Eduardo Cavieres F. / Fernando Cajías de la Vega, Coord.

CHILE - BOLIVIA, BOLIVIA - CHILE: 1820 - 1930 Desarrollos Políticos, Económicos y Culturales

Eduardo Araya Rossana Barragán Magdalena Cajías Raúl Calderón Igor Goicovic Sergio González Carlos Ostermann Ximena Recio Gustavo Rodríguez Rafael Sagredo María Luisa Soux Jaime Vito

Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Editor: Eduardo Cavieres F.

© Eduardo Cavieres Figueroa y Fernando Cajías de la Vega, Coord. 2008 Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Calle 12 de Febrero 187, Valparaíso Teléfono (56-32) 227 3087 - E.mail: [email protected] www.euv.cl VALPARAÍSO - CHILE AGOSTO 2008



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia y a su Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Educación, por permitirnos el ámbito institucional bajo el cual se pudo realizar y desarrollar el proyecto académico fruto del cual es el presente libro. Agradecemos a los Ministerios de Relaciones Exteriores y a los Ministerios de Educación de Bolivia y Chile por el interés y apoyo que han mostrado en la concreción de este trabajo inédito en su metodología. Agradecemos también a nuestros amigos y colegas que participaron en el mismo sin otro norte que permitir un conocimiento más profundo y más amistoso de nuestra historia común. Agradecemos, con especial afecto, las preocupaciones de nuestro amigo, el profesor Enrique Soler, y a todos quienes colaboraron y confiaron en nuestras serias y responsables miradas de las historias de nuestras sociedades y en nuestros sentidos anhelos de visualizar proyectos de futuro en común. Agradecemos, igualmente, el trabajo permanente y silencioso de quienes se sumaron a esta tarea en la preparación del texto final en Valparaíso, particularmente a Marcelo Rojas y a Claudio Llanos.



PRÓLOGO

La imagen entregada por Marc Bloch del niño preguntando a su padre por el para qué sirve la historia, sigue siendo interesante e importante. Obviamente, no hay respuesta en contrario como para decir que simplemente no sirve, pero también sigue estando en la memoria colectiva el que la historia es necesaria para no repetir los errores del pasado. Entre ambas afirmaciones, hay una amplia gama de formas de pensar y entender la historia y sobre los variados significados del conocimiento histórico. Por allí, se supone, por ejemplo, que con malos recuerdos del pasado no se puede construir un buen futuro. En esos casos, nadie podría destruir ese pasado, ignorarlo, pero sí volver a considerarlo para comprenderlo mejor y saber entonces lo que no conviene repetir. Los historiadores trabajan con el pasado, lo dan a conocer y a menudo tratan de explicarlo. Para hacerlo, deben establecer hechos, pero también contextos, inmediatos y más amplios, y es en esta relación hechos-contextos que pueden resignificar situaciones y presentar el pasado como un tiempo de lo propio, creador de identificaciones, de sentimientos y de sensibilidades, pero también precursor de nuevas formas de enfrentar los tiempos que siempre van emergiendo. En la historia de América Latina, la llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a bolivianos, chilenos y peruanos, posiblemente sea el conflicto mayor acaecido en el siglo XIX y se ha venido construyendo con unas imágenes y simbolismos que han crecido a través del tiempo, lógicamente más bien por sus efectos concretos, pero también por los distintos usos asignados a los sucesos, de modo de convertirlos en hito central de un antes y un después en la historia de los tres países comprometidos. Y ello es cierto desde muchos puntos de vista, desde todo aquello que significa una guerra, también de los resultados de los mismos e, igualmente, desde las distintas valoraciones que se entregan respecto a las causales de las mismas. En estos días, Claude Michel Cluny, ensayista francés, acaba de publicar en español su libro originalmente editado en francés [2000], Atacama. Ensayo sobre la Guerra del Pacífico, 1879-1883 (F.C.E., México 2008). Lo dedica, “sin espíritu alguno de ‘límites’, a mis amigos de América Latina” y en su contratapa aparece una verdadera síntesis (otra más) de sus significados: “Bolivia se considera con derechos sobre un territorio que no ocupa verdaderamente ni puede explotar; Perú se deja arrastrar tras ella por un tratado ‘secreto’ y



el temor a un aislamiento diplomático y militar; y Chile, por su parte, con la mano un poco forzada por algunos intereses privados, juega la carta del nacionalismo insultado, pero, sobre todo, la de una expansión económica y territorial inesperada”. ¿Es sólo esto? Seguramente se puede discutir sobre cada una de las caracterizaciones y ello está bien, porque, entre otras cosas, también es necesario discutir el pasado. En nuestro caso, historiadores bolivianos y chilenos consideramos que podemos también aportar sobre el particular, desde otras dimensiones y desde otras perspectivas. Es imposible negar la Guerra y sus efectos; para los bolivianos es imposible hacerles desistir de sus imaginarios y de sus anheladas expectativas de un mar lejano geográfica y políticamente, pero cada vez más cercano y conocido en las condiciones del s. XXI; para el común de los chilenos, sería un contrasentido hacerles negar lo que se considera un espacio legítima y legalmente obtenido precisamente a través de la Guerra. Y sin embargo, hay problemas… Y, sin embargo, siempre hay soluciones para los problemas. Hay un pasado, está allí, no se trata de quemar los libros existentes sobre ese pasado; se trata de buscar que ese pasado tenga otras salidas posibles y otras formas de superarlos. Nuestra forma de aportar a la historia por hacer, a la búsqueda de nuevos entendimientos, es ratificar que han existido problemas entre nosotros, pero también hacer recordar que nuestras sociedades están plenas de tiempos de cooperación y de afectos. Y que ello también importa. En los últimos años, las sociedades comienzan a entender en mejor forma las relaciones pasado - presente. Los entendimientos logrados en muy poco tiempo entre comunidades nacionales tradicionalmente rivales a través de la Comunidad Europea, han sido un buen ejemplo de cómo las sociedades, sin negar su pasado, han sido capaces de construir un nuevo panorama de relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que no les impide seguir manteniendo sus monumentos y seguir considerando a quienes piensan han sido constructores de sus identidades en tiempos en que las guerras fueron motivos centrales en la constitución de los respectivos Estados nacionales. Por cierto, ese ‘espíritu del siglo XIX’ no es necesariamente el espíritu sobresaliente del s. XXI en que las diferentes sociedades están enfrentadas a nuevos problemas y a nuevas circunstancias que requieren de soluciones cada vez más cooperativas que conflictivas. También en los últimos años se han dado interesantes nuevas formas de acercamiento entre distintos actores de la vida actual de bolivianos y chilenos. De una profunda significación fue el acto cívico-militar en que los altos mandos de los ejércitos de Bolivia y Chile se unieron para rendir homenaje a Avaroa, el mayor héroe boliviano. Y se han dado muchos más gestos que, en su conjunto, avanzan más notoria y positivamente que los múltiples problemas que aún subsisten. Una experiencia anterior y de gran significancia en el mundo historiográfico, ha sido el trabajo realizado en común entre historiadores chilenos y peruanos que permitió en el año 2005, la publicación en Valparaíso del libro Chile-Perú, Perú-Chile: 1820-1920. Desarrollos políticos, económicos y culturales, con una nueva edición en Lima en el año 2006. En estos nuevos contextos, los que hemos participado de este Proyecto, hemos visualizado el problema desde la historia y por la historia. Como queda dicho, desde otras miradas temporales. Este libro no es un libro de la Guerra del Pacífico. Nadie puede buscar en él, de qué forma este grupo de historiadores han negado, han amplificado o han superado la Guerra. No se puede hacer nada de ello y, de hecho, la inmensa cantidad de publicaciones sobre la Guerra nos permite ya conocerla desde los más variados ángulos posibles. Por cierto, como obras sobre la Guerra, se enfocan en causas y consecuencias las más de las veces inmediatas y, en los mismos términos no están destinadas al análisis de los tiempos más largos, que a nosotros sí nos interesa. Este libro es

un libro de la historia de Bolivia y Chile del siglo XIX y de las primeras décadas del s. XX. Por lo tanto, de sus buenas relaciones y de sus malas relaciones; de sus problemas comunes y de sus formas de enfrentarlos; también de sus elementos sociales, políticos y culturales construidos a partir de miradas conjuntas, pero igualmente de sus diferencias estructurales, espaciales, étnicas. En esta mirada larga, desde antes de 1879, se fueron conformando hebras y cuerdas que las más de las veces fueron tomando formas independientes, pero que en el tiempo varias de ellas se comenzaron a trenzar de modo de convertirse en un nudo que en un momento fue imposible de desatar y que con la Guerra se apretó más aún constituyéndose en un verdadero nudo gordiano que, con los resultados del conflicto, a pesar de tratados y de salidas diplomáticas, se estrechó más aún permaneciendo hasta la actualidad. ¿Quién y cómo se corta ese nudo? Hoy día, nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras sensibilidades, nos hacen pensar que no es necesaria la espada, pero también nos recuerdan que es urgente e imperioso des-atar el nudo, para que cada una de las cuerdas nos sigan recordando parte y el conjunto de ese pasado, pero para impedir que el nudo nos siga manteniendo inmóviles y atados frente a ese pasado. Por ello es que creemos que es muy importante volver a re-visitar la historia, pero toda la historia. Es como un ejercicio intelectual previo para comenzar a aflojar el nudo. En este recorrido por la historia ha sido importante visualizar las emergencias de nuestros Estados nacionales, en un solo gran proyecto que va tomando sus propios caminos; ha sido necesario conocer de qué modo se van produciendo las instancias de fiscalización o de funcionamiento de dichos Estados respecto a sus territorios y población; hemos considerado destacable subrayar cómo la economía va imponiendo sus propios ritmos, sus asociaciones y sus desajustes y de qué manera, en ella, los empresarios tienen sus propios racionamientos que no siempre coinciden con los intereses sociales o nacionales; hemos estimado que es imposible dar un salto o pasar por el lado de la Guerra del Pacífico, no para no tener que volver a contarla, sino para tener en cuenta sus causas mediatas e inmediatas, para contrastar sus relatos y significaciones desde cada bando y para reflexionar sobre sus efectos; hemos estado gratamente interesados en observar el papel de la educación, de los maestros y de tantas experiencias de colaboración entre ambos países, antes y después de la Guerra; hemos creído que la historia social y gremial de los trabajadores que en definitiva han permitido obtener riquezas y valorizar territorios no es tampoco soslayable y, no menos importante, nos hemos sensibilizado con esa experiencia pampina hecha a través de los sueños y el sacrificio de miles de trabajadores bolivianos, chilenos y peruanos que ha quedado altamente significada cuando un importante contingente de hombres, mujeres y niños, ante la crisis final del salitre, reiniciaron su largo camino de regreso a casa, muy particularmente en aquellos bolivianos que avanzaron hacia Cochabamba mirando hacia adelante para retornar a sus raíces y a su nacionalidad, pero que mirando hacia atrás recordaban que durante un tiempo no habían sido ni bolivianos, ni chilenos, ni peruanos, habían sido simplemente pampinos, hijos del salitre, que habían sembrado nuevas esperanzas sobre un escenario que, por algunos años, se había constituido en conflicto y des-esperanzas. Terminaba y se cerraba un ciclo, social, económico, político, pero no se ha cerrado una historia que tiene muchos más actores sociales que sólo los empresarios, los políticos, los militares. Cada Nación debe valorar a ellos de acuerdo a sus propias experiencias, pero todas las naciones deben también pensar en los sacrificios de sus sociedades que, al final, siempre tienen más posibilidades de encuentros que de des-encuentros. Pero, para ello, la historia debe presentarse tal como es: con sus grandezas y sus debilidades. Quienes presentamos este libro, lo hacemos desde nuestras propias identificaciones naciona-



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les: somos bolivianos y somos chilenos. Distinguimos nuestras propias historias y aceptamos y/o discutimos nuestros propios relatos. Como historiadores, vemos la historia desde comienzos del s. XXI y somos capaces también de no seguir sólo lamentándonos sobre el gran conflicto de nuestro pasado, sino también de pensar que podríamos ser capaces, como sociedades de mirar más en conjunto nuestro pasado. Pero, como hemos dicho, no lo podemos hacer si nuestros recuerdos más amargos nos nublan la mirada para ver el horizonte. Esperamos que haya discusiones sobre este libro, esperamos que muchos piensen que hemos hecho un trabajo inútil porque la historia ya está hecha, esperamos que más de alguno piense que un boliviano o un chileno haya cedido en algún aspecto, en algún detalle, en alguna consideración. Por sobre todo ello esperamos que, si es posible, la gran mayoría de lectores de este libro encuentre que es necesario, que es comprensible, que siempre es útil hacer un esfuerzo más para que nuestras sociedades se saluden, se miren, con menos prejuicios y desconfianzas. Esta es la historia, o al menos parte de ella. Los gobiernos, los políticos, los intelectuales, los trabajadores, los jóvenes, tienen en sus manos comenzar a desatar el nudo…



Valparaíso-Chile. La Paz-Bolivia.

Eduardo Cavieres F. y Fernando Cajías de la Vega

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ÍNDICE

Eduardo Araya - María Luisa Soux INDEPENDENCIA Y FORMACIONES NACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Página 13 Rafael Sagredo - Rossana Barragán LOS MITOS DEL ORDEN Y DEL PODER, DEL DESORDEN Y LA ANARQUÍA A LA CONSTRUCCIÓN ESTATAL EN EL SIGLO XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Jaime Vito - Carlos Ostermann EMPRESARIOS, MINEROS Y FINANCISTAS: LA ECONOMÍA Y LOS ESTADOS NACIONES DURANTE EL SIGLO XIX (1825-1904). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Eduardo Cavieres - Fernando Cajías EL GRAN QUIEBRE: LA GUERRA DEL PACÍFICO. SUS CONTEXTOS Y SUS EFECTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Igor Goycovich - Magdalena Cajías de la Vega CONSTITUCIÓN DE LAS ECONOMÍAS MINERAS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR EN BOLIVIA Y CHILE (1880-1930). . . . . . . . . . . . . . . . 163 Ximena Recio - Raúl Calderón LIBERALISMO, ESTADO Y EDUCACIÓN: INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DE LA NACIONALIDAD, 1820-1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Sergio González - Gustavo Rodríguez COCHABAMBA Y TARAPACÁ EN EL CICLO DEL SALITRE: DOS REGIONES Y UNA ECONOMÍA (1880-1930). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 BIBLIOGRAFÍA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

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INDEPENDENCIA Y FORMACIONES NACIONALES

Introducción ¿Cómo y por qué es que determinadas áreas regionales integradas dentro de un gran espacio imperial se constituyeron en estados nacionales? Los problemas de la construcción del Estado nos remiten a una serie de preguntas y problemas vinculados a la producción del orden (cuáles son las normas que regulan a la sociedad, quiénes las producen, cómo, por qué se hacen efectivas, etc); el tema de la nación, en cambio, nos remite al problema de un determinado tipo (entre otros) de identidad colectiva, a la construcción de aquello que Benedict Anderson denominó la “comunidad imaginada” . Ni lo uno ni lo otro existen en la naturaleza, ambas son construcciones históricas de diversa índole y con dinámicas independientes entre sí. Las relaciones entre ambas entidades son asimismo productos de la conflictualidad de la historia, no de un devenir “necesario” ni predeterminado. El presente capítulo intenta examinar de manera comparada para los casos de Bolivia y Chile este conjunto de procesos que van cronológicamente desde la coyuntura que detona el proceso de la independencia (la crisis de la monarquía española en 1808), hasta los esfuerzos por reconstruir un orden político estable, diverso, conforme a las tendencias de la época, que reemplazará a las relaciones de dependencia colonial hispana y que servirá, a su vez, de base para la consolidación de un proyecto nacional . En el esfuerzo por construir una mirada común sobre procesos que son ciertamente diversos en una infinidad de aspectos, partimos por examinar los efectos de las reformas del siglo XVIII en la rearticulación de las relaciones entre los espacios virreinales, y en virtud del conjunto de la obra, hemos privilegiado en este capítulo los procesos políticos y, por tanto, el rol de las elites. Naturalmente otras visiones y otras lecturas de esta misma realidad son posibles, por lo que somos conscientes que nuestra mirada es parcial. Nuestra opción ha estado definida -y limitada- tanto por las áreas de especialidad de los autores como por el tipo de documentación que hemos utilizado para darle sentido al esfuerzo de comparar y relevar tanto diversidades como similitudes. El texto, por otra parte, como se señala en su parte conclusiva, deja una serie de preguntas y temas abiertos (por ejemplo el “imaginario” de la nación y la construcción de identidades colectivas).

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Algunos de ellos serán desarrollados en los capítulos posteriores, pero no queremos que se pierda de vista que este breve ejercicio de historia comparada debiera ser una primera reflexión común sobre aquello que une . El impacto de las Reformas Borbónicas Los procesos de Independencia de Chile y Bolivia deben ser examinados en el contexto de los procesos de modernización que se desarrollaron en el siglo XVIII. Estos procesos, si bien desplegados de manera fragmentaria e incluso contradictoria, generaron tensiones y nuevas demandas en las sociedades hispanomericanas. Algunos historiadores han argumentado sobre la tesis de que este proceso de reformas habrían significado una “segunda conquista” de América: a saber, que la decadencia del Estado español a lo largo del siglo XVII habría permitido la autonomización de las elites locales (criollos) y que el esfuerzo de la monarquía española en el contexto de esas reformas habría estado orientado tanto a la optimización de la capacidad de extraer excedentes económicos (a fin de potenciar la penetración estatal en la sociedad ) como a la recuperación del control del estado central por sobre las elites locales. Más allá de cual fuese la intencionalidad original, es evidente que la aplicación y los efectos de estas Reformas en las diversas regiones de la América hispana fue desigual, pero también que la aplicación de algunas de ellas generaron conflictos y que estos llegaron a expresarse en altos niveles de violencia. Sin embargo, el efecto más significativo (y perdurable) fue la expansión progresiva del Estado y tal vez una concepción mas instrumental de éste como productor de “modernidad”, o para expresar esa idea en el lenguaje de la época, como promotor del progreso, imaginario que fue integrado por la misma elite criolla que protagonizó el proceso de la independencia en el discurso liberal que se constituyó como sustrato ideológico-doctrinario de los futuros estados nacionales. Aparentemente, el impacto negativo de las reformas borbónicas fue mayor en los territorios que contaban con más población indígena y que se hallaban articulados desde antes por un mercado interno, como fue el caso de la Audiencia de Charcas y de la sierra peruana, que habían formado parte del espacio peruano establecido en torno a Potosí. En ambos lugares, medidas fiscales como la implantación de aduanas y el fortalecimiento de los consulados, y medidas administrativas como la creación de nuevos virreinatos aumentaron el descontento popular, dando lugar a sublevaciones indígenas que abarcaron desde el Cuzco hasta Chuquisaca. En el primero se sublevó José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II y en el territorio de Charcas lo hicieron Tomás Katari en Chayanta y Julián Apaza o Tupac Katari en La Paz. Las causas más importantes fueron la lucha contra el reparto de mercancías, los abusos de los corregidores y curas, y la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las autoridades étnicas. Examinar los procesos de construcción de los estados nacionales de Bolivia y Chile supone, por otra parte, examinar las complejas relaciones entre los dos Virreinatos constituidos a partir de las Reformas de Carlos III. Desde esa perspectiva, la Audiencia de Charcas y la Capitanía General de Chile siguieron caminos inversos en relación a su peso frente a los dos centros de poder de Lima y Buenos Aires. John Lynch, The Spanish American Revolutions 1808-1826, pp. 1-24; del mismo autor, “Los orígenes de la independencia americana”, pp. 1-11.  Véase sobre este tema, entre otros, María Eugenia del Valle de Siles, La sublevación de Tupac Katar,; Scarlett O’Phelan, Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1783; Fernando Cajías, Oruro 1781: Sublevación indígena y rebelión criolla. 

