CONFLICTOS ACTIVOS – De Loreto a Ucayali (Marzo 2009) LORETO 105. Distrito del Nauta, provincia de Loreto, Río Nahuapa Caso. La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca reclama compensación económica a las empresas Walsh Perú y Conoco Phillips, por afectación a la propiedad sobre sus territorios comunales y sobre la flora y fauna en sus comunidades. Actores. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), CCNN Nueva Conquista, CCNN Santa Emilia, Empresa Petrolera Conoco Phillips, Empresa Walsh Perú y Parroquia de Nauta. Antecedentes. La empresa Walsh Perú, contratista de CONOCO PHILLIPS, para la realización de su estudio de impacto ambiental y social (Lote 124), abrió una trocha – 2 metros de ancho, por la zona de Río Nahuapa. Hechos. El 12 de setiembre 2008 se realizó un Taller informativo en la localidad de 2 de Mayo, en la cual estuvo presente la Comisión conformada por la Dirección Regional de Energía y Minas, INRENA, CONOCO PHILLIPS Y WALSH PERÚ, quiénes informaron respecto a los trabajos y actividades que venían realizando. En dicho taller se acordó una reunión entre la empresa Walsh Perú, responsable del EIAS para la ConocoPhillips con participación del Ministerio de Energía y Minas y ACODECOSPAT (Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca) para observar una trocha realizada por Walsh en su EIAS. El 15 de noviembre 2008 se realiza la visita de inspección ocular de la trocha, suscribiéndose un acta a través de la cual la comisión reitero que la trocha cumple con los criterios técnicos, y se concluyó que existe un problema de comunicación solicitando tiempo para consultar con asesores y negociar en una próxima reunión la solución. ACODECOSPAT ha emitido un comunicado por Internet informando la problemática existente de afectación al ambiente y territorio del Pueblo indígena Cocama en la quebrada Nahuapa. El 20 de enero 2009 la OD se comunicó telefónicamente con Alfonso López Tejada, Presidente de ACODECOSPAT a efectos de recabar información, solicitándole precisar las comunidades afectadas (06 comunidades). La DP Loreto se entrevistó con el Padre Miguel Ángel Cárdenas, Párroco de Nauta, quien proporciono información sobre el presente caso. ACODECOSPAT realizará una asamblea el 28 y 29 de enero en la cual se formalizará una denuncia contra las empresas. Últimos acontecimientos. El 27.03.09 la DP mediante Oficio No. 227 y 229-2009-DP/LORETO reiteró los requerimientos de información formulados a la Dirección de Administración y Control Forestal y de Fauna Silvestre del INRENA así como a la Dirección General de Hidrocarburos, respectivamente. 106. Distrito de Andoas, Provincia de Datem del Marañón Caso: Protesta violenta en base petrolera de Andoas genera un policía muerto y once efectivos policiales heridos. Los manifestantes reclamaban la nivelación de ingresos de los trabajadores de services con los de la empresa. Actores: Empresa Plus Petrol; Indígenas de las Comunidades del Corriente, Pastaza y Tigre; ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, FECONACO (Federación de Comunidades Nativas del Tigre Río Corrientes), FECONAT (Federación de Comunidades Nativas de Tigre), FEPIQUEP (Federación de Pueblos Quichuas del Pastaza) Antecedentes: Días previos al 20 de marzo, la empresa Plus Petrol se comprometió en sostener una reunión con miembros de las Comunidades Nativas del Corrientes, Pastaza y Tigre (no se conoce la fecha exacta de la reunión). Sin embargo dicha reunión no se concretó (se desconocen los motivos). Según, la empresa se canceló debido a que al acudir a la reunión los miembros de las comunidades se encontraban en completo estado de ebriedad. Por su parte, los miembros de las

comunidades niegan tal versión aduciendo que los miembros de la empresa jamás se hicieron presentes. Hechos: El 20 de marzo miembros de las comunidades nativas del Corrientes, Pastaza y Tigre, iniciaron una marcha de protesta hacia las instalaciones de la empresa PlusPetrol, con la finalidad de reclamar mejor remuneración y un trato igualitario, es allí que ocurrieron los enfrentamientos entre miembros de las comunidades y efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. Según las primeras investigaciones, dejaron un saldo de cinco efectivos policiales heridos un fallecido y 31 detenidos (versión no oficial en ese momento) que en su mayoría eran miembros de la Comunidad Nativa “12 de octubre”, quienes luego de la detención fueron trasladados a la Base de Andoas y puestos a disposición del la Fiscalía Mixta de el Datem de Marañón. El 24 de marzo, 27 personas miembros de diferentes comunidades como Andoas, San Juan Bartra, Muyuy, “12 de octubre”, Alianza Capahuari, Titiyacu, Nuevo Andoas y Amazonas son trasladadas a la ciudad de Iquitos en calidad de detenidos para las investigaciones correspondientes, entre los cuales se encontraba un menor de edad de la Comunidad Nativa Nuevo Andoas, puesto en custodia de la Comisaría de Mujeres. Por otro lado, los otros 26 fueron puestos a disposición de la División de Investigación y Criminalistica de la PNP para obtener su manifestación. El 25 de marzo, 18 personas pertenecientes a las comunidades “12 de octubre” y “Juan Bartra” fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría de la Provincia de Loreto Nauta, para las investigaciones correspondientes. En ambos casos la oficina de la Defensoría del Pueblo de Loreto realizó la investigación, con la finalidad de obtener información respecto a la situación personal y jurídica de los detenidos. La mayoría de ellos señaló que no hubo uso de la fuerza o agresiones por parte de los efectivos policiales, salvo en dos casos: Vílchez Suárez Edibrando Fredy (19) y Vilchez Suárez Cléber, quienes expresaron haber sufrido agresiones. Este hecho se hizo conocer al Ministerio Publico. Al momento de la visita de la DP, Grimaniel Carrasco Tarrillo (34), Abigael Nisser Silvano Torres (28), Cléber Genrry Vilchez Suarez (21) y Carlo Magno Hualinga Dahua (39), presentaban heridas de bala, moretones o golpes, por lo que se solicitó apoyo para la atención médica al Hospital Apoyo Iquitos. Asimismo, la oficina de la DP recomendó al General de la PNP y al representante del Ministerio Público para facilitar que los detenidos reciban alimentación, ropa y visita de sus familiares. Se conoció que ocho de los detenidos vienen siendo procesados por los delitos de Violencia y Resistencia a la Autoridad, Tenencia ilegal de armas, Homicidio calificado y Lesiones leves. Además, 16 de los detenidos, son procesados por robo agravado, extorsión agravada, violencia y resistencia a la autoridad. La Defensoría del Pueblo verificó que cuentan con abogado (menos un detenido) sugiriéndose la presencia de intérprete. El día 26 en la mañana se realizó una marcha de protesta en la ciudad de Iquitos, convocada por los estudiantes indígenas con el apoyo del Frente Patriótico y la CGTP, en el frontis de la empresa Plus Petrol, Poder Judicial y la DIVINCRI, cuyo pedido concreto era la liberación de los detenidos. De las últimas informaciones recabadas se tiene que: a) el día 28 de marzo vencía el primer plazo para que culminen las investigaciones del Ministerio Público, respecto al homicidio del efectivo policial. b) el día 29 vencía el plazo para las investigaciones respecto a los hechos relacionados con la toma del aeropuerto de Andoas. Sobre la situación de los detenidos, la DP solicitó atención médica para cuatro de ellos, en dos casos requieren atención hospitalaria. A partir del informe médico, se recomendó al Fiscal Provincial se atienda a la brevedad posible. Por otro lado, la DP participó en reuniones de coordinación, con los abogados de los detenidos, abogados de diferentes instituciones locales y el representante del defensor de oficio, con la finalidad de establecer cuáles son los detenidos que cuentan con abogados, la pertinencia de solicitar ampliación de las manifestaciones y que cuenten con intérprete. Además, se insistió en la necesidad de que en la denuncia que realice el Ministerio Público se distinga claramente las responsabilidades. Por otro lado, distintas instituciones entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Iquitos y de San José del Amazonas, la CGTP, el Frente Patriótico de Loreto, la Red Ambiental Loretana, entre otros, han conformado un Comité de lucha para apoyo a los detenidos, para ello además de coordinar la estrategia legal vienen promoviendo otro tipo de acciones, como la posible realización de un paro regional para el 10 de abril. La DP ha obtenido información en Andoas (Pastaza) que el día 28 de marzo, Plus Petrol sostuvo reuniones con autoridades comunales de Andoas, Los Jardines y Nuevo Porvenir. El día 29 de marzo la DP conoció que de los 45 detenidos tanto de la ciudad de Nauta como de Iquitos, 15 habían sido internados en el Penal de Sentenciados e Inculpados de Maynas, de los cuales 11 por orden del Juzgado Provincial Mixto del Datem del Marañón, y 4 del Juzgado Mixto de Loreto Nauta. De las 30 personas que quedan,

se encuentran con comparecencia restringida. Sobre el particular, Plus Petrol informó a la DP que estarían brindando todas las facilidades para que aquellos que salieron en libertad regresen prontamente a sus lugares de origen. Esta propuesta ha sido trasladada a la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato, quienes vienen coordinando, brindando alimentación, alojamiento y vestido a las personas que salieron en libertad. La Dirección Regional de Trabajo indica haber solicitado a la empresa Plus Petrol la relación de empresas contratistas. La empresa Plus Petrol ha respondido al requerimiento indicando que existen en Andoas 51 empresas contratistas. La Dirección Regional de Trabajo pretende realizar la inspección laboral en cada una de ellas a partir del mes de mayo. En mayo, la Dirección Regional de Trabajo aún no ha iniciado las inspecciones regionales informadas. En junio, la Dirección Regional de Trabajo de Loreto continúa sin haber iniciado las inspecciones laborales. Su titular señaló que se iniciarían en agosto de 2008. En julio 2008 el Director Regional de Trabajo de Loreto informó que durante la última semana de julio solicitará por escrito a la empresa Pluspetrol las facilidades logísticas de transporte hacia la zona de Datem para iniciar las inspecciones laborales, estimando que estas se inicien desde la segunda quincena de agosto. En agosto, el Director Regional de Trabajo de Loreto informó que no obstante que ya se programaron seis inspecciones laborales (3 en Trompeteros y 3 en Andoas) éstas se han postergado debido a la coyuntura las protestas de las comunidades nativas en contra de los decretos legislativos 1015 y 1073. El Director Regional de Trabajo de Loreto informó que a inicios de la segunda semana de setiembre remitió una solicitud a la empresa Pluspetrol pidiendo las facilidades de transporte para ingresar a Andoas, a las zonas petroleras de la empresa y efectuar las inspecciones laborales previstas. En octubre de 2008, el Director Regional de Trabajo de Loreto, Dr. Emerson Lebon, informa que el 23 de octubre se pudo realizar las inspecciones laborales: dos inspectores realizaron su labor en Trompeteros (supervisando 27 empresas contratistas) y tres inspectores estuvieron en Andoas (supervisando un estimado de 27 empresas). El día 28 de octubre los inspectores retornaron a Iquitos y el día 29 se reunieron con el Dr. Lebon quien señaló que ha solicitado a los inspectores el detalle del número de trabajadores de cada una las empresas supervisadas sin perjuicio del informe final de lo que supervisaron en las empresas. Estimó que se conocerá el informe de los inspectores en la primera semana de noviembre. En Noviembre, el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dr. Emerson Leveau informó a la Defensoría del Pueblo los avances de los resultados de las Comisiones de Inspección Laboral al campamento de la Compañía Plus Petrol – Andoas (23-28 de octubre) y Lote 8 Trompeteros (23-27 de octubre 2008). El informe indica que la inspección efectuada en Andoas supervisó a 24 empresas subcontratistas de Plus Petrol, señalando lo siguiente: - En todas las empresas se detectó falta de información sobre los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores desconocían sus derechos. - En algunas empresas subcontratistas los trabajadores no gozan de vacaciones, ni de participación de utilidades. - Se detectó que en algunas empresas subcontratistas donde los trabajadores recibirían pagos por servicios no personales los que, al momento de la inspección laboral, realizan actividades con características propias de una relación laboral (trabajo personal, subordinación y remuneración). Por su parte, el informe indica que la inspección efectuada en el Lote 8 en Trompeteros supervisó a 21 empresas subcontratistas de Plus Petrol, señalando lo siguiente: - En todas las empresas se detectó falta de información sobre los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores desconocían sus derechos. - Se verificó que se efectuaban vacaciones adelantadas con desconocimiento del trabajador y sin expresarse claramente en el contrato de trabajo. - Se detectó hasta 3 empresas subcontratistas donde los trabajadores recibirían pagos por servicios no personales los que, al momento de la inspección laboral, realizan actividades con características propias de una relación laboral (trabajo personal, subordinación y remuneración). - Se detectó que varias empresas subcontratistas no respetarían las normas relacionadas a la jornada laboral y el horario legal establecido. - Se verificó que en algunas empresas subcontratistas no pagarían horas extras.

- Varias empresas subcontratistas no informaron en detalle si sus trabajadores reciben el pago por realizar trabajos en horario nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) En diciembre 2008, el Director Regional de Trabajo indica que luego de las inspecciones laborales realizadas en Andoas y Trompeteros continúa con las notificaciones de los incumplimientos laborales y espera de respuesta de las empresas contratistas. Indicó que en enero 2009 se verificaría lo notificado. En enero 2009, el Director Regional de Trabajo informa que se han completado todas las notificaciones a las empresas inspeccionadas. Sin embargo, se está a la espera del informe final de los inspectores laborales que establecerá las multas que pudieran corresponder. En febrero de 2009, el Director Regional de Trabajo de Loreto informó que, de las empresas inspeccionadas, son 4 las empresas contratistas a las que se les expidió sendas actas de infracción laboral: SERTRANSA SRL., MANPOWER PERU S.A., AVIACIÓN REPARACION Y TRANSPORTE SAC “AVIARET“ y BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. Estas empresas, señala el Director Regional de Trabajo, no han sido notificadas lo que permitiría que puedan apelar y se emita, finalmente, la resolución de multa. Explicó el Director Regional de Trabajo que la demora en la notificación responde a que no se contrató inspectores de trabajo, los cuales desde mediados de febrero de 2009 recién se han contratado a los inspectores. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, el Sub Director Regional de Registros e Inspección Trabajo de Loreto informó que se ha notificado las actas de infracción a las empresas MANPOWER PERU S.A., AVIACIÓN REPARACION Y TRANSPORTE SAC “AVIARET“ y BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. estando a la espera de los respectivos descargos, de ser el caso. Respecto a la empresa SERTANSA S.R.L., el subdirector informó que durante la última semana de marzo de elaborará el proyecto de resolución final. 107. Distrito Trompeteros, Provincia Loreto Caso. Los APUS de las Comunidades Nativas del Río Corrientes, se movilizaron contra la actuación dilatoria por parte de los miembros del Ministerio Público y la PNP, ante las denuncias penales interpuestas por la población contra el alcalde, por presuntos delitos contra la administración pública. Actores. Primarios: Apus de las Comunidades Nativas del Río corrientes, representantes de FECONACO, Alcalde distrital de Trompeteros José Panaifo Pérez ("Alianza Para el Progreso", 22.63%), población de Villa Trompeteros, Funcionarios y Autoridades de la Municipalidad Distrital de Trompeteros. Secundarios: Ministerio Público, PNP – División Anticorrupción. Hechos. El 16 de julio de 2008 los diversos representantes (APUS) de las Comunidades Nativas asentados en la cuenca del Río Corrientes, Distrito de Trompeteros, alzaron su voz de rechazo y protesta contra la actuación dilatoria por parte de los Miembros del Ministerio Público y la PNP, respecto a la investigaciones a realizarse por las denuncias penales interpuestas por la población de Villa Trompeteros contra el alcalde José Panaifo Pérez, por presuntos delitos contra la administración pública. La medida adoptada por los representantes de las comunidades y la población de Villa Trompeteros, fue tomar el local municipal hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones. La plataforma consistió en conocer el estado de las investigaciones ante las denuncias penales interpuestas contra el alcalde. Asimismo, desean que la Municipalidad Distrital de Trompeteros cese en sus funciones por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos por parte de los funcionarios que lo administran. El 17 de julio los representantes de las comunidades nativas del Río Corrientes, hicieron un plantón en las inmediaciones del local municipal de Villa Trompeteros, impidiendo que el personal que labora en dicha institución inicie con sus actividades. No se produjeron incidentes que alteren al orden público ni a la integridad física y sicológica de los pobladores de Villa trompeteros. La medida fue pacifica hasta el 22 de julio de 2008. Los pobladores sostuvieron que desde hace varios meses vienen denunciando presuntas irregularidades en el manejo de los fondos y presupuestos económicos programados para obras públicas dentro del sector y que no se ven los avances. La Oficina Defensorial de Loreto, exhortó al representante del Ministerio Público de la Provincia de Loreto – Nauta , a la Gobernación, a la PNP anticorrupción y a FECONACO a que adopten medidas pertinentes en las medidas de lucha pacífica, a garantizar el orden interno y la seguridad de los ciudadanos durante la medida de protesta, a la seguridad de las autoridades involucradas en la denuncias penales que son materia de investigación, y a la probidad en los

procedimientos de investigación contra los funcionarios de la Municipalidad, asi como a mantener informada a la población sobre el estado de la misma. Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes. 108. Distrito Nauta, Provincia Loreto - NUEVO Caso. Dos grupos de regidores se disputan la titularidad del Gobierno Local. Actores. Consejo Municipal; 1º Grupo: Darwin Grandes Ruiz, Cesar Adán Chamaya Díaz, Ángel Enrique López Rojas, Natividad Tamani Torres, Gianpaolo Ossio Rojas Florindez; 2º Grupo: Irasema Del Pilar Reátegui Vela, Francisco Costa Oliva, Otoniel Vela Pinedo Hechos. El 2 de marzo del 2009, mediante Acuerdo de Concejo No. 005-2009-SE se suspendió por tercera vez consecutiva al Teniente Alcalde, Jorge León Paiva Armas por falta grave conforme lo dispuesto por el Reglamento Interno del Concejo en su artículo 83º incisos 2)1 y 11)2. Producto de la suspensión se sucedieron una serie de hechos que alteraron el orden público, por el enfrentamiento entre dos grupos, uno que apoya al Teniente Alcalde, Jorge León Paiva Armas, y el otro que apoya al actual encargado de alcaldía, Darwin Grandes Ruiz; se requirió la intervención de la Policía Nacional del Perú quienes restablecieron el orden público. El mismo día 2 de marzo luego de la sesión de consejo, un grupo de ciudadanos afectaron el local de la Municipalidad Provincial de Loreto, la propiedad y casa comercial del Regidor Darwin Grandes. El 6 de marzo comisionados de la Defensoría del Pueblo se desplazaron a la localidad de Nauta a fin de recabar información y documentación sobre el caso, se entrevistaron con el Comisario PNP de Nauta, el Fiscal Provincial Mixto, y el Gobernador de la Provincia. Así mismo se recabó información sobre el proceso judicial en curso, respecto a los hechos acontecidos y se visitó el Centro de Salud de Nauta a efectos de verificar las personas que hubieran resultados heridas o afectadas. De igual modo sostuvieron entrevista con el presidente de la Base Provincial del Frente Patriótico de Loreto, a efectos de conocer su posición u opinión a razón de éstos incidentes. Se confirmó que el día 4 de marzo 2009 la PNP restableció el orden público. La Fiscalía Provincial Mixta y la Comisaría PNP Nauta están pendientes de la situación. 109. Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas. Caso. Alcaldes de la provincia de Maynas se niegan a cumplir con la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto que clausura el botadero ubicado en el kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos – Nauta y solicitan se respete el plazo de 24 meses para el cierre que otorgó DIGESA. Actores. Municipalidad Provincial de Maynas, Poder Judicial, MP Constructores y Servicios, Pronaturaleza, Canatura, Red Ambiental de Loreto, Sociedad de Derecho Ambiental, Consejo Ambiental Municipal, Corte Superior de Justicia de Loreto. Antecedentes. El botadero se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. El año 2008, diversas organizaciones ambientalistas, presentaron demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Maynas y su contratista MP Construcciones y Servicios, por afectación al ambiente. La misma que fuera declarada FUNDADA por dicho juzgado; decisión que fuera confirmada en segunda instancia. Dicho mandato judicial dispuso el cierre del botadero dentro del plazo de cuatro meses, bajo apercibimiento de imposición de multa a razón de 20 URP por día de atraso, hasta el cumplimiento de dicho mandato. La empresa MP Construcciones y Servicios, contratista de la Municipalidad Provincial de Maynas, cuenta con Resolución Directoral de la DIGESA, la misma que le concede un plazo de 24 meses para el cierre definitivo del botadero y para desarrollar el Plan de Recuperación de Área Degradada por Residuos Sólidos del Botadero de la Ciudad de Iquitos ubicado en el Km 30.1. Hechos. El día 12 de enero de 2009 por la tarde los alcaldes de diversos distritos de la ciudad acudieron a las instalaciones del Poder Judicial, a fin de exponer su preocupación ante la confirmación de clausura del botadero del kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos - Nauta. Donde fueron recibidos por el doctor Wilbert Mercado, Presidente de la Sala Civil y por el Presidente de la Corte, Róger Cabrera, exponiendo la problemática de los residuos sólidos en la ciudad. Señalan

“No ejecutar y/o dar cumplimiento injustificadamente los acuerdos de Concejo Municipal”. “Incurrir en abuso de autoridad bajo cualquier modalidad o utilizar la función pública bajo cualquier modalidad con fines de lucro” 1 2

que se encuentran preocupados y que han interpuesto una acción de amparo para contemplar el problema. El 14 de enero 2009 las autoridades de la Municipalidad Provincial de Maynas lanzaron amenazas indirectas contra Radio La Voz de la Selva (LVS) por su posición respecto al botadero del kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos - Nauta. A través de su noticiero, La Voz de la Selva se ha pronunciado en contra del citado botadero. El gerente general de la municipalidad provincial (Rafael Saavedra) que fue entrevistado por dicha emisora señaló a la periodista que no se responsabilizaría por la actitud que puedan tomar algunos ciudadanos contra ella y la estación radial. Las autoridades pretenden que el botadero siga funcionando, pese a que diversas entidades han advertido del perjuicio a las aguas de esta área natural protegida, a causa de las filtraciones de la basura descompuesta. La comuna provincial insiste en que se amplíe el plazo para reubicar el botadero, aún cuando se ha comprobado que las zonas aledañas se encuentran contaminadas. Ese mismo día, un grupo de personas, en su mayoría presuntos trabajadores de la comuna loretana, intentaron agredir al coordinador de la Red Ambiental de Loreto, Paul Mc Auley, cuando salía de la radio. La municipalidad provincial de Maynas busca que el PJ le otorgue un plazo de dos años para trasladar el botadero. El alcalde ha amenazado con no recoger la basura, a fin de evitar la multa de 20 URP por día de incumplimiento de sentencia. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto a través de medios de comunicación local señaló que si la Municipalidad no cumplía con el recojo de basura, serían denunciados penalmente. En enero del 2008, la OD se participo en una reunión convocada por el Coordinador del Ministerio del Ambiente en la cual se convoco a la totalidad de las partes demandantes a efectos de viabilizar la adopción de un acuerdo respecto al plazo del cierre del botadero. Dicha reunión contó con la participación de funcionarios de la DIGESA Lima quienes expusieron la imposibilidad de que la Municipalidad y contratista, cumplan el plazo dispuesto por el juzgado para el cierre del botadero. Con fecha 12 de febrero de 2009, la OD Loreto recomendó a la Municipalidad Provincial de Maynas, mediante Oficio No. 0091-2009-DP-LORE, dar cumplimiento a la sentencia e implementar las medidas aprobadas en el plan de recuperación del área afectada. Últimos acontecimientos El director de la DIGESA Loreto comunicó que están a la espera del pronunciamiento de la DIGESA Lima sobre la habilitación y construcción del nuevo relleno que estará ubicado en el kilómetro 30.5 de la carretera Iquitos Nauta, un kilómetro más arriba del actual botadero. Aún falta realizar algunos estudios de impacto ambiental y de percepción ciudadana de las personas que viven alrededor del relleno sanitario. El director de DIGESA Loreto señaló que se debería esperar el pronunciamiento de Lima para comenzar las obras, ya sea las vías de acceso como la construcción del relleno; mientras tanto la municipalidad de Maynas ya habría comenzado las obras y anunció que estarán listas para finales de año. La Municipalidad Provincial de Maynas persiste en su incumplimiento de la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ya que botadero sigue funcionando en el área de amortiguamiento de la reserva natural y muy cerca del río Nanay, que abastece de agua potable a la ciudad. Esto ha sido comprobado mediante la inspección ocular que realizó la jueza del cuarto Juzgado Penal de la Provincia de Maynas al botadero el 31 de marzo. Los administradores del área reservada y organizaciones ambientalistas han planteado denuncia en contra del Concejo Provincial de Maynas y la empresa MP, encargada del almacenamiento de los deshechos. 110. Distrito del Napo, provincia de Maynas Caso. Pobladores de las CCNN de la cuenca del río Curaray amenazan con cerrar e impedir el paso de las embarcaciones fluviales de las empresas petroleras que operan en la zona debido a un presunto incumplimiento para con ellas de parte de las empresas REPSOL y PERENCO y daños ambientales. Actores. CCNN de la Cuenca del Río Curaray, Empresa PERENCO y Empresa REPSOL, Gobierno Regional de Loreto, PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas. Hechos. Pereco y Repsol, realizan trabajos de exploración en dos lotes ubicados entre el medio y alto Napo, al norte de la región Loreto y usan la vía del río Curaray para llegar a sus bases con la logística necesaria para sus operaciones en la zona.

Hechos. El 19 de noviembre fue difundido a través de diversos medios de prensa local, que pobladores de la cuenca del río Curaray (afluente del Napo) amenazan con cerrar e impedir el paso de las embarcaciones fluviales de las empresas petroleras que operan en la zona. Pereco y Repsol, serían las compañías afectadas con esta medida radical de las comunidades nativas desde el 1 de diciembre, porque están cansadas de esperar el apoyo de las petroleras. Acusan los pobladores que las empresas señaladas, especialmente Pereco, no aportan en nada al desarrollo de sus pueblos, por eso estamos en pie de lucha u son seis comunidades que están encabezando la protesta. Incluso reclamaron por la falta de apoyo en casos de emergencia, para trasladar enfermos a Iquitos. El 28 de Noviembre 2008, fue presentado en la Oficina Defensorial de Loreto un memorial sucrito por 6 Apus de algunas CCNN de la Cuenca del Río Curaray quienes manifiestan que como medida de presión cerrarán a partir del el día 01 de diciembre y en forma indefinida el río Curaray al tránsito fluvial de las embarcaciones que prestan servicios a las empresas petroleras, debido al incumplimiento por parte de estas para con las CCNN. Solicitan la presencia en la zona de los Gerentes de PERENCO y REPSOL (empresas operadoras de los lotes 67 y 39 respectivamente) para levantar la medida de lucha que explicitan no será violenta, sino pacífica, pidiendo además la asistencia de Gobierno Regional de Loreto, PERUPETRO, Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo. La Empresa Repsol nos informó que ha gestionado el traslado de los APUS a Iquitos para una reunión a realizarse el domingo 29 a las 9:00 a.m en el auditorio de Gobierno Regional de Loreto. En dicha reunión participaron por Gobierno Regional de Loreto, el Gerente General, los de Desarrollo Social y Económico y el de Planificación y Ordenamiento Territorial, además de los Directores Regionales de Educación, Salud, Agricultura y el representante del Fondo de Desarrollo de Loreto-FONDELOR. Estuvieron además dos representantes de la la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, el Gobernador de Loreto, el Coordinador de Loreto y el Gerente de Relaciones Comunitarias de REPSOL YPF, así como representantes de la Oficina Defensorial de Loreto. Por parte de las CCNN estuvieron presentes los APUS de las CCNN Urbina, Shapajal, Bolivar, Soledad y Yarina, CCNN del Alto Curaray, así como las CCNN Buena Vista y Flor de Coco pertenecientes a la cuenca del Arabela quienes expresaron su sorpresa ante la amenaza de parte de 6 CCNN del Bajo Curaray. Sólo participaron 2 representantes de una de estas CCNN quienes traían el mensaje de uno de los principales propulsores de la amenaza, el Sr. Tedy Pandiro, Apu de la CCNN Mucha Vista. Alegan irresponsabilidad de parte de las empresas que prestan servicio de transporte fluvial a REPSOL (aclararon que el problema era realmente con REPSOL), además de no querer apoyarles en trasladar a sus enfermos o de traerlos a Iquitos. Señalaron también de que hay muchos problemas en salud y educación y en la implementación de proyectos productivos como de Camu Camu, pero evidentemente el tema que subyace es que desean apoyo económico de parte de las empresas. Luego de la participación de todos los presentes y de la posición de los representantes de Teddy Panduro de que de todos modos se impediría el transito fluvial, se les exhortó en conjunto a comunicarse con él y los otros APUS para que mediante el apoyo de REPSOL pudieran llegar a Iquitos el 1 o 2 de diciembre de 2008, puesto que se tenía conocimiento de que se encontrarían en San Rafael, donde sería la concentración para el día lunes 01 de diciembre de 2008. Después de ser persuadidos de comunicarse telefónicamente con Teddy Panduro y/o con los demás Apus, regresaron con la noticia de que había la predisposición y que esperarían a los demás APUS. Se acordó que los representantes de Teddy Panduro persuadirían a Teddy Panduro y a los demás APUS para que lleguen a Iquitos 5 representantes de cada CCNN para una reunión que ponga fin al conflicto, debiendo confirmar la decisión al Gerente General del GOREL y al que suscribe. Se exhortó a convocar a los Directores Regionales de Transportes y Comunicaciones, de la Producción, así como a Capitanía de Puertos, por lo que estarán presentes. El día 10 de diciembre se llevó a cabo en la CCNN San Rafael una reunión para dar solución al impedimento del tránsito fluvial en el Curaray, medida tomada desde el 01 de diciembre por parte de las Comunidades del Bajo Curaray. Estuvieron presentes los APUS de 8 CCNN del Bajo Curaray, el Presidente de FECONCUNA (Federación de Comunidades Nativas del Curaray y Napo) El Gerente General y el de Desarrollo Social del GOREL, los Directores Regionales de Agricultura, Salud y Educación, 02 representantes de Perupetro, la OGGS del MINEM y los Gerentes de Relaciones Comunitarias de PERENCO y Repsol, además de la Oficina Defensorial de Loreto. El motivo de la

medida, presentado en un primer momento, fue el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de las empresas petroleras PERENCO y Repsol para con las CCNN del Bajo Curaray. En la reunión del día 10 fue coordinada por el GOREL, la Defensoría del Pueblo, las empresas y los Dirigentes de la CCCNN, se presentaron 35 pedidos, entre los cuales están la distritalización del Curaray, la construcción de un hospital, un colegio secundario, un instituto, mejoras varias en Educación, Deporte, Salud y Comunicaciones, entre otros pedidos como los de trabajo y apoyo económico por parte de las empresas. Los acuerdos a los que se llegó fueron: 1. La conformación de 5 comisiones de trabajo para estudiar la posibilidad de atención de los pedidos de las CCNN del Bajo Curaray; estas comisiones son: Educación y Deporte; Salud; Agricultura y Ganadería; Transportes y Comunicaciones; Gestiones varias y festividades por aniversario de la CCNN San Rafael. 2. Cada comisión de trabajo contará con la participación de tres representantes de las CCNN del Bajo Curaray, siendo las Empresas Perenco y Repsol las que se encargarán del traslado, alimentación y hospedaje. El Jueves 18 se deben instalar estas comisiones en el local del IIAP en Iquitos. 3. Se acordó restablecer de inmediato el tránsito fluvial en el Curaray. En la reunión se persuadió a los nativos del Curaray para deponer de inmediato la medida. El restablecimiento del tránsito fluvial en el Curaray se dio de inmediato. El día 17 de diciembre 2008, se desarrolló la reunión de instalación de las mesas de trabajo de análisis y tratamiento de los pedidos de las CCNN del Bajo Curaray. Este primer encuentro ha servido para intercambiar información. Se tiene previsto una segunda reunión para el 10 de enero. Con fechas 19 y 22 de enero se participo de reuniones realizadas en las Oficinas de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, a efectos de verificar avances al desarrollo de labores de las Comisiones de Trabajo (Gestión, festividades y Trabajo; Transportes y Comunicaciones; Salud; Educación; y Agricultura) establecidas en reunión de fecha 17.12.2008 a razón de los acuerdos adoptados durante la visita a C.N. San Rafael – Río Curaray. En la última de dichas reuniones, se acordó establecer el lunes 26.01.09 como fecha límite para la entrega de Planes de Trabajo (Presupuesto y Programación) por cada Director Regional Responsable de cada comisión. A la fecha sólo Educación ha cumplido con entregar dicho trabajo. Agricultura y Salud, han dado cuenta de sus avances. Encontrándose pendiente remisión de Transporte y Comunicaciones y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto. Del mismo modo se acordó fijar la fecha del 28.01.09 la fecha para que el Gerente General y el de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto se reúna con los representantes de las Empresas a efectos de viabilizar la concreción de dichos acuerdos. Así mismo, el 30.01.08 se estaría realizando reunión con los representantes de las CC.NN. del Curaray. Con fecha 22 de enero nos comunicamos con el Gerente General del Gobierno Regional de Loreto a efectos de expresar nuestra preocupación por la demora en la entrega de los avances ante la proximidad de la reunión con los representantes de las CC.NN. del Curaray, por lo que se le sugirió requerir a los Directores Regionales encargados de cada Comisión la entrega de los Planes de Trabajo (Presupuesto y Programación). Finalmente el 22 de enero nos comunicamos con las CC.NN. del Curaray a efectos de informar actuaciones que sobre el particular se venían realizando. El 30.01.09 se realizó en las instituciones de la DIRESA – Loreto, una reunión en la cual participaron los representantes de las Empresas, de la Gerencia de Desarrollo Social, DREL, DRAL, PRODUCE, Dirección Regional de transporte y comunicaciones, Dirección Regional de Transporte Acuático, Subgerencia de Nacionalidades Indígenas, INDEPA, Defensoría del Pueblo y representantes de las comunidades nativas de la cuenca de río Curaray. En la reunión se socializaron los planes de trabajo de cada comisión: Gestión y Festividades, Transporte y Comunicaciones, Agricultura, Educación y Salud; y se expuso en plenaria los mismos. Finalmente se acordó realizar una visita a la comunidad de San Rafael entre el 20 y el 22.02.09. El 16.02.09, se llevó a cabo una reunión convocada por la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto, en la que participó el INDEPA, las Direcciones de Agricultura, Educación y Transporte Acuático; y Perupetro para coordinar la visita a San Rafael del 20 al 22.02.09 a efectos de cumplir y comenzar con la implementación del Plan Integral de la Cuenca del Curaray – Arabela con las comunidades nativas.

Con fecha 21.02.09 se realizó desplazamiento a la C.N. de San Rafael con la finalidad de Difundir los alcances del Plan Integral de Atención del Curaray – Arabela, conforme a lo desarrollado por los representantes de dichas comunidades, con los representantes del Estado. En dicha reunión, un representante de cada comisión de trabajo: 1. Gestión, festividades y trabajo; 2. Transporte y Comunicaciones; 3. Agricultura; 4. Educación y 5. Salud – expuso las actividades a realizarse en plazo inmediato. Del mismo modo representantes de las Comunidades Nativas intervinieron con sus opiniones y comentarios; así como propusieron a los que podrían conformar el Comité de Fiscalización. De otro lado, señalaron que las IEP Secundaria, el CEO y la Sede Agraria deben tener por sede la localidad de San Rafael, toda vez que ello responde al pedido de la ciudadanía. Últimos acontecimientos. El 24.03.09 debido a problemas en la comunicación, y falta de coordinación respecto a una reunión solicitada por el Comité de Vigilancia a la Presidencia del Gobierno Regional de Loreto, representantes de la Comunidad Nativa de San Rafael decidieron bloquear el Río Curaray. La medida fue reconsiderada y no se llevó a cabo, al realizarse las coordinaciones entre el Gobierno Regional de Loreto y el Presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Curaray y Arabela, con la intervención de la Defensoría del Pueblo, Se acordó reprogramar la reunión en Iquitos con el Comité de Vigilancia del Plan Integral de Desarrollo del Curaray- Arabela. El 27.03.09 mediante Oficio No. 215-2009-DP/OD-LORE se requirió información sobre los avances en el cumplimiento de compromisos y acuerdos asumidos en marco del Plan Integral de Desarrollo del Curaray – Arabela. Sobre el estado de atención de la solicitud para créditos agrarios (Camu Camu) presentada por 31 personas el 30.01.09 se informó a las comunidades que se concurriría a la Dirección Regional de Agricultura como al PROCREA a efectos de indagar sobre el particular. 111. Comunidad nativa Matsés, distrito Yaquerana, Provincia de Requena Caso. Los pobladores de la comunidad Nativa Matsés, ubicada entre las cuencas de los ríos Yaquerana y José Gálvez, rechazan la exploración de hidrocarburos en los lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 situados en su territorio, pues afirman no haber sido consultados. Actores. Comunidad Nativa Matsés (Angel Dunu Maya, Jefe), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Empresa Pacific Stratus Energy Ltd., empresa Occidental Oil & and Gas of Peru, INRENA, PERUPETRO y Ministerio de Energía y Minas. Antecedentes. El pueblo indígena Matsés ha organizado y conformado una sola comunidad, integrada a su vez por 14 anexos, en promedio 2,000 personas. Está reconocida y titulada, según informaron sus dirigentes. La comunidad nativa solicitó la ampliación de sus tierras en el año 2004, el cual está en trámite ante COFOPRI – Loreto. La comunidad solicitó el establecimiento de la Reserva Comunal Matsés el 2006, pero hasta la fecha no ha sido creada. La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento que INRENA, en noviembre de 2006, elevó la propuesta de creación de la Reserva Comunal Matsés al Ministerio de Agricultura, acompañada del informe técnico y demás documentos correspondientes, reiterando el pedido en agosto de 2007. Posteriormente, en enero de 2008 el Ministerio de Agricultura ha devuelto el expediente al INRENA, para que absuelva diversas observaciones. La propuesta de Reserva se superpondría al Lote 152, al Lote 137 y al Lote 135 (otorgado mediante contrato de licencia de fecha 18SET07, a la empresa Pacific Stratus Energy Ltd). Por otro lado, PERUPETRO ha licitado dos lotes que se superponen a la Comunidad Nativa: Lote 142, otorgado a la empresa Occidental Oil & and Gas of Peru (21NOV07); y, el Lote 137, otorgado a la empresa Pacific Stratus Energy Ltd (21NOV07). Además, está licitando el Lote 152. Hechos. El 05 de marzo de 2008, en sesión Ordinaria N° 09, por decisión unánime de la Asamblea Extraordinaria de Delegados de la Comunidad Nativa Matsés3 acordaron rechazar el desarrollo de actividades de hidrocarburos en sus tierras. Afirmaron que no se llevó a cabo ningún proceso de consulta que involucre a la población indígena, conforme a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la OIT, en forma previa a la decisión del Estado, de licitar lotes de hidrocarburos. Posteriormente, nos han informado que el Jefe de la Comunidad Nativa Matsés se reunió con el Presidente del INDEPA y representantes de PERUPETRO y el Ministerio de Energía y Minas, para 3

   Los miembros de la Comunidad Nativa Matsés adoptan sus decisiones en Asamblea de Delegados, cada uno de los cuales es  elegido en representación de siete familias

darles a conocer la decisión adoptada por la población de la comunidad respecto del inicio de actividades hidrocarburíferas en su zona. Los representantes del sector Energía y Minas resaltaron la importancia del desarrollo de actividades petroleras para beneficio de la población en general e incluso ofrecieron una reunión con el titular del Ministerio, la cual no fue aceptada por el representante de la Comunidad. En conversación telefónica sostenida con Germán Guanira, asesor legal de la Asociación Interétnica para el desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) el 26 de junio informó que el 25 de junio en reunión en el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanso (INDEPA), en la que participaron: el jefe de la comunidad nativa Matsés, Ángel Uaqui Dunu Maya; por AIDESEP: Soledad Fasabi (dirigente), Israí Aquise (dirigente), César Cordan (técnico) y Germán Guanira (asesor legal);por INDEPA: Rondald Ibarra (presidente); por PERUPETRO: Cecilia Flores, Carlos Vives y José Herrera; y por el Ministerio de Energía y Minas (MEM): José Luis Carbajal (director de Gestión Social). En la reunión convocada por INDEPA, el Jefe de la Comunidad Nativa Matsés informó que por decisión de la comunidad no se participaría en talleres informativos o audiencias públicas, así como tampoco se aceptaría el ingreso de empresas para el desarrollo de actividades de hidrocarburos por los posibles impactos que generaría y la afectación a la forma de vida de la comunidad. Los representantes de PERUPETRO y el MEM presentaron sus argumentos para facilitar el diálogo con miras al desarrollo de actividades de hidrocarburos en las tierras de la comunidad lo cual no fue aceptado por el jefe de la comunidad. Al concluir la reunión, el jefe de la comunidad Matsés informó a los representantes de PERUPETRO y al MEM que se presentaría un documento conteniendo la posición mencionada con las firmas de los delegados de la comunidad. AIDESEP indicó que se presentaría a la Defensoría del Pueblo copia de la documentación presentada a PERUPETRO y al MEM a efectos de informar oficialmente los hechos y solicitar la protección de los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad nativa Matsés. En nota periodística reciente, Cecilia Flores, abogada de la gerencia de promoción y relaciones comunitarias de Perú-Petro, señaló que han cumplido con informar a la población Matsés afectada por los lotes sobre los contratos de concesión. Su vez, Ángel Uaqui Dunu, jefe de los Matsés, señaló que dos aspectos les incomodan: la subasta de los lotes sin una consulta previa a la comunidad y la rapidez con la que licitaron los lotes cuando ellos llevan años esperando una respuesta a su pedido de formar una reserva y la ampliación de su territorio actual. El dirigente mostró su preocupación por la posible contaminación que la explotación de petróleo desencadene. A través de un oficio multiple 05-08-CNM del 1 de agosto 2008, la comunidad Nativa de Matses reiteró su posición de no permitir el ingreso de cualquier empresa petrolera del territorio matsés y se opone a actividades privadas o estatales relacionadas al desarrollo de labores hidrocarburiferas en su territorio. Mediante oficio Nº 388-2008-MEM/OGGS la Oficina General de Gestión Social, del 20 de agosto, se informó sobre el proceso de convocatoria realizada para una reunión programada para el 19 de julio en la comunidad colonia Angamos, Requena, que llego a realizarse, pero sin participación de su junta directiva. Además, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas reitero la invitación a sostener una reunión para tratar algunas propuestas: - Integración del diálogo tripartito de la región Loreto, entre el Estado, als empresas y las comunidades; - Conformar un Comité de Vigilancia que acompañe al equipo consultor que elaborará los Estudios Ambientales para el Lote 135; - Conformar un programa de monitoreo social y ambiental, posterior a la aprobación del Estudio Ambiental, para vigilar los posibles impactos del proyecto; - Conformar un equipo técnico para intercambiar experiencias con los monitores ambientales comunitarios de otros proyectos de hidrocarburos. El 07 de noviembre, la CCNN Matsés reitero a la empresa Pacific Stratus Energy SA el rechazo a todo tipo de reuniones informativas, talleres de consulta y otros eventos para promover actividades hidrocarburíferas. El 14 de noviembre, la CCNN Matsés invito a la Defensoría a la Asamblea Extraordinaria de Delegados a realizarse el 2, 3 y 4 de diciembre en el que se tratará el tema de hidrocarburos en territorios indígenas de la amazonía peruana. A esta asamblea han sido invitadas otras instituciones estatales como INDEPA, Gobierno Regional de Loreto, las cuales están dispuestas a participar.

Los días 02, 03 y 04 de diciembre se llevó a cabo, en el anexo San José de Añushi de la CCNN Matsés, en la Asamblea Extraordinaria de Delgados de la CCNN Matsés para conocer in situ el contexto de la oposición de aquella a la actividad de hidrocarburos en los lotes 135 y 137, operados por la Empresa Pacific Stratus, así como para exponer el rol de la Defensoría del Pueblo en la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y su promoción de búsqueda de espacios de diálogo como instrumento de prevención y solución de conflictos. Participaron en el evento los 14 delegados de las CCNN Matsés, 03 representantes de la ONG Cedia - Asesora de la CCNN - dos Periodistas del Comercio, el representante de INDEPA en Loreto y un comisionado de la OD Loreto. En esta asamblea los miembros de la CCCN reiteraron su total disconformidad con la actitud gubernamental de no dar respuesta a su solicitud de establecimiento de reserva comunal, así como su oposición a la actividad petrolera. En la intervención del representante de la DP se sugirió que el diálogo pueda realizarse en otro lugar y en una próxima fecha, con la participación de los 14 delegados de los anexos, la junta directiva en pleno, las instituciones del Estado, los representantes de la Empresa y de CEDIA, así como la Defensoría del Pueblo. La DP expuso sobre el rol de la Defensoría del Pueblo y sobre el derecho a la consulta según la presentación alcanzada por el PCN, informando además sobre los comentarios alcanzados en su oportunidad tanto al Proyecto de reglamento de participación Ciudadana en actividades de hidrocarburos, como a las iniciativas legislativas sobre derecho a la consulta, así como en nuestra intervención y vocación de promotores de espacios de diálogo para la prevención y solución de conflictos. Tras la asamblea, la comunidad hizo público el Oficio Múltiple Nº 011-08-CNM donde, entre otras declaraciones, solicitan al Presidente de la Republica, Primer Ministro y Ministro de Energía y Minas excluir y/o anular las concesiones de lotes petroleros que se superponen a los territorios Matses. El 20 de diciembre 2008, se llevó a cabo una reunión con Ángel Uaqui Dunu Maya, APU de los Matsés en la OD Loreto. Se le reiteró la importancia del diálogo entre el PPII Matsés, el Estado y la empresa, haciendo énfasis en que concebimos el diálogo como un acercamiento intercultural que coadyuvará a la tranquilidad social y mejores relaciones tripartitas, pero sobre todo a lograr mejores condiciones de vida para el PPII Matsés. Al respecto, me ha manifestado que personalmente considera importante y positivo poder sentarse a conversar conjuntamente, pero debe tratar el tema con la junta, el consejo de ancianos y los delegados en pleno. Me ha aseverado que en febrero – en enero estará de viaje, por lo que no es posible- convocar a una asamblea Matsés para tratar el tema de iniciar el diálogo con el Estado y la empresa y de haber consenso podría darse en febrero una reunión de inicio de diálogo. En la reunión el APU Matsés expresó la confianza y el reconocimiento del PPII Matsés a la labor de la D.P. El 5 de enero, conforme lo habían anunciado, la Comunidad Nativa Matses envía a la Defensoría del Pueblo en Lima una carta expone su caso y solicita que la Defensoría emita resolución que recomiende energéticamente a PERUPETRO, al Ministerio de Energía y Minas, a Pacific Stratus Energy S.A, a Occidental Oil and Gas of Perú LLC Sucursal del Perú, a Global Steel Holding Limited/Petrolera Monterrico S.A. y a Consultora Daimi Services Perú S.A.C. respetar la decisión del Pueblo Matses acordada en Asamblea del 13 de junio de 2008 según acta firmada por todos los delegados de los anexos comunales asistentes. Los acuerdos de la mencionada asamblea son: 1. Rechazo unánime a la creación de los Lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 por superponerse a sus territorios, exigiendo al Estado Peruano la derogatoria de los decretos supremos de creación de los mencionados lotes y su posterior nulidad. 2. No aceptación de los contratos de asignación de lotes petroleros 135, 137, 142 y 152 debido a que no se llevó a cabo el ejercicio de su derecho a la consulta previa. 3. Desacuerdo con el ingreso de las empresas petroleras a su territorio, esto incluye las etapas de exploración y explotación petrolera, así como la realización de talleres de información y estudios de impacto ambiental. 4. Que el Estado Peruano cumpla con las normas legales y convenios internacionales. Pide que la Defensoría vele por sus derechos a la vida, salud, derechos colectivos como la identidad étnica y cultural, derecho a un ambiente sano y equilibrado, y derecho a la propiedad y posesión ancestral. El 16/02/09 se reunieron, el Jefe Matsés, Angel Huaquí, el Gerente de desarrollo social del GOREL, INDEPA y Petroperú para tratar la problemática del pueblo Matsés. El jefe señalo que el problema real que presentan es un problema estructural: la ausencia del Estado. Por ello solicitó que el Gobierno Regional visite la zona, pero sin la presencia de Perú Petro ni Petroperú para que identifique problemáticas. El Gobierno Regional se ha comprometido a ir a la zona el 14 y 15 de

marzo con técnicos de cada sector para la identificación de problemas, así como llevar determinadas ayudas como semillas. Se está coordinando la ayuda de las comunidades Matsés a una sola comunidad para eso días (el traslado lo cubriría la ONG CEDIA y el Municipio Distrital la alimentación por un día. El Gobierno Regional analiza la partida para trasladar representantes del Estado y técnicos. La PCM ha solicitado información sobre el Pueblo Matsés al Gobierno Regional. Últimos acontecimientos. El 20.03.09 se celebró una reunión sobre la ampliación del territorio de la comunidad nativa Matsés entre la PCM, el Ministerio de Agricultura, COFOPRI, Gobierno Regional y representantes de la CN Matsés y sus anexos. En la reunión se informó sobre el plan de trabajo que se desarrollará en aproximadamente 4 meses, no se informó sobre el trámite pendiente de creación de una Reserva Comunal. Algunas precisiones sobre la reunión: a. No se está culminando el procedimiento de titulación conforme se señala en la invitación sino que se ha estructurado un plan de trabajo para encaminar este procedimiento, y de este modo programar una serie de actividades conducentes a concluir el procedimiento de titulación y concretar la atención al pedido de ampliación del territorio comunal. b. Se incluyo a la Defensoria del Pueblo, como parte integrante del Equipo Técnico que realizará trabajos y actividades comprendidas en marco de dicho Plan. Se preciso que la Defensoría del Pueblo no participa en calidad de miembro de comisiones, dado su rol supervisor asignado por mandato constitucional. Por lo que nuestra intervención y participación en las actividades que se programen podría darse ante un pedido de la CN Matsés o de considerarlo pertinente la propia Defensoria del Pueblo. c. No se preciso con claridad quien asumiría los costos que se generaran a razón del desarrollo de dicho plan. La Defensoría preciso que no se podía cargar a la comunidad los costos que genere todo ese procedimiento. El 21.03.09 el Gobierno Regional de Loreto y sus sectores (Salud, Educación, Agricultura, Producción y Transportes y Comunicaciones) convocaron a una reunión a efectos de estructurar el Plan Integral de Desarrollo del Yaquerana –Gálvez; y de este modo acercar al Gobierno Regional al pueblo indígena Matsés. Participó también el INDEPA y la Defensoría del Pueblo. La reunión tuvo por finalidad desarrollar un diagnóstico preliminar de la problemática que afecta a ésta comunidad nativa, con el objeto de estructurar el Plan Integral de Desarrollo de dicha zona. El Gobierno Regional solicito autorización a los representantes y jefe de la CN Matsés para ingresar a territorio comunal la primera semana de mayo, a fin de estructurar y sociabilizar el Plan Integral en la zona. La OD Loreto precisó que respecto al tema de salud, se debe implicar en el proceso a la Municipalidad Distrital de Yaquerana. 112. Caserío Puerto Perú, distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas Caso. Pobladores y autoridades del caserío Puerto Perú se oponen a la empresa Agropecuaria del Shanusi ante contaminación en la quebrada Yanayacu. Actores. FREDESAA Frente de Defensa de Alto Amazonas (Presidenta, Lidia Tapullima), pobladores de las comunidades de Puerto Perú, Empresa Agropecuaria del Shanusi (Grupo Romero), Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (alcalde Héctor Hidalgo), Red de Salud (director, Martín Beltrán), Salud Ambiental de la Red de Salud (jefe, Fernando Fernández), Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, Dirección General de Salud (DIGESA). Antecedentes. En el año 2005, la Corporación Comercial del Amazonas S.A., una de las empresas del Grupo Romero, presentó un proyecto agroindustrial denominado "Palmas del Shanusi" para producir palma aceitera e instalar una planta extractora para procesar los frutos, por lo cual solicitó 10 mil hectáreas, en concordancia con el Decreto Legislativo 653 "Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario". El Ministerio de Agricultura, mediante Resolución Ministerial Nº 0664-2006-AG del 26 de julio de 2006 adjudicó, a favor de Agropecuaria del Shanusi S. A. (también empresa creada por el Grupo Romero) 7,029.35 has, en el valle del Shanusi, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, por un valor de 126,528.29 nuevos soles. Hechos. Desde agosto 2008, los moradores del caserío Puerto Perú, en el valle del Shanusi, a pocos kilómetros del centro de operaciones de la Empresa Agropecuaria del Shanusi, del Grupo Romero, comprobaron un cambio repentino en la coloración y volumen de agua de la quebrada Yanayacu fuente de alimentación de la población. Las autoridades y moradores de Puerto Perú no descartaron responsabilizar a la empresa del Grupo Romero por la anormalidad de las aguas.

Según detalla el diario Voces, de Yurimaguas, el lunes 18 de agosto 2008 los moradores denunciaron que la referida quebrada presentaba una coloración distinta con residuos de sustancias químicas. A mediados de setiembre 2008, esta denuncia alertó a las autoridades de Salud y de la municipalidad, quienes ayer organizaron una intervención que contó con la participación del alcalde Héctor Hidalgo; el director de la Red de Salud, Martín Beltrán; el jefe de Salud Ambiental de la Red de Salud, Fernando Fernández; y funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas. Esta comisión multisectorial llegó por carretera hasta Puerto Perú y corroboró la denuncia de los moradores. Fernando Fernández informó que la quebrada presenta una turbiedad por encima de los limites permisibles de 2,500 UMT (Unidades Mécelo Métricas), además de sólidos y partículas en suspensión en altas cantidades, por lo que no es apta para consumo humano, pues la falta de luminosidad y disponibilidad de oxígeno ha eliminado la vida de peces y otros seres vivos. El jefe de Salud Ambiental de la Red de Salud atribuyó el fenómeno a la sequía existente por falta de lluvias y a trabajos de encauzamientos, drenes, terrapleno y otras actividades de la empresa Agropecuaria del Shanusi en aguas arriba de la zona de concesión. Luego las autoridades se trasladaron a las oficinas administrativas de la empresa Shanusi, en Pampa Hermosa donde dialogaron con el gerente general Héctor Dongo. Fernández, jefe de Salud Ambiental de la Red de Salud, informó que el representante del Grupo Romero aceptó que su empresa realiza trabajos de encauzamiento, drenes y otros, comprometiéndose a paralizar las operaciones, para apoyar a las autoridades a mitigar los daños que la contaminación está causando, como casos de diarreas y enfermedades de la piel en la población, situación por la que también está atravesando la comunidad de Cotoyacu. La municipalidad de Yurimaguas trasladará a Puerto Perú una cisterna cargada de agua potable, y la empresa habilitará pozos artesanales para extraer agua. Entre tanto la Red de Salud, realiza una campaña médica en el lugar para atender los casos citados. Por otra parte, el Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA) reclamó la expulsión inmediata de la empresa. A inicios de octubre 2008, el Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (FREDESAA), se reunió con los representantes del grupo Romero para solucionar los problemas de salud de la población afectada por la contaminación de la quebrada Yanayacu, debido a la acción de la empresa Palmas del Shanusi. Dentro de la reunión, los representantes propusieron la creación de pozos artesanales para proporcionar agua limpia y saludable a modo de subsanar el daño que ocasionaron a la zona. Tras la segunda reunión del 19 de octubre, la Presidenta del FREDESAA, Lidia Tapullima declaró que exigieron a los funcionarios de la citada compañía la urgente construcción de los pozos artesanales, toda vez que sus operaciones habrían contaminado las aguas al punto de que éstas no son aptas ya para el consumo humano. Por su parte, la consejera regional Flora Aranzábal Durand advirtió a la empresa que si no se toman medidas efectivas para frenar la contaminación, procederán a sentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por atentar contra la vida y la salud de la población. Se informó que la compañía se encontraba construyendo tres pozos artesanales y la refacción de otros dos. Además, que se ha limpiado el río en un gran porcentaje. La empresa Agropecuaria del Shanusi, subsidiaria de la empresa Palmas del Espino, incrementará su superficie agrícola del cultivo de palma aceitera hasta alcanzar 26,5 mil Has. (Año 2011). Del área antes indicada, 15 mil Has. se ubicarán en Palmawasi (San Martín), con una inversión de US$ 15 millones, y 11,5 mil Has. en Shanusi (Loreto), con una inversión de US$ 34 millones. Para el procesamiento de la palma aceitera, la empresa ya completó la instalación de una planta extractora en Tocache, con una inversión de US$ 4 millones. En entrevista telefónica con el Jefe de la División de Supervisión, Ejecución y Liquidación de obras de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Ing. Juan Chavez Poma informó que se han cumplido los compromisos asumidos respecto a la afectación de la quebrada Yanayacu, pero desconoce su situación desde octubre del 2008 debido a la inaccesibilidad de la zona, por lo que se sugirió monitorear el cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa Shanusi y el estado de la población a través de sus agentes municipales. En comunicación con el Agente Municipal del Caserio Puerto Perú, -Edinson Shica Tuanama informó que la situación en la zona ha vuelto a la normalidad al desaparecer la turbiedad de la quebrada Yanayacu, debido a que está lloviendo bastante, situación que se mantendrá hasta Mayo, la

población se abastece de sus caudales y no se registran problemas. Los camiones cisternas que les proveían de agua han dejado de llegar debido a problemas de accesibilidad y el mal estado de la trocha carrozable por el clima. Los pozos de agua habilitados por la Municipalidad Provincial del Alto Mayo no está siendo usado debido a que presenta un sabor a oxido, por lo que se ha recomendado que conjuntamente con los técnicos del Puesto de Salud del Caserío se oficie a la Municipalidad a fin de que en buen tiempo se le brinde mantenimiento respectivo y pueda ser usado por la población en cualquier circunstancia. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 113. Distrito Morona, Provincia de Alto Amazonas Caso. Comunidades y Federaciones nativas del distrito de Morona se oponen a presencia de empresa Talismán posible contaminación y afectación a sus recursos naturales. Actores. Organización Shuar del Morona (OSHDEM), a la Federación Shapra del Morona (FESHAM) y la Asociación Indígena del Morona (AIM), empresa Talisman Petrolera del Peru LLC Antecedentes. El 6 de mayo a través de una carta de la Asociación Indígena del Morona y de ORACH y ATI del pueblo Achuar dirigida a la Defensoría del Pueblo se pone en conocimiento de una carta, dirigida a los dirigentes nativos, que expresa que de acuerdo a la reunión realizada el 29 de abril, en la ciudad de Calgary Canadá, con el señor John A. Manzini, presidente de la empresa petrolera Talismán Energy, con concesiones en los lotes 64 y 101, se establecia el compromiso de la compañía a no trabajar en el Perú en las áreas en las que no haya acuerdo expreso con las comunidades. Señalando además, el empresario, que consideran que un acurdo que permita trabajar a Talismán requerirá una Asamblea General con el voto positivo de no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Finalmente, manifestó su deseo de continuar el diálogo. Hechos. En asamblea extraordinaria realizada del 10 al 13 de setiembre en la comunidad de Nuevo Alegría en el distrito de Morona provincia Datém del Marañón, donde se reunieron representantes de la Organización Shuar del Morona (OSHDEM), Federación Shapra del Morona (FESHAM) y Asociación Indígena del Morona (AIM), Federación de Nacionalidades Achuar del Perú (FENAP), con participación de 34 comunidades nativas de los pueblos Shuar, Shapra y Huambisa del Morona, mediante un pronunciamiento suscrito se informó a la empresa Talismán que tendría hasta la primera semana de noviembre para desocupar sus territorios o de lo contrario se procederá a decomisar sus equipos de perforación, sus embarcaciones y se retendrá a sus trabajadores. Además también rechazaron la presencia de nuevas empresas, señalando que es por evitar la contaminación del medio ambiente y la escasez de peces y animales. Adviertieron que no permitirán más las actividades petroleras en la zona, ni la navegación de embarcaciones de los petroleros por el río Morona; porque ahuyentan a los peces, taricayas, lagartos y contaminan el agua que toman. En conferencia de prensa realizada el 22 de octubre, un grupo de indígenas agrupados en la Federación Achuar de Simuche y Anas del Morona liderados por el apu Rubén Tuanama dieron a conocer su disconformidad contra compañeros de su comunidad quienes se oponen a las labores de la empresa Talismán en el lote petrolero 64. Tuanama junto a un grupo de indígenas, criticaron a algunas ONGs como Racimo de Ungurahui a la que denunciaron de solo criticar sin llevar siquiera ayuda a los pobladores indígenas. El dirigente indígena sostuvo que ellos han firmado un contrato que se renueva anualmente para logar beneficios de la empresa Talismán. Señalaron que es un grupo minúsculo el que se opone a la presencia de la empresa petrolera. Rubén Tuanama sostuvo que con la presencia de la empresa petrolera han logrado mejoras en cuanto a infraestructura educativa y de salud. Los dirigentes descartaron que en la actualidad se haya presentado algún tipo de contaminación y que ellos mensualmente realizán supervisiones para saber si la empresa cumple con los acuerdos arribados. En dialogo con los periodistas, el dirigente Rubén Tuanama sostuvo que parte de los acuerdos con la empresa petrolera es la construcción de un hostal que servirá para que las personas que llegan a la zona tengan donde hospedarse. Finalmente, Tuanama acusó a los dirigentes opositores de pertenecer a otro distrito y no al Morona jurisdicción en la que opera Talismán. A través de un medio de comunicación, el 21 de octubre, el presidente de la Federación de Nacionalidades Achuar del Perú, Cesar Zúñiga Butuna, señaló que la empresa petrolera Talismán quiere validar su presencia en territorios indígenas presentando a seudo dirigentes que fueron llevados desde sus comunidades hasta Iquitos con el propósito de brindar declaraciones a favor de

la actividad petrolera en Datém del Marañon. Zúñiga explicó que las once personas presentadas por Talismán, no tienen representatividad en la provincia Datém del Marañon, “No tienen terreno en la provincia. Han formado pequeñas comunidades para justificar su presencia y de esta manera unirse a la empresa petrolera”, sostuvo. Según comunicación, el 22 de octubre, con el señor José Gonzales bardales Juez de Paz de Puerto América (capital de Morona), descartó que las comunidades hayan dado ultimátum a la empresa Talismán para que se vaya, sino más bien, ésta les ha solicitado que lleguen a un consenso entre todas las comunidades encabezadas por el Alcalde del Morona, sobre las condiciones de un Convenio que han firmado. En este Convenio se habría estipulado condiciones que benefician sólo a algunas comunidades, quedando descontentas muchas otras y las comunidades rivereñas (mestizas), por lo que reclaman sean incluidas todas, de toda la cuenca. De manera que la empresa les ha comunicado en la referida carta que hasta el 15 de noviembre esperará esos acuerdos de consenso, caso contrario se vería en la obligación de retirarse de la zona. Precisó que el Alcalde del Morona buscará establecer fecha y lugar de esta reunión de consenso. El 3 de noviembre se informaba a través de algunos medios que los nativos del Morona mantenían su decisión de desalojar a la petrolera Talismán de acuerdo al plazo difundido del 15 de noviembre. Informada la situación, la DP, a través de su Oficina Defensorial de Loreto, organizó el sábado 08 de noviembre una reunión de intercambio de información sobre el caso. Asistieron a la reunión Oswaldo Chumpi Torres, Alcalde distrital de Morona, Jorge Bisa Tirko, Regidor distrital y Presidente de la Federación Shapra del Morona (FESHAM), Segundo Machutak Sherka, Presidente de Organización Shuar del Morona (OSHDEM), Rubén Tuanama Díaz Presidente de la Federación Achuar del Morona (FASAM), Segundo Unti Kankia, representante de la Asociación Indígena del Morona (AIM), Juan José Valera Torres, Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto, José Herrera Valenzuela, Representante de INDEPA-Iquitos, José Soplín Ríos Coordinador de PERUPETRO-Iquitos, Mark Dingley Gerente General de Talismán y Humberto Gómez Calderón Gerente de Relaciones Comunitarias, entre otros funcionarios de esta empresa. Por parte de la Oficina Defensorial de Loreto participaron la Dra. Lilia Reyes Ruiz, Representante de la Defensora del Pueblo en Loreto, y el Comisionado Daniel Vela Rengifo. En dicha reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, fue reconocida la existencia de desinformación la que ha generado este conflicto. En ese sentido, los dirigentes indígenas, autoridades estatales y representantes de la empresa acordaron realizar talleres de información en la zona de la actividad de hidrocarburos con las Federaciones AIM OSDHEM y FESHAM para solucionar el problema de gran desinformación existente. La primera reunión informativa fue realizada el 22 de noviembre entre FESHAM (Federación Shapra del Morona) y la empresa Talisman, en la CCNN Unashay en la Cuenca del Morona, donde participaron los 12 APUS de las 12 CCNN que conforman FESHAM, así como los representantes de INDEPA, PERUPETRO y la Gobernación de Loreto. En la reunión quedó evidenciado el interés de las CCNN por la obtención de beneficios; esta es la clave del asunto, puesto que saben que por no estar dentro del área de influencia directa del proyecto exploratorio no se suscribirá con ellas Convenios de Compensación por uso de tierras. Se acordó que la primera semana de diciembre se realizará en Yurimaguas una reunión entre los 12 APUS y delegados de cada comunidad y la Empresa, el objetivo es la suscripción de un Convenio de buena vecindad. (La reunión se reprograma para enero de 2009) Los días 15 y 16 de diciembre 2008 en el Vicariato de San José y en el local de la OD Loreto se tuvieron reuniones convocadas por INDEPA con representantes de AIM (Asociación Indígena de Morona) y OSHDEM (Organización Shuar de Morona), acordándose como primer punto y de acuerdo con la primera reunión promovida por la OD de Loreto, que Talisman Energy realizará en enero dos talleres informativos, uno para cada Federación, con la participación del Estado. El segundo acuerdo fue que entre el 23 y el 30 de enero se llevará a cabo una Mesa de Diálogo con los líderes de las tres federaciones, la Empresa, GOREL, PCM, INDEPA y la DP, INDEPA es la encargada de la convocatoria. Con fecha 10.01.2008, de acuerdo a las reuniones arriba mencionadas, la DP se reunió con la comisión acordada para desplazarse a la localidad de Unkum4 a fin de brindar el primer taller informativo, arribando a las 5.30 pm. La comisión estuvo conformada por representantes de la PCM, Gobierno Regional de Loreto, Indepa, Petroperú, la empresa Talisman y el representante de la DP.

