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Carné por puntos del Cuerpo Nacional de Policía BOLETÍN Nº 2, AÑO 2010 RESPUESTAS, CRÍTICAS Y RECTIFICACIONES. Hemos recibido un email del presidente del SPP en relación con lo escrito en el número anterior de este carné por puntos, respecto al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, exigiendo rectificación porque decimos que ojalá el sindicato del comisario Pamiés sepa defenderlo como se merece, y que el SUP hasta ahora no había visto esa defensa. Como prueba de nuestro error nos remite una circular del SPP de fecha 6 de octubre de 2009, titulada “De la difamación como medio para ocultar la verdad”, en la que, en nuestra opinión, sobran tópicos y faltan argumentos sólidos y contundentes. Dejamos constancia de que dicha circular existió y mantenemos todo lo escrito. Si el SPP nos hubiese remitido la circular sin comentarios añadidos aquí acababa la polémica; pero no, viene con una extensa carátula con dos comentarios que merecen respuesta; el primero dice: , y se olvida el presidente del SPP que ese frio lo pasan principalmente esos que no tienen cabida en su sindicato, pues en un cuerpo con cuatro escalas admite la afiliación a los miembros de tres de ellas rechazando a los de la escala básica. En esto se parece mucho el SPP a la Asociación de Mandos de Policía Uniformada (AMPU, que luego fue ANPU, ANP y hoy CEP), que empezó afiliando desde tenientes a comandantes, después bajó a brigadas, sargentos y cabos, para finalmente, y por utilizar a los barrecuarteles, paseaperros y limpialetrinas pelotas de los mandos en beneficio de éstos, acabar afiliando a policías. Por eso es comprensible la alianza de SPP y CEP. Esas “amistades sólidas” a las que se refiere el presidente del SPP se ve que no llegan a los que más trabajan y pasan más frio en los montes y pueblos del País Vasco. Y en el segundo párrafo se refiere a comisarios con problemas a los que el SUP dice defender, pero a los que nunca ha llamado el secretario general del SUP ni ha puesto abogados. Con la valentía que le caracteriza, no da nombres. El SUP tiene una federación de comisarios, que es la que llama o deja de llamar, y a la que llaman los comisarios. El jefe del Gabinete Jurídico del SUP es comisario y miembro de esa federación. Que desde la dirección nacional del SUP se llame o no a cualquier afiliado con problemas depende de varios factores, entre los que cuenta la magnitud del problema. Si el asunto es que un comisario del SPP propone una falta leve a uno del SUP la llamada no es necesaria porque a quien hay que llamar es al comisario del SPP para que archive el expediente. Ahora, si el comisario afiliado al SPP acusa al del SUP falsamente en los tribunales, y a la vez le abren dos expedientes disciplinarios en la División de Personal, la defensa llegará donde sea necesario, con todas las consecuencias, y una vez archivadas las denuncias judiciales y los expedientes, seguiremos hasta donde sea necesario para que ese comisario del SPP no vuelva a considerar que la Policía es su cortijo y que la ley es para utilizarla él torticeramente. Y eso es así a pesar de que hay un dato que se le escapa al presidente del SPP, y es que un sindicato de 30.000 afiliados es exactamente el SPP multiplicado por ocho; son ocho SPPs, y aquí no se discrimina a nadie en función de su escala cuando tiene un problema, 1
sino que los responsables de los distintos órganos territoriales y de escala, y en última instancia la Comisión Ejecutiva Nacional, atienden por igual a todos los afiliados que tienen problemas. Además de lo dicho hasta ahora se debe tener en cuenta que hay determinadas actuaciones para los que la mejor defensa es “no comparecer”, ignorar el asunto, porque eso le beneficia al afectado más que le perjudica. De esas hemos visto alguna en mandos del SPP, y hemos visto como la actuación sindical ha sido determinante para que se salde el asunto con una falta grave para el mando policial. Y por no hacer lo mismo que criticamos, nosotros sí podemos dar nombres: el comisario Ludeña tiene en su expediente una falta grave gracias al SPP; el inspector jefe de la UIP condenado por acoso, cuyo nombre reservamos, tiene garantizado que no se revisará su caso pronto y posiblemente cumpla la sanción impuesta íntegramente (que es lo que merece) gracias