarado culpable de inflar las cuentas de CUC de cara a la fusión con HFS, lo que dio lugar a la multinacional de viajes. Ikea. Se investiga a dos directivos alemanes de la compañía que presuntamente habrían recibido dinero a cambio de la concesión de varios proyectos. Boeing. Pagará una multa de hasta 500 millones de dólares para evitar dos procesos: por obtener irregularmente documentos de la competencia y por el fichaje ilegal de una funcionaria de las fuerzas aéreas estadounidenses.
mente, habrían recibido dinero y otras prestaciones de distintas empresas por valor de más de 700.000 euros a cambio de la concesión de varios proyectos. Además de la sede central de Ikea en Alemania, la justicia germana ha investigado otras 21 oficinas de la compañía. Algunos de los protagonistas de todos estos escándalos han terminado "entre rejas". El caso más representativo, lógicamente, es el de Bernard Ebbers, ex consejero delegado de WorldCom, que el pasado mes de julio fue condenado a 25 años de cárcel. El cerebro del multimillonario fraude de la empresa de telecomunicaciones fue Scott Sullivan, que ha sido condenado a cinco años de cárcel. El interventor, David Myers, y el director de contabilidad, Buford Tates, fueron condenados a un año y un día cada uno, mientras que la pena para la gestora Betty Vinson fue de cinco meses. Pero no sólo los responsables de WorldCom han sido condenados por delitos financieros. El vicepresidente del grupo turístico Cendant, Kirk Shelton, ha sido condenado a diez años de prisión y a pagar cerca de 48 BUEN GOBIERNO Octubre 2005
DEMANDAS Las compañías cada vez recurren más a los acuerdos extrajudicialespara evitar juicios de consecuencias imprevisibles 3.300 millones de dólares al haber sido declarado culpable de inflar las cuentas de la firma CUC en 1997, de cara a su fusión con HFS y que dio lugar a la actual multinacional de viajes. El pasado mes de enero, la compañía y sus auditores habían accedido a pagar 3.275 millones de dólares para cerrar las denuncias interpuestas por los inversores como consecuencia del fraude contable descubierto. Este tipo de acuerdos extrajudiciales es cada vez más habitual en Estados Unidos
para zanjar los escándalos y evitar así que terminen en juicios cuyos costes y consecuencias son imprevisibles. Se trata de una práctica permitida por las leyes estadounidenses denominada "deferred prosecution" y a la que en los últimos años se han acogido empresas como Computer Associates, Bristol Myers Squibb o Time Warner. En el caso de AOL Time Warner, la compañía ha acordado pagar 2.400 millones de euros a los inversores que denunciaron a AOL por inflar sus ventas para facilitar su fusión con Time Warner. Tras la operación, los ingresos de la división de internet comenzaron a caer. Boeing es el protagonista de uno de los mayores acuerdos con la justicia de Estados Unidos. Con un máximo de 500 millones de dólares la aeronáutica puede evitar ser procesada en dos investigaciones federales en su contra: una, por conseguir irregularmente documentos confidenciales de su rival Lockheed Martin, y otra, por el fichaje ilegal de una funcionaria de la fuerza aérea de Estados Unidos. También KPMG acaba de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar una querella por la venta entre 1996 y 2002 de los denominados "tax shelders", productos destinados a la evasión fiscal. KPMG había ya aceptado en un comunicado la responsabilidad por conducta ilegal de sus ex socios por la venta de estos productos y pedía perdón por ello. En el comunicado aseguraba que los productos investigados ya no se ofrecían, que los responsables de los delitos habían sido apartados de la firma y que estaban llevando a cabo una profunda reforma del gobierno corporativo. El asunto ha quedado saldado con una multa de 456 millones de dólares que deben ser abonados en tres plazos antes de 2007. En cuanto al caso Enron, que supuso en 2002 una de las mayores quiebras de Estados Unidos, los administradores han llegado a acuerdos con una decena de bancos acusados de haber colaborado en el colapso financiero de la compañía. JP Morgan ha acordado pagar a la eléctrica 350 millones de dólares para cerrar las denuncias. Pero Enron deberá desembolsar, por su parte, 1.500 millones al Estado de California por la acusación de manipulación de los precios durante la crisis energética de 2001. Por el
