CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA. El día 23 de Abril de 2015 inició en Madrid la campaña por la libertad de los presos políticos de Huehuetenango, Guatemala. Se ha centrado en el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velazquez condenados a 33 años de cárcel por su defensa de la tierra y el territorio, frente a los proyectos expoliadores de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S.A., filial de la gallega-española Hidralia Energía S.A.

ÍNDICE

Texto de la campaña ......................................................................................................................... 2 El caso de Saúl Méndez y Rogelio Velasquez................................................................................... 3 Primera detención.......................................................................................................................... 3 Segundo ingreso en Prisión ........................................................................................................... 3 Defectos de la acusación ............................................................................................................... 4 Defectos de la sentencia................................................................................................................ 5 La actuación de Hidralia en Galicia ................................................................................................... 8 La actuacón de Hidralia en Guatemala: Histórico Huehuetenango .................................................. 11 Santa Cruz Barillas ...................................................................................................................... 11 Santa Eulalia ............................................................................................................................... 13 San Mateo Ixtatán........................................................................................................................ 15 Histórico Huehuetenango ................................................................................................................ 18 Campaña realizada en madrid ........................................................................................................ 19 La campaña ................................................................................................................................. 19 Presentación de la Campaña ....................................................................................................... 20 Carta a la embajada de Guatemala en España del 24-4-2015 ..................................................... 21 Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno español de 24.4.2015 .... 22 Congreso de Diputados ............................................................................................................... 23 Parlamento Gallego ..................................................................................................................... 24 Entrevista con la embajada de Guatemala .................................................................................. 25 Publicación de un artículo en el Periodico Diagonal..................................................................... 26 Anexos ............................................................................................................................................ 29 Anexo 1: Información publicada por la Coordinación de Acompañiamiento Internacional en Guatemala (Acoguate) Anexo 2: Pregunta en el Congreso Anexo 3: Pregunta para respuesta oral en el Pleno del Parlamento Gallego Anexo 4: Pregunta para respuesta oral en la Comisión del Parlamento Gallego Anexo 5: Preguntas para su respuesta escrita en el Parlamento Gallego

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TEXTO DE LA CAMPAÑA “La lucha de los presos es nuestra lucha, su cárcel nos afecta y reta. Reta a la solidaridad. Reta a la rearticulación. Reta a superar agendas e intereses particulares. Reta a no dejarnos llevar por la provocación y la lógica de la violencia. Reta a la unidad”. Andrés Cabanas, Alba Cecilia Mérida, Rubén Herrera y María Dolores Marroquín

En el departamento Huehuetenango, región norte de Guatemala ha incrustado sus garras la empresa transnacional de origen español HIDRALIA, especializada en la explotación de recursos hídricos. Las poblaciones de los tres municipios, haciendo uso del derecho avalado por el Convenio 169 de la OIT y amparados por la actual legislación guatemalteca, han realizado masivas consultas en las que sus pobladores han expresado su rechazo a la explotación de sus recursos por parte de empresas extranjeras. Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, vecinos del municipio de Santa Cruz Barillas están presos injustamente. Llevan años siendo perseguidos por la empresa, en 2012 pasaron 8 meses en prisión preventiva a pesar de que el máximo marcado por la ley son 3 meses y fueron liberados por evidente falta de pruebas. Se les abrió un nuevo proceso, plagado de irregularidades, y actualmente están en prisión condenados a más de 33 años. El gobierno de Guatemala, encabezado por el exmilitar Otto Pérez Molina, ha realizado multitud de detenciones y órdenes de captura declaradas como arbitrarias por la ONU y ha puesto al servicio de las empresas todo el poder estatal, utilizando el poder judicial y el policial para encarcelar y perseguir a los líderes comunitarios, reabriendo campamentos militares cerrados y ordenando el Estado de Sitio excepcional. El próximo 29 de abril de 2015 se celebrará una nueva vista pública para resolver las apelaciones interpuestas por la defensa de Saúl y Rogelio, el resultado no debe ser otro que la total absolución y reparación de daños. Así mismo exigimos que sean puestos en libertad todos los presos* que de manera injusta han ingresado en prisión preventiva como consecuencia de su oposición a la empresa. Hoy, más que nunca, la solidaridad entre los pueblos deber ser algo más que ternura, debe ser conciencia, compromiso y lucha. Firma en solidaridad con los presos políticos de Barillas. En solidaridad con sus familias. En solidaridad con los pueblos que alzan la voz para decir BASTA. *En el momento de empezar esta campaña se encuentran en prisión preventiva Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar.

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EL CASO DE SAÚL MÉNDEZ Y ROGELIO VELASQUEZ Primera detención Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez, junto a otros 7 comunitarios de Barillas fueron detenidos ilegalmente el 02 de mayo de 2012, acusados del zafarrancho que se produjo la tarde anterior, luego del asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel a manos de trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz. Las detenciones se produjeron durante el Estado de Sitio en Barillas, y las 9 capturas en menos de 24 horas evidenciaron que había listas negras con los nombres de liderazgos comunitarios que se resisten a la explotación minera e hidroeléctrica sobre la cuenca del rio q’an balam. Fueron detenidos por civiles armados que no llevaban orden de juez para realizar allanamientos, ni órdenes de captura para consignar a los comunitarios. En otros casos, fueron familias pro-hidroeléctrica quienes efectuaron las detenciones y fueron llevados a la policía y ejército que se encontraba acantonada en Barillas. La palabra de la empresa quedó en entredicho, su responsable del Área Social, el capitán retirado Juan Garrido tenía vínculos con los sindicados del asesinato de Andrés Francisco Miguel. Según cuenta el propio Rogelio Velásquez en una entrevista realizada previo a su segunda detención...“Gracias a Dios logré dominar la presión, por la familia, que necesitaba vivir. La empresa atacaba nuestra familia con amenazas, les decían que ellos ignoraban lo que había sucedido, que estaban a favor de nosotros después de que nos encarcelaron. Pero se dieron cuenta que en el caso de mi esposa no aceptaba ser amenazada e intimidada. Utilizando las amenazas y las mentiras consiguieron que dos compañeros firmaran con ellos, pero les mintieron y engañaron” La familia de Saúl también sufrió amenzas e intimidaciones de la misma índole durante este periodo. Saúl y Rogelio regresaron a casa el 13 de enero de 2013, tras 8 meses en prisión preventiva.

Segundo ingreso en Prisión Siete meses más tarde, Saúl y Rogelio viajaron a la ciudad capital para asistir a la Audiencia de clausura del Caso Barillas. La diligencia fue suspendida ya que agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) detuvieron en las afueras de la Torre de Tribunales a Saúl y Rogelio, esta vez, sindicados de un linchamiento ocurrido en 2010. Desde el 27 de agosto de 2013 se encuentran nuevamente en asilamiento carcelario. Después de su primer ingreso en prisión, Saúl y Rogelio regresaron a su trabajo y a la organización comunitaria, lo que provocó el enfado de la empresa y que hicieran efectivas las amenazas realizadas durante el 2012. El caso del linchamiento Mateo Diego Simón acusado de robo agrabado fue llevado al juzgado de paz, donde una turba de 500 personas se lo llevaron y golpearon. el acusado confesó que los objetos robados se lo daba a su mujer, quien los vendía. La muchedumbre les vapuleó y colgó a ambos de un puente.

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Las acusadas tenían vínculos probados con el crimen organizado y fueron expulsadas de una comunidad cercana con anterioridad a los hechos que condujeron al linchamiento. Candelaria Noemí Francisco Francisco, hija de doña Guadalupe Francisco, narró como esa mañana un turba de aproximadamente 500 personas ingresó por la fuerza a su casa acusando de ladrona y secuestradora a su madre. Candelaria Noemí Francisco Francisco se querelló en el caso de la muerte de su madre desde mediados de 2013. A partir de entonces ella testificó que de las 500 personas que se llevaron a su madre, identificó únicamente a dos personas: Saúl y Rogelio. El delito al que hace mención la denuncia es el del linchamiento, merece la pena preguntarse por qué tuvieron que pasar tres años para acusarlos y por qué precisamente lo detienen el día que se clausuraba su caso. Otros testigos de la parte acusadora son cuatro niños que se encontraban en esa casa y que presentaron declaración de anticipo de prueba en diciembre de 2013, teniendo en el momento de los hechos 3 (dos de ellos), 7 y 9 años de edad. Varios de los niños reconocieron a Saúl y Rogelio como los que se llevaron a Guadalupe Francisco, pero también reconocieron que antes de la audiencia les entregaron fotos de los sindicados y que recibieron recomendaciones de sus familiares. ¿Por qué los niños y la señora Candelaria solo recuerdan a dos personas entre 500, aun cuando estas personas no eran conocidas por la familia de la occisa? ¿Es posible individualizar personas en hecho tumultuoso? En Barillas no se reporta ningún linchamiento entre 2004-2009. No obstante de 2010 a 2013 se reportaron 11 linchamientos (la empresa empezó su entrada en Barillas en 2009). Todos ocurridos por acusaciones intra-comunitarias y por robos que no son millonarios o que atentan a las familias pudientes de Barillas. La mayoría de lugares con mayor índice de linchamientos son los lugares donde mayores masacres perpetró el Ejército de Guatemala. Por donde se le vea, un linchamiento es un acto que le reclama al Estado su ausencia o su parcialidad para determinados actores con poder.