4

Anexo de la Comunidad Nativa de Panintza

Aproximadamente a las 6pm se dio inicio a la reunión con aproximadamente 50 personas en el local comunal, se señaló que dicha reunión se realizaba de acuerdo a las reuniones del 15 y 16.12.08 con representantes de AIM, iniciándose la presentaciones de los representantes de la comisión. Luego de lo cual, los representantes de dicha comunidad expreso: 1) que no se había acordado ninguna reunión con la comunidad,2) que ellos estaban allí reunidos debido a una asamblea que se había realizado días previos.3) Que la comunidad Unkum no los había invitado a venir a la localidad.4) que en la asamblea previa se acordó no dialogar y rechazar la presencia de la empresa Talisman en territorio comunal. El representante de la PCM y la DP explicaron las razones la presencia en la zona y la finalidad del taller informativo, que era brindar información y brindar un espacio para que los comuneros pudieran ejercer su derecho de participación; así como tener una oportunidad para establecer el diálogo a efectos de prevenir y solucionar conflictos. Pese a ello, persistieron en su posición, y ante el ambiente amenazante y hostil5 se optó por concluir la reunión, solicitando permiso para pernoctar en la comunidad, el cual fue denegado. Por lo que a las 7 pm la comisión inicia su regreso en deslizador, durante el viaje los acompañaron dirigentes de la CN Panintza, quienes solicitaron apoyo a su comunidad para que puedan pernoctar allí. Lo cual fue aceptado, solicitando sus dirigentes tener una reunión con la comisión en horas de la mañana. El día 11.01 se realizó la reunión con los comuneros y dirigentes de la CN de Panintza. Panintza expreso las problemáticas que les afectan en cuanto a salud, educación, agricultura y trabajo. Expresaron también su disposición a dialogar y trabajar con la empresa, rechazaron también la actitud de la localidad de Unkum6. Representantes de INDEPA y el Gobierno Regional de Loreto se comprometieron a realizar un taller en dicha localidad el 24.01.08 con la finalidad de identificar la problemática de la comunidad, así como fortalecer capacidades. La empresa Talisman facilitaría el apoyo logístico. Culminando la reunión. La comisión redacto un acta de fecha 10.01.09 donde narran los hechos. El comisionado Diego Reátegui, quién participó en la Comisión concluye y recomienda en su Informe de viaje: Analizar la legitimidad de la Asociación Indígena del Morona (AIM), así como los interlocutores válidos en el proceso de diálogo; la reacción de los comuneros de Unkum, así como de otras comunidades, puede explicarse en tanto relacionan la visita a la zona con la presencia de la Empresa Talisman (asocian la actuación del Estado con actividades de la empresa); es necesario involucrar en el proceso de diálogo a las federaciones, organizaciones y ONG involucrados con la problemática a fin de viabilizar el diálogo (incidiendo en la necesidad de que estén debidamente informados); la C.N de Panintza se muestra abierta al diálogo con la Empresa; evaluar la posibilidad y pertinencia de realizar una visita y actividad en la zona, sin recurrir al apoyo y logística de la empresa, con la finalidad de explicar de forma clara y precisa el rol de DP, así como también nuestra intervención en temas ambientales, indígenas y socioambientales, esto con la finalidad de prevenir conflictos. Con fecha 10.01.09 dirigente y comuneros de Comunidades Nativas Achuar presentaron pronunciamiento elaborado en Asamblea realizada en la comunidad e Unkun entre el 08 y el 10.01.09. La OD Loreto ha enviado los Oficios No. 040, 041 y 042 a PERUPETRO, INDEPA y Gobierno Regional de Loreto, trasladando el Pronunciamiento del Pueblo Indígena Achuar, para conocimiento y fines. En el mismo se ha señalado a dichas instituciones que el impase acontecido en la visita a la comunidad de Unkum para la realización de un taller informativo acordado previamente; no debe propiciar el decaimiento en la adopción con urgencia de medidas conducentes a propiciar el diálogo con dichas organizaciones, a efectos de evitar en el futuro un posible conflicto,

5

Algunos comuneros portaban armas de fuego (retrocargas) y las mujeres, tenía ramas de planta urticante (Ishanga). E incluso, una de ellas, apuntó directamente a Ronald Ibarra, representante de la PCM con la retrocarga. 6 Hay que considerar que la comunidad de Unkum es un anexo de la C.N. de Panintza. Es decir el territorio comunal, con título correspondiente, según lo referido se encuentra a nombre de Panintza, por lo que Unkum se encuentra dentro de ésta comunidad en calidad de anexo, sin territorio propio. 6 Con la finalidad de identificar problemática de dicha comunidad, y ulteriores medidas correctivas así como para fortalecer capacidades.

consecuentemente recomendamos, a las instituciones adoptar medidas conducentes a tal fin. En tal sentido se ha expresado la predisposición de la DP de viabilizar el dialogo. El 25.01.09 se llevo a cabo en la CCNN de Panintza el taller de fortalecimiento institucional en el que participaron funcionarios del Gobierno Regional de Loreto (Gerencia de Desarrollo Social, DIRESA, DREL, DRAL, PRODUCE, y la subgerencia de Nacionalidades Indígenas), el INDEPA y representantes de las comunidades nativas de Panintza, Santa Cruz, Shingata y Unkum; se acordó a solicitud de los presentes que diez representantes de dichas comunidades se desplazarían el 27.02.09 a Iquitos a efectos de buscar el diálogo con la empresa Talisman y las comunidades. La GOREL y el INDEPA vienen coordinando. El 16.02.09 se llevo a cabo una reunión con la Gerencia de Desarrollo Social del GOREL (Gerente Prof. José Valera) donde confirmaron la reunión para el 27 de febrero, señalando que solo cuentan con 10 cupos para representantes indígenas. Ante esto el representante de la OD señaló la necesidad de asegurar la representatividad de los líderes que vendrán a la ciudad de Iquitos. El 27 de febrero se llevo a cabo la reunión convocada con la finalidad de realizar el seguimiento al Plan de acciones inmediatas en la CN Panintza. Asistieron representantes del Gobierno Regional, diversos sectores (salud, agricultura, educación y producción), INDEPA y Perúpetro con representantes de las comunidades nativas de Unkum, Shinkiatan, y Santa Cruz. En dicha reunión se acordó una serie de medidas para ejecutar acuerdos en los diversos sectores, tales como, en SALUD: contratación de Auxiliar de Enfermería para el Puesto de Salud de Panintza I; se informó que existe partida presupuestaria para el mantenimiento (S/. 13.950) y reposición de equipamiento (14.200), y la Distribución de Mosquiteros impregnados en insecticida en la quebrada Situche; AGRICULTURA: Ingreso de 02 técnicos para diagnóstica viabilidad de ganadería y cultivo de arroz y otros en la zona; EDUCACIÓN: Entre mayo y junio ingresará una comisión para realizar un diagnóstico sobre recursos humanos e infraestructura; PRODUCE: En el mes de marzo se realizará refracción a estanques. Ante la ausencia de la empresa, se acordó que la Gerencia Regional de Desarrollo Social en coordinación con INDEPA y Defensoría del Pueblo, convocará a una reunión a FASAN para dialogo y entendimiento. Sirve precisar que la Oficina Defensorial no participó de la reunión. Últimos Acontecimientos. El 25.03.09 la Subgerencia de Nacionalidades Indígenas, reunida con los sectores Educación, Agricultura y Producción acordaron visitar las comunidades de Shingata, Santa Cruz, Panintza y Unkum, entre el 17 al 24 de abril de 2009, con dos técnicos de agricultura para ver lo concerniente a la crianza de ganado; y del 17 al 30 de abril, para la refracción de estanques. A través de los medios de comunicación se ha denunciado que la empresa habría militarizado y minado de los espacios de tránsito, denunciando también que personal de la empresa porta armas de fuego. Respecto a los últimos hechos acontecidos, la oficina defensorial está recabando información con las comunidades y con la empresa. 114. Organizaciones indígenas Secoya y Kichwa. Provincia de Maynas, distrito de Putumayo. Cuencas de los ríos Napo y Putumayo - NUEVO Caso. Federaciones indígenas Secoya (Airo Pai) y Kichwa del Alto Putumayo, ubicadas en la frontera con Ecuador y Colombia se oponen al ingreso de Petrobrás, que busca explotar yacimientos petroleros en el lote 117. Señalan que no han sido consultados antes de la concesión del lote y que éste se superpone a la Zona Reservada Güeppí y a las Reservas de Napo Tigre y Napo Curaray en proceso de creación. Actores. Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa -FIKAPIR, presidente Demecio Tangoa; Organización Indígena Secoya del Perú –OISPE, presidente Guido Sandoval; Ministerio de Energía y Minas; Perupetro. Antecedentes El extremo norte del Perú es una zona de alta diversidad biológica y cultural, los Airo Pai, conocidos como los Secoyas; los Kichwa y los Huitoto son los habitantes ancestrales de éste espacio. En 1997 se establece la Zona Reservada de Guëppí, sobre una superficie de 625 941 has. Una zona reservada es una categoría de protección transitoria, que se establece en áreas que corresponden a los criterios de un Área Natural Protegida, pero donde se necesitan estudios complementarios para determinar, entre otros, la delimitación y la categoría definitiva. Actualmente hay una propuesta de categorización en trámite que propone establecer un parque nacional y dos reservas comunales, una para los Secoya y otra para los Kichwa, Huitoto y mestizos.

El 23 de marzo de 2006, se aprobó el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 117 entre Perupetro S.A. y Petrobrás Energía Perú S.A, mediante D.S. 0192006-EM. Este lote se superpondría con la Zona Reservada de Guëppí y con los territorios y comunidades tituladas de los Secoya y Kiwcha de las cuencas de los ríos Napo y Putumayo. Desde esa fecha la Organización Indígena Secoya del Perú, la Organización Kichwaruna Wanguruna del Alto Napo y la Federación Indígena del Alto Putumayo Itiruna, vienen manifestando su opinión en contra de la concesión del lote 117 señalado que no fueron consultados antes de la concesión del lote, y que éste se superpone al territorio comunal como a la Zona Reservada de Güeppi Hechos El 12 de marzo de 2009 La Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa – FIKAPIR y la Organización Indígena Secoya del Perú –OISPE, representantes de 110 comunidades nativa ubicadas entre los ríos Putumayo y Napo, denunciaron en conferencia de prensa la destrucción ecológica ocasionada por la extracción petrolera y minera en la Amazonía peruana, que ha puesto en serio riesgo la vida de miles de nativos. Señalaron que defenderán sus territorios y no permitirán el ingreso de la empresa brasileña Petrobras; y de ser necesario iniciarán medidas de lucha a fin de que se deje sin efecto la cesión del referido terreno. Mencionan que el ingreso de la petrolera no es una opción de vida para ellos, sino todo lo contrario, es una realidad de contaminación y de muerte de la biodiversidad. La Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR), sostuvo que a pesar que INRENA acordó la creación del Parque Nacional y dos Reservas Comunales en la zona reservada Gueppi (Reserva Napo Tigre y Reserva Comunal Curaray); el gobierno peruano entregó en concesión el lote 117 y cuya explotación afectaría a más de diez mil indígenas de la frontera de Perú, Ecuador y Colombia. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, criticó que el Ejecutivo no haya consultado a los nativos Kichwas y Secoyas acerca de si estaban de acuerdo con la cesión de sus tierras para la explotación de hidrocarburos. Perupetro, a través del Gerente de Promoción y Relaciones Comunitarias, Carlos Vives Suárez, asegura que el lote petrolero no se superpone a ninguna zona reservada que si así fuera no se permitiría. Indicó que la compañía ha convocado a los pobladores a una reunión informativa para fines de marzo, con el fin de presentar su política de cuidado del medio ambiente, pero estos han adelantado que no asistirán. El 17 de marzo la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicitó explicaciones a la viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Vanessa Vereau, sobre las denuncias públicas por la concesión del Lote 117, la viceministra señaló que respondería por escrito. Se ha convocado a un paro para el 13 de abril, señalando que este podría resolverse si el Congreso pone en agenda del pleno la Ley Forestal y si se compromete a derogar las leyes 1090, 1089 y 1064, que atentan contra los derechos de las comunidades. Por su lado Aidesep expresó que si el gobierno no deja de entregar sus territorios a grandes petroleras y mineras, que contaminan los ríos y ponen en peligro la supervivencia de las 65 etnias que habitan la Amazonía peruana, volverá a las movilizaciones, con tomas de instalaciones petroleras y grandes manifestaciones. Petrobrás preparó un taller informativo el 25 de marzo, pero las organizaciones representantes de los pueblos nativos no asistieron. MADRE DE DIOS 115. Centro poblado de Santa Rita Baja, Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata. Caso: Pobladores del CP Santa Rita acusan a empresa constructora CONIRSA por presuntamente causar el desborde de río Jayave. Actores: Pobladores del Centro Poblado de Santa Rita, usuarios de los medios de transporte terrestre, empresa CONIRSA constructora de la carretera interoceánica. Hechos: Por informaciones periodísticas se toma conocimiento que debido a las precipitaciones fluviales de la segunda semana del mes de enero de 2009 en el sector de Santa Rita (Km. 118 a 125 ruta carretera Mazuko - Puerto Maldonado) se habrían inundado terrenos agrícolas y estaría en peligro la estructura de la carretera debido al desborde del río Jayave. Lo que ocasiono que los pobladores de los lugares afectados protesten contra la empresa CONIRSA constructora de la

carretera interoceánica, por considerar que es la ocasionante de la inundación. Demandan asimismo, que las autoridades intervengan a ver las causas del desborde del rio Jayave. La OD Madre de Dios tuvo una primera reunión con los representantes de la empresa CONIRSA, el abogado Alfredo Delgado responsable de Relaciones Comunitarias de CONIRSA tramo MazukoMadre de Dios, quien informa que la colmatación del río Jayave es producto de labores de mineros informales que vienen realizando extracción de oro, lo cual ocasionó el desborde del río Jayave. Posteriormente se realizó una constatación multisectorial en el río Jayave con intervención de la Fiscalía Ecológica, Salud Ambiental, Administración de Agua Puerto Maldonado, personal de la empresa CONIRSA y Defensoría del Pueblo. Actualmente las instituciones involucradas vienen interviniendo de acuerdo a su competencia. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos en el mes de marzo. 116. Las Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, provincia de Tambopata Caso. Pobladores de los asentamientos humanos posesionados en terrenos del Estado, demandan la revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto y rechazan la sentencia que incluye pena privativa y pago de reparación civil. Actores. Pobladores de los Asentamientos Humanos: Las Lomas de La Joya, El Aguajal y José Abelardo Quiñones, provincia de Tambopata; Municipalidad de Tambopata, Juzgado Mixto de Madre de Dios y Corte Superior de Madre de Dios, Monseñor Francisco Gonzáles Hernández, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado. Hechos. El día 21 de mayo más de un centenar de miembros de los asentamientos humanos de Las Lomas de La Joya, el Aguajal y José Abelardo Quiñones, en la provincia de Tambopata, marcharon para demandar la revocatoria de la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de esta localidad, a cargo del juez transitorio Jorge Barra Quino. La resolución sentencia a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de usurpación agravada a Guido Rengifo Solis, José Méndez Bernales y Urbano Vega Isuiza; éste último, un anciano de 68 años, con problemas de hemiplegia. La medida incluye también a otros cien ciudadanos que fueron sentenciados a tres años de pena, sumados al pago de 50 mil nuevos soles por concepto de reparación civil. La movilización contó con la presencia del Monseñor Francisco Gonzáles Hernández, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado, además de los representantes de organizaciones de derechos humanos de la localidad. Los pobladores coincidieron en pedir la revisión y revocatoria del fallo, porque el problema social de la falta de vivienda ha dado pie a la invasión de terrenos del Estado. La marcha culminó con un plantón frente a la sede del Poder Judicial, donde los manifestantes exigieron justicia al presidente de la Corte Superior de Madre de Dios, Rolando Changaray. Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes.

MOQUEGUA 117. Distrito de Pacocha, Provincia de Ilo - NUEVO Caso. Pobladores y autoridades de Pacocha solicitan a la empresa Southern Peru cumpla con el compromiso de financiamiento de unos proyectos conforme a lo acordado mediante el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. Actores. Municipalidad Distrital de Pacocha, Sociedad Civil de Pacocha, Empresa minera Southern Perú, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Hechos. Este es un compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado entre empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. La Municipalidad Distrital de Pacocha, ante el pedido de la empresa Southern y conforme al Convenio “Programa Minero de Solidadrida con el Pueblo”, ha enviado la relación de personas que conformarán la Comisión Técnica de Coordinación Local del distrito de Pacocha. Sin embargo la empresa minera luego les ha informado que, la conformación de la Comisión Técnica, no será posible por la falta de presupuesto en el fondo local, pues ya se tiene otros compromisos asumidos. Las empresas mineras se comprometieron con el Estado Peruano a implementar a partir del 2007 hasta 4 años posteriores el “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo - PMSP”. Este Programa es un compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal celebrado entre

empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Su objetivo principal es promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas principalmente en las zonas donde se realizan actividades mineras. Este acuerdo dispone que, para la identificación del proyecto(s), su respectivo costo y recomendación de ejecución, la empresa deberá constituir una o más Comisiones Técnicas de Coordinación. De otro lado, el Acta de Reunión con Autoridades Regionales, Locales y Sociedad Civil de Moquegua del 19 de junio de 2008, menciona en el numeral 5 que, por concepto de aporte voluntario al fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo, la región Moquegua y los Municipios del área de influencia percibirán en toal S/: 24’800,000.00 por el 2007 y en el 2008 el aporte será de S/. 26’000,000.00 en el área de influencia del distrito de Torata y en en la provincia de Ilo los distritos de El Algarrobal y Pacocha. La Municipalidad Distrital de Pacocha, ante el pedido de la empresa Southern y conforme al Convenio “Programa Minero de Solidadrida con el Pueblo”, ha enviado la relación de personas que conformarán la Comisión Técnica de Coordinación Local del distrito de Pacocha. Sin embargo la empresa minera luego les ha informado que, la conformación de la Comisión Técnica, no será posible por la falta de presupuesto en el fondo local, pues ya se tiene otros compromisos asumidos. En consecuencia, aun no se ha formado la Comisión Técnica para la ejecución del Progama Minero de Solidaridad con el Pueblo. Por otro lado, el Acta de Reunión del 19 de junio de 2008, comprometen en el numeral 5 presupuesto para los años 2007 y 2008 en el área de influencia del distrito de Torata y en en la provincia de Ilo los distritos de El Algarrobal y Pacocha. Se ha cursado oficio de invitación a los representantes de la empresa minera Southern Perú para una reunión el 13 de abril de 2009. 118. Distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto - NUEVO Caso. Organizaciones sociales de Moquegua cuestionan al alcalde provincial de Mariscal Nieto la licitación pública de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Mercado Central de la ciudad de Moquegua”. Actores. Alcalde Provincial de Mariscal Nieto, Regidores de la Municipalidad de Mariscal Nieto, Sociedad Civil de Moquegua, Empresa COLESI Contratistas. Antecedentes. El 23 de octubre 2008 la municipalidad provincial otorga la buena pro a la empresa “COLESI Contratistas” con quien suscribe un contrato de ejecución de obra el 13 de noviembre 2008. Posteriormente se difunde la información que dicha empresa ganadora habría presentado en su expediente una carta fianza de una Cooperativa de Ahorro que no se encuentra autorizada para expedir este tipo de documentos a favor de proveedores para Contrataciones y Adquisiciones con el Estado. El 25 de marzo de 2009, las organizaciones sociales de Moquegua realizaron una movilización por las calles cuestionando a la municipalidad por la adjudicación sin encontrar respuesta. Hechos. El 5 de marzo 2009, mediante oficio Nº 00498-2009-CG/VC la Vice contralora General de la República Rosa Urbina, comunica al señor Alcalde, Edmundo Coayla Olivera, la conformación de una Comisión para la realización de una Acción Rápida de Control respecto a la Licitación Pública para la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación del Mercado Central. Mientras que las organizaciones piden dejar sin efecto el contrato de adjudicación en licitación pública a la empresa COLESI para la construcción del Mercado Central de Moquegua, suscrita con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El 23 de marzo 2009 una Comisión de la Contraloría General de la República inició la Acción Rápida de Control conforme al oficio 00498-2009-CG/VC. El 25 de marzo, las organizaciones sociales de Moquegua se desplazaron por las principales calles hasta el frontis de la sede de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto pidiendo la nulidad del contrato de adjudicación suscrito entre esta Municipalidad y la empresa COLESI Contratistas. 119.

Distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto

Caso. Oposición al uso de las aguas subterráneas y la desviación del cauce el río Asana para el proyecto minero Quellaveco. Actores. Agricultores de 28 comunidades andinas de la zona, Minera Quellaveco S.A., Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua), Dirección Regional Agraria, Labor y CORECAMI Antecedentes. La empresa Quellaveco cuenta con EIA aprobado desde el año 2000. La Dirección Regional Agraria dio luz verde para la utilización de aguas a la Minera Quellaveco S.A. (Angloamerican), que ahora podrá utilizar 0,5 litros por segundo (10,368 m3) de la Quebrada Sarallenque (afluente del río Asana). A través de la Resolución Directoral N° 078-2007-DRA-MOQ, del pasado 8 de mayo, precisa que la autorización tiene una vigencia de ocho meses y que el uso del agua tendrá como finalidad la ejecución de estudios para la segunda campaña de exploración del yacimiento Minero Quellaveco. La captación del agua se efectuará mediante bombeo y conducida mediante camiones cisternas al lugar de uso. En ese sentido, la Minera Quellaveco comunicará a la Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua) la fecha de inicio y término de actividades, con 10 días de anticipación y deberá facilitarle las labores de supervisión durante la ejecución de las exploraciones. La Resolución establece que “la minera deberá cumplir con el Reglamento de Tarifas y Cuotas por el uso de agua, aprobado mediante Decreto Supremo N°00390-AG y demás normatividad vigente”. Hechos. El dirigente Fredy Toledo señaló que en el gremio agrario existe preocupación por la decisión de la dirección de agricultura, que “al autorizar la entrega del agua pondría en peligro sus tierras y afluentes de agua”. Asimismo, añadió que se convocaría a los dirigentes y agricultores de 28 comunidades andinas para evaluar el impacto de la norma emitida. Diversos dirigentes agrícolas consideraron la autorización como muy apresurada y advirtieron que “Defenderemos el agua porque es nuestra fuente de vida”. Ante el rechazo del agro y parte de la población, los dirigentes informaron que elevaran un pronunciamiento. Los agricultores de 28 comunidades andinas de la Región Moquegua revisarán la resolución directoral 078-2007. Por otra parte, Henry Valdivia, ex regidor del municipio distrital de Torata, denunció que Quellaveco ha perforado varios pozos para extraer el agua que requieren sus operaciones sin mediar la autorización edil correspondiente. No se han dado cambios en el permiso otorgado a Minera Quellaveco sobre el uso de agua para realización de actividades de exploración. La Oficina Defensorial de Moquegua tuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Gerencia de Asuntos Internos de la minera, para conocer las actividades que van a realizar quienes informaron que se viene utilizando 0.5 litros de agua por segundo para la exploración sin oposición alguna, el mismo que terminará de ser usado en 2 meses a pesar que el permiso que tienen es de 8 meses. Por otro lado, la Autoridad Técnica de Riego (ATDR – Moquegua) efectuó una visita en la zona el 17 de julio no realizando observación al uso de aguas. Durante el mes de setiembre se presentaron divergencias en medios de comunicación respecto del uso de agua entre Regidor Juan Rodríguez, MP Mariscal Nieto, ex presidente Junta de Regantes y el actual Presidente de la Junta de Regantes en relación al uso de este recurso. No se presentaron mayores inconvenientes. El 23 de noviembre se llevó a cabo una visita al yacimiento Minero de Anglo American Quellaveco, en compañía de representantes de la Junta de Usuarios y de las comisiones de regantes de Moquegua, en donde se dio a conocer los avances de la etapa de exploración así como el uso del recurso hídrico. No se reportaron incidentes de ninguna naturaleza. El delegado de la junta vecinal del sector de OMO, Silvio Álvarez, indico que los agricultores rechazan la propuesta de desvío del rio Azana, planteada por la minera Quellaveco. El dirigente reclamó la presentación y difusión del estudio de impacto ambiental por parte de la empresa. El 25 de marzo se ha llevado a cabo una movilización impulsada por el Frente de Defensa del Agua y del Medioambiente de Moquegua, al cual se han plegado distintas organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua, representantes de la comisión de regantes de Tumilca, junta vecinal de Samegua, Asociación de propietarios y herederos de los pastales de Alto Coscore, Asociación de propietarios y herederos de los pastales de Capellune, Sindicato de trabajadores del Gobierno Regional y la Junta de usuarios de Charsagua. Se calcula que se ha contado con la concurrencia de alrededor de 200 personas, entre los temas expresados durante la movilización "no a la contaminación", "la minería es contaminación", "no a las aguas subterráneas"

y exigieron además el cambio del administrador técnico, Oscar Barcés por emitir resoluciones que favorecen a minera Quellaveco con la entrega de agua. Esta movilización no fue comunicada con la debida anticipación a la gobernatura de la provincia pero se contó con el resguardo de aproximadamente 20 efectivos de la PNP, y no se ha tenido conocimiento de daños a la propiedad pública o privada ni a las personas. La Angloamerican Quellaveco solicitó el resguardo policial de sus instalaciones y suspendió sus actividades como prevención. El 13 de abril los integrantes del Frente de Defensa del Agua y Medio Ambiente de Moquegua (FDAMM) realizaron una reunión para coordinar la realización de nuevas protestas en contra de la explotación minera de la compañía Anglo American Quellaveco SA. Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa minera Anglo American Quellaveco, que proyecta iniciar sus operaciones en esta provincia a partir del 31 de diciembre, se conocerá a partir del 15 de mayo, de acuerdo a la misma empresa, fecha considerada para su presentación a la comunidad local. De acuerdo a funcionarios de la minera las exposiciones se realizarán hasta el 30 de mayo. El Estudio debió presentarse a fines de abril, pero tuvo que ser reformulado principalmente en el tema referido al uso de aguas en la que adelantan no se dispondrá de recurso subterráneo sino superficial. La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en convenio con la empresa Anglo American Quellaveco S.A. instalará el sistema de riego tecnificado en una parcela demostrativa de vid, para mejorar la producción agrícola. La empresa minera Anglo American Quellaveco programó Talleres Informativos sobre los alcances de los estudios de modificación del Estudio de Impacto Ambiental para el uso de aguas superficiales para la explotación del yacimiento Quellaveco. Estos talleres se llevaron a cabo en el Centro Poblado Rural de Tala (distrito de Torata) el 11de agosto, en el sector La Rinconada (valle de Moquegua) el 12 de agosyo, en el Anexo de Coscore (distrito de Torata) el 13 del mismo mes, en el sector de Omo (valle de Moquegua) el 14 de agosto, en la comunidad campesina de Asana (distrito de Torata) el 15 del mes, en el Centro Poblado de Titire (distrito de San Cristóbal) el 17 de agosto y en la comunidad campesina de Aruntaya (distrito de San Cristóbal) el 19 de agosto. El Ministerio de Energía y Minas programó Talleres Informativos previos sobre la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Quellaveco, los mismos que se desarrollaron en Moquegua el día 21 de agosto, en el anexo de Huachunta (distrito de Carumas) el 23 de agosto, en el anexo de Pocata (distrito de Torata) el 24 de agosto. En el Taller realizado en Moquegua se contó con la participación de aproximadamente 1200 personas (aunque con problemas de organización, que motivaron la intervención del Ministerio Público, Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo en atención a la seguridad de las personas cuyo número excedió la capacidad del local contratado). Participaron además representantes del FEDIP Moquegua, Frente Regional de Defensa del Agua y Medio Ambiente de Moquegua y del Frente de Defensa del Agua y Medio Ambiente de Cocachacra. El 19 de agosto de 2008 la DP sostuvo una reunión de trabajo con los representantes del Frente Regional de Defensa del Agua y Medio Ambiente de Moquegua, quienes presentaron ante la OD Moquegua un recurso de oposición a los Talleres Informativos, habiéndoseles orientado para que acudan ante el Ministerio de Energía y Minas, sin perjuicio de ello, mediante los oficios Nº 1085 y 1084-2008-DP/OD-MOQ.05 se remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y a la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas el escrito presentado por el mencionado Frente. El presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI) Juan Madueño señaló que aún no se puede respaldar las operaciones del proyecto minero Quellaveco porque no se conoce detalles respecto al uso de agua y la zona donde ubicarán el botadero de desmonte. El 22 de agosto de 2008 se llevó a cabo el Taller Informativo en el distrito de Cocachacra (provincia de Islay, departamento de Arequipa), el mismo que fue suspendido, conforme lo informó a la Defensoría del Pueblo el personal de la empresa Anglo American. Luego de las confrontaciones verbales a favor y en contra de las operaciones de Quellaveco que se dejaron sentir en los talleres informativos organizados por el ministerio de Energía y Minas para conocer el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Quellaveco, la dirección regional de Energía y Minas, Aurora Catacora Tejada dijo que próximamente se continuaría con el desarrollo de estas

presentaciones como parte del reglamento de participación ciudadana que debe cumplirse en el marco del proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera. La empresa minera Anglo American Quellaveco inició las reuniones participativas-informativas para exponer las modificaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) como parte del proceso de evaluación previo al inicio de sus operaciones. El 15 de noviembre 2008 se realizó en la institución educativa del anexo Huachunta (distrito Carumas, Moquegua) y el 18 de noviembre en el complejo deportivo Los Portales, en el distrito Cocachacra (Arequipa). El 02 de diciembre 2008 se realizó en el Terminal Terrestre de Chen Chen (Moquegua) el Taller Informativo y participativo convocado por el Ministerio de Energía y Minas para que la empresa minera Anglo American Quellaveco informe de las modificaciones a su estudio de impacto ambiental (EIA) como parte del proceso previo al inicio de las operaciones del Proyecto Quellaveco en Moquegua. Previo al taller se realizó una movilización de agricultores de Tumilaca, Torata y Chilota que se oponen a que la empresa minera utilice el agua por posible afectación del abastecimiento para su actividad. El 05-01-2009, la Municipalidad Distrital de Torata realizó una Charla Informativa sobre la Evaluación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Quellaveco por parte de la Sociedad Civil del distrito de Torata. La mayoría de la población estuvo de acuerdo en poner en consideración las observaciones e impactos ambientales negativos como consecuencia de la explotación minera en la sub cuenca del río Asana. El 20-01-2009, el Frente Regional de Defensa del Agua y Medio Ambiente realizó una marcha por las calles de Moquegua buscando sensibilizar a la población, para que se exija una explicación más real sobre las implicancias del Proyecto Quellaveco, así mismo reclaman por la utilización del agua y por la ubicación del botadero del desmonte en el cauce seco del ría Asana que representa un riesgo de contaminación. En sesión del día de hoy 22-01-2009, en la ciudad de Ilo, el Consejo Regional de Moquegua aprobó por mayoría (4 votos contra 3) el proyecto de Ordenanza Regional que declara de Necesidad Pública y de Interés Regional el Proyecto Quellaveco. El 04.02.2009 la ONG Labor realizó una Conferencia de Prensa en donde presentó las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Quellaveco, que presentó el 10.02.2009 a la Dirección Regional de Energía y Minas. El 11.02.2009 el Gobierno Regional de Tacna presentó ante el Ministerio de Energía y Minas las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Quellaveco. Últimos acontecimientos. Mediante Resolución Administrativa Nº 35-2009-ANA-ALA-MOQ del 11.03.2009 la Administración Local de Agua de Moquegua declara improcedente las solicitudes 1) Aprobación de Estudios y 2) Autorización de ejecución de obras, como pretensiones acumuladas originarias, formulado por la empresa Minera Anglo American Quellaveco S.A., sobre el estudio de Aprovechamiento Hídrico para abastecimiento de Agua al Proyecto Quellaveco a nivel de Factibilidad. En entrevista a un medio local (La Región, edición del 29.03.09), la Gerente de Relaciones Comunitarias de Anglo American Quellaveco, Fabiola Muñoz, manifestó que la empresa está realizando el mejoramiento de las propuestas y la recepción de las contra propuestas del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 120. Región Moquegua Caso. La población de Moquegua reclamó la distribución equitativa de los recursos provenientes del canon minero por la explotación económica de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala de propiedad de SPCC. La distribución se realiza por interpretación particular del Ministerio de Energía y Minas del D.S.005-2004-EF, Reglamento de la Ley de Canon. Actores. Presidente Regional, alcaldes provinciales de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo, alcaldes de todos los distritos de Moquegua, Frente de Defensa de los intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP), colegios profesionales (Ingenieros, Abogados, Contadores), Cristala Constantinides (ex presidenta regional), Frente Regional de Medioambiente, comités de madres, asociaciones de agricultores, alumnos de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, SUTEP, Construcción Civil, entre otras organizaciones. Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio de Energía y Minas - MEM y Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

Antecedentes. La población de Moquegua reclamó la distribución equitativa de los recursos provenientes del canon minero por la explotación económica de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala de propiedad de SPCC. La distribución se realiza por interpretación particular del Ministerio de Energía y Minas del D.S.005-2004-EF, Reglamento de la Ley de Canon. Las autoridades regionales locales, congresistas del departamento y organizaciones sociales consideraron injusta la distribución de los ingresos provenientes del canon minero en comparación con lo que se asignaría al departamento de Tacna. Desde setiembre de 2007, los alcaldes provinciales de Ilo y Mariscal Nieto, alcaldes distritales de Moquegua, así como el congresista Washington Zeballos, dirigieron comunicaciones escritas al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas cuestionando la interpretación del Reglamento de la Ley del Canon y sus implicancias presupuestales. El 28 mayo 2008 en el despacho del ministro de Energía y Minas se llevó a cabo una reunión con los congresistas Hilda Guevara (APRA) y Washington Zeballos (UN), presidente regional de Moquegua, alcaldes provinciales y distritales de Moquegua y representantes de la empresa SPCC en relación a la distribución de los recursos del Canon Minero para el año 2008, considerando el pago del impuesto a la renta del ejercicio 2007, y en particular en lo referido a lo que consideran una distribución inequitativa de los recursos comparándola con lo destinado a la región Tacna. A su vez, la Defensoría del Pueblo, en el Reporte de conflictos N° 51, con información del mes de mayo, advierte acerca de la convocatoria “a una movilización para los días 3 y 4 de junio de 2008 en contra de la forma cómo se distribuye el canon minero producto de las actividades de SPCC. A la medida se estarían sumando colegios profesionales, frentes de defensa y algunas autoridades”. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo difundió el 30 de mayo en su boletín Conflictos al Día N° 169 y en su Cronología N° 172, la nota informativa sobre el “descontento por desigualdad en la distribución del canon minero” en la que se hace de conocimiento público que “debido a problemas de distribución del canon minero, la región Moquegua ha planteado al MEM una reformulación de la ley que regula este reparto con el fin de que sea más equitativo entre dicha región y la de Tacna”. Ambas publicaciones también pueden ser revisadas en la web referida de nuestra institución. Hechos. Las autoridades de Moquegua refieren que la distribución de los recursos del canon minero a la Región Moquegua se realiza de una manera inequitativa, en comparación con la cantidad de recursos que se transferirán a Tacna. El cuestionamiento se centra en la interpretación del artículo 4º del D.S.005-2002-EF, Reglamento de la Ley Nº27506, Ley del Canon, modificado por el D.S:029-2004-EF. El referido dispositivo establece que “…cuando los titulares posean concesiones mineras en explotación, ubicadas en circunscripciones distintas, la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado, según informe de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas…”. Conforme a la interpretación de las autoridades de Moquegua, la distribución debe realizarse sobre la base del mineral producido para la venta final y no sobre la base de la cantidad de mineral removido para el proceso de producción. Una explicación de esta apreciación radica, según información de los actores demandantes obtenida de la empresa SPCC, en que el 52% de la producción de cobre correspondería a Cuajone, mientras el 48% correspondería a Toquepala. Pese a lo anterior, en el año 2007 la transferencia de los recursos de Canon fue de S/.774 Millones de nuevos soles para Tacna y S/488 Millones de nuevos soles para Moquegua, mientras que para el año 2008 se produciría una transferencia de aproximadamente S/.790 millones de nuevos soles para Tacna y S/110 Millones de nuevos soles para Moquegua. El 2 de junio de 2008, durante una breve visita del Presidente del República a Moquegua, con motivo de la inauguración de las obras de mantenimiento de un tramo de la carretera Panamericana sur, las autoridades locales hicieron llegar documentos referidos a la distribución de los recursos del canon. Este mismo día, en una “asamblea popular”, llevada a cabo en la plaza de armas de la ciudad de Moquegua, se aprobó la convocatoria a un paro de 48 horas, los días 4 y 5 de junio, exigiendo la distribución equitativa del canon minero. El primer del paro, el día 4, se llevó a cabo la medida de fuerza en toda la región Moquegua. Se bloqueó la carretera Panamericana sur y el puente Montalvo. Se estima la participación de más de diez mil personas en la jornada de protesta. El mismo día, se llevó a cabo una reunión en la sede de la PCM, entre el Presidente del Consejo de Ministros, Hilda Guevara (APRA) y Washington Zeballos (UN), presidente Regional de Moquegua, alcaldes Provinciales y distritales de Moquegua y representantes del FEDIP (Natalio Pilco), Colegio de Ingenieros de Moquegua (Martín Vizcarra). Se

tomó conocimiento que los acuerdos habrían sido la revisión del tema por parte del Premier en la sesión del Consejo de Ministros solicitando para tal efecto la información correspondiente al MEF y MEM y la realización de una nueva reunión el día lunes 9. También se solicitó el levantamiento de la medida de fuerza. El día 5, segundo día de la medida de fuerza en la región Moquegua. En Moquegua existían opiniones acerca de un paro indefinido. Siendo las 17hras del 05 de junio las autoridades locales informaron a la ciudadanía de la reunión el día 9 con el Primer Ministro para la atención del pedido de modificación del procedimiento de distribución del canon. Conforme se había anunciado, el paro de 48 horas llegó a su término en la fecha. El 9 de junio se llevó a cabo en la sede de PCM una reunión con la participación Primer Ministro, MINEM y MEF, los dos congresistas de Moquegua, presidente Regional, alcaldes provinciales y distritales, al no llegar a acuerdos, el Ministro propuso lo siguiente: a. Acudir a la vía Judicial. b. Realización de un arbitraje a cargo del Ministerio de Justicia. c. Realización de una reunión conjunta entre autoridades de Tacna y Moquegua para la búsqueda de una solución consensuada. El Primer Ministro esperaba que los temas propuestos fueran debatidos entre las autoridades de Moquegua y la población de Moquegua e Ilo y tener una respuesta antes del día 11. Sin embargo, las distintas organizaciones sociales de la región, con la masiva aceptación de la población en las tres provincias, acordaron un paro general indefinido por no encontrar una solución acorde con la pretensión propuesta por las autoridades locales. Desde las 00:00hras del día 10 se bloqueó la Carretera Panamericana sur y el Puente Montalvo e inició un paro general Indefinido, contando con la participación masiva de la población y organizaciones sociales de la región Moquegua. Así mismo, llegaron delegaciones de distintos distritos y localidades/ anexos de la región. Se estima la participación de más de diez mil personas en la jornada de protesta. En el Congreso de la República, autoridades de Moquegua sostuvieron una reunión con la Comisión de Energía y Minas. La Demanda de Amparo presentada por el Colegio de Abogados de Moquegua ante el 2do Juzgado Mixto de Moquegua en contra del DS.0292004-EF, que se tramita en el Expediente 418-2008, fue declarado Improcedente. Luego se apeló. El día 12 los alcaldes provinciales y distritales de Moquegua iniciaron una Huelga de hambre, instalándose en la sede del Club Moquegua, en el distrito de Lince en Lima. Del 13 de junio al 16 de junio se llevaron a cabo reuniones entre autoridades de Moquegua y PCM con la finalidad de buscar acuerdos, objetivo que no se alcanzó. El día 15 desde las 2 hasta las 6 de la tarde se llevaron a cabo reuniones en el salón parroquial Santa Catalina con la participación del padre Martín Ayala, el Sr. Zenón Cuevas Presidente del FEDIP, Cristala Constantinides, el Gral. PNP Alberto Jordán, Jefe de la XI DT PNP, Cnel. PNP Vicente Álvarez, Jefe Región PNP Moquegua y Cmdte.PNP Rubén Diestro, Jefe Estado Mayor Región PNP Moquegua, y comisionados de la OD Moquegua con la finalidad de exhortar a los dirigentes para la apertura de las vías. Aproximadamente a las 22:00hras, el Gral. PNP Jordán da un plazo hasta las 01:00hras del día 16 para que convoquen a los dirigentes y se proceda el desbloqueo de las vías. Siendo las 00:50hrs del día 16, Zenón Cuevas informó que no habían podido congregar a todos los dirigentes, por lo que solicitó a la PNP se postergara el plazo otorgado. Luego, en declaraciones a través de los medios, el padre Martín Ayala solicitó se otorgue el plazo hasta 08:00am. Se tomó conocimiento que aproximadamente a las 07:00hrs el Gral. Jordán se reunió con el párroco de Moquegua en el Salón Parroquial a la espera de los dirigentes. Siendo las 08:40hrs del día 16 se inició la intervención policial para restaurar el tránsito de las vías y desbloquear el puente Montalvo. El operativo no tuvo éxito, se suspende y los policías (aproximadamente 750) se repliegan. Luego de finalizado el operativo, el Gral. PNP Jordán y aproximadamente 81 miembros de la policía son retenidos por la población, en dos lugares: una carpa del MINSA instalada en los accesos del Puente Montalvo (41 efectivos retenidos) y en las instalaciones de la ex Divincri (40 efectivos retenidos), en las cercanías, quienes inicialmente fueron congregados en la carretera Panamericana sur (ingreso a la ciudad de Moquegua). No se logró ubicar a ningún dirigente de las organizaciones sociales o de la población entre la multitud cercana a quince mil personas que estaba presente en el momento de la retención de los policías. Durante los días del paro Defensoría del Pueblo tuvo intervenciones, entre otras: Con la intervención del jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua, Hernán Cuba Chávez y los comisionados Verónica Paredes Rodríguez, Miguel Platero Huanca y con el apoyo de de Manuel Amat Llerena, jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa y 3 comisionados de esta dependencia se logró la liberación de los policías retenidos, en tres grupos: 1) Aproximadamente a las 14:00hrs del 16 de junio, un primer grupo de policías entre

mujeres y varones compuesto principalmente por heridos de mayor gravedad (contusos, fracturas, cortes) fue evacuado desde la carpa del MINSA al Hospital de apoyo Departamental de Moquegua. Aproximadamente a 17:30hrs del 16 de junio se logró el traslado desde los accesos del puente Montalvo (carpa del Minsa) de 22 policías varones incluyendo al Gral. Jordán hacia la Catedral de Moquegua. En el trayecto, se integró al segundo grupo de 40 efectivos que se encontraban “retenidos” en la sede de la ex Divincri-Moquegua. Alrededor de siete mil personas acompañaron a los miembros policiales durante la caminata de aproximadamente 2 horas, por la carretera Panamericana y algunas vías de la ciudad de Moquegua hasta la plaza de armas, con destino al salón parroquial de la Catedral en donde pernoctaron los 62 policías, recibiendo todos alimentación y atención médica básica. En compañía del Obispo de Tacna y Moquegua, Mons. Marco Antonio Cortez, el jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua inició el diálogo con los dirigentes para lograr la liberación de los policías retenidos. Aparecieron en una primera propuesta de agenda de los dirigentes el canje de los policías por los detenidos por la PNP. A través del diálogo con la Fiscal Superior Decana del Ministerio Público y la Región PNP Moquegua, se aclaró que no existían detenidos. Los dirigentes acuerdan preparar una nueva propuesta para el día siguiente. 2) Aproximadamente a 11 hras del 17 de junio se logró la liberación de 13 policías que presentaban distintas lesiones. Los dirigentes acordaron conformar una delegación para viajar a la ciudad de Lima e incorporarse a la mesa de diálogo establecida por el Primer Ministro en la sede de PCM, quedando a la espera de la aprobación de sus bases la relación de los integrantes de dicha comitiva. 3) Aproximadamente a las 16:30horas se logró la liberación de 48 policías, incluyendo al general PNP Jordán, quien es evacuado en ese momento a las instalaciones del Aeródromo de Moquegua (Aviación Militar del Ejército) disponiéndose su evacuación inmediata en helicóptero con destino a la ciudad de Arequipa y Lima. Integró la comitiva otras catorce personas que son trasladadas en 2 helicópteros (uno PNP y otro del EP). Al día siguiente, se dispuso la salida de un tercer helicóptero para el traslado de dirigentes del FEDIP, el cual no llegó a tiempo el día anterior. Luego de la intervención Defensorial, descrita en los tres momentos anteriores, se logró la liberación de todos los policías. Otras intervenciones humanitarias se desarrollaron como sigue: Aproximadamente a las 23:00 horas del 04 de junio, el representante de la Defensora del Pueblo en Moquegua, en compañía del jefe de la Región PNP intercedió con los manifestantes a efectos de permitir el traslado de dos ambulancias de Essalud con pacientes, con destino a las ciudades de Tacna e Ilo. (Uno operado de ligamentos, otro referido por TBC terminal). De igual modo, se produjo el desmayo por un shock diabético de un pasajero en la ruta Tacna-Arequipa en el puente Montalvo, siendo trasladado en una de las ambulancias. Los comisionados de la Oficina Defensorial de Moquegua visitaron a cerca de quince personas que se encontraban efectuando una huelga de hambre en los accesos del puente Montalvo, mientras comisionados de la OD Lima, visitaron al grupo de alcaldes provinciales y distritales de Moquegua que se encontraban llevando a cabo la misma medida en el Club Moquegua. Del 16 al 19 de junio se supervisó la atención en los establecimientos de salud prestada a todos los heridos, aproximadamente 100 personas entre civiles y efectivos PNP durante y después del operativo policial en el puente Montalvo y sus accesos, siendo los gastos de atención de todos ellos asumidos por el Hospital de Apoyo Departamental MINSA de Moquegua. Algunos fueron evacuados a la ciudad de Arequipa y otros fueron atendidos en dicho Hospital. Algunos heridos atendidos fueron afiliados al SIS. En horas de la madrugada del día 18 de junio se produjo el repique de las campanas de una iglesia, llamadas telefónicas, circulación de ambulancias y sirenas, así como la difusión a través de emisoras de radio de la ciudad de Moquegua de una presunta intervención policial en el puente Montalvo, lo que produjo una movilización de gran parte de la población, estimándose en miles de personas hacia el puente Montalvo con el propósito de repeler el presunto operativo policial. A través de comunicaciones telefónicas de la Defensoría del Pueblo con la Dirección General de la PNP, se confirmó que no existía ningún operativo a cargo de la PNP, lo que fue comunicado luego por el jefe de la Región PNP Moquegua y por el DIRGEN PNP a la población a través de distintos medios de comunicación. Siendo aproximadamente las 03:30hrs la población volvió a la calma. El 19 de junio, luego de reuniones prolongadas en el marco de la mesa de diálogo en la sede de la PCM, se celebraron acuerdos que fueron presentados por las autoridades locales a la población en el puente Montalvo. Ese día se levantó la huelga general indefinida. En los días siguientes, se iniciaron Investigaciones a cargo del Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos durante el paro en Moquegua.