al SPP. Podemos analizar también la defensa por el SPP de Sánchez Manzano, gracias a lo cual se han aportado pruebas para mantener una querella contra el que era jefe de los TEDAX el 11‐M. Por cierto, hasta en cinco ocasiones había pedido el SUP el cese de Sánchez Manzano por su torpeza, su soberbia y su desconocimiento de la especialidad. Todo lo que está pasando, todas las dudas que se plantean sobre los explosivos y los procedimientos utilizados en el tratamiento de los mismos se deben a la impericia y el desconocimiento de la especialidad TEDAX de Sánchez Manzano. Podemos hablar también de la defensa de Juan Antonio González, CGPJ, contra el que el presidente del SPP, queriendo defenderlo, consiguió la portada de una revista acusándolo. Y alguna otra defensa que brilló por su ausencia, con mandos del SPP suspendidos y a los que hicieron “ni puto caso” dejándolos “más tirados que una colilla”. En algún caso el SUP intervino por compañerismo y resolvió el problema. Hay ocasiones en los que el sindicato debe comparecer discretamente porque la defensa más adecuada debe ser exclusivamente jurídica, y hay otras en las que debe realizarse una defensa en instancias políticas y medios de comunicación. Los miembros del SUP tienen asegurada la defensa más necesaria para su caso y pueden estar seguros que nosotros no actuamos para justificarnos aunque sea perjudicando sus intereses. Si nuestra defensa puede perjudicar nos callamos y actuamos sin que sea “visible” esa defensa. En el SUP sabemos que no vamos a ganar el vocal de la escala superior con nuestros 90 afiliados. El sindicato de comisarios tiene 120 y el SPP 250. Estando las cosas así, el SPP debería dejar de hacer campaña porque cada vez que se mueve, algo malo le pasa a algún comisario. Y si el vocal en el Consejo de Policía del SPP va a ser Santiago Sánchez alias “el chati”, a la vista de lo ocurrido en la reunión de negociación del 23 de febrero, en la que el director general tuvo que suspender momentáneamente la reunión por las voces entre este comisario y uno de los miembros del SUP, nos vamos a divertir mucho. El comisario Sánchez pidió disculpas al reanudarse la cesión por su salida de tono, metedura de pata y uso abusivo del tono de voz, con el que pretendía imponerse su falta de argumentos. Y no lo consiguió. Pasamos a la concesión y retirada de puntos del mes de febrero:
Han perdido puntos:
1º. Al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, le retiramos el carné por una larga temporada. Llegó al Gobierno hace 6 años prometiendo que el Ministerio del Interior se llamaría Ministerio de Seguridad, y ese cambio de nombre pretendía que se visualizara un 2
cambio de filosofía, de políticas en materia de seguridad pública. Ni 48 horas duró esa intención porque, en pleno periodo de bonanza económica, ese cambio de nombre costaba mucho dinero por los documentos, carteles, impresos, etc. que había que cambiar. Antes, en su primera entrevista como secretario general en el periódico del PSOE El Socialista, dijo, y lo publicaron en portada, que policías y guardias civiles no podían seguir con los salarios miserables que cobraban. Y entre una cosa y la otra, pidió la dimisión del director general de la Policía Juan Cotino, por su Programa Policía 2000 basado en la “teoría de las ventanas rotas” y la “tolerancia cero”. Pasados seis años de su llegada al Gobierno, el cambio de filosofía y política de seguridad se pone de manifiesto, entre otros muchos ejemplos que podíamos citar, en haber mantenido como director de la escuela de Ávila al comisario Marcelino Pérez (ya lleva once años), nombrado por Juan Cotino para enseñar la filosofía de su programa de seguridad; el salario es hoy tan escaso como entonces y el agravio por la diferencia salarial con las policías autonómicas se ha incrementado; y la política de seguridad, las identificaciones indiscriminadas y masivas, el desprecio a los derechos de los ciudadanos y el riesgo para los policías por actuar al margen de la Ley cumpliendo órdenes abusivas deja en pañales la teoría de la “tolerancia cero”. Nada de lo que dijo en la oposición el presidente del Gobierno se ha cumplido; todo se ha hecho al revés. Juan Cotino, cuando algún policía era condenado por aplicar su teoría en la práctica policial, cogía los papeles, se iba a Moncloa y esperaba