Defectos de la acusación Este es el resumen de todos los defectos que contiene la acusación, más adelante se verán los defectos de la sentencia condenatoria: • La acusación no precisa qué habían hecho los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas). • La acusación se presentó fuera de tiempo. Sin embargo, el juez dijo que no se vio limitado el derecho de defensa. • En el expediente consta que los hermanos movieron a la persona de la escena del crimen, cuando aún está viva, eso impide saber cómo murió y quién la mató.

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• ver.

Los hermanos la entierran, y esto es ilegal también y comisión de delito, que el juez no quiso

•

En el expediente es imposible establecer cuando murió la señora, por todo lo acontecido.

• Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo). • Se realiza una prueba anticipada con menores familiares. Sospechamos que se les pusieron fotos delante para orientar su opinión. • En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barrillas) que son desestimados. Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su posicionamiento a favor de Hidro Santa Cruz. • La acusación no precisa qué habían hechos los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas). • Se dictan órdenes de aprehensión (agosto 2013) con base en medios de investigación que no son suficientes para la captura. Y se termina con una acusación de lo más débil. Pero el Juez abre juicio.

Defectos de la sentencia La sentencia condenatoria no individualiza las responsabilidades. Es decir, no cumple con los requerimientos legales, por cuanto no se probó, bajo ninguna circunstancia, que Saúl y Rogelio estuvieron en el lugar de los hechos y, menos aún, que participaron de los mismos. Pese a esta circunstancia, la sentencia condenatoria se emitió en Huehuetenango, para complacencia de Ecoener Hidralia Energía/Hidro Santa Cruz S.A. El abogado defensor de Saul y Rogelio declaró: «Mi evaluación es que el Juez, junto con el Ministerio Público, está jugando un papel de persecución de defensores de derechos humanos, en un caso que empezó mal y después de tres meses de investigación termina peor. Empezó mal porque se habían dictado órdenes de aprehensión en base a medios de investigación que no eran suficientes para la captura. Y posteriormente termina con una acusación de lo más débil. Pero el Juez abre a juicio igualmente, por asesinato y femicidio (dos muertos, un hombre y una mujer).» La Defensa Legal de Saúl y Rogelio argumenta que observó una serie de vicios tanto de forma (procedimientos defectuosos durante el juicio) como de fondo (fundamentación jurídica incongruente). La aceptación de la apelación por motivos de forma supondría repetir el juicio desde un inicio, o bien que fuese designado un nuevo tribunal para que conociera de nuevo las actuaciones (con los mismos medios de prueba, testigos, peritajes, etc.). La aceptación de los motivos de fondo implicaría que la Sala debería dictar una nueva sentencia con un nuevo razonamiento jurídico de la parte resolutiva (sin repetir las fases previas).

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A continuación, presentamos algunos de los defectos del juicio más llamativos: • Se pone en duda la manera cómo se manejó la cadena de custodia de los medios probatorios, entre ellos la prueba material consistente en un lazo con el que supuestamente fueron ahorcados los ahora occisos, ya que el lazo cambió de color y longitud, cuestionando así la forma en que se embaló la prueba. No obstante el Tribunal no expulsó la prueba del debate. • La prueba pericial ofrecida por el MP correspondiente a la necropsia realizada al cadáver de Guadalupe Francisco Felipe por el perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), no fue ratificada por él mismo. Por tanto el medio de investigación nunca nació a la vida jurídica como prueba pericial. No obstante el Tribunal no expulsó la prueba del debate. • El MP acusó a Saúl y Rogelio de autores de asesinato y femicidio, por tanto todas las pruebas aportadas fueron individualizadas en esa línea. No obstante el Tribunal cambió la plataforma fáctica ya que los individualiza como cómplices de una autoría que no fue comprobada en debate, es decir no se logra establecer el autor material o intelectual de los hechos. Esto implica de facto que Saúl y Rogelio entraron en la sala acusados de un delito y salieron condenados por otro delito diferente. El Tribunal valoró por coherentes testimonios contradictorios entre sí; tal es el ejemplo de Freddy Ramírez, quien afirmó que Saúl Méndez fue quien arrebató a don Mateo Diego Simón de la policía cuando era trasladado hacia el juzgado de paz, mientras que Guillermo Martínez afirmó que había sido Rogelio Velásquez quien arrebató al ahora occiso. Además, ello no coincide con la plataforma fáctica presentada por el MP, que aseguraba que Saúl y Rogelio se unieron cuando la turba iba camino a la casa de doña Guadalupe, por tanto no pudieron haber sido ellos quienes arrebataron a Mateo Diego Simón a la policía. El tribunal afirmó en su sentencia que esas contradicciones no fueron relevantes.

Se presentaron recursos contra la sentencia que se trataron en una vista pública que se celebró en Huehueteango el 29 de abril de 2015. El 15 de Mayo se llevó a cabo la Audiencia para conocer la decisión de la Sala Séptima de Apelación de Huehuetenango con relación al caso. La decisión por unanimidad fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal de Femicidio y el reenvío del caso a un Tribunal de Quetzaltenango para iniciar nuevamente la fase de debate. Esta decisión reconoce la injusticia de la anterior pero les deja en prisión y obliga a un nuevo juicio. Además de mantenerles injustamente privados de libertad no existen garántias de un juicio justo ni de que se celebre el mismo en un plazo razonable. Sentencia: https://es.scribd.com/doc/265485522/Sentencia-de-Apelacion-Especial-Saul-y-Rogeliode-15-05-2015?fb_ref=Default

Prisión preventiva Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, UDEFEGUA, explica que desde el año 2012 se contabilizan “cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos desde 2012”. Poco importa la endeblez de las acusaciones y que los dirigentes sean liberados meses después por falta de mérito: el daño ya está

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hecho, tanto a las personas particulares como a la cohesión, organización y resistencia comunitarias.

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LA ACTUACIÓN DE HIDRALIA EN GALICIA Histórico de Hidralia Luis Castro Valdivia crea desde finales de los años 80 un entramado de más de cuarenta empresas vinculadas al sector energético, con diferentes nombres pero frecuentemente una misma razón social y administración: a cargo del propio Luis Castro Valdivia, sus hermanos David y Javier, o personas interpuestas. El entramado pretende salvar las restricciones legales existentes para la labor de una sola empresa. El empresario cuenta con una serie de apoyos políticos y económicos, a destacar el presidente de confederación de empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, el ex alcalde socialista de A Coruña y ex embajador de España en el Vaticano Francisco Vázquez y el más importante, el Director General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia en el periodo 1999-2005, durante el gobierno ultraconservador de Manuel Fraga y el Partido Popular; Ramón Ordás (que casualmente es su cuñado) Durante este periodo, Castro Valdivia recibe concesiones que lo convierten en uno de los empresarios más prósperos del sector: el llamado “rey del kilovatio gallego”, por su hegemonía en el mercado de las pequeñas centrales. Las actividades fraudulentas se repiten como constante. Se denuncia la constitución de una “maraña” integrada por decenas de “sociedades extensas y opacas, empresas de recientísima creación, con nula experiencia, formadas con capital inicial muy escaso, y sin soporte material, personal ni técnico para el desarrollo de sus actividades”. Empresarios y empresas que, entre otras estrategias, desarrollan sus negocios a partir del “ocultamiento de personas, la formación de empresas pantalla,las concesiones irregulares…” La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, define una ruta de corrupción e impunidad alrededor de Castro Valdivia “incompatibilidades, falsificación de registros y agilización de trámites, corrupción y chapuza administrativa, trámites administrativos express, declaraciones ambientales a la medida”. Explicamos brevemente algunos ejemplos de las irregularidades realizadas por Luis y David Castro Valdivia durante este periodo: · Empresas adjudicatarias creadas un mes antes de la concesión (parque eólico de Lalín); · Transferencia de titularidad y cesión de derechos entre sociedades del grupo, con el objetivo de superar barreras legales; · Sociedades públicas municipales convertidas en empresas privadas: en Ourol, el Ayuntamiento solicita concesiones, en el entendido de que su carácter de administración le otorga ventajas para la adjudicación. Con posterioridad cede su posición a una empresa de capital público que es absorbida por una empresa privada mediante ampliación de capital. Esta última empresa es administrada por la sociedad Luis de Valdivia S.L. cuyo propietario único es Luis Castro Valdivia; · Modificación de los términos de la concesión después de aprobada la misma, aunque estos cambios exijan nuevos estudios ambientales (por ejemplo, el cambio del caudal o los caminos de acceso);