España toma medidas La experiencia española en escándalos financieros tiene su punto ticas pasaron a engrosar lo que se denominó la "cultura del pelotazo". álgido en el caso Banesto. El Banco de España intervino el banco por Menos claro se presenta el supuesto pelotazo del actual presidente de sorpresa en 1993 y destituyó al consejo que presidía Mario Conde tras Telefónica, César Alierta; su mujer, Ana Cristina Placer; y su sobrino, Luis descubrir un agujero contable de 600.000 millones de pesetas. La ban- Javier Placer. Están acusados de haber obtenido un enriquecimiento ca no consiguió pagar su canon de escándalos financieros con este ilícito de 1,8 millones de euros gracias la compraventa de acciones de caso. En BBVA se destapó un entramado de cuentas ocultas en el exte- Tabacalera que Alierta presuntamente realizó aprovechándose del rior que, sin embargo, no afectó a la situación patrimonial del banco. conocimiento privilegiado de los movimientos que iba a realizar la El entonces copresidente de la entidad, Emilio de Ybarra, el ex vicepre- empresa tabaquera presidida por él en esos momentos. El juez instrucsidente y consejero delegado, Pedro Luis Uriarte, y todos los ex conse- tor del caso ha decretado la apertura de juicio oral pese a que la fiscajeros del BBVA, llegaron a estar imputados en el caso por el juez de la lía general del Estado negó en 2002 la existencia de información privilegiada y el juzgado de primera instancia no admiAudiencia Nacional, Baltasar Garzón. tió a tramité la demanda de una asociación de A esos juzgados también ha tenido que acudir consumidores por considerar que no había delito. el presidente del Banco Santander. Emilio Botín También ha habido sombra de dudas en el caso FG junto al ex consejero de la entidad, Rodrigo EcheValores. Sin embargo, los presuntos delitos de nique, y otros tres directivos se encuentran impu"manipulación contable" que determinó la Fiscalía tados por las presuntas irregularidades cometidas Anticorrupción en la venta de la sociedad de valoen torno a las cesiones de crédito y se les consideres propiedad del actual presidente del BBVA, Franra responsables de 138 delitos fiscales. Además, cisco González, a Merril Lynch se estimó que "han Botín y los siete integrantes de la comisión ejecuprescrito o no son delito". tiva del banco en 1994 deberán declarar como Avanzit también se vio envuelta en otro gran imputados por un presunto delito fiscal cometido escándalo. Ante las dificultades que atravesaba la por la entrega del 1% de las acciones de Banesto compañía, anteriormente denominada Radiotrónia 13 ex directivos sin realizar retenciones. En julio Manuel Pardos, presidente de Adicae. ca, sus administradores decidieron presentar susde 2003, Eurobank del Mediterráneo. solicitaba la "intervención voluntaria" del Banco de España para cesar y liquidar pensión de pagos en junio de 2002. A finales de ese mes, su presidenordenadamente el banco. La investigación determinó graves irregula- te, Juan Bautista Pérez Aparicio, abandonaba el grupo con unas calaridades en la gestión del presidente, Eduardo Pascual, imponiendo mitosas cuentas de las que, posteriormente, se desprendería que el fuertes sanciones de inhabilitación y multas a su administrador princi- propio Pérez Aparicio habría realizado transferencias desde el grupo a su favor y a favor de una firma de su propiedad por un importe total pal por un fraude de 135 millones de euros. de 1,42 millones de euros. La querella por delito societario y apropiación indebida se archivó al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial. Gestores sin escrúpulos Otro que aún colea es el caso Urbanor, por el que fueron condenaLos casos que protagonizaron