una, dos o tres horas hasta hablar con el presidente y convencerlo de que había que indultarlo. Díaz de Mera no tenía que ir a Moncloa porque su ministro, Ángel Acebes, apoyaba sus planteamientos y Aznar hacía caso a Acebes. Con el Gobierno de Zapatero, exigiendo una política mucho más dura, más intransigente, más abusiva en la actuación policial respecto a los ciudadanos, arriesgando por lo tanto más los funcionarios, se conceden indultos con cuentagotas y normalmente sólo son parciales, porque el complejo de los pijorojos les impulsa a actuar desde la hipocresía y la incoherencia. Es imposible de entender, salvo si se considera un acto de cinismo político, que en un país donde los policías son enviados a realizar una redada contra inmigrantes en un comedor social, donde van los que tienen hambre y no quieren delinquir, el presidente del Gobierno hable de trato humanitario a los inmigrantes y critique a dirigentes de otros países. El fin no justifica los medios. El terrorismo es la gran excusa que ha contaminado ya a todas las policías de España en sus prácticas peligrosas (para los ciudadanos y para los policías). Si dejamos la libertad y los derechos cívicos en segundo plano, con Franco había más seguridad y menos delitos. Y no se identificaban a 445.000 ciudadanos en Madrid. Si se trata de conseguir seguridad a cualquier precio, que el Gobierno proponga la aprobación de una nueva Ley de vagos y maleantes, como con Franco, donde se diga que un policía puede identificar a cualquier ciudadano sin que sea necesario ningún indicio racional de que es sospechoso de haber cometido o poder cometer un delito, y que en caso de duda sobre su identidad puede ser trasladado a comisaría. Y si aún así hay policías condenados, que se comprometa a indultarlos. Mientras no sea así, no nos cansaremos de denunciar la hipocresía y el cinismo que supone decir una cosa y mandar a los policías a hacer la contraria. Esa es la política de Interior del Gobierno Zapatero. Y además lo vamos a demostrar. Dos cosas más hay que aclarar para concluir. La primera, que esta valoración se refiere exclusivamente al ámbito de la seguridad pública, el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad. Esta valoración no es una descalificación del conjunto de la gestión del Gobierno porque eso sería una crítica política y aquí solo hablamos de Policía y seguridad. La segunda, que nosotros, ahora, no cambiaríamos al director de Ávila, Marcelino Pérez. Sería un cambio innecesario y a destiempo. Lo que hay que cambiar ahora es el Gobierno, porque cualquiera que se hiciera cargo hoy de la Escuela de Ávila tendría poco tiempo de hacer cambios y 3
seguramente no los haría hasta pasadas las próximas elecciones generales. Y por último, si los que van a nombrar son de la línea de los nombres que suenan, mejor quedarnos como estamos porque Marcelino no lo ha hecho tan mal. Viendo los acontecimientos con perspectiva la mejor forma de manifestar nuestro desacuerdo con la política de Interior hoy, de la que es máximo responsable Zapatero, es decir ¡Viva Cotino! ¡Viva el Programa Policía 2000! ¡Abajo los palotes de Zapatero!
2º.‐ Pierde seis puntos Felipe Lacasa, vocal del Sindicato de Comisarios en el Consejo de Policía, y comisario en una de las zonales de Madrid. Con motivo de un expediente disciplinario a una compañera que tuvo un accidente con un “z” saltándose un semáforo en rojo con las luces y señales acústicas y colisionando con otro vehículo, ocasionándose sólo daños materiales, tras hablar el SUP en defensa del sobreseimiento y archivo manifestó que había que imponer alguna sanción porque eso era una negligencia. Este comisario tiene una cruz blanca concedida hace pocos meses (se la propusieron roja) por cortase el meñique con un folio en su despacho (es un suponer). Si el accidente lo hubiese tenido un comisario en coche oficial y aunque no estuviese de servicio, no tenemos duda de lo que hubiese dicho Lacasa. Pero arrieros somos y…nos veremos, así que, comisarios afiliados al sindicato de comisarios, y que por lo tanto comulgan con que se pida una sanción para una policía por una actuación operativa: el próximo expediente disciplinario que pase por el Consejo de Policía defendido por este sindicato camino de la extinción tiene asegurada nuestra defensa de imposición de una sanción.