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· Realización de proyectos en lugares protegidos o de alto valor ambiental y cultural: arroyo de A Cervantiña, Ayuntamiento de Silleda; río Deza, Ayuntamiento de Vila de Cruces, un lugar declarado Zona de Especial Protección de los Valores Naturales e incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria (de la Unión Europea). En el caso particular del empresario: “De 48 empresas que figuran en el Registro Mercantil a nombre de Luis Castro Valdivia, 36 disponen de apenas tres domicilios sociales. El valor total de las empresas es de 61 millones de euros, y sin embargo solamente consta un trabajador como único asalariado afiliado a la seguridad social. En algún caso aparecen registrados gastos de representación por valor de 900,000 euros, que es el pago a alguna de las personas que participa en estas sociedades” informa la Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos, COGADER. Ninguna de estas irregularidades se desarrolla sin apoyos políticos y económicos significativos: empresarios, autoridades locales, partidos políticos y/o instancias gubernamentales. La empresa realiza sus actividades con escasa o nula preocupación por la opinión de las comunidades a pesar de que la ilegitimidad manifiesta y la ilegalidad presente en estos proyectos genera la oposición de vecinos, asociaciones ecologistas, partidos políticos,… La respuesta de la empresa se ofrece en forma de rechazo abierto o diplomático a las demandas: los vecinos afectados se sienten “ninguneados, engañados e ignorados” por la compañía y las autoridades. En el 2006, tras la salida de la Xunta de Galicia del Partido Popular y por tanto de Ramón Ordás, Director General de Industria, Energía y Minas, Luis Castro Valdivia crea la empresa Hidralia Energía. 2007 en adelante. En Galicia se mencionan las irregularidades en la tramitación de las concesiones para Castro Valdivia: falta de expedientes de valoración de impacto ambiental; ocultamiento de información; vulneración de la legislación ambiental; un comportamiento empresarial irrespetuoso hacia las poblaciones afectadas. Todo ello llevado a cabo por empresas carentes de capacidad técnica, personal y material y por empresas pantalla que ocultan los nombres de los propietarios. La reiteración de las críticas sociales debilita las actividades de Castro Valdivia. Complementariamente, el fin del gobierno de Manuel Fraga y el Partido Popular en Galicia; el término de la gestión del Director General de Industria, Energía y Minas de dicho gobierno (cuñado y padrino político de Luis Castro); la promulgación de leyes de carácter ambiental tendientes a regular el desorden promovido por el empresariado energético (entre otras, la suspensión en 2005 de “aprovechamientos eléctricos” irregulares impulsados por varias empresas y la aprobación de normativas en defensa de los ríos); y el comienzo de las investigaciones, implican un punto de inflexión. (Las acusaciones por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho realizadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, que investiga la denominada “Trama energética” durante los años de transición al mercado latinoamericano fueron desestimadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en 2010, sin embargo una sentencia del TSXG de 23 de junio de 2011 confirma la corrupción y las malas prácticas de los proyectos.) En este sentido, la expansión hacia Latinoamérica de una de las empresas de Castro Valdivia, Ecoener-Hidralia Energía, supone la huida hacia delante de un empresariado sumamente debilitado y deslegitimado, y la búsqueda de nuevos espacios de actuación económica.

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Año 2008. La existencia de acusaciones públicas contra Luis Castro Valdivia no impide su expansión en Guatemala y América Latina. Por el contrario, la creación de Hidralia Energía y la proyección del grupo hacia Latinoamérica coinciden con el fin de la gestión del Director General de Industria, y el inicio de las investigaciones de contratos energéticos. La elección de Guatemala como centro de esta expansión no parece casual. El país ofrece un marco político idóneo para el desarrollo empresarial impune: legislación e institucionalidad permisivas, carencia de mecanismos de control estatal, regulaciones ambientales a la medida de las empresas. En fin, autoridades locales pro empresariales, gobiernos de matriz autoritaria, un Estado construido desde y para las corporaciones. El crecimiento territorial multiplica las malas prácticas Septiembre de 2008. Se inaugura la sede de Hidralia Energía en Ciudad de Guatemala En el espejo del proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas se reflejan estas prácticas empresariales: · Confusión de siglas: Ecoener, Hidralia, Hidro Santa Cruz (Producciones de Desarrollo Hídrico en San Mateo Ixtatán) que responden sin embargo a la misma propiedad; · Confusión de nombres: representante legal (Luis Castro Valdivia), propietario y máxima accionista (David Castro), mandatario legal y apoderado Fernando Alonso, entre otros; · Una sociedad de creación recientísima, Hidro Santa Cruz, que recibe de forma expedita un contrato energético, sin experiencia previa ni capacidad técnica, humana, administrativa y social demostrada, · Una empresa pequeña que obtiene contratos múltiples en diferentes países: ejecutora de proyectos en España, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Venezuela.

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LA ACTUACÓN DE HIDRALIA EN GUATEMALA: HISTÓRICO HUEHUETENANGO 1.1 Santa Cruz Barillas Proyectos en cuestión La empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, filial de la empresa española Hidralia Energía se implantó en 2008 para desarrollar sus proyectos Q'amb'alam I y Q'amb'alam II en el cauce del río Q'Amb'Alam de Santa Cruz de Barillas. Se preven colocar dos turbinas con una potencia total de 5MW. El plazo de duración de operación del proyecto es de 50 años. El lugar, a 4km del casco urbano y frente a Poza Verde, es considerado como sagrado por la población comunitaria a mayoría maya Q'anjob'al. El dueño de la empresa Hidro Santa Cruz es el español David Castro Valdivio. El ex oficial del ejército de Guatemala Juan Roberto Garrido Pérez es el encargado del área social de la empresa. El abogado y empresario Roberto López Villatoro, más bien conocido como el “Rey del Tenis”, ha sido el socio nacional de la empresa Hidro Santa Cruz. Villatoro es ex yerno del General Ríos Montt y ha habido investigado por la CICIG por diversos delitos. Hecho relevantes 23/06/2007: Se realizó una consulta comunitaria de buena fe en Santa Cruz de Barillas, en la que 46.479 personas se pronunciaron en contra de las operaciones de minería a cielo abierto y por la defensa de los recursos naturales; 9 votaron a favor. 18/07/2011: La Comisión Nacional de la Energía Eléctrica aprueba la solicitud de Hidro Santa Cruz para acceder a la capacidad de transporte del proyecto Q'amb'alam I. En marzo del mismo año, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, ya había aprobado la licencia ambiental del proyecto Q'amb'alam I. 08 y 09/03/2012: Quema de tres vehículos de la empresa Hidro Santa Cruz. 01/05/2012: Los vecinos de Santa Cruz de Barillas Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo (quien se opone a vender sus tierras a la empresa) y Esteban Bernabé son baleados en el camino a Poza Verde. Andrés Francisco Miguel muere asesinado, y los otros dos comunitarios quedan gravemente heridos. 27/05/2012: Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares, guardias de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz, fueron arrestados por los hechos. El 11 de septiembre del 2013 fueron absueltos de los cargos de asesinato y de homicidio en grado de tentativa. Ricardo Arturo fue condenado a 5 años de prisión conmutable por lesiones graves en contra de Pablo Antonio Pablo. En 19 febrero del 2014 la Corte de Apelaciones pronunció la anulación de la sentencia favorable para los guardias de seguridad. Los abogados de dichas personas interpusieron un amparo que todavía no se ha resuelto. Actualmente están en libertad. Ricardo Arturo aparece mencionado como Jefe de Seguridad de Hidro Santa Cruz en un documento del Ministerio Público fechado el 28 de marzo de 2012. El otro acusado, Ortiz Solares, fue

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subcontratado por Juan Roberto Garrido, actual encargado del área social de la empresa, según consta una investigación del Ministerio Público recogida por medios de prensa. 01/05/2012: Tras el asesinato de Andrés Francisco Miguel, unas 200 personas entraron en el destacamento militar de Barillas, agredieron al oficial al mando, a un sargento y un cabo. Se sustrajeron varias armas y un vehículo patrulla. A causa de estos altercados, el presidente Otto Pérez Molina, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 11-2012, mediante el cual se declaró estado de sitio en el municipio de Santa Cruz Barillas. Fue ratificado por el Congreso el 08/05/2012 y dado por terminado el 18 /05/2012. El Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo que envió una misión a la zona el 11 de mayo, valora al respecto: “El decreto por el que se decretaba el estado de sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad”. “El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención”. Las comunidades se refieren a ellos como presos políticos. Desde 07/04/2013 hasta diciembre del 2014: Pobladores de Santa Cruz Barillas se mantienen organizados en resistencia mediante una toma pacífica del tramo de camino comunitario situado frente a Poza Verde, quedando bloqueado el paso de vehículos. Se instaló un campamento permanente. 07/04/2013: Daniel Pedro Mateo, líder comunitario de Santa Eulalia, es secuestrado en Barillas. Aparece muerto días después, casi irreconocible y con evidencia física de haber sido apalizado y torturado. (leer mas en santa eulalia) 27/08/2013: Saul Méndez y Antonio Rogelio Velásquez fueron detenidos cuando se dirigían a la audiencia del caso 92/2012, por el que estuvieron presos durante ocho meses y habían sido detenidos ilegalmente. Se abrió el caso 104-2010 y fueron puestos en prisión preventiva en el reclusorio de Huehuetenango, acusados de asesinato con agravación de femicidio por el linchamiento de un hombre y de una mujer ocurrido en 2010. El 14/11/2014 fueron sentenciados a 33 años y 4 meses. 26/02/2015: son detenidos injustamente los compañeros FRANCISCO JUAN PEDRO, SOTERO ADALBERTO VILLATORO HERNANDEZ Y ARTURO PABLO JUAN; líderes comunitarios del municipio de Barillas.