Durante el mes de agosto, la mesa técnica de trabajo PCM – Moquegua realizó varias reuniones de trabajo el día 8 de agosto tomaron acuerdos desde diferentes mesas: sobre el programa agua para todos; sobre los programas sociales; Transportes, programa mejoramiento integral de barrios y pueblos; SNIP, FONIPREL, Salud, Educación; Agricultura. En otro momento las mesas de trabajo fueron: Electrificación rural y el canon. Sin embargo, pese a 9 horas de debate, la segunda reunión de la Mesa Técnica por el canon minero instalada el pasado mes de junio en la región Moquegua fue frustrada ayer. La cita se desarrolló el 8 de agosto en el Terminal terrestre en el puerto de Ilo, contó con la presencia del coordinador de la presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, viceministro de Minas, Felipe Isasi, congresista Washington Zeballos, los tres alcaldes provinciales y distritales, así como funcionarios y técnicos de los sectores. Fue el punto de la separación de cuentas de las minas Cuajone y Toquepala, lo que ocasionó el descontento en las autoridades moqueguanas que calificaron de inciertos los resultados de la mesa de trabajo. Además, mediante un acta exigieron una pronta reunión con el premier Jorge del Castillo y con los titulares de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas. El día 27 de agosto las autoridades regionales, los alcaldes provinciales y distritales, y representantes de la sociedad civil para “analizar el debate y formulación de la propuesta regional unitaria sobre canon minero ante gobierno nacional.PCM hizo la siguiente propuesta: “Sobre el acuerdo N° 3, referido a las cuentas separadas, el Poder Ejecutivo propone aplicar el criterio de distribución sobre el valor de venta del concentrado o equivalente proveniente de cada concesión, según declaración jurada sustentada en cuentas separadas que formulará el titular minero a la autoridad competente” El 3 de setiembre el Presidente Regional de Tacna, Hugo Ordóñez Salazar, indicó que no permitirá que el gobierno central tome decisiones con respecto a la distribución del canon, sin antes consensuar con su región. Informó que el premier Del Castillo se comprometió a escuchar a Tacna antes de las reuniones con Moquegua. Ordóñez dijo que al no conocerse al detalle la propuesta del ejecutivo, Tacna exigirá que se respeten las normas vigentes de la distribución del canon, que funcionan según el volumen de explotación de cobre en los yacimientos de cada una de las regiones. El 10 de setiembre se hizo público que las organizaciones sociales y las autoridades de Moquegua rechazaron la propuesta de distribución del canon minero para su región, que les alcanzó formalmente el Ejecutivo la semana anterior. El 15 de setiembre las partes se reunieron en Lima, el premier Del Castillo indicó que el gobierno presentó su propuesta sobre el pago del canon por cuentas separadas para Tacna y para Moquegua; los representantes de Moquegua no firmaron el documento que se les entregó en la PCM porque estaban inconformes con el punto 3, referido al pedido de Moquegua para que Southern maneje cuentas separadas de su producción en Tacna y Moquegua, que serviría para un cálculo real del canon. El 18 de setiembre el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (Fedip), Zenón Cueva, dijo que la discusión de una nueva fórmula para distribuir el canon minero solo compete a los moqueguanos y al Ejecutivo. El dirigente se basa en el acta firmada por ambas partes el 19 de junio pasado. Los dirigentes del Frente de Defensa de Moquegua propondrán que esa región radicalice sus reclamos al gobierno central, y apoye el paro que vienen convocando. Edmundo Coyla, alcalde provincial de Moquegua, manifestó que la población se uniría a esta medida debido a que el gobierno pretende otorgar 82 millones de soles para su región, como un adelanto tributario de la minera Southern del 2009. Indicó que el compromiso original era solventar ese monto con una partida adicional y no tomar dinero que le corresponde a la región por el canon.El 22 de setiembre el presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cueva, exigió que el conflicto se solucione vía un decreto supremo. Por otra parte, el secretario técnico de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, insistió en que lo más apropiado sería someterlo a discusión en el Parlamento hasta que se expida un decreto ley. El 25 de setiembre PCM convocó a una reunión con los representantes de Moquegua, a pedido del Gobierno regional de Moquegua, y en ésta reunión el ejecutivo dio a conocer el proyecto Ley que modifica el artículo 5° de la Ley N°27506, Ley del Canon, con carácter de urgencia. El proyecto fue enviado al Congreso, el propósito es fijar cuentas separadas, en función del valor de venta del concentrado proveniente de cada concesión. Sin embargo los representantes del Gobierno regional, las autoridades locales y representantes de la sociedad civil de Moquegua insistieron, luego de firmar un acta, que dicha medida se resuelva a través de un decreto supremo. Mientras tanto, en

Tacna las autoridades se oponen rotundamente a esta modificatoria y anunciaron que tomarán medidas. El 1 de octubre Moquegua paralizó sus actividades por 48 horas para exigir que se concrete una distribución justa del canon minero que comparte con Tacna. Zenon Cuevas, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua recordó que el Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, planteó el debate en el pleno del Congreso del proyecto de ley. El llamado "paro preventivo" en Moquegua se cumplió plenamente con la suspensión del comercio, el transporte y las clases. Efectivos policiales, al mando del coronel Emilio Arenas, evitaron la toma simbólica del Puente Montalvo. Además, otro grupo de policías resguardaba las instalaciones de la minera Southern Perú. La intención era realizar una toma simbólica del puente Montalvo. El coronel Arenas informó que se había desplazado 500 efectivos a Moquegua para controlar posibles actos de violencia, de los cuales 400 se distribuyeron en varios puntos de la ciudad y la Panamericana Sur, mientras que otros 100 resguardaban las instalaciones de la empresa minera Southern Perú. El día 7 la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley Nº 2713 que modifica las reglas de distribución del canon. El día 10 los presidentes regionales de Tacna, Hugo Ordóñez Salazar, y Moquegua, Jaime Rodríguez se reunieron en Arequipa para tratar el tema que los enfrenta, pero ninguno cedió, ambos reclamaron el canon que se calcula del pago de impuestos de la minera Southern que opera en sus regiones. Hugo Ordóñez aseguró que respaldaba una propuesta de cuentas separadas para el cálculo del canon (propuesta por el Ejecutivo), pero dijo que no aceptaría que Tacna sufriera recorte en el canon que recibe. Jaime Rodríguez, de Moquegua, señalaba que la única solución a la vista era la separación de cuentas de Southern y que la empresa pagara impuestos por el mineral que extrajera de Moquegua e hiciera lo propio en Tacna. El día 23 de octubre el Pleno del Congreso decidió posponer por una semana más el debate acerca de la modificación del artículo 5º de la Ley del Canon; mientras en el Congreso analizaba la ley del canon minero, cerca de cuatro mil tacneños se movilizaron por las calles de esa ciudad fronteriza exigiendo a viva voz respeto a la actual legislación. El mismo día 23 representantes de los gobiernos locales y el Presidente del Gobierno regional de Moquegua se reunieron con el Premier en la sede de la PCM, quienes acordaron, 1.- que el Premier respalda el proyecto de Ley 2713 - 2008 – PE y que se “harán los esfuerzos necesarios con las autoridades de Tacna, para hallar una solución a la problemática”. 2.- El lunes 27 de los corrientes se analizará el tema, con los funcionarios del MEF y Presidente de los Gobiernos Regionales. 3.- El Presidente del Consejo de Ministros, “se compromete a participar en una reunión con el Presidente del Congreso de la República junto a las autoridades de Moquegua el día miércoles 29 de octubre 2008”. El día 24 el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua acordó iniciar un paro el martes 28, a fin de exigir al Congreso que apruebe la modificación de la Ley del Canon Minero, que contiene la aplicación de la fórmula de las cuentas separadas. El Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua convocó a partir del día 28 una huelga indefinida para demandar se modifique la distribución del recurso, bajo la fórmula de cuentas separadas. Por su parte, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo, que agrupa a sectores populares y sindicales de la provincia, retrocedió en su decisión y aseguró ayer que no se sumará a dicha medida. Entretanto, Tacna realizará mañana un paro de 48 horas, pero para mantener el sistema actual, por considerar que un cambio de reglas le restará recursos. Ese mismo día el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, invocó a los pobladores que acatan la medida de fuerza en Moquegua a retomar el diálogo y dejar de lado los enfrentamientos. Vega, solicitó al Congreso de la República, una mayor celeridad para debatir la distribución del canon el principal motivo de la protesta moqueguana. El día 29 Moquegua empezó a acatar una huelga indefinida para demandar al Poder Legislativo la modificación de la Ley del Canon Minero, que permita aplicar la fórmula de las cuentas separadas para distribuir el recurso. Miles de manifestantes salieron a las calles y retuvieron a cuatro agentes policiales que intentaban impedir el bloqueo del Puente Montalvo, única vía de acceso a Tacna. El choque con las fuerzas del orden se originó por el interés de un sector de la población de tomar por la fuerza el puente, pese a que estaba siendo acordonado por unos 400 policías. El enfrentamiento dejó como resultado 38 policías y 48 civiles heridos, los cuales fueron conducidos a hospitales de Arequipa y Tacna. Por su lado, la región Tacna acató un paro los días 29 y 30 para exigir al Parlamento que no cambie las reglas de la repartición del canon, postura absolutamente contraria a

la de Moquegua. El día 29, el Frente de Defensa decidió levantar la huelga, luego de un paro regional que dejó 71 heridos, de los cuales 8 permanecieron internados en el Hospital de Salud de Moquegua. El Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, había afirmado que el Gobierno aceptará el diálogo, pero sin presiones ni chantajes, y advirtió que, si los moqueguanos continuaban con sus actos de violencia y el cierre de vías, el Congreso no sometería a votación el proyecto de ley del canon minero, fuente de los reclamos. El dia 29 el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley 2713 que plantea la modificación en el sistema de distribución del canon minero. Y pendiente para la firma del dictamen, que propone además la separación de las cuentas de las minas Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna) que explota la minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), fue sancionado por 51 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones. Debido a esto, en Moquegua la reacción fue bastante positiva. Mientras que un centenar de manifestantes en Tacna intentó invadir territorio chileno en la zona aledaña al hito La Concordia, hecho que originó un violento enfrentamiento con la Policía (Carabineros) de dicho país. El día 4 de diciembre, fue programada la audiencia de prisión preventiva programada por el Juzgado de Investigación Preparatoria, de aquellos que participaron en los hechos de violencia en los meses de de junio y de octubre del año en curso. El Ministerio Público de Mariscal Nieto e Ilo iniciaron investigación preparatoria para determinar las responsabilidades penales correspondientes, sin embargo, la diligencia fue suspendida por falta de garantías ante la concurrencia de gran cantidad de pobladores protestando frente al local del mencionado Juzgado y se reprogramó para el 11 de diciembre. En esta última audiencia el Juez de investigación preparatoria resolvió dictar prisión preventiva para tres investigados, a otro arresto domiciliario y a los demás comparecencia. Los abogados presentaron recurso de apelación, el mismo que les fue concedido. El día 18, un grupo de pobladores de Moquegua marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la decisión del Poder Judicial de disponer prisión preventiva contra tres ciudadanos investigados por los hechos de protesta en defensa del canon minero. El 19 la Sala de Apelaciones del Poder Judicial realizó la audiencia por la apelación interpuesta por los abogados de los detenidos, esta se llevó a cabo en el Penal de Samegua, confirmándose el mandato de prisión preventiva que dispusiera el Juez de Investigación Preparatoria. El 14 de enero 2009, ante el pedido de cesación de prisión preventiva del investigado Juan Pablo Reyes Pérez, el Juez de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto declaró procedente dicho pedido y dispuso el cambio de detención preventiva por comparecencia restringida. En consecuencia el investigado Juan Pablo Reyes salió en libertad ese día. El 12 de febrero 2009 el Presidente Regional y los tres Alcaldes Provinciales de Moquegua se reunieron con el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, en dicha reunión se acordó que el Ejecutivo aprobará y publicará en dos semanas el Reglamento de la Ley Nº 29281 que modifica la distribución del canon minero. El 18 de febrero 2009 el Juez de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto puso en libertad al señor Herbert Morote Rivera, uno de los detenidos con prisión preventiva a raíz de la protesta por la distribución del canon minero. El 23 de febrero fue puesto en libertad el último detenido con prisión preventiva en la investigación preparatoria por los reclamos del canon minero, el señor Juan Carlos Díaz Quintanilla. El 26 de febrero fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 044-2009EF, Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27506, Ley de Canon, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF y modificatorias, que permite la entrada en vigencia de la redistribución del beneficio entre Tacna y Moquegua y precisa la necesidad de la separación de cuentas de las minas Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), explotadas por la empresa Southern Copper, asi como la distribución del canon por el valor de venta del mineral concentrado, tal como aprobó el Congreso. Últimos acontecimientos. No se registran acciones recientes. 121. Región Moquegua Caso: Los estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) se oponen a la designación de Javier Flores Arocutipa como Presidente de la Comisión Organizadora de dicha

Universidad, designación efectuada mediante resolución del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Reclaman que se realice un concurso público. Actores: Estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua Javier Flores Arocutipa, Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Antecedentes: Mediante Ley Nº 28520 se creó la Universidad Nacional de Moquegua el 12 de mayo de 2005 y por Resolución Nº 206-2007-CONAFU, publicada en el Peruano el 21 de septiembre de 2007, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU resolvió reconocer la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua cuyo presidente es el señor Jesús Chávez Machado. El 1 de agosto de 2008, la CONAFU, mediante Resolución Nº 277-2008-CONAFU, reconoce al doctor Javier Flores Arocutipa, como Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua. A partir del 1 de agosto de 2008 los estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua expresan su oposición a la designación del nuevo Presidente de la Comisión Organizadora y proponen que dicho cargo sea cubierto por concurso público de méritos. Los representantes de los estudiantes son Jorge Pantigoso de la sede Moquegua y Edgar Díaz de la sede Ilo. El 11 de agosto, los estudiantes tomaron la sede administrativa de Ilo impidiendo el normal desarrollo de las labores administrativas de la Universidad Nacya sabenional de Moquegua. El 13 de agosto, los estudiantes se reunieron con el Presidente de la Comisión Organizadora y el Ministerio Público, luego de lo cual acuerdan retirarse de la sede administrativa de Moquegua. El 15 de agosto los estudiantes de Ilo también se retiran de la sede universitaria. El mismo día, en la Municipalidad Distrital de Samegua, el Presidente de la Comisión Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU), Jorge Benites se reunió con los estudiantes de dicha Universidad. En dicha reunión no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los estudiantes continuaron sin asistir a clases. Hechos: El día 4 de setiembre la UNAM recibió la Resolución 331-2008-CONAFU de fecha 28 de agosto de 2008, en la cual se establece un plazo de 10 días para que se restablezca las actividades académicas en dicha Universidad. El día 8 de setiembre, en la UNAM se conformó una Comisión del Ministerio de Educación (promotora de la UNAM) presidida por Edwin Uribe. Dicha comisión se entrevistó con las autoridades universitarias, padres de familia y estudiantes con la finalidad de evaluar la denuncia de estos últimos. El día 11 de setiembre, cinco representantes de los estudiantes de la UNAM (sede Moquegua), las autoridades universitarias, un comisionado de la Oficina Defensorial de Moquegua y el Fiscal de Prevención del Delito suscribieron un “Acta de Acuerdos” en donde, entre los ocho acuerdos destacan los siguientes: - la Comisión Organizadora de la UNAM se comprometió a no tomar represalia alguna contra aquellos que participaron en la protesta universitaria. - retomar las actividades académicas desde el día 12, previa reprogramación de las clases perdidas y cumplimiento del syllabus. - los universitarios señalan que el retorno a clases no significa que desistan de sus reclamos. - los universitarios retornan a clases con la expectativa que las autoridades correspondientes den respuesta a sus reclamos. - que la Comisión Organizadora se comprometa a sanear la situación legal de los terrenos para la construcción de la sede universitaria. Luego, el día 16 de setiembre se levantó la huelga en la sede de la UNAM en Ilo, acordándose retomar las actividades académicas el día 17. El dirigente estudiantil, Edgar Díaz, indicó que en el campus de Ilo se firmó un acta de diez puntos, siendo uno de los pedidos más importantes el relacionado a la contratación de los catedráticos mediante concurso público. No obstante de haberse reiniciado las clases universitarias y haberse suscrito un acta de acuerdos el 11 de setiembre, los estudiantes universitarios en la mencionada acta persisten en el cuestionamiento a la designación del Javier Flores Arocutipa como presidente de la comisión organizadora de la UNAM, señalando los alumnos que carece de experiencia en cargo de recto y no ha formado parte de comisión organizadora alguna. Además, en el acta del 11 de setiembre se expresa en la clausula sexta que “el hecho de asistir a clases no significa que desistimos de nuestros reclamos ni pensamientos por lo que seguiremos nuestros reclamos”. El 13 de octubre la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) respondió al oficio remitido por la OD Moquegua el 9 de setiembre en el cual pide información por las acciones realizadas para atender el memorial de los estudiantes universitarios. La ANR responde indicando que ha reiterado el pedido información a CONAFU sobre las acciones tomadas por esta entidad para responder a lo solicitado en el

memorial señalado. El 16 de octubre, el secretario general del Ministerio de Educación (MINEDU), Asabedo Fernández Carretero, respondió al oficio remitido por la OD Moquegua el 9 de setiembre solicitando información sobre las acciones implementadas por el Ministerio con relación al memorial presentado por los estudiantes universitarios de la UNAM. En su respuesta, el secretario general del MINEDU informó que el 2 de setiembre de 2008 el Ministro de Educación en su presentación ante el Congreso de la República propuso conformar una comisión que viaje a Moquegua para tomar conocimiento de los acontecimientos y de esta manera decidir las medidas necesarias. En Noviembre, no se registran nuevos acontecimientos. En diciembre se conoció que mediante Resolución Rectoral N° 452-2008-R-UJCM de la Universidad Privada "José Carlos Mariátegui" de Moquegua, se declaró improcedente la denuncia administrativa contra el Dr. Javier Pedro Flores Arocutipa. La resolución señala que de acuerdo al dictamen N°002-2008-TH-UJCM, el Tribunal de Honor de la Universidad, se pronuncia por la no responsabilidad administrativa en contra del indicado rector catedrático; por lo que dan por concluido el proceso administrativo que se le seguía junto a ex Rector de la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, Mgr. Alberto Régulo Coayla Vilca, por presuntas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, no se registran nuevos acontecimientos. 122. Distrito de Ilo, Provincia de Ilo Caso. Los pobladores reclaman compensación ambiental. Actores. Población de Ilo y Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (dirigentes: Oswaldo Luque y Leonel Villanueva) y la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC). Antecedentes. La población considera que hubo un período en que los tributos pagados por Southern al Estado no revirtieron en el desarrollo en la provincia. Por tanto sienten que no se ha compensado adecuadamente a la población por la explotación de recursos. En el 2004 se conformó una Mesa de Diálogo constituida por representantes de la Sociedad Civil, la Empresa SPCC, el Gobierno Regional, el Gobierno Local y el Ministerio de Energía y Minas. Las reuniones tenían como objetivo determinar el modo en que la Empresa colaboraría con el desarrollo social de la Provincia. Luego de casi dos años de reuniones, la Empresa aprobó los expedientes técnicos para el desarrollo de obras que representaban el costo de aproximadamente siete millones 200 mil soles. Hechos. El 19 de septiembre del 2006 se reunieron los representantes de la Mesa de Diálogo y los pobladores (más de 3,000 pobladores de Ilo y los representantes de la sociedad civil a la Mesa de Diálogo). El día 20, los pobladores decidieron ejercer medidas de fuerza, obstaculizaron las vías del tren que traslada el mineral (proveniente de Cuajone) a la Fundición de la SPCC en Ilo. Los pobladores nombraron a los dirigentes del Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo, encargados de organizar las medidas de lucha. El día 22 se solicitó la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas mediante un oficio cursado por el Gobierno Regional. Ese mismo día, el MEM emitió respuesta al documento recibido manifestando su disposición de recibir a los dirigentes siempre y cuando se cesase el bloqueo de las vías del tren. No se obtuvo respuesta de la PCM por lo que se convocó a un paro general de 24 horas. Durante la madrugada del 22 se produjo la detención de Oswaldo Luque, dirigente del Frente. Además, hubo un enfrentamiento entre la PNP y la población al haber procedido los primeros a retirar las piedras colocadas por los manifestantes en las vías del tren. La PNP procedió a tirar bombas lacrimógenas. Los congresistas por Moquegua remitieron un documento a la PCM solicitando su presencia en Ilo. El Primer Ministro contestó el documento en el mismo sentido que el MEM el día anterior, citando a los dirigentes para el día 26 de septiembre en Lima. Se decidió levantar la medida de fuerza en tanto se realizase la reunión con el Primer Ministro y el MEM a las 12:00 p.m. El 23 se produjo una reunión entre los dirigentes del Frente para elegir a los representantes que viajarían a Lima a la entrevista, disponiendo que viajaran los señores Oswaldo Luque, Leonel Villanueva y Margarita Chávez Flores. El 26 se llevó a cabo la reunión en la PCM, que contó con la participación del Primer Ministro, el Ministro de Energía y Minas, el congresista Washington Delgado, la señora Cristala Constantinides Rosado, Presidenta Regional de Moquegua, y los dirigentes del Frente. Se acordó que el Premier y el Ministro de Energía visitarían Ilo el 6 de octubre. El 27 de septiembre se tomó conocimiento a través de los medios de que en la Audiencia Pública (que se efectuaría el 28) se pensaba desautorizar a los representantes del Frente de Defensa en tanto se conoció que el señor Leonel Villanueva y Margarita Chávez Flores son candidatos a regidores por Ilo. El 23 de noviembre se programó una

reunión entre el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo y representantes de la compañía Southern Perú. Uno de los temas propuestos es comprometer a la compañía minera con el pago de 400 millones de dólares por daños ambientales. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la compañía minera señaló que su empresa no pagará los 400 millones de dólares que se les demanda por daños ambientales porque su compromiso empresarial es aportar para el desarrollo sostenible de la provincia de Ilo, que se traduce en obras y proyectos. El 5 de diciembre se informó acerca de un paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de los Intereses de Ilo debido a que la empresa aún no paga las compensaciones por los daños ambientales. El día 6 decidieron suspender el paro programado debido a que recibieron una carta del Presidente del Consejo de Ministros, en la cual informa que viajará a la zona el 18 de enero. El 6 de febrero del 2007, los delegados del Frente tuvieron una reunión de delegados en la que se trató de reorganizar el Frente con la inclusión de nuevos miembros (algunos integrantes han perdido legitimidad). Se designó a Percy Villavicencio Rojas como vice – coordinador, pero esta designación no ha sido avalada aún por la comunidad en Asamblea Popular. El accionar de la mesa de diálogo se ha quebrado debido a que los representantes de la PCM, el presidente regional y los alcaldes de la provincia han determinado un plazo de seis meses para que una comisión multidisciplinaria e interinstitucional efectúe las evaluaciones necesarias y emita el informe preliminar acerca de los daños ocasionados al medio ambiente, esto contradice el compromiso asumido por el presidente de PCM en Ilo de solicitar una auditoría internacional para determinar el grado de contaminación. En una reunión sostenida el 20 de abril último, entre las ONG Transparencia, Labor y CEDEP, integrantes de la Mesa de Diálogo y la Defensoría del Pueblo se dio a conocer la decisión de solicitar a la PCM el reinicio de las conversaciones de la Mesa ofrecidas por el Premier tendientes a la atención del pedido de indemnización o compensación por los 46 años de explotación minera por parte de SPCC y en particular respecto de los impactos ambientales producidos por los gases emanados de su fundición en la provincia de Ilo. Este conflicto ha recobrado especial vigencia luego de un incidente durante el reciente 2 de abril en el que se detectó la presencia de humos – presumiblemente Dióxido de Azufre– que produjo malestar y afectaciones a los pobladores del distrito de Pacocha y de la propia ciudad de Ilo. La población hizo saber su malestar por la continuación de estos hechos pese a la reciente inauguración de la ampliación de la Fundición de Cobre de SPCC, que refiere que se hizo dentro del plazo previsto en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y con lo que la empresa minera espera incrementar la captura de azufre del 33% a 92% - mayor a lo establecido por el PAMA. Se encuentra pendiente el informe de resultado de la Comisión que para la solución del conflicto conformaría la PCM. Por otra parte, la Oficina Defensorial de Moquegua ha requerido un informe a la Municipalidad Provincial de Ilo y Dirección Regional de Salud sobre los sucesos de contaminación y las medidas adoptadas. Los representantes de la Sociedad Civil ante la Mesa de Diálogo de Ilo hicieron conocer a la Defensoría del Pueblo su preocupación por la no realización de reuniones con la empresa SPCC y PCM para la atención del pedido de indemnización o compensación por 46 años de explotación minera, ascendiente a US$ 400 millones aproximadamente, en particular respecto de los impactos ambientales producidos por los gases emanados de su fundición en la provincia de Ilo, de acuerdo a lo señalado por estos representantes. Por otro lado, el 17 de mayo se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Lima, entre los representantes de la sociedad civil ante la Mesa de Diálogo y del Ministerio de Energía y Minas, no habiéndose concretado ningún acuerdo respecto de la reanudación de las reuniones de dicha mesa. Los representantes de la sociedad civil han propuesto el día 8 de junio del 2007 en la ciudad de Ilo, la reanudación del diálogo. Se encuentra pendiente la confirmación de la empresa y PCM. Los representantes de la sociedad civil ante la Mesa de Diálogo de Ilo hicieron conocer a la Defensoría del Pueblo su preocupación por la no realización de reuniones con la empresa SPCC y PCM. Hasta el momento no se reinician las reuniones de la Mesa, ni se dan a conocer los alcances de la comisión que se conformaría para evaluar la factibilidad de la compensación ambiental. Tampoco existe acuerdo respecto de realización de Auditoría ambiental para identificación y posterior valorización de impactos ambientales. Con oficio 015-2007-MEM/DGGS enviado a los representantes de la sociedad civil de Ilo se informaba el reinicio de la Mesa de Diálogo convocada por la Dirección General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, fue aceptada por el coordinador de los representantes de la sociedad civil ante la Mesa de Diálogo de Ilo, Sr. Alejandro León Palomino, confirmando la reunión

de esta mesa para el día 19 de julio, en el que se presentaría el resultado del estudio jurídico y legal sobre el reclamo de compensación. Sin embargo, dicha reunión no se llevó a cabo sin explicación alguna. No existe acuerdo respecto de realización de Auditoría ambiental para identificación y posterior valorización de impactos ambientales. Por otro lado, el 21 de julio, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo retomó sus acciones de protesta para reclamar a la empresa Southern Peru la compensación económica demandada por las organizaciones de esta provincia, llevando a cabo un acto de "lavado de bandera" en la pileta de la plaza de armas del terminal moqueguano y remitieron memoriales al Gobierno central, donde reclaman se reestablezca la mesa de diálogo con la compañía transnacional. De acuerdo a los dirigentes el reinicio de las protestas coincide con el término del plazo mínimo de seis meses establecido en acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la presentación de un informe técnico referido a la posibilidad de una compensación. Se ha previsto para el 1 de agosto la llegada de una asesora de la PCM para coordinar una reunión de la mesa de de Diálogo. La OD Moquegua participará de esta reunión. La reunión de la mesa de diálogo se llevó a cabo en la Municipalidad de Ilo, pero sin la presencia de la PCM, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa SPCC. Los representantes de la sociedad civil presentaron una propuesta de agenda y la Municipalidad de Ilo quedó encargada de realizar la nueva convocatoria a más tardar el 30 de agosto, invitando nuevamente a la PCM y la SPCC, así como al MEM. Para ello se realizó una reunión preparatoria el 7 de agosto, a la que se invito a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas, a la que asistieron el alcalde provincial de Ilo, el alcalde distrital de Pacocha, el presidente del Gobierno Regional de Moquegua, algunos consejeros regionales, representantes de las organizaciones de sociedad civil, Defensoría del Pueblo y Transparencia Ilo. Se acordó invitar a la siguiente reunión a la empresa SPCC, la PCM y el Ministerio de Energía y Minas, reiterando como fecha el 30 de agosto. El 28 de agosto se llevó a cabo la segunda reunión preparatoria a la que asistieron, además de los participantes de la primera reunión, los representantes de la empresa SPCC, lo que fue saludado por las organizaciones presentes. Tanto la empresa, las organizaciones y las autoridades presentes expresaron públicamente su compromiso de continuar dialogando. La empresa solicita que se le clarifiquen los temas a abordar, pero que la compensación no era materia de diálogo en la Mesa. La empresa manifestó que la Mesa de Diálogo había concluido sus objetivos al haber logrado sus tres propósitos: 1) Cumplimiento del PAMA, con la modernización de la Fundición de Ilo; 2) Aportes al desarrollo sostenible de Ilo con los aportes para el alcantarillado del distrito de Pacocha en ejecución; y 3) Desarrollo de capacidades. Los representantes de la Sociedad Civil y del Frente Amplio manifestaron que procederían a someter a consulta a sus bases lo expuesto por la empresa. Los acuerdos logrados fueron: Que la siguiente reunión sería convocada por el alcalde de Ilo, entre el 15 y el 30 de septiembre buscando la asistencia del MEM y la PCM. Se tiene prevista una visita de campo a la fundición con todos los integrantes de la mesa, para lo cual los funcionarios de la SPCC gestionarán los permisos pertinentes. Se mantendrá el carácter público de la reunión. La nueva reunión acordada tendría como agenda la Participación de OSINERGIN para la exposición de los resultados de la fiscalización del cumplimiento del PAMA, la presencia del MEM para la exposición del Informe Técnico Legal para el tema de la Compensación y la visita de Campo. La reunión acordada se realizará el 27 de septiembre, fecha propuesta por la PCM y el Ministerio de Energía y Minas. Se postergó la reunión prevista para el 27 de setiembre, a solicitud de Presidencia del Consejo de Ministros, debido a la realización de reunión en Piura por caso Majaz. El 02 de octubre se tiene previsto como fecha de realización de la tercera reunión preparatoria. Se espera contar con la participación de Gobierno Regional, Municipalidad Provicial de Ilo, Municipaliad Distrital de Pacocha, representantes de la sociedad civil (delegados electos y del Frente de Defensa) y Southern Perú Copper Corporation, así como PCM y Ministerio de Energía y Minas, Transparencia y la Defensoría del Pueblo. El 02 de octubre se llevó a cabo la tercera reunión preparatoria de la Mesa de Diálogo de Ilo en el Auditorio de la Municipalidad, a la cual estuvieron presentes: Director de Coordinación de PCM, Unidad de prevención de conflictos PCM, Representante del Ministerio de Energía y Minas, Alcalde Provincial de Ilo, Alcalde Distrital de Pacocha, Regidor, Representante de Municipalidad Distrital de Algarrobal, Consejero Regional, Representante del Presidente Regional, Representantes de la Sociedad Civil, Coordinador ONG Transparencia en Ilo y la Defensoría del Pueblo.

Al iniciar la sesión el Alcalde Provincial de Ilo, hizo conocer la decisión de la empresa de no participar en la Mesa de Diálogo. Las autoridades presentes y los representantes de la sociedad civil expresaron su compromiso de continuar con el proceso de diálogo. A continuación se trató la agenda prevista: 1. Lectura a una comunicación de la Empresa, haciendo saber que la visita a la Fundición no sería posible en la fecha; 2. Lectura a una comunicación de OSINERGMIN, respecto del avance de la fiscalización al cumplimiento del PAMA de la modernización de la fundición de SPCC-Ilo, Informe que sería concluido a mediados de octubre, comprometiéndose a remitirlo a la Municipalidad Provincial deIlo; y 3. el Representante del Ministerio de Energía y Minas dio lectura al Informe (Informe Nº230-2007-MEM/OGJ) Técnico Legal sobre compensación por daños ambientales. Concluida la reunión se acordó: Reafirmar el compromiso de mantener el proceso de diálogo; Solicitar fecha para visita a la fundición de Ilo; Solicitar a OSINERGMIN exponga los resultados del Informe sobre cumplimiento del PAMA; Municipalidad de Ilo proporcionará copia del Informe elaborado por el Ministerio de Energía y Minas; Los representantes de la Sociedad Civil informarán a la población mediante Asamblea Popular; Los representates de la sociedad civil solicitaran un examen de los pasivos ambientales en la provincia de Ilo; Se ha señalado como nueva fecha de reunión entre 15 – 31/10/2007; y el Alcalde de Ilo será encargado de realizar la convocatoria. Se encomendó así mismo al alcalde Invitar nuevamente a la empresa a participar de las reuniones de la Mesa de Diálogo. No se llevó a cabo la reanudación de la Mesa de Diálogo en noviembre. La empresa SPCC ha hecho pública su posición de no participar en ella considerando que se han cumplido los objetivos de la misma, mientras que representantes de la sociedad civil manifiestan su discrepancia a la posición de la empresa señalando la existencia de temas aún pendientes. OSINERGMIN ha hecho de conocimiento que pese al tiempo transcurrido SPCC tiene pendiente la entrega de documentación de la "planta de selenio" sobre la eficiencia de captura de selenio. Además, está pendiente la evaluación de la emisión de "material particulado" por la chimenea del horno Isasmelt, que supera los límites máximos permisibles de emisiones, y el "arsénico" en el efluente de la fundición, que supera los límites máximos permisibles de efluentes líquidos. El 18 de diciembre, en declaraciones a la prensa, el presidente ejecutivo Gonzales Rocha de la minera Southern Perú Cooper Co. (SPCC) dejó una abierta posibilidad que su empresa vuelva a participar en la mesa de diálogo implementada por la sociedad civil de Ilo. Por otro lado, OSINERGMIN informó al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, a través del oficio 267-2007OS-GFM, que aun no cuentan con el informe de auditoría del PAMA de la fundición y refinería de Ilo de Southern Perú Copper Corporation, sucursal Perú, por demora de la consultora Delloite. Sin embargo, también ratificaron que se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador a la empresa minera sobre la base de la verificación técnica efectuada por la empresa supervisora Tecnología XXI S.A. Finalmente, señalaron que concluido el procedimiento sancionador se informará los resultados de la auditoría del PAMA. Luego de comunicaciones cursadas entre la empresa SPCC y los representantes de la sociedad civil ante la mesa de diálogo, se tomó conocimiento de un oficio cursado por la Dirección General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas al alcalde provincial de Ilo para que realice una convocatoria de reunión de la Mesa de Diálogo. La Oficina Defensorial Moquegua envió una exhortación en ese mismo sentido, así el 23 de enero 2008 el Jefe de la OD Moquegua tuvo una reunión en el despacho del alcalde, en compañía del Sr. Percy Nuñez, representante de Transparencia. Como resultado de esta reunión se convocó el día 30 a otra reunión de la mesa de diálogo en Auditorio de la Municipalidad de Ilo. Esta reunión se llevó a cabo con la participación de representantes de Presidencia del Consejo de Ministros PCM, Ministerio de Energía y Minas MEM, Sr. Juan Carlos Pinto de la Gerencia de Fiscalización Minera de OSINERGMIN y sociedad civil, así como del alcalde provincial, el alcalde distrital de Pacocha y un representante del Gobierno Regional de Moquegua. Lamentablemente no contó con la presencia de la empresa SPCC. La siguiente reunión se ha fijado para el 15 de febrero de 2008. El 15 de febrero se llevó a cabo la reinstalación de la "mesa de diálogo ampliada de Ilo", denominada así por cuanto se incorporaron en el 2006 tres representantes del Frente Amplio luego de la jornada de protesta de octubre 2006, contándose con la participación del Premier. La reunión fue cordial y pacífica se llevó a cabo en las instalaciones de la refinería de SPCC en el distrito de Pacocha. A la reunión participaron el Vice Ministro de Minas, el Director DGGS del Ministerio de Energía y Minas, Secretario de Coordinación PCM, 3 representantes de SPCC, 6 representantes

sociedad civil, 3 Alcaldes, 2 Consejeros Regionales y la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua. Como resultado, los representantes de la sociedad civil señalaron que procederán vía judicial a la reclamación de la compensación por daños ambientales en contra de la empresa, además se acordó que se buscará concretar el aporte de la empresa al desarrollo de la provincia de Ilo y a la región. Por otro lado, sobre cumplimiento de PAMA se encuentra pendiente la culminación de la auditoría por parte de OSINERGMIN. Los integrantes de la mesa ratifican que este tema concluiría con la intervención de dicho organismo. Posiblemente se implemente un plan de monitoreo de calidad de aire, pero no hay acuerdo sobre este tema aún. Sobre los aportes al desarrollo, se han conformado dos comisiones: una técnica que busca sistematizar propuestas y armonizarlas de acuerdo al plan de desarrollo de la provincia y de la región; y una operativa, que busca concretar los proyectos presentados durante la existencia de la mesa a manera de evidenciar resultados concretos de la mesa. El lunes 24 de marzo se realizó la sesión de la Mesa de Dialogo Ampliado de Ilo, con la participación del Vice Ministro de Minas del MEM Sr. Felipe Usasi Cayo, Sr Jose Carbajal de la OGGS, representantes de la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, representantes de la sociedad civil y un representante de la Defensoria del Pueblo en calidad de observador. Luego se procedió a informar el cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior, siendo los siguientes: El 24 se realizó de 9 a 11 de la mañana la visita de inspección a la Fundición de Cobre de Ilo con la presencia de todos los representantes asistentes a la reunión: el alcalde provincial de Ilo informó que el gobernador regional no ha acreditado su representación a la Mesa de Diálogo; los integrantes de la Comisión Técnica y Comisión Ejecutiva informaron las siguientes actividades realizadas: la Comisión Técnica informó que la información solicitada a diversas instituciones no han sido cumplidas satisfactoriamente, por lo que recomienda precisar la información en función de las necesidades, en cambio la Comisión Ejecutiva informó que han trabajado cuatro sectores (salud, educación, trabajo y saneamiento) entregando un resumen ejecutivo y precisando que se debe dar prioridad al sector saneamiento de los tres distritos de la provincia de Ilo por ser de necesidad pública (captación y tratamiento de agua, distribución y disposición del agua). Asi mismo se llegó a los siguientes acuerdos: 1. Southern Perú presentará reportes trimestrales de monitoreo de calidad del aire de la ciudad de Ilo al MEM desde la presente sesión en adelante. Se hizo entrega del reporte del cuarto trimestre del 2007, que fue presentado al MEM el 17 de diciembre del 2007 con registro N° 1744404; 2. Cada institución participante de la Mesa de Diálogo designará a su representante ante la Comisión Técnica y Comisión Ejecutiva; 3. Priorizar el sector saneamiento (captación y tratamiento de agua, distribución de agua potable y disposición de aguas servidas) de los tres distritos de la provincia de Ilo en proyectos de inversión a analizar en las Comisiones Técnica y Ejecutiva; 4. Solicitar a la Comisión Ejecutiva tratar el tema de los aportes de Southern Perú; 5. Solicitar al MEM que requiera al Gobierno Regional la designación de su representante ante la mesa de diálogo, así como a OSINERGMIN el resultado de la fiscalización realizada a la empresa Southern Perú; y 6. Realizar la próxima reunión el 25 de abril a las 16 horas en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pacocha, teniendo como agenda el informe de la Comisión técnica y de la Comisión Ejecutiva, además el informe sobre el monitoreo de la calidad de aire de la ciudad de Ilo. Tres de los seis delegados de la sociedad civil, decidieron renunciar formalmente a la Mesa de Diálogo. Los renunciantes son representantes del Frente Amplio de Ilo, Oswaldo Luque, Celso Vera y Luis Siveroni, quienes señalaron como causa de la renunica que en la mesa de diálogo no se vería el tema del pago de la compensación por daños ambientales, de acuerdo a las declaraciones de Hans Flury, actual Gerente de Asesoria Juridica de SPCC y ex ministro de minería. En asamblea de delegados del Frente Amplio de Ilo se acordó desconocer cualquier otra representatividad de los demás delegados de la sociedad civil, donde figuran el Dr. Walter Delgado Condori, el Ing. Ángel León palomino y la Sra. Maritza Perca. Los delegados, también acordaron convocar a una asamblea popular a todo el pueblo de Ilo el jueves 24 de abril, a fin de dar a conocer los informes sobre el fracaso de la mesa de diálogo con Southern y las nuevas acciones a

ser ejecutadas. Finalmente, para la reunión de la Mesa de Diálogo, anunciada para el 25 de abril, se acordó enviar un documento donde se comunique oficialmente el desistimiento de los representantes de la sociedad civil en esta instancia. El 25 de abril de 2008, se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Diálogo ampliada de Ilo, con la asistencia del Vice Ministro de Minas, Felipe Isasi, y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, el Sr. Juan Figueroa, Secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, los alcaldes distritales de El Algarrobal, Pacocha y el alcalde la Municipalidad Provincial de Ilo, así como consejeros y otros funcionarios del gobierno regional, además de representantes de la sociedad civil, de la empresa Southern Perú y de la Defensoría del Pueblo. En la sesión los funcionarios de Southern entregaron el reporte trimestral de monitoreo de calidad de aire de la ciudad de Ilo. En la reunión se llegaron a los acuerdos: 1. Priorizar la ejecución del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la provincia; 2. Programar una visita de la Comisión Técnica a la Planta de Tratamiento de Puente Piedra (Lima). 3. Southern asumirá los costos de la elaboración del expediente técnico de la planta de tratamiento de aguas servidas. 4. Southern cofinanciará la ejecución de la obra junto con el Ministerio de vivienda. 5. Southern y la Municipalidad Distrital de El Algarrobal revisarán y actualizarán el estudio de tratamiento de agua potable y de aguas servidas en ese distrito. 6. Hacer pública la invocación a los integrantes del Frente Amplio para que continúen participando en las comisiones técnicas y ejecutiva. 7. Realizar la siguiente reunión el viernes 30 de mayo, en la Municipalidad distrital de Pacocha. 8. La reunión de la mesa de diálogo programada para el 30 de mayo fue postergada para el viernes 6 de junio. 9. Por otro lado, de acuerdo a la Resolución de gerencia general Osinergmin 1195-2008-1OS/GFM del 22 de abril Southern fue sancionada con una multa de 173 UIT por incumplimiento de dos proyectos de su PAMA, por superar los Límites Máximos Permisibles e infracción de la Ley General del Ambiente. Se habría convocado a una movilización para el 03 y 04 de junio 2008 Moquegua en contra de la forma como se distribuye el Canon minero producto de las actividades de SPCC. A la medida estarían sumandose colegios profesionales, Frente de Defensa, y algunas autoridades. El viernes 06 de junio en la Municipalidad Distrital de Pacocha se reunieron los miembros de la mesa de diálogo ampliada con la presencia del viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas Sr. Felipe Isasi y del Sr. José Luis Carbajal de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Sr. Manuel Figueroa, Secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, representantes de la Gerencia de Fiscalización Minera de OSINERGMIN, entre otros funcionarios, alcaldes distritales de El Algarrobal y Pacocha, el alcalde provincial de Ilo, representantes de la sociedad civil, representantes de SPCC y de la Defensoría del Pueblo. En esta reunión se acuerda: SPCC y la Municipalidad Provincial de Ilo realizará trabajo conjunto financiado por SPCC, con colaboración de la Defensoría del Pueblo y Gesta de Aire de Ilo, sobre el monitoreo de la calidad de aire; la comisión técnica trabajará sobre tecnología o lineamientos a considerar en el desarrollo de la ingeniería de la planta de tratamiento de aguas servidas; los estudios realizados sobre el abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua para El Algarrobal pasará a la comisión ejecutiva quienes en donde se evaluará; las partes continuarán las negociaciones relativas al mecanismo de participación de Southern en el financiamiento de los proyectos. La próxima reunión es el 4 de julio donde se presentarán los informes de las comisiones Técnica y Ejecutiva. De otro lado, tras el paro de 48 horas del 4 y 5 de junio, entre el 10 al 19 de junio se llevó a cabo un Paro Regional en el departamento de Moquegua en contra de la distribución de los recursos del Canon Minero, proveniente de la explotación de los yacimientos mineros de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna) a cargo de la empresa SPCC. El martes 22 de julio de 2008 se llevó a cabo la sesión de la Mesa de Diálogo Ampliada de Ilo que contó con la presencia del Viceministro de Minas, un representante de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, la Alcaldesa Distrital de El Algarrobal, el Alcalde Distrital de Pacocha, el Alcalde Provincial de Ilo, representantes de la sociedad civil de Ilo, representantes de la empresa Southern Perú y Defensoria del Pueblo.

Luego de desarrollar los puntos de agenda se llegaron a distintos acuerdos entre los que se resaltan, que el Ministerio de Energía y Minas solicitará a OSINERGMIN los reportes de fiscalización de la Fundición de cobre de Ilo para luego entregarlos a los miembros de la mesa, MP Ilo informó respecto de la adquisición de equipos parta monitoreo ambiental, lo cual se incorporará en los portales de las municipalidades; en la próxima sesión la Defensoría del Pueblo presentará un informe respecto de la Supervisión del portal institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo sobre el monitoreo ambiental; se acordó realizar la próxima sesión el viernes 29 de agosto de 2008 a las 16:00 horas en la Municipalidad Distrital de Pacocha. Mediante Oficios Nº 977-2008-DP/OD-MOQ y Nº 978-2008-DP/OD-MOQ del 5 de agosto la DP exhortó al Consejo Regional y al Presidente Regional de Moquegua a que cumplan con designar a los tres representantes del GR-Moquegua ante la mesa de diálogo de Ilo. El miércoles 6 de agosto se realizó la reunión de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Ampliada de Ilo, en donde se acordó invitar a los funcionarios de SUNASS y de SEDAPAL para el día 20 o 21 de agosto, al respecto se indicó que los costos de pasajes en avión lo asume la empresa SPCC; el tiempo de permanencia sería de un día. El 20 de agosto del mismo año el Ministerio de Energía y Minas cursó las invitaciones programándose la actividad entre el 25 y 29 de agosto del año en curso. Así mismo, la empresa SPCC se comprometió a adquirir los equipos necesarios para 3 estaciones de monitoreo de calidad de Aire (1 en Ilo, 1 en Pacocha y 1 en Algarrobal), acuerdo que sería llevado al pleno de la mesa. Por otro lado, la reunión prevista para el 29 de agosto se ha reprogramado para el día 5 de setiembre. En la Municipalidad Distrital de Pacocha se realizó el 05 de setiembre 2008 una reunión de la Mesa de Diálogo Ampliada de Ilo. Participaron el Director General y una representante de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, el Secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, una representante de la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales del PCM, la Alcaldesa Distrital de El Algarrobal, el Alcalde Distrital de Pacocha, el Alcalde Provincial de Ilo, un Consejero Regional de Moquegua, un representante de la Sub Región Ilo, tres representantes de la sociedad civil, cinco representantes de la empresa SPCC y el representante de la Defensoria del Pueblo. Luego de la intervención de las partes se llegó a los siguientes acuerdos: La Comisión Ejecutiva elaborará una propuesta de Convenio Marco para el financiamiento adicional de los proyectos que se prioricen en la Mesa; y, la SPCC y la Municipalidad Provincial de Ilo en la próxima reunión presentará un Informe Ejecutivo sobre la obra de la red de agua y desagüe del distrito de Pacocha. Se tiene previsto para el 17 de setiembre 2008 una reunión entre SEDAPAL, EPS Ilo, sociedad civil y SPCC como una de las actividades de la Comisión Técnica relacionada con el proyecto de la planta de tratamiento de aguas servidas de Ilo y abastecimiento de agua potable para la provincia. El 03 de octubre 2008 se realizó en la Municipalidad Distrital de Pacocha la reunión de la Mesa de Diálogo Ampliada con la participación del Viceministro de Minas y una representante de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, el Secretario de Coordinación y un representante de la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Alcaldesa Distrital de El Algarrobal, el Alcalde Distrital de Pacocha, el alcalde Provincial de Ilo, una Consejera Regional de Moquegua, dos representantes de la Sociedad Civil, cuatro representantes de la empresa SPCC y con la presencia del representante de la Defensora del Pueblo en Moquegua. Luego de las intervenciones se acordó elaborar un proyecto de Acta Final de la Mesa que contenga la relación de proyectos priorizados a financiar y la empresa, en la próxima sesión, programada para el 07 de noviembre, alcanzará la propuesta de porcentaje a financiar. La reunión de la mesa programada para el 07 de noviembre fue postergada para el 04 de diciembre a solicitud del Viceministro de Minas, y en atención a que las comisiones no han podido avanzar los compromisos asumidos en la última sesión. El 04 de diciembre 2008 se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de Pacocha la reunión de la Mesa de Diálogo Ampliada de Ilo donde participaron el Vice Ministro de energía y Minas, el Alcalde Provincial de Ilo, representantes de la sociedad civil y el representante de la Defensoría del Pueblo. No asistieron representantes de la empresa Souther Copper Corporation. El 29 de diciembre se llevó a cabo la nueva reunión de la Mesa de Diálogo en la Municipalidad Distrital de Pacocha llegando a los siguientes acuerdos: aprobar el convenio marco entre el gobierno regional de Moquegua, gobiernos locales de la provincia de Ilo y la sociedad civil para el financiamiento adicional de los proyectos priorizados en la mesa de diálogo; aprobar el acta final de la mesa de

diálogo de Ilo que se firmará de manera pública con los integrantes de la mesa y haciendo extensiva la invitación al presidente del PCM, así como al presidente ejecutivo de Southern Perú Copper Corporation; realizar la siguiente reunión en enero 2009 donde se suscribirá el acta final de la mesa. Entre otros, el acta final contempla el compromiso de la minera Southern Peru de financiar distintos proyectos de saneamiento, entre ellos el sistema de tratamiento de aguas residuales de Ilo, aportando el 50% del valor de la construcción del referido sistema, mientras que el Gobierno Regional de Moquegua y el Municipio Provincial de Ilo asumirán el 50% restante. Además, el acta también considera el proyecto de agua potable de El Algarrobal, entre otros proyectos priorizados. El 27-01-2009 los representantes de la sociedad civil ante la Mesa de Diálogo de Ilo han hecho pública una convocatoria de reunión urgente con la población en general la misma que se realizó el jueves 29-01-2009 en el local de EDUCENTRO, en donde se dio informe de la gestión, pero los dirigentes asistentes desconocieron a los tres representes de la sociedad civil en la mesa, señalaron que los contenidos del acta final no responden a las expectativas. Últimos acontecimientos. El 30.01.09 se realizó en acto público la suscripción del Acta Final de Formalización de Acuerdos Adoptados en la Mesa de Diálogo de Ilo. Suscribieron el Acta las autoridades locales y regionales y sólo uno de los tres representantes ante la Mesa de Diálogo por la sociedad civil (la señora Maritza Perca Ortega). Dos de los representantes en cumplimiento del acuerdo previo que tuvieron, no suscribieron dicha Acta (el señor Alejandro León Palomino y el señor Walter Delgado Condori). Previamente, Alejandro León dirigió carta a los miembros. Se espera que en el mes de abril se realice una nueva reunión de la mesa de diálogo de Ilo, a instancia del Ministerio de energía y minas.

MOQUEGUA/TACNA 123. Distrito de Huaytire, provincia de Candarave (Tacna), y Distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua) Caso. El uso de las aguas de la laguna de Súchez para fines agrícolas, así como actividades de explotación minera ha sido motivo que el GR de Moquegua sostenga que Huaytire y Suches pertenecen a su región argumentando leyes de creación de los departamentos de Tacna y Moquegua, mientras que el GR de Tacna, sostiene que la comunidad campesina de Huaytire se inscribió en los registros públicos de Tacna en 1984, y que al crearse la provincia de Candarave se incluyó a Huaytire como parte de ésta. Actores. Jaime Rodríguez Villanueva, Presidente del Gobierno Regional de Moquegua, Elena Carrillo, Frente de Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Ordóñez, Presidente del Gobierno Regional de Tacna, Frente de defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP), Municipalidades Distritales de Samegua, Torata, Carumas, Cuchumbya y Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, PCM. Hechos. En el mes de noviembre 2006 se presenta el Proyecto de Ley 712-2006-PE que delimita la provincia de Candarave, Departamento de Tacna, incluyendo la localidad de Huaytire, la que consideran – los moqueguanos - histórica y legalmente como parte del departamento de Moquegua. Sin embargo el pasado mes de marzo se produjo un incidente en el que un grupo de docentes fue designado por la DRE-Moquegua para las plazas de la I.E. Huaytire, creada el 19.03.07 lo que motivó la presentación de una denuncia por usurpación de funciones por la procuradora del GR de Tacna en contra del Presidente Regional y de la Dirección Regional de Educación de Moquegua y otros por presunto delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad. La PNP Candarave procedió a la detención de un grupo de docentes (7) por la negativa a identificarse al ser encontrados en la Plaza de Armas de Huaytire empadronando a futuros alumnos de la recientemente creada Institución Educativa. Anteriormente, un grupo de funcionarios del GR Moquegua, encabezados por el Presidente Regional se presentaron en dicha localidad lo que motivó la reacción de las autoridades locales de Candarave. Los días 17 y 18 de abril se realizaron movilizaciones organizadas por Gobierno Regional y municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, además de un paro regional, organizado por el Frente de defensa de los Intereses de Moquegua como protesta al proyecto de ley Nº 712-2006-PE que establece la demarcación territorial del Distrito de Candarave, provincia del mismo nombre, región

Tacna, en el que se incluye a la localidad de Huaytire, reclamada como perteneciente al Distrito de Carumas, región Moquegua. El resultado de las movilizaciones fue un menor herido y 13 policías con lesiones. Durante la realización del paro participaron aproximadamente cuatro mil personas, quienes bloquearon los accesos al puente Montalvo único acceso a la Ciudad de Moquegua y que constituye también parte de la carretera panamericana y se interconecta con la Carretera Binacional. Algunos analistas afirman que habría intereses vinculados al control de las lagunas de la zona, que han llevado a un intenso negocio de compra y venta de tierras. La población y las autoridades regionales de ambas regiones se encuentran a la espera del pronunciamiento de PCM luego de que dicho proyecto fuera devuelto por la Comisión de Descentralización del Congreso a la PCM (18 de abril), otorgándole un plazo de 60 días. El caso será atendido por la Dirección Nacional de Demarcación Territorial (DNDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A la fecha no se ha realizado ninguna jornada de información por parte de la DNDT respecto del Proyecto de Ley 712-2006-PE, por lo que la población continúa a la espera del pronunciamiento de la DNDT al vencimiento del plazo previsto por el Congreso de la República. Se tomó conocimiento de la intención del Presidente del Gobierno Regional de Moquegua de asistir al izamiento del Pabellón Nacional en Huaytire, así como la oposición a tal acto por parte del Presidente del Gobierno Regional de Tacna y del alcalde de Candarave. El Gobierno Regional de Moquegua ha elaborado sendas notas de prensa y un informe especial sobre la pertenencia de dicha localidad a la región. En Tacna están a favor del proyecto de ley (que incluye tanto al centro poblado menor de Huaytire en la provincia de Candarave como a la laguna de Suches en Tacna). Por su lado, Moquegua indica que ancestralmente estos lugares se han encontrado en Moquegua. De esta manera, el conflicto entre las autoridades de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna continúa. El conflicto continúa, a la espera de pronunciamiento de la PCM y de la Comisión de Descentralización del Congreso. Durante el mes de setiembre, el Congreso, la Comisión de Descentralización de Gobiernos Regionales, Medios de comunicación y organizaciones sociales mantuvieron el tema en agenda. Se está a la espera de pronunciamiento de PCM. A la fecha no se ha realizado ninguna jornada de información por parte de la DNDT respecto del Proyecto de Ley 712-2006-PE, por lo que la población continúa a la espera del pronunciamiento de la DNDT al vencimiento del plazo previsto por el Congreso de la República. Se tomó conocimiento de la intención del Presidente del Gobierno Regional de Moquegua de asistir al izamiento del Pabellón Nacional en Huaytire, así como la oposición a tal acto por parte del Presidente del Gobierno Regional de Tacna y del alcalde de Candarave. El Gobierno Regional de Moquegua ha elaborado sendas notas de prensa y un informe especial sobre la pertenencia de dicha localidad a la región. En Tacna están a favor del proyecto de ley (que incluye tanto al centro poblado menor de Huaytire en la provincia de Candarave como a la laguna de Suches en Tacna). Por su lado, Moquegua indica que ancestralmente estos lugares se han encontrado en Moquegua. De esta manera, el conflicto entre las autoridades de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna continúa. El conflicto continúa, a la espera de pronunciamiento de la PCM y de la Comisión de Descentralización del Congreso. Se está a la espera de pronunciamiento de PCM. En el Congreso, la Comisión de Descentralización de Gobiernos Regionales, Medios de comunicación y organizaciones sociales mantienen el tema en agenda. El 21 de noviembre el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez Salazar, informó que interpondría denuncias penales contra las autoridades de Moquegua por los actos vandálicos cometidos en Huaytire – Candarave. Según la autoridad, los atacantes fueron trasladados en vehículos pertenecientes al Gobierno Regional de Moquegua y las municipalidades de Carumas y Omate. El 6 de diciembre, Radio Uno informó que el alcalde de la Provincia de Candarave (Tacna), Mario Copa Conde, denunció que pobladores moqueguanos se acudieron hasta la zona de Huaytire para repartir mapas modificados de la región de Moquegua, entre los cuales se considera a Huaytire, Suches, Quebrada Honda y la mina de Toquepala, como parte de esta región.

El Presidente del Consejo Directivo de la asociación de Municipalidades de la región Tacna, señaló que no permitirán que se distribuyan más mapas mutilados de su región, donde se anexan a Moquegua territorios legalmente Tacneños, como son Toquepala, Salinas de Puitré, Huaytire y Suches. Señaló además que están elaborando un expediente técnico que será remitido a la PCM. El 23.02 la jefa de la OD Lima deriva el Oficio N° 126-2008-A-MPC remitido por la Municipalidad Provincial de Candarave, solicitando: “interponga el peso de la ley, a fin de evitar cualquier acto de mala fe, que lo único que provocaría es la reacción violenta del pueblo en defensa de sus intereses”. Últimos acontecimientos.- En el mes de marzo no se registran nuevos acontecimientos

NACIONAL 124. Nivel nacional Caso. Ante el pedido de ex trabajadores aportantes FONAVISTAS, el Tribunal de garantías Constitucionales (TC), dictaminó una sentencia que deja expedito el camino para que, mediante un referéndum, se decida la devolución del dinero a los ex trabajadores que entre los años 1979 y 1998 aportaron a este fondo destinado a la construcción de viviendas. Actores. Ex - trabajadores FONAVISTAS, Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), Jurado nacional de Elecciones (JNE), gobierno central, TC. Antecedentes. El Fondo Nacional de Vivienda se creó el 5 de abril de 1979, por Decreto Ley 22591, adjunto al Banco de la Vivienda, durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Su objetivo principal fue satisfacer la necesidad de vivienda de los trabajadores contribuyentes a este fondo. No obstante, sólo un 3.35 por ciento de los trabajadores contribuyentes al Fonavi recibieron algún tipo de servicio o préstamos con fines de vivienda. Es decir, el 94 por ciento de los fonavistas no percibió beneficio alguno de este fondo. De acuerdo con la Asociación de Fonavistas del Perú, el destino de los recursos del Fonavi debió ser único y exclusivamente para la construcción de viviendas que serían vendidas o alquiladas a los trabajadores contribuyentes; así como para el otorgamiento de créditos con fines de vivienda a los trabajadores contribuyentes al fondo. Aproximadamente cinco millones de trabajadores realizaron sus aportes respectivos al Fonavi entre 1979 y 1988. Se calcula que los ahorros de los trabajadores aportantes del Fondo Nacional de Vivienda alcanzan los 10 mil millones de nuevos soles. La sentencia emitida por el Tribunal, el 3 de setiembre del 2007, declaró nulas las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que habían impedido la realización del referéndum, por considerar que la materia de consulta era de tipo tributaria. Hechos. Al 1 de agosto 2008 la ANFPP se encontraba a la espera de que se notifique al JNE sobre el pronunciamiento de referéndum. El 5 de agosto, se frustró la entrega de la notificación judicial que obliga al JNE a convocar, en un plazo de 48 horas, a referéndum nacional para la devolución de los aportes al Fonavi. Las celebraciones por el Día del Juez impidieron que la Central de Notificaciones del Poder Judicial entregara al órgano electoral. La Resolución N° 27 emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima en la que se le ordena cumplir la sentencia del TC y llevar adelante el referéndum. Los fonavistas reanudaron su vigilia frente a la sede del Jurado, a la espera de que este haga pública la fecha para la consulta popular. El 6 de agosto, el Poder Judicial entregó al JNE la notificación en la que le otorgan, por única vez, un plazo de 48 horas para que emitan una nueva resolución fijando la fecha para el referéndum nacional que determine la devolución de los aportes al Fonavi. Según la resolución Nº 23 del Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, el juez Hugo Oré atendió el pedido que el órgano electoral le hizo el 30 de junio y le concedió una ampliación para que, una vez instalados todos los miembros del Pleno, determinen la fecha de la consulta popular. Pero el JNE tiene otra lectura de los hechos, a pesar de que dicho ente solicitó un nuevo plazo para cumplir con la ejecución de la sentencia, el secretario general del ente electoral, Juan Falconí, adelantó que no fijarán fecha para la consulta pues –según precisó– el juez les ha concedido apelar ante la Corte Superior. El día 8 de agosto unas 200 personas se apostaron en las puertas del JNE para exigir que acate la resolución judicial que ordena convocar la consulta popular. Asimismo, se informa que son 512 mil ex aportantes inscritos en el registro electrónico habilitado por la comisión Fonavi. La Asociación Nacional de Fonavistas (ANF) propuso al Sétimo Juzgado Civil de Lima que se establezca el 14 de diciembre

como fecha para el referéndum que debe convocar el JNE para determinar la devolución de los aportes del Fonavi, comunicó el secretario general, Andrés Alcántara. El 14 de agosto, el Sétimo Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por el JNE a la resolución 27, la misma que le daba plazo de 48 horas para convocar al referéndum que defina la forma en que se devolverán los aportes a los fonavistas. Según detalló el abogado de los fonavistas, Raúl Canelo, el ente electoral ya no tiene más excusas para dilatar la ejecución de la sentencia emitida por el TC. El día 16 el Sétimo Juzgado Civil de Lima sancionó al Jurado Nacional de Elecciones con cuatro Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 14 mil soles, por incumplir con el mandato judicial que le otorgaba un plazo de 48 horas para convocar al referéndum que definirá la forma de devolución de los aportes a los fonavistas. Según el abogado de los fonavistas, Raúl Canelo, de no cumplir con el fallo, el juez podría destituir a los magistrados. El también abogado de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP) adelantó que solicitará al Séptimo Juzgado Civil de Lima que convoque a un referéndum para definir la devolución de los aportes al Fonavi, como lo ordena una sentencia del TC. Los fonavistas proponen la consulta para el día 14 de diciembre. Está pendiente que el pleno del JNE se reúna con la Asociación Nacional de Fonavistas para escuchar sus argumentos para la realización de un referéndum que defina la devolución de los aportes al Fonavi. La asociación tiene la expectativa que los nuevos miembros, Greta Minaya y Ulises Montoya, se aboquen al expediente que contiene la demanda de los fonavistas. El 23 de setiembre el Poder Ejecutivo amplió las funciones de la Comisión Fonavi para que determine los importes susceptibles a ser devueltos a favor de los aportantes al ex Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a través de bonos, materiales de construcción o programas de vivienda. La Comisión determinará los montos susceptibles de ser devueltos a favor de los aportantes al Fonavi, sobre la base del informe técnico que elabore como parte de sus funciones, según el decreto supremo 065-2008-PCM. La comisión realizará la deducción de los recursos que el Estado ha destinado para la ejecución de los distintos programas y proyectos de infraestructura sanitaria, electrificación, construcción de viviendas y otros que se hayan desarrollado con recursos del Fonavi. El decreto señala que esta devolución se efectúa en virtud de un fallo del Tribunal Constitucional a favor de los fonavistas. El 1 de octubre el presidente del JNE, Enrique Mendoza, indicó que el pronunciamiento pendiente por parte de este organismo electoral -sobre un referéndum que decida la devolución de los recursos entregados al FONAVI- depende de la respuesta que reciban del PJ. Precisó, además, que al ser el JNE un órgano jurisdiccional, debe emitir una resolución colegiada, para la cual aún tiene un plazo de 30 días útiles. Al día siguiente, cerca de medio millar de jubilados y pensionistas, marcharon por las principales calles de la ciudad, pidiendo que el Estado promulgue una Ley para que les devuelvan sus aportes. El 16 de octubre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó, por mayoría, la convocatoria al referéndum para definir la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el cual se realizará el 1 de mayo de 2009, en cumplimiento del mandato judicial que se dio tras la opinión favorable del Tribunal Constitucional. Este nuevo pronunciamiento habría sido emitido a pesar que aún está pendiente un recurso de apelación en trámite ante la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. El 17 de octubre el presidente del JNE, indicó que todos los peruanos están obligados a participar en dicho proceso, el cual --calculó-- demandará al Estado un presupuesto de aproximadamente 170 millones de nuevos soles. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, aseguró que la realización de un referéndum resulta innecesaria e inútil. El 18 de octubre el JNE mediante la Resolución N° 331- A- 2008 – JNE dispuso integrar la Resolución N° 331 – 2008 – JNE, consignando el domingo 3 de mayo de 2009, como fecha para la realización del Referéndum Nacional para aporbación o desaprobación del Proyecto de Ley Devolución del dinero del FONAVI. El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, dijo el día 20, que presentará una iniciativa para que el Congreso apruebe el proyecto legislativo presentado por los ex aportantes del FONAVI, y de esta manera evitar el gasto en la organización y ejecución del referéndum que se realizaría el 3 de mayo del 2009. Y el día 27, la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Lima resolvió a favor de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), declarando improcedente el pedido de archivamiento del proceso que pidiera el anterior pleno del Jurado Nacional de Elecciones -salvo su presidente, Enrique Mendoza-, con la finalidad de evitar el referéndum nacional. Legalmente están dadas las condiciones para la consulta nacional que se

realizará el 3 de mayo del 2009, fecha en que la ciudadanía votará a favor o en contra del proyecto de ley de devolución de aportes, bajo ocho modalidades, en beneficio de todos los que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda. El 4 de noviembre los medios de comunicación social dieron a conocer que un millón 40 mil personas se inscribieron en Lima Metropolitana para el proceso de devolución de los aportes al ex - Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) cuyo plazo venció el 31 de octubre. El presidente de la Comisión Multisectorial del gobierno encargado del asunto, Benjamín Vera, informó que el siguiente paso es ampliar la inscripción de los ex fonavistas a todo el territorio nacional. Al día siguiente, más de 800 fonavistas de la provincia de Huaraz se movilizarán para promover el “Sí”, en el marco de la convocatoria del referéndum que busca la devolución de los aportes del FONAVI, que se realizará el 3 de mayo del 2009. El presidente de la Asociación de Fonavistas del Perú, base Huaraz, Pedro Alfaro Valladares informó que el dirigente nacional Daniel Alcántara Paredes y el abogado Raúl Canelo encabezarán la movilización masiva en el marco de la cruzada nacional rumbo al referéndum. El día 9 de noviembre, el presidente de la Comisión de Vivienda, Elías Rodríguez, informó que con los 170 millones de soles que se dejará de gastar, de no llevarse a cabo el referéndum, más el dinero que recaudó la Comisión Liquidadora del Fonavi, cantidad que se definirá dentro de dos semanas, se devolverán los aportes a los ex fonavistas. La Comisión Especializada en Fonavi estará conformada por un funcionario representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, uno del MEF, uno del Ministerio de Vivienda, uno del Ministerio de Trabajo, uno de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, uno de la Sunat, uno de la ONP, uno de la Defensoría del Pueblo y cuatro de la Asociación de Fonavistas de los Pueblos del Perú, debidamente acreditados. En este caso la presidencia recae en un representante de los fonavistas. Mientras que, el 17 de noviembre, el Sr. Rubén Durand, Gerente de Organización de la ONPE afirmó que el referéndum del 3 de mayo del 2009, para definir las modalidades de devolución de los aportes efectuados al ex Fonavi, costará un total de S/.102 millones. El funcionario explicó que el proceso tendrá las mismas características de una elección popular, pues requerirá la instalación de mesas de votación, la impresión de cédulas y el establecimiento de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. El 2 de diciembre el presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Elías Rodríguez, anunció el debate del proyecto de ley sobre la devolución del total actualizado de los aportes al FONAVI para evitar la realización del referéndum convocado para el 3 de mayo de 2009, como autor de la propuesta, precisó que se busca generarle un ahorro al Estado de más de 150 millones de soles, que representaría el costo de la consulta popular. De acuerdo con el proyecto de ley se permitirá la devolución del total de los aportes hechos por los fonavistas, previa actualización de los montos, los primeros en cobrar serán los mayores de 60 años. El 17 de diciembre la ONPE dio a conocer que inició la planificación y organización del referéndum nacional para aprobar o rechazar el proyecto de ley que establece la devolución de los aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). El 18 de diciembre la doctora Greta Minaya, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), criticó la propuesta del Premier Yehude Simon, quien señaló que se podrían devolver los aportes del ex Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) de manera directa y sin necesidad de realizar el referéndum del 3 de mayo de 2009. La Dra. Minaya explicó que una vez emitida la resolución del JNE, no hay modo de parar el referéndum. Asimismo, exhortó a los otros poderes del Estado, como el Congreso de la República, a no interferir en asuntos que están fuera de su competencia. El 22 de diciembre la asociación nacional de fonavistas asegura que continuará con la denuncia constitucional contra el congresista Elías Rodríguez a quien acusan de pretender frustrar la realización del referéndum. Por su parte, el congresista Rodríguez señaló confiar que esa acusación no prosperará ya que “carece de sustento y de objeto material”. El 4 de enero 2009 el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas, Andrés Alcántara, declaró que la ministra de Justicia Rosario Fernández haya descalificado el referéndum por considerar que –según ella– es una de las evidencias de que el gobierno hará lo posible por desacreditar la consulta. Por su parte, el presidente de la comisión multisectorial del caso FONAVI, Benjamín Vera, dijo que la posición de la Asociación Nacional de Fonavistas de insistir en llevar a cabo un referendo para la devolución de los aportes a ese fondo es “obcecada” y responde al interés subalterno de formar un partido. El día 17 la Dra. Greta Minaya, integrante del Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo que el MEF estaba obligado a dar el dinero hasta la primera semana de enero. El 19, el presidente de la Comisión Multisectorial del Fonavi de la Presidencia del Consejo de Ministros, Benjamín Vera sostuvo que para los primeros días de febrero se tiene

planificado reconocer el derecho de por lo menos 100 mil fonavistas a través de la entrega de materiales de construcción, bonos y/o trato preferencial en los programas sociales de viviendas, precisó que esas tres modalidades de devolución son las que tipificó el Tribunal Constitucional en su sentencia que reconoce el derecho de los ex aportantes para recuperar su contribución. El 21, los miembros de la Comisión Multisectorial del Fonavi, encargados de revisar el destino de las cuentas de este fondo desde 1979 hasta 1998, advirtieron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) nunca les ha proporcionado los recursos para el cumplimiento de su labor y tampoco les ha cancelado sus salarios de los últimos nueve meses. El día 22, cerca de mil fonavistas salieron a las calles ayer para demandar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el inicio de acciones contra el Poder Ejecutivo, por su desacato a la resolución del órgano electoral, con intención de trabar la ejecución del referendo para determinar si el Estado debe devolver o no, sus aportaciones a los casi cinco millones de fonavistas. Andrés Alcántara, presidente de la Asociación de Fonavistas, declaró que entregaron una solicitud en el JNE exigiendo que tomen las medidas necesarias para presionar al Ejecutivo. Dejaron un memorial en el Ministerio de Economía para demandar a dicho sector que autorice el otorgamiento de la partida necesaria para la realización del referéndum. El 27, el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas declaró que más de 350 observadores internacionales llegarán al Perú para participar en el referéndum fonavista, el cual se realizará el 3 de mayo, indicó que en Bolivia se reunió con observadores de diversos organismos internacionales, a quienes les invitó para velar por la legalidad y la transparencia del proceso electoral, cuyos resultados devolverán los aportes a casi cinco millones de fonavistas. El 4 de febrero 2009 debido al retraso de más de tres meses en la asignación del presupuesto para realizar el referéndum, que determinará si se devuelve o no el dinero aportado, la Asociación de Fonavistas del Perú denunció penalmente al viceministro de Hacienda José Arista, al director nacional de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Juan Muñoz y a otros funcionarios. El 9 de febrero la Asociación Nacional de Fonavistas se lanza como partido político con más de 177 mil firmas y 75 bases en todo el país. El 13 de febrero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió la solicitud de inscripción del partido que impulsa la Asociación de Fonavistas. Sin embargo, aclaró que se trata solo del primer paso de un largo proceso. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 125. Nivel nacional Caso. Los trabajadores del sector salud mantienen sus medidas de protesta demandando la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETAs). Actores. Trabajadores del sector salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas. Hechos. Los trabajadores del sector salud iniciaron una huelga nacional indefinida, en las regiones las medidas fueron diversas. En Ancash, más de 150 trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud de Ancash tomaron esta sede, como parte de la huelga indefinida que acatan en demanda al cambio de Edgar Caballero Cano, director de esa oficina departamental. Se señaló que los manifestantes piden además la destitución inmediata del administrador Wilson Ávalos Ángulo y del jefe de Logística César Suárez, a quienes les prohibieron el ingreso. Se sostuvo que los trabajadores administrativos acusan a los tres altos funcionarios de malos manejos económicos. El 4 agosto en Trujillo, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional anuncian que este 13 y 14 de agosto paralizarán sus labores. Según el dirigente del Regional, Walter Camacho Saucedo, el pasado 31 de julio se les debió cancelar sus Aetas, además, señaló que habría intención de incumplir la ordenanza emitida por el presidente de la región, José Murgia Zannier. Es decir, el titular del Gobierno Regional designa el pago de diez Aetas y no de cinco. El día 7 la Federación de Trabajadores del Sector Salud de Piura, cumple su tercer día de huelga indefinida a través de la cual exige el cumplimiento de las actas firmadas, tanto a nivel regional como nacional, informó su secretario general Marcelo Guevara Salas. El dirigente explicó que la medida de protesta se debe a que las autoridades no han respetado sus demandas laborales, pese a la suscripción del documento en julio del año pasado. Refirió que los puntos del pliego que están pendientes son: el nombramiento de los contratados, concurso de plazas orgánicas, reorganización el sector, pago total de las Asignaciones Especiales por Trabajo Asistencial (AETAS) y la nivelación de sueldos. El 6 de agosto, los trabajadores del sector Salud de Tumbes radicalizaron la medida y se hicieron cortes en los brazos. Esto se produjo ayer en el frontis de la