3º.‐ Pierde seis puntos la CEP, por su comportamiento en Ávila. La promoción anterior, la XXV A, la CEP regaló a los alumnos un ordenador portátil que superaba con mucho los regalos que llevaba el SUP y por tanto consiguió más preafiliados que nosotros. Hemos constatado que cuando hacemos igual regalo, el SUP siempre gana; con un regalo mejor de la CEP, también ganamos o empatamos, y cuando la CEP lleva un regalo muy, muy superior al del SUP como un ordenador portátil, ganan ellos. El SUP sabe ganar y sabe perder, y nada dijimos. Aceptamos la derrota y a trabajar para mejorar. Llegada la promoción XXV B el pasado día 17, tras pactar las horas de apertura de sede en Ávila (de 10 de la mañana a 21,30 de la noche, así como otros extremos para que, dentro de la anormalidad, al menos no se deterioré aún más la imagen de los sindicatos y de la Policía), como la CEP comprobó que el SUP ganaba, adelantó la hora de apertura de la sede el día siguiente. Nosotros cumplimos cuando ganamos y cuando perdemos, pero los de la CEP NO. Y como este año hemos llevado regalos competitivos, y en 48 horas estábamos casi en 1.000 preafiliados, actúan haciendo honor a lo que empieza a ser normal en la CEP, que es no cumplir ni lo que apalabran ni lo que firman. Además pidieron ayuda a sus amigos del SPP, que les dejó su sede en Ávila, y llamaron a Madrid para que el centro comercial que hay frente a la academia, donde ellos aparcan sus autobuses y tienen montada una oficina de afiliación retirase un coche del SUP colocado en la puerta. Ni saben perder, ni tienen palabra, ni son un sindicato, ni lo serán nunca. Son los herederos de los barrecuateles, pelotas y limpialetrinas y llevan su pecado original a cuestas. La CEP es heredera de AMPU y por mucho que limpien sus siglas cambiándolas, no pueden renunciar a sus ancestros. Cuando las cosas le van mal llegan las ayudas de todos sitios. Como en las pasadas elecciones, cuando la Junta electoral les ayudó y después una sentencia los dejó con el “culo al aire”. Y no tienen escrúpulos en mentir a los alumnos, por ejemplo, diciendo que ellos son la organización más representativa, con más vocales en el Consejo. Las matemáticas son una ciencia exacta, y 4
quienes saben sumar comprenden que seis son más que cinco, siete más que cuatro, etc., pero la CEP no permite que las matemáticas les impidan contar mentiras como les da la gana. Si hacemos memoria recordaremos que el apoyo que recibió la CEP de la Dirección General en las elecciones al Consejo no le salió gratis; tuvo que apoyar el Catálogo de octubre de 2007, el peor de la Historia, con 30 millones de euros de incremento para 60.000 policías, un mes después de que el Gobierno dotara con 536 millones de euros a 14.000 Mossos de Cataluña. También tuvieron que echar de la dirección nacional a Rodrigo Gavilán (quien ahora tiene solicitada la excedencia para trabajar en un medio de comunicación, con gran desolación de los responsables de la CEP). Cada día se parecen más a AMPU por su comportamiento.
4º.‐ Seis puntos menos merece el inspector jefe, jefe de la comisaría local de Lucena‐Cabra, Juan Manuel López Solis. Aspirante a comisario fracasado (de momento), a raíz de una denuncia profesional del responsable del SUP en dicha comisaría, Eduardo Mohedano, que afectaba presuntamente a unos amigos de este inspector, se ha abierto una información y se ha tomado declaración al denunciante, con preguntas que van a dar mucho juego. La inspectora que toma declaración, o es una obediente mandada aunque haga el ridículo, o tiene aspiraciones de aparecer en este carné por puntos, sin puntos. Estamos en una situación similar a la que aconteció en Toledo hace unos años, cuando el UCOT denunciado convocó una reunión trimestral para lavar su nombre (algo prohibido, pues esas reuniones son para tratar los problemas profesionales) y atacar al responsable sindical, a quien pretendieron sancionar incluso a pesar del archivo de la denuncia judicial presentada por el UCOT. El expediente se archivó pero ese mismo día se tomaron decisiones graves contra miembros del SUP a las que estamos respondiendo en el ámbito correspondiente, y que expondremos en el momento procesal oportuno. Pues una barbaridad como aquella cometida en Toledo se pretende cometer ahora en Lucena. Y nuestra respuesta será la misma en Lucena que la que fue en Toledo. Vamos a quitar algunas máscaras de algún mando. Eduardo Mohedano es un policía decente, un dirigente sindical responsable y además y sobre todo, tiene razón y puede demostrarlo.