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1.2 Santa Eulalia Proyecto en cuestión Hidroeléctrica San Luis S.A, propiedad de la empresa Cinco M S.A. El proyecto, de 10.9MW, prevé utilizar los afluentes de los ríos Yaxkalamté, Lajcaal y Onoslag que alimentan el río Ixcan. El proyecto se ubica en los terrenos de la Finca San Luis, propiedad de Ivan Federico Ovalle Altuve, que también es representante de la empresa Cinco M S.A. y de la empresa Maderas de San Luis. Hechos relevantes 29/08/2006: Consulta Comunitaria de buena fe, realizada en todas las comunidades del municipio de Santa Eulalia, durante cual la población rechazó toda actividad de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y de cualquier otro recurso natural existente en este municipio . 15/4/2013: La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) notificó oficialmente a la empresa CINCO M S.A. de la resolución CNEE-68-2013 emitida el 2 de abril del 2013. Esta notificación llegó luego de que la empresa CINCO M S. A. presentara una solicitud de aprobación de los estudios eléctricos de flujo de carga y cortocircuito para el proyecto “HIDROELECTRICA SAN LUIS” de fecha 21 de febrero 2013. Esta aprobación es para el proyecto de “una unidad de generación con potencia de 11.50 MW, con tensión de generación de 4.16KV. Esta línea busca interconectarse con la subestaciones de San Juan Ixcoy y Barillas, para la CNEE este proyecto debe de funcionar en diciembre del 2014. 22/7/2013: Representantes y autoridades comunitarias maya Q´anjob´al entregaron un memorial al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el que piden que se investiguen las ilegalidades de la empresa y que se respete el resultado de la consulta comunitaria. Cabe destacar que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la hidroeléctrica fue muy criticado, destacando los siguientes puntos: Existió alteración de información al mostrar que los tres ríos y tres riachuelos que serán afectados por el proyecto tienen su nacimiento dentro de la finca San Luis, cuando los ríos nacen en otros puntos del territorio y no dentro de esta finca. El MARN Presentó supuestas consultas a las comunidades de la región en donde la hidroeléctrica va a operar. "Consultó” a 15 personas, mostrándolo como una muestra del 100% de habitantes de comunidades como el Caserío Puente Alto, San José, San Agustín, que forman parte de Barillas y no de Santa Eulalia. 07/04/2013: Asesinato de Daniel Pedro Mateo, líder comunitario del municipio de Santa Eulalia. Daniel Pedro Mateo es secuestrado el 7 de abril de 2013 cuando se desplazaba de Santa Eulalia a Santa Cruz Barillas. Durante varios días se negoció la libertad de Daniel con los secuestradores. Los municipios del norte de Huehuetenango se organizaron para buscarlo en todo el territorio tras las alcaldías indígenas de las diversas comunidades. Su cuerpo fue encontrado el 16 de abril, casi irreconocible y con numerosas marcas de tortura. Alrededor de 10 000 personas asistieron a su entierro y una caravana llevó su cuerpo por los varios municipios del norte de Huehuetenango.

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09/12/2013: La maquinaria de la empresa 5 M es quemada. Al principio de diciembre, los miembros del Movimiento de Santa Eulalia manifestaron, através de un documento escrito, su intención de bloquear el paso a la maquinaria con la construcción de un muro. En este documento se expuso que se daba un plazo de 8 días para que la empresa pudiera retirar sus maquinas. El día de la quema de maquinaria, los líderes del Movimiento Social afirman que estaban caminando rumbo a las instalaciones de la empresa para ir a colocar el muro, cuando vieron humo desde el camino.

Posteriormente se les acusó de los hechos en la prensa y se apuntó directamente al líder comunitaria Rigoberto Juárez de ser responsable de lo ocurrido, lo que el mismo desmiente rotundamente. El empresario Ivan Ovalle parece haber sido la base de esas acusaciones, señalando directamente a Rigoberto Juárez en los medios de comunicación nacionales . 20/08/2014: El gobernador de Huehuetenango, Kenneth Mérida, denuncia el hecho de que un grupo de personas ingresa la Finca San Luis y quemó maquinaria por segunda vez. 27/08/2014: Los medios de comunicaciones nacionales señalaron que trabajadores de la empresa 5 M y pobladores de Santa Eulalia fueron agredidos por pobladores del municipio de Santa Cruz Barillas, y que además los detuvieron, les dispararon y secuestraron a la hija de un trabajador. Acusaron directamente al Gobierno Plurinacional por los hechos y también los inculparon de las 2 quemas de maquinarias anteriores (09/12/2014 y 20/08/2014). Designan a Rigoberto Juárez como el principal responsable. Esta versión fue desmentida tanto por el Gobierno plurinacional como por Rigoberto Juárez. 20/01/2015: 175 patrullas hicieron allanamientos en la Aldea Pojom de San Mateo Ixtatan , por conflicto entre vecinos opositores y trabajadores de la Hidroeléctrica ” Proyecto de Desarrollo Hídrico, PDH S.A” . Allí capturaron a Jesus y Casimiro Mateo, hermanos, uno de ellos líder comunitario y miembro de la oposición a la Hidroeléctrica, quien fue sindicado del delito de asesinato y fue trasladado al centro de detención en el municipio de Huehuetenango. Las autoridades comunitarias de la aldeas Pojom del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, denunciaron los abusos policiales y militares cometidos durante el operativo, y la Radio Comunitaria Snuq Kolom Konob de Santa Eulalia hizo eco de esas denuncias. En horas de la noche del día 19 de enero, el Juzgado de Sta. Eulalia Huehuetenango celebró una audiencia en las instalaciones del CAJ, Centro de Administración de Justicia de esa localidad, en donde se hicieron presentes las autoridades comunitarias y también estuvo presente el Alcalde Municipal de Santa Eulalia. La audiencia concluyo a las 3 de la mañana del día 20. En dicha audiencia, el juez ordenó la libertad de los hermanos Mateo, bajo fianza. A las 4 de la mañana, cuando las autoridades de Sta. Eulalia salieron de la audiencia, el Alcalde Municipal, Diego Marcos disparó contra las autoridades y vecinos que asistieron a la audiencia e hirió a 2 personas. Uno de ellos menor de edad, de 17 años fue herido en el cuello y fue trasladado al hospital de Huehuetenango. El otro herido tiene 2 balazos en la pierna y fue atendido en el centro de salud de Santa Eulalia. Hechos denunciados nuevamente por la Radio Comunitaria. El Alcalde de Sta. Eulalia posteriormente se traslada a las instalaciones de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob F M y junto a otras 50 personas, agredieron a los comunicadores por denunciar los abusos cometidos en el operativo policial y el ataque armado que realizó el alcalde. Los comunicadores debieron abandonar la radio y huir de su comunidad debido a las amenazas.

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20/03/2015: La mañana del 19 de Marzo, las autoridades ancestrales de Huehuetenango, con base en el Derecho Maya, realizaron la reapertura de de la Radio Comunitaria Snuq Jolom Konob F M. Al

acto público de reapertura de la radio comunitaria la mañana del 19 de marzo fueron invitados el alcalde y el Concejo Municipal, quienes durante su intervención empezaron a provocar a los pobladores y a insultar a los trabajadores de la emisora comunitaria. El alcalde Marcos dijo que permitiría que la radio continúe trabajando, si a cambio se despedía a todos los trabajadores. Lo grave del caso es que algunos de los miembros del Concejo portaban armas de fuego. Posteriormente, el funcionario junto a sus concejales y trabajadores arremetieron en contra de los vecinos y los reporteros presentes, entre lo que se encontraban representantes de medios extranjeros. Durante el hecho, Ana Lucía Ixchíu Hernández, de Prensa Comunitaria, y Jeff Aboot, de la Oficina de Prensa para América Latina (OPAL), con sede en Chile, resultaron con golpes. 24/03/2015: Rigoberto Juarez y Domingo Baltarzar ingresan en prision preventiva, donde permanecieron 5 dias.