Por el contrario, la Capitanía General de Chile, que había sido marginal y pobre durante buena parte del período colonial, aun a mediados del siglo XVIII lo seguía siendo en comparación a las regiones nucleares como el Perú, pero la generación de nuevos centros administrativos tanto como el contexto de los nuevos circuitos comerciales dentro del Imperio español tendieron a modificar parcialmente esa situación. En el siglo XVIII la economía chilena había desarrollado un ciclo expansivo a partir del comercio del trigo con Perú, pero resulta también evidente que el establecimiento de una nueva ruta por el Estrecho de Magallanes y la apertura de algunos puertos chilenos al comercio directo con España disminuyó su carácter periférico, así , aunque el intercambio comercial con Lima - El Callao siguió siendo económicamente relevante, esta tradicional dependencia disminuyó en la misma relación que los intercambios con Buenos Aires se incrementaron Estructuralmente, las Reformas Borbónicas impactaron también de forma diversa en las dos regiones. En Charcas, el sistema de intendentes homogeneizó la presencia estatal en los territorios urbanos y rurales, dando mayor fuerza a las autoridades subalternas como los subdelegados, lo que implicó una presión más fuerte sobre las comunidades indígenas que previamente habían mantenido mayor autonomía. Por otro lado, la expulsión de los jesuitas de las misiones ubicadas en las tierras bajas orientales produjo también una expansión del Estado sobre nuevos territorios, aunque lo hizo aún de una forma incompleta, dejando muchos espacios “vacíos”. Esta expansión no implicó, sin embargo, un fortalecimiento de las instancias del poder central, al mantenerse como un territorio subordinado al nuevo virreinato con un status de Audiencia. A pesar del peso de la Casa de Moneda en Potosí, de la antigua Universidad de San Francisco Xavier en Chuquisaca, y de la creación de la Academia Carolina de práctica forense en la capital de la Audiencia, Charcas vivía a fines del siglo XVIII de sus glorias pasadas. Mientras tanto, en la Capitanía General de Chile, como consecuencia de las Reformas dismiHerbert Klein, Haciendas y comunidades en Los Andes Instituto de Estudios Peruanos. Lima – Perú. 1992; Enrique Tandeter, Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826.  Rolando Mellafe, “Latifundio y Poder Rural en Chile en los Siglos xvii y xviii”, pp. 87-96. Cada Curato estaba constituido por 5 o 6 grandes haciendas y se podía cabalgar todo un día de jornada sin encontrar mas que una aldea de 8 o 12 casas, que eran los habitantes de una hacienda.  Se debate acerca de las causas que llevaron a la política imperial a no dar un status mayor a territorios como las antiguas Audiencias de Quito y Charcas, mientras que otros que habían tenido menos fuerza en siglos anteriores, como Venezuela y Chile tenían un status mayor de Capitanías generales. Una de las explicaciones puede ubicarse en la fuerza que en Quito y Charcas tenía la población indígena, otra razón era que no se trataba propiamente “territorios de frontera”. Este punto, sin embargo, debe ser aún debatido. 

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El territorio de la Audiencia de Charcas, en cuyo centro económico de Potosí se había constituido el eje alrededor del cual había girado el amplio espacio económico peruano durante los siglos XVI y XVII, pasó a conformar un espacio marginal del virreinato peruano y, luego del nuevo virreinato del Río de la Plata, dejando en la población de Charcas la sensación de una edad de oro perdida. A pesar de que el Cerro Rico seguía produciendo, e inclusive tuvo un repunte a fines del siglo XVIII y a que el tributo indígena era el mayor del virreinato del Río de La Plata, el Alto Perú se situaba como un territorio en medio de los dos grandes centros de poder, como Lima y Buenos Aires desde donde salía riqueza pero a donde no retornaba la misma. La opulencia de la Villa Imperial de Potosí, que había llegado a tener 150.000 habitantes en su época de mayor esplendor era ya un recuerdo del pasado. A fines del siglo XVIII, gran parte de la riqueza altoperuano salía como quinto o como tributo para enriquecer la actividad comercial del puerto de Buenos Aires.

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nuyó la dependencia administrativa respecto del Virreinato del Perú (como resultado por ejemplo de la puesta en práctica de la Ordenanza de Intendentes), y se acentuó el carácter nuclear de esta región en torno a Santiago y el Valle Central, reduciendo los costos de administrar zonas periféricas excéntricas como las provincias de Cuyo y la isla de Chiloé (que pasaron a depender del nuevo Virreinato de la Plata y como dependencia directa de Lima respectivamente). Algunos autores han sostenido que además las Reformas Borbónicas tendieron a crear el núcleo fundante de un Estado a partir de la creación de una serie de instituciones como por ejemplo la Universidad de San Felipe, el Tribunal del Consulado, la Casa de Moneda y otras cuyos efectos “políticos” habrían excedido sus funciones específicas y que además (en varios casos) se constituyeron efectivamente en mecanismos de representación corporativa de los intereses de los criollos. Esta tesis no deja de ser sugerente, de hecho muchas instituciones y prácticas en el ámbito de las relaciones estado-sociedad pasaron sin cambios perceptibles entre un tipo de régimen y otro. Sin embargo, los cambios en algunas áreas claves como los mecanismos de legitimación del sistema y, en otro sentido, la debilidad evidente de las estructuras estatales en las primeras décadas posteriores a 1810 permitirían relativizar esta interpretación. Los movimientos juntistas de 1809 – 1810 La lealtad de los súbditos en los territorio americanos era, para 1808, algo que no se ponía en duda. La figura del soberano se hallaba por encima de cualquier crítica que se hiciera a las autoridades, y estas críticas se manifestaban bajo el lema de “Viva el Rey, muera el mal gobierno”. La invasión napoleónica a España y la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII puso a prueba esta relación entre el Soberano y sus súbditos. A este problema se sumaron, en el caso de la Audiencia de Charcas, las luchas por el control de poder local entre el Presidente, don Ramón García Pizarro, por un lado, y los oidores y el cabildo, por el otro. Cuando el 21 de agosto llegaron a La Plata (hoy Sucre) las noticias del motín de Aranjuez, la caída y prisión de Godoy, la abdicación de Carlos IV, la exaltación de Fernando VII al trono y la entrada de los ejércitos franceses a la península, conmovieron a las autoridades y a la población en su conjunto. La situación extrema movió a las autoridades a deponer aparentemente sus actitudes y dejar de lado sus desacuerdos, estableciendo una unidad alrededor del “adorado Fernando” y jurando lealtad al nuevo Rey10. Sin Por ejemplo, Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile, p. 58. Sobre la fidelidad de los soberanos en Charcas escribe Gabriel René Moreno lo siguiente: …el sistema colonial, su régimen, su administración, sus gestores, tendrían todos los inconvenientes, exclusivismos y vicios que se quieran; pero, sea blandura del gobierno en el nuevo virreinato, sea justicia de las leyes civiles, sean conexiones entrañables de hábito, espíritu y sangre con España en las clases superiores, es el hecho que los naturales sin distinción entre indios, mestizos y criollos, amaban en el Alto Perú a la madre patria, y la generalidad esta contenta con su dominación el año 1808. Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú. Documentos inéditos de 1808 y 1809, pp. 176-177.  Las desavenencias entre García Pizarro y los oidores se había iniciado ya varios años antes, prácticamente desde la llegada del Presidente a Chuquisaca. Las causas de la tensión giraban en torno a diversos tópicos, tales como la presencia de asesores, la centralización del poder y el debate sobre qué instancia debía tomar las decisiones. Este ambiente de conflicto y tensión fue central para entender la sucesión de los hechos de 1808 y 1809. Sobre este tema es importante el estudio de Estanislao Just, Comienzo de la independencia en el Alto Perú. Los sucesos de Chuquisaca, 1809.  El virrey de Buenos Aires, dudando de la veracidad de las noticias, no había enviado a la audiencia la Real Cédula de 10 de abril, dando a conocer la exaltación de Fernando VII, sin embargo, ésta había llegado desde España directamente, con lo que se confirmó en la ciudad la noticia. Las versiones, sin embargo, no mostraban a Fernando VII como intrigante contra su mismo padre, sino que culpaban del mal gobierno a Godoy. Moreno, op .cit., p. 150. 10 Es interesante anotar los otros epítetos con que se nombraba al nuevo rey: Moreno da los siguientes: “nuestro suspirado y adorado Fernando”, “la delicia de la Nación”, “el ingenuo y aplicadísimo joven”, “el idolatrado monarca que antes de reinar en el trono reinaba ya en todos los corazones”. Op. cit., p. 151.  

La mecha que terminó por encender los ánimos altoperuanos y que desembocaron en el movimiento juntista de Chuquisaca de 25 de mayo de 1809 fue la llegada de José Manuel de Goyeneche, representante de la Junta de Sevilla a La Plata, quien venía con dos mensajes, uno oficial a favor de la Junta y otro casi secreto, enviado por la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y princesa de Brasil, solicitando a las ciudades el apoyo para que ella tomara las riendas del reino mientras durase la prisión de su hermano. Las cartas provocaron la división entre las dos fuerzas en pugna. Los oidores que se mostraban como defensores del rey acusaron al presidente y al arzobispo de traidores. La Audiencia aprovechó la situación para acusar a las dos autoridades de querer entregar estas regiones al dominio del Portugal. En toda la trama anterior, en Charcas se perciben dos situaciones que deben ser analizadas. En primer lugar, la lejanía de la Audiencia frente a la metrópoli como a la capital del virreinato, la hizo actuar de forma diferente a otras regiones como México, Buenos Aires o Santiago. La llegada de las noticias con un retraso de meses hizo que las autoridades y los cuerpos intermedios actuaran muchas veces “a ciegas”. En segundo lugar, por debajo de la lucha entre el presidente y la Audiencia, el cataclismo y el vacío de poder provocado por los hechos de Bayona produjeron un lento desvío de las decisiones hacia otros cuerpos, en este caso, la universidad y el cabildo. Para el mes de mayo, la situación se hizo insostenible. Los rumores acerca de la actuación del presidente de la Audiencia movió a la Audiencia a abrir una sumaria para demostrar la intención de entregar el territorio de Charcas al Brasil. El Presidente, al confirmar las intenciones de la Audiencia por deponerlo tomó la decisión de firmar la orden de arresto de los ministros de la Audiencia y las autoridades de la Universidad. La respuesta fue un tumulto popular. Los doctores, oidores y otras personas que habían participado abiertamente en la organización de la rebelión empezaron a salir a la calle para convocar a toda la población a la subversión. Cuando Jaime Zudáñez, el único conjurado que había sido apresado, tuvo que ser liberado por presión de la multitud, los gritos predominantes fueron los de Vivas a Fernando VII y mueras al mal gobierno, aunque no

Sobre este tema escribe Francois Xavier Guerra: Lo que se produce entonces no es un cambio de dinastía provocado por la extinción de una familia reinante, ni por la victoria de un pretendiente sobre otro en una guerra civil ni la rebelión del reino contra su rey, ni siquiera la conquista por otro monarca …Como lo señalarán todos, patriotas españoles y americanos, se trata de un caso de fuerza pura, ejercido no sobre un enemigo vencido, sino sobre un aliado, es decir, una traición, tanto más grave cuanto que afecta a un rey cuyo acceso al trono unos meses antes había sido acogido en ambos continentes con la esperanza entusiasta de una regeneración de la Monarquía. (Francois Xavier Guerra: “El ocaso de la monarquía hispánica” en Annino y Guerra (coord): Inventando la nación. Hispanoamérica Siglo XIX. FCE. México. 2003, p. 123). 11

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embargo, si bien esa lealtad hacia el soberano se había manifestado de manera pública en las ciudades y villas al momento de jurarla en nombre de Fernando VII, la situación de vasallaje empezó a modificarse rápidamente en el pensamiento y el discurso de la población de Charcas luego de los hechos de Bayona al reconocer que este Rey, al que pocos días antes habían jurado lealtad, había sido obligado a abdicar a favor de un extranjero advenedizo11. El principal problema suscitado en la capital de la Audiencia giraba precisamente en torno a quién era el que podría sumir la soberanía frente a la incapacidad de que el Rey prisionero lo hiciera. El presidente y el arzobispo eran partidarios de apoyar la Junta de Sevilla; los oidores, por su lado, exigían que para tomar una medida era indispensable que llegara una nota de alguna autoridad legítima. Para los oidores era la Junta Gubernativa de Madrid la que ejercía el mando supremo por delegación del Soberano legítimo y no la junta de Sevilla.

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faltaron los gritos de traición y vivas a la república12. La Audiencia, frente a la radicalidad de los hechos que ellos mismos habían promovido, solicitó al Presidente su dimisión y, a través de un Acuerdo de la Audiencia, declaró que sería el Real Acuerdo el que asumiría el control de la ciudad hasta su pacificación, a pedido de la población, en una clara muestra del reconocimiento de la voluntad general. Así, de forma aún tibia, se insertaba la soberanía popular en Charcas. En el análisis de estos hechos se percibe con claridad lo estudiado tanto por Francois Xavier Guerra como por Antonio Annino, es decir, el lento desliz que se dio desde un sistema de antiguo régimen, basado en la lealtad a un soberano hacia un sistema de modernidad, asentado en el reconocimiento de la soberanía popular13. Menos de dos meses después, el 16 de julio, se produjo otro tumulto en la ciudad de La Paz. Bajo el mismo argumento de que el Intendente y el Obispo pretendían seguir el partido de Carlota Joaquina, un conjunto de vecinos y pobladores tomaron el cuartel y depusieron a las autoridades. Se convocó a un Cabildo Abierto que confió el mando militar al mestizo Pedro Domingo Murillo y eligió como subjefe al español Pedro de Indaburo, comandante de las milicias y miembro de una de las familias de elite de la ciudad. El cabildo autorizó la formación de una “Junta Nacional Representativa de Tuición”, más conocida como “Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo”, presidida por Murillo14. A pesar del triunfo del movimiento, el hecho que se produjera en una ciudad subalterna, cabeza únicamente de una intendencia, hizo que su influencia en el resto del territorio americano fuera casi nula. A pesar de su debilidad, este movimiento produjo un conjunto de documentos con una rica ideología que marcaron en parte el discurso emancipatorio altoperuano15. Estos fueron el Plan de Gobierno y la denominada Proclama de la Junta Tuitiva, de carácter anónimo. Ambos documentos buscaban, con un discurso que toma elementos de modernidad, una mayor autonomía y, con excepción de una versión de la Proclama no hablaban de una forma abierta de una independencia frente a la metrópoli16. Guerra, “El ocaso...”, op. cit., pp. 120-121. Véase sobre este tema, Francois Xavier Guerra: Modernidad e independencias. ensayos sobre las revoluciones hispánicas. 14 José Luis Roca, 1809. La revolución de la audiencia de Charcas en Chuquisaca y en La Paz, pp. 23-25. Los otros miembros de la Junta Tuitiva eran Melchor de la Barra, José Antonio Medina, Juan Manuel Mercado, Francisco Xavier Iturri Patiño, Gregorio García Lanza, Juan Basilio Catacora, Juan de la Cruz Monje, Buenaventura Bueno, Sebastián Arrieta, Francisco Palacios, José María de los Santos, Sebastián Aparicio y Juan Manuel Cáceres como escribano. 15 El movimiento paceño empujó al Virrey del Perú Fernando de Abascal a intervenir en los asuntos de la Audiencia de charcas y envió a José Manuel de Goyeneche a reprimir el levantamiento. Las tropas procedentes del Perú controlaron la rebelión, aprovechando la división entre radicales y moderados dentro de la misma Junta. En enero de 1810, Murillo y varios de sus seguidores fueron ejecutados mientras que muchos otros participantes fueron desterrados y encarcelados. 16 El punto cinco del Plan de Gobierno establecía la organización de la Junta Tuitiva con los siguientes términos: “Se formará una junta que hará las veces de representante del pueblo, para que por su órgano se exponga a este ilustre cuerpo (el cabildo gobernador) sus solicitudes y derechos, y se organicen con prudencia y equidad sus intentos”. Y más adelante ordenaba que el pueblo se aquiete y subordine a las autoridades constituidas, precisamente a esta “Junta Representativa y Tuitiva de los derechos del pueblo”. En el punto nueve, y de una forma que rompe también con los principios de antiguo régimen de la existencia de dos repúblicas, se dice: “Pide este pueblo que se reúna al congreso representativo de los derechos del pueblo, un indio noble de cada partido de las seis subdelegaciones que forman esta provincia de La Paz cuyo nombramiento se hará por el subdelegado, el cura y el cacique de las cabeceras de cada partido…” Finalmente, ya con la utilización de términos de la modernidad, establece en el punto diez lo siguiente: “No intenta más este pueblo que establecer sobre bases sólidas y fundamentales, la seguridad, propiedad y libertad de las personas. Estos tres derechos que el hombre deposita en manos de la autoridad pública, deben ser representados por todo el decoro y dignidad que se debe; de la invulnerabilidad de éstos, se sigue inmediatamente la tranquilidad y buen orden de la sociedad, y mientras no se tomen las precauciones para sostenerlos, nacen las crisis políticas que desorganizan y 12 13

La formación de las Juntas de Chuquisaca y La Paz, en 1809, las de Buenos Aires de mayo y de la Junta de Gobierno de Santiago, de septiembre de 181017 no pueden ser disociadas ni del proceso común de creación de Juntas de Gobierno en la América Hispana, ni de la coyuntura en la península en donde las tropas francesas hacia esa fecha (mayo-septiembre de 1810), ocupaban la casi totalidad del territorio español. Tampoco puede serlo del discurso de los liberales españoles en los contradictorios mensajes que en un sentido criticaban al absolutismo borbónico y ofrecían participación y de otra limitaban el alcance de sus propios ofrecimientos18. No se debe dejar de considerar que, en ese contexto la formación de Juntas era una alternativa más a disposición tanto de peninsulares como criollos para avanzar en la solución de una situación de crisis19. En este ambiente, las construcciones discursivas que se utilizaron para fundamentar y legitimar la opción juntista en Santiago no difieren de los argumentos teóricos esgrimidos en las Juntas del Alto Perú trastornan las instituciones sociales. El segundo documento es la llamada “Proclama de la Junta Tuitiva”, tiene dos versiones anónimas que muestran las diferencias en la concepción del movimiento. Dice la primera: “...Ya es tiempo pues de elevar hasta los pies del trono del mejor de los monarcas, el desgraciado Fernando VII, nuestros clamores, y poner a la vista del mundo entero, los desgraciados procedimientos de unas autoridades libertinas. Ya es tiempo de organizar un nuevo sistema de gobierno fundado en los intereses del rey, de la patria y de la religión, altamente deprimidos por la bastarda política de Madrid. Ya es tiempo en fin, de levantar los estandartes de nuestra acendrada fidelidad... No miréis con desdén los derechos del rey y la felicidad de nuestro suelo. No perdáis jamás de vista la unión que debe reinar en todos para acreditar nuestro inmarcesible vasallaje...”, mientras que la segunda versión dice: Ya es tiempo pues de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad como favorable al orgullo nacional del español. Ya es tiempo de organizar un nuevo sistema de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la política bastarda de Madrid. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía...”. en Roca, op. cit., pp. 95-104. 17 Se pueden establecer dos etapas en la creación de Juntas en la región. La primera es la de 1809 que se establecen durante la vigencia de la Junta de Sevilla y de la Junta Central; la segunda es la de 1810, con juntas que se crean en diversas ciudades frente al Consejo de Regencia. En el caso altoperuano, durante esta segunda etapa se organizaron juntas en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, entre septiembre y noviembre de 1810, todas ellas en apoyo a la Junta de Buenos Aires. 18 Demetrio Ramos, España en la Independencia de América. ¿Derivada o emparentada?, pp. 37-56. Del mismo autor: Las cortes de Cadiz, p. 325. 19 Debe recordarse que el primer intento de Junta en Buenos Aires lo realizaron los comerciantes peninsulares que miraban con sospecha la actuación del Virrey Liniers. Véase: Oscar Acevedo, La independencia de Argentina, pp. 53-57.