5º.‐Pierden seis puntos los miembros de la clase política corrupta, que ni son todos los que están ni están todos los que son. Según los datos facilitados en noviembre por la Fiscalía General del Estado, los casos de corrupción investigados son 730 (que deberían ser 730.000), y afectan a los siguientes partidos: 260 miembros del PSOE; 200 del PP; 43 de Coalición Canaria; 30 de CiU; 24 del PA; 20 de IU; 17 del GIL; 7 de UM; 5 de ERC; 3 del BNG; 3 del PNV; 1 de ANV; 1 de EA. Sin más comentarios.
6º.‐ Pierde seis puntos el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pierde tres por no hacer nada y permitir que la Ertzaintza, los Mossos y hasta las policías locales, actúen fuera de su ámbito legalmente asignado como si fuese legal lo que no lo es, llegando a avalar con sus declaraciones políticas dichas actuaciones, que son un insulto para las fuerzas de seguridad del Estado, una tentado al Estado de Derecho y un problema para los ciudadanos. Él tiene la responsabilidad desde el cargo que ocupa de poner coto a esos desmanes e imponer el rigor y el orden, y no lo hace. Al revés, habla de coordinación policial cuando tenía que haber impedido una actuación ilegal que veremos en qué acaba. Y pierde otros tres puntos por la defensa de la circular de extranjería 1/2010 que hizo en el Congreso de los Diputados el 24 de febrero. Tenemos el diario de sesiones del Pleno y las tres comisiones del Congreso de los 5
Diputados de la Ley Corcuera (año 1991), y numerosas noticias de la fecha. Tenemos sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y tenemos análisis jurídicos de la circular 1/2010, con los que vamos a poner de manifiesto que la política de seguridad aplicada vulnera la Constitución, los derechos de los ciudadanos y pone en grave riesgo la seguridad jurídica de los policías. Porque la circular de extranjería es un paso más, una vuelta más de tuerca en una política que si se hiciera en Italia sería descalificada inmediatamente, y si se hiciera en España con Fraga de presidente del Gobierno algunos estarían hablando de la vuelta del franquismo y “la calle es mía”. Cuando tengamos el informe concluido, el ministro recibirá una copia, como el fiscal general y los grupos parlamentarios, para que decidan qué queda de aquella Constitución y aquellos derechos establecidos en la misma. No vale todo y no vamos a repetir los argumentos expuestos en un apartado anterior para el presidente del Gobierno. Metafóricamente, habrán conseguido mejorar unos centímetros la seguridad, pero con un retroceso de kilómetros en los derechos civiles de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los policías. Por eso vamos a mantener todos los frentes abiertos, y en cada uno, todas las actuaciones pertinentes; exigiremos que se reconozca que las policías autonómicas y locales solo pueden actuar en su ámbito territorial, y si ni el Gobierno, ni el fiscal general, ni el Consejo General cumplen con sus obligaciones legales, presentaremos denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional para que se dilucide la legalidad o no de su decisión; vamos a demostrar que la política de identificaciones indiscriminadas es negativa para los ciudadanos y los policías, y aportaremos informes, debates del Congreso de los Diputados, sentencias, comparativas con otras policías y argumentos jurídicos que lo demuestren; y vamos a abrir un tercer frente respecto a la política antidroga comparando cuatro países: México, España, Portugal y Holanda. Será muy interesante conocer los resultados.