1.3 San Mateo Ixtatán Proyectos en cuestión La empresa española Hidralia Energía está involucrada en los proyectos hidroelectricos Pojom I con 10 MW de potencia y Pojom II con 23 MW de potencia, localizados en el rio Pojom y el río Negro. Además existe otro proyecto en las cercanías de la aldea Bella Linda. Ambos proyectos se sitúan en la región norte del Municipio de San Mateo Ixtatán y están a cargo de las empresas guatemaltecas Generadora San Mateo S.A. y Promoción y Desarollos Hídricos (PDH.S.A.). Esta última es propiedad del ingeniero Otto Manfredo Armas Oliveros quién también es su representante legal. Su director es Carlos Mendoza. Dichas empresas adjudicaron a Hidralia Energía la elaboración de estudios de factibilidad y diseño de los proyectos mencionados hidroeléctricos. Hechos relevantes Año 2005: Autoridades y movimientos organizados en defensa del territorio reclama que la zona norte de Huehuetenango, en el marco de la implementación del Plan Puebla Panamá que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, empieza a ser escenario de presiones permanentes por parte del gobierno y empresas nacionales y transnacionales para la construcción de proyectos hidroeléctricos, proyectos de minería y extracción de petróleo, de transgénicos, monocultivos y megacarreteras. 21/05/2009: En una consulta de buena fe, 20.780 habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el municipio de San Mateo Ixtatán rechazaron los trabajos de exploración y explotación minera a cielo abierto en sus territorios. El por entonces alcalde, Alonzo Pascual, exigió hacer respetar la decisión del pueblo.

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26/07/2011: Autoridades y movimientos organizados en defensa del territorio denuncian que autoridades de San Mateo Ixtatán, la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. y sus asesores han emprendido una campaña de descalificación e intimidación a los lideres y lideresas

comunitarios, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan este proceso. Se les califica de grupos desestabilizadores, “guerrilleros”, que obstaculizan el “desarrollo” y públicamente se ha proclamado que se instalarán los proyectos a la fuerza si es necesario, pese a la oposición de la gran mayoría de las comunidades. Los defensores del territorio piden que cesen las manipulaciones, intimidaciones y todo tipo de coacción para imponer los proyectos hidroeléctricos. 10/12/2013: Los presidente de los COCODES y secretarios de cada micro-región de San Mateo Ixtatán; la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, representantes de la municipalidad de San Mateo Ixtatán y representantes de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. se reúnen en Huehuetenango y queda plasmada en acta (07-2013) la inconformidad de los comunitarios con los proyectos hidroeléctricos en su territorio por el hecho de no haber sido tomados en cuenta de manera democrática, si no unos cuantos de forma manipulada; piden la suspensión de los trabajos de la empresa hidroeléctrica mientras se realice un diálogo. La empresa acepta suspender el trabajo, aunque pide 3 días de margen para detenerlo y se acuerda que en una reunión en enero de 2014 se decidirá si se continúa el trabajo en función de los acuerdos alcanzados. La empresa PDHSA no respetó este acuerdo y reanudó sus trabajos sin dialogar con las partes. 31/03/2014: El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) constata la falta de acuerdo entre quienes exigen que se detengan los trabajo de la empresa PDH S.A. y quienes quieren que continúen. 05/05/2014: Tras una manifestación contra el proyecto hidroeléctrico, un grupo de personas quema maquinarias y agrede a tres trabajadores. Rodrigo Rodas, de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., responsabiliza directamente a los líderes del Gobierno Plurinacional Rigoberto Juárez y Saturnino Figueroa de ser al origen de los hechos, lo que niegan rotundamente. Se retoman esas acusaciones en los medios de comunicaciones nacionales (Emisoras Unidas y Prensa Libre, el 05/05/2014). 06/05/2014: Alrededor de 60 soldados y policías llegan a la micro-región de Ixquisis. 07/05/2014: Se instala un destacamento militar en Ixquisis con 150 soldados y un contingente de la Fuerza Especial de la Policía (FEP). Este había sido reclamado por personas favorables al proyecto hidroeléctrico. Desde ese día hubo numerosos incidentes entre pobladores de Ixquisis y las fuerzas armadas. Pobladores dicen revivir el trauma del conflicto armado de los años 80 y pidieron en repetidas ocasiones que se retiraran del lugar. Se menciona el hecho de que familias duermen fuera de sus casas en la noche y eso por el temor de ser agarrados durante sus sueños por miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a niños y ancianos. 14/05/2014: El presidente Otto Pérez Molina anuncia que el destacamento militar de Ixquisis se mantendrá de forma permanente. 23/06/2014: Un grupo de alrededor de 30 personas opuestas al proyecto hidroeléctrico de PDH S.A. se dirigió al destacamento militar de Ixquisis para entregar a los soldados un acta de la comunidad donde se pedía el retiro del destacamento.

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Además unas 400 personas, opuestas a la permanencia de la empresa PDH.SA. en San Mateo Ixtatán aseguran que esa mañana se encontraban realizando una ceremonia maya en el marco del Paro Nacional Maya que había sido convocado por el el Consejo de los Pueblos Mayas (CPO). La

ceremonia se hizo al borde del río Negro, donde han sido puestas turbinas para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de PDH.SA. Según sus testimonios llegó la policía durante la ceremonia a estorbar lo que causó disturbios y como consequencia que la policia lanzara bombas lacrimógenas hacia los integrantes de la ceremonia. Según la policía, habían sido agredidos por manifestantes que llevaban palos, piedras y machetes y que además habían intentado quemar casas y vehículos. Paralelamente, un grupo de personas originarias de Yalawitz, la microrregión situada al lado de Ixquisis, llegó para manifestar su respaldo al destacamento. Desde julio a finales de noviembre de 2014 se produjeron numerosos incidentes en la micro-rregión de Ixquisis. En Pojom, por ejemplo, pobladores mencionan la existencia de un grupo de paramilitares que disparan regularmente en las noches y amenazan a líderes que se oponen a la presencia de la empresa hidroeléctrica y de las fuerzas armadas. En toda la microrregión se hace referencia a una supuesta lista conteniendo los nombres de la gente que será arrestada por oponerse a la empresa. 20/01/2015: 175 patrullas hicieron allanamientos en la Aldea Pojom de San Mateo Ixtatan , por conflicto entre vecinos opositores y trabajadores de la Hidroeléctrica ” Proyecto de Desarrollo Hídrico, PDH S.A” . Expuesto con detalle en hechos relevantes de Santa Eulalia.

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HISTÓRICO HUEHUETENANGO

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CAMPAÑA REALIZADA EN MADRID La campaña Acto público de presentación de la campaña Información de la misma a colectivos sociales y a la prensa. Representantes de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid acudieron al Congreso de Diputados de España y como resultado de esta visita se realizó por parte de la parlamentaria Roxana Pérez Fernández una pregunta al Gobierno español para su respuesta por escrito. En el Parlamento gallego María do Carme Adán Villamarín, diputada del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG) presento preguntas parlamentarias para la respuesta oral del gobierno gallego en el Pleno, en la Comisión y respuesta escrita del Gobierno Gallego. A pesar de haber mantenido contacto continuado con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del gobierno español, no hemos conseguido tener una entrevista directa. Les hemos informado de la situación y el actuar ilegal e ilícito de la empresa española, responsable directa de múltiples y constantes violaciones de derechos humanos y el injusto encarcelamiento de líderes comunitarios. Aunque nos consta que han mantenido reuniones con la parte política para hablar del tema, nos ha sido imposible reunirnos con ellos: sin dar una negativa explícita nos han cambiado la cita constantemente y hecho entender el poco interés que tienen en exigir la liberación de los presos encarcelados de manera ilegal y el respeto a los derechos humanos, tal y como les habíamos pedido que hicieran. Hemos exigido en Embajada de Guatemala en España la libertad de presos políticos, evidenciando en la entrevista mantenida con el encargado de negocios de la Embajada que la acusación, con un juicio lleno de irregularidades, no es más que un montaje orquestado por Hidralia en complicidad con el gobierno guatemalteco. Se ha publicado un artículo en el periódico Diagonal. Se han recogido 812 firmas que se van a entregar en la Embajada de Guatemala en España y a hacer llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del gobierno español.