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En la Capitanía General de Chile tampoco hay antecedentes que permitan concluir, antes de la crisis de la monarquía española, aspiraciones independentistas como una cuestión extendida al interior de la élite, lo cual no excluye que de manera aislada, ciertas personalidades por factores de diversa naturaleza no abrigaran demandas de algún tipo de cambio político. Las noticias de la prisión de Fernando VII, su reemplazo por José Bonaparte y los conocidos hechos posteriores ( creación de Juntas, resistencia, Creación de la Junta Central, etc.) generaron una situación de vacío de poder y de debate público, en donde una amplia gama de alternativas políticas podrían ahora ser debatidas con una legitimidad que fuera de ese contexto de crisis jamás las habrían tenido. En el caso de Chile esta crisis estructural se integra también a una dimensión local, vinculada a las tensiones derivadas de percepciones y decisiones erróneas del entonces Gobernador García Carrasco, que lo llevó a enfrentarse tanto a la elite criolla agrupada en el Cabildo como a la Audiencia y que culminaron finalmente con su salida (julio de 1810) y posterior reemplazo por el anciano y voluble aristócrata Mateo de Toro y Zambrano, Conde de la Conquista. En ese contexto de intenso debate político, éste finalmente cedió a las presiones de los criollos y terminó convocando una Junta de Gobierno en septiembre de 1810.

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o de Buenos Aires , es decir : (1) la imitación de lo que han hecho los propios españoles sometidos a una coyuntura de crisis , (2)el principio de que la soberanìa revierte en el “pueblo” en ausencia del titular de la soberanìa, (3) resguardar estos territorios para el cautivo Rey Fernando y preservarlos de que caigan en manos de los franceses20. El carácter de los movimientos juntistas en el Alto Perú y en Chile, fue el de gobiernos autonomistas que asumieron de manera temporal la soberanía en ausencia del Rey legítimo. Los supuestos teóricos (jurídicos, doctrinarios o ideológicos) de este cambio político han sido objeto de un extenso debate en el sentido de si estos se vinculaban a la tradición del pactismo español y al Derecho Indiano o si, por el contrario, estos representaban un imaginario más propio de la modernidad ilustrada (soberanía popular, ciudadanía, republicanismo)21. Si se examinan las construcciones discursivas en parte importante de la documentación de la época, podrían encontrarse argumentos en uno u otro sentido, entre otras cosas porque el lenguaje político tiene de manera normal una semántica muy amplia (como por ejemplo, respecto de los fundamentos teóricos de la idea de pacto o contrato). Si en cambio se examina este tema desde el punto de vista de los intereses de una elite en un contexto de crisis, en donde los propósitos y necesidades giran en torno a legitimar demandas de cambio político, entonces es razonable que se hayan usado todo tipo de argumentos en función de esos intereses, sin que necesariamente hubiesen estado dotados de consistencia ideológica o que incluso se hubieran construido intencionalmente en forma ambigua en variados aspectos. Otro ámbito de discusión es el relativo a las influencias externas en el sentido de las eventuales influencias de casos históricos de cambio político (la Revolución Francesa y/o la Independencia de Estados Unidos ). En relación a la eventual influencia norteamericana, debe recordarse que paradojalmente, por sus intereses en el contexto de los conflictos europeos, tanto la monarquía francesa como la española apoyaron a la independencia de Estados Unidos y por lo tanto muchos documentos claves de ese proceso, incluyendo la Declaración de la Independencia circularon (incluso con traducciones al castellano) con pocas restricciones en algunas regiones hispanoamericanas, pero que además estas posibles influencias deben ser remitidas a fuentes múltiples22. “… Por ventura este inmenso territorio, sus millones de habitantes ¿Deben reconocer la soberanía de los comerciantes de Cadiz y de los pescadores de la isla de León?... Por ventura habrán pasado a Cádiz y a la Isla de León, que forman parte de Andalucía, los derechos de la Corona de Castilla a la cual fueron incorporadas las Américas? No señor, no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses Hemos resuelto tomar de nuevo el ejercicio de nuestro derechos y salvaguardarnos nosotros mismos. Aquel que ha dado a vuestro excelencia autoridad para mandarnos ha dejado de existir y por consiguiente las fuerzas en que se apoyaba su autoridad tampoco existen”, Discurso de Cornelio Saavedra , jefe de uno de los Cuerpo de Patriotas ante la Junta de Buenos Aires y el Virrey Hidalgo de Cisneros 22 de Mayo de 1810 en García –Gallo, Alfonso Manual de Historia del Derecho Español e Indiano, Vol. 11, p. 1059. ”… “No hay sobre la tierra una autoridad que se apoye en mas legales y sólidos fundamentos que la Junta Provisional Nosotros hemos jurado un Príncipe que desde su cautiverio no puede gobernar. Desde aquel desdichado momento volvieron a los pueblos los poderes que ellos habían transmitido a su Rey y que en su ausencia solo ellos podían suministrar: de esta fuente de la soberanía emanaron las Juntas provinciales de España, del mismo principio fue derivada la reunión de la majestad en la Junta Central , que por su disolución se restituyó por segunda vez al pueblo. ¿Y acaso los de Chile no han gozado de los mismos derechos para imitar a la Península? ¿Acaso no los tienen para congregarse y elegir como ella sus representantes que fijen su suerte dudosa en la terrible crisis de la monarquía? ¿Se han violado hasta ahora las leyes fundamentales que nos rigen? ¿Porque no ha de escucharse la voz libre y la voluntad general de nuestros pueblos…” Marquez de la Plata , Bando de la Junta de Gobierno de Chile (Abril de 1811), Boletín de la Academia Chilena de la Historia Nº 11 , 1938. Adicionalmente: Jaime Eyzaguirre, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, pp. 96-110. 21 Eyzaguirre, op. cit.; Simón Collier, Ideas y política de la Independencia chilena, 1810-1833 [1967]; Roca, op. cit., María Luisa Sioux, La construcción de la soberanía en Charcas, procesos leales e insurgentes ”. 22 Merle Simons, La revolución norteamericana en la independencia de Hispanoamérica, p.70 y ss. Sobre las traduccio20

Mientras los movimientos juntistas eran reprimidos dramáticamente en La Plata y La Paz, con expediciones promovidas desde ambos virreinatos, la situación en otras ciudades y villas se mantuvo en tensa calma, con una posición bastante tibia frente a la radicalización del movimiento. Cuando el resto de las ciudades altoperuanas crearon también sus propias juntas, recién en 1810, lo hicieron en un contexto diferente influido por el movimiento de Buenos Aires, la conformación de una Junta Central en la capital del virreinato y, finalmente, por el avance de las tropas porteñas dirigidas por Castelli y Balcarce hacia las tierras altas o provincias interiores. Fue en apoyo a este movimiento que la ciudades de Cochabamba (14 de septiembre de 1810), Santa Cruz (24 de septiembre), Oruro (6 de octubre) y Potosí (10 de noviembre) se rebelaron contra el poder de la metrópoli creando juntas en apoyo a Buenos Aires. Sin embargo, ninguna de estas juntas convocaron a Congresos, debido fundamentalmente a que se hallaban subordinadas a las directrices de Buenos Aires, donde deberían enviar representantes. A diferencia del Alto Perú, en donde las Juntas de Gobierno creadas en las capitales hispanoamericanas encontraron resistencias a su reconocimiento, como representantes provisorios de la soberanía real, en las diversas ciudades y villas de la Capitanía General de Chile, por medio de decisiones de Cabildos y Vecindarios, no hubo disputas acerca de su reconocimiento (octubre). Pero la propia elite santiaguina que creó la Junta de Gobierno tenía certeza de la precaria legitimidad de su origen y de los limitados alcances de su representatividad (el Cabildo de Santiago la había convocada por esquelas de invitación a un número reducido de vecinos) y por lo mismo, se dio rápidamente a la tarea de convocar a la creación de un Congreso Nacional , de “diputados de los pueblos “. Aun así, la Junta actuó también como Ejecutivo tomando decisiones no menos trascendentes para la totalidad de la Capitanía General como, por ejemplo, el Decreto de Libertad de Comercio de febrero de 1811 25. En el contexto de actos de reconocimiento de la Junta y de elección de representantes al

nes de textos revolucionarios p. 137 y ss. 23 Guerra, Modernidad..., op. cit, pp. 36 y ss. y 227 y ss. con referencias al tema de la prensa. 24 La sociabilidad, con la formación de clubes y sociedades fueron aparentemente más fuertes en Chile que en el Alto Perú. En La Plata los círculos de discusión giraban alrededor de la Universidad y de la Academia Carolina, pero no existían órganos de prensa ni otra forma de comunicación de carácter moderno. 25 Que abrió tres puertos (Valparaíso, Valdivia y Talcahuano) al libre comercio a neutrales y a potencias amigas o aliadas de España. Véase Sergio Villalobos, La crisis y el comercio colonial. Un mito de la Independencia.

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De la revolución Francesa se ha afirmado que en la América hispana algunos de sus excesos (el asesinato de la familia real por ejemplo ) habrían sido vistos con horror por parte de la elites locales, lo cual había limitado su influencia. Sin embargo autores como Francois Xavier Guerra han mostrado lo complejo que puede resultar hacer afirmaciones taxativas respecto de la “influencia” de un determinado hecho23. Es evidente que ciertas modalidades de sociabilidad moderna (clubes políticos, sociedades de amigos del país y otras), tanto como la profusión de expresiones de “prensa política” recogieron en los años de la independencia influencias francesas, posiblemente mediatizadas por las prácticas de los propios liberales españoles en el período que va desde 1808 hasta 181324. Lo que queda fuera de toda duda, es que entre 1809 y 1810, las elites no expresaron anhelos de independencia, sino fundamentalmente demandas de autonomismo en ausencia de un Rey legítimo, pero en el curso de este proceso, teniendo como punto de inflexión el año 1811, se pasó del autonomismo a las demandas de cambio de régimen político y de independencia nacional, haciéndose mucho más evidente el recurso a un discurso propiamente liberal .

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Congreso se dieron los primeros hechos de violencia del proceso: Un comandante de un batallón de infantería de Concepción, en ese momento estacionado en Santiago, el peninsular Tomás de Figueroa sublevó sus tropas a fin de restaurar, con el apoyo de la Audiencia, la autoridad real. El motín fue contenido por otras tropas y unidades de milicianos, y Figueroa, capturado, fue finalmente condenado a muerte y ejecutado. El “motín de Figueroa” tuvo varias consecuencias políticas: eliminó la capacidad de la Audiencia de transformarse en un contendor respecto de las nuevas autoridades, también puso el tema de la privatización de la violencia como un nuevo elemento en juego para la acción política y por consiguiente de allí en adelante otorgó mayor de relevancia al rol (potencial o efectivo) de los militares como grupo de presión . Congresos y guerras Mientras que en Chile el proceso juntista desembocó en la convocatoria a un Congreso que buscaría definir el futuro de la Capitanía, el Alto Perú se convirtió en un espacio de disputa entre la insurgente Buenos Aires y la fiel Lima, impidiendo que las fuerzas locales altoperuanas pudieran desarrollar su movimiento hacia la toma de decisiones políticas autónomas. De esta manera, el curso del proceso se presentó de una forma diferente en una y otra región. La instalación del Congreso en la Capitanía General de Chile generó disputas en torno al contenido, alcances y dirección del proceso político, pero otro tema no menor de conflicto se generó en torno al tema de la representación. Santiago, tanto en razón de su mayor peso demográfico como en relación al peso de sus intereses económicos, e incluso por la presencia de las familias con mayor status y de ser sede de “instituciones nacionales”, tuvo un número de representantes considerablemente mayor que el resto de las ciudades26 configurándose así una tendencia al centralismo que ha perdurado a través del tiempo sin contrapesos, pero no sin tensiones. Adicionalmente, este número fue aumentado por decisión del Cabildo de Santiago (hasta llegar a un total de 12) . Estas tensiones llevaron no sólo a que algunos de los representantes de otras ciudades se retiraran del Congreso, poniendo en cuestión no sólo la legitimidad de las decisiones que se tomaban en función de los intereses de la capital, sino también abriendo paso a nuevos actores que expresaban otra lógica en la acción política: los militares, grupo que expresaba intereses altamente heterogéneos, tanto como sus diferencias en grados de profesionalización. Ya fuese vinculados a sus regiones de origen (ya se señaló que Concepción, en su condición de sede del Ejercito de la Frontera tenía una suerte de élite militar propia), a intereses corporativos o a redes de intereses articuladas en torno a algunas familias27, difícilmente podría considerarse que quienes usaban uniformes fuesen un actor político homogéneo. En realidad, tendría más sentido razonar sobre fracciones que de modo fluctuante actuaban a veces de manera corporativa y a veces en conjunto con fracciones de las elites “civiles”. Exposición de los Diputados que Renuncian …: “La arbitrariedad de los 12 diputados de la capital , después de haber resistido tenazmente a la reiteradas protestas que hemos interpuesto sobre la monstruosa desproporción de su número y la notoria nulidad de su elección , ha llegado al extremo de oponerse imprudentemente a que la demás provincias tengan parte representativa en el gobierno que habría de establecerse. Un designio tan temerario que dan en tierra con los derechos mas sagrados de los pueblos… Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo i, pp. 52-53 en Gabriel Salazar Construcciòn del Estado en Chile (1800-1837) Democracia de los Pueblos Militarismo Ciudadano, Golpismo Oligárquico, p. 137. 27 Sobre la significación política de redes sociales estructuradas en torno a familias, véase J. Barbier, “Elites and Cadres in Bouorbon’s Chile”, pp. 417-418. También Mary Felstiner, “Kinship Politics in the Chilean Independence Movement”, pp. 58-80. 26

El período que se extiende entre la Instalación del Congreso (julio de 1811) hasta la llegada de las fuerzas militares enviadas por el Virrey Fernando de Abascal (marzo de 1813), es confuso. En su transcurso, como se señaló, aparecen nuevos actores y el contenido del proceso deriva desde el autonomismo hacia el separatismo. En noviembre de 1811, Carrera dio un nuevo golpe militar, que se intentó legitimar con un discurso mucho más radicalmente liberal y rupturista. Una interpretación posible de este proceso, sacándolo del marco de la historia de las ideas es que la propia dinámica del proceso (incluyendo factores externos) generó la necesidad de pasar desde formas de legitimación de un poder tradicional a la de crear un orden político alternativo, en el que operaba una gama más diversa de actores28. En este contexto que se puede describir como de “crisis de hegemonía” o como un sistema de vetos múltiples, es muy frecuente que quienes cuentan con una estructura jerárquica, disciplinada, de amplia cobertura territorial, con la capacidad coactiva derivada de las armas (pretorianismo en el sentido de Huntington), en tiempos en que adicionalmente se superponen amenazas externas, tengan no sólo amplias posibilidades en la competencia por el poder político, sino que además puedan competir en mejores condiciones que otros actores por el control del aparato del Estado. Como sea que se interprete (intencionalidad expresa o constelación de circunstancias) durante la dictadura de Carrera se avanzó tanto de manera práctica (el Reglamento Constitucional de 1812) como simbólico-discursiva (creación de una bandera y escarapela y la difusión de ideas liberales a través de prensa escrita) en un quiebre orientado hacia la afirmación de independencia, no declarada de forma explícita. El Reglamento Constitucional (sancionado el 27 de octubre de 1812) estaba lleno de ambigüedades. Reconocía la autoridad del Rey, pero la condicionaba al reconocimiento de la Constitución; señalaba que la “Junta Superior Gubernativa establecida en la Capital” gobernaba a nombre del Rey pero también indicaba que “ningún decreto providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunal fuera del territorio de Chile tendrá efecto El surgimiento de estas nuevas fuerzas políticas no significó la desaparición de los mecanismos de participación y poder tradicionales. Instancias como el Cabildo y la camarillas clientelíticas y familiares hicieron sentir su peso y prestigio… El sistema se hizo más complejo, los nuevos mecanismos se agregaron sin sustituir a los existentes. Evidentemente esto se prestó para todo tipo de conflictos entre estas fuerzas disruptivas ninguna de las cuales podía tener capacidad hegemónica; Jocelyn-Holt, La independencia..., op. cit., p. 158. 28

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En septiembre de 1811, José Miguel Carrera, un joven aristócrata que había regresado a Chile con el prestigio de una breve carrera militar en las guerras de la Península, con el apoyo de sus hermanos (todos militares) y su familia, en el contexto de estas pugnas sobre la representatividad en el Congreso dio el primero de una serie de golpes militares que a la larga serían decisivos para orientar el proceso político hacia una poco disimulada demanda de independencia. En ese contexto, de manera simultánea la elite de Concepción desplegó uno de los más notorios esfuerzos de autonomismo respecto de las decisiones de la capital: su aristocracia, liderada por Juan Martínez de Rosas constituyó una Junta local, que alcanzó a durar poco tiempo, siendo derribada por una fracción militar local en connivencia con Carrera. Este no sería el único momento en que Concepción expresaría demandas locales en confrontación con la elite de Santiago, aunque considerando las bases económicas de esa región (dicho de otra manera, su dependencia de Santiago) resulta difícil suponer que este tipo de movimientos pudiesen haberse extendido de manera prolongada en el tiempo sin otros apoyos regionales. En los años que transcurren entre la consolidación militar de la independencia (hacia 1818) y la consolidación del estado nacional (en la década entre 1830 y 1840) en más de una oportunidad Concepción se transformó en centro de resistencia político-militar respecto de los gobiernos nacionales.