dos importantes agencias de valores contribuyeron a alimentar la crisis de confianza que se fraguó a finales dos Alberto Cortina y Alberto Alcocer a 3 años y cuatro meses por delide los noventa. Ava y Gescartera dejaron tras de sí a numerosos dam- tos de falsedad en documento y estafa a sus socios. En la actualidad, nificados por las prácticas de gestores sin escrúpulos que se aprove- se sigue otra causa contra los "Albertos" por la presunta utilización de charon de la debilidad de los reguladores y la avidez de inversores atra- pruebas falsas para demostrar su inocencia e intentar eludir la condeídos por altas rentabilidades a bajo riesgo. El fraude global superó los na. Se trata de una carta en la que supuestamente los socios minorita250.000 millones de pesetas. Manuel Pardos, presidente de Adicae, rios de Urbanor (Julio San Martín y Pedro Sentieri) pactaban sus declaculpa de estos casos a "la floración del capitalismo popular en España, raciones para conseguir que los "Albertos" fueran condenados. Altadis también ha sido condenada recientemente por la Audiencia con un millón y medio de familias metidas en la Bolsa, que hace fluir a Nacional como responsable civil subsidiaria de un delito de contralas sociedades unas cantidades ingentes de dinero sin control". De los favores políticos se sirvió, sobre todo, el empresario Javier de bando de tabaco cometido por José María Martínez Ruiz, jefe del la Rosa. El financiero catalán encabezó una lista de empresarios, junto departamento de Exportación, en connivencia con un grupo organicon Manuel Prado y Colón de Carvajal, que por sus vinculaciones polí- zado de contrabando.
mismo caso, Reilant se ha comprometido a pagar 460 millones de dólares más multas y Mirant, otros 750 millones. En total, California se ha embolsado unos 3.200 millones de dólares a través de estos pactos extrajudiciales. Este mismo estado norteamericano ha visto como su fiscal general, Bill Lock-
yer, ha demandado a 39 empresas farmacéuticas a las que acusa de inflar los precios de los medicamentos que podrían haber costado a los contribuyentes del Estado cientos de millones de dólares. Entre los laboratorios acusados se encuentran Amgen, Glaxo-SmithKline, Novartis, San-
doz y Bristol-Myers Squibb. Precisamente, antiguos directivos de esta última compañía imputados en un caso de fraude han sido demandados ahora por las autoridades federales estadounidenses. La Securities and Exchange Comisión (equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Octubre 2005 BUEN GOBIERNO 49
DELITOS ECONÓMICOS en Estados Unidos) ha anunciado recientemente una demanda contra Frederick Schiff, antiguo director financiero de Bristol-Myers, y Richard Lane, antiguo vicepresidente de la compañía, en la que se les acusa de ordenar a los directivos en 2000 y 2001 la creación de incentivos para los mayores vendedores con el fin de inflar los datos de ventas y beneficios, despistando así a los analistas de Wall Street y a los propios inversores. También la multinacional petrolera británica Royal Dutch Shell ha aceptado pagar 9,2 millones de dólares y adoptar varios principios de gobierno corporativo para evitar las demandas presentadas por varios accionistas tras reconocer el año pasado que había sobrevalorado sus reservas de crudo.
El concurso de las auditoras es fundamental para evitar el fraude en las grandes corporaciones, pero su participación también es definitiva para que prospere. El Gobernador del Banco de España ha llamado en alguna ocasión la atención sobre este aspecto al apuntar que los casos de corrupción también afectaron al "rigor de los auditores, es decir, a aquellas empresas encargadas de certificar que los estados financieros reflejan fielmente la situación patrimonial de la empresa, que los riesgos incurridos están fielmente reflejados y que, en definitiva, la empresa suministra información veraz al mercado, a los inversores y demás partes interesadas en su funcionamiento para que, en todo momento puedan tomar sus decisiones de la mejor forma posible".