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Presentación de la Campaña El día 23 de Abril se ha presentado en una céntrica librería de Madrid la campaña por la libertad de los presos políticos de Huehuetenango, Guatemala. En la presentación se explicó el caso de los compañeros Saúl Méndez y Rogelio Velazquez condenados a 33 años de cárcel por su defensa de la tierra y el territorio, frente a los proyectos expoliadores de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S.A., filial de la gallega-española Hidralia Energía S.A. Con una detallada exposición de la forma de proceder de esta empresa caracterizada por sus métodos corruptos y la utilización de la violencia para minar la resistencia a sus proyectos se expuso la trayectoria de su actuación en Huehuetenango y de la conducta de las autoridades guatemaltecas al servicio de los intereses de la empresa mediante la represión y montajes y maniobras contrarias a la Ley. La población de la zona se resiste activamente a los planes de la empresa que ha fabricado múltiples acusaciones falsas en contra de los líderes comunitarios que se oponen a su proyecto. Tanto Saúl y Rogelio, quienes han sido condenados a más de 30 años de prisión, como los defensores Francisco Juan, Arturo Pablo y Adalberto Villatorio actualmente en prisión preventiva, son víctimas de de estos montajes y de un sistema legal corrupto.

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Carta a la embajada de Guatemala en España del 24,4,2015 Madrid, 24 de Abril del 2015 Embajada de Guatemala en España La empresa de origen español Hidralia, propiedad de los hermanos Castro Valdivia y especializada en la explotación de los recursos hídricos, lleva desde 2008 operando en el departamento Huehuetenango de manera ilícita e ilegal. Las filiales de esta empresa española son Generadora San Mateo S.A., Promoción y Desarrollo Hídricos e Hidroeléctrica San Luís y la Empresa cinco M. S. A. instaladas respectivamente en los municipios de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia. Pese a la fuerte oposición de la gran mayoría de los comunitarios de los tres municipios, expresada a través de masivas consultas avaladas por el Convenio 169 de la OIT y amparada por la actual legislación guatemalteca, la citada empresa sigue intentando implementar sus hidroeléctricas utilizando todos los medios a su alcance: ocultación de información, difamación, compra de líderes comunitarios, amenazas a defensores de derechos humanos guatemaltecos e internacionales, secuestros y asesinatos. Es evidente que la empresa cuenta con el apoyo y beneplácito del Gobierno de Guatemala, que no duda en emplear el ejército y la policía, así como el sistema legal, para favorecer a la empresa en contra de los intereses de la población. La criminalización de los defensores de los recursos naturales empleando de manera ilegal el sistema judicial guatemalteco es una de sus armas más frecuentes: los procedimientos judiciales son usados por la empresa para encarcelarlos por delitos inventados mientras que los autores materiales e intelectuales de los secuestros y asesinatos de las personas que se oponen al proyecto siguen en libertad. En este contexto, el reciente encarcelamiento de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, vecinos del municipio de Santa Cruz Barillas, quienes ya estuvieron en prisión 8 meses de manera injusta e ilegal, es un abuso más de la empresa en connivencia con el Gobierno Guatemalteco. El juicio fue una farsa sin ningún tipo de base jurídica, con un gran número de defectos de forma y de fondo y por tanto exigimos la absolución total para los acusados en la próxima audiencia de apelación fijada para el próximo miércoles 29 de abril de 2015. Así mismo exigimos la liberación de los tres líderes comunitarios de Barillas, Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio que ingresaron en prisión preventiva el 26 de febrero de 2015 sin base legal y que a día de hoy siguen en prisión. Les solicitamos hagan llegar esta carta a su gobierno, para que actúen salvaguardando el derecho a un juicio justo y con garantías, y el fin del ilegítimo proceder de Hidralia y el indispensable respeto a los Derechos Humanos. Atentamente PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS Y GUATEMALA DE MADRID

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Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno español de 24.4.2015 Madrid, 24 de Abril del 2015 A/A Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación España La empresa de origen gallego Hidralia, especializada en la explotación de los recursos hídricos, lleva desde 2008 operando en el departamento Huehuetenango, situado en el norte de Guatemala, de manera ilícita e ilegal. Su propietario, Luis Castro Valdivia, ya fue acusado por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Una sentencia del TSXG del 23 de Junio de 2010 confirma la corrupción y malas prácticas de sus proyectos en Galicia. El empresario sigue utilizando el mismo modus operandi en Guatemala, donde pese a la fuerte oposición de la gran mayoría de los comunitarios de los tres municipios, expresada a través de masivas consultas avaladas por el Convenio 169 de la OIT y amparada por la actual legislación guatemalteca, la citada empresa sigue intentando implementar sus hidroeléctricas usando todos los medios a su alcance: ocultación de información, difamación, compra de líderes comunitarios, amenazas a defensores de derechos humanos guatemaltecos e internacionales, secuestros y asesinatos. Es evidente que la empresa cuenta con el apoyo y beneplácito de la Embajada de España y del Gobierno de Guatemala, que no duda en emplear al ejército y la policía, así como el sistema legal, para favorecer a Hidro-Santa Cruz (filial de Hidralia) en contra de los intereses de la población. Nos consta que la Embajada está informada del proceder de la empresa y las acusaciones que pesan sobre esta sin haber tomado ningún tipo de medida al respecto, muy al contrario sigue apoyando a Hidralia. Anteriormente nos hemos dirigido a ese Ministerio poniendo en su conocimiento los hechos con objeto de que investigasen sobre los hechos, retiraran el apoyo a la empresa en su actuación en ese país e intervinieran ante el Gobierno Guatemalteco para que asegurase el respeto a los Derechos Humanos. La criminalización de los defensores de los recursos naturales sirviéndose del sistema legal guatemalteco es una de sus armas más utilizadas: el sistema judicial es utilizado por la empresa para encarcelarlos por delitos inventados mientras que los autores materiales e intelectuales de los secuestros y asesinatos de las personas que se oponen al proyecto siguen en libertad. En este contexto, el reciente encarcelamiento de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, vecinos del municipio de Santa Cruz Barillas, quienes ya estuvieron presos 8 meses de manera injusta e ilegal, es un abuso más de la empresa en connivencia con el Gobierno Guatemalteco. El juicio fue una farsa sin ningún tipo de base jurídica, con un gran número de defectos de forma y de fondo y por tanto exigimos la absolución total para los acusados en la próxima audiencia de apelación fijada para el próximo miércoles 29 de abril de 2015. Así mismo exigimos la liberación de los tres líderes comunitarios de Barillas, Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio que ingresaron en prisión preventiva el 26 de febrero de 2015 sin base legal y que a día de hoy siguen en prisión. Solicitamos del Ministerio de Asuntos Exteriores hagan llegar al Gobierno de Guatemala la preocupación por el desarrollo judicial del caso de Raul Méndez y Rogelio Velasquez abogando por un proceso judicial con garantías así como el en los casos de los otros defensores presos. Asimismo reiteramos la necesidad de que investiguen el proceder de Hidralia en Guatemala retirando el apoyo a esta empresa e insten al Gobierno Guatemalteco a respetar los Derechos Humanos. Atentamente, PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS Y GUATEMALA DE MADRID

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Congreso de Diputados Dentro de la Campaña por la libertad de los presos políticos de Guatemala, se mantuvo una reunión el día 22 de abril con la diputada Rosana Pérez Fernández del Grupo Parlamentario Mixto, donde se expuso el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez condenados a más de 33 años de prisión por su resistencia a la implantación de la empresa gallega-española Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia Energía S.A. en el departamento de Huehuetenango, mediante procedimientos ilegales e ilegítimos cimentados en la corrupción, violencia, represión y extorsión. En dicha reunión, se recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, ya acusó con anterioridad a la empresa - cuando ésta operaba únicamente en territorio nacional - por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, y aunque la acusación fue desestimada, el TSXG, en 2011, confirmó la corrupción y las malas prácticas de los proyectos. El próximo 29 de abril se celebra una nueva vista pública para resolver las apelaciones interpuestas por la defensa de Saúl y Rogelio, por lo que se acordó la presentación urgente de una pregunta al Congreso para que el Gobierno del Estado Español asuma su innegable responsabilidad en este claro caso de vulneración de los derechos fundamentales y violación de derechos humanos por parte de una empresa española. El escrito presentado a la mesa del Congreso explica el proceder de Hidralia y realiza 8 preguntas parlamentarias sobre si el gobierno es conocedor del comportamiento de Hidralia y la violencia, muertes, detenciones y violaciones de los derechos humanos que ha producido y si va a realizar gestiones e intermediación para la liberación de Saúl Méndez y Rogelio Velasquez y que medidas va a tomar al respecto. En anexo 2: Pregunta en el Congreso

Miembros de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid con la diputada Rosana Pérez Fernández

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Parlamento Gallego La diputada del BNG, Rosana Pérez Fernández, presenta al Parlamento gallego iniciativas en la que se explican el proceder de Hidralia y preguntan si el gobierno es conocedor del comportamiento de la empresa – violencia, muertes, detenciones, violaciones de los derechos humanos – y si van a realizar gestiones e intermediación para la puesta en libertad de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, como también, qué medidas va a tomar al respecto. En anexos 3, 4 y 5: - Pregunta para respuesta oral en el Pleno del Parlamento Gallego - Pregunta para respuesta oral en la Comisión del Parlamento Gallego - Preguntas para su respuesta escrita en el Parlamento Gallego