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alguno”. Los primeros artículos señalaban: Art 2º, El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes; Art 3º, Su Rey es Fernando VII , que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa …estando a su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores …; Art 5º, Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile , tendrá afecto alguno y los que intentaren darles valor , serán castigados como reos de Estado; Art 6º Si los gobernantes dieran un paso contra la voluntad general declarada en la Constitución volverá al instante el poder a las manos del pueblo, que condenará tal acto como un crimen de lesa Patria … Más adelante, el Art 24º establecía que: Todo habitante libre de Chile es igual en derecho : solo el mérito y virtud constituyen acreedor a la honra de funcionario de la Patria. El español es nuestro hermano. El extranjero deja de serlo si es útil; y todo desgraciado que busque asilo en nuestro suelo, será objeto de nuestra hospitalidad y socorro...29. Dado el limitado número de efectivos peninsulares y peruanos que llegaron a operar en Chile, puede afirmarse que las guerras de la independencia tuvieron el carácter de una guerra civil. El conflicto dividió a la elite, a instituciones como la Iglesia y a la sociedad en general, pero las guerras de la independencia no incluyeron conflictos sociales (como por ejemplo en Venezuela o el Alto Perú) y la participación indígena también fue limitada. Las comunidades mapuches en la medida que lo hicieron, lucharon a favor de la causa real30. Las guerras afectaron a todo el territorio de la Capitanía General, aunque de manera desigual. Las campañas se desarrollaron de Santiago al Sur, afectando la vida económica por diversas razones: reclutamiento entre mano de obra campesina, exacciones y tácticas de “tierra arrasada”, en los Corregimientos del Norte de tradición minera, la guerra no tuvo el mismo impacto directo en las actividades económicas, pero la región no se libró de exacciones especiales para el financiamiento de las campañas31. Por su parte, el proceso en el Alto Perú fue más complejo, ya que se entrecruzaron con la guerra movimientos sociales indígenas y los intentos por reubicarse frente a los cambios de tipo constitucional que se dieron en la metrópoli. Desde la perspectiva de la lucha armada, una de sus características fue el de la organización de un sistema amplio de ejércitos irregulares y milicias conocidas con el nombre de Guerrillas o Republiquetas, que lucharon sobre todo en el área rural con el objetivo de agotar a las tropas del rey y apoyar el accionar de los ejércitos auxiliares porteños que llegaron de forma esporádica. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, se debe citar la sublevación indígena que mantuvo en vilo a la población altiplánica entre 1810 y 1812, con reivindicaciones como la supresión de la mita y la modificación del tributo; finalmente, desde la cultura política se vivió un proceso de ida y retorno entre un sistema constitucional-liberal y otro absolutista-de antiguo régimen; todo lo anterior en medio de una permanente guerra civil que “Reglamento Constitucional Provisorio del 26 de Octubre de 1812”, pp. 46-49. “Se formalizó la sublevación del pueblo de Arauco i sus indios se levantaron por la voz del Rey … siendo el alma de esta operación los mismos religiosos”, en “Relación de los padres misioneros del Colegio de Chillán”, tomo iv, pp. 5-61. 31 Desde que la Primera Junta de Gobierno decretó la formación de nuevos regimientos (1810) hasta la caída de Chiloé (1826) el gasto militar creció de manera constante con un peso abrumador sobre los escuálidos recursos fiscales y en general sobre la economía del país. En esos 16 años se crearon y recrearon varios ejércitos, incluyendo ejércitos realistas. Estos tuvieron dotaciones que fluctuaron entre 3000 y 8000 soldados (en comparación, el Ejercito Colonial contaba con cerca de 1500 efectivos ). El reclutamiento era difícil la deserción muy alta y la organización del Ejército patriota muy limitada. Desde que O´Higgins asumió el mando en Febrero de 1817 y solo durante ese año, para un presupuesto general de $ 2.000.000, $1.550.000 se destinaron al gasto militar. Para una comparación de la significación de ese monto, los compromisos de la Real Hacienda en los últimos años del período colonial eran sólo de $ 600.000. Sergio Villalobos et al., Historia de Chile, vol. 3. p. 416. 29 30

Los inicios de la revuelta indígena, que dio lugar a su vez a la organización de grupos guerrilleros, se remonta a noviembre de 1809, cuando los indígenas del pueblo de Toledo, en Oruro, se sublevaron en defensa de su cacique don Manuel Victoriano Aguilar de Titichoca a quien las autoridades locales habían obligado a renunciar. Si bien la asonada indígena no salió en ese momento más allá del pueblo de Toledo, este hecho local se articulaba, a su vez, con el ambiente subversivo general y la alianza de varios caudillos indígenas y mestizos que buscaban sus propios objetivos sociales y políticos32. La conspiración indígena fue descubierta y sus caudillos, el mestizo Juan Manuel de Cáceres, escribano de la Junta Tuitiva paceña, el prebendado de Chuquisaca Jiménez de Manco Cápac y el mismo Titichoca, sufrieron la persecución. Sin embargo, la represión se paró debido al avance de las tropas del Primer ejército auxiliar del Alto Perú, dirigido por Castelli y Balcarce que se aliaron con los rebeldes. Luego de la derrota porteña en Guaqui (junio de 1811), las tropas indígenas se mantuvieron en rebelión, controlando un amplio espacio que iba desde el sur peruano hasta la región de Oruro y desarrollando acciones como la toma de varias poblaciones de la región del Titicaca y un cerco a la ciudad de La Paz. Sus objetivos eran tanto políticos (nombramiento de autoridades propias) como sociales (supresión de la mita, modificación del pago del tributo), todo esto en la búsqueda de establecer un nuevo pacto con la corona. La sublevación fue finalmente controlada por parte del virreinato del Perú gracias a la ayuda de las tropas indígenas dirigidas por Mateo Pumacagua, a mediados de 1812. Es muy probable que los restos de las huestes indígenas hayan pasado a pertenecer a los grupos de caudillos insurgentes que dieron, finalmente, lugar al sistema de guerrillas. El sistema de guerrillas (conformado hacia 1813), unía en la lucha a los diferentes grupos sociales que convivían en ese espacio: algunos hacendados o terratenientes que no habían querido escapar hacia lugares más seguros, vecinos de los pueblos, en su mayoría mestizos, y sistemas organizados de indígenas que se adscribían generalmente bajo la dirección de un cacique o autoridad de su misma comunidad. Por lo general, la guerrilla estaba dirigida ya sea por algún terrateniente o líder local, como fue el caso de Padilla en La Laguna y Eusebio Lira en Ayopaya, o, por el contrario, por un miembro de los ejércitos insurgentes, ya sea de los Porteños o de los Cusqueños, como fue el caso de Arenales en Mizque, Warnes en Santa Cruz y Muñecas en Larecaja. La forma de organización dentro de la guerrilla reflejaba, al mismo tiempo, la organización social que se daba en el espacio rural colonial. Esto significa que en la guerrilla se veían representados todos los grupos sociales que convivían en el área rural, estableciendo redes y alianzas, permanentes o coyunturales. De acuerdo a Charles Arnade, las guerrillas más organizadas fueron incrustadas entre Charcas y las tierras vecinas y entre las seis más importantes ciudades33. Estas guerrillas fueron: al norte, la de Larecaja, dirigida por el cura Ildefonso de las Muñecas; al sur, la de Cinti, dirigida por Vicente En el mes de abril de 1810, un documento subversivo empezó a circular en varios pueblos del altiplano. Había sido redactado en La Plata (Chuquisaca) por un grupo de mestizos e indígenas, conformado por Juan Manuel de Cáceres, Titichoca, el prebendado de la Catedral de La Plata, Andrés Jiménez de León y Manco Cápac y otros. El documento se oponía a puntos clave de la dominación colonial: el pago del tributo, la mita, el pago de alcabalas, los abusos de los curas, subdelegados y chapetones, el trabajo obligatorio y gratuito, la presencia de mestizos en los pueblos y el abuso de los hacendados. 33 Charles Arnade. La dramática insurgencia de Bolivia, p. 47. 32

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enfrentó a los ejércitos realistas, enviados por el Virreinato del Perú con soldados reclutados en el mismo Perú y en Charcas, con los ejércitos insurgentes o patriotas, mandados desde Buenos Aires y que contaban con huestes reclutadas en las provincias Unidas y también en Charcas.

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Camargo; estas dos relacionaban a Charcas con Cusco y Buenos Aires. En el interior se hallaban las guerrillas de La Laguna, comandada por Manuel Asencio Padilla; la de Santa Cruz, dirigida por Ignacio Warnes, la de Mizque y Vallegrande, comandada por José Antonio Álvarez de Arenales y, finalmente, la de Ayopaya, que tuvo diferentes comandantes a lo largo de su historia. Estas últimas cuatro, se relacionaban más bien con el control del espacio interno, perjudicando la comunicación realista entre las ciudades. Es interesante resaltar que todos estos grupos guerrilleros, con excepción del de Santa Cruz de la Sierra, que se ubicaba en un terreno más bien horizontal, se conformaron en medio de las montañas y las quebradas de los contrafuertes de la Cordillera de los Andes que unen el altiplano con las llanuras de las tierras bajas, en altitudes que varían desde los más de 5000 mtrs. sobre el nivel del mar hasta hoyadas que llegan apenas a los 500 mtrs. La configuración geográfica de valles y quebradas que cruzan transversalmente la cordillera, era el lugar apropiado para la instalación de grupos guerrilleros, que podían aparecer en cualquier momento sobre las montañas o escapar fácilmente al acoso de los ejércitos que se movían mucho más lentamente en el terreno abrupto. Por otro lado, la ubicación de comunidades indígenas en los valles y quebradas permitía a los grupos guerrilleros establecer contacto permanente con pobladores capaces de proporcionar alimentos, vituallas y animales de carga. De esta manera se establecieron contactos y alianzas entre los pobladores del área rural de los valles y los ejércitos irregulares de guerrilla que fueron, a largo plazo, los que mantuvieron un ambiente permanente de insurrección e insurgencia en un Alto Perú controlado desde las ciudades por los ejércitos del rey. A lo largo de la contienda, el control del espacio altoperuano siguió el siguiente esquema: el ejército realista controlaba sobre todo el espacio altiplánico, con sus centros en el Desaguadero, Viacha, La Paz, Sicasica, Oruro, Potosí y Tupiza. Las tropas insurgentes de caudillos diversos se ubicaban más bien en una línea paralela al este de la anterior, en los valles de Yungas, Ayopaya, Cochabamba, Tapacari, Chayanta, Vallegrande, Santa Cruz y los alrededores de Chuquisaca. Se puede ver que la estrategia de lucha desde el lado realista combinaba dos tipos de acciones: por un lado, los ejércitos regulares, apoyados a veces por milicias de vecinos, se enfrentaban a otros ejércitos también regulares, de los rioplatenses34 o de los cochabambinos; por el otro lado, pequeñas partidas se encargaban de desmantelar a los grupos irregulares. Inicialmente, las guerrillas fueron estructuradas en un sistema dependiente de Buenos Aires y bajo la coordinación del Coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales, nombrado por Belgrano como gobernador de Cochabamba y comandante general de las armas patriotas. Luego de 1815, el sistema no pudo mantenerse debido tanto a las derrotas sufridas por los ejércitos auxiliares porteños como a la reinstauración del sistema de antiguo régimen y el fortalecimiento del ejército realista bajo la dirección del general Pezuela. A la larga, y luego de la muerte de Warnes y varios otros caudillos guerrilleros, Arenales tuvo que retirarse de la organización del sistema de guerrillas, dejando a cada grupo bajo la dirección de un caudillo. De esta forma, el sistema integrado que había buscado coordinar las fuerzas patriotas se vio sobrepasado tanto por la fortaleza de los realistas como por la división y las rencillas dentro de los mismos grupos y caudillos de la patria. Tras la salida de Arenales del Alto Perú, cada grupo se independizó, conformando lo que Bartolomé Mitre ha llamado las Republiquetas. A partir de 1816 las posiciones del ejército realista, dirigido ya por el General La Serna (luego Llegaron al Alto Perú tres ejércitos auxiliares desde Buenos Aires, dirigidos por Castelli y Balcarce (1810-11), Belgrano (1813) y Rondeau (1815), además de una pequeña partida dirigida por Aráoz de la Madrid (1817) que se la conoció erróneamente como Cuarto ejército auxiliar. 34

A la lucha contra las tropas realistas se sumó para la población altoperuana el desconcierto provocado por la errática política en la metrópoli. La instauración de un sistema constitucional en 1812 promovió procesos electorales en los territorios leales, que fueron desconocidos posteriormente con el retorno del absolutismo. Lo mismo ocurrió a partir de 1820 cuando se establecieron cabildos constitucionales en las ciudades, aunque no pudieron crearse diputaciones provinciales debido a la situación de guerra. De esta manera, hacia 1823, la crisis institucional de la Audiencia había cedido paso al poder de los cabildos, que no lograban, sin embargo, estructurar un sistema con mayor alcance que el local. Los cambios en el sistema político provocaron también el debilitamiento de dos organizaciones básicas del sistema colonial, como fueron la mita de Potosí y el cobro del tributo. En el primer caso, encontramos que el envío de la mita se hacía cada vez más difícil, no sólo por las vicisitudes de la guerra, sino también porque la Constitución Gaditana de 1812, había prohibido la servidumbre y había determinado la extinción de este tipo de trabajo. En el caso del tributo, era difícil cobrarlo debido al ingreso constante de los insurgentes a los pueblos y la migración forzosa de muchos tributarios para escapar de la recluta. El proceso de independencia debe ser analizado no sólo como el de luchas internas por el control del territorio local, sino fundamentalmente desde una perspectiva continental. De ahí que los procesos regionales que nos ocupan en la Capitanía General de Chile y en la Audiencia de Charcas, deben ser vistos como unas piezas más del proceso general que enfrentó al poder de los grandes centros continentales con el imperio hispánico en un momento de crisis de los sistemas de antiguo régimen y de conflicto europeo. Hacia fines de 1812 una pequeña fuerza militar enviada por el Virrey Abascal, desembarcó en Chiloé, allí se reforzó con tropas locales y se dirigió posteriormente a Valdivia y Concepción. En marzo de 1813 capturó Concepción incrementando aun más sus efectivos militares con habitantes de la región. En abril se produjo el primer enfrentamiento entre estas fuerzas y un improvisado ejército patriota bajo el mando de Carrera. Esta coyuntura militar debe ser mirada también en un contexto internacional. El Virrey Abascal había suprimido con prontitud los movimientos juntistas de Quito y del Alto Perú. Por diversas razones (históricas, económicas y estratégicas) el control militar del Alto Perú era mucho mas relevante y significativo que una intervención en la más lejana A lo largo de 1816, las tropas realistas fueron cercando a los diferentes grupos guerrilleros apresando y ejecutando a sus caudillos. En esta etapa fueron muertos los caudillos Padilla, de la Laguna, Camargo, de Cinti, Warnes, de Santa Cruz, Muñecas, de Larecaja. De los grandes grupos guerrilleros sólo quedaron con vida Arenales, que tuvo que huir a la Argentina y Lira, comandante de la guerrilla de Ayopaya que mantuvo activo a su grupo. 35

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del nombramiento de Pezuela como Virrey del Perú), se mantuvieron en sus antiguas posiciones. Sin embargo, si bien las ciudades y algunos poblados se hallaban controlados por el ejército, la continua recluta, la confiscación de animales y cosechas, la exigencia del pago del tributo y los abusos cometidos por los soldados en los pueblos, promovían un estado de insurrección permanente. El ejército realista logró vencer a los grandes caudillos como Muñecas, Padilla, Camargo y otros35, pero la organización bajó a los grupos más pequeños en una posición que desgastaba al ejército real. Finalmente sólo quedó un grupo guerrillero en pie: el de Ayopaya. Este grupo guerrillero pasó mil avatares, sufrió divisiones y conflictos internos; sin embargo, logró sobrevivir bajo la dirección a partir de 1821, de José Miguel Lanza. Su gente apoyó en 1823 el ingreso de Santa Cruz y Gamarra al Alto Perú, como parte de la Campaña de Intermedios y, posteriormente, al Virrey La Serna en su lucha contra Pedro Antonio de Olañeta. En enero de 1825, cuando las tropas colombianas ingresaron a La Paz, los restos de la guerrilla se plegaron al ejército colombiano.