Dirección Regional de Salud, luego de que el gobierno regional elevara un informe que declaraba que la protesta era ilegal. Los manifestantes advirtieron que su próxima acción será una huelga de hambre. El día 6 en Huancayo, Dpto. Junín, los familiares de los internados en el hospital El Carmen se quejaron y gritaron en las puertas del nosocomio que no tenían una atención adecuada. Desde el 6 agosto los dos hospitales y la totalidad de postas medicas de Iquitos atendiendo en forma parcial debido al reinicio de la huelga regional indefinida de trabajadores asistenciales, administrativos y enfermeras del sector salud en Loreto. Los huelguistas, quienes acataron un paro de 48 días hasta inicios de julio pasado, demandan una serie de beneficios laborales y el nombramiento de más de 300 trabajadores eventuales. Según el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Hospital Regional de Loreto, Gerardo Monge, sólo reciben 270 nuevos soles por este concepto, mientras que en Lima el pago es de 660 soles, lo que no es acorde al alto costo de vida en la región. La medida de lucha es acatada en las ciudades de Yurimaguas (Alto Amazonas), Contamana y Requena, donde los trabajadores sólo atienden en áreas de emergencia. El 6 de agosto, en Piura, los trabajadores de Salud han iniciado su primer día de huelga indefinida. En algunos establecimientos, los pacientes tuvieron problemas con la atención, mientras en el Hospital Santa Rosa no tuvo la acogida que esperaba el sindicato. Carlos Morales Raymundo, secretario del Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud (Sutssa), informa la toma de la Dirección de Salud (Disa) de Piura, Sullana y de la red Morropón-Chulucanas. También reconoce que por desinformación todas las bases no se han plegado a su lucha. El sentido de la huelga, explica el dirigente, es por el incumplimiento de acuerdos regionales y nacionales por parte de las autoridades. El 9 de agosto, en Loreto, decenas de personas reclamaron ser atendidos, los consultorios cerrados y los trabajadores protestando fue el panorama en el Hospital Regional de Loreto y el Hospital de Apoyo de Iquitos “César Garayar García”. En la ciudad de Trujillo, el 13 de agosto, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional denunció que el Gobierno Regional y la Gerencia de Salud aún no pagaba las Asignaciones Extraordinarias de Trabajos Asistenciales (AETAS), el gerente de Salud, Henry Rebaza Iparraguirre, sostuvo que en 72 horas se cancelará dicha asignación. Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional Docente de Trujillo, Walter Camacho Saucedo, sostuvo que se realizará un paro preventivo regional este 20 y 21 de agosto. El día 19, el director regional de Salud (e), Gino Cornejo Merino, La Libertad, informó que como se acordó en la mesa de diálogo con los dirigentes, se reunirán con el titular de Salud para evaluar las demandas de los trabajadores de Salud, entre las que destaca el concurso inmediato de plazas presupuestadas. Asimismo, la nivelación de trabajadores contratados al sueldo mínimo vital, implementación de aetas; entres otras que provendrían de las diversas unidades ejecutoras de la región. El día 22, los trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ancash decidieron suspender hasta el 25 de agosto su huelga indefinida, luego de que el presidente regional César Álvarez Aguilar decidiera denunciar a dos funcionarios de esa entidad, por supuestos actos de corrupción. La decisión no convenció del todo a los trabajadores administrativos, porque ellos solicitan la separación del cargo de esos dos funcionarios, así como del director de esa oficina departamental, Edgar Caballero Cano. Según Álvarez Aguilar, la Dirección Regional de Salud de Ancash contará con nuevas autoridades a partir de la segunda semana de setiembre. En Loreto, el 4 de agosto los trabajadores administrativos y personal asistencial no médico de la Región Loreto anunciaron el reinicio de la huelga debido a que aún se ha pagado las AETAS. La OD Loreto supervisó el Hospital Regional de Loreto, Hospital de Apoyo de Iquitos, Centro de Salud San Juan, Centro de Salud de Moronacocha y el Centro de Salud de Nanay, verificándose la normal Atención de los usuarios por el servicio de emergencia. Además, el Cuerpo Médico de los hospitales de Apoyo de Iquitos y Hospital Regional, han acordado reiniciar la huelga médica sumándose a la huelga del personal administrativo y asistencial no médico, pero no han precisado la fecha en la que paralizaran sus actividades. El 6 de agosto se reinició la huelga indefinida de trabajadores Asistenciales, administrativos y enfermeras, donde el Hospital Regional de Loreto, el Hospital de Apoyo de Iquitos y la totalidad de postas medicas de Iquitos atienden en forma parcial. Según el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Hospital Regional de Loreto, Gerardo Monge, sólo reciben 270 nuevos soles por este concepto, mientras que en Lima el pago es de 660 soles, lo que no es acorde al alto costo de vida en la región. La medida de lucha es acatada en las ciudades de Yurimaguas (Alto Amazonas), Contamana y Requena, donde los trabajadores sólo atienden en áreas de emergencia. Por su parte, el 4 de agosto, el presidente

Regional de Loreto remitió a la Presidencia de Consejo de Ministros el Oficio Nº 725-2008-GRL-P en el cual recuerda que el Gobierno Regional de Loreto (GRL) ha presentado propuestas de solución a la PCM y al Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar el problema que no requeriría mayor presupuesto del ya asignado al pliego del GRL, para lo cual se utilizaría fondos de otros sectores del presupuesto del GRL, sin embargo esta propuesta no ha sido atendida. Luego el 8 de agosto, se informó en los medios de comunicación que el GRL propone la elaboración de un decreto de urgencia que permita transferir el saldo de un monto presupuestado para el sector Educación al pago de las Aetas en Salud. Sin embargo, el Presidente Regional de Loreto manifiesta que el Ministerio de Economía se opondría a dicha propuesta ya que atentaría contra la Ley del Presupuesto General de la República. El mismo día, Héctor Tenorio, presidente del Comité Regional de Lucha de los Trabajadores de Salud, indicó que el gobierno regional loretano tiene la solución en sus manos toda vez que la ley faculta a utilizar el 20% del canon petrolero para gastos corrientes; y el pago de las AETAS significaría gastar solo el 0,5% del canon. Mediante Resolución Directoral Nº 684-GRL-DRSL/30.01, publicada el 27 de agosto de 2008 en el diario “La Región” de Loreto, la Directora Regional de Salud, Carmen Montalván Inga, ha declarado ilegal la huelga. La mencionada resolución también dispone que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios inicie las acciones disciplinarias contra los servidores del sector salud sujetos a las sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por el D.S. 005-90-PCM. Por su parte, Oficina Defensorial de Loreto, visitando permanentemente los establecimientos de Salud a fin de verificar la atención por el servicio de emergencia, así como el funcionamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos y la atención normal de los pacientes con VIH, malaria, tuberculosis. En Iquitos, el día 1 de setiembre, dos trabajadores huelguistas se declararon en huelga de hambre, radicalizando la huelga indefinida. Se está a la expectativa que el MEF apruebe los fondos para que el Gobierno Regional de Loreto pague las AETAS. El día 10 de setiembre, 4 trabajadores declarados en huelga de hambre fueron hospitalizados en el área de emergencia del Hospital Regional de Iquitos por presentar problemas de salud como resultado del prolongado ayuno. Comisionados de la Oficina Defensorial de Loreto constató la atención médica que se realizó a los huelguistas. Desde el inicio de la huelga médica a nivel nacional el 15 de setiembre, las protestas en Loreto se concentran en las demandas de los médicos cirujanos. El día 9 de setiembre, se publicó el Decreto de Urgencia 040-2008 mediante el cual se autoriza el pago de AETAS a los médicos cirujanos y asistencial (nombrado y contratado) de los gobiernos regionales de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Según el Ministro de Salud, el monto destinado a estas tres regiones para el pago de AETAS alcanzaría los 350 mil nuevos soles. El 22 de octubre, en Ayacucho, luego de un mes de huelga en el sector Salud, los trabajadores asistenciales suspendieron la huelga llegando a un acuerdo sobre la habilitación de la bolsa de víveres como compensación de las AETAs, las que no se les entrega parcialmente. Se ha dispuesto que los trabajadores asistenciales del Hospital Regional de Ayacucho reciban una bolsa de víveres mensual. El día 24 de octubre la Oficina Defensorial de Loreto (OD Loreto) informa que exhortó a los trabajadores no médicos y a los trabajadores médicos no dejar de atender los servicios esenciales de salud. Asimismo, la OD Loreto ha realizado la supervisión de la cobertura de los servicios esenciales de salud durante la huelga y el seguimiento de las gestiones del gobierno regional para solucionar la problemática del sector salud en Loreto. El 19 de noviembre 2008, en Piura, el secretario general del Sindicato de trabajadores del sector Salud, Marcelo Guevara, anunció la continuación de la huelga indefinida a pesar que el día 18 se consiguieron algunos acuerdos con el director regional de salud, relacionados a la asignación de plazas vacantes, la directiva para la contratación de servidores y en una segunda etapa el nombramiento de contratados. El 25 de noviembre el diario Correo de Piura informó que los trabajadores del sector Salud de Piura realizaron una movilización hacia la sede del gobierno regional para presentar un memorial respaldando la solicitud de presupuesto para el 2009 y a la vez el reclamo de nombramiento de personal contratado e incremento de las AETAs. El dirigente de los trabajadores, Pedro Prieto, indicó que 80% de los centros de salud han paralizado y sólo hay piquetes de emergencia. En Iquitos, la Oficina Defensorial de Loreto informa que la huelga del personal administrativo continúa suspendida. Mediante R.M. Nº 855-2008-MINSA publicada en “El Peruano” el 6 de diciembre, se aprobó la transferencia financiera a favor de 22 gobiernos regionales para el pago de las AETAS y pago de productividad para Direcciones Regionales de Salud. Según la norma, la transferencia financiera

se destinará para pagar a los médicos, personal asistencial y técnico administrativo de las direcciones regionales de salud. El 28 de enero de 2009, en Ayacucho, trabajadores del sector salud suspendieron sus labores y salieron a las calles para exigir reivindicaciones laborales. La manifestación llegó hasta el frontis del Gobierno Regional, reiterando sus pedidos de nivelación de las AETAs. El 30 de enero de 2009 se publicó en “El Peruano” el Decreto de Urgencia 013-2009 que autoriza la trasferencia de partidas a favor de 23 gobiernos regionales para el financiamiento de las AETAS y productividad. Los Gobiernos Regionales podrán pagar hasta 6 AETAs adicionales a favor del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes y 6 productividades adicionales al personal administrativo del sector salud de 23 Gobiernos Regionales desde enero de 2009. En febrero de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que el pago del incremento de las AETAs para los trabajadores asistenciales y productividad, así como también el reintegro de enero de 2009, para el personal administrativo del sector Salud de los gobiernos regionales (en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2009), se efectuará junto con el pago de las remuneraciones del mes de febrero. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, los medios de comunicación informaron que en Loreto, el día 7, el Dr. Ciro Torrejón representante de los médicos señaló el retraso en el pago de las AETAs en la región. También, los medios de comunicación de la región Piura informaron que en Sullana el día 12 un estimado de 200 trabajadores del sector Salud integrantes de la subregión de Salud “Luciano Castillo Colonna” protestaron en las calles, reclamando el cumplimiento del pago de AETAs por parte del Gobierno Regional de Piura. Luego, el 1 de abril se informó en los medios de comunicación que la Coordinadora Regional de Trabajadores de los Hospitales de la Región Ica, a través del Dr. Mario Astocaza dirigente de la Federación Médica de Ica, anunció que se realizaría una paralización de 24 horas ante el incumplimiento del Gobierno Regional de Ica en el pago de las AETAs de enero, febrero y marzo por parte. 126. Nivel Nacional Caso. La Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú reclama sobre presunto despido indebido de trabajadores mineros de las empresas Southern, Los Quenuales y Barrick Misquichilca S.A. Actores. Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Southern, Los Quenuales, Barrick Misquichilca S.A., Ministerio de Trabajo. Antecedentes. Integrantes de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, entre ellos los mineros y metalúrgicos de Southern, los Quenuales y Barrick Misquichilca acatan huelga nacional, auspiciada por la Federación indicada, del 30 de junio al 6 de julio. Hechos. La Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú señala que las empresas Southern (sus filiales de Cuajone e Ilo), los Quenuales y Barrick Misquichilca han despedido a trabajadores y dirigentes sindicales (en el caso de Southern Cuajone se habría despedido a Román More Peña, secretario general del Sindicato de Cuajone) por presuntamente haber faltado a sus puestos de trabajo. La Federación señala que la huelga fue desarrollada dentro del marco legal, es decir, la huelga fue levantada antes del 7 de julio de 2008 (fecha en la que se confirmó la ilegalidad de la huelga). La Unidad de Conflictos Sociales indagó sobre este caso con la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT). Ésta indica que con las empresas Southern, Los Quenuales y Barrick Misquichilca ha realizado diversas reuniones. Respecto a la empresa Los Quenuales se encuentran 4 trabajadores despedidos, la DNRT junto a los trabajadores de la empresa y representantes de la empresa suscribieron un acta el 24 de julio para instalar una mesa de diálogo para discutir el tema de los trabajadores despedidos y dejar de lado la vía judicial. Luego, el 18 de agosto se realizó la segunda mesa de diálogo para discutir el tema de los mineros despedidos y la problemática laboral de la empresa. Sobre lo mismo se programó una tercera mesa de diálogo para el 27 de agosto. Con relación al caso de la empresa Barrick Misquichilca existe la denuncia de despido indebido de 9 trabajadores, indica la DNRT que la empresa en las reuniones de diálogo que propició junto a los trabajadores y la empresa, ésta mantiene los fundamentos del despido, señalando que se sujeta al eventual inicio de la vía judicial por parte de los trabajadores mineros. Respecto a la empresa Southern se encuentran 17 trabajadores mineros despedidos de sus sucursales de Ilo y Cuajone. La DNRT informa que se han auspiciado diversas reuniones con los representantes de la empresa y los trabajadores sin haberse conseguido acuerdos; por lo cual la empresa mantiene los fundamentos de los despidos,

indicando que se sujeta al eventual inicio de la vía judicial por parte de los trabajadores mineros. Además, a finales de la primera quincena de agosto se realizó una inspección laboral en la empresa respecto al despido de los trabajadores. El día 15 de setiembre, el Ministerio de Trabajo informó que la empresa “Los Quenuales”, como resultado del acta suscrita con los trabajadores, contrató a los cuatro trabajadores despedidos por las empresas especializadas (contratistas) de “Los Quenuales”. Se acordó que los cuatro trabajadores serán contratados por la empresa principal (“Los Quenuales”) por un periodo inicial de 6 meses (a plazo determinado). Luego de trascurrido este periodo, los trabajadores serán contratados a plazo indeterminado. En octubre, no se registran nuevos acontecimientos. En conversación con el funcionario responsable de reuniones extraproceso de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT) del Ministerio de Trabajo, en octubre ni Southern ni Barrick Misquichilca han acudido a la DNRT. En noviembre, no se registran nuevos acontecimientos. En diciembre, según información del funcionario responsable de reuniones extraproceso de la DNRT no se registran nuevos acontecimientos, indicando que los reclamos contra las empresas Barrick Misquichilca y Southern se encontrarían en la vía judicial. En enero 2009, la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo del MINTRA informa que respecto a la situación de los despedidos de la empresa Southern indicando que la controversia entre las partes está en la vía judicial. De otro lado, respecto a la empresa Barrick Misquichilca, el 29 de enero la Directora Nacional de Relaciones de Trabajo asistió a la Mesa de Diálogo organizada por la PCM donde asistió la empresa Barrick y la Federación Nacional Minera comprometiéndose la empresa a citar a los trabajadores para dialogar y encontrar una solución al problema. En febrero de 2009, según información proporcionada por la titular de la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo a la Defensoría del Pueblo, las empresas Barrick y Southern han optado por esperar los resultados de la vía judicial iniciada respecto a los trabajadores despedidos. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, el día 17 se conoció en los medios que los trabajadores despedidos de Southern continúan reclamando su reincorporación en sus puestos de trabajo, encontrándose a la espera del resultado de la acción de amparo presentada. Con relación al caso Barrick, la Defensoría del Pueblo entrevistó al Sr. Oswaldo Reymundo García, secretario general adjunto del sindicato quien informó que el 13 de abril se ha programado una audiencia judicial sobre los despedidos de la empresa. 127. Nivel Nacional Caso. Organizaciones sindicales de los empleados civiles (administrativos y asistenciales) de la Fuerza Aérea, Ejército y Marina, del sector Defensa, inician huelga general indefinida por demandas laborales. Actores. Organizaciones sindicales de los empleados civiles (administrativos y asistenciales) de los institutos armados del sector Defensa; Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía. Antecedentes. El 27 de mayo, un grupo de empleados civiles del sector Defensa acudieron a los exteriores de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reclamar al Ministro por la homologar del incentivo laboral proveniente del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE). Carlos Infante Torres, dirigente del SUT CAFAE, señaló que los trabajadores sólo reciben 100 nuevos soles mensuales y que los funcionarios del Ministerio de Defensa perciben entre 1000 a 1600 nuevos soles por el mismo concepto. También manifestó que el ministro de Defensa ha gestionado ante el MEF el crédito suplementario para homologar el incentivo laboral con el resto de funcionarios. De otro lado, la representante del personal civil del Ejército, Elsa Zapata, informó que si sus reclamos no son atendidos, radicalizarían las medidas de fuerza ya realizadas, con huelgas y paros. Hechos. Las principales demandas de los representantes de las organizaciones sindicales son: 1. la equivalencia remunerativa con el personal militar, 2. Nivelación del incentivo laboral que se otorga vía CAFAE, 3. Incremento de la ración orgánica de S/. 1.30 a S/. 6.00 nuevos soles, 4. Nombramiento del personal contratado, 5. Cumplimiento de la Ley 29142 art. 6.2 literal 1 donde se da una asignación de 100 nuevos soles desde enero de 2008 y, según los sindicatos, se habría excluido a 5437 trabajadores civiles del sector defensa de salud y docente, y 6. Cumplimiento del incremento del monto de las guardias hospitalarias, según Ley 28167. El 14 de agosto los empleados civiles del sector Defensa iniciaron una huelga general y nacional indefinida y desde el 21 de agosto se empezó una huelga de hambre. El 21 de agosto representantes de las organizaciones sindicales se reunieron con el Ministro de Defensa iniciando el diálogo sobre sus

demandas. Al día siguiente, 22 de agosto, ambas partes suscribieron un acta de inicio de diálogo para la recepción de propuestas y continuación del diálogo. Luego, el 25 de agosto se produjo un enfrentamiento entre empleados civiles del Ministerio de Defensa y agentes policiales, resultando cuatro empleados heridos y otros dos detenidos frente a la sede del Ministerio de Defensa. Los desmanes se produjeron luego de que los manifestantes bloquearan el tránsito, algunos decidieran encadenarse a la puerta del local del Ministerio y la policía intentara dispersarlos. Los policías que resguardan el local lanzaron gases lacrimógenos para restaurar el orden y los huelguistas lanzaron piedras y palos. El día 28, el diario “El Comercio” reseñó el informe ministerial sobre el “sinceramiento” de las remuneraciones en el sector Defensa, indicándose que el costo total del anteproyecto para incrementar, en seis etapas, los sueldos en las FF.AA. y en la Policía Nacional se estima en 2.491 millones de soles. El día 7 de setiembre, los trabajadores civiles de la FF.AA. ingresaron a la Catedral de Lima, pidiendo que el Cardenal de Lima se pronuncie a favor de ellos y no solo del personal militar. El día 11 de setiembre, los trabajadores civiles de la FF.AA. tomaron la Av. Abancay (en Lima) y rechazaron recorte presupuestal del sector Defensa. Luego se dirigieron al Congreso de la República siendo recibidos por los congresistas Isaac Mekler, Nancy Obregón y Susana Vilca. El congresista Mekler informó que el día 15, una delegación de la Comisión de Defensa del Congreso se reunirá sobre el tema con el ministro de Economía buscando una solución a las demandas de los trabajadores civiles. El día 13 de setiembre los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas suspendieron la medida tras iniciar un dialogo con el Presidente del Consejo de Ministros. La reunión fue realizada con los dirigentes de los sindicatos de los tres institutos armados y los representantes del CAFAE de las tres fuerzas armadas. Yolanda Rivera, dirigente del sindicato de trabajadores de las Fuerzas Armadas, señaló que el premier aseguró a los representantes de los trabajadores que está dispuesto a resolver sus reclamos, entre ellos la nivelación de sus sueldos con los de oficiales y subalternos de las FF.AA. El día 22 de setiembre, los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa advirtieron que si hasta el 13 de octubre, el Ejecutivo no resuelve sus demandas de homologación de sueldos con los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, reiniciarían la huelga indefinida. La mesa de diálogo instalada entre representantes de los empleados y del Ministerio de Defensa (MINDEF) para plantear fórmulas de solución a sus reclamos sobre la equivalencia remunerativa y el incremento del CAFAE, según Yolanda Rivera secretaria general del Sindicato de Trabajadores Públicos del Ejército- no estaría dando resultados. La dirigente sindical señaló que en los últimos 12 días se han sostenido tres reuniones con el premier Jorge del Castillo, aunque sin acuerdo alguno. Rivera indicó que si no se consiguen acuerdos concretos, los trabajadores civiles no dudarán en retomar la medida de lucha. El día 19 de octubre los representantes de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas manifestaron a los medios la preocupación por la extendida suspensión de la mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. La secretaria general de los trabajadores civiles del Ejército, Yolanda Rivera, invocó al presidente del Consejo de Ministros reiniciar el diálogo suspendido ante la renuncia del ex premier Jorge Del Castillo. Además, anunció que existe la decisión de iniciar una huelga nacional indefinida, si el diálogo se dilata aún más. El 5 de noviembre los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas realizaron un plantón en los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sin ser recibidos por el Premier Yehude Simon. Tomás Tafur, dirigente de la asociación de trabajadores civiles señaló que llegaron hasta la PCM para reclamar soluciones a su reclamo. El dirigente sindical reveló que Yehude Simon los recibirá el lunes (10/11) para conversar sobre sus reclamos y buscar solución. El 11 de noviembre los dirigentes de los trabajadores civiles del sector Defensa acudieron a la oficina del presidente de Consejo de Ministros quien, según informan los medios de comunicación, trasladó su pedido a la Comisión de Presupuesto del Congreso donde el congresista Falla La Madrid les señaló que el Ministro de Economía estaría dispuesto a considerar su caso. Por su parte, la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Ejército Yolanda Rivera señaló que los trabajadores en provincias están dispuestos a reiniciar medidas de protestas e incluso marcharían hacia Lima si no hubiera resultado favorable a su reclamo. El 26 de noviembre los trabajadores civiles del sector Defensa marcharon al Congreso para exigir la nivelación del Fondo de Asistencia y Estímulo (FAE), así como la equivalencia remunerativa de su sueldo con el personal militar. Miembros del Comité de Apoyo del FAE y el Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Elías Grijalva, fueron recibidos por los congresistas Luis Negreiros, Nidia Vílchez y Aníbal Huerta. Según los medios de comunicación, dialogaron con el ministro de Economía quien les prometió una

solución. El 1 de diciembre se informó en los medios de comunicación que el Ministro de Economía, Luis Valdivieso, eliminó el incremento del Fondo de Asistencia (CAFAE) y Estímulo, del Presupuesto 2009, pese a que había sido considerado por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Los trabajadores civiles del sector Defensa anuncian medidas de protesta. En diciembre de 2008, en los medios de comunicación se informa que personal civil de las FF.AA. inició una demanda ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica contra el gobierno por derogar el Artículo 60 del Decreto Legislativo 608, que homologaba los haberes de los civiles con los militares. En enero de 2009, En los medios de comunicación se informó que personal civil de las FF.AA. solicitaron el Poder Ejecutivo buscar una solución política a su situación, pues hace tres años perciben un bono mensual por concepto de CAFAE de 100 soles, pese a que existe la promesa de aumentarles esa suma a 400 soles mensuales. Los dirigentes de los trabajadores indicaron que en promedio el ingreso mensual de los empleados de las tres armas es de 700 soles, incluidos los cien nuevos soles que perciben por concepto de CAFAE, monto que es uno de los más bajos entre las instituciones del Estado. El 24 de febrero de 2009 se conoció a través de los medios de comunicación que los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas anunciaron que solicitarán al poder judicial que se pronuncie sobre la renuencia del Ministerio de Defensa a cumplir con los mandatos judiciales a favor de los trabajadores. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, la Defensoría de Pueblo se contactó con el funcionario encargado del Ministerio de Defensa quien informó que viene efectuando mesas de diálogo con los representantes de los trabajadores civiles de las FFAA, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 074-2009-PCM que dispone la conformación de mesas de diálogo sectoriales: Sobre el particular, señaló que los días 23 y 27 de marzo se efectuaron las dos primera mesas de diálogo con los representantes de los trabajadores civiles para discutir sus demandas. El mismo funcionario indicó que el 3 de abril se efectuaría la tercera mesa de diálogo. Este día, se conversó con el funcionario indicado quien en ese momento iniciaba la mesa de diálogo, contactándonos con la secretaria general de los trabajadores civiles del Ejército, Yolanda Rivera, quien confirmó la realización de las dos mesas de diálogo y su presencia en la tercera. 128. Nivel Nacional Caso. La Asociación Médica del Seguro Social del Perú reclama el pago de un bono por mejoramiento de gestión correspondiente a julio de 2008, mejoras en las condiciones de trabajo. Otro de los reclamos es contra de la política de tercerización de los servicios que presta ESSALUD porque permitiría prescindir de personal profesional y auxiliar. Estos reclamos cuentan con el apoyo de la Federación Médica Peruana y del Colegio Médico del Perú. Actores. Asociación Médica del Seguro Social del Perú (AMSSOP), Federación Médica Peruana, Colegio Médico del Perú, ESSALUD. Antecedentes. En julio de 2008 ESSALUD suscribió un acta con AMSSOP en la cual se establece el pago del bono de productividad que entregaría el Estado a los médicos de ESSALUD, el nombramiento de médicos y pago de un bono por el mejoramiento de gestión, entre otros puntos. Hechos. El 6 de agosto Santiago Vinces, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Seguro, informó que el 26 de agosto iniciarán una huelga general indefinida porque ESSALUD no les otorgó el bono de productividad. Por su parte, Félix Ortega, presidente del Comité de Relaciones Laborales de EsSalud, señaló que la anunciada huelga médica no tiene sustento porque no se prometió otorgar un bono por productividad, solo se señaló que se gestionaría un pago extra si estaba en las posibilidades del Gobierno. Además, cuestionó la representatividad sindical legal de AMSSOP. El 7 de agosto, las enfermeras del Hospital Edgardo Rebagliati paralizaron hoy 24 horas debido al incumplimiento de acta por parte del Estado. El 10 de agosto, mediante un comunicado se informa que los delegados de (AMSSOP) aprobaron por aclamación la realización de la huelga nacional indefinida desde el 26 de agosto ante el incumplimiento de los pactos colectivos suscritos con las autoridades el 4 de julio y que fueron refrendados por resolución de la presidencia ejecutiva de ESSALUD. Los médicos, reunidos en asamblea extraordinaria de delegados, evaluaron el incumplimiento del acta de compromiso donde se aprobó el pago de un bono por mejoramiento de gestión a partir de julio y una serie de acciones para mejorar las condiciones de trabajo. El mismo día, los médicos de ESSALUD - La Libertad expresaron su respaldo al paro nacional anunciado. Alberto Chiroque Ramos, del Sindicato de Médicos de ESSALUD de Lazarte, informó que su plataforma de lucha consiste en solicitar el pago

de sus bonificaciones, el nombramiento de los contratados, mejorar las condiciones de trabajo y abastecimiento de medicamentos. El 24 de agosto, la Federación Médica del Perú emitió un comunicado respaldando la lucha de AMMSSOP. El 26 de agosto, el presidente de la AMSSOP anunció que se había decidido suspender la huelga luego de sostener una reunión con la gerencia general y la secretaría general de ESSALUD, a fin de buscar una solución a los reclamos. Además, AMSSOP informó que se tomó en cuenta que con esta medida de fuerza se iban a perjudicaría a los asegurados. El mismo día, el Colegio Médico emitió un comunicado respaldando las demandas de AMSSOP. El día 28 de agosto, el presidente de la Asociación Médica del Seguro Social del Perú (AMSSOP), Santiago Vinces, informó que la suspensión de la huelga es temporal, y que de no cumplirse con lo acordado esta se ejecutaría el 10 de setiembre. El día 11, la Coordinadora Nacional de Gremios ESSALUD decidió por unanimidad realizar una huelga nacional indefinida desde el 17 de setiembre. El día 12, el presidente ejecutivo de ESSALUD señaló que la anunciada huelga para el día 17 es inoportuna porque coincide con la paralización del sector Salud, las remuneraciones en ESSALUD son mayores que las del sector privado y, además, en setiembre se pagaría un bono de productividad. El día 15 el gerente de Recursos Humanos de ESSALUD informó que los médicos y personal asistencial que participe en la huelga del día 17 podrían ser despedidos al haber sido calificada esta huelga como ilegal e improcedente. Agregó que la dirigencia de AMSSOP no ha cumplido una serie de reglas, como el plazo de aviso de diez días. Además, las normas laborales señalan que si un trabajador no acude a laborar durante tres días continuos puede ser despedido. Complementariamente, está vigente el Decreto de Urgencia 016-2008 que faculta a ESSALUD a contratar personal de emergencia y que lo aplicará en función de las necesidades, para lo cual ya habría cien médicos inscritos y dispuestos a ser contratados. El día 17 los medios de comunicación estimaron que siete mil pacientes de Lima no fueron atendidos debido al inicio de la huelga que participan médicos, enfermeras, nutricionistas y otros profesionales de la salud. No obstante ello, los servicios de emergencia funcionaron normalmente aunque el ausentismo de los médicos fue notorio en consultorios externos. De acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por ESSALUD, Lima fue la región con mayor porcentaje de huelguistas. A nivel nacional, los medios de comunicación informaron que en Tacna un estimado de quinientos trabajadores de ESSALUD --entre médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y administrativos-iniciaron la huelga general indefinida. En Lambayeque se restringió la atención en los hospitales y centros periféricos de ESSALUD, incluso los médicos amenazaron con dar de alta a los pacientes si no se atendían sus reclamos. En Piura se afectó a un estimado de 4.000 asegurados que no se atendieron, según informó Jesús Ciccia Navarro, presidente del cuerpo médico del hospital regional Cayetano Heredia. Santiago Vinces, presidente de AMSSOP, informó que el 70% de los médicos de ESSALUD participaron en la huelga a nivel nacional, pero reconoció que en ciudades como Huancayo y Tacna su convocatoria simplemente no tuvo acogida. Sin embargo, Vinces señaló que en algunos lugares del norte del país, como Lambayeque, la huelga fue acatada por casi todos los empleados de ESSALUD. Pese a que huelga nacional indefinida de médicos es acatada en un cien por ciento en la región Pasco, tres personas que resultaron víctimas de gravedad por causa de un accidente vehicular, fueron socorridos por galenos. El día 18, un grupo de trabajadores de ESSALUD, enfermeras y obstetras de la institución, protestaron frente a su local central ubicado en la calle Domingo Cueto, en Jesús María, así como en los exteriores del hospital Guillermo Almenara, en Lima. De otro lado, los huelguistas reiteraron que los directivos de ESSALUD no cumplen con el pacto colectivo que establece en no menos del 5% el aumento de la productividad, tal como estableció el acta suscrita en julio pasado. En ese sentido, invocaron a las autoridades a respetar el acuerdo y no exigir una meta del 10% para cumplir con el pago del bono de productividad. Santiago Vinces manifestó que la huelga es mayoritaria en los establecimientos de Lima. Sin embargo, el gerente de ESSALUD, Javier Rosas, afirmó que solo el 27% del personal médico se plegó a la huelga. El día 20, los dirigentes de AMSSOP se reunieron con el gerente general de ESSALUD y otros funcionarios para definir la continuidad o no de la huelga. Al respecto, Santiago Vinces, representante de la asociación, aseguró que el día 21 se convocaría a la asamblea de delegados para debatir sobre si los acuerdos alcanzados son suficientes para levantar la huelga. El día 22, vuelven a atender en hospitales. El presidente de AMSSOP, Santiago Vinces, informó que se reanuda la atención en los hospitales del país y se comprometió a que se recuperarán las horas de trabajo perdidas por la huelga nacional. Sin embargo, Santiago Vinces indicó que la suspensión de la huelga es una medida temporal, porque falta renegociar con el Gobierno.

El 14 de octubre un estimado de 700 médicos del Hospital Guillermo Almenara realizaron un paro de 24 horas en rechazo a las amenazas de despido que el presidente de la AMSSOP, Santiago Vinces, ha recibido de parte del Presidente de la Red Asistencial Almenara. Por su parte, ESSALUD negó las acusaciones y sostiene que no tiene la intención de despedir a Vinces. Los médicos denunciaron que funcionarios de ESSALUD mantienen su intención de despedir a Vinces, a pesar que él presentó los descargos respectivos. Vinces denunció la adquisición irregular de equipamiento médico y la falta de transparencia en la contratación de servicios. El 17 de noviembre la asociación Médica del Seguro Social del Perú y los cuerpos médicos de ESSALUD reclamaron la renuncia del presidente ejecutivo de esa ESSALUD, Fernando Barrios, y de su equipo de gestión. Señalan que el presidente ejecutivo de ESSALUD no habría cumplido con los pactos colectivos ni con el nombramiento de los médicos contratados. En diciembre 2008, no se registran nuevos acontecimientos. El 24 de enero de 2009, mediante nota de prensa, la Asamblea General de delegados de AMSSOP constituyó la Comisión Negociadora del pliego de reclamos 2009 integrada por 8 representante de las tres redes asistenciales de Lima (Almenara, Rebagliati y Sabogal), de las macroregiones Norte, Oriente y Sur y del Consejo ejecutivo de AMSSOP. Además se acordó un paro de 24 horas cuya fecha será fijada por el Consejo directivo Nacional de AMSSOP ante el desinterés del Gobierno en reglamentar la Ley de Nombramiento de médicos contratados de ESSALUD Ley 28651 aprobada el año 2005. El 23 de febrero, mediante de nota de prensa comunica que ha presentado su pliego de reclamos 2009 tanto como Asociación e igualmente como Sindicato recientemente reconocido como tal por el Ministerio de Trabajo. Para ello, ha remitido una comunicación escrita al Presidente de ESSALUD con copia al Ministerio de Trabajo. Sus demandas abarcan tres aspectos: mejoras económicas, mejoras en las condiciones de trabaj0 y acciones conjuntas, y el de bienestar laboral. Se informa que se ha conformado una comisión negociadora especial, acreditada por la Asamblea Nacional de Delegados de AMSSOP. De otro lado, el 27 de febrero de 2009, AMSSOP emite otra nota de prensa en la que informa que ha denunciado ante el Colegio Médico del Perú la contratación de médicos especialistas en ESSALUD bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y Servicios No Personales, cuando –señala AMSSOP- la Ley de Trabajo Médico (Decreto Legislativo 559) y su reglamento disponen que los médicos ingresan a la carrera médica como nombrados. El presidente de AMSSOP precisa en la nota de prensa que ambas modalidades contractuales son incompatibles con la carrera médica. AMSSOP propone al Colegio Médico ejercer su iniciativa legislativa interponiendo una acción de inconstitucionalidad ante el Trbunal Constitucional contra el Decreto Legislativo 1057 (que regula los CAS). Últimos acontecimientos: El 30 de marzo los miembros del Consejo Directivo Nacional de AMMSOP se reunieron con 20 cuerpos médicos de Lima y Callao para analizar los problemas que se vienen presentando con las autoridades de ESSALUD con la emisión de la Directiva 002-GGE-ESSALUD2009 y la Resolución de Presidencia Ejecutiva 114-PE-ESSALUD-2009 acordándose un conjunto de acciones por parte del gremio en defensa de los derechos laborales adquiridos que estas normas vulnerarían. El secretario general de AMSSOP expuso los problemas que se han presentado con las autoridades que buscan desconocer los derechos laborales. 129. Nivel Nacional Caso: Pescadores jubilados reclaman pago de sus pensiones atrasadas desde agosto de 2008 por falta de fondos y problemas en la Caja de Beneficios de la Seguridad Social del Pescador. Actores: Pescadores jubilados, Federación de Pescadores del Perú, Ministerio de la Producción, Congreso de la República. Antecedentes: El 17 de diciembre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley a efectos de que se otorgue facultades delegadas al Ejecutivo en materias de derechos previsionales de los pesqueros, a fin de diseñar un mecanismo que garantice el pago de una pensión digna y sostenida para los jubilados adscritos al sistema de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Asimismo, para mitigar la difícil situación por la que atraviesan los casi 7 mil jubilados pescadores, a quienes se les debe aproximadamente tres meses de pensiones, el proyecto aprobado prevé la asignación de un crédito suplementario hasta por S/ 4´600.000 a efectos de cancelar, durante los meses de enero y febrero de 2009, las pensiones de los jubilados a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Según informó la ministra de la Producción Elena Conterno, el referido monto será transferido por el MEF con cargo

a los montos que eventualmente determine la autoridad judicial, en virtud de los procesos seguidos por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador contra el MEF. Hechos. El 6 de enero de 2009 la ministra de la Producción, Elena Contero Martinelli, solicitó la aprobación del Proyecto de Ley ante la Comisión de Producción Pymes y Cooperativas del Congreso de la República. Así mismo, el mencionado proyecto de ley, plantea delegar facultades para poder legislar sobre los derechos provisionales de los trabajadores pesqueros. Además, la ministra de la Producción la titular del Sector afirmó que en los últimos ha recibido una carta de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en la cual se resalta el problema estructural que tiene la CBSSP ante su insolvencia y falta de liquidez. Mencionó que la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador tiene un déficit de 41 millones de soles para el periodo de enero a diciembre del 2009. La ministra Elena Conterno precisó además, que esta grave situación se puede superar gracias al aporte extraordinario de US$ 1.95 que realizarán las plantas pesqueras por cada tonelada de pescado que procesen , según lo establece el D. Leg. 1084. Conterno, mencionó que el aporte que ofrece esta norma -que tiene como objetivo ordenar el sector pesquero a través de Límites Máximos de Captura por Embarcación-, sería de unos 117 millones de dólares en diez años; a este monto, según explicó, se podrían sumar los aportaciones de deudas de armadores pesqueros y del propio Estado, lo cual permitirá afrontar las pensiones de los jubilados, y terminar con esta situación. El 15 de enero, un estimado de cien ex pescadores del sector industrial de Ilo iniciaron una huelga indefinida en reclamo del pago de sus pensiones, el cual no es cumplido desde setiembre del año pasado. Los pescadores jubilados tomaron el atrio principal de la iglesia San Jerónimo y a fin de llamar la atención de las autoridades locales y del gobierno central colocaron una bandera bicolor y pancartas alusivas a la medida en la puerta del templo, donde además realizaron un plantón durante el primer día de la jornada de manifestación. Vicente Portillo, secretario general del Sindicato de Pescadores Jubilados José Oyala Balandra, refirió que la protesta también busca sensibilizar a las autoridades del aparato estatal y a los propietarios de las embarcaciones o armadores para que cumplan el depósito de la deuda pendiente con la Caja del Pescador. El dirigente detalló que si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aceptó la semana pasada asignar un crédito suplementario de 4.6 millones de soles para el pago de pensiones de los jubilados, el tema previamente debe tratarse en el pleno del Congreso. El 23 de enero, la Asociación de Pescadores del Puerto Salavery, Malabrigo y anexos de La Libertad anuncian mediante Carta dirigida a al Oficina de la Defensoría del Pueblo de La Libertad una marcha pacífica de sacrifico hacia Lima durante la primera semana de febrero con participación de pescadores jubilados de Caleta Cruz en el norte hasta Ilo por el sur. En febrero de 2009, la Federación de Pescadores del Perú solicitó a la Ministra de la Producción participar en la discusión técnica del proyecto de decreto legislativo que regularía el sistema provisional de los trabajadores pesqueros. La Defensoría del Pueblo efectuó sendas reuniones con el asesor técnico del Ministerio de la Producción y con los dirigentes de la Federación de Pescadores del Perú coordinando la respuesta a solicitud de la Federación para conocer avances del proyecto de nuevo sistema previsional y responder a la propuesta técnica de la Federación. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009 el 12 de marzo la Defensoría del Pueblo (DP) envió un oficio al presidente del Congreso en el cual expresa su preocupación por la crítica situación que atraviesan los pescadores jubilados del Perú, quienes en reiteradas oportunidades han acudido a la DP con la finalidad de plantear el problema derivado de retraso en el pago de las pensiones por parte de la Caja de Beneficio y Seguridad Social del Pescador. Además, que la DP tiene conocimiento que existe el proyecto de ley Nº 2937/ 2008-PE que desde el 12 de marzo de 2009 está en Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del Congreso, solicitando se priorice el debate correspondiente, más aun cuando el respectivo proyecto ha sido dispensado de trámite en comisión. 130. Nivel Nacional - NUEVO Caso: Miembros de las federaciones nacionales de la policía nacional, de las fuerzas armadas y otras organizaciones afines reclaman el pago de remuneraciones y pensiones, basados en lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 213-90-EF. Además, rechazan la eliminación de la cedula viva, pago de devengados, rechazando la tercerización del servicio de salud para las FF.AA y PNP; entre otras demandas. Actores: Federación Nacional de Policías (FENAPOL); Federación Nacional de las Fuerzas Armadas (FENAFA).

Antecedentes: Entre las demandas de la FENAPOL y FENAFA se cuentan las siguientes: a) Exigir el pago de remuneraciones y pensiones de acuerdo al D.S. N° 213-90-ef; b) Rechazar la pretendida eliminación de la cedula viva; c) Exigir sanción contra los corruptos de la caja de pensiones, FOVIPOL, FOVIMFAP, FONAFUN, FOSPOLIS, fondos de retiro, los gasolinazos y racionamiento; d) Exigir el pago de devengados (CTS, FOSEVI, calificación, costo de vida, asignación por movilidad, recorte de pensiones, etc.); e) Exigir medicinas y rechazar la tercerización del servicio de salud FF.AA y PNP; f) Rechazar el régimen disciplinario opresivo, entre otros. Hechos: El 14 de marzo de 2009 se conoció en los medios de comunicación que miembros en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) anunciaron que realizarán una marcha para reclamar la aplicación del D.S. 213-90-EF. Se señaló que se ha previsto dos movilizaciones: la primera, el 19 de marzo un mitin en la Av. De la Peruanidad (en Lima) hacia el Ministerio de Defensa para entregar una carta al Presidente de la República; la segunda, a nivel nacional el 31 de marzo, liderada por las asociaciones y comités regionales afiliados a la FENAPOL así como a los gremios regionales de los retirados de las FF.AA. El 18 de marzo, en respuesta al reclamo por mejores sueldos para las FF.AA y la PNP, el Ministro de Defensa indicó que esto no se efectuará porque no se cuenta con fondos suficientes toda vez que los aumentos de sueldos no estaban programados por su sector. Ante ello, el vicealmirante (r) Francisco Vainstein Borran, presidente de la comisión ejecutiva de la llamada Alianza para la Reivindicación de las FF AA y PNP, ratificó que marcharán el día 19 por la avenida La Peruanidad exigiendo al Gobierno el cumplimiento del DS 213-90-EF. El día 19 se realizó el mitin anunciado, participando militares, policías en retiro, viudas y esposas de efectivos en actividad, las asociaciones de las FF.AA y la PNP; exigiendo al Gobierno la aplicación del DS 213-90-EF, que permite el “sinceramiento” de sus remuneraciones y pensiones. Además, reclamaron el cumplimiento de los beneficios en materia de salud y vivienda, a los que tienen derecho los discapacitados. El mitin estuvo organizado por la Alianza por la Reivindicación de las FF AA y la PNP. El día 31se realizó la marcha anunciada, habiéndose tomado la iglesia de Santo Domingo y luego se suscribió un acta con el Congreso. El congresista Álvaro Gutiérrez se comprometió a instalar una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los sectores involucrados en un plazo de 15 días, para buscar la solución a los reclamos. El 2 de abril se presentó el proyecto de ley 03141/2008-CR, el cual propone dar fuerza de ley al Decreto Supremo N° 213-90-EF, y precisa sus alcances de los artículos 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 11° los que se refieren a las Remuneraciones Bonificaciones, Beneficios y Pensiones del Personal Militar y Policial. 131. Nivel Nacional Caso. El Colegio Médico del Perú y la Federación Médica del Perú rechazan las acciones del gobierno en el sector Salud, en general en las condiciones laborales de los médicos, en la jornada laboral y, especialmente, cuestionan de la Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA que precisa el trabajo asistencial del personal profesional médico cirujano que prestan servicios en establecimientos de salud a nivel nacional. Actores. Federación Médica Peruana, Colegio Médico del Perú, Ministerio de Salud. Antecedentes. El 20 de agosto de 2008 se publicó el Decreto de Urgencia Nº 036 -2008 por el cual se declara, por un año, en emergencia los establecimientos del sector salud. La norma indica que la medida se sustenta porque los establecimientos de salud a nivel nacional se encuentran en situación crítica, por obsolescencia, insuficiencia y cobertura en los establecimientos de salud, poniendo en riesgo la salud de la población. Hechos. El 22 de agosto se publicó la Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA precisando que el trabajo asistencial del personal profesional médico cirujano que prestan servicios en establecimientos de salud a nivel nacional que labora en consulta ambulatoria hasta 4 horas deberá completar la jornada laboral con actividades sanitarias de carácter asistencial vinculadas a la atención de usuarios de los servicios de salud. Esta disposición tendrá una vigencia de dos años. El 24 de agosto la Federación Médica del Perú (FMP) emitió un comunicado, expresando su malestar por: 1. el presunto incumplimiento de actas firmadas entre funcionarios del gobierno y el gremio médico, 2. La emisión de normas que atentan a la profesión médica. Finalmente, se anuncia en el comunicado que como consecuencia de los incumplimientos señalados, el 15 de setiembre de 2008 se iniciará la huelga nacional indefinida. El 26 de agosto, la FMP luego de realizar una asamblea metropolitana confirmó la realización de a huelga nacional indefinida para la fecha antes mencionada, señalando que se establecerán piquetes de emergencia durante la

huelga. También el 26 de agosto, el Colegio Médico del Perú (CMP), mediante conferencia de prensa de su Decano, el Dr. Julio Castro, expresó el rechazó a las medidas del gobierno y las del ministerio de Salud contra los médicos, sus condiciones de trabajo (entre ellas, la jornada laboral). Se señala que la Resolución Ministerial Nº578-2008/MINSA desinformaría a la población indicando que los médicos laboran 4 horas. El decano del CMP precisa que desde hace más de 15 años de acuerdo a la Ley del Trabajo Médico – Decreto Legislativo 559, los médicos laboran seis horas. Según el decano del CMP esta jornada laboral de seis horas incluye consulta ambulatoria, atención de interconsultas, información a pacientes y familiares, atención de hospitalizados, procedimientos médico-quirúrgicos, actividades comunitarias, entre otras. Adicionalmente, se considera las guardias de doce horas diurnas o nocturnas en días útiles o feriados durante el año. Afirma el decano del CMP que la resolución ministerial es parte de otras normas que desconocen lo dispuesto en la Ley del Trabajo Médico (Decreto Legislativo 559) tales como: la ampliación de la jornada laboral de los médicos residentes, la intromisión en la formación académica de los internos de medicina, los contratos administrativos de servicios, el cuerpo de gerentes públicos, los prefectos oficialistas como defensores de la salud, etc. Para el decano todo lo indicado en las normas es parte de acciones del gobierno por distraer la atención pública ante el descenso de la popularidad del Presidente de la República y del Ministerio de Salud (diversas protestas contra el Ministerio de Salud en las regiones) y al descontento de la población por la mala calidad de atención, provocada por la falta de infraestructura, equipamiento y recursos humanos en los establecimientos públicos de salud y la ineficaz gestión ministerial. En consecuencia, el CMP respalda la lucha de los médicos y trabajadores de ESSALUD y del MINSA, para lograr mejores condiciones profesionales y laborales. Por su parte, el 27 de agosto el Ministro de Salud ha señalado que la nueva jornada laboral dispuesta por la resolución ministerial para los médicos que laboran para el Ministerio de Salud se acata parcialmente. Además, el ministro de Salud indicó que 50% de los médicos que laboran en hospitales cercanos a universidades en la capital cumple con la jornada de seis horas, pues se pueden desplazar a dichos centros de estudio para dictar clases. Ante el cumplimiento parcial de la jornada laboral por parte de los médicos, la secretaria general del Ministerio de Salud indicó que además de las sanciones administrativas dispuestas en la norma, su oficina podría denunciar penalmente a los galenos que incumplan con trabajar seis horas. Según la secretaria general, la denuncia penal se sustenta en los artículos 125, 128 y 157 del Código Penal, por tratarse de servicios públicos. El 28 de agosto, el Ministro de Vivienda señaló estar dispuesto a reiniciar las conversaciones siempre y cuando los médicos cumplan con la jornada asistencial de seis horas y los compromisos asumidos en el acta suscrita en enero. Además que solo reconocerá como interlocutor válido al decano del Colegio Médico del Perú, porque la Federación Médica Peruana no está inscrita en Registros Públicos. Por su lado, el dirigente de la FMP indico que solo dialogará con la Presidencia del Consejo de Ministros y del Congreso de la República, demandando la renuncia del ministro como requisito para hallar una salida a la medida de fuerza. El 9 de setiembre, la Defensora del Pueblo señaló que debe garantizarse el derecho a la salud de los pacientes e invocó a las partes a optar por el diálogo para resolver los problemas y evitar la violencia. El 10 de setiembre el Ministro de Salud expresó que solicitó al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Economía que se reúnan con los representantes de la FMP para dialogar y hallar una solución ante las demandas de la Federación y evitar la huelga indefinida programada para el próximo día 15. El 11 de setiembre en el local de la Defensoría del Pueblo, la Defensora se reunió con el Ministro de Salud. Luego de la reunión la Defensora anunció que se realizarían visitas inopinadas en los establecimientos de salud del país. Además indicó que es obligación de los trabajadores en huelga garantizar la atención en áreas de emergencia, partos, hemodiálisis, pacientes con VIH Sida y tuberculosis, cuidados intensivos. También añadió que se verificará el cumplimiento de los planes de contingencia por parte del personal de la Defensoría del Pueblo. En horas de la tarde del mismo 11 de setiembre, la Defensora se reunió con el presidente de la FMP y otros representantes de la Federación. El mismo día 11 se realizó la primera reunión entre el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la FMP acordándose una segunda reunión al día siguiente con participación del Ministro de Economía y Finanzas y cualquier otro funcionario que aporte al diálogo. Luego de dos días de diálogo, el 13 de setiembre el presidente del Consejo de Ministros solicitó a la FMP a no realizar la huelga porque sólo faltaba resolver tres de quince puntos del acta del 28 de enero de este año. Además, que el Ministro de Economía abordaría los puntos pendientes la semana siguiente. Ante ello, el presidente de la FMP suspendió el diálogo al considerar que no se ha

atendido ningún punto del acta suscrita y confirmo el inicio de la huelga el 15 de setiembre, con atención en los servicios de cuidados intensivos y de emergencia. El 15 inició la huelga general indefinida y por la tarde médicos del MINSA marcharon hacia el Congreso con la intención de reunirse con miembros de la Comisión de Salud buscando su mediación con el gobierno. El mismo día 15, la Defensoría del Pueblo realizó visitas inopinadas a 15 establecimientos de salud de Lima y Callao constatando que los servicios esenciales de salud -como emergencia, cuidados intensivos y cuidados intermedios- se desarrollan con normalidad en el primer día de huelga indefinida convocada por la Federación Médica Peruana (FMP). Las visitas se efectuaron en los hospitales Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, San Bartolomé, Daniel Alcides Carrión, María Auxiliadora, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Hospital del Niño, II de Vitarte, San José, Maternidad de Lima y el Hospital de Ventanilla. El personal de la Defensoría también acudió a las tres microrredes asistenciales de San Juan de Miraflores: Leonor Saavedra, Manuel Barreto y la microrred Ollanta (en la zona de Pamplona Alta). Según el reporte brindado por la Oficina Defensorial de Lima, funcionaron parcialmente los servicios de consultorio externo del Hospital Loayza y San Bartolomé, con una capacidad operativa del 17% y 28 % respectivamente. Se constató que no se atendió en consultorio externo en la Maternidad de Lima, el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital II de Ate Vitarte y el Cayetano Heredia. Asimismo, en las inmediaciones de la puerta del Hospital Dos de Mayo, se ha constató la atención de miembros de la FMP, en carpas acondicionadas con 4 servicios: Pediatría, Medicina General, Cirugía y Gineco Obstetricia. Julio Vargas La Fuente, presidente de la FMP, indicó que la huelga fue acatada al 100% en todo el país. En la plaza Mariscal Cáceres de Jesús María, y frente a una docena de cuerpos médicos de hospitales capitalinos, Vargas reiteró que su gremio esperará la propuesta del MEF respecto del cumplimiento de las demandas con las que reanudarían el diálogo. Por su parte, el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, informó que, en la capital, solo el 30% de los médicos estatales acató la huelga, mientras que el resto acudió a trabajar. El titular de Salud invitó nuevamente a la dirigencia de la FMP a dialogar para poner fin a la huelga nacional. Vargas recalcó que los diálogos entre su gremio y el Estado se darán solo entre el MEF y la PCM. El día 16, el decano del Colegio Médico del Perú expresó que el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros deberían evaluar la renuncia del Ministro de Salud porque impide los acuerdos entre el gobierno y los médicos del sector salud. El día 18 el presidente de la FMP calificó como un éxito la huelga nacional indefinida que desde el 15 vienen acatando los galenos del sector estatal, y agregó que el presidente del Consejo de Ministros les manifestó su intención de retornar hoy al diálogo. El día 19, el presidente del Consejo de Ministros solicitó la mediación del monseñor Luis Bambarén para buscar una salida a la huelga. Además, instó a la FMP que deponga las actitudes intransigentes para ir al diálogo. El día 20 en la sede de la PCM, luego de una semana, se reinició el diálogo con la participación del Ministro de Economía y el Secretario General del Acuerdo Nacional, entre otros funcionarios. Al final de la reunión se ofreció una conferencia de prensa en la que se formalizó la conformación de una mesa de diálogo y la suspensión –por 72 horas- de la radicalización de la medida de fuerza que consistía en la entrega de hospitales y la derivación de pacientes internados a nosocomios de ESSALUD y las FF.AA. El presidente del Consejo de Ministros informó que el día 22 continuará la reunión para analizar las demandas que incluyen modificaciones administrativas y legales; mientras que el día 23 se evaluarán los reclamos económicos entre los que se encuentra el pago de las AETAS. Según el presidente del Consejo de Ministros el día 23 se realizará la reunión final y se conocerán los acuerdos. Por su parte, el presidente de la FMP espera recibir la propuesta del ministro de Economía que pueda solucionar a tres de sus 15 demandas, lo que requiere de 200 millones de soles. Antes del reinicio del diálogo, el Ministerio de Salud informó que el MEF aceptó la propuesta técnica de pagar progresivamente las AETAS hasta julio de 2011, aunque esta posibilidad fue rechazada por la FMP. El día 24, el presidente de la FMP anunció que no aceptaría la propuesta del Ejecutivo en cuanto a mejoras salariales, y continuaría con su medida de fuerza, considerando radicalizar la medida de protesta y entregar más de tres hospitales del MINSA. El día 26 se publica en “El Peruano” la Resolución Ministerial 6512008/MINSA que autoriza a la Procuraduría Pública del Estado encargada de los asuntos judiciales del sector Salud iniciar acciones judiciales contra los médicos cirujanos que, en el contexto de la huelga declarada ilegal por Resolución Ministerial 631 -2008/MINSA, expongan a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandonen a pacientes internados en establecimientos de salud del MINSA. El día 29 de setiembre, el Presidente del Consejo de Ministros señaló que el gobierno no dialogará con la Federación Médica si se persiste en

abandonar los hospitales. Indicó que trabajadores del Hospital Regional del Cusco enviaron una comunicación escrita a la Fiscalía anunciando que abandonarán a los pacientes. Además, el Primer Ministro expresó que ha comunicado al presidente de la FMP que la PCM tiene la disposición para dialogar, pero no con medidas radicales de protestas como el abandono de pacientes. Por su parte, el presidente de la FMP respondió señalando que la comunicación que el personal del Hospital Regional del Cusco envió a la Fiscalía se refería a la forma en que se realizaba la atención era insostenible por las condiciones en las que se encontraba. Además, que el gremio médico está dispuesto a reunirse con el Presidente del Consejo de Ministros e insisten en la renuncia del Ministro de Salud. Luego que la FMP desistiera de abandonar el Hospital Regional de Cusco para radicalizar su protesta, el día 30 de setiembre el Presidente del Consejo de Ministros reiteró al presidente de la FMP su invitación para reiniciar el diálogo ese día a las 5.30pm., lo cual fue aceptado, retomándose el diálogo. El 23 de octubre, la Federación Médica del Perú decidió suspender por tres semanas y dio una tregua al gobierno para solucionar las demandas pendientes. Este acuerdo fue anunciado por el ministro de Salud Óscar Ugarte y el presidente de la FMP Julio Vargas. El 24 de octubre, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial Nº 762 -2008/MINSA que aprueba el acta de acuerdos del 21 de octubre entre los representantes del MINSA y de la FMP. El 11 de noviembre el presidente de la FMP señaló que no hay avances a sus pedidos pese a las cuatro reuniones realizadas, reiterando al Ejecutivo que cumpla sus compromisos para evitar la reanudación de la huelga. Aunque reconoció que en las 4 reuniones con los funcionarios del Ministerio de Salud se trató el pago relativo de las AETAS, aún no se ha acordado nada con respecto a la homologación con sus colegas del seguro social, ni tampoco el incremento de sueldos de los cesantes. El 14 de noviembre, la FMP señaló que continuará el diálogo con el Ministerio de Salud y decidiría luego, en una reunión con sus delegados del país si reinicia o no la huelga médica. Julio Vargas, presidente de la FMP, indicó que la FMP aceptó la propuesta del Ministro de de Salud, Óscar Ugarte, que se les abone seis asignaciones extraordinarias por trabajo asistencial (AETA) en diciembre. El Ministro de Salud, a su vez, informó a los médicos que, por el momento, no se podrá realizar la homologación de sus sueldos con los de ESSALUD. El 18 de noviembre los médicos de Arequipa decidieron otorgar cuatro meses al Ministro de Salud para que cumpla con sus promesas. El mismo 18 de noviembre, el presidente del cuerpo médico del hospital La Caleta en Chimbote, Jorge Ramal Niquén que se amplía la suspensión de la huelga hasta abril de 2009 y queda pendiente de atención la nivelación de sueldos y pensiones con sus similares de ESSALUD y el aumento de presupuesto para Salud. El 24 de noviembre, la FMP anunció en un comunicado la posibilidad de realizar, en el corto plazo, una nueva huelga médica nacional debido a la no resolución de sus problemas. En diciembre no se registran nuevos acontecimientos. En enero de 2009, la Federación Médica Peruana acordó realizar un paro de 48 horas el 24 y 25 de febrero debido al incumplimiento por parte del Ministerio de Salud del acta de acuerdos que puso fin a la huelga del 2008. Luego de este anuncio, el 30 de enero de 2009 se publicó en “El Peruano” el Decreto de Urgencia 013-2009 que autoriza la trasferencia de partidas a favor de 23 gobiernos regionales para el financiamiento de las AETAS y productividad. Los Gobiernos Regionales podrán pagar hasta 6 AETAs adicionales a favor del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes, profesionales de la salud no médicos, técnico asistencial y auxiliar asistencial. En febrero de 2009, el 23 de febrero, el presidente del Consejo de Ministros se reunió con los dirigentes de la FMP informando que este año se esta invirtiendo en el sector Salud un estimado de 830 millones de nuevos soles. No obstante, el presidente del Consejo de Ministro criticó la actitud de la dirigencia de la FMP de insistir en el paro luego de mostrar su disposición al diálogo. La dirigencia de la FMP indicó que no se ha cumplido con el pago de las AETAs, la homologación de los sueldos con sus pares de ESSALUD, el aumento del presupuesto para el sector Salud, el nombramiento de médicos contratados, puntos centrales del acta de octubre del año 2008 suscrita con el actual Ministro de Salud. Los días 24 y 25 de febrero se realizó el paro de médicos auspiciado por la FMP. Según la FMP, el paro sólo afectará las actividades de consulta externa, asegurando la normal atención de los servicios de emergencia. El día 24, el ministro de Salud indicó que se efectuará el descuento que corresponda a aquellos médicos que acaten el paro. Además, señaló que se ha cumplido con el pago de las seis AETAs comprometidas para los médicos, enfermeras, obstetrices y personal administrativo. Precisó que para realizar el nombramiento de los médicos se requiere la creación de 40 mil plazas lo que podría darse si el