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Entrevista con la embajada de Guatemala Exigencia en la Embajada de Guatemala en Madrid por la libertad de los presos políticos. El 4 de mayo, miembros de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala mantuvieron una reunión con el encargado de negocios en la embajada de Guatemala en Madrid (la embajadora se encuentra de viaje), con motivo de la Campaña por la libertad de los presos políticos de Guatemala. En el encuentro se expuso la delicada e injusta situación que atraviesan Saúl Méndez y Rogelio Velásquez condenados a más de treinta y tres años de prisión por su resistencia a los proyectos expoliadores de la empresa gallego-española Hidro Santa Cruz, filial de Hidralia Energía S.A., en el departamento de Huehuetenango, manifestando que este inaceptable caso no es un hecho puntual, sino que es el proceder habitual contra los que se oponen a proyectos transnacionales. Sendas comunicaciones sobre el mismo caso se habían entregado los días 24 y 28 de abril a esa embajada para hacerlas llegar al gobierno Guatemalteco. Comunicaciones que también se han hecho llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español. En la reunión y con pruebas objetivas, se evidenció que la acusación, con un juicio lleno de irregularidades, no es más que un montaje orquestado por dicha empresa en complicidad con el gobierno guatemalteco que antepone los intereses financieros extranjeros a los intereses de sus propios ciudadanos, vulnerando de esta manera los derechos humanos que deben prevaler por encima de cualquier beneficio económico. Se denunció el proceder de Hidralia e Hidro Santa Cruz en la zona y exigió la libertad de otros presos de la región, en concreto de Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. El próximo 15 de mayo se resolverá el recurso de apelación que presentó la defensa de Saúl y Rogelio, por lo que se reclamó la actuación del gobierno guatemalteco en este inadmisible caso para que haya justicia. Así mismo se les entregaron copias de las iniciativas que diputadas del BNG han presentado al Parlamento español y al Parlamento gallego, en la que se explican el proceder de Hidralia y preguntan si el gobierno es conocedor del comportamiento de la empresa – violencia, muertes, detenciones, violaciones de los derechos humanos – y si van a realizar gestiones e intermediación para la puesta en libertad de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, como también, qué medidas va a tomar al respecto.

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Publicación de un artículo en el Periodico Diagonal. Resistencia indígena a una hidroeléctrica española en Guatemala Durante todo el mes de mayo, la Plataforma de Apoyo a Chiapas y Guatemala de Madrid ha iniciado una campaña para denunciar el acoso a bases y líderes indígenas por parte de la compañía gallega Hidralia. El miércoles 29 de abril, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, comparecieron ante la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones en Huehuetenango, Guatemala. Sus abogados intentaban probar los numerosos errores, tanto de forma como de fondo, de un proceso que trata de desmovilizar la resistencia indígena a los megaproyectos de la compañía española Hidralia y sus filiales. La hidroeléctrica es parte del entramado del empresario gallego Luis Castro Valdivia La hidroeléctrica es parte del entramado del empresario gallego Luis Castro Valdivia, que inició su expansión hacia Latinoamérica hace casi una década, acuciado por las constantes denuncias de corrupción y delitos medioambientales. “De 48 empresas que figuran en el Registro Mercantil a nombre de Luis Castro Valdivia, 36 disponen de apenas tres domicilios sociales. El valor total de las empresas es de 61 millones de euros, y sin embargo solamente consta un trabajador como único asalariado afiliado a la seguridad social”, informa la Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos (Cogader). En la expansión de la compañía Gallega hacia Latinoamérica, la elección del Guatemala, no ha sido casual. Guatemala ha dado pruebas de tener una de las legislaciones más permisivas con las multinacionales que se instalan en el país y un largo historial de represión de los movimientos indígenas de resistencia frente a los megaproyectos. El caso de Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez Entre los casos más graves de represión se encuentran los de Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez. Ambos fueron detenidos junto con otros siete compañeros en Barillas el 2 de mayo de 2012. En esta primera detención fueron acusados de los desórdenes que se produjeron por el asesinato de un campesino a manos de trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, filial de la gallega Hidralia. Todas las detenciones las realizaron civiles armados y sin orden judicial. Saúl y Rogelio permanecieron en prisión preventiva más de ocho meses, tras los cuales fueron puestos en libertad. Siete meses más tarde, el mismo día que Saúl y Rogelio asistían a la Audiencia, en teoría a un mero trámite, la firma de papeles relacionados con su puesta en libertad, eran de nuevo detenidos por agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) en las puertas de tribunales. Esta vez, se les acusaba del linchamiento y ahorcamiento a un matrimonio relacionado de diversos robos, en el que habían participado más de 500 personas. A pesar que los hechos ocurrieron en 2010, la hija de los fallecidos no puso la denuncia hasta mediados del 2013 coincidiendo con la puesta en libertad de Saúl y Rogelio. Los testigos de la acusación eran cuatro niños que se encontraban en la casa el día de los hechos de edades comprendidas entre los 3 y 9 años. Los testigos de la acusación eran cuatro niños que se encontraban en la casa el día de los hechos

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El caso, pese a todo, continuó su curso plagado de irregularidades. Los hechos habían prescrito, el Juez de Paz de Barillas asegura que en esa fecha los detenidos no estaban en el lugar de los hechos, los hermanos de la mujer asesinada movieron el cuerpo de la escena del crimen cuando aún estaba viva, lo cual impide saber la causa de la muerte y la enterraron sin permisos. Ya durante el juicio, la soga con la que ahorcaron a las dos personas cambio de color y de tamaño al menos en una ocasión, y los testimonios de los policías y testigos de la acusación se contradicen a propósito de la participación de Saúl y Rogelio en el linchamiento. Acusados de feminicidio El hecho de que eligieran este caso para encerrar de nuevo a Saúl y a Rogelio no es casual ya que en Guatemala, después del genocidio perpretado contra los pueblos indígenas de los años 80, existe una legislación muy dura en el tema del feminicidio. La ley impide que los acusados por estos delitos tengan opción a solicitar libertad provisional mientras se instruye la causa. Es por ello, que el desenterrar un caso ya prescrito, en el cual había una mujer asesinada, permitía a las autoridades guatemaltecas mantener a los activistas en prisión. Tanto Saúl como Rogelio permanecen en prisión incomunicados desde agosto del 2013. El próximo 15 de mayo es la fecha fijada para que se resuelvan las apelaciones presentadas el 29 de abril. Hay muchas posibilidades de que Saúl y Rogelio salgan en libertad, pero como explica Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, “desde el año 2012 se contabilizan cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos. Poco importa la endeblez de las acusaciones y que los dirigentes sean liberados meses después: el daño ya está hecho, tanto a las personas como a la cohesión, organización y resistencia comunitarias” Desde el año 2012 se contabilizan cientos de procesos de denuncia judicial y detenciones ilegales: unos 200 defensores de derechos humanos Además de Saúl y Rogelio, sobre los que pesa una condena de 33 años, se encuentran, en prisión preventiva, Francisco Juan, Arturo Pablo, Adalberto Villatorio, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, por pertenecer a movimientos de resistencia a los megaproyectos de la empresa española Hidralia en Barillas. En todos estos casos es fundamental el apoyo internacional que reciban, por lo que la Plataforma de apoyo a Chiapas y Guatemala está recogiendo firmas de apoyo en su página www.madridconchiapasyguatemala.org, donde informan de las acciones que se están organizando durante el mes de mayo para denunciar el caso. https://www.diagonalperiodico.net/global/26644-resistencia-indigena-hidroelectrica-espanola.html

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ANEXOS

Anexo 1: Información publicada por la Coordinación de Acompañiamiento Internacional en Guatemala (Acoguate) Anexo 2: Pregunta en el Congreso Anexo 3: Pregunta para respuesta oral en el Pleno del Parlamento Gallego Anexo 4: Pregunta para respuesta oral en la Comisión del Parlamento Gallego Anexo 5: Preguntas para su respuesta escrita en el Parlamento Gallego

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Anexo I: Información publicada por la Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala (ACOGUATE):

