Conclusiones

CONCLUSIONES La revisión estadística para el caso colombiano de las amenazas enfrentadas por los hogares, los indicadores de calidad de vida y las estimaciones iniciales de la vulnerabilidad a pobreza, nos permiten tener una primera aproximación a ese fenómeno en el país. La primera dimensión de la vulnerabilidad es la enfocada a la salud. La población vulnerable en ese aspecto, corresponde aquella que presenta una carencia en salud o tiene una alta probabilidad de sufrirla. A este respecto el país en los últimos años ha venido mejorando las condiciones generales de salud, sin embargo, existen áreas como la salud infantil, los eventos transmisibles de interés público y la población con alguna discapacidad que requieren mayores esfuerzos. Con respecto a la educación, las estadísticas muestran que los principales problemas están en: (i) la presencia del analfabetismo; (ii) la educación en la primera infancia, y (iii) la culminación de los estudios hasta media, incluyendo la posibilidad de cursar educación superior. En el caso de la vulnerabilidad a no contar con un empleo o actividad productiva y/o ingresos suficientes para satisfacer las necesidades, las cifras muestran que desde una mirada estática (en un momento en el tiempo), el número de personas sujeto de política pública en cuanto al acceso a actividades productivas asciende a cerca de 2,5 millones de personas. Respecto a los niveles de pobreza por ingreso, la mitad de la población colombiana sería pobre, y de acuerdo con la información encontrada para otras vulnerabilidades, esta situación también puede estar asociada a bajos niveles de salud y de educación. En síntesis, comprender la vulnerabilidad de los hogares es un tema de diferentes dimensiones que debe ser atendido de forma integral. En el tema de las amenazas se encontró que con relación a los desastres naturales, las inundaciones son el evento más preponderante, seguido de los deslizamientos de tierra, los terremotos y las erupciones volcánicas. Así mismo, somos el tercer país de Suramérica en número de eventos naturales, lo cual hace evidente la importancia de tomar medidas asociadas a la prevención y mitigación, especialmente en el caso de las inundaciones y deslizamientos producto de las temporadas de lluvias que se presentan cada año en el país. Por otra parte las amenazas en salud muestran que las principales causas de mortalidad están asociadas a problemas cardiovascualares, causas externas y neoplasias. Así mismo, comparativamente con otros países de la región aún tenemos altas tasas de mortalidad infantil y en la niñez y

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de mortalidad materna. Finalmente, las enfermedades de salud pública con mayor incidencia son: la malaria, varicela, dengue y leishmaniasis. En el caso de las amenazas en educación en los niveles de básica y media en términos generales existe una valoración de la educación, sin embargo las dificultades económicas y el costo de oportunidad percibido por los hogares en sus jóvenes sobre educarse o trabajar, y la percepción de problemas de calidad, puede hacer que para ciertos niveles educativos el costo sea mayor que su valoración. Igualmente, existen serias carencias en las instituciones oficiales, en especial en saneamiento básico, lo cual tienen implicaciones no solo en la calidad de la educación recibida por alumnos, sino también en salud pública. Por otro lado, las amenazas sociales y políticas son especialmente el riesgo de maltrato intrafamiliar en todos los grupos sociales, los homicidios y la actividad armada. Adicionalmente, las amenazas sociales y políticas no se limitan a estos procesos de violencia, sino que también se encuentra el riesgo de corrupción o falta de transparencia. Finalmente, las amenazas económicas muestran que el 10,8% de la población económicamente activa se encontraba desempleada en 2005, es decir 2,5 millones de personas. En síntesis, al utilizar el índice departamental de amenazas se encontró que Córdoba es el departamento con mayores riesgos debido a desastres naturales y al porcentaje de población en niveles 1 y 2 del Sisbén. Esta situación es similar para Chocó y Caquetá, cuyas principales amenazas están en los ámbitos educativo, social y político. Lo anterior significa que por ejemplo en Córdoba se necesita atención especial en las estrategias de reducción y mitigación de estos eventos, en especial de los naturales y en general de las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, mientras Chocó y Caquetá necesitan atención en educación y en las condiciones de seguridad y transparencia de sus instituciones públicas. Para finalizar, la identificación de la población vulnerable a pobreza en el país tiene dos sectores: la población en situación de “indefensión” y aquellas con mayores niveles de riesgo a ser pobre. El primer caso corresponde a las personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia (156 mil), los menores de edad y los adultos mayores en condiciones de pobreza (9.961.249 niños y jóvenes y 1.213.828 adultos) y las personas con discapacidad registradas (320.000). Estas personas son sujeto de política pública en el ámbito de la vulnerabilidad y su atención debe tener en cuenta sus condiciones de indefensión. Sin embargo, es importante anotar que estos grupos no son excluyentes, es decir, una persona desplazada puede ser a su vez un menor de edad en situación de pobreza, o una persona con discapacidad. En el caso de las poblaciones en riesgo de ser pobres por ingreso, las estimaciones de vulnerabilidad para el año 2005 muestran que si bien el 49,2% de la población colombiana era considerada pobre por ingresos, de estos el 72% estaría en condiciones de pobreza crónica y el 28% restante en transitoria. Por consiguiente, el mayor porcentaje de la población pobre puede tener una alta probabilidad de continuar siéndolo en el futuro, así como de ser paupérrimos. Con respecto a las personas con una alta vulnerabilidad a ser pobres en el período siguiente (según su nivel de ingreso), se encontró que en 2005 el 53% de la población 88