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Capitanía General de Chile , pero tras las decisiones políticas de Carrera la intervención militar pareció hacerse inevitable en un área que la elite de Lima siempre había considerado como su propia periferia. En esta coyuntura militar es posible distinguir dos fases: Una primera, que se extiende desde la llegada de las tropas realistas a fines de 1812 y hasta octubre de 1814, momento en que después de la derrota de Rancagua los restos del ejército patriota emigran hacia las provincias de Cuyo y en Santiago se restaura el régimen absolutista y, una segunda, que se extiende desde 1817 y hasta 1826 desde que el Ejercito Libertador, organizado por San Martín en Cuyo, cruza los Andes y hasta la captura del último reducto realista en Chiloé (1826) . No obstante debe considerarse que desde el punto de vista militar, la independencia de Chile fue asegurada en 1818 (Batalla de Maipú) y que después de esa victoria patriota no hubo fuerzas militares realistas en Chile con capacidad de revertir esa situación. En los años posteriores y hasta 1826 la guerra alternó operaciones para capturar plazas fortificadas (como Valdivia) con formas de guerra de guerrillas, a veces no distinguibles de formas de bandolerismo, como es el caso de la banda de los Pincheira ¿La guerra introdujo cambios en la sociedad chilena? Podría decirse que en sí misma, porque en cualquier sociedad la guerra genera cambios. Por de pronto, convirtió a los militares en un actor político, militarizó a la sociedad y creó caudillos, pero a diferencia de otros casos latinoamericanos no produjo una explosión de caudillismo de base regional o local ni tampoco vinculada a otro grupo que no fuesen sectores de la elite. La guerra, prolongada con posterioridad a 1818 tanto en las campañas del Sur (denominada la guerra a muerte), como por el financiamiento de la Expedición Libertadora, respecto de la cual no se obtuvo apoyo del gobierno argentino, hizo necesario recurrir a la contratación de empréstitos británicos que generaron una fuerte carga financiera para el naciente Estado, hecho que unido a su propia debilidad institucional, limitaban su propia capacidad coactiva 36. En el territorio militarizado del Alto Perú, por el contrario, el equilibrio de fuerzas entre el ejército realista del Alto Perú y las guerrillas, y el cambio de estrategia militar del ejército libertador de San Martín que se había dirigido hacia Chile para pasar posteriormente a Lima, dejó a partir de 1817 una situación de statu quo en la cual el ejército del rey controlaba las ciudades mientras el área rural quedaba sometida al control de sus autoridades locales. La situación no cambió mayormente cuando el Virrey del Perú se trasladó al Cusco (1821), ni cuando el ejército libertador de San Martín buscó ingresar a las tierras altiplánicas desde los puertos intermedios del Pacífico (1823). No fue sino en 1824, que la lucha interna en el mismo ejército realista -entre los seguidores del Virrey La Serna, conocidos como liberales, y los que apoyaban a Pedro Antonio de Olañeta, Comandante del Ejército del Alto Perú, de tendencia absolutista- rompió esta situación. A lo largo Desde que la Primera Junta de Gobierno decretó la formación de nuevos regimientos (1810) hasta la caída de Chiloé (1826), el gasto militar creció de manera constante con un peso abrumador sobre los escuálidos recursos fiscales y en general sobre la economía del país. En esos 16 años se crearon y recrearon varios ejércitos, incluyendo ejércitos realistas. Estos tuvieron dotaciones que fluctuaron entre 3000 y 8000 soldados (en comparación, el Ejercito Colonial contaba con cerca de 1500 efectivos). El reclutamiento era difícil, la deserción muy alta y la organización del Ejército patriota muy limitada. Desde que O’Higgins asumió el mando en Febrero de 1817 y solo durante ese año, para un presupuesto general de $ 2.000.000, se destinaron $1.550.000 a gasto militar. Entre 1817 y 1818 se crearon tres batallones de infantería, un regimiento de cazadores a caballo, el regimiento “Infantes de la Patria” y el Regimiento “Dragones de Chile”. Para una comparación de la significación de ese monto, los compromisos de la Real Hacienda en los últimos años del período colonial eran solo de $ 600.000. Véase Diego Barros Arana, Historia General de Chile , vol xi p. 45; Villalobos et al, Historia de Chile... op. cit., vol. 3, p. 416; José Semprún y Bullón de Mendoza, El ejército realista en la independencia de América, p.164. 36

El nuevo orden republicano En este punto cabe preguntarse acerca de las razones por las cuales la balanza se inclinó finalmente hacia posiciones independentistas. No se puede dejar de tener en cuenta la coyuntura general de todo el continente, prácticamente independiente ya desde 1821. Sin embargo, es importante reflexionar también acerca de las condiciones internas marcadas por una pérdida de poder y autoridad de la Audiencia y todas sus autoridades subalternas a nivel local y una crisis económica profunda causada tanto por el empobrecimiento estructural de la minería como por el impacto del mismo proceso de la guerra. De esta manera, tal como lo analiza Thimoty Anna para el caso del virreinato del Perú, se puede decir que más que un triunfo militar, lo que se dio en última instancia fue un proceso de crisis y caída final del mismo sistema colonial38. Este hecho permitió que la Asamblea Deliberante, que decidió finalmente la independencia de Bolivia como los actos administrativos dirigidos por Antonio José de Sucre, pudiera superar gran vacío de poder existente y establecer un nuevo sistema centralizado y controlado por la nueva casta militar. Sin embargo, la nueva república nació con dos problemas básicos: una gran crisis económica y la falta de una centralidad, es decir, de una ciudad que pudiera ejercer permanentemente una fuerza centrípeta, lo que conducirá a una serie de conflictos a lo largo de todo el siglo. A diferencia de Charcas, en Chile el tema de las relaciones centro - periferia era a la época una cuestión menos relevante, aunque generalmente existieron tensiones regionales. Las reformas de Carlos III contribuyeron a configurar un espacio de intereses relativamente homogéneo basado en los hacendados del Valle Central como élite y en Santiago como centro político-administrativo. A fines del siglo XVIII la élite criolla ya no era la misma de los descendientes de los antiguos encomenderos, pero seguían teniendo como base de su poder la gran propiedad territorial. Aunque las actividades económicas de manera alternativa también se extendían a otras áreas y hacia el aparato estatal, ella estaba unida por densas redes de parentesco y clientelismo, estrategia que las grandes familias habían cultivado durante largo tiempo39. Estos rasgos de adaptabilidad y capacidad En las tierras bajas no todos se plegaron inmediatamente a la postura independentista. El gobernador de la Chiquitanía buscó el apoyo del imperio brasilero para defender su posición, mientras que en Vallegrande, las huestes del general realista Aguilera siguieron moviéndose prácticamente hasta 1828, aunque ya sin fuerza. 38 Véase Anna Thimoty, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la Independencia. 39 El latifundio tradicional nunca tuvo un grupo o poder regional que le opusiera un verdadero frente, por una parte había suficiente interrelaciones entre intereses sectoriales o corporativos, por otra parte los hacendados habían adquirido ya suficiente poder como parea que otro grupo se transformara en contendor o en competidor por la captura de recursos de poder, habían relaciones conflictivas, pero estas nunca pusieron en duda la hegemonía del grupo de los hacendados. A nivel provincial, por ejemplo existió una cierta comunión de intereses entre la Iglesia y los hacendados, dado que la Iglesia era igualmente latifundista y que tenía por tanto intereses homogéneos con los hacendados en una serie de ámbitos, como por ejemplo el control de la mano de obra. Párrocos y Sacerdotes por otra parte, a través de las capellanías existentes en las propias haciendas contribuían en parte de las dimensiones culturales y simbólicas a la “producción de hegemonía” de esta elite. Los conflictos entre sacerdotes o eventualmente entre órdenes religiosas 37

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de gran parte del año, la guerra recrudeció enfrentando a los dos grupos realistas en momentos en que las tropas bolivarianas ya controlaban prácticamente todo el territorio peruano. Así, luego del triunfo de Ayacucho, el ejército de Olañeta se negó a reconocer la capitulación y mantuvo su ejército leal al rey mientras las ciudades altoperuanas se fueron plegando a la posición independentista conforme avanzaba el ejército colombiano. Finalmente en Tumusla, en abril de 1925 se produjo el último acto de armas de la guerra que concluyó con la muerte de Olañeta37. Se produjo un vacío del poder colonial que fue cubierto inmediatamente por la nueva casta: la militar.

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de cooptar nuevos grupos les garantizó mantenerse en su rol de elite al menos durante todo el siglo XIX y buena parte del XX sin que otros grupos sociales estuviesen en condiciones de disputar su hegemonía. El regionalismo existió, pero de manera episódica y sin que la hegemonía de Santiago fuese seriamente puesta en cuestión. En el contexto de la independencia, Concepción, base del Ejército de la Frontera, fue la única ciudad que intentó contener brevemente la hegemonía de Santiago en el contexto de las Guerras de la Independencia. La prolongada resistencia realista de Chiloé (hasta 1826) es posible que haya tenido también cierto sesgo regionalista . Tras los triunfos militares de Chacabuco y Maipú , que consolidaron militarmente la independencia de Chile, la elite de Santiago, en un Cabildo Abierto (15 de febrero de 1817) ofreció en términos absolutamente discrecionales el poder a José de San Martín, pero este, que no perdía de vista sus objetivos relativos a Perú, lo rechazó, por lo cual en segundo término, el poder le fue ofrecido a Bernardo O’Higgins por su prestigio como jefe militar, considerando que aun existían importantes contingentes de tropas realistas en el sur, y que adicionalmente era plausible una restauración absolutista (es necesario considerar que hasta la derrota de las fuerzas realistas en Ayacucho (1824), esta posibilidad se mantuvo abierta, al menos en teoría). O’Higgins, a diferencia de San Martín, no era un militar profesional Como muchos hacendados, ganó su grado de Coronel de Milicias como parte del proceso normal dentro del Régimen Colonial en donde estos encuadraban militarmente a sus inquilinos. Sin embargo, pese a carecer de formación profesional en ese ámbito, ganó prestigio entre sus soldados por su valor y abnegación, cualidades que lo convirtieron finalmente en héroe. En lo político, era un hombre de ideas ilustradas y liberales adquiridas en los años de formación en España e Inglaterra (entre 1794 y 1801). Inició su carrera política como representante de Los Ángeles y Chillán en el Congreso de 1811, incorporándose a la fracción más radical de la élite política (los “exaltados”), pero siendo fiel a sus representados. Al inicio de la guerra se dio a la tarea de organizar una fuerza militar en su propia región, llegando a constituir un contingente de 1400 hombres. En el conflicto por el liderazgo de las fuerzas patriotas estuvo en contra del bando liderado por los hermanos Carrera, pero sin ambiciones de caudillo, antepuso siempre el interés colectivo de la causa independentista a sus intereses personales. Por tales razones, resulta entendible que estando en las Provincias de Cuyo, después del “desastre de Rancagua “ (octubre de 1814), San Martín se haya apoyado en esa fracción para sus propósitos estratégicos (lograr la derrota de las tropas realistas en el Virreinato del Perú operando desde Chile) y no en el bando de los hermanos Carrera, quienes terminaron trágicamente su carrera política, unos (Juan José y Luis) ejecutados por Conspiración en contra de las autoridades chilenas en Mendoza y el otro (José Miguel) en medio del torbellino de las luchas entre caudillos en Argentina.40 y hacendados provenían del control sobre recursos escasos (tierras, aguas, mano de obra) mas que por divergencias sobre cuestiones de tipo ideológico-programáticas. Por otra parte, la Iglesia dependía de los hacendados para su financiamiento por la vía del pago de diezmos, misas y pago de capellanías, algunas instituciones de Iglesia, por otra parte servían a los hacendados para solucionar los problemas de acceso al crédito. Otro grupo “contendor” a los hacendados en la competencia por el control de recursos fueron los empresarios mineros. Cuando algunos asientos mineros crecieron lo suficiente como para hacerse atractivos para que se instalaran en ellos comerciantes, maestros y arrieros, como para constituir pequeños pueblos, estos demandaron que se expropiaran tierras a los hacendados. Según Mellafe, en regiones diversas estos conflictos tendieron a solucionarse igualmente de manera diversa. Entre Santiago y el Maule, los hacendados se impusieron, sojuzgando al otro grupo. De Santiago al norte, en cambio, los conflictos terminaron en procesos de negociación e integración, en donde los hacendados asumieron también tanto actividades mineras como comerciales. Véase Mellafe, op. cit., p. 87 y ss.; también Eduardo Cavieres, Servir al Soberano sin detrimento del vasallo, p. 243 y ss. 40 Barros Arana, op. cit., vol. xi, p. 351.

Los inicios de la etapa republicana en Bolivia fueron también complejos. El 9 de febrero de 1825 el Mariscal Antonio José de Sucre promulgó un Decreto convocando a los representantes de las provincias altoperuanas a un congreso para decidir su futuro. Esta convocatoria contradecía las ideas de Simón Bolívar, para quien el futuro del territorio altoperuano debía ser decidido en el Congreso peruano, al considerar que era un territorio dependiente del Virreinato del Perú43. A pesar de la falta de aprobación, la población fue nombrando sus representantes a la Asamblea, mientras que las Provincias Unidas del Río de la Plata aceptaban la reunión de la Asamblea, sin reclamar su aparente derecho para decidir sobre las provincias altoperuanas. Finalmente, Bolívar aceptó la convocatoria a la Asamblea con la condición de que sus decisiones fueran refrendadas por el Congreso peruano. Bajo estas condiciones, la Asamblea Deliberante reunida en Chuquisaca determinó la independencia de las provincias del Alto Perú el 6 de agosto de 1825. Esta decisión marcaba no sólo la independencia frente a la metrópoli, sino también frente a la Argentina y al Perú. La misma Asamblea decidió también el establecimiento de un sistema republicano, nombró como presidente al Libertador Bolívar (que se hallaba todavía en el Perú), decidió dar el nombre de Bolívar a la nueva república y a su capital el de Sucre, diseñó el escudo y la bandera y dictó los primeros decretos44. Poco después llegó Bolívar en un viaje triunfal que recorrió varias de las Sin embargo no compartimos la identificación que Salazar hace de la tradición representativa vinculada a los Cabildos como una tradición “democrática”, aunque en el contexto de la obra, el autor identifica esta “tradición” como un esfuerzo de contención del centralismo. Gabriel Salazar, op. cit., pp. 154-155. 42 Collier, op. cit., pp. 213-145. 43 El territorio de la Real Audiencia de Charcas, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, pasó a depender del Virreinato del Perú a partir de 1810, como resultado de una decisión polémica de la Audiencia frente al movimiento juntista de Buenos Aires, de ahí la situación jurídica ambigua que se presentaba en 1825. 44 El nombre de República Bolívar fue modificado por el de Bolivia en 1826. 41

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Gabriel Salazar en una interesante interpretación de este período ha señalado que en O´Higgins confluían tres diferentes tradiciones políticas: la de ser “representante de los pueblos” en el sentido tradicional de la representación colonial de los Cabildos, la del militarismo radical y aristocratizante y la tradición de las Logias de origen europeo, liberal pero también elitista, a la cual habría que sumar posiblemente la influencia de la imagen paterna del Virrey Ambrosio O’Higgins41. Bernardo gobernó entre 1818 y 1823 de manera dictatorial, en un contexto muy complejo, dada la destrucción tanto de las bases de la economía rural chilena como por la pérdida del mercado peruano. Su gobierno, una dictadura legal, tuvo mucho de las ideas propias del despotismo ilustrado en el sentido de un imaginario autoritario de la modernidad42. Se enfrentó a los intereses de la aristocracia en relación a la dimensiones simbólicas de su autoridad (supresión de los títulos nobiliarios) como a las bases de su poder económico (intento fallido de supresión de los mayorazgos), pero a pesar de algunos intentos constitucionales (1818 y 1822), no llegó a resolver el tema de la consolidación de un nuevo orden estatal. Su prestigio personal se había derivado del carisma del jefe militar, pero después de 1822 las prácticas autoritarias del gobierno (como por ejemplo la designación de alcaldes y la intervención electoral) asociadas a la imagen de sospecha sobre las acciones de la “Logia Lautarina”, generaron más resistencias que apoyo público. El esfuerzo de O´Higgins de proyectar en el tiempo las prácticas autoritarias a través de una nueva propuesta constitucional (1822) terminó por provocar el levantamiento en Concepción liderado por su Intendente el Gral. Ramón Freire, al cual le siguió el de la Provincia de Coquimbo. O´Higgins, ante el riesgo de una guerra civil, prefirió renunciar y marchó al exilio a Perú.

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ciudades y se quedó en Chuquisaca por tres meses, ejerciendo la presidencia y dictando decretos de organización del nuevo Estado; finalmente, en enero de 1826 dejó la misma a Antonio José de Sucre, ofreciendo enviar desde el Perú el proyecto de Constitución que debería ser debatido por una nueva Asamblea a convocarse ese año. La Asamblea Constituyente inició sus sesiones en mayo de 1826. Participaban diputados de cinco departamentos elegidos por sufragio indirecto (La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz). A pesar de que la participación en la elección de representantes había sido amplia, el sistema indirecto dejaba en las elites ilustradas de las ciudades la representación. El proyecto enviado por Bolívar inició el debate sobre los fundamentos de la república. Algunos elementos de la discusión fueron importantes: El reconocimiento inicial de que los diputados representaban a la nación en su conjunto y no a los departamentos, principio por el cual se sentaban las bases sólidas de una representación unitaria, desechando la idea de federalismo; la necesidad o no de tener una religión oficial, debate en el que se enfrentaron los partidarios de Sucre -que favorecían un Estado totalmente laico- y los criollos más conservadores que defendían a la Iglesia. La balanza se inclinó finalmente a favor de los segundos. Un tema central en la concepción del nuevo Estado fue el de la ciudadanía y sus alcances. El debate giró alrededor de si se establecería la condición de saber leer y escribir para obtener la ciudadanía política, aunque en la base de esa discusión se debatía en realidad el tema de si se daría ciudadanía a los indígenas, que eran en su mayoría analfabetos. Finalmente se definió que una de las condiciones para ser ciudadano sería el saber leer y escribir, aunque esta condición se exigiría recién en 1836. Otros puntos controvertidos en el proyecto bolivariano, pero que fueron aprobados sin mayor debate fueron el de la presidencia vitalicia, la existencia de un poder electoral conformado por todos los ciudadanos y la conformación de un parlamento con tres cámaras, aunque, como puede verse en los hechos posteriores, todos estos principios quedaron únicamente en los papeles. Paralelamente a la reunión de la Asamblea Constituyente, Sucre prosiguió con medidas destinadas a organizar el nuevo Estado. Ya en enero de 1826 determinó el sistema de organización territorial en departamentos, provincias y cantones; prosiguió posteriormente con un amplio plan de reformas que contempló a la educación, la Iglesia y el sistema fiscal, todo esto buscando la consolidación de un Estado liberal y laico: clausuró muchos conventos estableciendo en ellos colegios secundarios y laicos, apoyó los proyectos educativos de Simón Rodríguez y determinó el establecimiento de un impuesto general en lugar del anterior tributo indígena. Estas medidas fueron resistidas por gran parte de la población que se hallaba aún dentro de un concepto de antiguo régimen45. La presencia de tropas colombianas y las medidas liberales de Sucre fueron rechazadas por los grupos de elite nacionales que empezaron a conspirar contra el gobierno ayudados por intereses peruanos. En abril de 1828, en un aparente tumulto popular, Sucre fue herido y obligado posteriormente a renunciar. Siguió una etapa de anarquía en la cual se sucedieron varios gobiernos y una invasión del ejército peruano dirigido por Agustín Gamarra. Finalmente, en 1829, el Congreso Nacional eligió como presidente de la república a Andrés de Santa Cruz46. La historiografía latinoamericana ha enfatizado la anarquía que siguió a la independencia en la gran mayoría de los nuevos Estados. El análisis sobre la situación en el Perú, la Gran Colombia y 45 46

William Lofstrom, La presidencia de Sucre en Bolivia. Alfonso Crespo, Santa Cruz, el cóndor indio.