Los defensores de los bienes naturales de Santa Cruz Barillas Saúl Méndez y Antonio Rogelio Velásquez, en prisión preventiva desde el 27 de agosto de 2013, han sido recientemente condenados a 33 años y cuatro meses de prisión. Fueron sentenciados como cómplices del asesinato de un hombre y una mujer ocurrido en agosto de 2010, hechos en los que ambos líderes niegan haber participado. Los abogados que los defienden han presentado Recursos de Apelación Especial contra la sentencia, considerando que existen vicios de fondo y de forma en el proceso. Estos recursos se tratarán en una vista pública que se celebrará en Huehueteango el 29 de abril de 2015. Los dos acusados afirman ser víctimas de una persecución política de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S.A., filial de la española Hidralia Energía S.A, a raíz de su compromiso con el movimiento de defensa del territorio Sociedad Civil de Barillas. Fueron encarcelados una primera vez junto a otras siete personas entre mayo de 2012 y enero de 2013 en el marco del conflicto social generado en torno a los proyectos hidroeléctricos Cambalam I y Cambalam II de Hidro Santa Cruz S.A. Naciones Unidas calificó entonces estas nueve detenciones como “arbitrarias” (El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró en su Opinión 46/20122 que estas detenciones fueron arbitrarias, y, finalmente, esas nueve personas fueron puestas en libertad por falta de pruebas). ACOGUATE acompaña a la Sociedad Civil de Barillas desde enero de 2013 y ha observado las audiencias del proceso contra Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, acompañando al mismo tiempo al abogado que coordina la defensa de los dos acusados, Carlos Bezares, del Centro de Defensa Legal en colaboración con CEIBA. Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, líderes de la defensa del territorio en Santa Cruz Barillas, fueron condenados el 14 de noviembre a 33 años y 4 meses de cárcel cada uno por el Tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del Departamento de Huehuetenango, como cómplices en grado de consumación del delito de asesinato. Este proceso mantiene en prisión preventiva a ambos líderes comunitarios desde el 27 de agosto de 2013. La parte querellante los acusa de asesinato y femicidio atribuyéndoles la autoría del linchamiento de un hombre y una mujer ocurrido en Barillas el 19 de agosto de 2010. Saúl Méndez y Rogelio Velásquez niegan cualquier participación en estos hechos y afirman que se trata de una persecución política por parte de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz S.A., filial de la empresa española Hidralia Energía S.A. e impulsora de los proyectos Cambalam I y Cambalam II en Santa Cruz Barillas. Los dos líderes rechazan la imposición de estos proyectos formando parte del movimiento Sociedad Civil de Barillas de defensa del territorio y los recursos naturales, y fueron encarcelados una primera vez de forma preventiva junto con otras siete personas entre el 2 de mayo de 2012 y el 9 de enero de 2013. En esa primera ocasión se les acusó de haber participado en los disturbios ocurridos en el municipio tras el asesinato del comunitario

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Andrés Francisco Miguel el 1 de mayo del mismo año, baleado supuestamente por dos empleados de la seguridad de de la empresa. Los acusados mencionan presiones

Saúl Méndez declaró en su alegato final en la audiencia del 14 de noviembre: “la empresa Hidro Santa Cruz es la que ha estado detrás de todo esto”. En la misma línea, Rogelio Velásquez criticó que se encuentra preso “por defender los recursos naturales”. Saúl Méndez también se refirió a uno de los testigos de la parte querellante, Wagner Roberto Mérida Reyes: “fue uno de los que vinieron a señalarnos en 2012”. La Opinión ya mencionada de la ONU señala que el 2 de mayo de 2012 Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, junto a una tercera persona, fueron detenidos por miembros no identificados de la familia Reyes, quienes los condujeron a las instalaciones del destacamento militar. Por otra parte, las esposas de los dos presos, Carmelina Sosa Mérida y Zenaida Agustina Mérida, aseguran que, durante el primer encarcelamiento de sus maridos en 2012, personas vinculadas a la empresa se les dirigieron con la amenaza de que ambos líderes serían acusados del delito por el cual hoy son juzgados si no dejaban de oponerse a Hidro Santa Cruz S.A. La defensa señala vicios mediante Apelación Especial

Los abogados de la defensa presentaron a principios de diciembre de 2014 Recursos de Apelación Especial a la sentencia condenatoria, señalando diez vicios de forma (procedimientos defectuosos durante el juicio) y cinco de fondo (fundamentación jurídica incongruente) en los que a su criterio se ha incurrido durante el proceso. Entre los de forma, los abogados defensores señalan que “la parte acusadora diligenció medios de prueba fuera del plazo de la investigación y que el Tribunal valoró por coherentes testimonios contradictorios entre sí y que tampoco concuerdan con el relato de los hechos de la plataforma fáctica presentada por el MP”. En cuanto a los de fondo, se menciona el hecho de que el Tribunal afirma que existió una investigación deficiente por parte del MP que no logra probar la autoría de los ahora sentenciados en los delitos. Sin embargo, el Tribunal indica que sí colaboraron pero sin establecer de modo claro y preciso en qué consistió esa colaboración que califica como complicidad en un delito. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Huehuetenango admitió formalmente estos recursos de Apelación Especial el 18 de diciembre de 2014, con lo que la sentencia será revisada. Finalmente, la Sala Séptima de Apelaciones de Huehuetenango celebrará una vista pública para tratar la apelación especial el 29 de abril de 2015. La aceptación de la apelación por motivos de forma supondría repetir el juicio desde un inicio, o bien que fuese designado un nuevo tribunal para que conociera de nuevo las actuaciones (con los mismos medios de prueba, testigos, peritajes, etc.). La aceptación de los motivos de fondo implicaría que la Sala debería dictar una nueva sentencia con un nuevo razonamiento jurídico de la parte resolutiva (sin repetir las fases previas).

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Apoyo a las partes

Durante algunas audiencias del debate oral del caso, un grupo de 20 mujeres se concentró ante el juzgado, llevando playeras con el mensaje “Justicia para Guadalupe”, en alusión a Guadalupe Francisco Francisco, una de las dos personas asesinadas durante los hechos que se juzgan en el caso. Por otra parte, a lo largo de todo el debate oral, personas a título individual, miembros de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) e integrantes de la Sociedad Civil de Barillas reivindicaron a las puertas del juzgado la “inocencia” de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, exigiendo su libertad y reprochando lo que consideran una “criminalización de la defensa de los recursos naturales”. Desde que fue leída la sentencia y a la espera de que ésta sea revisada en el proceso que abre la Apelación Especial, los presos y sus familias han seguido recibiendo muestras de solidaridad. Entre estas, el pasado 6 de diciembre se celebró en el parque de la ciudad de Huehuetenango el Festival Solidario por los presos políticos en apoyo a ambos líderes encarcelados y a sus seres queridos. El evento contó con actuaciones musicales y otras expresiones artísticas para reflejar esta solidaridad. Entre los congregados, defensores de los recursos naturales movilizados por otras luchas sociales, como los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que desde La Puya se organizan en resistencia a la imposición del proyecto minero El Tambor, reclamaron la liberación de los dos líderes barillenses5. La jornada terminó con una visita a Saúl Méndez y Rogelio Velásquez en la cárcel por parte de solidarizados y familiares que les llevaron velas y música6. Desde su segunda detención, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez acumulan un año y siete meses en prisión, mientras que sus esposas y sus hijos -cinco en el caso del primero y seis en el del segundodeben subsistir sin los recursos que ambos aportaban como campesinos. Rogelio Velásquez y su esposa, Carmelia Sosa Mérida, tienen también a su cargo a dos hermanos de ella que quedaron huérfanos a temprana edad. Esta situación se agravaría si se confirma la reparación digna en favor de la querellante adhesiva en el caso, hija de la finada, que fue fijada en audiencia el 19 de noviembre en 15 mil quetzales a pagar por cada uno de los condenados. Esta reparación no es aplicable hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que se agoten los recursos de la defensa. Naciones Unidas y la OMCT conocen el caso

El Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst (Francia), realizó una visita de carácter no oficial a Guatemala a finales de enero de 2015. En el marco de esta visita, el 27 de enero Forst mantuvo una reunión con decenas de defensores de derechos humanos del país que expusieron su testimonio sobre las violaciones de derechos humanos que consideran que se están produciendo en Guatemala. Entre ellos, Carmelina Sosa Mérida, esposa de Rogelio Velásquez, y Rubén Herrera, defensor de los recursos naturales de la Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), tomaron la palabra para dar a conocer al Relator especial el caso de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez.

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El 26 de febrero de 2015 tuvo lugar en Huehuetenango la presentación del informe “Más pequeños que David: la lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos”, elaborado por el

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS) en colaboración con la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) durante su misión internacional de investigación en Guatemala en noviembre de 2013. El OBS es un proyecto integrado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Uno de los casos investigados en este informe es el de Santa Cruz Barillas, con atención específica al proceso penal contra Saúl Méndez y Rogelio Velásquez. En la presentación del informe, Miguel Martín (OMCT), se refirió a la entrada en prisión preventiva de otros tres líderes de la Sociedad Civil de Barillas ocurrida ese día, tras una audiencia del caso en el cual están procesados. Se trata de Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro y Arturo Pablo, acusados, desde el año 2013, por trabajadores de Hidro Santa Cruz S.A., de amenazas, instigación a delinquir, reunión y manifestación ilícitas, y plagio y secuestro. Miguel Martín mencionó que estos encarcelamientos son “hechos muy graves” y manifestó su “solidaridad” con los detenidos. Consideró que ser defensor de derechos humanos es “una actividad de riesgo en Guatemala” y mostró su preocupación por la “falta de garantías del debido proceso en el sistema de justicia” del país.

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