La ausencia de ese "rigor" provocó que el gigante de la energía estadounidense Enron arrastrara consigo al abismo a la auditora Arthur Andersen. Solo seis meses más tarde de que se destapara el monumental escándalo financiero, la auditora fue declarada culpable de avalar los fraudulentos resultados de la compañía, lo que provocó que terminara desapareciendo de la actividad. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el pasado mes de junio la sentencia que condenó a Andersen por obstrucción a la justicia en 2002, la sentencia llegó tarde para resucitar a la auditora. Un ejemplo más cercano, fue el que protagonizó en España la auditora Deloitte & Touche en Gescartera. La polémica agencia de valores que presidía Antonio Camacho
Los pioneros del siglo XXI mericano. La SEC decidió activar todas sus alarmas e iniciaba en enero de 2002 un cuidadoso escrutinio sobre las cuentas de tres grandes empresas de telecomunicaciones: WorldCom, Global Crossing y Qwest Comunications. El estallido de la denominada "burbuja tecnológica" acarreó la suspensión de pagos de Global Crossing. Tres meses más tarde era Qwest la que anunciaba la quiebra. Las sospechas de fraude contable crecían (ambas compañías habían incrementado sus activos tras contabilizar falsos intercambios entre ellas). A pesar de la magnitud de aquellos nuevos escándalos, el golpe más duro se producía en julio de 2002, cuando WorldCom se declaraba en quiebra tras ponerse de manifiesto un brutal agujero de 11.000 millones de dólares que revelaba una deuda real de 41.000 millones. En este caso, generó pérdidas para los inversores por 180.000 millones de dólares, así como la desaparición de 20.000 puestos de trabajo. Enron y WorldCom protagonizaron los primeros escándalos financieros en 2002. Pero Europa no permaneció ajena a este fenómeno. En diciembre de 2003, Parmalat, entonces el octavo grupo industrial retiro que la compañía les obligaba a depositar en acciones de la de Italia, suspendió pagos en la que supuso la mayor catástrofe propia empresa. Las pérdidas para sus accionistas ascendieron a empresarial europea de los últimos 50 años. La justicia italiana 30.000 millones de dólares. El gigante de la energía estadouni- determinó que, detrás del maquillaje contable, el gigante alimendense quebraba tras destaparse un colosal agujero contable. tario poseía una deuda de 14.300 millones de euros, una cifra casi Enron había utilizado una serie de alianzas empresariales para ocho veces superior a la reconocida por la antigua dirección. Sin ocultar más de 1.200 millones de dólares en deudas e inflar sus embargo, las pesquisas de la sección del tribunal de Parma encarganancias. Buena prueba de que los más altos directivos partici- gada de elaborar la lista de acreedores elevaba la cifra hasta los paron en el monumental engaño es que, poco antes de la quie- 20.000 millones de euros a diciembre de 2004. Las acusaciones de fraude en Europa no se quedan ahí. En junio bra, el ex presidente Kenneth Lay, aconsejaba comprar acciones de 2004, el ex presidente de Vivendi Universal, Jean Marie Messier mientras él vendía títulos por valor de cien millones de dólares. Pero Enron no fue más que la punta del iceberg de una lista de era procesado por la justicia francesa por difundir informaciones escándalos que empañaron el prestigio del sistema financiero nortea- falsas, manipular las cotizaciones y abuso de bienes societarios. En 2002, Enron, entonces la séptima empresa de Estados Unidos y la compañía energética más poderosa del país, entraba en bancarrota dejando a 20.000 trabajadores en la calle, que perdieron su empleo, sus ahorros, sus jubilaciones y hasta los planes de
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permaneció durante tres quinquenios operando de forma ilícita y presentando unos estados contables y financieros completamente ficticios que pasaban el control de la auditoria "sin salvedades". Pero no son sólo las empresas y auditoras las que se ven perseguidas por la justicia. También los bancos de inversión y los intermediarios financieros se han visto envueltos en escándalos, al ser los encargados de la colocación de las emisiones de las empresas entre el público, a cambio de las correspondientes comisiones, ambos bajo el mismo techo en no pocas ocasiones. A algunos casos del pasado, que afectaron a firmas como La Jolla o Morgan Stanley, se ha sumado recientemente la investigación de NASD, la asociación de intermediarios bursátiles de Estados Unidos, a diez firmas de Wall Street (entre las se encuentran Citigroup, Merrill Lynch y UBS) a las que ha solicitado información ante indicios de prácticas abusivas en la venta de hedge funds o fondos de alto riesgo. El regulador quiere determinar si estas empresas sedujeron a ciertos clientes para que realizaran inversiones excesivamente caras o muy arriesgadas. Bayou Management, otra gestora estadounidense de hedge funds, también está siendo investigada acusada de inflar las ganancias de sus fondos, minimizar las pérdidas y convertir en plusvalías lo que eran minusvalías desde 1998. Creó, incluso, una auditora falsa, denominada Richmond-Fairfield Associates, para justificar un agujero de 440 millones de dólares.