En Chile, el período que se extiende entre la abdicación de O’Higgins y la consolidación del orden autoritario que se vincula a la imagen de Portales, ha sido también tradicionalmente descrito por una parte significativa de la historiografía chilena como un período de anarquía49. Sin embargo, los niveles de inestabilidad y violencia en Chile, comparados con otros casos latinoamericanos de la época fueron considerablemente menores. Por otra parte, esa conceptualización del período 1823-1830 como anarquía es una imagen historiográfica que –contrariamente a lo ocurrido en Bolivia– se ha construido ex post como contraposición al orden posterior a 1830 y que ha condicionado profundamente no sólo la imagen del período, sino también las miradas sobre la historia del siglo XX chileno. Estas dos visiones contrapuestas sobre la anarquía o el orden de la etapa inicial en Chile y en Bolivia no es sólo un problema historiográfico, en el sentido de que sea relativo al oficio y la producción académica de historiadores, sino que ha trascendido en cuanto “mitos fundantes” para el conjunto de la sociedad y le ha dado bases al imaginario del Estado-nación en ambos países, la fuerza del Estado en Chile y la de la sociedad civil en Bolivia 50. En la práctica, el discurso “liberal-republicano” de las elites chilenas a lo largo del siglo XIX y en parte del XX, siempre incluyó sesgos autoritarios (por ejemplo, el recurrente tópico del orden), que se daban dentro de prácticas políticas de igual naturaleza (el uso reiterado de la intervención electoral o el uso de estados de excepción). En el discurso del orden deseable de las elites, ha sido recurrente la idea de que Chile debe ser gobernado por un grupo particular que, por sus características socio-culturales o sus virtudes cívicas está llamado a cumplir ese rol. Esto no ha sido sólo una cuestión discursiva o historiográfica, sino constitutiva de proyectos políticos, que con Esta es, por ejemplo, la posición de Alcides Arguedas, quien en su obra ha marcado esta visión sobre la historia de Bolivia, visión que es la que ha trascendido a los estudios generales sobre historia latinoamericana. Véase Alcides Arguedas, Historia general de Bolivia. 48 Véase sobre estos temas los trabajos de Marta Irurozqui, Víctor Peralta, Rossana Barragán y Frederic Richard, entre otros. 49 Alberto Edwards, La fronda aristocrática; Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx. 50 Posiblemente ha sido Mario Góngora quien de manera más precisa ha expresado esta idea del Estado (y las guerras) como constructor de la nación en Chile. Góngora, siendo un historiador “conservador” escribió este ensayo en medio de las reformas neo-liberales del Gobierno de Pinochet como una cierta admonición sobre el futuro. Sobre este punto es interesante un comentario de Rene Zavaleta en el sentido de que cuando los bolivianos sueñan con el Estado en realidad están soñando con su sociedad, en cambio cuando los chilenos piensan sobre su sociedad en realidad están hablando del Estado, del Estado que los ha constituido. Véase, Góngora, op. cit. La referencia a Zavaleta se halla en un cometario de George Grey sobre el Informe de PNUD de Bolivia: El Estado del Estado publicado en Pulso, Bolivia, 20 de abril de 2007. El texto La Historia del Estado es el segundo capítulo en este informe y fue elaborado en base a un trabajo de Rossana Barragán y José Perez. 47

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las Provincias Unidas, donde se desencadenaron guerras civiles y conflictos permanentes, fue trasladado también a Bolivia, donde la historiografía tradicional dice que se vivió en una permanente anarquía hasta 188047. Estudios más recientes han mostrado una situación diferente, poniendo en duda el mito de la inestabilidad. Si bien es cierto que, hasta 1839, se dieron momentos de inestabilidad (como en 1828 - 1829), éstos fueron de corta duración y no llevaron a una guerra civil que pusiera en peligro a la nación. No será sino después del fracaso de la Confederación, cuando la inestabilidad, relacionada con un concepto erróneo de caudillismo, se impuso en Bolivia. Sin embargo, aún para esta etapa, es necesario revisar la relación entre caudillismo e inestabilidad y tomar en cuenta nuevos estudios que ubican el problema en un contexto diferente, precisamente de consolidación y paso de un sistema colonial y de antiguo régimen a uno liberal y moderno48.

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variaciones se prolongan a lo largo del tiempo y se proyectan hasta el siglo XX 51. No se trata de un discurso alternativo a la tradición política liberal sino de dos líneas que a veces se entrecruzan y a veces corren en paralelo 52. Para el caso boliviano, el debate historiográfico se centra en la concepción y la participación política en este Estado inicial y la relación entre Estado y sociedad en los primeros años de vida republicana. Mientras Marta Irurozqui propone la existencia de un Estado incluyente, con una participación política amplia a pesar de las limitaciones de la ciudadanía y una relación equilibrada entre Estado y sociedad53, Rossana Barragán plantea más bien la conformación de un Estado pactista que negocia en todo momento con los diversos grupos de la sociedad civil para establecer sus políticas y lograr una posición de equilibrio54. De una forma u otra, ambas posiciones explicarían la posición aparentemente debil del Estado boliviano, pero al mismo tiempo, un Estado capaz de evitar conflictos mayores dentro de una sociedad compleja por la presencia de grupos tan heterogéneos y con una visión tan diferente del Estado. Se trata, en ambos casos, de procesos de reubicación de Estado y sociedad en juegos de negociación y pacto que se reflejan en un aparente desorden pero que, al mismo tiempo, permiten mantener cierta “armonía de las desigualdades”, como titula Irurozqui uno de sus libros55. Estas posiciones podrían explicar en parte el rechazo por parte de la población boliviana a la política abiertamente liberal de Sucre y el apoyo -al menos hasta 1835- a la política de Santa Cruz, que negociaba aspectos de la modernidad con el reconocimiento de otros aspectos de antiguo régimen, como el mantenimiento del pago de la contribución indígena como parte de un pacto de tipo colonial. En relación al orden autoritario constituido en Chile a partir de 1830, cabe preguntarse si en ese mismo contexto otro orden era posible, es decir, si en los liberales (denominados pipiolos) había un proyecto alternativo. La respuesta es que sí existía, con un mayor contenido ciudadano y por cierto más participativo, pero los “liberales”, en las condiciones de la sociedad chilena de la inmediata postindependencia, no tuvieron la capacidad de imponerlo al resto de los contendores por el poder, particularmente a la elite conservadora, que controlaba las bases de la economía. Pese a las críticas sobre el autoritarismo de Portales y del orden que él estableció, cabría afirTambién se debe destacar que si la idea fuerza del proyecto nacional tiene una matriz autoritaria y conservadora, ello no ha influido sólo en los partidos o grupos de poder pertenecientes a las clases altas o que han representado ese pensamiento en específico. Al parecer dicha construcción ha sido capaz de salir de su matriz e impregnar con parte de su lógica a otros proyectos de fundamento ideológico distinto... Las elites de la esperanza mesocrática, del Estado desarrollista, de los planes de la Dictadura y aun de los gobiernos democráticos actuales han sido fieles a esa ambición. Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, tomo ii: Actores, identidad y movimientos, pp. 15-17. Véase Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet. Gobierno y régimen de gobierno en Chile. 52 Por otra parte, un reciente trabajo sobre la mentalidad aristocrática de las elites chilenas, muestran que para este grupo, su rol de conductor de la sociedad es percibido y asumido como una tarea que le es connatural y que incluso es un derecho vinculado a la imagen de que el país en su conjunto ha sido su propia construcción, pero este ethos aristocrático también se vincula a ciertos supuestos de superioridad moral vinculada no al usufructo personal, sino la idea de servicio público. Véase María Rosaria Stabili, El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960; Luis Barros y Ximena Vergara, El modo de ser aristocrático. El caso de la oligarquía chilena hacia 1900; Ana María Stuven, “Una aproximación a la cultura política de la elite chilena: concepto y valoración del orden social (1820-1860)”; Manuel Vicuña, La Belle Epoque chilena. Alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo. 53 Marta Irurozqui, A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía en Bolivia (1826-1852). También Víctor Peralta y Marta Irurozqui, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1815-1880. 54 Rossana Barragán, Indios, mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la ciudadanía en Bolivia (siglo xix). 55 Estos estudios de corte histórico permiten en parte entender la situación de la relación Estado – sociedad civil en la Bolivia actual cuando, bajo un manto de desorden y debilidad del Estado, se esconde la capacidad negociadora que permite mantener el equilibrio para evitar conflictos mayores. 51

Freire, en contraste con todo lo que representó el gobierno de O´Higgins, pretendía resignificar con un lenguaje liberal–republicano, propio de la época, la vieja tradición de la autonomía de los pueblos que se expresó en la tradición colonial de los Cabildos como depositarios de la soberanía. Representó, por consiguiente −al menos en su discurso−, un tipo de caudillismo militar muy diverso al de sus predecesores: un “militarismo ciudadano” en la expresión de Gabriel Salazar56. La revolución que se llevó a efecto entre fines de 1822 y comienzos de 1823 fue efectivamente ciudadana, por cuanto se llevó a cabo a través de pronunciamientos populares, pero también fue militar, porque estos seguían siendo un actor político fundamental y en última instancia ellos resolvieron la disputa surgida entre la elite de Santiago (que había creado otra Junta Gubernativa) y los representantes de las asambleas provinciales. También fue pacífica, pero sólo porque uno de los contendores decidió no luchar. En este contexto, en que Freire fue electo por un Congreso de Plenipotenciarios como Jefe de Estado con un carácter provisorio, el mismo órgano se dio a la tarea de generar una nueva institucionalidad para el naciente Estado que reflejaba el espíritu y la “correlación de fuerzas” del momento: el peso predominante de grupos liberales y de los intereses provinciales con el respaldo de los militares. Esto permite entender (mas allá de las discusiones historiográficas sobre las finalidades reales o veladas del sistema electoral que se implantó en ese momento) el esfuerzo del Gobierno por ampliar la participación hacia otros sectores sociales fuera de la elite 57.

El discurso de toma de posesión de su cargo de Director Supremo pronunciado por Freire en la sesión inaugural del Congreso de 1823 es muy interesante en su formulación. En él Freire da cuenta de su conducta en este proceso que culminó con la caída de O’Higgins y en algunos de sus pasajes señala: “El día en que después de doce años de destruida la representación nacional, ve la patria volverse a reunir sus representantes pacífica y legalmente i debiendo el catéter que revisten a la mas libre elección de sus conciudadanos, debe ser el mayor consuelo para los chilenos i un día igual a los memorables 18 de Septiembre y 12 de febrero… Evitar este mal ( la guerra civil ) fue el objeto de mi repentino arribo a las inmediaciones de Santiago , con un pequeño ejército, insuficiente para sostener aspiraciones personales, pero bastante para que, unido a la consideración con que sin excepción distinguía el pueblo mi nombre , me pusiese en aptitud de apartar de la Patria los males en que parecía sumergirse… Escribí a las provincias, suplique a las asambleas, interpuse la consideración que me dispensaban y las incité a la unión, protestando al mismo tiempo que no me mezclaría en sus deliberaciones, que respetaría la voluntad de los pueblos… y que el ejército permanecería sin mezclarse en movimientos para obedecer las resoluciones del Congreso General i del Gobierno que él constituyese…” “Mensaje del Supremo Director Ramón Freire” en Sesiones de los Cuerpos Legislativos, vol. viii, anexo Nº 20, pp. 19-27, citado en Salazar, op. cit., pp. 195-196. 57 Las diferencias de interpretación se vinculan al que por una parte la nueva legislación electoral ( redactada por Mariano Egaña bajo indicación de Freire) en su artículo 4º definía “circunscripciones electorales” que favorecían a Santiago en desmedro de las provincias , el Artículo 5º amplió el derecho a voto a sectores fuera de la élite . Este último objetivo se hizo mas evidente en la convocatoria a elecciones enviada al Congreso en Agosto de 1825 en la que Freire señala : “…(siendo) injusto desatender o privar de este derecho (a voto) a las otras clases industriosas en las que regularmente más instrucción y mas espíritu de libertad… he hallado justo y conveniente dar mayor latitud a dicho derecho… 1º Tienen derecho a elegir todo chileno natural que habiendo cumplido 21 años, o antes de esta edad habiendo sido emancipado o contraído matrimonio tenga algunos de estos requisitos: una propiedad inmueble actualmente productiva de cualquier valor, una ocupación industriosa en ciencias, artes o comercio. Un empleo de Estado, sea del gobierno o municipal y en el ejercito de sargento para arriba… Atendiendo el abuso que en las elecciones pasadas se ha hecho por el método de algunos de dar el voto en células escritas, valiéndose de la ignorancia de leer de un gran número de electores… se establece que los electores digan cada uno libre y verbalmente… el nombre de los sujetos por quienes quisieran votar , los que escribirán los escrutadores…”; en Salazar, op. cit., pp. 234-235. 56

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mar −expresándolo en un lenguaje gramsciano− que los liberales y el Gral. Ramón Freire fueron “profetas desarmados” en comparación a la encarnación de “El Príncipe” que representó Portales. Al igual que al príncipe de Maquiavelo, al gobernante se le juzga por sus resultados, no por sus intenciones.

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¿Pero, por qué este proyecto estatal no llegó a consolidarse? Freire debió enfrentar circunstancias internas y externas más adversas que las de O´Higgins, pero además con un “espacio público” absolutamente abierto a la actividad política opositora: montoneras realistas (asociadas al ya casi endémico problemas del bandolerismo) asolaban campos y pueblos del sur, llegando a producirse hasta hambrunas. Chiloé seguía siendo una base realista, San Martín había fracasado en su empeño de independizar Perú y no había capacidad de solventar la deuda contraída en Londres para tal efecto; O´Higgins y sus partidarios conspiraban y en medio de una crisis económica, el Estado carecía de recursos para solventar los gastos de la administración y particularmente de las Fuerzas Armadas, con lo cual una de las bases de su poder se diluyó rápidamente y los motines comenzaron a proliferar58. Tampoco tenía la capacidad de forzar a quienes sí tenían recursos financieros (la elite de terratenientes y comerciantes) para ponerlos a disposición de las necesidades del Gobierno. A ese caótico escenario habría que agregar también problemas institucionales: En primer lugar un proyecto constitucional elaborado en 1823 (la llamada Constitución Moralista) resultó tan inaplicable que el propio Gobierno debió derogarla, a esto le sucedieron, en la tradición de la “autonomía de los pueblos”, una serie de “Leyes Federales” impuestas en ese contexto de inestabilidad por los intereses regionales y como resultado de la ya tradicional pugna entre los intereses centralistas del patriciado de Santiago y los de las provincias. Pero en un país escasamente poblado y empobrecido, estas instituciones tuvieron muchas dificultades para funcionar por falta de recursos y hasta por la ausencia de infraestructura. Por otra parte, tanto el contexto de inestabilidad como la asimetría de poder y recursos entre Santiago y el resto de las ciudades y villas hacían muy poco viable su permanencia en el tiempo. A estos ensayos de institucionalización le seguiría otro en 1828, una Constitución de inspiración liberal y unitaria, técnicamente bien concebida (redactada por el liberal español José Joaquín de Mora), que recogió algunos de los elementos del federalismo anterior y que incluso sirvió de base para la posterior Constitución de 1833. Resulta interesante constatar que entre los años de la independencia y hasta la consolidación de un nuevo orden estatal hacia la década de 1830, muchas de las ideas, símbolos y discursos propios del liberalismo penetraron profundamente en la sociedad chilena. A pesar de la frecuente inestabilidad e incluso bajo coyunturas militares, nunca se dejó de pensar en la necesidad de legitimar las normas básicas y las autoridades mediante procedimientos democráticos (elecciones, asambleas y “cabildos”), precarios en sus formalidades y muy limitados en cuanto a la extensión de la participación, pero que eran mucho más que simples rituales. No deja de ser por tanto una paradoja que la temprana consolidación del Estado en Chile y de un orden político relativamente estable se definió a partir de un discurso que enfatizaba el orden, no la ciudadanía ni las libertades públicas. Aun cuando la historia registra casos en donde el rol de figuras individuales y lideratos personales adquieren un rol central, la estabilidad de los sistemas políticos se vincula más a instituciones o elites, pero este último tema tiende a ser tratado en cuanto grupos dirigentes y no en cuanto a personalidades aisladas. En el caso de Chile, al menos en su historiografía, es difícil intentar explicar el tipo de Estado que surge y se consolida hacia 1830 sin la referencia a un conjunto de personalidades, como por ejemplo, Andrés Bello, Egaña, Tocornal y particularmente a Diego Portales, este último, transformado en figura mítica de la historiografía conservadora en el siglo XX . De profesión comerciante , Portales era ante todo un político realista. En una carta fechada en Como por ejemplo, el emblemático motín del coronel Enrique Campino (marzo de 1827) véase Barros Arana, op. cit. pp 211-239.