Congreso modifica la ley de presupuesto. Según el Ministerio de Salud sólo el 1,6% de médicos de Lima y Callao acataron la paralización. Por su parte, la Defensoría del Pueblo supervisó la atención de 17 hospitales en Lima y Callao comprobando que los pacientes fueron atendidos normalmente. Últimos acontecimientos: En marzo 2009, el día 4 el Ministerio de Salud en un comunicado anuncio que el ministro y la nueva dirigencia de la Federación Médica del Perú sostuvieron una reunión acordando trabajar conjuntamente en beneficio de la población y por los derechos de los trabajadores del sector Salud. El día 7 se informó en los medios de comunicación que el presidente de la Federación Médica del Perú indicó que en 15 regiones del país está pendiente el pago de dos de las seis Aetas que el Ministerio de Salud (MINSA) se comprometió. El nuevo presidente de la FMP anunció que el MINSA se comprometió a cancelar el 17 de marzo el total de las Aetas que se les adeuda a los médicos del sector. Además, informó que la nueva directiva de la FMP ha acordado reunirse semanalmente con el ministro de Salud con la finalidad de ir negociando y solucionando sus demandas. El 1 de abril de 2009, en conferencia de prensa Leoncio Díaz, presidente de la Federación Médica del Perú, anunció que el Ministerio de Salud ha incumplido en convocar al concurso público de médicos habiendo postergado el proceso hasta el 12 de abril y que no se habrían pagado las Aetas a médicos en algunas regiones del país. 132. Nivel Nacional Caso. La Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado (CITE) y trabajadores públicos rechazan los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, indicando que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores. Actores. CITE, CGTP Antecedentes. El 21 de junio 2008 se publicaron los decretos legislativos 1023 (Se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del servicio administrativo de gestión de recursos humanos), 1024 (Se crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos), 1025 (Normas de capacitación y rendimiento del sector Público) y 1026 (Régimen Especial Facultativo para los gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de modernización institucional integral). El 28 de junio se publicó el decreto legislativo 1057 (Se regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios). Hechos. El 21 de agosto, el secretario general de la CITE, Winston Huamán, anunció que empezarán un paro nacional de 48 horas, reclamando la derogatoria de tres decretos legislativos 1025, 1026 y 1057. Los trabajadores de la CITE realizaron un plantón frente a las instalaciones de la PCM. El 21 de agosto, un estimado de 300 trabajadores públicos marcharon en Tumbes rechazando los decretos legislativos 1023,1024, 1025, 1026 y 1057, expresando que las normas mencionadas fomentan despidos en el sector público. También el mismo día 21, en Piura trabajadores de los municipios, de Educación y del Gobierno Regional marcharon por las principales calles. El secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales de Piura, Aurelio Ramos Dioses, señaló que los decretos legislativos Nº 1025, 1026 y 1057 ponen en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores. El dirigente sindical advirtió que seguirían más paralizaciones y movilizaciones en todas las regiones si no se derogan las normas mencionadas. El día 21, en Tumbes, un estimado de 500 trabajadores de las instituciones públicas participaron en la movilización convocada por la CGTP. En su movilización por las principales calles de nuestra ciudad, reclaman la revisión de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025 y 1026, por que atentan contra los gremios sindicales. El secretario general de la CGTP-Tumbes, Simón Quintana, cuestiona que a pesar de haber cerrado la mayoría de instituciones públicas, los trabajadores nombrados no se sumaron a la movilización. Simón Quintana señaló que los diversos gremios sindicales vienen evaluando la realización de una huelga regional. El 22 de agosto marcharon hacia el Congreso para pedir la derogatoria de los decretos cuestionados. El 11 de setiembre en el frontis de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, los trabajadores administrativos y asistenciales de los sectores Salud y Educación realizaron un “cacerolazo” en defensa de sus reivindicaciones laborales. Además, insisten en la derogatoria de de los inconstitucionales Decretos Legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, por fomentar y autorizar el exterminio laboral en el sector público, nombrados, contratados en planilla, servicios no personales, obreros y empleados, sin distinción de régimen laboral. Anunciaron que vienen recolectando firmas hasta alcanzar las 15 mil para interponer presentar una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos indicados ante el Tribunal Constitucional. El mismo 11 de setiembre, en Pucallpa trabajadores del sector salud iniciaron un paro de 48 horas

exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057; los cuales consideran atentatorios contra la estabilidad laboral. Señalan que el gobierno está incumpliendo con las actas de compromiso firmadas en noviembre del 2007 sobre el nombramiento de contratados, nivelación de incentivos y aumentos de sueldos y salarios. El 13 de setiembre, el acta suscrita por los Frentes Regionales de la Macro Región Sur del Perú en su V encuentro realizado en Moquegua se solidariza con los docentes, administrativos universitarios y trabajadores del sector público; exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057. En noviembre, no se registra nuevos acontecimientos. En diciembre 2008, no se registran nuevos acontecimientos. En La Libertad, el 15 de enero, la CITE y la Federación de Trabajadores de Salud protestaron en la calle por mejoras laborales. En Lambayeque trabajadores administrativos, enfermeras y auxiliares de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Lambayeque marcharon el 27 de enero por las principales calles de Chiclayo para exigir al Gobierno Central la derogatoria del Decreto Legislativo 1057, y el nombramiento del personal contratado. En febrero de 2009, el día 21 se publicó en el diario Correo de Ayacucho las declaraciones de Nélida Oré, secretaria general del sindicato de trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho señalando que los decretos legislativos 1023, 1024, 1025 y 1026 atentan contra los derechos de los trabajadores del gobierno regional. Indicó que como medida para afrontar esta situación se anunció una próxima reunión -en Lima- de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de los Gobiernos Regionales del Perú (CONATRA) para evaluar el pedido de inconstitucionalidad de los mencionados decretos legislativos. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, el día 23 se conoció en los medios de comunicación que los trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua, de las municipalidades de la región y direcciones regionales de la misma región, vienen solicitando que se deroguen los decretos legislativos 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057 al considerarlos que permiten el cese del personal nombrado y contratado, afectando su estabilidad laboral. Feliciano Villegas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua y coordinador de los trabajadores del sector público de la macro región sur, señaló que se ha presentado un memorial en el cual solicitan al Ejecutivo no implementar los decretos legislativos planteando que son ilegales. Además, el secretario general indicó que según el decreto legislativo 1026, se suprimirían plazas de trabajo, al considerarse éstas sólo de acuerdo a la necesidad de servicios dentro de las estructuras orgánicas que establecen los gobiernos regionales y locales. Finalmente, Feliciano Villegas anunció la ejecución de protestas a nivel local, macro regional y nacional. Para ello, la organización que lidera viene recogiendo firmas en planillas para declarar la inconstitucionalidad de los decretos legislativos mencionados. 133. Nivel Nacional Caso. La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú exige la publicación del convenio colectivo de Construcción Civil. Actores. Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Ministerio de Vivienda. Antecedentes. El convenio colectivo se suscribió el 8 de julio 2008 y el plazo de publicación venció el 11 de agosto 2008. Hechos. El 18 de agosto 2008 la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú convocó a sus integrantes para una movilización el 27 de agosto, acudiendo a las sedes de las Direcciones Regionales de Trabajo de las regiones, reclamando la publicación del Convenio Colectivo de Construcción Civil. Para los miembros de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil es importante la publicación del convenio colectivo, que está regulada por la R. M. Nro. 314-2006-TR y tiene por finalidad publicitar los convenios colectivos que resuelven las negociaciones del gremio de construcción civil. El 27 de agosto la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú junto con el secretario general de la CGTP realizaron una marcha de protesta que finalizó en la sede del Ministerio de Vivienda y Construcción en el distrito de San Isidro, en Lima. Por su parte, Mario Huamán señaló que se elaboraría un plan de lucha sistemático y permanente y a fines de setiembre se daría una huelga nacional si es que el gobierno da señales de afectar al gremio de construcción civil. Los trabajadores de Construcción Civil protestaron por la supuesta presión que ejerce el Ministerio de Vivienda en las empresas constructoras para obligarlas a contratar sólo a integrantes de la Federación Nacional de Construcción Civil supuestamente afiliada al APRA, para afectar el sostenimiento de la Confederación General de

Trabajadores del Perú (CGTP). Esta denuncia, según Mario Huamán fue comunicada por escrito al Ministro de Vivienda solicitando además una cita. Por su lado, el ministro de Vivienda rechazó que su despacho presione a constructoras a favor de un gremio u ot0ro, señalando que las obras de “Agua para Todos” y “Techo Propio” las realizan empresas privadas. El día 28, en Cusco integrantes de construcción civil junto con el Frente de estudiantes del Cusco tomaron el campus central de la Universidad Nacional San Antonio de Abad, señalando que protestan por el alza del precio del pasaje urbano (de 0.60 a 0,70 céntimos de nuevo sol), resultando detenidas 4 personas y un estudiante herido. El día 5 de setiembre, el gremio de Construcción Civil del Callao y su base en Ventanilla denunciaron que tras la realización de una marcha pacífica el 28 de agosto, en rechazo a la inacción e incumplimiento de las obras ofrecidas, los dirigentes y sus familiares son víctimas de amenazas. El secretario de organización de Construcción Civil – Callao, Armando Viera señaló que existen funcionarios tanto de la municipalidad de Ventanilla como de la Región Callao involucrados en las amenazas. En Noviembre, no se registra nuevos acontecimientos. En diciembre 2008, no se registran nuevos acontecimientos. En enero 2009, la OD Tacna informa que el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil – Región Tacna solicitó a Municipalidad Provincial de Tacna el cumplimiento del acta final de negociación colectiva suscrita entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO para el periodo 2008-2009, donde se acuerda el aumento general del jornal básico de las categorías operario S/ 2.20, oficial S/ 2.00 y peón S/ 1.80, lo cual indican se debe aplicar desde el 01 de junio del 2008. El 28 de enero, la OD Tacna solicitó información a la Municipalidad de Tacna por dilación en responder al Sindicato de Construcción Civil. El 24 de febrero de 2009 el Gerente de Ingeniería y Obras de la Municipalidad Provincial de Tacna respondió a la solicitud de información de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna (OD Tacna) señalando que la queja por el aumento de sueldo del personal obrero ha sido atendida mediante la Resolución de Alcaldía Nº 0177-09. Esta resolución resuelve aprobar la escala remunerativa del siguiente personal obrero: maestro de obra (S/.1900.60 nuevos soles), operario (S/.1662.12 nuevos soles), oficial (S/.1485.56 nuevos soles) y peón (S/.1347.36 nuevos soles) de la Municipalidad Provincial de Tacna a partir del 1 de enero de 2009. Este incremento se sustenta, de acuerdo al tercer considerando de la resolución, en el acta de negociación colectiva suscrita entre CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú 2008-2009 que acuerda otorgar un incremento al jornal básico de los trabajadores de construcción civil a partir del 1 de junio de 2008. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, el día 9 de marzo se informó en los medios que Juan Coyla, secretario provincial del sindicato de trabajadores de construcción civil en Puno, denunció la presunta explotación laboral de obreros de parte de la empresa Concesionaria Vial del Sur, que ejecuta el tramo cinco de la carretera Interoceánica. Indicó que se trabajaría hasta 13 horas diarias incumpliéndose la tabla salarial y descansando sólo cuando llueve. El día 17 se informó en los medios que en Pasco, trabajadores de Construcción Civil realizaron una marcha de protesta a favor de la continuidad de obras ante la posibilidad de paralizar obras en Pasco. A este respecto el presidente regional y la congresista afirmaron que las obras continuarán y no habría paralización. El día 20, en Ica, se informó en los medios de comunicación de la región que los integrantes del Sindicato de trabajadores de Construcción Civil de Pisco y anexos realizaron una marcha por el pliego de reclamos nacional correspondientes al año 2008, 2009, donde se plantean mejoras a los trabajadores de construcción. 134. Departamentos Amazónicos Caso. Las autoridades que integran el Consejo Interregional Amazónico (CIAN) se han pronunciado rechazando el decreto legislativo 1090 ya que pondría en peligro al 60% de los bosques primarios del país. Actores. Consejo Interregional Amazónico (CIAN), los presidentes y vicepresidentes regionales de la amazonía. Hechos. Las autoridades de integran el Consejo Interregional Amazónico (CIAN) rechazan el decreto legislativo 1090 que pondría en peligro al 60% de los bosques primarios del país. En el mes de setuiembre los vicepresidentes regionales de Ucayali, Ludgardo Gutiérrez, y de Amazonas, Julio Daniel Sagástegui, ante más de 700 personas reunidas en una audiencia pública en Iquitos para

analizar las implicancias del decreto, pidieron al Congreso impulsar la derogatoria de la polémica norma. El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Róger Nájar Kokally (BP), sostuvo que el paquete legislativo, promulgado por el Poder Ejecutivo a fines de junio, incluye una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL1090) y otras normas que han sido justificadas con el argumento de generar un marco que favorezca la inversión privada en bosques y dar cumplimiento a los compromisos forestales que el Perú debe cumplir para poder seguir adelante con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que tras un análisis detallado a la norma se demuestra que, en la práctica, esos decretos colisionan con esos compromisos. “La promulgación de ese decreto significa un retroceso en el proceso de ordenamiento forestal existente en el país”. Otras opiniones refieren: Sandro Chávez, representante del Foro Ecológico, sostuvo que, entre otras observaciones a la norma, está su permisividad a la tala ilegal y promocionar el cambio de uso para que las tierras forestales deforestadas (cuya capacidad de uso mayor es forestal) pase al régimen agrario, con lo que facilita su privatización y la libera de regulaciones ambientales. Carlos Rincón, representante del Colegio de Ingenieros, opinó que la norma es inconstitucional porque en su elaboración no participaron los agentes productivos y recorta los suelos forestales, facilita la falta de transparencia en el acceso al bosque, entre otros. Iván Lanegra, gerente de Recursos Forestales del Gobierno Regional de Junín, consideró que la norma debilita el proceso de descentralización debido a que refuerza el carácter centralista al subestimar la participación de los gobiernos regionales gobiernos locales. El 15 de enero 2009 AIDESEP rechazó la aprobación de la Ley 29317, Ley que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por el Congreso de la República y publicado el día anterior en el diario El Peruano, porque afirman vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT y que pone en grave riesgo la sostenibilidad y permanencia de los bosques amazónicos que es parte fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas. Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP, alertó que los pueblos indígenas amazónicos están indignados con esta situación, están molestos porque el Estado en lugar de ser promotor del desarrollo, ahora decidió declarar a la Amazonía de “interés nacional”, situación tendenciosa y mal intencionada pues deja la puerta abierta para que se pueda reemplazar las tierras por monocultivos de biocombustibles o agroindustriales. Añadió, “sentimos que el gobierno no respeta a los pueblos milenarios que piensa que el Perú es Lima y que el resto del país debe acatar lo que decida Palacio de Gobierno. Pero nosotros vamos a decir NO a esta ley y otros, vamos a defender y hacer respetar nuestros territorios y nuestros derechos, no sobre la base de impedir el desarrollo del país, sino sobre la decisión histórica de salvar el Planeta, de salvar el futuro de nuestros hijos y sobre todo, de salvar al Perú de este gobierno que ve nuestras tierras como una mercancía”. El líder indígena también lamentó que el Ejecutivo y el Legislativo insistan en su negativa de respetar las normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT que establece, en su artículo 14° que es deber del Estado reconocer los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado y proteger el derecho de los pueblos a usar sus tierras que no sean exclusivamente de ellos pero que exista un acceso tradicional. Además, Pizango Chota precisó que con esta ley peligraría el 60% de los bosques de la Amazonía que representa alrededor de 45 millones de hectáreas; situación que ya se inició en la región Ucayali donde ya se han vendido alrededor de 61 mil hectáreas a empresas como Selva Maestra (13,917 ha.), Grupo Empresarial Amazónico SAC (3,000 ha.); Campo Verde SAC - Grupo San Fernando (6,900); SEM PERÚ SELVA - SAC Chileno (24,800); Agroindustria Campo Nuevo SAC (20,000 ha.); Proyecto Selva III Milenio Ecoturismo Selva (12,077). El 15 de enero, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), rechazó la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que modifica diversos artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y anunció que adoptarían una serie de medidas de protesta contra dicha norma que afectaría a la Amazonía, el presidente Antonio Iviche, tras la aprobación del proyecto N° 2958, que modifica varios puntos del Decreto Legislativo 1090. “Tras esta aprobación, estamos movilizándonos todos los dirigentes para evaluar cómo vamos a responder, porque esto va a acarrear un mayor conflicto en la región”, añadió.

En tal sentido, Iviche Quique calificó de lamentable esta norma y aseguró que el Poder Ejecutivo estaría tratando de opacar las protestas sociales provenientes de la Amazonía. Al respecto, dijo que resulta sorprendente que no se haya tomado en consideración el memorial realizado por las organizaciones nativas y el gobierno regional de Madre de Dios, que expresó su total rechazo al Decreto Legislativo 1090. “Lo aprobado nos preocupa y demuestra que los procesos no se han cumplido y sólo se han abocado a recoger ciertas opiniones. Lo que nos sorprende es que la región y el gobierno regional de Madre de Dios a través de un memorial solicitamos su derogatoria, pero sin embargo, nuestro pedido no fue acogido”, finalizó. Últimos acontecimientos. El 16 de marzo se reanudaron las amenazas de protesta por parte de distintas etnias como la Awajun-Wampis del río Cenepa, las de Putumayo, y la referida a la Central Ashaninka de Río Ene. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología atendió a los representantes. Además, los representantes de AIDESEP anunciaron un paro para el 13 de abril, que podría desactivarse si el Congreso pone en agenda del pleno la Ley Forestal y si se compromete a derogar las leyes 1090, 1089 y 1064, que atentan contra los derechos de las comunidades. El día 24 de marzo el presidente Alan García firmó el decreto supremo que crea la Mesa de Diálogo Permanente entre el Ejecutivo y los Pueblos Indígenas de la Amazonía. La misma tendrá como función realizar continuos seguimientos de la obligación del Estado de velar por el desarrollo de las comunidades indígenas del país. El mismo día, mediante un comunicado AIDESEP ratificó su intención de realizar una movilización nacional en el mes de abril. Esto se debe a que consideran que la mesa de diálogo permanente creada por el ejecutivo es una medida desesperada del gobierno y que en ella solo participará un sector minoritario de los pueblos indígenas. 135. Nivel Nacional Caso: Los estudiantes universitarios de diversas regiones del país reclaman porque transportistas no cumplen con el cobro del medio pasaje a los universitarios. Actores: Federación de Estudiantes (FEP) del Perú, Federación Universitaria de Cusco, transportistas terrestres; Municipalidad de Cusco; Municipalidad de Lima. Antecedentes: El día 20 de agosto el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Transporte Terrestre, Félix Gómez, informó que el precio del pasaje de transporte urbano aumentaría en un 30% sobre la base de S/.1.20, lo cual generaría un aumento de 0.40 céntimos de nuevo sol. Además, el secretario general del Sindicato Unitario de Chóferes y Cobradores del Perú, Elmer Mercado, estimó que el incremento en el precio del pasaje del transporte urbano fluctuaría entre 20% y 30%. Ello se daría porque por más de 10 años se ha estado cobrando un pasaje que no consideró los diferentes aumentos en el precio de los combustibles y que durante los últimos 10 años el petróleo ha subido entre 10 a 15%. El 28 de agosto, estudiantes universitarios de la Universidad San Antonio de Abad (Cusco) inician su protesta contra el incremento de los pasajes urbanos y el alza de costo de vida, tomando diversos vehículos de trasporte público y colocándolos en el campus de la Universidad. El día 30 de agosto representantes de la Federación Universitaria de Cusco se reunieron con los transportistas, pero no llegaron a ningún acuerdo, a pesar de que los jóvenes modificaron ayer su propuesta y demandaban la reducción de los pasajes en S/. 0,10. Es decir, el pasaje adulto costaría S/.0,60 y el universitario S/.0,40. Sin embargo, los transportistas no aceptaron, pues aseguraron que -según un estudio técnico realizado por ellos-- el precio debería ser de un sol el pasaje adulto. Así, los estudiantes continuaron con la toma de vehículos de transporte público. Hechos: El 1 de setiembre mediante Decreto de Alcaldía Nº 004-2008-MPC, Marina Sequeiros Alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Cusco- declaró ruta libre por treinta días que permitirá que los transportistas presten el servicio por la ruta que libremente decidan y establecer el costo de los pasajes. Además declara en emergencia el servicio público de transporte de pasajeros por 90 días. El día 2 de setiembre se realizó la entrega de las unidades de servicio público retenidas en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. El día 3 de setiembre el presidente de la Asamblea Nacional de rectores, Iván Rodríguez, anunció la prórroga de un mes de la vigencia del carnet universitario. Esta prórroga fue respaldada por el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, Michael Gámez. Además, Gámez señaló que los estudiantes deberían pagar a las universidades solo cinco nuevos soles por concepto de emisión del carnet, toda vez que hay estudiantes que pagan hasta 25 soles por la expedición de este documento. Anunció que buscará conversar con al presidente de la Comisión de Transportes del Congreso a fin que se impulse el

proyecto de ley para que los estudiantes universitarios puedan pagar el pasaje universitario los 365 días del año. Sin embargo, Gámez se opuso a que no se cumpla con el cobro de medio pasaje a los universitarios y que los transportistas no recojan ni a ellos ni a los escolares. Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte Público del Perú, Julio Raurau Oblitas, rechazó que no se deje subir a los estudiantes universitarios y que su gremio respeta la ley que otorga el medio pasaje pero que los universitarios pretenden que se cobre el 50% de la "oferta" y no de las tarifas (urbano, interurbano, zonal, etc.) que, desde hace año, se han establecido. El 19 de setiembre, Michael Gómez, presidente de la FEP, se reunió con la jefa de la Oficina Defensorial de Lima y con integrantes de la Adjuntía para los Servicios Públicos, exponiendo los fundamentos que sustentan su protesta, entre ellos el incumplimiento del cobro del medio pasaje a los universitarios por parte de los transportistas. Indicó que de no encontrase una solución del problema, la FEP tomará radicales medidas de protesta. Además, señaló que en los últimos años las autoridades no han establecido un control adecuado sobre los transportistas y que estos han aprovechado esta situación para establecer tarifas excesivas en perjuicio de los pasajeros. Gámez expresó que está dispuesto a dialogar con los transportistas en cualquier oportunidad que se presente, aunque antes iniciarían una mesa de diálogo con las autoridades municipales. El mismo 19 de setiembre, en Ayacucho, estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) recorrieron las principales calles de la ciudad, exigiendo el respeto de sus derechos y el cumplimiento del cobro del medio pasaje o pasaje universitario. Joaquín Hernández García, secretario general del Sindicato Único de Docentes, SUD-UNSCH solicitó a las autoridades y efectivos de la PNP que se mantengan vigilantes para evitar que continúe el abuso de los transportistas hacia los universitarios. El día 25 de setiembre, la Defensora del Pueblo expresó que el medio pasaje es una obligación legal que debe ser cumplida y que desde el 2006 la Defensoría del Pueblo exhortó a la Municipalidad de Lima que incluya la infracción de no respetar el medio pasaje y el pasaje escolar. Además, la Defensora del Pueblo consideró como posible que se efectúe una negociación entre los transportistas y el Poder Ejecutivo que resuelva el tema de una subvención económica con la finalidad de continuar con el derecho al medio pasaje. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, Michel Gámez, señaló que a pesar que no buscan un enfrentamiento con los transportistas, los estudiantes son maltratados en las unidades urbanas al cobrárseles montos excesivos, estableciendo diferentes rutas con diversos costos. El 10 de octubre, en Trujillo, el representante de la Central Regional de Transportes de Trujillo, Álvaro Liberato, indicó que de acuerdo a un informe económico, que viene siendo elaborado por la entidad que representa, el precio actual del pasaje universitario es el adecuado. Por su parte, el representante del Comité de lucha de la Federación de Estudiantes del Perú, Wilmer Valverde Rodríguez, señaló que aún no se ha reunido con los transportistas, sin embargo, si es que los transportistas no respetan los derechos de los universitarios, podrían radicalizar su medida de protesta. El 15 de octubre en Arequipa, un estimado de 1000 personas, entre alumnos y docentes administrativos de la Universidad San Agustín marcharon por las calles; como parte del paro de 48 horas desde esta fecha. Esta movilización es resultado del reclamo por que se restablezca el medio pasaje para los universitarios. Aunque la movilización fue multitudinaria y en algunos momentos generó congestión vehicular, durante la jornada no se registraron actos violentos ni enfrentamientos con las autoridades. También el 15 de octubre, en Trujillo, se realizó la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Se estimó que más de cuatro mil alumnos tomaron durante 24 horas la sede universitaria y, tras agredir a varios transportistas, marcharon por varias calles en contra del alza del pasaje universitario. Al final llegaron hasta el municipio de Trujillo entrevistándose con el alcalde de Trujillo, César Acuña, quien se comprometió en gestionar la reducción del precio del pasaje de 70 a 50 céntimos. El 26 de noviembre estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) demandaron la vigencia del medio pasaje, movilizándose y bloqueando un tramo de la Carretera Central, en Huancayo (Junín). Los estudiantes se concentraron en el frontis de la ciudad universitaria, ubicada en el distrito de El Tambo, y marcharon por la Carretera Central colocando piedras y troncos. Los policías impidieron el paso a los manifestantes a la altura del parque industrial y lanzaron gases lacrimógenos, a fin de restablecer el tránsito vehicular en la vía. Los universitarios se mantuvieron en los alrededores y después de un tiempo se reunieron nuevamente para marchar hacia el centro de la ciudad, siempre flanqueados por efectivos del orden. Se conoció a través de los medios de comunicación que el 15 de diciembre el presidente de la FEP, Michael Gámez declaró que la disminución del

precio del combustible debe reflejarse en los pasajes universitarios, adultos, y urbanos en general; insistiendo en que de acuerdo a ley debe cumplirse el cobro del medio pasaje, debiendo los transportistas cobrar de S/. 0,50 a S/. 0,60 céntimos por y no S/. 0, 80 o S/. 1,00 como viene ocurriendo en Lima y en las demás ciudades del país. En enero 2009, como resultado de la recomendación de la OD La Libertad dirigida a la Municipalidad de Trujillo, se ha aprobado el proyecto de ordenanza municipal que dispone la sanción pecuniaria y medidas preventivas para la empresa, conductor y cobrador de los vehículos de transporte público que incumplan con el cobro del medio pasaje. En febrero 2009, en Trujillo, la OD La libertad informa que mediante Oficio Nº 125-09-DP LA LIB del 26 de febrero, se solicitó información al Gerente de Transportes de la Municipalidad de Trujillo, Dr. Víctor del Carpio Sedano, sobre las acciones de fiscalización para detectar las infracciones por parte de los transportistas al cobro del medio pasaje a fin de hacer efectiva la ordenanza Nº 0152009-MPT que dispone sanción pecuniaria a los vehículos de transporte público. Ello debido a que según los medios de comunicación locales, los transportistas no estarían observando la ordenanza mencionada. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009 no se registran nuevos acontecimientos. 136. Nivel Nacional Caso: Modificación legal al nuevo sistema de pesca que establece los límites máximos de captura por embarcación es rechazada por armadores y pescadores, generando su rechazo expresado tanto en sendos comunicados como en diversas protestas realizadas en Piura, Moquegua y Ancash; y piden la derogatotia de la Ley 1084. Actores: Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, el Sindicato de Pescadores Anchoveteros de Ilo, la Asociación de Armadores Pesqueros del Perú y la Federación de Pescadores del Perú; Ministerio de la Producción, Sociedad Nacional de Pesquería, el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (ANEPAP). Antecedentes: Durante la tercera semana de junio, el ministro de la Producción anunció la inminente aprobación de una propuesta para resolver el exceso de la flota que pesca anchoveta y que limitaría la cantidad de este recurso por embarcación. La propuesta asumiría la forma legal de decreto legislativo. Por su lado, las organizaciones pesqueras que se oponen señalan que debía aprobarse mediante un proyecto de ley que permita la discusión en el Congreso. El Ministerio de la Producción convocó a gremios de armadores para que conozcan un estudio de Apoyo que sustentaba un nuevo esquema dirigido a resolver el exceso de la capacidad de flota dedicada a la pesca de anchoveta para la fabricación de harina y aceite de pescado. Hechos: Ante la propuesta del Ministerio de la Producción, el 25 de junio el Sindicato de pescadores anchoveteros del puerto de Ilo, la Asociación de armadores pesqueros del sur, la Sociedad Nacional de Armadores pesqueros y la Asociación de Armadores pesqueros del Perú, publicaron un comunicado acusando al ministro de la Producción de mentir sobre el tema. Afirman que se pretende imponer cuotas individuales de pesca que anteriormente fueron rechazadas por ellos: Además, indicaron que la propuesta generaría despido de los trabajadores pesqueros. El presidente de la Asociación de Armadores Pescadores del Perú, Gerardo Gonzáles, señaló que el sistema de cuotas o límite máximo de pesca perjudicarían a las pequeñas y medianas empresas debido a que al no existir límite de tiempo para las capturas, no podrían competir con las grandes, como sucede actualmente con el sistema de cuota anual global de pesca, generando a su vez el despido de trabajadores. Por su parte, el ministro de la Producción, señaló que quienes mienten son los que se oponen y que no se daría despido alguno aunque señaló que aquellos trabajadores que deseen podrían acogerse a los incentivos que establecería la norma: tendrían una indemnización de 2.25 sueldos por año de servicios hasta un máximo de 18 sueldos y tienen2 años de estudios pagados por el armador. Además, que los que tienen más de 50 años podrán acogerse a la jubilación anticipada. El ministro indicó que quienes se oponen al esquema de límites de pesca no les interesa que el Ministerio de la Producción los control además que no desean pagar los beneficios laborales a sus trabajadores. El 26 de junio, el Sindicato de pescadores anchoveteros del puerto de Ilo, la Asociación de armadores pesqueros del sur, la Sociedad Nacional de Armadores pesqueros y la Asociación de Armadores pesqueros del Perú se publicaron un segundo comunicado, esta vez dirigido al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros cuestionado la publicación del

Decreto Legislativo 1027 que exige la derogatoria de la norma indicada por carecer de legalidad al exceder las facultades dadas por el Congreso y permitir la implantación de cuotas individuales facilitando el retiro arbitrario de permisos de pesca. El 28 de junio se publicó el Decreto Legislativo 1084 “Ley sobre límites máximos de captura por embarcación”. El 15 de julio el Ministro de la Producción estuvo en Piura con el objetivo de explicar a los pescadores los alcances del Decreto Legislativo 1084. Sin embargo, los dirigentes de pescadores de Sechura abandonaron la reunión indicando que no se permitió el ingreso de dirigentes pesqueros de Chancay, Huacho, Santa Rosa, San José y Chimbote. EL presidente de la asociación de propietarios de embarcaciones industriales de Sechura refirió que su exigencia es la derogatoria del Decreto legislativo señalado porque se habría mezclado la cuota de pesca con los beneficios laborales de los trabajadores, percibiendo que la norma busca enfrentar a los pescadores. El 22 de julio, representantes de los distintos sindicatos de pescadores artesanales y armadores pesqueros se reunieron con la Comisión de Producción del Congreso exponiendo sus discrepancias con el Decreto legislativo 1084. Acordaron presentar ante la Comisión de Producción un proyecto que derogue la norma, con el apoyo de algunos congresistas .El 23 de julio un estimado de 150 trabajadores del Sindicato de Pescadores y Armadores del Perú mientras realizaban un plantón frente del Ministerio de la Producción, lanzaron sobre el local del Ministerio, transeúntes y periodistas, bolsas con pescados en descomposición. El día 27 de agosto el presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros-Base Chimbote, Max Huamanchumo, y el secretario general del Sindicato de Pescadores del Puerto de Huacho, Hilmer Guardales, anunciaron que realizarán una serie de protestas contra el Decreto Legislativo 1084 (ley de la pesca), dado en mayo por el Ejecutivo, el cual pone límites máximos de captura de anchoveta por embarcación. Huamanchumo informó que la norma solo favorece a las siete empresas pesqueras más grandes del país, por lo que las embarcaciones más pequeñas desaparecerían, dejando a más de 15.000 familias en la miseria. Ellos dijeron representar al 70% de los pescadores industriales dedicados a la captura de anchoveta en todo el país. El 1 de setiembre la Asociación de Armadores Pesqueros de Chimbote y Huacho anunció una serie de medidas de fuerza y bloqueo de puertos si no se deroga el decreto legislativo 1084, Ley de Pesca, que limita la captura de anchoveta. El 5 de setiembre, cientos de pescadores marcharon por las calles de Lima y se 'plantaron' frente al Congreso para pedir que no se derogue la norma que pone límites máximos a la pesca. Advirtieron a los legisladores que la masiva industrialización provocaría una depredación de los recursos marinos, solicitaron al titular del Parlamento, Javier Velásquez, defender sus derechos y la preservación de la anchoveta, que sería devastada si grandes industrias ingresan a mar peruano. Velásquez aseguró a los pescadores que serán convocados al Parlamento, para plantear sus sugerencias, cuando se debatan los proyectos que plantean la derogatoria del DL 1084. Otro sector de la misma Federación de Pescadores del Perú (FPP) denunció que la movilización fue financiada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y que esta sociedad pagó 100 soles por cada asistente a la marcha, así lo dijo el secretario general de la FPP, José Lozada Espinoza, quien dijo que el decreto legislativo 1084 producirá más días de trabajo para pescar tranquilos, mejor trato de las empresas a los pescadores, prohibición de despidos por dos años, aseguramiento del futuro de la anchoveta y limpieza del mar. En el mes de octubre los pescadores de Chimbote y Sechura realizaron un mitin en la ciudad de Chimbote, con el fin de exigir la derogatoria del Decreto Ley 1084, norma que perjudicaría a todas las embarcaciones de madera de la Ley 26920 en beneficio de los grandes grupos de poder. El 24 de octubre la nueva Ministra de la Producción, Elena Conterno, destacó las virtudes de la Ley de Cuota Pesqueras, que fuera promulgada durante la gestión de su antecesor, Rafael Rey, y manifestó que ahora solo se reglamentará, y que se trata de evitar la depredación del recurso. La Ministra señala que “es una asignación clara de derechos y eso es lo que hace esa ley", también contempla “una serie de beneficios para los armadores por el reacomodo que pueda haber por la sobre inversión que existe en el sector”. El 13 de diciembre el Ministerio de la Producción publicó el día 12 de diciembre el Reglamento de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación, conocida como la legislación de las cuotas individuales de pesca de la anchoveta. Uno de los cambios en el reglamento, es que para el caso de las embarcaciones más pequeñas de madera, registren un incremento aproximado del 10% de los límites máximos asignados a dichas naves, según el ministerio. Asimismo, la norma tiene entre sus principales objetivos ordenar el sector pesquero nacional, preservar el medio

ambiente y proteger a los pescadores o tripulantes. La norma prohíbe explícitamente los despidos y crea un sistema de incentivos para los tripulantes que libremente deseen renunciar o adelantar su jubilación. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 137. Nivel Nacional Caso: Protestas de trabajadores portuarios de los puertos del Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San Martín (Ica) e Ilo, en oposición al proceso de concesión portuaria regulado por el Decreto Supremo 011-2008-MTC. Actores: Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU, Antecedentes: El 16/03/2008 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el D.S. 011-2008 MTC modificándose el Plan Nacional de Desarrollo Portuario con la finalidad de modernizar y desarrollar los terminales portuarios Paita, General San Martín (Pisco), Ilo, Pucallpa e Iquitos para elevar su eficiencia y consolidar el tráfico portuario que se incrementará cuando entre en vigencia el TLC con los Estados Unidos. Hechos: El 8 de abril los puertos del Callao, Paita (Piura), Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), San Martín (Ica) e Ilo (Moquegua) y los terminales fluviales de Iquitos (Loreto), Pucallpa (Ucayali) y Yurimaguas (Loreto) paralizaron sus operaciones durante dos horas debido a las protestas de los trabajadores frente a los procesos de concesión portuaria. La Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU demandó que se respete la Ley del Sistema Portuario Nacional, que impone autoridades portuarias regionales, y exigió dialogar con la PCM. Adolfo Granadinos, secretario general de ENAPU señaló que los trabajadores portuarios del país adelantaron que realizarán una huelga indefinida al día siguiente de que el gobierno anuncie formalmente la convocatoria para el inicio de los procesos de concesión de los puertos regionales. Por su lado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), rechazó la posición de los trabajadores portuarios, porque va en contra de los esfuerzos para mejorar la competitividad. El 10 de abril se conoció en los medios de comunicación que Construcción Civil, la Federación Minera y la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (FENTENAPU). El 11 abril los trabajadores portuarios señalaron en los medios de comunicación que el plan de concesiones de los puertos de Pisco y Paita es "ilegal" debido a que sus procesos siguen los lineamientos de el DS 011-2008-MTC, que vulneraría la Ley de Puertos. El 13 abril el secretario general del FENTENAPU, Adolfo Granadino, indicó que tras la paralización realizada el 8 de abril, la participación de los portuarios en el paro nacional convocado por la CGTP está asegurada para el 1º de mayo próximo. Además, Granadino señaló que en los próximos días se vendrán más movilizaciones en los puertos del Callao en conjunto con los sectores y miembros de Construcción Civil. El 14 de abril se dio inicio a la huelga nacional de 24 horas convocada por la FENTENAPU, en protesta por la concesión de los terminales portuarios de Pisco y Paita. En Lima dejaron de laborar 357 trabajadores, sin embargo, el puerto del Callao no limitó sus actividades, y en provincia la medida fue acatada a medias. Por su parte, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, declaró ilegal la huelga y señaló que la actividad en los puertos se desarrolló con normalidad. Adolfo Granadino, secretario general de FENTENAPU, indicó que la huelga se acató en ocho puertos del país, y tuvieron el apoyo de los estibadores a pesar de que en horas de la mañana, efectivos policiales y la Marina de Guerra del Perú se hicieron presentes en el terminal portuario, a fin de dispersar a los manifestantes. La ministra de Transportes sostuvo que no habrá marcha atrás en la concesión de puertos, mientras que Granadino anunció que el 13 de mayo se retomará el paro que sería de alcance nacional ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno. El 16 abril el presidente de la República aseguró que "cueste lo que cueste" el gobierno garantizará el funcionamiento de los puertos y del comercio exterior del país. El 17 abril el secretario de relaciones sindicales de la FENTENAPU, Leopoldo Ortiz, anunció que se radicalizarían las protestas con la posibilidad de acciones más violentas. El 21 abril trabajadores de Enapu amenazaron con paros sorpresivos con el objetivo de evitar ser reprimidos por las fuerzas del orden. Los trabajadores portuarios decidirán el próximo 30 de abril en asamblea nacional la fecha en que iniciarán una huelga indefinida ante el desinterés del gobierno para dialogar y en protesta por la concesión de los puertos de Ilo y Paita anunció el dirigente del FENTENAPU, Ricardo Herrera. Ante esta amenaza de huelga, la Asociación de Exportadores (ADEX) expresó el 22 de abril su rotundo rechazo y demandó la inmediata declaración de 'alerta verde' en todos los terminales portuarios

administrados por Enapu. Señaló que la 'alerta verde' a nivel nacional implica el refuerzo preventivo de las actividades portuarias en los diferentes terminales. El 28 de abril, el gobierno regional de Loreto y organizaciones de la sociedad civil rechazaron el Decreto Supremo 011-MTC exigiendo su derogatoria. Además, instituciones como la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, el Frente Patriótico de Loreto y la Universidad Nacional de Iquitos pidieron la instalación de implementen las autoridades portuarias regionales. El 30 de abril, la titular del MTC, Verónica Zavala, sostuvo que los trabajadores pueden protestar pero no obstaculizar la labor en los puertos. El 9 de junio, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU, Adolfo Granadino anunció un paro general para el 9 de julio. Este anuncio se genera, según el dirigente, por la negativa de la ministra de Transportes y Comunicaciones de reunirse con las autoridades portuarias para tratar las demandas de los trabajadores. Luego, el 24 de junio se realizó una reunión en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso con la finalidad de examinar los alcances del Decreto Legislativo Nº 1022 que modifica la Ley de Puertos. La ministra de Transportes y Comunicaciones y el presidente del Consejo de Ministros no asistieron a la reunión. Durante la sesión en el Congreso, el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle, señaló que no existe un interés "pro chileno" y que la norma mencionada tiende a promover un mayor nivel de inversiones, mejorando la infraestructura del sector. Por su parte, la congresista Susana Vilca, presidenta de la Comisión de Transportes del Congreso anunció que por tercera vez se ha reiterado la invitación a los ministros mencionados, advirtiendo que si no acuden, la Comisión procedería a someter a votación un dictamen que plantea eliminar el decreto legislativo indicado. La Federación Nacional de Trabajadores de ENAPU continuó con su planteamiento de defensa de los puertos, el alza del costo de vida, el rechazo de la contaminación minera y el cambio de la política económica, las mismas que debatirán el 2 de setiembre en la Asamblea Popular del Callao, encuentro del que participarán 187 organizaciones sindicales, civiles y colegios profesionales. En la reunión también se discutirá la fecha para la realización de un paro regional afirmó Gloria Pérez Saavedra, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses del Callao. El 22 de agosto, tras el llamado de alerta lanzado por el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Luis Negreiros, de que el puerto del Callao podría caer en manos de capitales chilenos y así convertirse en un monopolio que afectaría a los intereses nacionales, los representantes de federaciones y sindicatos de trabajadores portuarios del país advirtieron que si no se derogan o modifican los decretos legislativos 1002 y 1031, ellos irán a una huelga nacional indefinida para mostrar su rechazo. Así lo aseguró el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos Perú, Isidro Huamanchumo, quien agregó que esta iniciativa cobraría más fuerza en caso de que el pleno del Congreso no llegase a dar el visto bueno a la iniciativa legal 1648 presentada por la CPA y que fue aprobada por la Comisión de Energía y Minas, encontrándose lista para su debate en el Pleno. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 138. Nivel nacional Caso. Docentes de las universidades públicas reclaman efectiva homologación de remuneraciones para los años 2007-2008 Actores. Federación Nacional de docentes Universitarios del Perú (FENDUP), gobierno central. Antecedentes. El 12 de junio la FENDUP inicio la huelga general indefinida en demanda de la homologación de remuneraciones para los años 2007-2008. El 16 de octubre se reinicia la huelga por la misma demanda debido a que el gobierno, según la FENDUP, incumplía las leyes 29035 y 29070 que se refieren a que la homologación se efectuaría desde junio de 2007. Hechos. A fines de noviembre se publica la Ley 29137 que establece la homologación para el 2007 además que aprueba una escala de incremento para tres categorías de docentes. En un comunicado emitido el 4 de diciembre, la FENDUP refiere que su dirigencia intentó reunirse con funcionarios del MEF para los días 28,29 y 30 de noviembre con la finalidad de contar con información sobre la autorización de pagos y el calendario de compromisos. La FENDUP señala que el MEF ofreció reunirse con sus dirigentes el 3 de diciembre. Llegado el día, no se produjo la reunión. El 20 de diciembre, la Federación regional de Docentes Universitarios del Norte del Perú declara la huelga nacional indefinida en reclamo a la homologación del 2007. A mediados de enero del 2008, los docentes universitarios suspendieron la huelga luego de 104 días. En 32 universidades públicas se reanudaron las clases. La FENDUP ha anunciado que la

recuperación de las clases se extenderá hasta marzo e incluso se anuncia que los docentes universitarios trabajarían los feriados. Julio Lazo Tovar, presidente de la FENDUP, espera que la sentencia que emita el Tribunal Constitucional sea favorable a la homologación de sueldos de los catedráticos con los de los magistrados del Poder Judicial. La FENTUP, liderada por Luis Ruiz García, señaló que se ha previsto un paro nacional de 24 horas que se realizará el 9 de julio, el cual podría convertirse en indefinido, dependiendo si el gobierno atiende o no sus reclamos. El 21 de julio el rector de la Universidad Nacional del Callao emitió un pronunciamiento escrito en el cual requiere al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asigne inmediatamente los fondos necesarios aprobando el crédito suplementario para que se cumpla con el pago del reintegro obligado por la ley 29223 correspondiente a los meses de junio a noviembre de 2007. Además, señala que el MEF corrija el D.U. 052-94 y, que el gobierno central que incluya en el Marco del Programa de Homologación de los Docentes Universitarios, a los profesores contratados, jefes de práctica y pensionistas, así como también el incremento de sueldos de los trabajadores administrativos de las universidades de acuerdo a lo ofrecido por el Presidente del Consejo de Ministros. El 24 de agosto el Presidente de la FENDUP, Julio Lazo Tovar, mediante un pronunciamiento público, expresó que su gremio lucha por la calidad educativa, la investigación científica, y la promoción del desarrollo pero que el gobierno pretende privatizar la universidad peruana con el proyecto de Ley 939; Sostienen que el poder legislativo les da la razón con la dación de la Ley N° 29223 que debe cumplir el Ministerio de Economía y Finanzas, de este modo concretar el pago de los docentes universitarios por el período comprendido entre el 1 de junio del 2007 y el 28 de noviembre del 2007, en los montos y condiciones precisados en la Ley N° 29137; Asi mismo señala que en asamblea de delegados de las universidades de Lima Metropolitana, acordaron: 1.Acatar el paro nacional universitario los días del 3 y 4 de septiembre. 2.- Exigir al Congreso de la República un crédito suplementario que permita el cumplimiento y, último tramo, del programa de homologación y se archive el proyecto de Ley 939. Que el gobierno central, MEF, autorice hacer efectivo el pago de junio a noviembre como lo estipula la ley. 3.- Nombrar los Comités Unitarios de lucha en cada una de las bases, así como traer propuestas de acción para la presente etapa de lucha. Los días 3 y 4 de setiembre los docentes realizaron un paro a nivel nacional, el secretario de organización de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), Jorge Castillo, advirtió que si el Ejecutivo no acepta su solicitud de diálogo para atender sus demandas, ellos reiniciarían la huelga indefinida que suspendieron en noviembre del año pasado. El 2 de diciembre en asamblea general, los integrantes del Sindicato Único de Docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna (SUDUNTAC) acordaron ratificar la huelga indefinida que iniciaron el pasado 30 de octubre hasta que el Gobierno, a través de una disposición legal, precise la modalidad de pagos correspondientes a la homologación de sus sueldos con los de los magistrados del Poder Judicial. El Secretario General del SUDUNTAC, Martín Llapa, precisó que no suspenderán la medida de lucha hasta que las autoridades centrales establezcan el mecanismo para hacer efectivos los pagos pendientes de junio a noviembre del 2007 y se cumpla el tercer tramo de la homologación de sueldos. El 5 de diciembre el consejero universitario Alan Tapia Alave lamentó que todos los años los docentes perjudiquen a los estudiantes con su medida de protesta y al final no consigan nada. El dirigente estudiantil criticó a los catedráticos que en vez de acatar la huelga o dictar clases, sólo asisten a la primera casa de estudios para firmar su asistencia y cobrar su sueldo sin trabajar. El 11 de diciembre en asamblea en la que participaron 27 delegaciones, la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) acordó suspender la huelga indefinida que mantenían desde el 30 de octubre pasado. El presidente de la Federación, Julio Lazo, explicó que se trata de una tregua condicionada a los resultados de la mesa de diálogo propuesta por el premier Yehude Simon. El trabajo de dicha mesa de diálogo se centraría en la tercera y última etapa de la homologación. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 139. Nivel nacional Caso. Frentes de Defensa y organizaciones sociales y sectores de población de las regiones amazónicas demandan la derogatoria de la Ley Nº28852, denominada “Ley de la selva”. Indígenas

amazónicos de distintas regiones del país piden la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 porque atenta contra sus derechos contemplados en la constitución así como el convenio 169 de la OIT. Actores. Diversas organizaciones sociales de las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín, Ucayali, Junín y Pasco. Indígenas amazónicos agrupados en la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (AIDESEP), Confederación de nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), PCM, Congreso de la República, Tribunal de Garantías Constitucionales (TC). Hechos. Ante el anuncio de un paro los días 17 y 18 de marzo del 2008 en las regiones de la amazonia, el día 10 de marzo el Primer Ministro, Jorge del Castillo se reunió con los presidentes regionales de los departamentos de la selva. Sin embargo, el paro se llevó a cabo en varias regiones. En Loreto, provincia de Alto Amazonas más de cinco mil pobladores apoyaron el paro contra proyecto de "Ley de la Selva", participaron ciudadanos provenientes de los caseríos Santa Cruz, Laguna, Balsa Puerto, Pampa Hermosa y Shushuyacu. La carretera a la ciudad de Tarapoto fue tomada por las rondas campesinas en las localidades de Santa Rosa Km. 17, Santo Tomás Km. 30, Grau Km. 40 y Pampa Hermosa en límite con San Martín. Según los medios de comunicación, en Madre de Dios cerca de trescientas personas, se congregaron en el parque Francisco Bolognesi (ubicado en la parte oeste de Puerto Maldonado), iniciaron su recorrido por las avenidas Piura, Bolognesi y Fitzcarrald, hasta llegar a las instalaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios. En ese lugar, los manifestantes criticaron al presidente regional Santos Kawai Komori. De manera distinta ocurrió en la región Loreto, el paro se realizó sin la participación de las principales organizaciones gremiales del departamento, en Iquitos, el paro convocado por una de las facciones del Frente Patriótico de Loreto (FPL) las actividades comerciales se desarrollaron normalmente. Gilder Torres, presidente de la otra facción del FPL, exhortó a la población a no participar de la paralización, ya que la convocatoria sólo respondería a los intereses de un determinado partido político que busca obtener beneficios electorales. Una situación diferente ocurrió en la selva central; en el distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, el paro se desarrolló con hechos de violencia, un grupo de aproximadamente 50 personas saqueó pequeños centros comerciales, volteó mototaxis en las calles y llenó las pistas de tachuelas para dañar las llantas de los vehículos. Por otro lado, la carretera La Merced-Satipo continuó bloqueada por los manifestantes. El primer día se produjo enfrentamientos entre la policía y un grupo de manifestantes dejando como resultado siete heridos, cuatro heridos de bala, uno de perdigón y otro de una pedrada en la cabeza. Los comisionados del módulo de atención de Chanchamayo verificaron la destrucción de cinco (05) ómnibus (02 de la Empresa Junín y 03 de la Empresa Lobato) con los cuales se bloqueó la carretera antes de llegar al Puente de acceso a Pichanaki, así mismo se observó un Camión Porta Tropa de la Policía Nacional del Perú siniestrado (incendiado), también se observó diversa cantidad de palos y piedras dispersos en la carretera y puente de acceso a Pichanaki. También verificó un total de 23 efectivos policiales heridos los cuales fueron trasladados a la ciudad de La Merced y 03 efectivos heridos que se encuentran internados en el Hospital de Pichanaki de los cuales uno es de gravedad. Los comisonados de la Defensoría del Pueblo se entrevistaron con el Médico Gabriel La Torre Moscoso, Director del Hospital de Pichanaki, quien confirmó que se atendió por el servicio de emergencia a 20 pacientes, de los cuales solo quedaron internados 9 personas, de los cuales seis son civiles y tres efectivos policiales, con el siguiente detalle, el de ciudadanos: Rudy Meza Rojo, por herida de PAF en rodilla derecha, se encuentra hospitalizado; Rodolfo Enero Condori, por herida de PAF en codo izquierdo, se encuentra de alta; Wilmer Torre Quilca, por herida de PAF en pie izquierdo, se encuentra hospitalizado; Edgar Trigo Pacheco, por herida de PAF en el cuello, se encuentra de alta; Huber Hinostroza Cerrón, por herida contusa cortante ceja derecha, se encuentra de alta; Edgar Flores Ramos, por herida de PAF en pierna izquierda, se encuentra hospitalizado. Por los efectivos policiales: Antonio Rafael Castillo Campos, por TEC Leve/D/D/Fx Cráneo, se encuentra hospitalizado; Juan Carlos Ortiz Untiveros, por contusión pie derecho, se encuentra de alta; Manuel Vallejo Sánchez, por herida contuso cortante pómulo izquierdo, se encuentra de alta. En Pichanaki líderes sociales suscribieron un acta en la comisaría de Pichanaki, junto con el general PNP Roberto Villar, jefe de la octava región policial de Huancayo, un punto en el que se señala que la Amazonía realizará una nueva medida de fuerza en el caso de que no se atiendan sus demandas. El resultado del paro en la selva central tuvo críticas de rechazo, entre otros, expresado por la alcaldesa de Chanchamayo, Liv Haug Landmo, quien afirmó que la falta de una

información adecuada de la denominada "Ley de la Selva" ha provocado que grupos radicales aprovechen políticamente este desconocimiento para sus propios intereses. En la región Ucayali, el presidente del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, admitió que la convocatoria al paro no tuvo la acogida que esperaban y culpó al gobierno central y los gobiernos regionales de la Amazonía de pretender desacreditar a los frentes de defensa. Los manifestantes, nativos, estudiantes y pobladores sostuvieron que la Ley de la Selva, pretende entregar en venta las tierras deforestadas para fines de reforestación y agroforestería. Durante los dos días el paro se desarrolló con mayor calma en el resto de departamentos amazónicos. Los campesinos y nativos demandaron diálogo directo con el premier Jorge del Castillo y la derogación inmediata de la cuestionada norma. El día 9 de agosto los indígenas de las etnias aguaruno-huambisas llegaron a Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, desde diferentes comunidades de los distritos de Río Santiago y Cenepa. Ellos pedían la derogatoria del Decreto Legislativo 1015 por considerarlo ilegal. Los pobladores indígenas se dirigieron al Puente Nieva, a la Estación 6 del Oleoducto de Petro-Perú y a la localidad de Chiriaco con la intención de bloquear el acceso a esas zonas. Otro grupo de indígenas se dirigió a la mina Afrodita, ubicada en la frontera con Ecuador, en el distrito de Cenepa. El general PNP Víctor Castañeda manifestaron que han tomado medidas de prevención para evitar cualquier atentando contra la propiedad privada y pública. Unos 1500 integrantes del grupo étnico machiguenga cerraron el día 10 de agosto la circulación fluvial en las zonas del bajo y medio Urubamba en el distrito de Echarate, provincia de Quillabamba, en Cusco. Debido a esta medida de fuerza fueron retenidas dos embarcaciones, una de ella perteneciente a la empresa Pluspetrol, y la otra al Instituto de Manejo del Agua y Ambiente. Los tripulantes fueron intervenidos pacíficamente y se encuentra bajo la custodia de los indígenas. Por otro lado, en Amazonas se acató la huelga mediante la toma de carreteras y algunos locales públicos, aunque la policía ha asegurado que mantendrá el orden y contará con el apoyo del Ejército de ser necesario. Al día siguiente un número indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas fueron enviados a la central hidroeléctrica El Muyo, en la provincia de Bagua (Amazonas) ante la amenaza de toma de esa central por los nativos aguaruna huambisas, que desde el día 9 acatan el paro indefinido que pondrían en riesgo sus derechos sobre los territorios de sus comunidades. La medida fue adoptada por orden del ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y el general Edwin Donayre, comandante general del Ejército, informó ayer el general PNP Víctor Castañeda, jefe de la IV Dirección Territorial Policial de Amazonas. Las Fuerzas Armadas buscan evitar que las provincias de Bagua y Utcubamba, en Amazonas, se queden sin la energía eléctrica que les suministra El Muyo. Otros destacamentos serán enviados a la Estación Seis de Petro-Perú, en la comunidad nativa de Kusu Grande, perteneciente al distrito de Imaza, y a otras localidades que el general Castañeda evitó mencionar por seguridad. Hasta el día 10, más de diez mil nativos se concentraban en Santa María de Nieva y Tayuntza, en la provincia de Condorcanqui, así como en Kusu Grande y cerca de El Muyo, ambos en la provincia de Bagua. Según Bryce Pérez Ramírez, director de comunicaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los nativos demandan que el presidente Alan García, el ministro Jorge del Castillo y el presidente del Congreso, Jorge Velásquez Quesquén, se dirijan a la provincia del Datem del Marañón a fin de iniciar el diálogo. Además a las 07:30 horas del día 10, un grupo de indígenas aguarunas tomaron la estación petrolera Nº 5 de Petroperú, ubicada en la comunidad “Félix Flores”, distrito de Saramiriza, provincia Datem del Marañón. Las comunidades nativas de la zona del Bajo Urubamba, en el Cusco, tomaron los pozos de Pagoreni A y B; así como plataformas, helipuertos y campamentos del lote 56 perteneciente a Pluspetrol. En Lima, Aprodeh y otras organizaciones gremiales, estudiantiles y campesinas se reunieron el día 11 con miembros del TC para urgir a este a pronuncie sobre la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra cuatro decretos legislativos "por vulnerar los derechos fundamentales", según los demandantes. Los líderes nativos de la etnia aguaruno-huambisa señalaron que mantendrán su medida de fuerza hasta que se derogue el Decreto Legislativo 1015. Los lugareños realizaron manifestaciones públicas y se desplazaron por las calles de las diferentes localidades de Amazonas. De otro lado, ante la llegada de varios grupos de policías a las zonas de conflicto, los nativos decidieron obligarlos a retirarse, a pesar de que dichos grupos tuvieran documentos de la PCM autorizando su ingreso y dando fin a la protesta. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, aseguró que ninguna norma emitida por el Poder Ejecutivo será derogada porque no pone en peligro la

posesión de las tierras de las comunidades indígenas. Los indígenas de la localidad de San Lorenzo, decidieron suspender la huelga que acataban desde el día 9 por la posible vulneración de sus territorios para la explotación de recursos naturales. El secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa Quintana, informó que las "condiciones están dadas" para iniciar el día 15 de agosto la mesa de diálogo con los indígenas. Precisó que en San Lorenzo se han restablecido las actividades comerciales y el transporte. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, viajó a San Lorenzo con una comitiva el día 15 ye inició el diálogo con los jefes de comunidades nativas y miembros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en San Lorenzo, para poner fin a las protestas, que han incluido ocupación de instalaciones petroleras e hidroeléctricas. El paro se registró en diversas localidades de la región San Martín, Ucayali, Loreto, Cusco y Amazonas, principalmente. Con la llegada del Ministro Brack, los dirigentes mostraron su malestar por su presencia del ministro Antonio Brack, y no del premier, en la mesa de diálogo en Loreto. Además en este departamento la Organización de Pueblos Awajún del distrito de Manseriche (ORPAM) inició las tratativas de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo, a través de la Aidesep, informó el presidente de ORPAM, Mamerto Maicua Pérez, tras advertir que radicalizarán su medida de protesta de no llegarse a un acuerdo respecto a la ilegalidad de un paquete de decretos legislativos. Una manifestación se realizó en el frontis de las oficinas de la empresa Pluspetrol Norte de Iquitos, informó la Central de Operaciones de la Policía Nacional (Ceopol). Añadió que son unos 50 manifestantes, quienes afirman que su medida de fuerza se desarrolla como “señal de apoyo” a sus similares de otros departamentos que acatan un paro indefinido. La institución policial indicó que se ha enviado un contingente policial para que brinde seguridad a las oficinas de Pluspetrol, ubicada en la avenida La Marina, en la ciudad de Iquitos, y evitar enfrentamientos. Marcial Mudarra, subdirector de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (Corpi), sostuvo ayer una primera conversación con miembros de la Dirección General de los Pueblos Originarios y Afroperuanos (DGPOA). Mudarra también mostró su descontento al saber que el primer ministro Jorge del Castillo no llegó a la cabeza de la comisión gubernamental. La medida de fuerza continuó, pero de manera pacífica. Algunos dirigentes de Amazonas, Cusco y Ucayali viajaron a San Lorenzo para estar presentes en el diálogo. Todos ellos pertenecen a Aidesep. Han asistido siete confederaciones indígenas del país, como la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU); el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU); la Federación Nativa del Río Madre de Dios (FENAMAD), la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (ORPIAN) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI), entre otros. Además pese a que la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el paro amazónico había sido levantado para permitir las negociaciones, voceros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señalaron que la medida de lucha seguirá en todo el país mientras no se adopten medidas correctivas. La mesa de diálogo, que empezó tranquilamente hasta las tres de la tarde, fue interrumpida por la negación a negociar por parte de un dirigente indígena que calificó de incapaz a la comisión enviada por el ejecutivo. Dicha mesa de diálogo estaba integrada por Antonio Brack, ministro del Ambiente; Juan Manuel Figueroa, secretario de coordinación de la PCM; Alberto Pizango, presidente de la Aidesep; Juan García Ruiz, gobernador de Loreto; Emir Masegkai, alcalde provincial de Datem del Marañón; y Mayta Cápac, presidente ejecutivo del Indepa. Por parte del Gobierno se encontraban, además, Ronald Ibarra, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la PCM; Haroldo Salazar y Reynaldo Tuesta, miembros del Indepa; y funcionarios de los ministerios de Educación, Salud y Energía y Minas. De la parte de la dirigencia nativa se encontraban los apus de los grupos indígenas, así como miembros de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (Corpi), encabezados por su subdirector, Marcial Mudarra. Por su parte el ministro Brack no podía ocultar su malestar y fastidio por la forma tan abrupta como concluyó el diálogo en San Lorenzo. Los nativos le reclamaron al titular del Ambiente la presencia del mandatario, del titular del Parlamento y del presidente del Consejo de Ministros. Por otro lado, los machiguengas del Cusco mantienen bloqueada la vía fluvial del río Urubamba. Tras la ruptura de las negociaciones el día 15, en San Lorenzo, provincia de Datem del Marañón, tanto el Ejecutivo como los líderes indígenas evaluaron las estrategias a futuro. Aidesep emitió un comunicado de prensa en el que se señala que el diálogo se suspendió porque la comisión presidida por Brack no tenía capacidad de decisión sobre los puntos de su pliego, además aseguraron mientras las negociaciones se restablecían, prosiguieron con su medida de fuerza. Además de la presencia de Del Castillo, Aidesep exigió que la comisión del Gobierno esté integrada por los ministros de Agricultura, Educación, Energía y Minas, Justicia, Salud y la Defensoría del