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ntre las últimas medidas de los reguladores para poner freno a las actuaciones fraudulentas de los intermediarios ha sido la instalación de micrófonos en el parqué de Wall Street. La decisión se tomó tras descubrir que 15 especialistas manipularon órdenes durante cuatro años embolsándose 19 millones de dólares a costa de los clientes. En el tema de los bancos de inversión y los analistas financieros "no se ha avanzado nada" reconoce el socio director de Analistas Financieros Internacionales (AFI), David Cano, quien afirma que "estos especialistas emiten informes, normalmente interesados, en los que al final añaden un párrafo en el que aclaran que no se responsabilizan de la evolución de los valores que
David Cano, socio director de AFI.
ANALISTAS “La independenciade las recomendaciones de los bancos de inversión es nula, porque existen muchos intereses cruzados” recomiendan". Para Cano "la independencia de los consejos de los bancos de inversión es nula y es así porque existen muchos intereses cruzados. Es un aspecto en el que se debería de avanzar mucho más". El presidente de la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, pone de manifiesto que más de diez millones de familias españolas que invierten en bolsa "ni tiene preparación, ni saben lo que es el mercado, ni saben seguirlo… todo eso queda en manos de bancos y cajas de ahorros, de los gestores de los bancos y cajas, que son los que han canalizado el ahorro popular masivo que resulta ser, probablemente, el mayoritario de las grandes empresas". "El sector de la asesoría, de la opinión, del rating, están en franca sospecha de corrupción" denuncia Pardos, que critica, que "muchos de estos analistas han tenido problemas por los que ahora tienen que responder y muchos otros ni siquiera han tenido la gallardía de reconocer sus errores". El socio director de AFI, no cree tras estos escándalos exista una pérdida de con-
fianza por parte de los inversores. En su opinión, "ahora saben que, cuando llegan al mercado tienen que pagar una prima de riesgo que, en la actualidad, más que por el riesgo de quiebra de una empresa, viene determinada por el impacto que sobre los valores puede tener un atentado terrorista". "La marcha de los mercados puede depender del grado de fiabilidad que tengan las cuentas de las principales empresas, pero no es lo que más preocupa", apuntala. A modo de soluciones para esos problemas, en España surgieron una serie de asociaciones que tuvieron su origen en 1993 con el caso Banesto. La intervención de la entidad derivó en la constitución de la Asociación de Reagrupamiento de Accionistas de Banesto; a la que siguieron otras como la agrupación independiente de accionistas minoritarios de Avanzit; y la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros (Adicae) y la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) que surgieron a raíz del caso AVA y adquirieron notoriedad con Gescartera. La última, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) -auspiciada por el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo-. Una vez identificado el problema parece perentorio adoptar una solución que permita atajarlo y eliminarlo. La regulación ha demostrado importantes carencias; los escándalos financieros persisten; y quienes los cometen parecen estar amparados, en determinados casos, por una cierta impunidad que enerva a quienes los padecen. "Los controles son importantes; los mecanismos para evitar que se produzca nuevos escándalos financieros también, pero la posibilidad de que se repitan existe" argumenta el socio director de AFI. La Fiscalía Anticorrupción no quiere que todo dependa de la buena voluntad de las empresas y sus ejecutivos y ha propuesto un plan para combatir los grandes delitos económicos. Por una parte, la posibilidad de realizar pesquisas secretas para evitar que los investigados puedan destruir pruebas o fugarse, ya que desde 2003 era necesario informar a los sospechosos de la apertura de investigaciones. La otra novedad consiste en duplicar los plazos de investigación, de seis a 12 meses, antes de que el fiscal deba presentar la acusación ante un juez o archivar el caso por falta de pruebas. BG Octubre 2005 BUEN GOBIERNO 51