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El otro gran mérito de Portales es que no sólo concibió un tipo de orden político; sino tuvo la destreza para imponerlo, alternando coacción y cooptación y generando un consenso básico al interior de la elite sobre la utilidad colectiva del orden, aunque este tuviese rasgos autoritarios y excluyentes. Este orden estatal basado en una polaridad consentida por el grupo social dominante permitió también a mediano plazo la existencia de mecanismos acotados pero institucionalizados de participación política. Por cierto, en el tiempo, el sistema político enfrentó varias crisis no exentas de violencia, como la llamada “Revolución de 1891” con un costo muy alto de víctimas y uso recurrente de estados de excepción, pero también demostró una notable capacidad de adaptación, hecho que se puede constatar en que los cambios políticos (hasta 1924) se hicieron dentro del mismo marco institucional definido en 1833. Si Diego Portales fue uno de los personajes centrales en la construcción del Estado Chileno, en Bolivia ese rol corresponde al Mariscal Andrés de Santa Cruz, Presidente de la República entre 1829 y 1839. Nacido en La Paz en 1792, hijo del criollo huamanguino José de Santa Cruz y Villavicencio y de la cacica de Huarina (intendencia de La Paz), doña Juana Basilia Calahumana, fue ¨... La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano : salimos de una terrible para volver a otra y que ganamos . La República es el sistema que hay que adoptar pero sabe como yo la entiendo para estos países . Un gobierno fuerte y centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo , y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes . Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. . Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Carta, en Guillermo Feliú Cruz, Epistolario de Don Diego Portales (1821-1837), vol. i, p. 176. Citado en Bravo Lira, op. cit., p. 21. 60 En la historiografía chilena la figura de Portales tiene admiradores y detractores, pero aun entre quienes reconocen su carácter de artífice principal de un orden que duró 60 años, hay divergencias a la hora de definir que es lo que lo hizo consolidarse. Edwards cree que fue la restauración de la impersonalidad del gobierno, en el fondo, de una forma de legitimación tradicional propia de la Monarquía. Góngora sostiene que fue producto de una polaridad consentida entre una clase de mentalidad aristocrática y un estado autoritario que comparten valores tales como el orden y que se legitima por decisiones orientadas hacia el interés colectivo. Sobre el tema véase Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile durante los años transcurridos desde 1831 a 1871; Francisco Antonio Encina, Portales. Introducción a la época de don Diego Portales. Visiones críticas a esta historiografía en Sergio Villalobos, Portales. Una falsificación histórica y Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. 59

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Lima en marzo de 1822 y dirigida a su socio Manuel Cea en Valparaíso, expresa muy tempranamente lo que será el núcleo de su creación política59. Un tipo de orden político de rasgos autoritarios ejercido por hombres virtuosos cuyo interés radique en el bien público, como necesidad ante una sociedad carente de virtudes cívicas. Nótese que Portales no abjura del imaginario liberal-republicano, aunque en rigor no fue un político liberal en el sentido en que el término se empleaba en la época. Tampoco era un conservador en el sentido que el término adquirió con posterioridad a 1856, posiblemente Portales adhería a las concepciones liberales predominantes en su época, pero era eminentemente pragmático, creía que la participación amplia debía ser postergada hasta que se generaran ciertas condiciones que la hiciesen viable dentro de un sistema políticamente estable. En su realismo político, según se deriva de su epistolario, tampoco tenía particular interés por las formas jurídicas60, ni pensaba que la elite chilena de la época tuviese per se, en cuanto grupo social, las virtudes que él suponía como necesarias para la construcción del orden deseado. Por lo mismo, se puede inferir su interés por la autonomía del Estado respecto del grupo social dominante. Pese a sus rasgos autocráticos, Portales no creía en una vinculación personal respecto del ejercicio del poder, pero igualmente no tenía fe ( contrariamente a la creencias predominantes de su época ) en que son las leyes y las instituciones las que garantizan un orden estable.

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educado en La Paz y el Cusco y siguió posteriormente la carrera militar, inicialmente en el bando realista con el cual luchó en la Guerra del Alto Perú y, posteriormente, en el bando patriota donde luchó en el ejército de San Martín y luego en el ejército bolivariano61. Participó con éste en la batalla de Pichincha en 1822 y en 1823 dirigió la llamada Campaña de Puertos Intermedios, que tenía como objetivo cortar el ejército realista en dos, ubicando una avanzada en las ciudades de La Paz y Oruro. Dentro de esta campaña se produjo la batalla de Zepita, ganada por Santa Cruz, pero que a la larga resultó un fracaso que prolongó dos años más la guerra. Como consecuencia de su triunfo recibió el título de Mariscal de Zepita62. Si el origen mestizo de Santa Cruz hacía que sus detractores lo tildaran despectivamente de “cholo” o de “indio”, reproduciendo una visión de las elites coloniales, su situación no llamaba la atención en Bolivia y menos aún en La Paz donde, desde la etapa colonial, los caciques de sangre, o nobleza indígena, habían convivido con la elite y participaban de los privilegios de aquella. Es sintomático, por ejemplo, que una de las calles más importantes de la ciudad fuera conocida precisamente como “Calle de Calaumana”, porque allí se hallaba la casa familiar de don Matías Calaumana, padre de doña Basilia63. Sin embargo, es muy probable que su origen, pero sobre todo su vivencia en una sociedad mestiza, le haya permitido conocer y entender mejor el pensamiento y la mentalidad de la sociedad de Charcas. Al mismo tiempo que llevaba adelante su carrera militar, Santa Cruz participó en la conflictiva vida política que se desenvolvió en el Bajo Perú durante la etapa de la Guerra de Independencia y la época de anarquía que la siguió. Inició su carrera política como gobernador de Piura y, en 1823 apoyó a José de la Riva Agüero en su camino hacia la presidencia. Cuando éste cayó en desgracia, Santa Cruz se plegó a las voces que consideraban necesaria la presencia de Bolívar en el Perú. Luego de la batalla de Junín fue nombrado prefecto de Huamanga, ingresando posteriormente al Alto Perú. Allí fue nombrado por Bolívar prefecto de La Paz. En 1826 fue nombrado Presidente del Consejo Peruano de Gobierno, cargo con el cual retornó nuevamente al Bajo Perú. Luego de la partida de Bolívar hacia Colombia, Santa Cruz tomó la responsabilidad de dirigir el gobierno peruano. Como presidente del Perú se negó a ceder a Bolivia Tacna y Arica a cambio de Apolobamba y Copacabana, acto que fue criticado en Bolivia por impedir que su país de origen pudiera conseguir su llamado “puerto natural”64. Cuando en 1829 fue llamado a ejercer la primera magistratura en su país de origen, encontró al país sumido en el desorden, debido a la lucha entre caudillos y al peligro de invasión por parte de tropas peruanas dirigidas por Agustín Gamarra. Santa Cruz asumió el reto controlando el desLuchó inicialmente con los Dragones de Apolobamba, bajo las órdenes de su padre, luego en el ejército de Goyeneche y de Pezuela. Fue tomado prisionero en 1817, luego de escapar a Río de Janeiro, retornó al Perú donde se puso nuevamente bajo órdenes del virrey. Volvió a caer prisionero en 1820 en Cerro de Pasco y decidió posteriormente cambiar de bandera. Véase Phillipe Parkerson, Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-boliviana. 1835-1839, p. 22. 62 La Campaña de Intermedios tenía como objetivo controlar las tierras altiplánicas y evitar que las tropas del virrey La Serna se unieran a las de Pedro Antonio de Olañeta, que dirigía el ejército realista del Sur. El ejército patriota llegó a tomar las ciudades de La Paz y Oruro, pero debido a la falta de coordinación y apoyo, los dos comandantes, Santa Cruz y Gamarra respectivamente, tuvieron que retroceder hacia la costa, dejando las tierras altas bajo el control de las tropas del Rey. 63 El peso social y económico de los caciques en la región de La Paz era tal que muchas de las familias de la elite regional eran descendientes de familias cacicales. Entre ellos se hallaban los Guarachi, los Cusicanqui, los Mango y otros. 64 Sobre la importancia del puerto de Arica para la economía boliviana, ver los comentarios de los cónsules de Francia en el Perú elaborados luego del fracaso de la Confederación Perú Boliviana, y citados en el artículo de Jaime Urrutia, “Nuevas fronteras de un viejo espacio: Santa Cruz, el sur andino y la confederación Peruano-boliviana”, p. 350. 61

A diferencia de la propuesta de gobierno del Mariscal de Ayacucho, que era abiertamente liberal, el proyecto crucista buscó articular elementos liberales y modernos con propuestas que se insertaban, más bien, en fundamentos de la tradición colonial, dentro de lo que Rossana Barragán ha denominado un Estado Pactista. Así, se combinaban, por ejemplo, un Código Civil basado e inspirado en el Código napoleónico, con una política de tierras que reconocía la propiedad comunal y mantenía el antiguo tributo colonial, aunque con el nuevo nombre de contribución indigenal. Si bien este sistema respondía por un lado a las características de gran parte de la sociedad boliviana, que se hallaba cabalgando entre la tradición y la modernidad, y abría, por lo tanto, opciones de negociación permanente entre Estado y sociedad, impedía, por el otro, establecer una política económica con una dirección más clara hacia el liberalismo y a la consolidación de un Estado-nación, opción que habían tomado ya la mayoría de los países de la región que luchaban por abrir sus fronteras al capital extranjero. Así, de acuerdo a algunos autores, la política crucista que se montaba entre el proteccionismo y el libre cambio, impidió a la larga una mayor apertura al capitalismo y perjudicó las opciones de insertarse en mejores condiciones en el mercado mundial65. Esta no era, sin embargo, la opinión de parte de la población boliviana que vio en el gobierno de Santa Cruz una respuesta a los excesos de la política liberal que habían terminado por desmonetizar al país debido a la invasión de productos extranjeros. Esta era, por ejemplo, la opinión del ciudadano que, bajo el nombre de El Aldeano escribió en 1830 el “Bosquejo sobre el estado de la Nación...”66. Para El Aldeano el comercio libre extranjero –promovido entre 1825 y 1829– se había convertido en un cáncer para la economía del país ya que provocaba el empobrecimiento del mercado interno y, como consecuencia, la pérdida de la riqueza nacional. La plata salía de forma incontrolada hacia la costa para ser intercambiada por productos perecederos y de mala calidad provenientes de Europa con el único fin de cubrir el interés por el lujo y el despilfarro. Para el autor, la única opción para salir de la pobreza era establecer un control estatal sobre el comercio promoviendo el consumo de productos nacionales. Para llevar a cabo este proyecto veía el autor con buenos ojos las primeras medidas asumidas por el gobierno de Santa Cruz en defensa del mercado interno67. Entre las medidas financieras que asumió Santa Cruz podemos citar el aumento a los impuestos de productos suntuarios, la elaboración de presupuestos anuales, la lucha contra el déficit fiscal y el pago de la deuda interna; en el aspecto productivo impulsó la agricultura, la ganadería y, sobre todo la minería, estableciendo un banco de rescate de minerales para controlar su comercio. Asimismo, para favorecer el uso de moneda fraccionada, favoreció el uso de moneda feble, con una ley menor. Finalmente, en el aspecto legislativo, instituyó todo un cuerpo de Códigos Esta es la posición, por ejemplo, de Gustavo Prado para quien algunas medidas como el aumento de los impuestos a la importación de productos como la amonedación de moneda feble fueron contraproducentes a la economía boliviana. Gustavo Prado “Efectos económicos de la adulteración monetaria en Bolivia, 1830-1870”. El siglo XIX: Bolivia y América Latina. 66 Ana María Lema (coord.), Bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia con sus resultados, presentado al examen de la Nación por un Aldeano hijo de ella. Año de 1830. 67 Comparando los gobiernos de Sucre y Santa Cruz, el Aldeano decía: “En la pasada administración, vistieron hasta los soldados rasos de los lienzos, puños e industria de los extranjeros; hoy la actual administración ha ganado en esta parte un triunfo sobre aquella. Ella ha mandado que se compren paños tejidos en el país de cuenta del gobierno para uniformar a aquellos...” op. cit., p. 71 (fs. 49-50). 65

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orden y convocando a una Asamblea para garantizar la estabilidad y le brindara apoyo desde el legislativo. Luego de consolidar su poder procedió a organizar el gobierno.

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que reemplazarían a la antigua legislación colonial. Entre ellos se hallaban el Código Civil (bajo la inspiración del Código Napoleón) y el Código Penal (basado en el Código español), que tuvieron vigencia hasta la segunda mitad del siglo XX. La capacidad organizativa de Santa Cruz se contrapone claramente con la idea errónea del desorden y la anarquía. La existencia de un presupuesto anual, de un ejército permanente, de finanzas saneadas y de un cuerpo de leyes propia, hacía de Bolivia un Estado organizado. El costo de este proceso fue el aumento de la burocracia y el fortalecimiento de la empleomanía que marcarían posteriormente el sistema político boliviano68. La Confederación Perú-Boliviana y consolidación de los Estados chileno y boliviano Mientras Santa Cruz se encargaba de organizar el Estado boliviano con resultados positivos, el Perú se debatía en medio de la guerra y la anarquía. La lucha entre el presidente Constitucional José Luis Orbegoso y el General Agustín Gamarra se fue profundizando y finalmente, el 18 de abril de 1834, la Convención Nacional peruana aprobó una ley autorizando al gobierno a convocar la cooperación del gobierno boliviano con el fin de terminar la guerra civil69. Era lo que Santa Cruz esperaba para realizar su sueño de construir una nación entre el Perú y Bolivia, a quienes consideraba como naciones histórica y culturalmente hermanas. Si bien la Convención peruana había autorizado el llamado a Santa Cruz, se hallaba dividida en torno a la posibilidad de establecer una Confederación, que era apoyada únicamente por los congresistas del Sur peruano. Santa Cruz vio que no era aún el momento, sin embargo, cuando en 1835 se reanudó la guerra civil en medio de una lucha por el federalismo en el sur del Perú y el golpe de Estado del general Felipe Salaverry en Lima, decidió movilizar las tropas bolivianas y acudir en apoyo del presidente constitucional Orbegoso. A cambio del apoyo boliviano, el presidente peruano aceptó la propuesta de convocar una Asamblea en Arequipa para decidir la separación del Perú en dos Estados: Nor y Sur peruano70. El ejército crucista cruzó el Desaguadero en junio de 1835 y, luego de fracasar en el intento por lograr el apoyo de Gamarra, lo derrotó en Yanacocha, en agosto de 1835. En enero del año siguiente, Orbegoso retomó Lima y en febrero del mismo año, el ejército unido de Santa Cruz y Orbegoso derrotaron al ejército de Salaverry en Socabaya. El Perú se hallaba en poder del ejército unido, sin embargo, muchos de los oficiales contrarios a la Confederación huyeron hacia Chile donde iniciaron una fuerte campaña para retomar el poder. El triunfo militar de los ejércitos de la Confederación fue acompañado por un amplio trabajo político que se manifestó en la conformación de tres Congresos que apoyarían la creación de la Confederación peruano-boliviana. En Tapacarí (Bolivia), Sicuani (Sur peruano) y Huaura (Nor peruano), se reunieron diputados de cada uno de los tres Estados, reconociendo la Confederación, estableciendo presidentes para los mismos y nombrando a Santa Cruz con el título de Protector. Véase sobre este tema Peralta y Irurozqui, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia. 1825-1880. 69 Crespo, op. cit., p. 134. 70 De acuerdo con Phillip Parkerson, habían dos razones fundamentales para la decisión de Santa Cruz de intervenir en Perú en 1935. “En primer lugar, reconoció su oportunidad de llevar a cabo la tan deseada reunificación de los dos países. Segundo, en su opinión, Perú representaba una amenaza permanente para Bolivia. Los gobiernos peruanos siempre buscaron reabsorber a Bolivia, que se veía en dificultades para defenderse de un vecino grande y poderoso. Más específicamente, Santa Cruz consideraba al General Salaverry excesivamente peligroso tanto para su país como para el proyecto de federación”. Parkerson, op. cit., p. 99. 68

A la oposición interna se sumó la externa, dirigida por Argentina, que se hallaba atemorizada por una invasión por su frontera norte y sobre todo por Chile, donde se habían refugiado muchos de los desterrados peruanos. Éstos tomaron contacto con Diego Portales quien, al mismo tiempo, dentro de su interés por consolidar su proyecto, veía a la Confederación como un peligro para su país. Diego Portales, en su profundo realismo político acerca de las condiciones para consolidar su proyecto estatal-nacional, era también sensible al tema de las condiciones externas de éste. En la conocida carta a su socio Cea, junto con definir las líneas básicas de sus creencias políticas, expresaba también sus preocupaciones por la formulación de la Doctrina Monroe, intuyendo tempranamente la futura hegemonía de Estados Unidos en la Región. Por lo mismo, no es de extrañar que tanto la pugna comercial -de larga data- entre El Callao y Valparaíso, acentuada a propósito de los nuevos aranceles peruanos y por la creación de la Confederación, obra del Mariscal Andrés de Santa Cruz, fuese leída por Portales como una amenaza que llevaba hacia un conflicto inevitable que definiría la hegemonía de unos u otros en el Pacífico Sur. A esto se agregaba la actividad conspirativa de los exiliados chilenos en Lima , actividades que además contaban con el beneplácito de las autoridades limeñas. Este se hizo evidente cuando al Gral. Freire se le permitió armar dos buques para enviar una expedición sobre Chiloé intentando repetir la misma estrategia del Virrey Fernando de Abascal. Este intento, que fracasó absolutamente, se constituyó en el pretexto para iniciar acciones militares en contra de la Confederación71. Siendo inicialmente una guerra muy impopular, esta se desarrolló como una serie de escaramuzas militares y negociaciones entre los diversos actores involucrados: los Gobiernos de Chile, el de la Confederación y las facciones peruanas, que se entrecruzaron a su vez con el recrudecimiento del caudillismo militar en Chile. Portales, que en septiembre de 1835 había sido nombrado nuevamente Ministro de Guerra, también por razones de política interna, (para contener lo que él percibió como un rebrote de la oposición liberal), terminó siendo víctima de aquello que más había combatido: el caudillismo militar. En junio de 1837, mientras revistaba un regimiento en la localidad de Quillota que debía marchar hacia Perú, fue detenido. El regimiento avanzó hacia Valparaíso en donde esperaba sumar otro batallón que se preparaba para marchar hacia el Perú. Pero el intento de golpe militar fracasó, la Guardia Cívica de Valparaíso contuvo y derrotó a los insurrectos y Portales fue asesinado. La dura represión que Portales había encabezado contra los liberales opositores del nuevo régimen, y particularmente en contra del caudillismo militar de inspiración liberal o en contra los En este punto como en otros relativos a la eventual intervención del Gobierno de Santa Cruz Sotomayor Valdés no es concluyente. Por una parte aporta referencias del epistolario de Riva Agüero en sentido afirmativo: “… El gobierno peruano nunca se hubiese resuelto a favorecer esta empresa si no hubiese visto muchas cartas de Chile que decían que la revolución estaba ya preparada y que solo se esperaba a Freire para consumarla…”. Pero también el descargo a esa imputación del propio Santa Cruz en su “Vindicación” en el sentido de que si su gobierno hubiese tenido interés en el tema lo habría hecho con mayores recursos, Sotomayor Valdés, Historia de Chile durante..., op. cit., vol. ii, pp. 173-174. 71

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Sin embargo, la oposición interna en los tres Estados no se dejó esperar. Cada uno de ellos recelaba de los otros. En Bolivia, las tensiones entre Chuquisaca y La Paz se profundizaron debido a la susceptibilidad de los primeros de que La Paz se constituiría en el centro del poder; además, en Bolivia, en general, se veía con malos ojos el hecho de que el Perú tuviera doble representatividad (Estados Nor y Sud peruanos). Por su parte, en el Perú, se veía el proyecto crucista como una intervención boliviana en su territorio. De esta manera, la Confederación tuvo que enfrentar permanentemente una oposición interna que limitó su accionar.