Pueblo. Por otro lado, unos 800 nativos bloquearon un tramo de la carretera entre las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto, informó el representante de Aidesep, organización interlocutora de los indígenas de la Amazonía. Casi dos mil nativos pertenecientes a la provincia de Condorcanqui, los wajún y wampis, procedentes de la localidad de El Muyo, e integrantes de otras organizaciones nativas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, tomaron el Puente 24 de Julio ubicado en el pueblo de Corral Quemado, sobre el Río Marañón, y que une al departamento Cajamarca con Amazonas y San Martín, considerado como la puerta de ingreso a la selva. Mientras que el Gobierno central declaró el estado de emergencia, por 30 días, en tres provincias del país donde las comunidades nativas acatan una paralización indefinida, desde el 9 de agosto, en demanda de la derogatoria de los decretos que ponen en riesgo la integridad de la Amazonía. A través del decreto supremo Nº 058-2008-PCM, se declara el Estado de Emergencia en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas); Datem del Marañón (Loreto); y en el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención (Cusco). De esta manera, quedaron suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, y el tránsito en el territorio. Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, recibió una llamada del primer ministro Jorge del Castillo, según voceros de Aidesep, el presidente del Consejo de Ministros le hizo saber a Pizango que el Gobierno había decidido no reanudar el diálogo suspendido el último viernes 15 mientras el paro en la Amazonía prosiguiera. También le comunicó que si las estaciones petroleras continuaban paralizadas, los dirigentes nativos serían procesados judicialmente. Horas antes, el Consejo de Ministros se había reunido en Palacio de Gobierno para evaluar qué medidas se adoptarían frente al paro. En esa reunión, en contra de las demandas indígenas, se ratificó al ministro Antonio Brack como interlocutor del Ejecutivo en estas negociaciones, a pesar de que la Aidesep había solicitado el último sábado que ese papel fuera asumido por Jorge del Castillo. Pizango, dijo que el paro era acatado por decisión de las bases de las organizaciones nativas en la Amazonía, por ello, la medida no podía ser levantada por Aidesep. A 60 kilómetros de Bagua se encuentra el distrito de Aramango, y en esta localidad se produjo el primer enfrentamiento entre policías y nativos que dejó 12 heridos, ocho policías y cuatro nativos. El suceso se produjo cuando un grupo de efectivos del orden trató de abrir la mencionada bocatoma para que la central reanudara sus actividades cotidianas, y los más de mil nativos que custodiaban las instalaciones les advirtieron de que no lo hicieran. Al insistir, los indígenas atacaron a los policías con sus lanzas, iniciándose entonces un enfrentamiento, los custodios hicieron uso de bombas lacrimógenas. Alberto Pizango, informó el día 18, que llegó a Lima una delegación de dirigentes indígenas para dialogar con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y pedirle la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1015, además de otros ocho decretos. El Gobierno garantizó el bombeo de petróleo desde las zonas donde se desarrolló el paro de los nativos amazónicos. Así lo informó el primer ministro Jorge del Castillo, quien afirmó que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el director de la Policía Nacional, Octavio Salazar, lograron "a través de una labor de docencia" mantener libres las estaciones 5, 6 y 7 del oleoducto nororiental. Además explicó que la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en las zonas donde se produce el paro es con el fin de salvaguardar la seguridad energética del país. Mientras tanto en Amazonas, los transportistas sufren las consecuencias del bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 169, Puente Corral Quemado, a 50 kilómetros de la localidad de Bagua. Debido a esto, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, ordenó el desplazamiento de 1,500 policías a la dicha zona. La carretera del sector El Muyo fue desbloqueada y el tránsito quedó normalizado. La Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Amazonas advirtieron que esta situación viene ocasionando un grave perjuicio a la economía de la Amazonía. Además, más de setecientos shipibos bloquearon el tránsito fluvial en el río del distrito de Masisea. El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, aseguró que las medidas de protesta continuaron mientras que el gobierno no respete el Convenio 169 de la OIT, además dijo que si el presidente del Congreseo, Javier Velásquez Quesquén, se compromete a que una comisión del Parlamento debata la posibilidad de derogar estos decretos, el paro de los nativos sería levantado. Paradójicamente, diferentes medios televisivos fueron convocados por el general EP Francisco Vargas Vaca, jefe de la Región Militar del Oriente, para presenciar una práctica desarrollada en el cuartel Vargas Guerra de Iquitos, en la práctica se aprecia a dos grupos de soldados. El primero está conformado por efectivos vestidos de civil, provistos de palos; en el otro frente se ve a soldados armados repeliendo a los supuestos manifestantes. En ese instante se produce un enfrentamiento donde resulta "herido" un soldado y tres "indígenas" caen abatidos por

las balas. Al término del ejercicio, Vargas Vaca dijo que esperaba no llegar a estos extremos porque confía en la tranquilidad de las poblaciones indígenas. Sin embargo, advirtió que su institución tiene todas las armas necesarias para intervenir en el conflicto. Por su parte, los organizadores del paro indígena indicaron que la demostración efectuada por los militares constituye una provocación; empero, ratificaron que seguirán adelante con sus protestas hasta lograr la derogatoria de los decretos que ponen en peligro la integridad de la Amazonía. El alcalde provincial de La Convención, Hernán De La Torre Dueñas, aseguró que los nueve alcaldes distritales de esta provincia se plegarían al paro indefinido que se iniciará mañana en respaldo a las poblaciones indígenas, que exigen la derogatoria de los decretos legislativos. En otro momento, dijo esperar el inicio de un nuevo diálogo entre el Gobierno Central y los dirigentes de las comunidades nativas, a fin de resolver este problema. La ausencia de productos de primera necesidad que son traídos a diario desde la costa, fue notaria en los mercados de las principales ciudades del Nororiente de nuestro país, debido al bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde a la altura del estratégico puente Corral Quemado, en varios kilómetros por miembros de las étnias de Awajun y Wampis. En las ciudades de Bagua, Bagua Grande, Pedro Ruiz, Chachapoyas, Luya, entre otros, ya se nota la escasez del pollo, verduras, papa, y otros productos que son traídos vía terrestre desde Chiclayo, Trujillo, Lima y Piura. En tanto la población de las provincias de Jaén y San Ignacio en el extremo norte de la región Cajamarca, están preocupados por el anuncio de los nativos de bloquear también el cruce de Chamaya, por donde se llega a ambas provincias y se conecta con la selva sur del Ecuador. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, aprobó el día 20 un dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la decisión sobre la posesión de tierras de las comunidades de la sierra y la selva. El dictamen pasaría el 22 al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones. Por otro lado, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se reunió con representantes de la Aidesep, que sostiene que son siete los decretos legislativos -incluidos los números 1015 y 1073-- los que afectarían la propiedad colectiva de la tierra. Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana. También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas. En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo le solicitó al TC que calificara y resolviera, "con la celeridad que exigen las circunstancias", la demanda de inconstitucionalidad que ella entabló contra el Decreto Legislativo 1015. Además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa. En lo que fue el décimo día de huelga de las comunidades nativas de la selva, los dirigentes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Nororiental del Perú (Orpian) llegaron ayer a un acuerdo con las autoridades policiales lideradas por el general Víctor Castañeda, jefe de la región policial Amazonas, para desbloquear el puente Corral Quemado, en Bagua. Los dirigentes nativos aceptaron que se reanudara el tránsito, pero solo por 24 horas. Esta tregua se produjo cuando ya comenzaban a percibirse la escasez y el incremento en los precios de los productos de primera necesidad en diversas localidades de la región Amazonas, debido al bloqueo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry. Por su parte comunidades indígenas del Bajo Urubamba y rondas campesinas de Cajamarca se sumaron el día 20 al paro indefinido de las comunidades amazónicas. El secretario de la Federación Campesina de los Valles de Lares y La Convención, Santiago Águila, informó que a partir de las cero horas del día 21 iniciaban un paro indefinido bloqueando el paso por las carreteras en la provincia cusqueña. Explicó que el motivo de la huelga es exigir la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1020 por considerar que es atentatorio para las comunidades campesinas y nativas, sin embargo, conocido el dictamen de derogatoria en el Congreso de la República, la medida fue suspendida, además señalaron que desde Lima recibieron información del dirigente nativo Walter Kategari, del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), quien anunció que se daba una tregua de diez días a las autoridades para ver sus demandas.

Con un plantón frente al Tribunal Constitucional (TC), el día 21, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) exigió a este organismo que declare la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1015 y su modificatoria (decreto legislativo 1073). Así lo informó Rodrigo Carpio, dirigente nacional de CONACAMI, quien confirmó que el próximo jueves 28 también realizará una marcha hacia el Congreso de la República para exigir la derogatoria de ambos dispositivos que atentan contra el derecho de las comunidades sobre sus tierras. Así mismo, descartó que los nativos amazónicos estén siendo manipulados por organizaciones de extrema izquierda, tal como lo denunciara el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo. Tras la intensa noche política vivida el martes en el Congreso, el presidente Alan García empezó ayer su día expresando que sería "un gravísimo error histórico" que el Congreso derogara el Decreto Legislativo 1015, que dice que bastará el 50% de votos más uno de los miembros de una comunidad campesina de la sierra y de la selva para decidir sobre posesión de tierras. Minutos después de iniciarse la sesión del Consejo de Ministros en Palacio, García consideró que la derogatoria sería un gesto de falso paternalismo que excluirá y marginará a los grupos campesinos. En la misma línea, el primer ministro Jorge del Castillo aseveró que una "derogatoria en seco" de ambos decretos sería un gran retroceso. Propuso, más bien, una solución concertada que pase por una mayor flexibilización de las normas aludidas. Por otro lado el vicepresidente de la Aidesep, Robert Guimaraes, rechazó las declaraciones del jefe de Estado. Mientras tanto, tras una segunda reunión, el titular del Congreso, Javier Velásquez, y el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, firmaron el día 20, un acta de entendimiento que dispuso el levantamiento de la medida de fuerza como condición para convocar una sesión extraordinaria del pleno para mañana, a fin de debatir el dictamen aprobado en la víspera. Se supo que si el Legislativo se pronunciase por la derogatoria, el Ejecutivo podría observarla. Otro compromiso fue la formación de una comisión multipartidaria que estudiará soluciones al problema. Por otro lado, el TC resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad que interpuso la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, contra el artículo único del Decreto Legislativo Nº 1015, según informó dicho organismo colegiado. Una jornada de batallas campales entre policías y nativos, y luego pobladores, que piden la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 dejó el día 20 en Bagua al menos 18 heridos, dos de ellos de gravedad. Todo se inició cuando los indígenas que permanecían en el puente Corral Quemado fueron dispersados temprano por los agentes. Los nativos decidieron, entonces, replegarse a Bagua y concentrarse en la plaza de armas de esa ciudad. Allí, cerca de la 1 p.m., se registró un enfrentamiento en el que resultó gravemente herido el policía Jorge Guerrero (24), quien casi fue linchado por los manifestantes. Otros seis policías también sufrieron contusiones. Por el lado de los nativos hubo al menos 11 heridos. A las 2 p.m. se produjeron otros enfrentamientos en el centro de Bagua. A partir de ese momento la situación se agravó pues, la población de esa ciudad, que había apoyado a los nativos con la entrega de víveres y en la atención a los heridos, se sumó a las protestas y terminó enfrentándose, durante el resto de la tarde, a los policías. Encabezaron la protesta por el lado de los ciudadanos de Bagua los dirigentes del Sutep, así como integrantes del Frente Patriótico y miembros de la Coordinadora Político-Social de Amazonas. En el Congreso de la República, la bancada aprista habría elaborado una propuesta alternativa: que la concesión, renta y asociación de las tierras de las comunidades se decidan con los votos del 50% más uno de sus habitantes. En cambio, para la venta de estas extensiones, se necesitaría los votos de por lo menos el 66% de los habitantes, tal como lo establecía la legislación anterior a los decretos. Mientras tanto, desde la capital del país, la titular de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, después de reunirse con los dirigentes de Aidesep, el día 21, expresó su rechazo a la violencia y aseguró que "es momento de diálogo y del avance". En el sur del país, la protesta indígena tuvo su epicentro en 22 comunidades del Bajo Urubamba, en la selva cusqueña. Aunque no tuvo el protagonismo mediático de las movilizaciones en Bagua que estuvieron salpicadas de enfrentamientos, en esta parte de la Amazonía los nativos exigen con la misma fuerza y argumentación la derogatoria de los polémicos decretos legislativos 1015 y 1073 por considerar que vulneran sus territorios. El pueblo machiguenga que domina el Bajo Urubamba sabe que tiene posibilidades de presionar al ubicarse en un área sumamente estratégica: en la zona operan los lotes 56 y 88 del proyecto Camisea que explota Pluspetrol y en esa jurisdicción se ubica nada menos que la planta Malvinas, en la que se procesa el gas natural que se distribuye a Lima. Por eso en el acta suscrita el miércoles en la comunidad Camisea para suspender las protestas hay una clara advertencia: el comité de lucha del Bajo Urubamba coordinará acciones de fuerza a tomar si

no atienden sus reclamos, entre ellas dialogar con Pluspetrol para suspender las operaciones de Malvinas. El día 22 tras intercambiar argumentos por casi tres horas, el pleno del Congreso de la República, decidió votar el dictamen derogatorio de los decretos legislativos 1015 y 1073, el cual recibió 66 votos a favor y 29 en contra, como antes de los decretos: el 66% de votos para disponer cualquier acto sobre la tierras comunales de la sierra y la selva, y 50% más 1 en el caso de la costa. Concluida la sesión plenaria, los representantes de las comunidades nativas y campesinas celebraban en todas las localidades que fueron escenario de sus medidas de protestas. El día 23 el presidente Alan García hizo suya la propuesta de los congresistas del APRA, es decir, que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'Joan venture' y otras modalidades con no menos del 50%. En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales. En el mes de setiembre el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensora del Pueblo, en contra de los Decretos Legislativos Nº 1015 y 1073. El día 11 de setiembre el pleno del Congreso de la República aprobó, con el voto unánime de 90 legisladores presentes, la creación de la comisión especial multipartidaria que se encargará de evaluar y recomendar los lineamientos y las políticas destinadas a brindar solución a la problemática de los pueblos indígenas amazónicos y comunidades campesinas de la sierra. Los congresistas que formaron parte de este grupo de trabajo fueron José Macedo, Fabiola Salazar y Tomás Cenzano, los tres del Partido Aprista Peruano; Hilaria Huamán y María Sumire, ambas del Partido Nacionalista Peruano. También integrarán este grupo la representante Gabriela Pérez del Solar (Unidad Nacional), Karina Beteta (Unión por el Perú), Elizabeth León (Bloque Popular), Juan Perry (Alianza Nacional), Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), Gloria Ramos (No Agrupados) y Rolando Reátegui (Grupo Parlamentario Fujimorista) . Mientras ese mismo día el presidente la Aidesep, Alberto Pizango, se reunió con los dirigentes amazónicos en la comunidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas para coordinar medidas de protesta, para el caso de que el gobierno pretenda impedir la vigencia de la ley 2440, aprobada por el Congreso para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073. El 17 de setiembre la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), ante la invitación de la Presidencia del Consejo de Ministros para tratar sobre la plataforma de lucha del paro amazónico, respondió que asistirá a la reunión siempre que no participe la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). El 22 de setiembre el Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva. Sin embargo, algunos líderes indígenas en diversos medios de comunicación declararon que la derogación de los decretos 1015 y 1073 no es suficiente para la protección de las áreas forestales y de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas, ellos exigen la derogación de otros decretos como el 1090 y el 1064. El día 12 de octubre se la celebró la llamada II Cumbre de los Pueblos, el coordinador del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos, Miguel Palacín, explicó que en este paro participarán organizaciones como la Confederación Nacional Agraria, la Confederación de Campesinos del Perú y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. Agregó que también tomará parte la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú. El presidente de la CNA, Antolín Huáscar, ratificó la participación de su institución en el paro, pero, además, dijo que también se haría presente la Aidesep. Miguel Palacín y Antolín Huáscar refirieron que durante la Cumbre de los Pueblos se analizará parte de los decretos legislativos, entre ellos, los 1020, 1064, 1090, 1089, 994 y 1081. Últimos acontecimientos. El 18 de marzo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) evaluó retomar sus acciones de protesta ante el incumplimiento de parte del gobierno en la derogatoria de los decretos legislativos que atentan contra el bienestar de las comunidades indígenas, así fue expresado en las cartas N° 112-AIDESEP-2009 y N°113-AIDESEP2009, ambas remitidas por la citada institución al presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, y al premier Yehude Simon, respectivamente. En dichas cartas, Alberto Pizango, titular de AIDESEP, expresó su preocupación por la lenta labor de la comisión

multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Luego de seis meses de la constitución esta mesa de trabajo aún no culmina su misión de derogar o replantear los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1080, 1081, 1089, y 1090, que se aprobaron en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En ese sentido, Pizango Chota, además de advertir que estarían por convocar nuevas medidas de fuerza, presenta cuatro pedidos: una reforma constitucional para garantizar los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios indígenas. De igual manera, solicita la derogatoria urgente de los decretos legislativos que atentarían contra el patrimonio cultural de sus pueblos; la aprobación de una ley que obligue al Estado consultar a los pueblos indígenas cada vez que se quiera legislar y con ello se pueda afectar a los mismos. Finalmente, se pide el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y el tratado “Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", ambos suscritos y ratificados por el Estado peruano. 140. Nivel Nacional Caso. La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) convocó a un paro nacional para protestar contra la actual política agraria y protección del agro ante el TLC. Y exigir la vigencia de la actual Ley de aguas Nº 17752 y rechazo a Ley de agua del poder ejecutivo, entre otros puntos, más las demandas planteadas por las Juntas de Regantes regionales. Actores. Junta Nacional de Usuarios de los distritos de riego del Perú, la Confederación Nacional Agraria (CNA), CCP, CONACAMI, rondas campesinas, organizaciones indígenas y otros gremios agrarios del Perú, las juntas de usuarios de riego de los diferentes valles a nivel nacional. Hechos. Durante los primeros quince días del mes de febrero la Junta Nacional de Usuarios de Riego (JNUDRP), Conveagro, Conacami y la Confederación Nacional Agraria (CNA) se reunieron y acordaron llevar a cabo la paralización a partir del 18 de febrero. Inicialmente la medida fue descartada por la JNUDRP debido a los acuerdos que habían logrado con el Ministerio de Agricultura, días después retomaron la posición de protesta, ya que consideraron que los planteamientos hechos por el Gobierno fueron insuficientes. La CNA confirmó una paralización indefinida, nacional, con el cierre de carreteras, mientras que Conveagro declaró que la paralización de su gremio sería solo por 24 horas. Paralelamente, el Ministro de Agricultura anunció que las juntas de regantes de Chili (Arequipa) y de Chancay (Lambayeque), no se sumarían al paro. A nivel nacional el paro agrario fue violento en varias regiones, con bloqueo de carreteras, interrupción del transporte y apedreamiento de buses. El paro dejó heridos, detenidos, perjuicios económicos, daños a la propiedad privada. Dadas las acciones violentas, el Gobierno declaró en estado de emergencia las provincias de Huara, Huaral y Barranca, en Lima; Huarmey, Casma y El Santa, en Áncash; y Virú en La Libertad, a través de un decreto supremo. Se registraron en algunos departamentos saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que cobraron cinco vidas. De los cinco fallecidos, cuatros murieron por balas en el cráneo y uno al caer en un barranco durante un enfrentamiento con bombas lacrimógenas. La JNUDRP suspendió el paro y resaltó que su organización no era la responsable por las muertes ocurridas. A pedido de los congresistas nacionalistas, la comisión Permanente del Congreso acordó citar al ministro del Interior, Luis Alva Castro, para que informe sobre los violentos sucesos ocurridos durante el paro. Alva Castro acudió al Congreso de la República para informar sobre la actuación de la Policía, responsabilizó a quienes convocaron al paro. En Ancash, el paro tuvo como actores principales a la FADA "Federación Agraria Departamental de Ancash" y a la Junta de usuarios de Regantes de Ancash. En la ciudad de Caraz (Provincia de Huaylas) la movilización realizada por los campesinos durante el primer día provocó enfrentamientos con los comerciantes y transportistas que se encontraban laborando. Se tuvo como resultado un detenido (campesino) quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, además dos heridos (transportistas). El segundo día los manifestantes realizaron una marcha en Huaraz. Los campesinos arrojaron piedras contra los establecimientos comerciales que se encontraban atendiendo (rompieron los vidrios). En Huaraz no se reportaron heridos a consecuencia de estas movilizaciones y según información de seguridad del Estado, tampoco detenidos por parte de la PNP. La OD Ancash realizó un monitoreo de los acontecimientos. Los comisionados de la OD se han comunicaron con las autoridades pertinentes PNP y Ministerio Público, se ha verificó el estado de los heridos y de los detenidos.

En la ciudad de Chimbote, el 18 de febrero producto de enfrentamientos de los manifestantes y la policía se registraron varios heridos: un menor de edad y la Sra. Karina Paola Sánchez Carlos. La Sra. Sánchez fue herida en el ojo por un vidrio roto del bus en el que viajaba (se dirigía a Chiclayo). Al día siguiente se enfrentaron pandilleros con policías. Este día 19 se realizó una reunión de diálogo con los representantes de los agricultores (3), alcalde del distrito de Santa, Eugenio Acosta y la representante del módulo de Chimbote de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva, quien fue mediadora de la reunión, permitiendo contención de la violencia. En el Hospital La Caleta, los día 17 y 18 de febrero se instaló una carpa en el Terminal Terrestre, atendiendo a 60 personas (pasajeros) que se encontraban de tránsito en el Terminal Terrestre, en su mayoría por problemas de presión y en algunos otros casos en atención a personas que sufrían de alguna dolencia y estaban trasladándose a otras ciudades para seguir su tratamiento médico. El tercer día Fiscal formalizó denuncia ante el Juzgado de Turno. La DP realizó coordinaciones con autoridades para apoyar a los pasajeros que se veían afectados con el bloqueo de carreteras, gestionó agua para los niños, alimentos en coordinación con la Municipalidad de Santa, y que los pasajeros sean reembarcados. La DP estuvo presente en el terminal de buses, en la zona de bloqueo y esperó hasta el desbloqueo de la carretera. En Ayacucho, las protestas y manifestaciones por el paro agrario desde el inicio estuvieron caracterizadas por disturbios y marchas en protesta con mayor intensidad cuando se produjeron los fallecimientos de dos campesinos. Las manifestaciones dejaron 83 heridos entre ellas tres de gravedad. La Policía confirmó, a través de un comunicado de la Dirección Territorial Policial de Ayacucho, la infiltración de grupos violentistas en las manifestaciones. Se detuvo a presuntos militantes de SL y a grupos vinculados al narcotráfico, de los que uno confesó que durante los saqueos estuvieron 10 de ellos encabezando el caos. En Huanta se desarrolló una marcha pacífica que convocó a siete mil agricultores y regantes, denominada Marcha de Solidaridad, en protesta a la muerte de los campesinos en Huamanga (La República, El Comercio, Gestión, La Primera, Correo, 21/02/2008). En los últimos días del mes el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Germán Martinelli, confirmó la intromisión de elementos violentistas que encabezaron el caos durante las manifestaciones del último paro agrario. El burgomaestre solicitó al Gobierno una profunda investigación de los hechos ocurridos durante el paro de los días 19 y 20 de febrero, para identificar a los responsables de las muertes de los campesinos. El 27 de febrero llegó a Lima una delegación ayacuchana, encabezada por el alcalde provincial de Huamanga, en busca de justicia por la muerte de los dos agricultores. El Ministro del Interior se presentó ante el Congreso de la República y responsabilizó a la JNUDRP ante la Comisión Permanente, las bancadas de UN, UPP, PNP y GPF no dudaron en pedirle su renuncia. También se pronunciaron a favor de una comisión investigadora de los sucesos. A este último pedido se sumó el Apra y AP. Luego de conocidas las declaraciones del ministro del Interior, el presidente regional de Ayacucho Ernesto Molina, pidió que se realice un examen balístico especial para determinar las características de las armas utilizadas y deslindar responsabilidades, ya que según los primeros indicios, las muertes habrían sido causadas por proyectiles. El 20 de febrero se difundió la nota informativa No. 007-2008 de la IX Dirección Territorial de Ayacucho de la PNP, la que contradice lo expuesto por el titular del Interior durante su presentación ante la Comisión Permanente. El documento da cuenta del enfrentamiento entre agentes PNP y agricultores durante el último paro agrario, refiere que los manifestantes murieron a causa de balas y no perdigones, como lo informaría Alva Castro al Congreso. Al respecto el ministro declaró que el informe es un parte de ocurrencia y carece de rigor científico. El jefe de la Dirección de Criminalística de la PNP ratificó, inmediatamente, en diversos medios la versión del ministro del Interior (El Comercio, Perú 21, La República, Expreso, Ojo, El Peruano, Gestión, La Primera, 23/01/2008). El Representante y los comisionados de la OD Ayacucho se organizaron en grupos y realizaron las siguientes acciones tendientes a proteger los derechos de las personas, el Representante Jorge Fernández Mavila estuvo presente en la sanidad de las fuerzas policiales e Instituto de medicina legal para verificar los casos de heridos y fallecidos, y se entrevistó con las representantes de seguridad del Estado, para ver los casos de detenidos. De igual forma coordinó con los representantes del Ministerio Público para ver los casos de los detenidos. En el Cusco, la Asamblea Regional del Cusco acordó la paralización a partir del 18 de febrero, de manera escalonada. Esta medida no contó con el apoyo de las autoridades cusqueñas, el presidente regional Hugo Gonzales encontró que las modificaciones aprobadas a las leyes 29164 y

29167 frenaban la vulneración del patrimonio cultural cusqueño. Sin embargo, un grupo de dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores del Cusco iniciaron el domingo 17, formalmente, las protestas con el acto simbólico de lavado de la bandera cusqueña y el izamiento de esta a media asta en la plaza de armas. El primer día del paro la Asamblea Regional acordó, por unanimidad, realizar un paro regional los días 14 y 15 de febrero. También acordaron ampliar la plataforma de lucha en diez puntos, entre los que resaltan la construcción del aeropuerto de Chincheros, la construcción del gasoducto, entre otros. La medida obtuvo el respaldo del Consejo Provincial del a Municipalidad del Cusco, que por unanimidad y en presencia de la burgomaestre, decidió apoyar el paro. El paro se llevó a cabo y dejó un saldo de cinco detenidos, el cierre del aeropuerto internacional Velasco Astete y la suspensión de los viajes en tren hacia Machu Picchu. En el centro de la ciudad todas las organizaciones sociales, sindicales y fuerzas vivas cusqueñas se movilizaron hacia el centro histórico. La marcha transcurrió pacíficamente, excepto por la quema de llantas y los destrozos generados por los obreros de Construcción Civil, quienes destruyeron los centros comerciales y agencias que funcionaban con normalidad. Los más afectados por la protesta fueron el turismo y el comercio (El Comercio, La República, Perú 21, La Razón, La Primera, Expreso, Gestión, Ojo, El Peruano16/02/2008) En Arequipa el paro también se llevó a cabo durante los días 18 y 19 de febrero, con marchas, bloqueos de la carretera Panamericana Sur, zona Pedregal. El día 19 de febrero se produjeron enfrentamientos de los manifestantes con la PNP que dejó 6 heridos, 5 de la PNP y 1 manifestante. Los detenidos fueron trasladados a Camaná y pasaron por el médico legista. El Representante y los comisionados de la Oficina Defensorial realizaron las siguientes entrevistas tendientes a proteger los derechos de las personas: con el Fiscal Penal de Turno de Arequipa, Dr. Cesar Salas; con el Fiscal Provincial Mixto de Caylloma, Dr. Wilmer Chauca; con el gobernador del departamento de Arequipa, Jorge Lazarte Silva; con el Coronel. PNP Italo Perochena Solari, Jefe de la Región PNP de Arequipa; con el Médico Jefe del C.S. de El Pedregal, Dr. Lucio Alcocer, para verificar la existencia de heridos. También se visitó la comisaría PNP de Camaná, para conocer el número de detenidos y el Hospital Honorio Delgado para verificar la existencia de heridos. En la Región Piura, el 18 febrero, hubo un bloqueo de la carretera Panamericana en el Km. 14 y 24 desde la 1.00 am. fue desbloqueada a las 3.30 a.m.. Se bloqueó la carretera en Tambogrande (Pedregal y Cruceta). El 19 febrero, los tramos de las rutas Talara y Tambogrande, fueron bloqueados desde la madrugada. También los tramos de Mallaritos, distrito de Marcavelica y Cerro Mocho, distrito de Ignacio Escudero. En la vía Sullana-Tambogrande, los manifestantes bloquearon la carretera en los puntos de La Tranca, Pedregal, Manco Capac, Sinchi Roca y el cruce a Tambogrande. Dicho bloqueo se prolongó hasta horas de la tarde en los cuales había una regular presencia de agricultores provenientes de Valle Hermoso, Algarrobo, San Lorenzo y otras comisiones de regantes. En el sector de Cerro Mocho, la policía informó que maquinaría de la municipalidad del distrito de Ignacio Escudero, había sido utilizada para colocar montículos de arena en la pista a fin de impedir el pase de los vehículos, se habría hecho con el consentimiento del alcalde de esa localidad. La zona de Valle de los Incas camino a Tambogrande también fue bloqueada por casi 1000 agricultores. A las dos de la tarde se reabrió la vía Sullana-Tambogrande. Alrededor de medio millar de campesinos de diferentes juntas de usuarios de la zona, se apostaron en Huayna Capac, Chica Alta, Túpac Amaru y Pedregal, los cuales habían bloqueado el camino con sacos de arena y arbustos. Una comisión de los agricultores dialogaron con el Presidente del Gobierno Regional de Piura, Dr. César Trelles Lara, con la participación de Manuel Barranzuela Herrera, Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de San Lorenzo, quien llegó en horas de tarde y dio lectura al acta firmada luego de las tratativas, momentos después la vía fue desbloqueada por los mismos agricultores. Un fuerte contingente policial, prosiguió su camino hasta llegar a las diferentes tranqueras apostadas hasta el distrito de Tambogrande, las mismas que fueron levantadas de manera pacífica. En el acta firmada por los representantes de los agricultores y el gobierno regional, se establece buscar el diálogo para gestionar la aprobación del proyecto de saneamiento de la deuda agraria, gestionar la suspensión temporal de los remates de tierras, entre otros. Los acuerdos fueron: Iniciar con la Junta de Usuarios de San Lorenzo el proceso para el mejoramiento de la infraestructura de riego y mejorar el acceso de las carreteras de colonización; Que el gobierno regional financie una partida de un millón para los estudios del proyecto Vilcazán; Gestionar el mecanismo de cooperación mutua para fortalecer las obras de transvase de las aguas del río Quiroz a la represa de San Lorenzo. La OD Piura mantuvo comunicación con el General de la PNP de Piura y la Gobernadora de Piura, a fin de que no se vulneren los derechos de las personas.

Desde el 21 de febrero la JNDRP inició un diálogo con el premier Del Castillo y el Ministro de Agricultura, la primera reunión con el Premier fue considerada un fracaso por los agricultores, ya que no pudieron llegar a ningún acuerdo ni compromiso. El debate se redujo a la intervención de dos dirigentes, quienes pidieron crear un organismo regulador del precio de la leche fresca e implementar un fondo para subsidiar la importación de fertilizantes. El Premier aceptó incluir estos pedidos en las negociaciones, pero minutos más tarde, le aseguraba a la prensa que el Gobierno no implementará de ninguna manera, una política de subsidios para el agro. Días después la dirigencia logró concretar más del 50% de las negociaciones planteadas por sus bases. El dirigente explicó a sus bases en una asamblea nacional lo conversado con los ministros y precisó que cualquier pretensión de reanudar un paro sigue congelada. El Comité de Lucha y Negociaciones de la JNUDRP se reunió con el Viceministro de Agricultura, Ing. Felipe Sánchez Araujo, equipo de funcionarios del MINAG e Ing. Carlos Pagador Moyano, Intendente de Recursos Hídricos, para tratar los temas de Autoridad de Aguas, Nuevas funciones de Agrobanco, Programa de Compensaciones para la Competitividad, Proyecto presentado por la JNUDRP para establecer nuevas facultades a las juntas de usuarios en inafectación al impuesto a la renta, en el marco de la Agenda Agraria Interna y Autoridad Nacional de Agua (ANA) entidad que reemplazará al INRENA. En dicha reunión el Sr. Luis Palomino, asesor del ministro de Agricultura, explicó que en relación a las nuevas funciones de Agrobanco están comprendidas las funciones que realiza la banca comercial, es decir, recibirá depósitos, abrirá cartas de crédito, efectuará operaciones de comercio exterior, etc. Facultades que fueron siempre demandas de la JNUDRP. Mientras que el Vice Ministro de Agricultura, presentó la nueva estructura del MINAG. En ése sentido, señaló, también que la nueva política agraria se resume en 6 ejes: Gestión del agua, acceso al mercado, capitalización y seguro agrario, investigación y transferencia tecnológica, Información (censo agrario) y desarrollo rural (apoyo a la agricultura más pobre). En relación al Programa de Compensaciones para la Competitividad, señalaron que este tendrá un fondo de USD $ 700 Millones de dólares para 05 años e iniciaría su aplicación a partir de enero del 2009 para todos los cultivos agrícolas y también para el subsector agropecuario. Habrá pilotos de ensayo en este año. Con respecto al proyecto presentado por la JNUDRP, para establecer nuevas facultades a las juntas de usuarios, e inafectación del impuesto a la renta, los representantes del MINAG señalaron que se revisará en proyecto presentado por la JNUDRP en una reunión especial, con el Intendente de Recursos Hídricos - IRH. Mediante comunicación escrita y a la opinión pública la JNUDRP expresó su respaldo a la aprobación del proyecto de ley que establece el Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA) aprobada el 22 de abril del 2008, por la Comisión Agraria del Congreso de la República, mediante el cual se sincera la deuda real de los agricultores y se da solución a las deudas vencidas refinanciadas durante los últimos 10 años. Además, sostienen que luego de casi tres meses de diálogo con el Ministerio de Agricultura “solo vemos promesas por los ministros de turno, demostrando una vez más la falta de decisión política y compromiso con el futuro de la agricultura peruana”. Afirman además que “otra de las actitudes erróneas del gobierno es la creación del ANA, sin informarnos, ni coordinar previamente con los verdaderos interesados: los usuarios” Y que se “promulgaría la norma legal que crea el Consejo Nacional de la Leche (CONALE), órgano que además de atender descentralizadamente la solución del tema del precio de la leche fresca tendrá otras funciones orientadas a proteger a los productores de leche” y al mes de mayo aún no se promulga la mencionada norma. El 24 de junio la JNUDRP difundió un pronunciamiento público, a través de diferentes medios de comunicación, dando a conocer que el presidente de su organización Ing. José Enrique y otros dirigentes han sido enjuiciados por el Poder Judicial a solicitud de los procuradores públicos de los ministerios del Interior y Agricultura. Al mismo tiempo, rechazaron que el Gobierno haya olvidado sus compromisos ofrecidos a los representantes de los agricultores. Sostuvieron que el Gobierno sigue sin atender la agenda agraria que los agricultores reclaman se implemente con urgencia. Y además pretende imponer normas sobre el agua sin participación ni consenso de los agricultores. Ante tal actitud, hay malestar y descontento entre los agricultores aumenta, ya que los ofrecimientos del ministro de Agricultura no se cumplen, sólo para mencionar algunos: se comprometió que vendría al Perú una misión del Banco Mundial para establecer una estrategia y viabilizar la importación de la úrea por parte de las organizaciones agrarias, donde participarían los dirigentes nacionales y junto al MINAG establecerían un mecanismo real de solución al alza indiscriminada de los fertilizantes. Así también ofreció que el MINAG trabajaría coordinadamente

con los agricultores y a través de reuniones, cada 15 días, se informarían sobre los avances. Hasta la fecha, según afirman, no hay resultados significativos que muestren atención por el agro. Además solicitaron abrir una instancia de diálogo directo, sincero y con decisión política para solucionar los temas del agro nacional, que deben ser atendidos y resueltos, según explicitan, en forma consensuada: gobierno-agricultores. Al día siguiente de la publicación del pronunciamiento, el Ministro de Agricultura se reunió con los representantes de la JNUDRP y acordaron: 1. Conformar mesas de trabajo técnicas por cada temática / línea de producción (agua, algodón, papa, arroz, café, leche) y una mesa permanente para tratar los temas genéricos y/o transversales (PREDA, Fertilizantes, financiamiento, Comunidades campesinas: saneamiento físico- legal de predios agrícolas). 2. Reunión en Piura con el Gobierno Regional para tratar el tema de formalización de reintegros a través del programa de formalización PIMA. El MINAG coordinará con SUNAT respecto a viabilidad técnico – legal (decisión gerencial sobre las órdenes de compra). Asimismo, el MINAG promoverá a través del FRASA, la comercialización del algodón tangüis y pima buscando mercados nacionales e internacionales. 3. Convocatoria a reunión del CONALE. 4. Reunión para tratar el tema de agua en el transcurso de la próxima semana. 5. Reunión con representantes de las comunidades campesinas. Para ver la problemática en relación a los Decretos Legislativos 994 y 1015. 6. Reunión con los cafetaleros el día 10 de julio. 7. La unidad de capitalización y seguro agrario del MINAG, enviará una comunicación a la Junta de Usuarios con la finalidad de articular el financiamiento del pool de maquinarias necesarias para la producción. 8. CONVEAGRO y la Junta de Usuarios solicitan la promulgación del PREDA. 9. Los gremios que suscriben asumen un compromiso de continuar con el diálogo en un clima de paz de tranquilidad y paz social, haciendo llegar por escrito cualquier observación de incumplimiento de los acuerdos asumidos. El 8 de julio de 2008, el presidente de la JNUDRP participó en la sesión extraordinaria de la Comisión Agraria del Congreso de la República que trató las observaciones que el Ejecutivo efectuó sobre la ley de reestructuración de la deuda agraria-PREDA. El presidente de la JNURDP sustentó a favor de la Ley PREDA, respaldando la propuesta que el gobierno apruebe la ley. Luego, la Comisión Agraria, por consenso decidió plantear la insistencia ante el Poder Ejecutivo, de manera que se promulgue la norma indicada. Además, se estableció para el 15 de julio de 2008 la nueva sesión de debate para que el Ministro de Agricultura acuda a presentar las propuestas que permitan resolver las deudas a los entes financieros privados, y donde también participarían integrantes de la Comisión de Economía. Sin embargo, el ministro de Agricultura no asistió y se acordó que pase al pleno, reiterando la insistencia ante el Poder Ejecutivo. El 18 de agosto, la JNUDRP en coordinación con la Intendencia de Recursos Hídricos, dio a conocer que acordaron conformar una Comisión Técnica con el objeto de analizar y efectuar propuestas que aclaren los puntos controvertidos respecto a los Decretos Legislativos N° 1081 y 1083. La Intendencia de Recursos Hídricos, informará con mayor precisión respecto al Decreto Legislativo N° 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Días antes, en una reunión del 13 de agosto, el intendente de Recursos Hídricos, Ing.Pagador Moya, expuso respecto a las bondades del Decreto Legislativo N° 1081 y 1083, señalando además que se emitió esta normatividad con el único fin de hacer una gestión, integrada, multisectorial y eficiente del recurso hídrico, así como también el de promover el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos. Por su parte la JNUDRP, expuso sus puntos controvertidos como no haber incluido un principio esencial para la gestión del agua “La Gestión integral participativa por cuenca hidrográfica”, asimismo la creación de los Consejos de Cuenca sin mayor significación ni relevancia, sin gestión activa, atribuciones, sin personería jurídica ni administración propia, creándose como simples comisiones. Otra de los puntos discutidos por la JNUDRP es que la norma autoriza a la Autoridad Nacional del Agua delegar o autorizar el ejercicio de sus funciones a personas naturales o jurídicas del sector público o privado para la ejecución de labores y proyectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos. El 26 de setiembre, el Ing. Enrique Málaga Málaga, Presidente de la JNUDR saludó la aprobación del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria-PREDA y pidió la derogación del Decreto Legislativo N° 1081, señalando que existe un panorama incierto y difícil para el sector agrario ante la privatización de la gestión del agua. Informaron que están coordinando con la Comisión Agraria del Congreso de la República a fin de de consensuar la Ley de Aguas, someterla al Pleno y con ello derogar el D.L.1081. Además señaló que “el 5 de septiembre acordamos con la Comisión Agraria formar una comisión técnica compuesta por la Comisión Agraria del Congreso (CAC), Intendencia de Recursos Hídricos y JNUDRP a fin de insertar los puntos rescatables de los DL. 1081 y 183 en el

dictamen de la Ley Aguas aprobado por la Comisión Agraria en un plazo de 45 días. Así mismo convenimos que mientras dure el plazo de trabajo se comunique al Ejecutivo se abstenga de reglamentar dichas disposiciones, sin embargo, contraviniendo a ello el ejecutivo promulga el Reglamento del D.L.1081”. El 16 de octubre se reunieron más de mil representantes de las Juntas de usuarios y comisiones de regantes de costa, sierra y selva a nivel nacional integrantes de la JNUDR, quienes acordaron dar una tregua de 15 días al Gobierno Central para que gestione ante el Congreso la derogatoria del Decreto Legislativo 1081 y todas las normas lesivas contra el agro nacional (1083, 1089, 1035, 997, 1064 y otros). Según la JNUDR, “el Decreto Legislativo N°1081 constituye una norma claramente privatizadora de la gestión del agua, considerando que el agua es un patrimonio natural de la nación y por lo mismo no se puede vender. El espíritu de la norma en cuestión (D.L.1081) es claramente privatizador de la gestión hídrica, ya que en la Cuarta Disposición Complementaria Final del mencionado dispositivo, establece que las funciones de la Autoridad Nacional del Agua pueden ser delegados en cualquier persona natural o jurídica del sector público o privado, lo cual evidencia el propósito de desinstitucionalizar al sistema para transferir al sector privado la administración de la Infraestructura de Riego y cobro de tarifas”. También sostienen que la norma, “al transferir a ciertos grupos del sector privado el manejo de un recurso tan vital para la supervivencia humana, vertebrador de todas las actividades productivas, clave para la seguridad alimentaria y estratégico para la lucha contra la pobreza, los costos de operación y las tarifas finales estarían supeditados a la estructura económica de la entidad encargada, donde lógicamente primaría el criterio de la ganancia. El agua se convertiría en una mercancía sujeta a la oferta y la demanda”. Luego de un amplio debate y propuestas analizadas, los acuerdos fueron: 1. Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1081, 1083, 1089, 1035, 997, 1064 y otros. 2. Brindar tregua de 15 días al gobierno central para que impulse la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1081, 1083 y otros. 3. Destitución del Intendente de Recursos Hídricos, Ing. Carlos Pagador Moya. 4. Desconocer y no cumplir con el Reglamentación del Decreto Supremo 021-2008-AG. 5. Destitución del Tesorero de la JNUDRP. 6. Reuniones Ampliadas 4 veces al año. 7. Inclusión en la Agenda Agraria que se de el uso del FONAGUA para los fines que fue creado y que el ejecutivo y legislativo antes de brindar una ley consulten a las organizaciones de usuarios. 9. Modificatoria de Estatutos de la JNUDRP, respecto a que las elecciones en la Juntas no sólo participen los presidentes de las juntas de usuarios sino también los presidentes de las comisiones de regantes. 10. El Seguro Agrario se extienda para los agricultores mayores de 70 años. El 17 de octubre la JNUDR y CONVEAGRO entregaron una agenda única del Agro y demandaron al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro y al Ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, la instalación de una Mesa de Diálogo Permanente para elaborar una agenda agraria incluyente. La Agenda Mínima de Consenso para el Desarrollo Integral y Sostenible del Agro, consta de once puntos y plantea propuestas de política para impulsar el desarrollo del sector. Entre otros temas, como asociatividad, Financiamiento y seguro agrario, comercialización y distribución directa de insumos, se demandó el apoyo a la gestión hídrica y la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1081 - Sistema Nacional de Recursos Hídricos y su Reglamento, así como también la participación activa, deliberante y vinculante de las organizaciones de regantes en la gestión del agua por cuencas y microcuencas hidrográficas, descontaminación de todas las fuentes hídricas, concertación y aplicación de un plan nacional para fomentar el manejo eficiente del agua en todos los sectores, incluyendo la tecnificación masiva del riego en el agro, así como asegurar la conservación del recurso frente a las amenazas del calentamiento global del planeta y el proceso de desglaciación, etc.Según el JNUDR el ministro Carlos Leyton, ofreció trabajar de manera coordinada con la Junta de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. El 24 de noviembre la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú publicó la "Declaración de Tarapoto", conjunto de propuestas que busca contribuir con el desarrollo agrario, basados: 1.- Estrategias para el fortalecimiento de las organizaciones de regantes, 2.- Gestión de los Recursos naturales y competitividad en el agro; y 3.- Acuerdos alcanzados en el IX Congreso Nacional de Juntas de Usuarios de Riego: "Políticas institucionales y desafíos de las organizaciones de regantes para el desarrollo agrario", éste documento fue el resultado de un evento realizado en la región San Martín. El 11 de diciembre el paro agrario nacional convocado por la JNRP fue acatado notoriamente en provincias, sobre todo en Chiclayo y San Martín, donde los manifestantes ocuparon las calles. En Chiclayo, un numeroso grupo de agricultores realizó una movilización por las principales calles de

la ciudad. El presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque, Genaro Vera, expresó el malestar de los agricultores con respecto al D.L. 1081, que atentaría contra los ríos de Lambayeque, expresó su rechazo ante una eventual explotación minera en la cabecera de la cuenca del río Chancay. Por otro lado, en Lima unos dos mil agricultores se movilizaron hacia la sede del Congreso, reclamando contra la privatización de la gestión del agua. De otro lado, el Ministerio de Agricultura publicó el reglamento del D.L. 1020 que promueve la asociatividad de los productores agrarios y consolida la propiedad rural. El 15 de diciembre dirigentes de Ica y Huancavelica piden derogar el D.L. 1081, mediante un pronunciamiento, los dirigentes de cuatro cuencas compartidas entre Ica y Huancavelica demandaron al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ley 1081, que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Los líderes de base de Río Grande, Río Ica-Alto Pampas, Río Chiris-Pisco y Río San Juan-Chincha consideran que el dispositivo resulta inconstitucional y no recoge las propuestas de la sociedad civil. En ese sentido, expresan su respaldo a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) en la derogatoria de los decretos 1081 y 1083; a su vez reclaman, la aprobación de la Nueva Ley General del Agua. El 23 de diciembre el Presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Santa, Julio Rosso Flores, indicó que sus asociados no acatarán ninguna de las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), nuevo organismo que se encargará de la administración de los recursos del agua. El dirigente agrario hizo este anuncio, luego de publicado el decreto supremo N° 039 conteniendo la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, con lo cual el funcionamiento de este organismo sería inminente. El 15 de enero 2009 inició la huelga agraria, la protesta denominada de “brazos caídos” incluyó marchas en Tumbes, Piura, Chiclayo, Cusco, Áncash, entre otras regiones, se bloquearon carreteras en muchas zonas. En Sullana, el paro fue acatado en su totalidad. En Piura, un agricultor y cinco policías resultaron heridos luego de un enfrentamiento en el distrito de Ignacio Escudero. En la misma región, miles de agricultores marcharon hacia la carretera Panamericana en el cruce de Piura y Chiclayo, donde se efectuó un mitin ante la atenta vigilancia de efectivos policiales quienes resguardaron el orden y la libre circulación. Además, se supo que en el valle de Jequetepeque 700 agricultores bloquearon por media hora el puente Olivares, en la Panamericana Norte. Eso no evitó el normal tránsito de vehículos en esta zona de la provincia de Pacasmayo ni generó enfrentamientos con la policía. Mientras tanto, en Chiclayo solo salieron a las calles aproximadamente 600 agricultores. De otro lado, en el Cusco, por la mañana cientos de turistas quedaron varados a la altura del kilómetro 82 de la vía que lleva hacia Machu Picchu debido a un bloqueo. Algo parecido sucedió en las vías hacia Urcos y Ollantaytambo. Asimismo, en la provincia limeña de Barranca, unos 400 manifestantes respaldados por el alcalde provincial Romel Ullilen tomaron por unos minutos el Puente Pativilca y Supe Pueblo. En Arequipa, cinco mil agricultores de El Cural, Zamacola y Tiabaya, Cayma, La Joya y San Camilo, marcharon por las calles de la Ciudad Blanca ocasionando congestión vehicular. Igualmente, en San Martín los integrantes de la Junta de Usuarios de Tarapoto se movilizaron por las calles de la ciudad y realizaron un plantón frente a la Dirección Regional de Agricultura. En tanto, en Ica, un grupo de manifestantes interrumpió el tramo 329 de la Panamericana Sur, en Palpa, mientras que, en Pisco y en Chincha, los campesinos marcharon pacíficamente. Asimismo, en Zarumilla (Tumbes), un piquete de campesinos impidió el paso de vehículos hacia Ecuador. Por la mañana, en Ica, un centenar de campesinos algodoneros se apoderaron de los kilómetros 329 y 330 de la Panamericana Sur, pero sin registrarse disturbios. En Áncash, en el valle del Santa, el paro agrario fue acatado de manera parcial y pacífica. Por otro lado, el día 15 el pleno del Congreso de la República aprobó la Ley de Aguas en primera votación con 76 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, rechazó un pedido para que el proyecto sea exonerado de segunda votación, el presidente de la JNDRP, Enrique Málaga, la calificó como una “jugada política”, pues si no se admite la exoneración, la aprobación de la ley esperaría la próxima legislatura, en marzo 2009. Ante ello, la JNUDRP, CONVEAGRO y la Confederación Nacional Agraria (CNA) exigen al presidente del Congreso, Javier Velásquez, que convoque a la Comisión Permanente a una sesión de emergencia para exonerar de segunda votación a la Ley del Agua. La JNDRP acordó continuar con el paro nacional. El 16 el paro agrario no tuvo contundencia en Ayacucho, sólo tuvo una tímida respuesta en algunos sectores como los mercados, y en menor medida en la prestación del servicio de transporte urbano en algunas rutas, situación que se regularizó plenamente en horas de la tarde. Insistieron en la derogatoria del decreto 1081 conocido como la nueva ley del agua. En Piura no hubo disturbios, en Sullana los agricultores bloquearon la Panamericana Norte y se enfrentaron con la Policía. Otra

zona bloqueada fue la carretera sector La Golondrina, ubicado en el distrito de Marcavelica. En el valle San Lorenzo, los agricultores bloquearon la carretera que comunica al Puente Internacional La Tina con Ecuador, en los lugares conocidos como La Tranca, La Limonera, Cruceta y Cieneguillo. También interrumpieron el trayecto que conduce al puerto de Paita a la altura del caserío Jíbito, a unos 10 kilómetros de Sullana; al igual que la vía con destino al Alto Chira. De igual forma en Tarapoto y Arequipa marcharon por las principales calles y bloquearon las carreteras de acceso a sus ciudades. La protesta se desarrolló sin incidentes salvo el enfrentamiento entre grupos de agricultores y la Policía que repelió a una turba cuando intentó bloquear la carretera Sullana-Talara. El día 17 de enero el presidente de la JNUDRP, Enrique Málaga, anunció el levantamiento del paro nacional agrario tras lograr un acuerdo con el Gobierno. La medida de fuerza fue suspendida tras una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Yehude Simon, y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. "Los acuerdos que se han tomado han sido refrendados por el presidente del Congreso y también contamos con la anuencia del presidente de la República", declaró Málaga. "El paro ha sido suspendido, pues hemos llegado al acuerdo de que se aprueba la Ley General de Aguas, discutida el día 15 en el Congreso. Esta ley va a ser promulgada en la siguiente semana" refirió el dirigente de la junta de usuarios. De aprobarse en segunda votación, el proyecto de Ley, y posteriormente promulgada por el ejecutivo pasará a fortalecer, a la Autoridad Nacional del Agua –creada por Decreto Legislativo Nº 997– como ente rector y máxima autoridad técnica-normativa del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Además la Autoridad Nacional del Agua tendrá competencia para ver asuntos relacionados con la cantidad y calidad del agua, además de tener facultades sancionadoras y coactivas. Uno de los aspectos fundamentales de la norma es el establecimiento de un régimen de derechos de uso del agua. El día 20, el presidente de la JNUDR pidió al Presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, que honre su compromiso asumido, y que la Comisión Permanente del Congreso de la República apruebe la Ley General del Agua porque la suspensión del paro nacional agrario se dio debido a esta promesa. El día 23, el presidente de la JNDRP anunció la reanudación de la medida de fuerza para el miércoles 28 si la Comisión Permanente no aprueba el proyecto de Ley. El día 28 de enero, unos mil agricultores de la localidad de Tacna marcharon por las principales calles de la ciudad en rechazo al Decreto Legislativo 1081 y exigiendo que el Congreso de la República apruebe en segunda votación la nueva Ley de Aguas a fin de evitar la concesión de la infraestructura mayor de riego, la misma que es considerada como la privatización del recurso hídrico. Mientras que en Lima los agricultores de la JNDRP suspenden reanudación de huelga indefinida, y anuncian que en los próximos días delegados de 114 Juntas llegaran a Lima para reunirse y establecer medidas más radicales ante el retraso en la aprobación de la Ley de Aguas. El 15 de febrero 2009 la congresista María Sumire precisó que la Comisión Permanente del Congreso no es la instancia para debatir y menos aprobar el dictamen de la nueva Ley de Aguas porque, según explicó, está dentro del rango de las normas orgánicas. Sumire basa su apreciación en el artículo 101 de la Constitución, que regula las funciones de la Comisión Permanente, en cuyo inciso 4 expresamente establece que no puede abocarse a tratar sobre leyes orgánicas y otras de gran envergadura. Dijo que esta es la tónica de la Ley de Aguas, porque, también dice la Constitución, en su artículo 66, que la regulación de los recursos naturales, así como las condiciones de su utilización se aprueban por ley orgánica, tal como señala el dictamen de la Comisión Agraria respecto al agua. El 2 de marzo 2009, el Pleno del Congreso aprobó, el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, por 56 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Dicho artículo dispone la creación de una autoridad autónoma cuya labor será la de dictar normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. La JNUDRP, decidió suspender el paro nacional de agricultores programado para el día 2 de marzo. El presidente, José Málaga, dijo que la institución que él preside ha acordado concederle al Estado un plazo de 7 días para que promulgue la ley, tarea que le corresponde al Poder Ejecutivo. Además, mencionó que con esta primera votación el gobierno se comprometió en no privatizar la gestión del recurso hídrico y asignar a las juntas de usuarios un papel participativo en la certificación de la misma. Anotó que “el texto aprobado es ampliamente satisfactorio, en definitiva estamos plenamente de acuerdo, este es un documento que ha sido consensuado y aprobado por los agricultores por el Congreso de la República y por el Ejecutivo”.