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tenía una probabilidad superior al 50% de ser pobre en el futuro, es decir, es considerada vulnerable. El 85,6% de este grupo se debe a que presentan bajos niveles esperados de ingreso, mientras que el 14,4% a la alta variabilidad en ingresos. El análisis de los grupos de población vulnerable (pobres y no pobres) muestra que en el año 2005, el 13,8% de quienes eran considerados no pobres tenían una alta probabilidad de serlo en el futuro. En el caso de las personas que se encontraban en condiciones de pobreza y que a su vez tenían una alta probabilidad de seguir siéndolo, en 2005 el porcentaje correspondía al 39,2%. Esto significa que no toda la población que era pobre en 2005 tenía un valor esperado de su ingreso por debajo de la línea de pobreza y por consiguiente su nivel de vulnerabilidad era menor, que incluso algunos de los no pobres. En síntesis, en el año 2005 el total de la población del país que era pobre y/o vulnerable ascendía al 63% del total, es decir cerca de 28 millones de personas deberían ser sujetos de política pública con respecto a reducción de la pobreza actual y esperada. La atención a población vulnerable a ser pobre por ingreso se puede analizar desde dos puntos de vista: (i) las acciones en el marco del manejo social del riesgo, y (ii) los factores asociados a la vulnerabilidad en los cuales se debería centrar la atención a estas poblaciones. Con respecto a las acciones en el marco del manejo social del riesgo: prevención, mitigación y superación, encontramos que la población se puede clasificar según el tipo de atención que debe ser prioritaria. En el caso de las medidas de prevención, estas deberían estar dirigidas a aquellos que si bien no son actualmente pobres, tienen una alta probabilidad de serlo en el futuro cercano. Esta población corresponde al 13,9% del país. La población que debe ser prioritariamente asegurada y que por lo tanto las estrategias de atención deben ser de mitigación en caso de un shock negativo, es aquella que se encuentra en condiciones de pobreza transitoria. Las personas en esta condición corresponden al 13,3% de los colombianos. Las poblaciones que necesitan prioritariamente estrategias de superación, como medidas de atención social, son quienes están en condiciones de pobreza crónica. Este grupo corresponde al 35,9% de los individuos en el país. Las estrategias de política que parecen ser centrales para disminuir la vulnerabilidad a pobreza por ingresos están centradas en dos áreas: la adquisición de activos en el hogar y la provisión de empleo. En el caso de los activos se encuentra principalmente la formación y calidad del capital humano asociado a políticas educativas y de salud.

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Anexos

ANEXO 1

INVENTARIO DE CONCEPTOS A continuación se presentan las definiciones conceptuales que se han venido utilizando a lo largo de esta investigación.

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Vulnerabilidad: grado en el cual un hogar o individuo sufre o puede sufrir de uno o más episodios de pobreza o la persistencia de esta, como consecuencia de un estímulo o shock.

•

Pobreza: aquella que ocurre cuando una persona experimenta una privación fundamental, es decir la carencia de las capacidades básicas o esenciales para su bien-estar (CPRC 2004-05; p.5).

•

Capacidades básicas: en el marco de este estudio las capacidades básicas serán las dimensiones51 utilizadas en el Indicador de Desarrollo Humano: educación, salud y riqueza material.

•

Riqueza material: se entenderá como la oportunidad de tener medios de sustento para que los individuos lleven la vida que valoran, es decir se asociará a las oportunidades de tener un empleo o una ocupación productiva.

•

Vulnerabilidad a no educarse: se refiere al riesgo de no asistir o haber asistido a un establecimiento educativo de calidad (en el momento esperado del ciclo de vida).

•

Vulnerabilidad a no tener una buena salud: es el riesgo a tener una enfermedad transmisible o no, que puede ser tratable.

•

Vulnerabilidad a no contar con medios adecuados de sustento: el riesgo de no tener la oportunidad de contar con un empleo o una actividad productiva.

Las capacidades básicas asociadas a las libertades de las cuales debería gozar un individuo implican diversas dimensiones: facilidades económicas, libertades políticas, garantías de transparencia, seguridad protectora y oportunidades sociales (Sen 2000). Con el objetivo de acotar las implicaciones de este trabajo dadas las limitaciones de tiempo y personal, se identificaron las áreas consideradas centrales para los propósitos de esta investigación.

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•

Familia: se entenderá en general como una unidad que combina los recursos de sus miembros (tiempo y activos).

•

Poblaciones vulnerables en condiciones especiales: corresponde a poblaciones cuya vulnerabilidad no está necesariamente asociada al riesgo, para las cuales el concepto es más cercano a la idea de “debilidad” o la “incapacidad para defenderse” (Dercon 2005; p.3). Estas poblaciones son: los desplazados por la violencia, los niños en abandono o protección, los adultos mayores en condiciones de pobreza y las personas con alguna limitación (discapacidad).

•

Riesgo: será entendido como “la probabilidad y la magnitud de las consecuencias [adversas] después de un evento de peligro” (Turner et al. 2003; p. 1). Esta probabilidad es una función de la interacción entre las posibles amenazas y la vulnerabilidad del hogar, en otras palabras, la probabilidad de los eventos y de sus consecuencias.

•

Amenaza: es el evento de peligro probable.

•

Sensibilidad: la magnitud con la cual la calidad de vida del hogar se ve afectada inicialmente por el shock.

•

Resiliencia: la capacidad del hogar para responder ante el shock y tratar de volver a su nivel de calidad de vida anterior al evento negativo. Es decir, la forma como los individuos reaccionan a esta pérdida de bienestar y se ajustan a la situación, lo cual determina el impacto final sobre el bien-estar. Su reacción y sensibilidad depende de sus titularidades

•

Titularidades: los factores internos o de las condiciones que determinan la capacidad de respuesta ante situación de peligro o riesgo (Sen, 2000; Moser, 1998; Chambers, 1995).

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