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militares en cuanto grupo de poder (represión que había alcanzado a figuras militares con un alto prestigio ganado en las guerras de la independencia) generaban por sí misma una fuerte resistencia en contra de la figura del Ministro contra el Gobierno y por extensión también contra la Guerra. Por lo mismo, más allá de si hubo o no intervención del Gobierno de la Confederación en esta conspiración72, había una gran resistencia interna contra el Régimen. Contra la impresión de la prensa boliviana y peruana que estimó que tras la muerte de Portales, la guerra ya no continuaría, ésta adquirió a partir de allí una popularidad que hasta entonces no había tenido73. El Gobierno chileno, después de algunos tropiezos iniciales (como la derrota y el Tratado de Paucarpata, duramente criticados en Chile74) envió una segunda expedición a cargo esta vez del general Manuel Bulnes, quien en alianza con caudillos y fracciones peruanas, junto con derrotar a las fuerzas de la Confederación logró finalmente el propósito de desarticularla poniendo también fin al proyecto. La derrota confederada de Yungay precipitó la caída de la misma Confederación. La oposición aprovechó el momento para declararse contra el Protector, quien tuvo que refugiarse en Guayaquil. Los desterrados peruanos, que habían acompañado al ejército chileno en su campaña asumieron el poder buscando borrar cualquier intento por reponer el Protectorado. En Bolivia, las fuerzas nacionales, dirigidas por el general José Miguel de Velasco depusieron al Protector y al presidente del Estado boliviano, Mariano Enrique Calvo y declararon la llamada Restauración. La Guerra contra la Confederación vista desde la distancia aparece llena de paradojas difíciles de entender y tiene un espacio muy marginal en la historiografía chilena, no así en la boliviana, que considera a la Confederación como un proyecto frustrado de lograr la consolidación de un Estado más fuerte en Sudamérica75. Para la historiografía chilena, el Estado de Chile apoyó una fracción peruana que luchó en contra del proyecto del Mariscal Santa Cruz de integrar a Perú y Bolivia en una Confederación, pero este proyecto tuvo detractores en todos estos estados, incluyendo por cierto a Bolivia, en donde de manera recurrente se generaban tensiones entre una parte de sus elites que asumían el imaginario de un proyecto exclusivamente “nacional”, y otras fracciones y caudillos (peruanos y bolivianos) que siempre soñaron con reunificar al antiguo virreinato, idea que existía antes y vio nuevos intentos después de Santa Cruz; pero nadie mejor que Santa Cruz encarnó ese proyecto. Por otra parte, la guerra tuvo un cierto carácter regional. El conflicto también involucró -aunque de manera marginal– a Argentina, en ese entonces bajo la dictadura de Rosas. Aunque los diversos opositores a Santa Cruz nunca llegaron a actuar del todo coordinados, dato bastante entendible si se examina la diversidad de intereses de los actores involucrados. Véase las referencias del Eco del Protectorado del 31 de mayo de 1837 reproducidas en El Araucano (en ese entonces diario oficial del Gobierno ) del 4 de agosto de 1837 en , Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el Gral. D. Joaquín Prieto, vol. ii, pp. 469-519. 73 Al comentar la muerte de Portales, El Republicano de Arequipa, 8 de julio … señala: “La Guerra es ya imposible… Los Estados de la Confederación van a entrar en pleno goce de la paz que su Gobierno ha querido conservar con tan honorífica obstinación …”. En términos similares se refiere El Eco del Protectorado. Citados en Ramón Sotomayor Valdés, Historia de Chile bajo el Gral. D. Joaquín Prieto, vol. iii, p. 7. 74 “…Un acontecimiento ignominioso que eclipsa el honor de sus armas, como una retractación vergonzosa de todas las razones políticas en que se fundó la declaración de guerra. Comentario del Mercurio de Valparaíso, en Sotomayor Valdés, op. cit., vol. iii, pp.172-173. 75 Al revisar el tratamiento de este tema en la historiografía chilena mas reciente esta tiene un lugar muy marginal La fuerza expedicionaria que salió desde Valparaíso también estaba compuesta por tropas peruanas La columna peruana que salio de Valparaíso 402 infantes y 120 de caballería (General La fuente) p 48-49. En la historiografía boliviana se halan dos obras capitales sobre el tema, el trabajo ya citado de Phillip Parkerson y la biografía de Santa Cruz escrita por Crespo, op. cit. Como puede observarse, a pesar del gran peso que se da a esta etapa, faltan aún más estudios que profundicen en el tema. 72

Contrariamente al caso de Chile, para Bolivia, el fin de la Confederación implicó el inicio de un sistema caudillista que subsistió prácticamente hasta 1880. El gobierno de la Restauración buscó denigrar la historia pasada mostrándola como el intento personal de Santa Cruz de imponer su poder en ambos países. Esta visión, compartida por la elite boliviana, olvidaba la larga historia de relaciones entre ambas regiones y se asentaba en un esfuerzo por consolidar el Estado-nación tildando el proyecto crucista de recrear un sistema colonial, articulando el antiguo virreinato peruano77. La desaparición del Protector, que simbolizaba una cierta unidad dentro del ejército y el recuerdo de su fracaso en Yungay, llevó hacia un olvido de los triunfos del ejército confederado en Iruya y Montenegro (en el norte argentino) y en Yanacocha y Socabaya. Los caudillos regionales buscaron tomar el poder mientras que las elites, reunidas en el Congreso convocado para 1839 trataron de modificar la legislación para evitar un posible resurgimiento de posiciones a favor de Santa Cruz. Desde el punto de vista nacional, Bolivia enfrentaba ahora a un nuevo enemigo, el Perú, contra quien deberían unirse todas las fuerzas nacionales. Este peligro se cristalizó con el intento por parte de las tropas peruanas, dirigidas por el General Agustín Gamarra, de invadir el territorio na-

Tampoco debiera dejar de considerarse que la consolidación del estado se dio dentro de un ciclo económico expansivo, con una paleta exportadora que incluía productos mineros y cereales. Véase Aníbal Pinto, Chile un caso de desarrollo frustrado; Osvaldo Sunkel y Carmen Cariola, Un siglo de historia económica de Chile, 1830-1930; Eduardo Cavieres, Comercio chileno y comerciantes ingleses 1820-1880. Un ciclo de historia. 77 Para Jaime Urrutia, se puede discernir en el espacio de la Confederación tres “velocidades” de los cambios: una muy rápida, la política, expresada en los proyectos nacionales diferenciados, otra más lenta, la económica, que mantiene en gran medida la continuidad colonial de articulación mercantil del sur andino, y otra de cambios mucho más lentos, la social, donde se van superponiendo las identidades “nacionales” elaboradas por los discursos de las elites, y la etnicidad existente en las diversas regiones componentes del espacio. Urrutia, op. cit., p. 348. 76

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Para Chile, fuera de que representó el logro de sus objetivos geopolíticos, el resultado de la guerra también tuvo consecuencias en la construcción de una identidad colectiva que se hizo extensiva a los sectores populares. Del triunfo de Yungay se construyó una iconografía nacional que cristalizó en la imagen del roto: una representación simbólica de los estratos populares como portador de una serie de “virtudes nacionales”. Parafraseando a Charles Tilly, el Estado hizo la guerra y la guerra hizo la nación. Lo mismo que se puede decir de las guerras de la independencia, podría decirse también de esta guerra: Una sociedad que entra en guerra sale de ella siendo distinta. Hay abundante evidencia histórica sobre los efectos de los conflictos externos sobre los sistemas políticos dependiendo de si estos se traducen en victorias o derrotas. Resulta evidente que para el Estado chileno la victoria contra la Confederación contribuyó a construir una identidad nacional más propia de los sectores populares, aunque difícilmente se podría afirmar que antes de la guerra ella no existiera. También cabría preguntarse si la guerra contribuyó a la consolidación del proyecto político simbolizado en el “presidencialismo autoritario” de Portales. Respecto de este punto se pueden tener muchas dudas, parte de ellas tienen que ver con las tensiones que el sistema experimentó a fines de los gobiernos de Manuel Bulnes y de su sucesor Manuel Montt. En ambos casos, el tema de la sucesión presidencial fue el detonante, pero no la única causa de conatos subversivos y revoluciones, aunque el sistema sobrevivió demostrando cierta capacidad de adaptación. En nuestra opinión, las elites opositoras al gobierno, radicales y conservadores (también con intereses altamente divergentes entre ellas), descubrieron rápidamente, tras el fracaso de su “estrategia militar” de 1859, que resultaba mucho más eficiente optar por una estrategia electoral y competir dentro de una “arena política” ya institucionalizada76.

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cional como un último intento ya trasnochado de resucitar la idea de una Confederación. Frente al peligro de la “invasión extranjera”, los caudillos solucionaron sus diferencias y entregaron el poder al General José Ballivián, antiguo oficial del ejército durante las guerras de la Independencia y de la Confederación. Ballivián y su ejército derrotaron a los peruanos en la batalla de Ingavi, cerca de La Paz, donde Gamarra encontró la muerte. Fue de esta manera como, de acuerdo a la historiografía tradicional, se consolidó el Estado boliviano. Desde la visión del mismo Ballivián y de las elites que lo apoyaban, Ingavi significó el triunfo de la nacionalidad boliviana frente a los intereses extranjeros, se le dio un carácter fundacional que ha sido repetido por la historiografía boliviana. En la proclama a los bolivianos el héroe de Ingavi expresó de esta manera su percepción sobre la nación: “Un orgullo nacional herido por una invasión había, de un solo golpe, reunido todo el país”78. Para consolidar esta memoria, el recuerdo del proyecto crucista debía ser opacado o mostrarse como un sueño imposible llevado a cabo de forma irresponsable por un visionario que buscaba un retorno al pasado. No será sino más de cien años después que el proyecto de la Confederación Perú Boliviana sea retomado por la historiografía boliviana como un proyecto posible; sin embargo, hasta hoy son contados los trabajos que se han dedicado a entender los alcances y los límites de este proyecto. Agenda hacia una historia del siglo XIX Aun cuando es difícil precisar cuándo es el momento o la coyuntura que marca la consolidación del sistema político chileno en el siglo XIX, resulta evidente que en sus aspectos fundamentales (instituciones, marco regulatorio, prácticas y modalidades de competencia política, etc.) este ya era “estable” en la década de 1840; sin embargo, la participación electoral en cuanto proceso de construcción de representación y de formación de decisiones colectivas fue muy limitada79. Esta no sólo tenía restricciones legales (voto censitario, ligado a patrimonio o renta, limitado a adultos de sexo masculino que supiesen leer y escribir), sino también políticas: la competitividad de las elecciones estaba limitada por la recurrente intervención del Ejecutivo en los procesos electorales mediante la calificación de los electores, atribución que estaba asignada a las autoridades municipales, a su vez de designación presidencial. Precisamente el tema de la libertad electoral, es decir, la demanda por la no-intervención el ejecutivo en los procesos electorales, y la ampliación de la participación al interior de la propia élite, representan una de las grandes líneas del conflicto político a lo largo del siglo XIX chileno. La otra gran línea de fractura está dada por la lucha “doctrinaria” sobre el tema de las relaciones entre Iglesia y Estado. Este segundo conflicto, de una naturaleza muy diversa al anterior, estuvo vinculado de un lado a la pretensión del Estado de mantener el control político sobre la Iglesia apelando a las atribuciones heredadas del viejo Patronato Colonial, pero simultáneamente al interés por reducir su influencia social en ámbitos como la educación; del otro, el esfuerzo de la jerarquía de la Iglesia de reducir esas formas de control estatal, pero manteniendo tanto su influencia cultural como los privilegios de ser religión oficial del Estado. Fue esta segunda línea de conflicto la que definió el origen del sistema de partidos en Chile. En 1856, el bloque que constituía la base política del Gobierno y que hasta allí había operado realmente Citado en Urrutia., op. cit,. p. 347. El advenimiento de fomas de “mass politics”, con mas de un 30% de participación electoral sobre el total de la población se alcanzó recién con la Reforma Electoral de 1958. Véase Germán Urzúa, Historia política de Chile y su evolución electoral; Carlos Huneeus, Der Zusammenbruch der demokratie in Chile. 78 79

Varios autores concuerdan en que este conflicto en particular contribuyó a “politizar la sociedad”. Los partidos siguieron siendo partidos de notables en la terminología de Weber, pero la política como objeto de interés público, traspasó los restringidos límites de una clase. Hacia 1860, existía ya un sistema de partidos complejo, cuyos polos ideológicos estaban constituidos por radicales y conservadores y en donde los liberales, posteriormente fragmentados en varios grupos, articulaban alianzas hacia uno u otro polo. No obstante, pese a las diferencias ideológicas en el ámbito de la relaciones entre Iglesia y Estado, existían también ámbitos de concertación, facilitados por la existencia de una arena institucionalizada que facilitaba el diálogo y la negociación, tanto como por los vínculos sociales e incluso familiares, pero facilitados también por áreas como el imaginario compartido en torno a la idea de progreso 80. De la misma manera que en Chile, en Bolivia, la consolidación del Estado nacional no implicó necesariamente una apertura en la participación política de los diferentes sectores. La etapa comprendida entre 1841 y 1880 se caracterizó por la permanente lucha entre caudillos regionales y sectoriales que buscaron consolidar su poder a través de la convocatoria de Asambleas que legitimaban los golpes de Estado militares. Con excepción del gobierno de José María Linares, en la década de 1860 y un breve período del gobierno de Tomás Frías en la década de 1870, el resto de los presidentes de la república fueron militares, como una muestra de la relación entre ejército y poder político. Esto no significó, sin embargo, que la población no participara en los ámbitos políticos. A diferencia de lo que estableció la historiografía tradicional, los trabajos de Marta Irurozqui han mostrado que los diferentes sectores de la población participaron en campañas políticas y en elecciones, aunque las diferentes constituciones y los reglamentos electorales mantuvieron a lo largo de todo el siglo una ciudadanía restringida. De la misma manera, la participación política no implicó necesariamente la conformación de partidos políticos, proceso que se dio recién a partir de 1880. Sin embargo, puede considerarse la existencia de dos posiciones políticas y económicas claramente diferenciadas que han sido definidas como proteccionista y liberal. La primera posición, relacionada con lo conservador (y en parte con el recuerdo del proyecto interno crucista), fomentaba el mercado interno y el control estatal del comercio de minerales y, desde una perspectiva política, defendía la visión de un Estado pactista. Tuvo como su principal representante a Manuel Isidoro Belzu; la segunda posición, de corte liberal, propiciaba la apertura hacia el mercado mundial y reducía la actividad del Estado, fomentando al mismo tiempo la individualización de la propiedad y creando un mercado de tierras, bajo un discurso de “progreso y modernidad”. Sus principales propiciadores fueron José María Linares y Mariano Melgarejo . Estas dos posiciones en tensión luego de la Guerra del Pacífico se inclinaron finalmente hacia el liberalismo. Tanto en el caso de Chile como en el de Bolivia, la consolidación relativa de un orden político, El término liberalismo referido a las ideas de las elites chilenas o latinoamericanas en el siglo XIX es un término bastante ¨plástico¨, porque a veces alude a cuestiones políticas, a veces a cuestiones valóricas y muchas veces a ideas económicas. Entre liberales y conservadores a veces había divergencias en cuestiones valóricas o en el rol del estado, pero en lo económico toda la elite (o la elites si se prefiere) eran liberales o al menos librecambistas. Adicionalmente, las elites chilenas compartían un imaginario modernizante, que se conceptualiza en la idea de progreso y que ex post ha sido descrita como positivismo. Véase Eduardo Cavieres, “Anverso y reverso del liberalismo en Chile (1840-1930)”, pp. 39-66. 80

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sin partidos de oposición se dividió, dando origen a un partido de oposición (los conservadores católicos) y uno de gobierno: los nacionales o Montt-Varistas, quienes representaban la continuidad del orden portaleano. A poco andar se constituyó un tercer partido: los radicales que siendo liberales más doctrinarios, propiciaban la secularización de la sociedad pero también se oponían a las prácticas autoritarias del Gobierno.

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o al menos de la definición de ciertas formas de dominación en el período que se extiende entre 1830 y 1840 no significaron en absoluto la consolidación definitiva de los estados nacionales, no al menos como lo entendemos hoy. En ambos casos, el Estado carecía de presencia efectiva en extensos espacios regionales, en otros, su presencia era precaria. El espacio territorial del EstadoNación era más un imaginario de contornos poco claros que un espacio a controlar y a transformar en la lógica de la producción del progreso. Por razones geográficas esta tarea fue mucho más ardua y precaria en el caso de Bolivia, pero tampoco fue ni simple ni inmediata en las regiones extremas de Chile. A pesar del carácter periférico de ambos espacios, la geografía, pero también la voluntad de sus respectivas elites, marcaron diversos ritmos y profundidades en la inserción internacional de ambos países, tanto desde el punto de vista de la reinserción en una economía-mundo como desde el punto de vista político. Tampoco la construcción de la nación, como un espacio de integración de diversos grupos dentro de una misma identidad colectiva, o el esfuerzo de construir una comunidad política concebida desde la idea de la ciudadanía, fue una tarea simple. De nuevo, para el caso de Bolivia, en razón de su multiplicidad cultural y étnica este esfuerzo resultó mucho más complejo. En Chile el “orden estatal “ fue impuesto con mayor celeridad y no sin tensiones logrando desarrollar con relativa rapidez un espacio institucionalizado para la competencia política, pero que funcionó con rangos muy limitados de participación política efectiva y amplia hasta bien entrado el siglo XX. En otro sentido, los proyectos políticos, relativos a maneras de concebir el espacio del EstadoNación también fueron diversos. En Bolivia, tanto como en Perú, se experimentaron las tensiones entre el particularismo de la identidad nacional y las aspiraciones de reconstruir apelando simultáneamente a la tradición y a otra legitimidad, lo que fueron alguna vez espacios virreinales. El más exitoso de estos proyectos estuvo representado por Andrés de Santa Cruz, pero posiblemente este proyecto limitó las posibilidades de que en Bolivia se construyera un orden estable en el tiempo centrado en el imaginario del Estado-Nación. Podemos afirmar entonces que ambas sociedades, al finalizar sus procesos de independencia enfrentaban un conjunto de desafíos muy similares, pero en condiciones diversas al menos en dos ámbitos: las posibilidades de inserción internacional y las capacidades del Estado de “penetrar” la sociedad. El conjunto de estos temas serán examinados en los capítulos siguientes.