Últimos acontecimientos. El 2 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó, el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, por 56 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Dispone la creación de una autoridad autónoma cuya labor será la de dictar normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Por su parte la Junta Nacional de Regantes (JNUDRP), decidió suspender el paro nacional de agricultores programado para el 2 de marzo. El presidente de la JNUDRP, José Málaga, dijo que acordaron concederle al Estado un plazo de 7 días para que promulgue la ley, tarea que le corresponde al Poder Ejecutivo. Además, mencionó que con esta primera votación el gobierno se comprometió en no privatizar la gestión del recurso hídrico y asignar a las juntas de usuarios un papel participativo en la certificación de la misma. El mismo día 2, pese a que se suspendió el paro Agrario por un plazo de 7 díaz, el presidente de la Junta de Usuarios de la zona regulada del Chili, Zacarías Chávez, marchó junto a un grupo de agricultores de El Cural, Chivay- Anansaya, Huambo, Yanque y Maca, desde el cruce de la Vía de Evitamiento hasta la plaza de armas de Arequipa. El día 12 la Comisión Agraria presentó al pleno del Congreso una propuesta corregida de la ley del agua. Diferentes propuestas sobre esta materia fueron aprobadas, en primera votación, hasta en dos oportunidades por el pleno: el 15 de enero y el 1 de marzo. Pero cuando se quiso realizar una segunda votación, necesaria para modificar una ley orgánica, se planteó ajustes al texto de la ley. En una reunión entre el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, el presidente de la Comisión Agraria y representantes de la JNUDR, se aceptó que el artículo 2, referido a que la administración del agua solo puede ser otorgada y ejercida sin fines de lucro, tendría una votación separada. Además, se aceptaron un par de cambios más, referidos a la composición del Consejo del Agua y su ámbito de acción. Por otro lado, la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú (JNUDR) dio plazo hasta el 30 de marzo para que el Parlamento aprobara el proyecto, de no ser así iniciarían un paro agrario indefinido. El día 12 de marzo el Congreso aprobó la ley de recursos hídricos, llamada “Ley del Agua”. El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Abelardo la Torre, explicó que esta propuesta brindará un verdadero valor económico al agua y además dejará atrás la visión “agrarista” de la anterior normativa, el Decreto Ley 17752, promulgado en 1969 en pleno proceso de aplicación de la reforma agraria. A pesar de que durante la votación se presentaron diversos impases organizada por miembros del partido nacionalista, quienes se mostraron inconformes, el dictamen se aceptó contando con la aceptación de los principales actores involucrados en el uso de agua, como la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) y la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego (JNUDR). El causante de desacuerdos durante el proceso fue el artículo referido al dominio y uso público del agua. El dictamen aprobado cuenta con 125 artículos y disposiciones complementarias y crea, además de la ANA, los consejos de cuencas. Además, no solo regulará el agua superficial sino la subterránea, marítima y atmosférica. Mientras que Antolín Huáscar, Presidente de la Confederación Nacional Agraria, volvió a declarar su disposición para la realización de un paro nacional agrario este 30 de marzo, en rechazo del gremio a la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Congreso. Además, planteó que dicha legislación sea sometida a un referendo, puesto que, para él, la ley tiene una orientación favorable a las empresas privadas, a quienes se les otorga el agua del campesinado y de la ganadería. Agricultores de Cusco, opinaron que se requiere la elaboración de una plataforma de lucha que contemple la exigencia a la reglamentación de la norma y una posible medida de fuerza en abril. Los de Huánuco manifestaron que existe un sector significativo de agricultores que desconoce los alcances de la norma, por lo tanto se necesitaría mayor difusión para conocer sus implicancias a corto y largo plazo. PASCO 141. Comunidad de Rancas, distrito Simón Bolívar, provincia de Pasco Caso. Oposición a la construcción de una planta en el paraje Chaupishuco por realizarse aparentemente sin autorización y ante posible impacto ambiental. Actores. Comunidad Campesina San Antonio de Rancas, Volcan Compañía Minera, Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco (DREM) y Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. Antecedentes. Con la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco (DREM), la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), representante de Corecami, de

organizaciones de base y pobladores de las comunidades involucradas, Volcan Compañía Minera, a través de la empresa consultora (Minera Interandina de Consultores (MINEC S.R.L.) desarrolló talleres informativos sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados”. Los talleres se desarrollaron en forma descentralizada, los días 17,18 y 19 de abril, en el Centro Poblado de Paragsha, Comunidad Campesina San Antonio de Rancas y Comunidad Campesina de Quiulacocha, respectivamente. En cumplimiento del requisito legal que establece el Ministerio de Energía y Minas, la minera Volcan dio a conocer a la población sobre la ejecución del proyecto ubicado en el distrito de Simón Bolívar. Hechos. El día 06 de mayo, se invitó a la Oficina Defensorial de Pasco a participar en la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados, organizado por la DGAAM, en el Auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Paragsha, donde se tenía previsto la realización de una audiencia, sin embargo se constató en el local que las instalaciones de la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha se encontraba tomada por parte de los pobladores de la comunidad de Rancas, quienes se negaron al ingreso. Es por este motivo que tanto los representantes de la DGAAM del MEM y DREM Pasco levantaron un acta de suspensión de la Audiencia Pública, por falta de garantías para su realización. Asimismo se iniciaron las investigaciones por parte del Minsiterio Público, por haberse producido la toma de local por parte de los comuneros de Rancas. Esta toma de local tuvo como acción previa una movilización por diversas calles de la ciudad de Cerro de Pasco en contra de la minera Volcan, por supuestos abusos. De acuerdo al pronunciamiento difundido por la Comunidad de Rancas, ponen de conocimeinto que Volcan Compañia Minera, viene construyendo sin estudio de impacto ambiental ni autorización alguna la planta complementaria en el paraje Chaupishuco, el mismo que es un terreno de la comunidad. Otro de los motivos de la movilización, según el mismo pronunciamiento público de Rancas, es que los impactos de la actividad minera contaminan el agua, aire y pastos, refirió el presidente de la comunidad señalando que esto perjudica a la flora, la fauna y sus actividades ganaderas. Finalmente, la comunidad también refiere que la minera viene incumpliendo con el convenio de 1990, respecto al desistimiento de expropiación ilícita de la zona de Ocroyoc y el uso de áreas para el depósito de sus relaves sin autorización, que se trata de un área de más 500 metros cuadrados, el mismo que, según funcionarios de Volcan, la comunidad pretende vender a un precio sobre valorado que la minera no está en condiciones de pagar. Hugo Sosa Santiago, teniente alcalde del distrito de Simón Bolívar manifestó que esperan dialogar con los representantes de Volcan para solucionar estos problemas y reclamos que la comunidad de Rancas realiza. Toda esta situación fue constatada por el Fiscal de la provincia de Pasco. De momento quedó en suspenso la programación de nueva fecha para la referida audiencia que se daría a partir de previo diálogo con los comuneros en protesta. De acuerdo a oficio 466-2008-OS-GFM del 6 de junio del Gerente de Fiscalización Minera de OSINERGMIN a través del cual se informa que esta entidad el 26 y 27 de febrero 2008, a través de la empresa supervisora Consorcio SC Ingenieria SRL y HLC S.A.C. realizó una supervisión especial a la Unidad Económica Administrativa “Cerro de Pasco” de Volcan Compañía Minera S.A.A., producto del cual se ha iniciado un proceso sancionador a la empresa minera por iniciar la construcción de la planta complementaria de beneficios de minerales oxidados, sin los estudios y autorizaciones respectivas. El 2 de julio, la directiva de la comunidad campesina de Rancas pone en conocimiento de la DP la denuncia por contaminación ambiental por derrame y excesos en el vertimento de relaves en la cancha de relaves de Ocroyoc. Con una movilización realizada el 17 de julio, los comuneros de Rancas, en Pasco, exigieron la suspensión de la audiencia pública del estudio de impacto ambiental del proyecto complementario de la empresa minera Volcan señalando que el proceso de talleres informativos previos no fue transparente y se denunciaron irregularidades, como la participación de trabajadores y familiares que impidió la asistencia de comuneros. Tras la movilización que recorrió gran parte del centro de Pasco, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la audiencia programada.

Por otra parte, la comunidad campesina de Rancas elaboró y presentó su Diagnóstico Ambiental, en el que demuestra los niveles de contaminación que afronta como consecuencia de la actividad minera. Entre las conclusiones más saltantes del estudio elaborado es desarrollar un Plan de Mitigación de Impactos Ambientales, que debería ser financiado por la empresa Volcán para resarcir los daños causados al medio ambiente por su actividad; además del examen médico periódico de la población, la arborización del lugar, el resarcimiento de daños ocasionados en manantiales y lagunas, así como monitoreo continuo de agua, suelo y aire. Por su parte, Luis Pariona relacionista público de la empresa Volcán reconoció que "existe impacto ambiental en la comunidad de Rancas y lamentablemente nuestra empresa no ha asumido su responsabilidad como debe ser" y propuso nombrar una comisión que esté integrada por representantes de la comunidad y la empresa para discutir sobre las posibles alternativas de solución al conflicto y hacer un plan de trabajo concertado, declaró en una emisora local. El 31 de julio a través del oficio 242-2008-DP/Pasco la Oficina Defensorial de Pasco solicitó información a OSINERGMIN tras sobre la Planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados” que según se constató seguía construyéndose. Tras ello, OSINERGMIN comunica a la DP con oficio 706-2008-OS-GFM, del 20 de agosto, que el 26 de julio se realizó una segunda supervisión especial a la Unidad Económica Admnistrativa “Cerro de Pasco” de Volcan Compañía Minera SAA a través de la supervisora Consorcio Ingeniería SRL y HLC SAC para inspeccionar los trabajos de construcción de la Planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados. Como resultado de la inspección se determinó qu Volcan Compañía Minera SAA ha continuado con la construcción de dicha planta a pesar que en la primera inspección se le recomendó paralizar los trabajos hasta contar con la autorización respectiva. Mediante Resolución Gerencial Nº 000677 de fecha 14 de agosto 2008, se ha dispuesto como medida correctiva la paralización de los trabajos de construcción de la planta Complementaria de Beneficio de Minerales Oxidados hasta obtener la autorización correspondiente de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, además se le ha sancionado con una multa por infracción al artículo 37 del Reglamento de Procedimientos Mineros aprobados por DS 018-92-EM. El 18 de agosto se realizó una reunión con las autoridades del distrito de Simón Bolívar- Pasco con la compañía Volcan, MINSA, OSINERGMIN y Activos Mineros, en el Ministerio de Energía y Minas. En la reunión además asistió la congresista Gloria Ramos y los alcaldes de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y del Centro Poblado de Paragsha, la comunidad campesina de Rancas, entre otros. Entre los diferentes acuerdos se estableció que la negociación iniciada por Volcan con la CC de Rancas, el Ministerio de Energía y Minas a través de la OGSS, facilitará dicho diálogo. El 21 de agosto se llevó a cabo una segunda reunión, en esta ocasión en Pasco convocada por el Ministerio de Energía y Minas, con participación de la CC de Rancas, alcalde provincial de Pasco, entre otros, la misma que buscaba recoger los problemas en el caso en cuestión. El 3 y 4 de octubre se llevó a cabo la Cumbre Macro Regional Centro de los Pueblos en la Comunidad Campesina San Antonio de Rancas, donde se suscribió la Declaración de Rancas, Cumbre de los Pueblos Macro Región Centro, señalando que los derechos territoriales, sociales, culturales, ambientales, de salud y económicos de la Comunidad de San Antonio de Rancas viene siendo afectada por Volcan Compañía Minera SAA y exigiendo la implementación de un comité de vigilancia y monitoreo ambiental y de salud comunitaria en forma permanente que desarrolle el monitoreo conjunto de agua, suelo, aire y bio entre Digesa, empresa minera y comunidad, en cada una de las comunidades campesinas afectadas por la minería, entre ellas Rancas. Hasta la fecha no se ha reanudado las reuniones que convocaba el MINEM, con participación de la comunidad campesina y la empresa minera. OSINERGMIN realizó una nueva visita al paraje denominado Rumiallana, donde se afectó parte del terreno de la comunidad por unas actividades no autorizadas que realizó la empresa Volcan. La concesión del depósito de relaves de Ocroyoc manejada por la compañía Volcan expira el 2010, según información de prensa. La empresa ha expresado su interés en ampliar por otros 20 años su presencia en el lugar, pero los pobladores de la comunidad campesina de San Antonio de Rancas, ubicada en la región Pasco, se resisten a la propuesta porque Volcan, según señalan, ha dañado el medio ambiente en la zona. Los comuneros aceptan negociar con los mineros, pero bajo condiciones. La primera: que Volcan presente un plan de mitigación de daños ambientales para revertir los efectos dañinos que ha ocasionado sus labores de extracción.

Últimos acontecimientos. No se ha tenido una nueva reunión con el MINEM, sin embargo con una nueva directiva comunal se inició un proceso de diálogo con la empresa minera, esto incluía hacer algunas visitas a las zonas afectadas. 142. Comunidad Campesina de Huayllay, distrito de Huayllay, Provincia de Pasco Caso. La comunidad de Huayllay exige respetar sus tierras comunales a la Empresa Chungar S.A.C (Volcan Cía minera) y demandan compensación. Actores. Comunidad Campesina de Huayllay, Unidad Económica Animón de la Empresa Administradora Chungar S.A.C (Volcan Cía minera), Municipalidad de Huayllay (alcalde, Luis Marcelo Callupe) y Gobierno Regional de Pasco (gerente de Desarrollo Social, Dimas Valle Carvajal). Hechos. Desde el año 2006 la empresa Chungur y la comunidad de Huayllay vienen reuniéndose a tratar el desarrollo de programas sociales y la necesidad de Chungur de usar tierras superficiales. El 22 de octubre del 2007, mediante carta 035-CCH-P-2007, la comunidad de Huayllay alcanzó su petitorio, aprobado en asamblea comunal del 30 de setiembre 2007, que considera los temas: desarrollo económico, aporte social, trabajo, educación y salud. A partir del 11 de marzo 2008 se realizan las reuniones para negociar el petitorio propuesto. El 26 de setiembre 2008, se lleva a cabo la última reunión, para dialogar sobre la compensación del uso de las el uso de 41 hectáreas de tierras comunales, siendo que la comunidad campesina propone el pago de US$ 1´200,000.00 y la empresa minera la suma de S/. 200,000.00. Al no arribar a ningún acuerdo, la comunidad campesina dio un plazo de 48 horas a la empresa minera a fin de que pueda reconsiderar su propuesta. Hechos. El 2 de octubre en asamblea de la comunidad de Huayllay se acuerda iniciar un paro contra la empresa Chungur, con bloqueo de vías de comunicación, impidiendo el ingreso del personal. En medio de este proceso se acuerda una reunión el 7 de octubre, que se realiza hasta el 8 de octubre, llegando a acuerdos sobre el pago por las 41 hectáreas, contratación de personal y monto de servidumbre por las 41 hectáreas. Acuerdos que no fueron ratificados por la asamblea comunal el 8 de octubre, pero acordándose una nueva reunión el 9 de octubre. Sin embargo el día 9 de octubre, llegó a darse un enfrentamiento con la policía, quienes repelieron lanzando bombas lacrimógenas, hecho que generó la violencia, resultando varias personas heridas: a) Por parte de la comunidad: hay dos personas que han sido derivadas al Hospital Daniel Alcides Carrión y otras dos han sido atendidas en EsSalud, de la ciudad de Pasco, ambos fueron referidos a la ciudad de Lima; b) Por parte de la PNP 6 efectivos policiales se encuentran heridos, además 25 efectivos con lesiones leves. Frente a los hechos de violencia, la Oficina Defensorial Pasco invocó a las partes a buscar una salida pacífica, y ofrecer la disponibilidad de la DP a colaborar con el diálogo. Esta disposición de colaborar en el diálogo también se lo puse en conocimiento al Presidente de la Comunidad, señor Abad Pajuelo Inza, quien se apersonó a las oficinas de la DP al promediar las 17:45 pm, en compañía del Alcalde del Distrito, señor Luis Marcelo Callupe, y el Gobernador Departamental, ingeniero Oscar De La Cruz. En esta reunión también se les precisó la labor de la DP, pues solicitaban que nos constituyamos a la zona del conflicto para hacer una constatación de los daños ocurridos, pese a que el Fiscal Provincial Penal, doctor Flavio Robles, ya había cumplido con esta labor. Finalmente, se le exhortó al Presidente de la Comunidad que pudiera dialogar con sus comuneros a fin de que puedan reestablecer el diálogo y que de creerlo conveniente puedan solicitar nuestro apoyo. Los pobladores de Huayllay y autoridades pasqueñas -entre ellas el gobernador, Oscar De la Cruz y el asesor jurídico, Marcelino Gutiérrez-, en asamblea realizada el lunes 13 de octubre, en horas de la tarde en el local comunal de Huayllay, acordaron no reiniciar el diálogo con la minera Chungar, hasta que la salud de dos comuneros sea estable y se encuentren fuera de peligro, según informó el gobernador. Posteriormente, teniendo como mediador al gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Pasco, Dimas Valle Carbajal y al asesor jurídico de este organismo, Marcelino Gutiérrez Valenzuela, el 15 de octubre se reunieron representantes de la comunidad campesina de Huayllay y de la Empresa Administradora Chungar, donde acordaron que la empresa asumirá los gastos que demande la recuperación y rehabilitación de las personas que fueron heridas en el enfrentamiento de la semana pasada. Valle Carvajal indicó que este compromiso será requisito principal para que el Gobierno Regional de Pasco facilite el dialogo para la solución definitiva del conflicto

El domingo 19 de octubre, los pobladores de la Comunidad Campesina de Huayllay en asamblea general acordaron suspender su medida de fuerza, asimismo los representantes de ambas partes se reunirán en una mesa de diálogo para dar solución a las diferencias que se tiene el día lunes 20 de octubre 2008. Se aprobó suspender su medida de fuerza por un espacio de 48 horas. La mesa de diálogo entre ambas partes se reapertura hoy en horas de la mañana en el Auditórium del Gobierno Regional Pasco, donde participaran representantes de la Comunidad y Empresa discutirán los puntos que se tiene en agenda, para el cual se tendrá como mediadores a funcionarios del Gobierno Regional. El 20 y 22 de octubre se llevaron a cabo las reuniones de diálogo, en las que Marcelino Gutiérrez Valenzuela y Dimas Valle Carbajal, en representación al GRP, fueron facilitadores del diálogo que concluyó tras arribar a importantes acuerdos de servidumbre entre la comunidad y la Minera. Entre los acuerdos, la comunidad cederá a la minera Chunga 41.3 hectáreas de terreno por un período de 12 años, a cambio la minera pagará 400 dólares anuales por cada hectárea. Adicionalmente, en forma global, la minera pagará 6 mil 155 dólares por año. Del mismo modo, la empresa cancelará a la comunidad la suma de 900 mil soles, por el uso de esta misma área, correspondiente a los años 2007 y 2008. Otro compromiso de la empresa es incorporar en planilla a 40 comuneros hasta fines del año 2010, quienes gracias a este acuerdo podrán laborar bajo la modalidad de plazo fijo. Para concluir con el proceso de negociaciones, las partes tienen previsto a volverse a reunir, con la facilitación del Gobierno Regional, para formalizar el convenio marco que establecerá los compromisos. La comunidad campesina de Huayllay cursó un documento al Gobierno Regional haciéndole de conocimiento que había decidido que el convenio que suscribirían se realizaría solo entre las partes y no como habían quedado inicialmente (que presentarían un proyecto ambas partes ante el Gobierno Regional para que luego sea suscrito luego del acuerdo al que se arribe). Últimos acontecimientos. La comunidad no ha reiterado el apoyo del Gobierno Regional, pero que se habían aceptado algunas condiciones con la Empresa Chungar. 143. Distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco Caso. Oposición de los pobladores a la ampliación del tajo abierto. Actores. Población de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha, compañía minera Volcan S.A. Otros. Frente Amplio de Defensa de los intereses de Pasco (FADIP), Centro de Cultura Popular Labor (ONG), municipalidad provincial de Pasco, trabajadores de la compañía minera Volcán. Antecedentes. El 26 de mayo del 2005, la Federación de Trabajadores de la compañía Minera Volcan S.A. demandó parte de las utilidades de las ganancias que la compañía Minera Volcan S.A. ganó durante el año 2004. Entre las medidas tomadas por la Federación de Trabajadores se registran el bloqueo de la entrada a la minera e incluso el ataque a las instalaciones de la compañía, razón por la cual la minera evacuó al personal y demandó resguardo policial. El 1 de junio, las partes acordaron el cese de la medida de fuerza por parte de los trabajadores y el pago, por parte de la empresa minera, de 1,000 soles (700 soles en calidad de bono extraordinario y 300 soles como pago anticipado a cuenta de participación de utilidades normada por el D.L. Nº 892). Incumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental por parte de la compañía minera Volcan S.A. No respetar el acta de fecha 20 de mayo de 1998 y resolución del INC–Pasco del año 2002. El primero estableció ya no conceder más áreas urbanas para efectos de expansión minera y el segundo declaró patrimonio cultural diversas zonas del distrito de Yanacancha. Refieren los pobladores que la compañía Volcán, por acción de su superintendente, viene adquiriendo diversas viviendas aledañas al anillo del tajo abierto a efectos de lograr su expansión. Esto se produce desde hace más de tres años. Hechos. Desde 1998, fecha en que la empresa minera Centromín Perú fue privatizada y comprada por la compañía Volcan S.A., ésta ha pretendido lograr la expansión del tajo abierto “Raúl Rojas” a efectos de continuar con la extracción de minerales. Así, la empresa emprendió una campaña de compra de diversos terrenos y viviendas aledañas al anillo del tajo. Desde el año pasado y a inicios del presente surgió un conflicto en la venta de viviendas ubicadas en el distrito de Chaupimarca, las cuales habían sido declaradas Monumento Integrante del patrimonio cultural por el INC (mediante Resolución Directoral Nº 131 del 29 de octubre del 2002). Así, la empresa planteó su plan de expansión ante el MEM. El 16 de mayo del 2006, la MP de Pasco emitió la Ordenanza Municipal Nº 19-2006-CM,-HMPP, mediante la cual se permite que los espacios y terrenos de la ciudad sean

solamente de uso comercial y residencial mientras no se elabore el plan de desarrollo urbano concertado de la ciudad de Cerro de Pasco. Los terrenos que sean utilizados de un modo distinto serán expropiados. Ante esto, el 26 de junio del 2006 el MEM convocó a una reunión informativa del Plan de Expansión Minera de la compañía Volcan S.A., la cual contó con la presencia de gran cantidad de pobladores. En esta reunión, los representantes de la compañía expusieron su plan de expansión, el cual incluía afectar el 1.5% del área urbana del distrito de Chaupimarca. Se acordó absolver las consultas de los pobladores el día 18 de julio. Sin embargo, esta reunión se vio frustrada porque no asistió el representante del MEM. Además, la empresa alegó que no había condiciones de seguridad para realizar la referida audiencia. Actualmente, la empresa sigue comprando algunas viviendas sin respetar las ordenanzas emitidas por la municipalidad. El 31 de agosto hubo una reunión en la que se dejó entrever que las causas de alta contaminación de plomo en la sangre no son responsabilidad de la compañía minera, sino que, su fuente principal está en el terreno donde se encuentran ubicadas las viviendas, toda vez que tienen altos contenidos de plomo. Por ello se convino con los presentes que era necesario realizar un estudio sobre cuán mineralizado de plomo estaba el suelo de los lugares donde más se habían sobrepasado los niveles máximos permisibles. Los resultados serían expuestos en la reunión del 15 de septiembre. Los días 1 y 2 de septiembre se reunieron en Lima representantes de los seis sindicatos de la minera Volcan y del Ministerio del Trabajo para buscar evitar el enunciado paro de los trabajadores. El MEM convocó a una reunión el 15 de septiembre en la Sala de Regidores del Municipio Provincial de Pasco. Asistieron el Ministro de Energía y Minas, la viceministra de Minas, el Superintendente de la compañía Volcán, el presidente del Gobierno Regional, el alcalde provincial de Pasco, la alcaldesa de Yanancancha, la directora Regional de Salud, congresistas de Pasco, el Director Regional de Energía y Minas, representantes de la sociedad civil y la DP. En esta reunión se expusieron diversos temas: 1. Se pudo comprobar que existen cantidades que sobrepasan los límites permisibles de plomo en sangre. Hay personas que tienen hasta 120.00 ug pb/dL, cuando lo permisible es hasta 20 microgramos de plomo por decilitro de sangre en adultos (estudio realizado en una muestra representativa de 26 pobladores de Cerro de Pasco, el 25 de agosto del presente año). En 1999 se hizo un análisis similar con una muestra de 530 personas, en el cual el valor mínimo fue de 1.9 y el máximo de 45.5 ug pb/dl. Asimismo, en el 2002 se hizo un estudio en Champamarca y Quiulacocha en 170 personas, que dio por resultado valores elevados de plomo. (Al respecto se añadió que el SIS no atiende a personas afectadas por plomo. Respecto de esto se llegó a acordar la realización de un estudio integral de plomo en sangre en el más breve plazo), 2. Necesidad de la pronta elaboración del plan de desarrollo urbano de la Provincia de Pasco. Se informó que el 26 de junio se formó el Convenio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan Urbano conformado por profesionales independientes y que va a incluir a un técnico de la compañía Volcán. 3. La DREM expuso un informe sobre el cumplimiento de los compromisos ambientales de la compañía minera Volcan. Se destacó que son 11 proyectos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Centromín Perú, de los cuales ocho han sido transferidos a Volcan y tres han quedado como pasivos ambientales de Centromín Perú. El depósito de relaves de Quiulacocha ha sido ejecutado sólo en un 50%. Se informó que la recuperación del lago Junín y el río San Juan tiene un avance del 97%. Según los representantes de la sociedad civil, dicho informe no coincide con la realidad. Asimismo existe una contradicción respecto de la laguna Yanamate: su recuperación natural tardaría 100 años. Respecto del depósito de desmonte de Rumiallana, en época de estiaje se genera polvo y en época de lluvias se producen lluvias ácidas. Asimismo, refirió el Director Regional de Energía y Minas que la explotación a tajo abierto genera también el desplazamiento de polvos. Manifestó que no hay normas que regulen post-PAMA, que se permita fiscalizar los problemas que se generan luego de las actividades que ha realizado la empresa. 4. Al respecto, la viceministra presentó los resultados oficiales del cumplimiento del PAMA de Volcán y CENTROMÍN PERÚ. Acotó que los resultados presentados por la DREM no son oficiales y que distan de los que se maneja en el MEM. Además aclaró que no es cierto que no existan normas post–PAMA, ya que están vigentes el D.S. 16-93-EM y los planes de contingencia en los Estudios de Impacto ambiental. 5. El Director de fiscalización minera dio a conocer los resultados recientes de los Proyectos: a. Abandono de relaves de Quiulacocha. b. Cierre de minas de Goyllarisquizga y c. Recuperación del lago (Proy. PAMA) que están a cargo de CENTROMÍN PERÚ. Así, con relación a los puntos a y c, se está en proceso de avance de acuerdo con la normatividad vigente. Respecto al punto b se ha tenido que replantear el cierre de la mina ya que se ha detectado que existen otros pasivos, los cuales han dado lugar a desarrollar dos proyectos adicionales. Respecto de los proyectos de Volcán, se informó

que se está cumpliendo según los objetivos. Sin embargo, respecto a la planta de tratamiento, el proceso de fiscalización debería ser más eficiente. 6. La Viceministra añadió que respecto de la responsabilidad de remediación del lago Junín, la empresa Centromín Perú tiene responsabilidad de 38%, la Compañía minera Brocal de 26%, Volcán de 26% y la minera Aurex del 19%. Además de ello se precisó que, según últimos estudios, también se ha determinado que existe un gran porcentaje de contaminación causado por la presencia de residuos domésticos, 7. Se conformará una comisión presidida por el Director de fiscalización que realizará un inventario de los problemas ambientales en Pasco. 8. El Director Regional de Vivienda informó sobre el problema de viviendas afectadas por las explosiones realizadas por la compañía Volcán, y estimó que asciende a unas 1180 viviendas afectadas por la expansión del tajo abierto. Además, dijo que se desconocen los límites máximos permitidos de vibraciones producto de las explosiones realizadas. Respecto de ello, el secretario de Defensa Civil informó que las viviendas evaluadas y declaradas en emergencia son 333. 9. Por su parte, el Superintendente de la empresa Volcán refirió que la vida del tajo abierto es de dos años; además, que se vienen ejecutando varios proyectos como: 1º Separación de aguas neutras de mina. 2º Construcción de canales de captación de aguas ácidas. 3º Construcción de sistema de canales de aguas de escorrentía. 4º Construcción de planta de neutralización. Respecto de la laguna de Yanamate, sostuvo que se está considerando el plan de cierre. Respecto de los procedimientos de atención de las viviendas afectadas, señaló que se ha realizado un estudio de geomecánica cuyos resultados coinciden con un informe presentado por Defensa Civil, en el sentido de que su destrucción se debe a las malas construcciones y terrenos no compactados. Respecto del plomo en sangre alegó que el problema reside en que es el mismo suelo el que tiene alto contenido de plomo y que, en todo caso, las viviendas no debieron ser construidas en el lugar. Los representantes de la sociedad civil manifestaron disconformidad con las presentaciones de la empresa minera Volcán. El alcalde provincial solicitó que se retiren las tuberías que conectan a la laguna Yanamate, pues no se utilizan. El Presidente Regional propuso una auditoría ambiental, una propuesta de expansión minera no de tres o cuatro años, sino de 20 a 40 años. El Ministro sostuvo que la participación de la empresa Volcán en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano es importante. Además de ello se propuso la descentralización de funciones del MEM. El 20 de octubre se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo en la Sala de Regidores de la Municipalidad de Pasco. Asistieron el Director General de Medio Ambiente, el alcalde provincial de Pasco, representantes de la compañía minera, representantes de las Direcciones Regionales de Salud, Minería y Vivienda, la DP, trabajadores de la empresa minera y algunos pobladores cuyas viviendas han sido afectadas. Se trataron los siguientes temas: informes de la sub comisión de salud sobre contaminación de plomo en sangre, informes de la Dirección Regional de Energía y Minas sobre el cumplimiento del programa de adecuación y manejo ambiental por parte de las empresas Volcan Y CENTROMÍN PERU, informes por la Dirección Regional de Vivienda sobre el problema de afectación de casas por explotación minera y el tema de expansión minera requerida por la compañía minera VOLCAN. Respecto al problema de sangre en plomo, se ha determinado que son seis niños los que tienen alta concentración de plomo en sangre. Además, se debe realizar un estudio para determinar las causas directas de la contaminación de plomo. Para ello se ha designado presupuesto por parte de la empresa minera y el MEM. Respecto de la dirección de vivienda, se presentó un informe preliminar de visitas realizadas a las viviendas afectadas. El informe fue cuestionado por el Director General de medio ambiente, quien afirmó que se trataba de un informe de gabinete y solicitó que se corrigiera el trabajo para la próxima reunión, toda vez que el informe brindado son sobre estudios cuyos resultados ya se conocían anteriormente. La Comisión conminó a la empresa minera a que en la próxima reunión debe plantear la solución definitiva al problema de viviendas afectadas. Por otro lado, el sector de energía y minas refiere que se está en proceso de recolección de información. Los cuatro proyectos asumidos por la compañía Volcán (Separación de aguas neutras de mina, construcción de canales de captación de aguas ácidas, construcción de sistema de canales de aguas de escorrentía y construcción de planta de neutralización) han sido cumplidos en un 100%. Además, se informa que el mayor incumplimiento viene por parte de la compañía minera Centromín Perú, quienes se encuentran fuera del plazo concedido en los proyectos de mitigación, sin embargo se refiere que no se han encontrado daños ambientales. Al respecto la DP planteó la necesidad de contrastar dichos datos con los manejados por el MEM ya que es la misma información vertida en reunión pasada y que fue cuestionada por la entonces Viceministra de energía. Respecto a la Comisión que informaría sobre los avances del proyecto de expansión minera, se refirió que la MP de Pasco, unilateralmente en sesión de Consejo,

acordó suspender las funciones de dicha comisión, debido a que se tratará el tema cuando se haya desarrollado el Plan de ordenamiento urbano para la provincia. Este hecho produjo malestar en los funcionarios de la compañía minera Volcán, quienes refirieron que no se puede esperar a que se realice dicho plan. Asimismo se refirió que la dirección de catastro de la MP no cuenta entre sus documentos con ningún plan o proyecto de expansión minera. Si bien este ya había sido expuesto anteriormente, no se contaba con el documento físico en la municipalidad porque la empresa no ha enviado una copia. El alcalde provincial refiere que el plan de ordenamiento urbano se presentará en el mes de diciembre. La compañía minera mostró su información ante este hecho. Cabe resaltar que en esta reunión, un poblador hizo pública una grabación en la que supuestamente se escucha a personal de la compañía Volcán hostigar y amenazar al mencionado poblador para que éste le venda su propiedad. Se fijó una reunión para el día 14 de noviembre. Durante el mes de noviembre, mineros de la compañía Volcan anunciaron una huelga debido a que la empresa no cumple con retirar la denuncia interpuesta contra cuatro trabajadores de dicha empresa. La labor de la comisión central se ha suspendido. El 19 de diciembre del 2006 se publicó la Ordenanza Municipal Nº 57-2006-CM-HMPP, mediante la cual se dispone: 1. Incluir a la empresa Minera Volcan como agente participante (informando y opinando) en la elaboración del plan de Desarrollo urbano de Cerro de Pasco y el plan de Acondicionamiento territorial. Asimismo queda incorporada su propuesta de ampliación del Tajo abierto, 2. La empresa Minera asumirá el costo que ocasione la expansión de las áreas que se encuentren en la zona periférica y del pan “L” de agua, desagüe, pistas, veredas, parques, plazas y otros afines para ubicarlos en la otra zona de la ciudad. Para este efecto se firmará un acta, 3. Asimismo la empresa minera debe comprometerse a colaborar con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. 4. Hágase conocer a la dirección Regional de Minería del MEN a Volcán compañía S.A.A. autoridades y municipios distritales. Además, en disposición complementaria establece derogar todas las ordenanzas que se opongan a la presente. Esta ordenanza ha generado malestar en la población y otros actores porque la MP de Pasco cambia de posición, ahora a favor de la empresa. Además no ha contemplado nada sobre el resarcimiento de daños a la salud y propiedades. Inclusive no se toma en consideración que el área que se pretende afectar ha sido declarada patrimonio histórico de la nación por el INC. Por ello, el 10 de enero del 2007, la nueva gestión edil en sesión de consejo ha dispuesto volver a organizar el comité central y derogar la ordenanza emitida, la cual será publicada el día 12 de enero. Asimismo se acordó una reunión del comité central con participación de la DP, para el día 25 de enero, en la cual se analizarán los informes de las sub comisiones. El 25 de enero del 2007 se llevó a cabo una reunión de trabajo de la comisión central, en la cual se integró a los nuevos representantes de la comisión central (Alcalde de Yanacancha, alcalde de Simón Bolívar). Se solicitaron informes de los avances de las subcomisiones: La sub comisión de vivienda no pudo exponer nada debido a que no contaba con representantes en la reunión, la sub comisión de salud informaron que se continúa con el plan integral de viglancia de Quiulacocha y Champamarca. No se ha podido avanzar en el caso de Yanacancha debido a que el presupuesto recién fue asignado en el mes de febrero. Se hizo presente que la compañía Volcan se comprometió el 20 de diciembre del 2006 en coordinar un proyecto de investigación de determinación de plomo en la sangre en Chaupimarca y Paragsha, sin embargo no se ha cumplido. Además queda pendiente la realización de un estudio amplio de riesgo a la salud en Cerro de Pasco y se está incluyendo un análisis de suelo que se encuentran ocupando los pueblos jóvenes. Se solicitó además información sobre los avances de la sub comisión de expansión de tajo abierto, por lo que se programó una reunión para el 28 de febrero. Se tenía prevista una reunión del comité central el día 23 de marzo donde se daría cuenta de los avances alcanzados por las comisiones, sin embargo, la Municipalidad Provincial de Pasco suspendió la misma por falta de quórum. Con fecha 23 de abril del 2007, mediante oficio Nº 16-GFSC-HMPP-2007, el Gerente de la Municipalidad Provincial de Pasco, cita a la Reunión Nº 02-2007 de la Comisión central sobre la Problemática Ambiental de Pasco, la que se desarrollará indefectiblemente el día jueves 26 de los corrientes a horas 3.00 p.m., suspendiéndose el mismo día de la reunión debido a que, el día 25, el Secretario General de Minería, Edmundo de la Vega, comunica al alcalde provincial de Pasco su renuncia como Presidente de la Comisión Central. Por su parte, la Municipalidad provincial de Pasco ha referido que se convocará a una posterior reunión a efectos de nombrar un nuevo presidente y continuar con el trabajo. No se tiene fecha probable de la reunión a convocar. Durante mayo no se convocó a nueva reunión de la Comisión central sobre la Problemática Ambiental de Pasco.

Se convocó para el día 27 de junio a las 9:00 a.m. a una reunión de la Comisión Central donde se propuso informar sobre los avances de las subcomisiones conformadas. Lamentablemente ésta no se pudo realizar, proponiéndose su postergación para la primera semana de julio. La primera semana de julio se llevó a cabo una reunión de la Comisión Central, básicamente informativa para dar cuenta de avances. En ella se quedó realizar una nueva reunión de la Comisión Central para establecer plazos específicos de cumplimiento de cada una de las sub comisiones el 23 de agosto. La reunión programada para el día 23 de agosto fue suspendida debido a que el Director General de Minería que preside la comisión no asistió. No se señaló fecha para una nueva reunión. Por otro lado, una asociación de inquilinos estaba exigiendo a Volcan que los indemnice por demoler las casas, a pesar de que dichas viviendas fueron compradas por la empresa Volcan a sus respectivos propietarios, pero no habría sido formalizado ningún trámite con la municipalidad provincial de Pasco al respecto. Ante ello, el alcalde provincial de Pasco, William Tito Valle Ramírez, suspendió el diálogo que sostenía con la minera Volcan en torno a la expansión del tajo abierto, luego de que se descubriera la destrucción de estas dos viviendas. La destrucción de dos viviendas, ubicadas en los jirones Lima y Márquez del distrito de Chaupimarca, generó un enfrentamiento entre los trabajadores de la minera y miembros de seguridad ediles, durante un operativo de inspección. Mediante un comunicado, el burgomaestre de Pasco detalla que el regidor Víctor Berrospi Feliciano, encargado de supervisar las obras de explotación fue agredido verbalmente cuando solicitaba el permiso de explotación a los encargados de la minera. Se programó la reunión de la comisión para el miércoles 03 de octubre, convocada por el Director General de Minería que preside esta comisión. El 29 de enero de 2008, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, pidió asumir con responsabilidad la solución del problema de la contaminación en Cerro de Pasco. Afirmó que si la solución es reubicar la ciudad, todos sus pobladores tienen que estar de acuerdo con la medida. El ministro señaló, al referirse a las actividades de Volcan Compañía S.A.A. para explotar un yacimiento en Cerro de Pasco, que la solución al problema del tajo tiene que darse dentro de la comisión que ha formado la municipalidad provincial para tal finalidad. Osinergmin ha hecho ya una primera fiscalización y los resultados se darán a conocer los primeros días de febrero. Comentó el Ministro Valdivia que la Dirección Regional de Salud no ha avanzado mucho, salvo con el plomo, sin tener todos los análisis necesarios, habiendo pedido la colaboración de instituciones extranjeras. La Subcomisión de expansión del tajo abierto, emitirá próximamente un pronunciamiento sobre el conflicto entre la Municipalidad Provincial de Pasco y la Empresa Minera Volcan, en vista que ellos durante meses fueron los actores principales para determinar las condiciones para la solicitud que había presentado la empresa minera. Por otra parte, un aproximado de 10 mil trabadores de Volcan Compañía Minera, marcharon el 11 de febrero por las calles de la ciudad de Cerro de Pasco para exigir a las autoridades aprobar el proyecto de ampliación minera de Volcan en esta ciudad. Los mineros reclamaron a las autoridades la reconsideración de las negociaciones y respeto al trabajo, debido a que el pasado 6 de febrero, el alcalde de Pasco Tito Valle Ramírez, oficializó, mediante una resolución gerencial, la ruptura del proceso de negociaciones que estuvo en marcha desde enero del 2007 hasta la actualidad. Esto último debido a que Volcan había abandonado el procedimiento administrativo. El 8 de mayo, el pleno del Congreso declaró de necesidad pública e interés nacional la dación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. Ello debido, entre otras razones, a la contaminación que afecta a la población a causa de la explotación minera a tajo abierto en esa zona del país, explicó la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Gloria Ramos (UPP). El dictamen fue aprobado por unanimidad (95 votos a favor) y fue exonerado de la segunda votación por 94 votos a favor. La minera Volcán, que opera en Pasco, deberá apoyar con la reubicación. Por su parte, el Concejo Municipal de Pasco rechazó el Proyecto de Ley Nº 1244 aprobado por el pleno del Congreso de la República, que declara de necesidad pública el establecimiento de medidas que logren la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, porque no especifica el presupuesto para dicho traslado y, según señaló, favorece los intereses de la empresa minera Volcan. El Concejo acordó también realizar una reunión ampliada con los congresistas de la región, el presidente del gobierno regional de Pasco, Felix Rivera, los alcaldes de los trece distritos de la provincia y los dirigentes de base de la ciudad, para evaluar la aprobación del proyecto de ley. Así mismo, el 24 de mayo, pobladores afiliados al Frente de Defensa de los Intereses de Pasco, como

militantes de Nueva Izquierda y otros grupos de diversos distritos alejados, realizaron una protesta rechazando el proyecto de ley en mención. En junio 2008, el teniente alcalde del distrito de Simón Bolívar, en Cerro de Pasco, Hugo Sosa, denunció el alto índice de contaminación al que son expuestos los ciudadanos a los que representa, asegurando que esto se debe a la actividad minera. La presencia de plomo en la sangre de niños y mujeres, comprobada por el Minsa, ha conllevado a declarar en situación de emergencia la zona mediante una ordenanza municipal. Sin embargo, informó que no contarían con el apoyo del Gobierno Central, por lo que el teniente alcalde Sosa no descartó acudir a la CIDH. Por otra parte, el Ejecutivo no se pronunció sobre el proyecto de ley que plantea el traslado de más de 70 mil pobladores de la región a zonas con mejores condiciones ambientales. Esto a pesar que las autoridades locales de Cerro de Pasco manifestaron el alarmante nivel de contaminación que existe en la zona generado por la actividad minera. Oswaldo de la Cruz, parlamentario por Pasco, informó que si el Ejecutivo no promulga dicha norma dentro de 60 días hábiles, entonces se tendría que formar una comisión interinstitucional conformada por el Presidente del Congreso de la República y diferentes ministros para resolver esta problemática. Por otra parte, los trabajadores de operaciones Tajo de Volcan Compañía Minera, unidad de Cerro Pasco, advirtieron, el 26 de junio 2008, que podrían salir a las calles si la Municipalidad Provincial de Pasco no resuelva pronto la ampliación del Tajo Abierto. Por otro lado, el proyecto de ley 01244/2006-CR que propone declarar de necesidad pública e interés nacional, la implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado de la ciudad de Cerro de Pasco, aprobada en pleno el 14 de mayo y que fue observado el 5 de junio. En la sesión del Concejo Municipal realizada el martes 26 de agosto se aprobó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Cerro de Pasco, así como el Plan L solicitado por la Empresa Minera Volcan, referida a la expansión del tajo abierto. El presidente regional de Pasco, Felix Rivera rechazó, luego que el municipio provincial de Pasco aprobara el denominado “Plan L”, que presentó la minera Volcan para reubicar la ciudad, para poder explotar las reservas de plata, plomo y zinc que se encuentran debajo de las calles. Recordó que la propuesta de la empresa consiste en otorgar 7.30 millones para movilizar y construir una ciudad. Cantidad que calificó de ridícula. Sin embargo, Rivera subrayó que antes de cualquier tipo de acuerdo, primero se debe consultar a la población. Por su parte, el alcalde del municipio provincial de Pasco, Tito Villa, aseveró que no modificará el acuerdo adoptado con la minera Volcan, mediante el cual se le concede permiso para que se extienda sus exploraciones en parte de la zona urbana de dicha provincia. El Gobierno Regional de Pasco tras sesión de consejo encabezada por el titular de la región, Félix Rivera, se acordó desconocer el acuerdo de la Municipalidad Provincial de Pasco, que busca reubicar a la ciudad de Cerro de Pasco para dar paso al crecimiento del tajo abierto de Volcan. El 01 de octubre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología solicitó información sobre las implicancias ambientales y sociales del convenio firmado entre la municipalidad provincial de Pasco y la empresa minera Volcan el 26 de agosto, mediante el cual se facilita la expansión del tajo abierto en la ciudad de Cerro de Pasco. En ese sentido, invitó al alcalde provincial y al presidente regional de Pasco, a los representantes de los ministerios de Energía y Minas; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y de Salud, para las explicaciones del caso. La congresista Gloria Ramos, aseguró que exigirá al alcalde provincial de Pasco, William Valle Ramírez, para que explique los detalles del convenio firmado el 26 de agosto, con la empresa minera Volcan, para la expansión del tajo abierto en el centro de la ciudad. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en sesión extraordinaria del viernes 17 de octubre, para atender la demanda de la congresista Gloria Ramos Prudencio acerca de desempolvar su iniciativa legislativa 1244, referente a la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, la misma que fue aprobada en mayo pasado y no fue promulgada por el Presidente de la República debido a una serie de observaciones a la autógrafa. La preocupación de la parlamentaria se aceleró debido a que el pasado cuatro de setiembre la municipalidad provincial de Pasco y la minera Volcan suscribieron un convenio para la ampliación de operaciones mineras (mediante tajo abierto) en 11.4 hectáreas de la ciudad de Chaupimarca (Cerro de Pasco), a partir de que el 26 de agosto el Concejo de Regidores de Pasco autorizó al alcalde Tito Valle Ramírez celebrar tal convenio. La congresista Gloria Ramos considera que con el convenio suscrito se estaría poniendo en riesgo la viabilidad de su propuesta del

traslado de la ciudad de Cerro de Pasco. En la sesión, el alcalde Tito Valle Ramírez (durante su exposición) refirió que Cerro de Pasco tenía álgidos problemas que requerían urgente solución, entre ellos enumeró el caso del agua potable, el caos urbano y la contaminación; asimismo, dio énfasis en que la economía de la ciudad dependía de la actividad minera, y que la solución de sus problemas exigía una adecuada relación con la minería. El burgomaestre explicó que por esta razón, los representantes de las organizaciones sociales, en la Subcomisión Multisectorial de Expansión Minera (mesa multisectorial que negoció con la minera) como en el proceso de Consulta para el Plan de Desarrollo Urbano, habían aprobado la ampliación del tajo abierto, la misma que la Municipalidad, posteriormente, se había encargado de formalizar mediante la firma de un convenio con la minera. Por otra parte, el presidente regional de Pasco, Félix Rivera Serrano, cuestionó el convenio que la Municipalidad suscribió con la Minera, porque no se consultó a la población y porque no se cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental, ambos aspecto que posteriormente fueron puestos en claro. Por su parte, el gerente de operaciones de la minera Volcan, Teodulo Quispe Huertas, sustentó la importancia de la ampliación del tajo abierto, destacando las ventajas del programa de reposiciones de un conjunto infraestructuras públicas y compensacióncontribución que significaría la ejecución de proyectos de carácter económico y social con un promedio de 60 millones de soles. Además el gerente de Volcan resaltó que la continuidad de las operaciones de la empresa permitirá mantener cerca de 5,000 empleos directos y unos 13 mil indirectos, pero que a la vez el 60% de la población de Cerro de Pasco (en sus distintas formas) depende de la actividad minera. Además, participaron representantes de los inquilinos del área de ampliación minera, de Yanacancha, el ex alcalde de Pasco, de CORECAMI y del Frente de Defensa. Autoridades, instituciones de base y colegios profesionales acordaron conformar una Comisión Central que se encargará de evaluar el traslado de la población de Cerro de Pasco a otra localidad, en el marco de la expansión de las actividades de la minera Volcan. En una reunión del 13 de noviembre en el auditorio del municipio provincial de Pasco, se decidió que dicho grupo de trabajo estará presidido por el Alcalde Provincial de Pasco, Tito Valle Ramírez y el Presidente Regional, Félix Rivera Serrano. Pasco.- Un grupo de pobladores y dirigentes de la ciudad de Cerro de Pasco protestó contra la demolición de diversos edificios que realizó la empresa Volcan, en el marco de la ampliación de sus áreas de trabajo para la explotación de minerales. El 21 de noviembre se dio a conocer que fueron derribadas antiguas infraestructuras coloniales y el terminal terrestre que fuera realizado por personal de esta compañía en compañía de efectivos policiales, sorprendiendo a la población de Cerro de Pasco. El alcalde provincial de Pasco, por su parte, comentó que la minera habría pasado por alto a la autoridad edil, porque estas obras no contaban con ningún permiso. No obstante, los representantes de la empresa manifestaron que sólo están cumpliendo con el último convenio denominado “Plan L”, que fija la expansión del tajo abierto. Los frentes de defensa y cívicos de esta zona evaluarían la realización de diversas protestas. Por otro lado, pobladores de Cerro de Pasco se reunieron el 27 de noviembre en la plaza Chaupimarca para lavar su bandera en protesta contra el alcalde Tito Valle Ramírez, quien habría firmado el convenio con la compañía minera Volcan para ampliar el tajo abierto. A su vez, la congresista Gloria Ramos recordó que la DIGESA ha aplicado tres multas a la minera Volcan, que desarrolla sus actividades en las inmediaciones del centro histórico de Cerro de Pasco, las cuales -según afirmó- aún no son canceladas. Tras un arduo debate, la población de Cerro de Pasco y sus autoridades decidieron la reubicación inmediata de esa ciudad. La nueva ubicación de Cerro de Pasco, de acuerdo con una primera propuesta hecha por las autoridades, sería a 35 kilómetros al sur de la actual ciudad, entre las localidades de Shelby (distrito de Vico) y Tambo del Sol (Ninacaca). El Presidente Regional de Pasco, Félix Rivera Serrano, dijo que la decisión se tomó debido a la fuerte contaminación ha afectado gravemente a toda la población, unos 80 mil habitantes. Por su parte, el alcalde provincial, William Valle Ramírez, dudó de que esta acción se haga realidad, al menos en los próximos años. Él estimó que esto se hará en unos 15 a 20 años, pues poner en marcha el traslado demandaría una inversión de más de mil millones de dólares que ni el Gobierno Central ni ninguna otra entidad quieren asumir. Por su parte, el Congreso acordó el 04 de diciembre insistir en su proyecto original aprobado que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. El proyecto había sido observado por el Poder Ejecutivo tras su aprobación por la representación

nacional. En esta oportunidad fue aprobado por 87 votos a favor. Tras este acuerdo, las autoridades y pobladores de la ciudad minera manifestaron su satisfacción y expresaron sus anhelos de contar con una ciudad moderna. El 15 de diciembre 2008, en el diario oficial El Peruano, fue publicado la Ley 23293, que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible concertado y la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. La norma indica, además, que se constituirá una comisión interinstitucional con el objetivo de implementar medidas para reducir el impacto ambiental y proteger la salud de la población, así como definir el proceso de reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco y alcanzar su desarrollo urbano sostenible. Tras la promulgación de la Ley 29293, el alcalde provincial de Pasco señaló que la misma tiene algunos vacíos, porque impide que dos dirigentes de base representen a los más de 70 mil habitantes en la comisión interinstitucional que coordinará con la minera Volcan la gestión del traspaso de la ciudad. Por su parte, el Presidente Regional de Pasco informó que la ubicación de la futura capital del departamento será definida en una consulta pública a la población y que pueda ser bautizada preliminarmente como Ciudad del Sol. La Comisión Interinstitucional se instaló el 12 de febrero en la ciudad de Lima y ahora se está esperando la reglamentación de la Ley 29293, la cual se estaría produciendo a fines de marzo según ha señalado el Congresista por Pasco Oswaldo De la Cruz en un medio local, luego de una reunión sostenida con Yehude Simon. En reunión entre delegados de diversas instituciones representativas de la Región Pasco, se aceptó que en la comisión que se creó por la Ley de reubicación de la Ciudad de Cerro de Pasco (Ley 29293), se incluyan representantes de los ministerios de Vivienda, Salud, Energía y Minas, de la Mujer y de Agricultura, así como de las comunidades, universidades e instituciones sociales de esa localidad. Además forman parte de esta comisión PCM, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Ambiente. Según la propuesta del gobierno regional de Pasco, la nueva ciudad debería ubicarse entre los distritos de Vicco y Ninacaca. Por otro lado, el presidente regional Félix Rivera y el alcalde provincial William Valle plantearon que la empresa minera Volcan pague una indemnización por los daños producidos al medio ambiente y a la salud de los pobladores con sus operaciones. Valle señaló que el dinero que entregue la compañía servirá para cubrir parte del gasto que generará el traslado de Cerro de Pasco, así como las indemnizaciones a sus habitantes. Ambas autoridades instalaron el 12/02/09 que se encargará de la reubicación de la ciudad. Últimos acontecimientos. El 16.03.09 trabajadores de Construcción Civil realizaron una marcha de protesta en contra de la congresista Gloria Ramos Prudencio y el presidente del Gobierno Regional Félix Rivera Serrano, al tiempo que demandaban la continuidad de obras. Los obreros hicieron conocer su incomodidad ante la idea de paralizar obras en Pasco, pero el presidente regional y la congresista afirmaron que las obras continuarán y no habrá paralización alguna. Según un medio de prensa el 17.03.09, la decisión gubernamental de llevar a cabo la discusión por la reubicación de esta ciudad en Lima, causó molestias entre la población de Cerro de Pasco. Aducen que “es una ofensa al pueblo de Pasco, ya que todas las reuniones deben cumplirse en Cerro de Pasco y en horarios amplios”, así lo informó el dirigente principal de las comunidades campesinas y nativos de Pasco, Benito Calixto Guzmán. La asamblea del 16.03.09 donde asistieron dirigentes de base y autoridades, así como Arturo Delgado Vizcarra representante de la PCM y presidente de la comisión para el traslado de la ciudad y la congresista Gloria Ramos, culminó sin llegar a acuerdos provocando la incomodidad de la población de Pasco. En la reunión se hizo entrega a los participantes de la comisión de un borrador de reglamentación de la ley 29293. Se anunció que la próxima reunión sería el 30 de marzo en la capital de la república, que provocó el rechazo de los asistentes. El 30.03.09, en las instalaciones de la Presidencia del consejo de Ministros, se desarrolló la tercera reunión multisectorial de la Comisión encargada de llevar a cabo los trabajos para una posible reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, conforme lo emana la Ley 29293. Contó con la participación de las autoridades pasqueñas así como de representantes de la sociedad civil donde se aprobó por unanimidad el Reglamento Interno de la Comisión. No obstante este asunto retrasó los trabajos de la agenda, debido a que en la anterior reunión del 16.03.09, el Secretario General de la PCM, Arturo Delgado Vizcarra, había entregado a cada integrante una copia de la propuesta de dicho reglamento, la que debió ser analizada y elevadas las observaciones a la presidencia de la

comisión antes de la reunión del 30.03.09. Después de llevar a cabo la votación respectiva para la reglamentación, se prosiguió con la discusión de los otros puntos, como la creación de una oficina de enlace en Cerro de Pasco, a fin de que sirva como nexo para una comunicación constante entre los representantes de la Comisión y la población involucrada en el tema del traslado, que estará bajo responsabilidad del presidente del Gobierno Regional de Pasco así como del alcalde de la provincia, quienes se encargarán de disponer de un ambiente y contratar al personal necesario para la atención del público. Se aprovechó de la reunión para que las autoridades, entre ellas el congresista Oswaldo De la Cruz y los representantes populares, solicitaran al presidente de la mesa de trabajo que las próximas juntas se lleven a cabo en Cerro de Pasco, por ser el centro de discusión. Después de una serie de argumentos, se acordó realizar la cuarta reunión del 27 de abril en Pasco. De otra parte, el representante de la PCM informó que el 03.04.09, se entregará la buena pro al ganador de la convocatoria para ocupar la plaza de Consultor que apoyará a la Comisión en la elaboración del Reglamento de la Ley 29293. Ahí se dio a conocer que para la contratación de este profesional, se destinarán 62 mil soles. PIURA 144. Provincia de Sechura y Provincia de Piura Caso. Pobladores de Sechura y Piura demandan reubicación de antenas de telefonía celular por posibles daños a la salud y al ambiente. Actores. Comité pro reubicación de Antena Telefónica Móviles, presidente Rudecindo Julca Ramírez, Municipalidad Provincial de Piura, Municipalidad de Sechura, Telefónica Móviles. Hechos. El 4 y 5 de junio los diarios “La Hora” y “El Tiempo” informaban que un Comité de Pobladores de Sechura han interpuesto desde el 29 de mayo pasado una demanda de amparo contra Telefónica Móviles y la Municipalidad de dicha Provincia, para que se reubique una antena de telefonía ubicada en el centro de la ciudad y que estaría causando daños a la salud con las radiaciones que emite y por atentar contra el ambiente saludable. Agregan que además atenta contra su derecho a la propiedad ya que señalan que Cofopri no les da su título de propiedad de sus inmuebles colindantes por encontrarse en zona de riesgo y que también atenta contra su derecho al libre tránsito pues las tuberías de alta tensión que le suministran energía invaden la cuadra 6 de la calle Huáscar. Los integrantes del Comité pro reubicación de Antena Telefónica Móviles de Sechura que preside el profesor, Rudecindo Julca Ramírez, presentaron el pasado 20 de agosto 2008, los motivos por los que apelan la solicitud de traslado de dicha antena. El comité se basa en los efectos nocivos de la radiación, inestabilidad del suelo sobre el que se encuentra asentada, haber tomado más terreno del permitido, superar la altura autorizada y malograr la estética de la ciudad. Mientras tanto, el Juez de Sechura ha denegado la demanda presentada por el Comité, el mismo que ha impugnado dicha resolución para que Sala la revoque y ordene la reubicación de la antena. Dicho Comité informó el 17 de setiembre que apelaron a la Corte Superior de Justicia, quien los derivó a la Primera Sala Especializada Civil y actualmente esperan su pronunciamiento. Por otro lado, en Piura, el 14 de agosto de 2008, medios de prensa dan cuenta de la notificación hecha por el ejecutor coactivo de la Municipalidad de Piura al propietario de la vivienda ubicada en el Asentamiento Humano 18 de Mayo, de la próxima desmantelación de la antena de telefonía instalada en la misma, por falta de licencia de funcionamiento. Los vecinos señalan que desde hace un año vienen reclamando la erradicación de dicha antena por venir causando daños en su salud. El Ejecutor coactivo indicó que en Piura existen 7 antenas sin licencia de funcionamiento, tales como las ubicadas en la Urb. Piura, San Felipe y Santa María del Pinar. El 16 de agosto, el propietario del inmueble en el cual se ubica la antena del A.H. 18 de Mayo no permitió el ingreso del Ejecutor Coactivo para proceder a la desinstalación de la misma. Por otro lado, indican que Telefónica Móviles S.A. ha informado que no se ha comprobado científicamente el daño alegado y que los pobladores de esa zona se quedarán incomunicados con la desinstalación reclamada. El 21 de agosto, el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de Piura informó que ha solicitado al Poder Judicial de Piura una orden de descerraje para proceder a ingresar al inmueble indicado y desinstalar la citada antena que funciona sin la licencia correspondiente.