7º. Tres puntos pierde el comisario provincial de Salamanca, Manuel Vicente Escudero, por su mala gestión de la Comisaría y de la productividad por objetivos. Tal vez ocupado en otras lides, como agradar al delegado del Gobierno en Castilla y León, se olvida de cómo gestionar la comisaría y propone a varios policías para reducción de la productividad sin razones justificadas. En algún caso, sólo por la asistencia a los numerosos juicios acreditados por un compañero, se merece toda la productividad que le han quitado, más toda la productividad del comisario. ¿Quién aprueba a estos señores para ejercer la dirección de una comisaría? Este comisario, Manuel Vicente Escudero ¿es del clan de León o del clan del colegio de Huérfanos?
8º. Quitamos tres puntos a todo el grupo parlamentario socialista de España en el parlamento europeo. En el número anterior concedíamos tres puntos al ministro del Interior por la defensa del proyecto SWIFT en dicho parlamento, para permitir el cruce de datos de cuentas de presuntos terroristas entre la UE y EEUU. Dimos por hecho que los miembros del grupo popular y del grupo socialista español votarían a favor, y nos equivocamos. Los del PSOE se abstuvieron. No apoyaron lo que pedía su gobierno. Dicen que no había reciprocidad de EEUU hacia la UE. Nosotros creemos que más les valdría a los diputados socialistas preocuparse de lo que pasa en España, que es bastante grave, y ser tan exigentes con las garantías para los derechos de los ciudadanos en nuestro país como lo han sido para las cuentas corrientes de los presuntos terroristas.
9º. Pierde tres puntos el comisario jefe de Huesca, Antonio Placer Brun. Ha impuesto una sanción de apercibimiento a un subinspector, y abierto un expediente por falta leve a un inspector, porque no detuvieron a personas a las que, según el comisario, debieron detener. 6
Primero, el que hace una detención pone su número y se hace responsable de la misma, y por lo tanto, si hay una detención ilegal, es quien será condenado.‐ Segundo, en ambos casos creemos que los compañeros llevan razón y no procedían las detenciones que exige el comisario. En tercer lugar, vamos a poner a Huesca y a su comisario provincial en la lista de mandos de especial atención, con otros tres o cuatro, porque creemos que se está extralimitando en su afán de conseguir números y palotes, y pedimos a todos los miembros de dicha plantilla que cuando haya discrepancias sobre una detención, el comisario figure como autor de la misma, y que en ningún caso se proceda a detener a nadie porque lo mande el comisario, salvo, claro está, que se empiece con una diligencia señalando que se cumple una orden del comisario. Es aconsejable registrarla para que luego no la pueda romper, y señalar que aunque el criterio del actuante es otro, cumple la orden de detención por orden del Comisario. Comisario Placer, es un placer para nosotros incluirte en la lista de especial seguimiento.
Han ganado puntos
1º.‐ Gana seis puntos el comisario D. Fernando Calero de Marco. Una dilatada carrera profesional en la que entre otros ha desempeñado puestos de trabajo como UCOT en la JSP de Granada, comisario provincial de Ciudad Real o jefe de la Brigada Provincial de Extranjería en Granada, puestos en los que siempre ha mejorado los resultados de aquellos mandos a los que ha relevado, y ninguno de los que han llegado al mismo puesto después de él ha conseguido mantenerlos. Y todo ello con profesionalidad, compañerismo y buen hacer, sin desprestigiar a nadie, sin zancadillas ni malas artes, siendo un buen profesional. Enhorabuena.
2º.‐ Concedemos seis puntos al comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Palma de Mallorca, Alfonso Carlos Jiménez Pérez. Cuando se produjo el traslado al juzgado, con fotografías incluidas, de dirigentes del PP en detenciones muy sospechosas porque se produjeron tras muchos meses de investigaciones, con una gran repercusión mediática por su exhibición esposados (exhibición que propició el juez), el comisario, en un gesto que reconocieron cientos de policías, que le esperaron a la salida del servicio para brindarle una ovación, asumió íntegramente la responsabilidad de lo sucedido. Otro tal vez hubiese escurrido el bulto y culpado a sus subordinados, pero este comisario es de otra pasta. Es, como a él le gusta decir, el hijo del cabo Contreras. Pero si no fuera suficiente este hecho, con las detenciones de hace dos semanas de responsables políticos de Unió Mallorquina, viendo que había cierta inquietud entre los policías responsables de las conducciones, se puso al frente del operativo y le hemos visto, al pie del cañón, con un inspector jefe “cubriéndole las espaldas”, en primera línea mientras los políticos corruptos bajaban del celular hacia el juzgado. ¡Qué ejemplo! Este es de esos comisarios que si alguna vez necesitan ayuda de algún subordinado, no tiene ni que pedirlo, porque todos se pelearían por ayudarlo en cualquier circunstancia. En cambio, si en esa situación se encontrasen otros de otra condición, seguro que los subordinados procuran llegar tarde, a ver si mientras tanto los han “hostiado”. ¿Se imaginan a Felipe Lacasa en medio de una bronca, en una actuación policial, pidiendo ayuda porque está rodeado y le están “atizando”? ¿Quién se saltará un semáforo en rojo para ayudarle? Alfonso Jiménez es un comisario de los que saben gestionar y dirigir, y tal vez por eso no lo nombran para el puesto que, por su capacidad y profesionalidad, se merece. No es ni del clan de León ni del clan del colegio de Huérfanos. Es del clan de los profesionales íntegros. 7
3º.‐ Tres puntos merece el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez López. Ha tomado decisiones sobre asuntos que ya estaban “envenenados”, con mucho sentido común, y en algún caso contra el criterio de algunos mandos “poderosos”. Tenemos la sensación de que es el director general de verdad, y que no tiene un “contrapeso”, alguien que hace de director en la sombra como pasó con García Hidalgo y Joan Mesquida. Resolvió el asunto de los centauros asépticamente, viendo lo que había de verdad en las pruebas y no en la alarma social creada por falsas noticias, y en fechas recientes ha levantado la suspensión provisional de empleo y sueldo a dos compañeros, de distintas escalas, que iban a cumplir tres años suspendidos. De uno su inocencia es tan evidente que produce rabia saber que ha estado tantos años suspendido. Del otro, los indicios apuntan más a que ha sido engañado por un amigo que a que sabía que estaba cometiendo una ilegalidad. No se puede maltratar así la presunción de inocencia ni mantener tanto tiempo suspendido a dos profesionales. El director general ha conocido de primera mano la situación y ha decidido. Y no se ha equivocado. Esto, que parece fácil, es muy complicado cuando los mandos empiezan a presionar. Nosotros lo sabemos y por eso lo valoramos en su justa medida.
4º.‐ Ganan tres puntos CCOO y UGT por convocar manifestaciones para oponerse al “pensionazo” que pretende el Gobierno. No precisa esta concesión de puntos más explicaciones. Bien por la defensa de los derechos de los trabajadores.
5º.‐ Concedemos tres puntos a la AVT y a su presidente, Juan Antonio Casquero, por su demanda de reformas legales que impidan la prescripción para los delitos de terrorismo. Esto tampoco merece más explicación. Pero además de esta no prescripción, hay que ampliar el plazo de prescripción para otros, que se ha rebajado en exceso. Por ejemplo, la prescripción del delito de encubrimiento se bajó de cinco a tres años. Gracias a esa rebaja que se hizo en 1995, sin duda pensando en algún político corrupto, un presunto encubridor de los crímenes de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes no pudo ser imputado, porque habían pasado más de tres años cuando fue detenido. Habían pasado menos de cinco, así que el Gobierno de Felipe González que aprobó esa reducción es responsable de esa injusticia. ¿A quién beneficia que ese delito prescriba a los tres años, en vez de a los cinco o a los diez? A los criminales. Entonces ¿Por qué no se cambia? Misterios sin aclarar.
6º.‐ Tres puntos merece Pedro Pérez Pérez, secretario general de UFP, que en fechas recientes ha pasado el tribunal de jubilación. Después de muchos años de responsable sindical, la salud le obliga a dejar la Policía, si bien sus compañeros, con buen criterio, preparan un congreso en el que posiblemente creen la figura del presidente honorífico o algo parecido, para seguir contando con su participación, mediación y equilibrio en la organización. Hasta aquí esta segunda edición del presente año… pero ya tenemos material para la siguiente. Madrid, 26 de febrero de 2010 COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL 8