El 3 de setiembre de 2008, el magistrado del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, Alberto Lip Licham, autorizó al ejecutor coactivo de la Municipalidad de Piura, César Palacios Castro, ingresar a la vivienda de Víctor Hugo Chapilliquén Ruiz para desmontar la antena de la empresa Telefónica Móviles S.A. La mencionada vivienda está ubicada en la manzana E lote 5 del asentamiento 18 de Mayo. Agregan que la Resolución la emitió el Juez desde el 20 de agosto de 2008, pero que recién el 2 de setiembre de 2008 se le ha notificado al Ejecutor coactivo de la comuna. Telefónica Movistar inició el diálogo con la Municipalidad de Piura para acogerse al silencio administrativo y superar la carencia de licencias municipales para cuatro de sus antenas que no han cumplido con ese requisito. Lo anunció la directora nacional de Asuntos Legales de la empresa, Madeline Osterling, quien ayer hizo un mea culpa y anunció el inicio de una campaña de información a los vecinos del referido sector y a la población en general, destinada a demostrar que no hay efectos en la salud de quienes viven cerca de las antenas. El 8 de noviembre se cumplió el plazo ofrecido por la alcaldesa de Piura a los vecinos del asentamiento humano 18 de Mayo para retirar la antena de la empresa de telefonía Movistar, ubicada en la Mz. E lote 5 de la calle 5, del mencionado sector, pero la instalación de telefonía sigue en el mismo lugar. Un grupo de vecinos llegaron posteriormente hasta la sede de la Municipalidad de Piura, para exigir que la alcaldesa cumpla con el acta de compromiso suscrita con los vecinos y con un representante de la empresa de telecomunicaciones. Atendiendo el pedido de los moradores del asentamiento humano 18 de Mayo y dando cumplimiento al acuerdo firmado entre la Municipalidad Provincial de Piura y la empresa Telefónica S.A. se inició el desmontaje de la antena de base celular ubicada en la manzana E lote 5 del asentamiento humano 18 de Mayo. La OD se comunicó con el Asesor Legal de Municipalidad de Sechura, Dr. Juan Zavaleta, quien indicó que la sentencia de primera instancia (Juzgado Mixto de Sehura) que declaró improcedente la demanda de amparo del Comité de Reubicación de la Antena- pobladores de Sechura, ha sido confirmada por la primera Sala Civil de Piura en diciembre 2008. El Comité ha presentado recurso de agravio constitucional y ya han elevado el expediente al Tribunal Constitucional, donde actualmente está en curso. El día 12 de enero de 2009 recibimos el Oficio Nº 089-2008-SGOAT-MDC mediante el cual el Sub Gerente de Orientación y Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Catacaos informa que la antena ubicada en el Jr. Mariano Díaz hace aproximadamente 04 meses que se desmontó, según información proporcionada por Telefónica del Perú. Con respecto, a las otras antenas se ha procedido a imponer las multas respectivas habiendo cumplido solamente con el pago de la misma la empresa telefónica, encontrándose pendiente la clausura definitiva al carecer de autorización municipal y no haberse procedido a la regularización. De todo lo cual se ha puesto en conocimiento a los reclamantes de la ciudad de Catacaos mediante Carta Nº 56-2009/DP-Piura, del 27 de enero, Alrededor de 1300 habitantes de la caleta de Puerto Rico- Bayóvar, en la provincia de Sechura, se concentrarán en la construcción de una antena, para mostrar su rotundo rechazo e incluso no descartan con derribarla porque según indican representa un peligro para la salud de sus familias. La advertencia lo ha hecho el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Bayóvar, Polidoro Zurita Puelles, quien refirió que el último sábado expusieron su malestar a las autoridades de la provincia, levantándose para ello un acta. "Ya hemos coordinado con Serenazgo, la Policía y la Municipalidad de Sechura. El martes (hoy) nos concentraremos en el frontis de la construcción porque queremos que esa antena de Nextel, que inició su construcción en diciembre, sea ubicada lejos de la ciudad, como lo han hecho otras empresas de comunicación", sostiene el dirigente. Últimos acontecimientos. El 03.03.09 se notifica la Resolución de Alcaldía Nº 0128-2009-MPS/A, de fecha 28.02.09, de la Municipalidad de Sechura, mediante la cual se declara infundado el Recurso de Reconsideración presentado por Telefónica del Perú S.A.A, contra la Resolución Nº 1276-2008-MPS/A, de fecha 23.12.08, que dispone el desmontaje y desmantelamiento de la Antena Base Celular Torre, situada en la Calle Huáscar Nº 699, la que se ratifica en todos sus extremos. 145.

San Vicente y Santa Rosa, sector Piedra Rodada, distrito de Bellavista, provincia de Sullana

Caso. Conflicto por presunta usurpación de tierras entre los pobladores del sector Piedra Rodada y la empresa Campo Sol S.A.C. Actores. Asociación de ganaderos “Señor cautivo de San Vicente de Piedra Rodada”, empresa Campo Sol S.A.C. Antecedentes. La empresa Camposol viene efectuando sus actividades en Piedra Rodada desde inicios de siglo y ha venido comprando terrenos para ampliar sus cultivos, mientras que la Asociación de Ganaderos han percibido este crecimiento como una afectación a las tierras que han venido poseyendo ancestralmente y han utilizado para pastar a su ganado; manteniendo ambas partes un proceso judicial pendiente por usurpación agravada desde el 2007. Hechos: El 13 de octubre 2008 se produjo un enfrentamiento entre miembros de la Asociación de Ganaderos de los Caseríos de Piedra Rodada, San Vicente y Santa Rosa y miembros de la empresa Camposol, por una disputa de usurpación de tierras que tiene una duración de años. Se conoció que un promedio de 50 miembros de la indicada asociación habrían atacado las instalaciones de la empresa en horas de la madrugada, llegando a quemar instrumentos de trabajo y bloqueando la vía de acceso a los caseríos de dicho sector. Similares enfrentamientos se produjeron los días 14 y 15. Luego, el día 17 de octubre se produjo una reunión en el local de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo con representantes de la Asociación de Ganaderos de Piedra Rodada y con el asesor de la congresista Espinoza. En la reunión expresaron que la empresa Camposol ha tomado los terrenos que ellos poseían para ganadería. Ante la diversidad de procesos judiciales penales, se les sugirió presentar una solicitud precisando el estado de cada proceso y el problema. También se les exhortó optar por dialogar con la empresa, pudiendo la DP si así ambas partes lo aceptan promover este diálogo. La Oficina de la Defensoría del Pueblo de Piura (OD Piura) realizó un monitoreo del conflicto los días 13, 14 y 15 de octubre luego de lo cual solicitó información al jefe de la Primera División Territorial Policial Piura, como al jefe de la División Policial de Sullana, a la Fiscal Penal Provincial de Turno de Sullana, a la Jueza del Primer Juzgado Penal de Sullana y a los directores de los Hospitales de ESSALUD de Sullana y de Apoyo III de Sullana, sobre sus intervenciones en los hechos acaecidos en los días de enfrentamiento, así como de las personas heridas en dichos acontecimientos. Como respuesta al pedido de la OD Piura el 18 de octubre el Jefe de la División Policial de Sullana, Coronel PNP Jesús Julca Alcázar, informó el reporte del Comisario de Bellavista, Mayor PNP César Pinzón Monja, quien señala que el 14 de octubre de 2008, aproximadamente a las 9 horas, al mando de ciento treinta efectivos PNP, debido a la denuncia por usurpación presentada por el abogado de la empresa Campo Sol, Sinclair Seminario Ángeles, acudió al Fundo Agro Alegre, en el Sector de San Vicente de Piedra Rodada. Luego, habiendo ingresado por la puerta posterior del fundo donde los invasores habían puesto candados y cadenas de seguridad (que fueron rotas), se encontraron con 50 personas quienes con palos, piedras y armas de fuego intentaron prohibirles el ingreso, y la policía tuvo que dispersarlas con bombas lacrimógenas, siendo capturado Calixto Jiménez Flores, en posesión de una arma de fuego. Una vez al interior del fundo encontraron a 300 personas aproximadamente con machetes palos y hondas, realizando actos vandálicos de destrozo y saqueo en los almacenes del fundo, recibieron ataque por parte de ellos, pero que repelieron con bombas lacrimógenas. Se informa que se logró capturar en flagrancia a 13 personas. Además, señala que encontraron la destrucción e incendio de varios tramos de los cercos perimétricos, de plantaciones, robo de fertilizantes, incineración de documentos, quema del puesto de seguridad, pudiendo tomar el control del total del fundo después de tres horas aproximadamente. Los representantes de la empresa manifestaron que los daños sobrepasarían los dos millones de soles. Los detenidos fueron puestos a disposición de Seguridad del Estado, tomándoles sus manifestaciones bajo la dirección de la Fiscal de Turno, por los delitos de Usurpación Agravada, Daños, Robo y Lesiones Graves, indicando que toda la intervención se hizo respetando los derechos humanos y sin ningún herido a pesar de la violencia mostrada por los desalojados, todo dentro del fundo Agro Alegre. Se precisa que los hechos fueron similares a los sucedidos los días 12 y 13 de octubre en que una turba causó destrozos. El 21 de octubre la Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía de Sullana, Dra. Gladys Péndola, remite a al OD Piura copias de los oficios remitidos por la Comisaria de Bellavista los días 12 y 14 de octubre de 2008, respecto a la presunta usurpación en agravio de la empresa Camposol y 16 personas detenidas en esos incidentes, siendo esos los únicos hechos de los cuales ha tomado conocimiento. De estos ha realizado la constatación de daños el día 15 de octubre en el fundo Agro Alegre, con participación de tres fiscales, observándose los daños que se

detallan en acta y fotografías que adjunta a su informe, procediendo posteriormente a formular la denuncia penal por usurpación agravada, daños y hurto ante el primer Juzgado Penal contra Audin Rivera Acha, Alejandro Zapata Navarro, Félix Seminario Palacios, Aníbal Rivera Acha, Juan Saavedra Rojas, Corina Saavedra Lupu, María Edolisa Pachérrez Seminario, Rosa Seminario Palacios, Raúl Rivera Calle, José Santos Peña Llacsahuanga, Félix Occto Gálvez Vega; en el caso de Calixtro Jiménez Flores se le denunción, además, por tenencia ilegal de armas de fuego, incautándose la misma. El 14 de octubre la Fiscal citó a Corina Saavedra Lupu, María Edolisa Pachérrez Seminario, Rosa Seminario Palacios y María Luisa Lupu Seminario, quedando detenidos los demás detenidos. Luego fueron dejados en libertad y citados para después Manuel Cobeñas Morales, Faustino Chunga Mendoza y José Lecarnaqué Castro, al no existir indicios razonables de su participación en los hechos, mientras que los demás fueron puestos a disposición del Primer Juzgado Penal, que inició proceso penal con mandato de comparecencia a todas las personas con excepción de Calixtro Jiménez Flores al ser encontrado con un arma de fuego. Indica que solicitó el reconocimiento médico legal a los detenidos. También señaló la Fiscal que el Ministerio Público no ha participado en ningún desalojo ni intervención de domicilio alguno en los centros poblados de Piedra Rodada, ni se ha recibido denuncia de personas heridas en el conflicto, de todo lo cual igual se ha pedido información a la Policía. El 22 de octubre 2008 en la OD Piura acudieron los representantes de la Asociación de los ganaderos de Piedra Rodada presentando una solicitud sobre su reclamo. Luego el 24 de octubre acudieron a la OD Piura el Gerente Legal de CAMPOSOL y el abogado de la empresa en Piura señalando su posición y la legalidad de la adquisición de las tierras de la empresa así como que han intentado dialogar con los pobladores pero estos no logran ponerse de acuerdo sobre un representante ni sobre cuáles son sus demandas concretas. Asimismo, los representantes de la empresa expresaron que dentro de este conflicto se está confundiendo a su empresa con la empresa CHP Agrícola, que tiene un terreno colindante al suyo. Se comprometieron en entregar copias de la documentación que sustentan sus afirmaciones. Durante el presente mes los involucrados en el caso dieron sus declaraciones en el proceso judicial penal sustanciado en el primer juzgado penal de Sullana, habiéndose postergado la diligencia de inspección por falta de garantías. El 10 de noviembre pobladores de Piedra Rodada realizaron un plantón frente a la sede del Poder Judicial de Sullana, exigiendo la Libertad del ciudadano que viene siendo investigado con mandato de detención por los actos de violencia suscitados en los enfrentamientos entre las partes, pero que además se le imputa la tenencia ilegal de armas. Desde fines de noviembre del 2008 no se revisan los expedientes judiciales, se sabe que hay retrasos en las diligencias judiciales. La comisionados de la Oficina defensorial se constituyeron a las instalaciones del Juzgado Mixto de Tambogrande el día 26 de febrero de 2009 a revisar 2 expedientes judiciales entre pobladores de Piedra Rodada y la empresa Camposol por demandas de mejor derecho de propiedad y posesión e interdicto de recobrar bien inmueble, con el fin de obtener información respecto a la situación jurídica de los terrenos en conflicto. La oficina defensorial de Piura acudió a las instalaciones del Juzgado Mixto de Tambogrande el día 26 de febrero de 2009. Se revisaron dos expedientes judiciales entre pobladores de Piedra Rodada y la empresa Camposol por demandas a mejor derecho de propiedad y posesión e interdicto de recobrar bien inmueble, con el fin de obtener información respecto a la situación jurídica de los terrenos en conflicto. Últimos acontecimientos. El 18 de marzo se suscitó un ataque de un aproximado de 40 personas, presumiblemente del sector Piedra Rodada, al patrimonio de la empresa Camposol, al protestar por el inicio de las labores de ésta en el Fundo Agroalegre, llegando a arrojar un vehículo de carga pesada de la empresa al canal de regadío Manuel Escobar y a apoderarse de 3 computadoras portátiles, con información de la empresa. 146. Provincias de Sullana y Piura Caso. Discrepancia entre las Municipalidades de Sullana y de Piura sobre propuesta de demarcación territorial para definir a que provincia pertenecerá terrenos del distrito Miguel Checa. Actores. Municipalidad Provincial de Sullana, Municipalidad Provincial de Piura, Gobierno Regional de Piura.

Antecedentes. La Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Piura viene efectuando la elaboración de las actas definitorias de los límites territoriales de los diferentes distritos y provincias de Piura, para la firma correspondiente de cada unas de las autoridades representativas Hechos: Ante la ausencia de una propuesta de demarcación territorial entre las provincias de Sullana y Piura, sus alcaldes mantienen una controversia. El 20 de noviembre el alcalde provincial Jaime Bardales Ruiz, conformó una Comisión de Defensa del Territorio de Sullana, porque terrenos del distrito Miguel Checa serian adjudicados a los distritos de Catacaos y La Arena, que pertenecen a la provincia de Piura. Dicha comisión, presidida por el propio alcalde de Sullana, está en sesión permanente hasta que se solucionen las controversias de límites entre ambas jurisdicciones. No forman parte de esta comisión, los regidores provinciales, ni representantes de la Cámara de Comercio de Sullana, ni de las asociaciones de agricultores. La jefa del equipo técnico de demarcación territorial del gobierno regional Piura, María Quispe, según los medios, negó que exista algún intento de recorte territorial. El 21 de noviembre el Consejo Provincial de Sullana pidió al alcalde Jaime Bardales Ruiz que entregue con urgencia la información técnica en la que supuestamente se dispone el recorte territorial del distrito Miguel Checa, ubicado en la parte norte de la provincia de Piura. El regidor de Sullana Percy Aleman Valdez indicó a los medios de comunicación que el alcalde se negaría a entregar los planos y las coordenadas del supuesto recorte territorial -del distrito de Miguel Checa-, señalando que estos documentos se encuentran en estudio. El 28 de noviembre, los medios de comunicación señalaron que de persistir el desacuerdo entre las comunas mencionadas, el Gobierno Regional de Piura convocaría a una consulta popular para decidir a qué provincia pertenecerían los terrenos del distrito de Miguel Checa. El 30 de diciembre, el diario Correo de Piura informó que durante la asamblea realizada en la biblioteca Municipal de Sullana donde se trató sobre la demarcación de límites, Jaime Bardales, alcalde de Sullana, confirmó su posición de no perder "ni un centímetro" del territorio provincial en las negociaciones por límites que su provincia lleva a cabo con los distritos de Piura, Catacaos y La Arena. El Alcalde Bardales obtuvo el respaldo de las instituciones locales en esta tarea. El Gobierno Regional de Piura viene trabajando en una propuesta de solución. Se está programando una reunión con las partes para tratar el tema y arribar a un entendimiento. Últimos acontecimientos.- No se registran nuevos acontecimientos en el mes de marzo. 147. Comunidad San Alto Piura, distrito Chulucanas, Provincia de Morropón Caso. Los pobladores y agricultores del Alto Piura exigen que el gobierno cumpla con su compromiso de ejecutar el Proyecto Hidroenergético, por la expectativa del desarrollo de la Región. Actores. Gobierno Central, Gobierno Regional, Gremios de Agricultores, Arzobispado de Morropón, Población en general, Junta de Usuarios del Alto Piura. Antecedentes. El Proyecto Hidroenergético de Irrigación del Alto Piura viene siendo estudiado, cuenta con informes técnicos aprobados, desde hace varios gobiernos. El proyecto consiste en derivar las aguas del Río Huancabamba que permita el regadío de 65 mil hectáreas de tierras aptas para la agricultura del Valle del Alto Piura, generando más de 20 mil empleos. Por este motivo es un anhelo de los pobladores de la región. Al no ser ejecutado en los últimos gobiernos, los pobladores vieron frustradas sus expectativas. Es en este contexto que exigen al actual gobierno cumpla con el compromiso adquirido, destine los recursos necesarios para su ejecución. La población alega que la obra se está viendo avasallada por el proyecto Olmos, de Lambayeque, que busca con o sin integración al del Alto Piura, conseguir que las aguas del Huancabamba se deriven para la irrigación de sus valles. El 13 de abril de 2007, el presidente Alan García llegó a Chulucanas y se comprometió a entregar 80 millones de dólares para ejecutar el proyecto Alto Piura como parte del shock de inversiones, se emitió una norma de modificación presupuestaria para el proyecto. No obstante han pasado dos años y los pobladores del Alto Piura demandan su ejecución. Desde el mes de junio se vienen realizando demandas públicas para que el gobierno central cumpla con su compromiso, sumándose también el Gobierno Regional, es por eso llevaron a cabo un paro el día 12 de setiembre del 2008. Hechos. La demanda de la ejecución del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura en el corto plazo fue el punto principal con marchas de protesta y bloqueo de vías de acceso a las ciudades del Alto Piura,

(Chulucanas, Huancabamba y Pacaipampa) el 12 de setiembre. Luego de ello, se formó el Frente Regional en Defensa del agua y del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, presidido por Monseñor Daniel Turley y conformado además por el Colegio de Ingenieros, la Junta de Usuarios de Chulucanas, la Comunidad de Segunda y Cajas, entre otras instituciones. Este Frente liderará las acciones. Las primeras acciones programadas serán un paro regional y ayunos masivos. Por otro lado, el Gobierno Regional de Piura defiende el derecho de utilizar las aguas del río Huancabamba, en el proyecto hidroenergético Alto Piura, y cuestiona el proyecto Olmos, en Lambayeque, porque considera que está sobredimensionado y es oneroso para el Estado. El presidente regional piurano, César Trelles Lara, explicó que los proyectos Olmos y Alto Piura fueron concebidos para nutrirse de las aguas del río Huancabamba, y que del caudal de 741 millones m3, 335 millones de m3 son para la iniciativa piurana y el resto para la lambayecana. Actualmente, entre Cajamarca y Lambayeque, se construye un túnel para trasvasar 2.070 millones de m3 de agua para irrigar Olmos, pero sin que exista esa cantidad de agua disponible. Diferentes sectores locales señalan que Lambayeque busca detener el proyecto piurano para así contar con las aguas del río Huancabamba, cuando se concluya, en el 2010, el túnel de trasvase hacia Olmos. El presidente regional piurano dijo que su despacho ha tomado la decisión de llevar adelante el proyecto hidroenergético Alto Piura, se cuente o no con el financiamiento del Gobierno Central. El 13 de setiembre el Gerente General del Gobierno Regional se comprometió a tratar el tema del financiamiento del Proyecto Hidroenergético y de Irrigación Alto Piura mediante acta suscrita con autoridades y pobladores de Chulucanas que participaron en el paro provincial. El acta fue suscrita muy cerca del ingreso a la provincia de Chulucanas, donde se efectuó el bloqueo y las manifestaciones del caso, contando con la presencia del Obispo de Chulucanas, Mons. Daniel Turley, congresistas Rosa María Venegas y Marisol Espinoza, Presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Teddy Ubillús Olemar, Presidente de la comisión organizadora del paro, José Acedo Ipanaqué y numerosos pobladores. Se dejó constancia de que “se apruebe los 80 millones de dólares ofrecidos por el Gobierno Central para el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap); y asimismo que se incluya en el Presupuesto del 2009”. Monseñor Turley resaltó que todo el pueblo de Chulucanas estuvo en pie de lucha, con sus 10 distritos y sus caseríos (Carrasquillo, La Matanza, Morropón, Buenos Aires, Salitral, etc.) “porque el pueblo quiere que se cumpla su sueño y la promesa del Presidente García de hacer realidad el Proyecto Alto Piura”. Dijo que “lo que falta es el financiamiento, expediente hay tal como lo ha garantizado el Presidente Regional, los estudios ya realizados, la unidad ejecutora, todo está al día, pero falta que se cumpla con los 40 millones de dólares de endeudamiento, aunque se necesita mucho más, pero no podemos permitir llegar al 31 de diciembre sin nada porque sería peligroso”. El día 12 de octubre la ciudad de Chulucanas acató el paro para exigir al Gobierno Central que incluya el proyecto Hidroenegético Alto Piura en el Presupuesto de la República del 2009. La convocatoria del paro fue iniciada por el movimiento local Cinco mil más, con movilización por las calles y culminó con un mítin en la plaza de armas de Chulucanas, entre los participantes se observó a las congresistas Rosa Venegas y Marisol Espinoza, delegaciones de comedores populares, barrios, agricultores, médicos, trabajadores municipales, SUTEP y la CGTP. Exigían que el “presidente Alan García se comprometa a entregar los US $ 80 millones para iniciar el proyecto Alto Piura.” En el mitin estuvo también el Monseñor Daniel Turley Murphy, quien demandó la unidad del pueblo piurano para conseguir el agua del río Huancabamba. Durante el mes de noviembre, el Frente Regional en Defensa del Agua y del proyecto Hidroenergético del Alto Piura, y el presidente del Gobierno Regional se reunieron con el Presidente del Consejo de Ministros y funcionarios del Ministerio de Agricultura, a fin de buscar alternativas de solución a la ejecución del proyecto, sin llegar a acuerdos. El 25 de febrero 2009 el Frente Regional de Defensa del Proyecto Alto Piura convocó a diversas organizaciones locales y regionales para participar en comisiones que se encargarán de la organización, difusión y presupuesto para el desarrollo del paro regional del próximo 25 de marzo, en defensa del Proyecto Alto Piura (PEIHAP). Los medios de comunicación han puesto de manifiesto la preocupación de las autoridades regionales de Piura y locales del Alto Piura, por el incumplimiento del gobierno central, respecto al depósito de los 75 millones de soles aprobados en el presupuesto 2009 para el Proyecto Hidroenergético del Alto Piura.

Últimos acontecimientos. El 19 de marzo 2009, se publicó el DS N°063-2009-EF, Incorporando recursos en el presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de Piura para el año fiscal 2009 destinados a financiar el componente I: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de trasvase del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. La norma autoriza la incorporación de recursos, vía crédito suplementario, en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2009, la suma de S/.75’000,000.00. 148. Provincia de Paita - NUEVO Caso: El Frente de Defensa de los intereses de Paita, Trabajadores portuarios y sectores de la población de Paita no aceptan la concesión del puerto. Ubicación: Provincia de Paita, Departamento de Piura. Actores: Frente de Defensa de los Intereses de Paita, Alejandro Torres, Alcalde Municipalidad Provincial de Paita; Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones; Jorge del Rosario Talledo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de ENAPU; Frank Boyle, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN); PROINVERSIÓN y Pobladores. Hechos: Un sector de la población paiteña se opone al nuevo contrato de otorgar la buena pro del puerto. Durante el mes de marzo 2009 los trabajadores portuarios de Paita, realizaron plantones, marchas y un paro provincial de 24 horas protestando por la pretensión de entregar en concesión el puerto. El 15 de marzo 2009 el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de la Provincia de Paita realizó una consulta popular que consistió en una Encuesta Ciudadana, con el objetivo de conocer si los pobladores de Paita aprueban o no la concesión de su puerto. De un total de 13,072 encuestados, que representarían el 32% del electorado de esta localidad, el (87.01%) de los encuestado respondieron No. Días después los alumnos de IPAE realizaron un nuevo sondeo mediante una nueva encuesta en Paita a 1, 681 personas. En dicha encuesta, a la pregunta de ¿está de acuerdo en que llegue inversión privada al puerto de Paita? un 60.01% respondió sí, mientras el 30.93% dijo no estar de acuerdo. El Frente de Defensa de los Intereses de Paita, presidido por Jorge del Rosario Talledo, afirmó que la concesión brinda condiciones extremadamente favorables al inversionista porque “las tarifas podrían incrementarse hasta en 300%. Y que el puerto de Paita dejó al Estado el 2008 S/.11 millones de utilidad, pero si el contrato hubiera estado vigente, solo hubiera recibido S/.354.000”. El presidente del Frente también sostiene que es importante la inversión privada, no se niegan a ello, pero que esta debe ser destinada a la construcción de un nuevo muelle y no entregando la infraestructura ya existente. El 14 de marzo, el Frente de Defensa de los Intereses de Paita, presentó 27 observaciones al contrato de concesión, dejando claro que el estado ganará, con la concesión, menos de lo que obtiene con la administración estatal del Terminal en la actualidad. El 16 de marzo la Contraloría decidió suspender el concurso para la concesión del Puerto de Paita, cuestionó a Proinversión, encargada de la elaboración de un expediente técnico sobre los “pasivos contingentes” del contrato, es decir, la información referente a los compromisos que el Estado asume al momento de concesionar el puerto. Además, la Contraloría habría detectado que algunas empresas postulantes podrían tener “influencia comercial” en puertos de Chile, por lo que tendrían “conflictos de intereses”. El 25 de marzo se realizó un paro en la ciudad de Paita en contra de la concesión de su puerto. Esta fue encabezada por el alcalde de Paita, Alejandro Torres, y por el presidente del Frente Amplio de Defensa de la Provincia de Paita, Jorge del Rosario. Pobladores marcharon por las calles, causando caos vehicular, causando molestias a las personas que no podían llegar a su centro de labores. Al finalizar dicha marcha se realizó un mitin, en donde tanto el alcalde paiteño como el dirigente del frente de defensa, pidieron al Gobierno una mesa de diálogo para discutir una solución a este problema. Asimismo, indicaron que de ser necesario los paiteños realizarían un paro indefinido y tomarían el puerto para impedir que se haga efectiva su concesión. Mientras que ProInversión a través de Cayetana Aljovín, directora ejecutiva de ProInversión, aclaró que la concesión del puerto de Paita seguirá su curso y no significa que se vaya a paralizar el proceso de concesión. El 25 de marzo se realizó un paro en la ciudad de Paita en contra de la concesión de su puerto. La misma que fue encabezada por el alcalde de Paita, Alejandro Torres, y por el presidente del Frente

Amplio de Defensa de la Provincia de Paita, Jorge del Rosario. Pidieron al Gobierno una mesa de diálogo para discutir una solución a este problema. Asimismo, indicaron que de ser necesario los paiteños realizarían un paro indefinido y tomarían el puerto para impedir que se haga efectiva su concesión. Sin embargo, el 31de marzo ProInversión entregó la buena pro del puerto de Paita al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), que ofreció invertir US$227,8 millones y cobrar el índice tarifario estándar (ITE) mínimo previsto en las bases de la concesión. Si bien la inversión inicial prevista para el puerto fue de US$127 millones, la propuesta económica del consorcio TPE (integrado por Tertir Terminais de Portugal, Cosmos Agencia Marítima y Translei del Perú) incluyó un compromiso por US$100,8 millones más para obras de infraestructura. La empresa fue adjudicada con una cuota de suspenso mayor de la previsible, hubo ausencia de dos de los tres postores precalificados. Mientras esto sucedía en las afueras de PROINVERSIÓN los trabajadores de ENAPU realizaron un lavado de bandera para rechazar dicha concesión. Asimismo, en Paita cientos de pobladores se reunieron en la plaza Bolognesi, liderados por el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Paita, que organizó un mitin en rechazo. 149. Distrito El Alto, Provincia de Talara. Caso: Pobladores de El Alto y trabajadores de la empresa PETROBRAS demandan más puestos de trabajo y aumento de sueldos. Actores: Asociaciones, gremio y sindicato de construcción civil distrito El Alto, Asociación Única para la Promoción del Empleo del Alto y Cabo Blanco (ASPROEMECB), Gremio Constructores (A Juan Palacios E.), Gremio Servicios Varios (Sara Mori Sánchez), Mujer Emprendedora (María Vite Tume), Gremio Desechos Industriales (Antonio Trujillo), Mesa Temática de la MCLCP, Frente de Desocupados El Alto (Aurora Periche), Empresa PETROBRAS ENERGÍA PERÚ y SKANSKA. Antecedentes: Los gremios de trabajadores y desocupados viene solicitando a través de la Mesa Temática Laboral de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y también de manera directa, desde inicios del año 2008, una reunión con los representantes de la empresa para hacer llegar sus demandas y negociar al respecto, a través de cartas remitidas durante los meses de febrero, mayo, julio y setiembre de 2008. En las últimas de setiembre de 2008 anunciaron su medida de lucha. Hechos: El día 6 de octubre de 2008 los gremios de trabajadores y desocupados se reunieron desde la 1:00 am. en el Salón de Usos Múltiples de la localidad para tratar sobre sus demandas: 70% de puestos de trabajo para la mano de obra local, el aumento del sueldo mínimo de S/. 950.00 a S/. 1500.00, capacitación técnica y una auténtica responsabilidad social, con la construcción e implementación de un hospital, un centro de instrucción técnica para los jóvenes egresados de secundaria, en convenio con el SENATI, para que tengan oportunidad de laborar en la empresa; y, la conservación del medio ambiente con el cuidado de las pistas, ya que son más usadas por la flota pesada de la empresa, así como con una efectiva reforestación de suelos. El mismo 06 de octubre, a las 3.00 am los participantes de la asamblea (aproximadamente 130 personas) marcharon por la ciudad y bloquearon la carretera panamericana. Producto de esto, quedaron varados varios vehículos de carga pesada, que venían de Tumbes y Talara. Y posteriormente, a las 4:00 am. aproximadamente arribó a la localidad el Comandante Zamudio de la PNP de Talara, quien conversó con los dirigentes para que depongan la medida de fuerza; sin embargo, estos se negaron, por cuyo motivo la PNP dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas, logrando liberar las vías bloqueadas. Otro grupo de manifestantes se trasladaron a las instalaciones de las empresas PETROBRAS y SKANSKA, en donde rompieron los vidrios y el alambrado perimétrico de la primera. Los centros comerciales cerraron sus locales y los centros educativos, contaron con escasa asistencia de alumnos. El Dr. Juan Carlos Canizán, Director del Centro de Salud de El Alto, informó que sólo habían recibido un herido en dichas manifestaciones, identificado como Antony Quevedo Soto, de 20 años, el que presentaba una quemadura de segundo grado en la espalda, originada por un golpe de bomba lacrimógena, fue atendido y dado de alta. El día 20 de octubre se llevó a cabo una asamblea, pero por diferencias entre ellos, no llegaron a ningún acuerdo. El día 27 de octubre se frustró un Taller para ambas partes del conflicto, al no

aceptar la parte reclamante, pues pretendían que este encuentro se produzca en el marco de una asamblea, solicitando que se programe para el día 21 de noviembre como fecha tentativa. La asamblea pública programada para el día 21 de noviembre de 2008 ha sido postergada para la primera semana de diciembre. Los dirigentes sindicales del distrito El Alto, señalan que para solucionar la crisis económica y social de la población, es necesaria la presencia del Gobierno Central. Además proponen que también participen Petrobras, Defensoría, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía. El 16 de diciembre de 2008 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía y Minas en el local sindical de El Alto, con presencia de la Alcaldesa, Rosa Machuca, el Gerente General de PETROBRAS, Ing. Grijalba, y representantes de los distintos gremios, el Director de la Subregión de Salud de Sullana, el Jefe de COFOPRI Piura y representantes de OSINERGMIN, entre otras autoridades. Esta reunión fue convocada con el objetivo de elaborar una agenda de trabajo para una reunión entre representantes del Estado y la sociedad civil del distrito de El Alto ante la disconformidad de la población por la supuesta falta de responsabilidad social de las empresas petroleras de la Zona. La mayoría de los intervinientes lamentó la ausencia de representantes del Ministerio de Trabajo, pues la mayoría de sus demandas estaban referidas a los temas laborales que supuestamente vienen incumpliendo las empresas petroleras de la zona y sus contratistas o terceristas. Posteriormente el representante de la Asociación de personas con discapacidad y el representante de la Mesa de Concertación, manifestaron su percepción es de que el Estado está esperando que nuevamente el pueblo se levante en un enfrentamiento violento y tomen las calles para que se atiendan sus demandas laborales, que son las principales y por las que se convocó la reunión, tales como la extinción de jornadas laborales de 12 horas diarias, liquidaciones impagas, incumplimiento de los aumentos de sueldo acordados, discriminación en los niveles remunerativos, hostilización por reclamo de derechos y un plan de formación. Los gremios de trabajadores reiteraron sus quejas por los abusos laborales de las empresas petroleras de El Alto y por la inasistencia del representante del Ministerio de Trabajo. En enero 2009 la OD Piura remitió un oficio a María Aurora Vite Tume, representante de los gremios de trabajadores, solicitando copias de las actas de compromiso firmadas entre ellos y las empresas petroleras y que se estarían incumpliendo. En febrero de 2009, el día 2, la OD Piura visitó el distrito de El Alto realizando reuniones con la Sra. Rosa Machuca Neyra, Alcaldesa del distrito El Alto, y con representantes de los gremios de los trabajadores para conocer respecto a la implementación de los acuerdos generados en la audiencia del 16 de diciembre de 2008, la cual fue solicitada mediante escrito por la OD Piura el 9 de enero de 2009. La Alcaldesa informó de las gestiones que se efectúan de algunos acuerdos comprometiéndose a responder mediante documento la solicitud de la DP. El 8 de febrero, la Alcaldesa de El Alto respondió a la OD Piura sobre la implementación de los siguientes acuerdos del 16 de diciembre: 1. Sobre el monto que recibe la Municipalidad de El Alto por canon petrolero: informó que el 2008 el monto se incrementó de un estimado de 14 millones de soles a 24 millones de soles, aproximadamente. Este monto se destinó a la ejecución de obras de construcción de infraestructura, mantenimiento de la infraestructura de impacto local y elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública. Respecto al año fiscal 2009, se presupuestado por canon un monto estimado de 17 millones de soles que ya se distribuyó de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad. 2. Respecto a la ejecución del proyecto de agua potable, la ejecución de la obra denominada “Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de el distrito de El Alto– Talara-Piura” es financiada exclusivamente con el canon petrolero, sin apoyo del la empresa PRETOBRAS. La ejecución de la obra se adjudicó, en noviembre de 2008, a la empresa PÉREZ Y CASTRO INGS CIVILDE R con un valor aproximado de 11 millones de soles. Además, la Comisión de Obras de la Municipalidad de El Alto e reunión con los presidentes de todas las juntas vecinales de El Alto, en coordinación con la empresa PÉREZ Y CASTRO INGS CIVILDE R, acordaron que el 50% del personal a laborar en la ejecución del proyecto de agua y alcantarillado corresponderá a la junta vecinal del barrio donde se ejecutaría la obra y, el 50% restante conformado por las personas que integran las demás juntas vecinales. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, no se registran nuevos acontecimientos.

150. Provincia de Piura. Caso: Docentes contratados reclaman el pago de sus sueldos entre los años 2004 al 2008 y exigen la emisión de decreto de urgencia que permita al gobierno regional de Piura utilizar el dinero del canon petrolero para pagar lo adeudado. Actores: Docentes contratados, SUTE-Piura, Gobierno Regional de Piura. Antecedentes: El 15 de febrero de 2008 Rosa Urbina Mancilla, vicecontralora general de la República, dispuso que el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura, realice la verificación del destino otorgado a los fondos transferidos para el pago de maestros contratados, a fin de establecer si fueron gastados en los fines previstos, pues el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguraba que había enviado el dinero para pagarles. El MEF a través del Decreto Supremo Nº 206-2007-EF habría autorizado unas transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2007, correspondiendo para el Gobierno Regional de Piura 5 millones 489 mil 849 nuevos soles, de los cuales 3 millones 283 mil 067 soles se destinaron a las unidades ejecutoras del sector Educación. Sin embargo los funcionarios del Gobierno Regional le informaron a Contraloría que ese dinero no cubrió la totalidad de las obligaciones contraídas con los docentes contratados. Ante esta falta de dinero que dieron a conocer los funcionarios del Gobierno Regional, a pesar que el MEF les dio una partida, la Contraloría inició la investigación que hasta enero de 2009 no se conocen los resultados de la acción de control. Hechos: El 5 de enero de 2009 los docentes contratados inician la huelga. El 8 de enero los docentes acudieron al local del Gobierno Regional de Piura (GRP) para dialogar con sus funcionarios, pero no fueron atendidos generando que protesten en la puerta del local y luego bloquearon el tránsito en la calle frente al local del GRP, obstaculizando el tránsito vehicular. El 13 de enero se inicia la huelga de hambre de los docentes. El 18 de enero, los docentes realizaron un lavado de bandera en el atrio de la catedral de Piura. Al mediodía del 21 de enero el docente Antolyn Berrú Córdova y el secretario general del Sute Piura Miguel Puescas Rodríguez se desangraron en el atrio de la Catedral, en reclamo al pago de sus haberes. El 23 de enero, el secretario general del SUTE Piura región, Miguel Puescas ratificó que no suspenderán la protesta hasta que las autoridades tomen interés en su reclamo de pago de sueldos desde el 2004. El 25 de enero se publicó en “El Peruano” el Decreto de Urgencia Nº 008-2009 que autoriza al Gobierno Regional de Piura atender el pago de deudas generadas entre los años 2004 al 2008, que comprenden los conceptos de remuneraciones del personal docente contratado y beneficios sociales con cargo al presupuesto del GRP del año 2009. Además, el decreto de urgencia faculta al GRP para que pague la deuda por los conceptos indicados por el monto de S/. 7´012,926 nuevos soles, para lo cual queda exceptuado de lo dispuesto en el inciso c), artículo 2 de la Ley 27773 (Ley Complementaria de Legislación del Canon y Sobrecanon para el petróleo y gas en Piura y Tumbes). El 27 de enero los maestros levantaron la huelga de hambre luego de una reunión con el Sr. Luis Ortíz, gerente de Desarrollo Social del GRP quien les aseguró quien los pagos se realizarán a partir del día 17 de febrero. El diario Correo de Piura informó que la Comisión Técnica de implementación formada el 26 de enero por la Unidades de Gestión Educativa Local de Sullana, Piura y Alto Piura, por los delgados de los maestros contratados y un representante del Arzobispado (que actuará como veedor) trabajarán conjuntamente para que los pagos se efectúen. En febrero de 2009, el día 10, la OD Piura envió un oficio al Presidente Regional de Piura en el cual se sustentaron diversas recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Piura (GRP) para que solicité a las unidades ejecutoras de educación sustenten -de oficio- el monto que adeuda a los docentes contratados. También recomendó dejar sin efecto la exigencia a los docentes contratados de presentar documentación que acredite su relación laboral con las unidades ejecutoras de educación. Además, se recomendó al GRP disponer la cancelación de las deudas contraídas con los docentes contratados durante el período 2004-2008 por concepto de remuneración y/o beneficios sociales. Últimos acontecimientos: En marzo de 2009, no se registran nuevos acontecimientos. La OD Piura informó que acudió al Gobierno Regional de Piura para verificar que se cumpla las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo (DP) sobre el pago de los docentes en los términos del Decreto de Urgencia Nº 008-2009, los cuales están impagos para muchos docentes. Luego, el día 13 de marzo, la OD Piura se contactó telefónicamente con el funcionario responsable del

gobierno regional quien indicó que acogerían las recomendaciones de la DP. El día 16 de marzo, la OD Piura remitió un oficio reiterativo al funcionario mencionado con las recomendaciones planteadas. 151. Provincia de Piura Caso. Mototaxistas de la ciudad de Piura rechazan la ordenanza municipal 001-2008, que prohíbe el paradero de móviles en zonas rígidas de la ciudad, a su vez el municipio emite la ordenanza Nº 0018-2008, mediante la cual derogan todas las ordenanzas anteriores que se opongan a la 0012008. Actores. Consejo Provincial de Piura, alcaldesa de Piura Mónica Zapata de Castagnino, Federación Unificada de Mototaxistas de Piura (Fedumop), PNP. Hechos. En el mes de agosto 2008 se inició la protesta de los mototaxistas porque la ordenanza municipal 001-2008 prohíbe el paradero de móviles en zonas rígidas de la ciudad, dentro de la cual hay varios paraderos autorizados por ordenanzas municipales, y el conflicto se agrava con la emisión de la última ordenanza Nº 0018-2008, mediante la cual derogan las ordenanzas anteriores que se opongan a la 001-2008. Mototaxistas de todas maneras amenazan con ir al paro. Los dirigentes de la Federación Unificada de Mototaxistas de Piura (Fedumop) sostuvieron un diálogo con la alcaldesa, la gerente municipal Nimia Elera, la gobernadora Maritza Landa, la comisionada por la Paz, el Comandante PNP Gonzalo Flores, el jefe de Tránsito, la fiscal adjunta de Prevención del Delito, sin llegar a acuerdos. La alcaldesa declaró en conferencia de prensa que “está bien que los señores mototaxistas defiendan sus derechos pero presentar documentos fraudulentos para que la Municipalidad de Piura suspenda provisionalmente la ordenanza municipal 001 – 2008, es realmente deplorable. Se intervendrá en la parte judicial porque no se puede sorprender a una autoridad y menos a toda una ciudad”, estuvo acompañada por el procurador de la comuna piurana, Jorge Soyer, el comandante Alfonso Llanos, jefe de la DIVINCRI y el mayor José Luis Marini Boza, jefe de Tránsito. Estas declaraciones las realizó la alcaldesa tras confirmar que la acción de amparo presentada por el gremio de mototaxistas ante la gobernadora, era falsa y pretendía suspender de manera provisional la ejecución de la ordenanza Municipal No. 01-2008, en la que se ampliaban las zonas rígidas de la ciudad y por lo tanto la OM No. 018 publicada el 10 de agosto en el diario oficial. El comandante Alfonso Llanos, de la División de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú, informó sobre las investigaciones realizadas en el Poder Judicial, donde se encontró el recurso de amparo original y se resuelve declarar improcedente la demanda de la Federación Unificada de Mototaxistas. Por este motivo la Divincri iniciará las investigaciones del caso y con la participación del Ministerio Público procederán a sancionar por delito contra la fe pública a quienes resulten responsables. La alcaldesa Mónica Zapata realizó finalmente un llamado a los mototaxistas a quienes les pidió cordura y orden, pues si bien tienen derecho a trabajar por sus familias, derecho que la Municipalidad no les ha negado, es necesario hacerlo ordenadamente por el bienestar de todos los piuranos. Ante los anuncios de protestas por los mototaxistas, el Comandante Llanos informó que la policía mantendrá el orden durante las protestas de este gremio. El día 12 el personal de la Dirección Territorial Policial de Piura informó a la OD Piura, que grupos de manifestantes en las principales arterias de la ciudad pretendían obstruir las mismas, pero han logrado dispersarlos. Sin embargo, los manifestantes se dirigieron a arterias quemando llantas y obstruyendo el paso, por cuyo motivo se ha puesto en ejecución la Orden de Operatividad de la Policía para evitar este tipo de desmanes. Ese día la fiscalía con la PNP detuvo a unos 60 mototaxistas y se les tomó su manifestación a cada uno. Los mototaxistas calificaron como una burla la actitud asumida por la alcaldesa Mónica Zapata por no someter la modificatoria de esta cuestionada ordenanza ante el pleno del Concejo Municipal. El 15 de agosto, el pleno del Consejo Municipal aprobó en sesión ordinaria la designación del regidor Juval Córdova como el nuevo presidente de la Comisión de Transportes. El regidor Juval Córdova fue propuesto a la presidencia por la alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, después de que el pleno del Concejo ratificó la Ordenanza Municipal 01-2008. El primero en protestar fue Julio Farfán Correa, presidente de la Federación Unificada de Mototaxistas de Piura (Fedumop). El resultado fue un paro con hechos de violencia. El día 19 la Federación Unificada de Mototaxistas de Piura (Fedumop) se reunió con el nuevo presidente de la Comisión de Transportes, Juval Córdova Palacios, para buscar una solución al problema de las zonas rígidas establecidas por el municipio a través de la ordenanza Nº018, donde quedaron prohibidos los paraderos de los mototaxis, acordando en continuar dialogando.

Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 152. Distritos Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas, Provincia de Piura y Ayabaca Caso. Autoridades y agricultores de Piura y Ayabaca se oponen a la actividad minero informal ante los posibles impactos ambientales. Actores. Gobierno Regional de Piura, Municipalidades de Las Lomas, Tambogrande, Suyo y Paimas. Agricultores de estos distritos, Gobierno Regional de Piura, congresista Johny Peralta, Dirección Regional de Energía y Minas. Municipalidad Distrital de las Lomas, Christian Vences Vegas, Municipalidad Distrital de Tambogrande, Segundo Moreno Pacherres, Municipalidad Distrital de Suyo, Segundo Guerrero Zegarra, Municipalidad Distrital de Paimas, Julián Palacios Marchena, Municipalidad Provincial de Sullana, Presidente Junta de Usuarios de San Lorenzo, Manuel Barranzuela Herrera, Presidente de la Asociación de Mineros artesanales, Jumber Vargas. Hechos. Tras las manifestaciones de preocupación de los agricultores de Las Lomas y Tambogrande por la contaminación que vienen experimentando por la actividad minera informal realizada en esas zonas, el 29 de marzo se reunieron el congresista Jhony Peralta, los alcaldes de Sullana, Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Pallipica y las juntas de regantes del valle de San Lorenzo con la vice ministra de Minas, Rosario Padilla. El 19 de abril, con la designación de Manuel Barranzuela Herrera como presidente de la Comisión Transitoria para la elección de la Junta Directiva del Frente de Defensa de los Intereses de Tambogrande y San Lorenzo, culminó la segunda asamblea multisectorial para tomar medidas urgentes frente a la minería artesanal informal desarrollada en las sub cuencas Quiroz y Chipillico. La reunión concluyó con los siguientes acuerdos: visitar los asentamientos mineros apostados en el distrito de Tambogrande y reservorio San Lorenzo, así como solicitar a la Administración Técnica agilizar de la intangibilidad de caminos de servicio que forman parte del sistema de riego, también invitarán a representante de la SUNAT, y Dirección Regional de Transporte, además de solicitar la elaboración de un proyecto de Ley que proponga la intangibilidad de las sub cuencas y el valle de San Lorenzo. El 23 de abril, durante la realización del II Foro Regional Minería a pequeña escala en la Región Piura, realizado en el distrito fronterizo de Suyo y contando con la presencia de los mineros artesanales, agricultores, ganaderos, el Congresista de la República Johny Peralta, el alcalde distrital Segundo Guerrero Zegarra, el director regional de Energía y Minas y funcionarios del MEM y dirección regional de Agricultura, se debatió el tema, coincidiendo los asistentes en manifestar que no se puede ser ajenos a una cruda realidad, a la que hay necesidad de darle salida. Por su parte, el congresista Peralta refirió que la minería artesanal informal que se desarrolla debe formalizarse obligatoriamente y no afectar la infraestructura del Estado. Coincidió con el Presidente Regional que tratándose de una actividad nueva en la región es necesario trabajar coordinadamente para evitar problemas y superar los que se han presentado. Luego de más de tres horas de exposiciones y puntos de vista se llegó a importantes conclusiones, siendo las principales, además de la constitución de la Comisión Multisectorial, el estudio de Ordenamiento Territorial con el concurso de la Universidad para determinar las áreas de operación minera y otras. Inmediatamente, el Gobierno Regional instalará una oficina de información minera en la Municipalidad distrital de Suyo. Se encargó a la Coordinadora del Plan Binacional Catamayo– Chira, Ana María Palacios, implementar con la sub región de Salud Luciano Castillo Colonna un trabajo de monitoreo a la salud de las poblaciones con la finalidad de conocer la incidencia del uso de aditivos como cianuro y mercurio, al haberse detectado casos de niños con infecciones dérmicas. Paralelamente a ello, se coordinará con la PNP la implementación de medidas tendientes a evitar el tránsito de explosivos y otros minerales sin autorización hasta que quienes ejercen esta actividad la formalicen, para lo cual se impulsará un empadronamiento general. Esto ha generado que el Presidente Regional, César Trelles Lara, haya propuesto formalizar la minería artesanal en la región. Sin embargo esta propuesta no es viable debido a que los mineros artesanales informales no son, en su mayoría, dueños de las tierras en las que trabajan, las cuales son de propiedad comunal o pertenecen a propietarios que las han adquirido a través de denuncios mineros. Lo cual es un punto de partida para la formalización. Por otro lado, la presencia de la minería artesanal está produciendo una serie de cambios en la estructura económica de los distritos debido a que algunos están pasando de la agricultura a la minería artesanal. Además de los riesgos que se tienen debido a la manipulación de sustancias

nocivas (cianuro), los riesgos de contaminación ambiental y la posible afectación de las infraestructuras de riego. Los pobladores tienen opiniones contrapuestas sobre el tema, sin embargo están de acuerdo en el tema del ordenamiento territorial, es decir, dejar que cada comunidad decida qué modelo de desarrollo económico desea, si minería o agricultura. Por otro lado, en Las Lomas a través de la Ordenanza Municipal 008-2007-MDLL, la Municipalidad Distrital prohibió la actividad minera de “beneficio”, o de procesamiento ilegal, así como la instalación de otras más en su jurisdicción, buscando preservar el ambiente que se estaría contaminando por el uso de sustancias químicas. El procesamiento de minerales, usando cianuro, mercurio y otros, así como el lavado de vehículos en el río Las Lomas, fue prohibido a través de la Ordenanza Municipal 008 la Municipalidad Distrital de Las Lomas deseando cuidar el medio ambiente de estos contaminantes. Un total de 17 propietarios de igual número de pozas existentes donde laboran aproximadamente un centenar de personas deberán desmontar estas minerías en un plazo de 7 días, caso contrario corren el riesgo de sufrir la intervención de personal municipal, efectivos de la Policía Nacional, y la correspondiente denuncia penal por contaminar el ambiente, plazo que se vence el martes 1 de mayo. El 30 de abril, el presidente de la Comisión Transitoria del Frente de Defensa de Tambogrande Manuel Barranzuela Herrera acompañado del alcalde Segundo Moreno Pacherres y unas mil personas llegaron en caravana hasta los sectores de Agua Dulce en Cerro de Leones y San Pedro de Tejedores, donde los esperaban agricultores para clausurar los centros mineros asentados en zonas agrícolas y forestales. Temprano, agricultores y pobladores de Tambogrande y margen Izquierda se habían concentrado en el frontis de la Junta de Usuarios San Lorenzo para realizar una caravana de por lo menos 45 camiones que se desplazaron por más de una hora hasta las zonas de Agua Dulce en el caserío Cerro de Leones. En el lugar constataron la presencia de socavones de 7 metros de profundidad construidos por mineros artesanales, luego de lo cual un cargador frontal cerró los socavones. Al mediodía la caravana se trasladó hasta la zona de San Pedro de Tejedores donde se coordinó el cierre definitivo de los socavones. Los dirigentes señalaron que el próximo paso será el cierre del paso de los mineros en los caminos de servicio. Al cierre del reporte del mes de abril se anunció que la Dirección de Energía y Minas había programado un Censo Minero para los próximos meses y se había publicado en el diario oficial El Peruano el Acuerdo Nº 16-2007-MDT-CM mediante el cual se reafirma la posición de respeto al medioambiente y se rechaza la minería artesanal en el distrito de Tambogrande y el valle de San Lorenzo. El 6 de mayo los Comuneros de la Comunidad Campesina de Santa Rosa, aproximadamente 500 campesinos de Suyo cerraron socavones abandonados por los mineros artesanales. El 15 de mayo un promedio de 15 caseríos quedaron aislados tras el bloqueo de las carreteras en la vía Las Lomas–Chipillico por parte de los agricultores de la zona quienes iniciaron un paro indefinido reclamando la erradicación de la minería artesanal. El 17 de mayo se firmó la Resolución Ejecutiva Nº 318-2007 con la finalidad de conformar la Comisión Multisectorial, con 26 integrantes, encargada de evaluar la situación generada por la minería artesanal y de elaborar estrategias que permitan una solución. Dicha comisión deberá emitir un informe en un plazo de 30 días. El 20 de mayo mediante Ley N° 2923, publicada en El Peruano, se dispone que a partir de la fecha los gobiernos regionales y las autoridades sectoriales serán las encargadas de regular y controlar el uso y la comercialización del cianuro. Además, la PNP será la encargada del control, fiscalización e investigación de la comercialización del cianuro en las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El 29 de mayo el congresista Carrasco Távara plateó la necesidad de formalizar la minería artesanal desarrollada en esta región. Entre el 2 y 4 de julio la OD Piura y la Unidad de Conflictos Sociales de la DP realizaron visitas a los distritos de Paimas, Suyo y Sapillica, en la Provincia de Ayabaca, y Las Lomas y Tambogrande, en la Provincia de Piura, para realizar entrevistas directas a las diversas autoridades y dirigentes involucradas en el conflicto minero informal. El 6 de julio se llevó a cabo una reunión con los pobladores del Distrito de Chipillico para conocer su posición respecto al desarrollo de la minería artesanal en la zona. El 9 de julio agricultores y comuneros del Valle de San Lorenzo, Quiroz y Chipillico, Tambogrande y las Lomas, realizaron una marcha por las calles de Piura en contra de la Ordenanza Regional N° 126-2007/GRP-CR, para expresar su rechazo a la minería artesanal por temor a que contamine las aguas del reservorio de San Lorenzo.

El 12 de julio, la OD Piura se reúne con el señor Celey Pittman Castillo, gerente de la empresa minera artesanal “Servilleta”, ubicada en el distrito de Suyo, con el objetivo de conocer las características de la actividad que realizan. El 24 de julio se informa por medios de comunicación social la conformación de una comisión de alto nivel integrada por agricultores, representantes de la Junta de usuarios del Valle de San Lorenzo, Municipalidad Distrital de Tambogrande y Las Lomas, así como funcionarios del Gobierno Regional, para evaluar la derogatoria de la Ordenanza Regional N° 126-2007/GRP-CR. Tras llevarse a cabo una reunión de la misma, el presidente regional, César Trelles Lara no aceptó derogar la ordenanza en cuestión, señalando que la misma busca regular la minería artesanal y la pequeña minería en la región. Ante ello, los dirigentes evalúan convocar a un paro. El 1 de agosto, el arzobispo de Piura, Monseñor Francisco Eguren Anselmi, se reunió con alcaldes y dirigentes agrarios para impulsar una solución al problema suscitado por la presencia de la minería artesanal. El 7 de agosto, la PNP detuvo un tráiler que transportaba 34 toneladas de minerales extraídos de la parte alta del Valle de San Lorenzo. El 8 de agosto, el alcalde Distrital de Tambogrande, Segundo Moreno Pacherres, el Presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de San Lorenzo, Manuel Barranzuela Herrera, el alcalde Distrital de Las Lomas, Cristhian Vences Vegas, firmaron un comunicado dirigido al Ministro de Agricultura mediante el cual solicitaron la firma del decreto supremo que declare la intangibilidad del Valle de San Lorenzo. Ese mismo día, personal de la PNP de la sección de carreteras del Distrito de Las Lomas intervino un camión que transportaba más de seis toneladas de material aurífero que no contaba con la documentación respectiva. El 07 de setiembre agricultores del distrito de Chipillico anunciaron la realización de un paro interprovincial debido a la promesa incumplida por parte del Ministro de Agricultura de declarar la intangibilidad del Valle de San Lorenzo. El 10 de setiembre, el Presidente del Gobierno Regional de Piura, Dr. César Trelles Lara informa que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra evaluando el Decreto Supremo que declarará el Valle de San Lorenzo como área protegida, debido al desarrollo de la minería artesanal. El 30 de mayo, Cristhiam Vences Vegas, alcalde del distrito de Las Lomas solicitó mayor participación del gobierno central y del gobierno regional para erradicar las pozas de cianuración que se usan en la minería artesanal, y que ponen en riesgo la agricultura. Este problema abarca también a los distritos vecinos como Lancones y Suyo. Los primeros días del mes se ha pronunciado en los distintos medios de comunicación el Presidente de la Junta de Usuarios del Valle de San Lorenzo, Manuel Barranzuela, indicando que la Dirección de Energía y Minas no puede continuar formalizando la minería, con sendas concesiones, en las subcuencas Quiroz y Chipillico, pues esta actividad se habría convertido en ilícita en dicha zona al haberse declarado protegida por el Estado Peruano, según Decreto Supremo 027-2007-AG. Agregó que en el caso de los tambograndinos las cosas están claras pues ellos han optado decididamente por un modelo agrícola. El lunes 18 de agosto, según distintos medios de comunicación, pobladores del Valle de San Lorenzo que han visto afectadas sus tierras por recientes concesiones mineras por parte de la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura. Asimismo, manifestaron que con apoyo del Alcalde de Tambogrande, cuya Jefa de Catastro ha ratificado la sobreposición de las concesiones mineras sobre terrenos de los pobladores de CP3, asistirían el 19 de agosto al Gobierno Regional a reclamar sus derechos. Luego de dicha reunión, en la que pidieron al presidente del Gobierno Regional que deje sin efecto las resoluciones directorales que otorgan las concesiones, solicitando una reunión con el Ministro Jorge del Castillo para solucionar este y otros asuntos atinentes. Por su parte el viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, pidió un mayor control de la minería informal por parte del Gobierno Regional. En tanto la Mesa de Diálogo instalada por la Administración Técnica del Distrito de Riego de San Lorenzo, ha acordado dejar sin efecto pretendidas capacitaciones en la actividad minera y su formalización en Sapillica, así como instalar un puesto policial en Chipillico que garantice la aplicación del D.S. 027-2007-AG. También pidieron la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Municipalidades. El 20 de agosto de 2008, los medios de comunicación informan que este conflicto ha cobrado una víctima mortal, en el enfrentamiento entre un poblador dedicado a la minería artesanal (Jorge Luis

Ortega Guerrero, 28) con uno opositor a dicha actividad. Trascendió que la víctima trabajaba para la empresa Duarco 04, que realiza labores de extracción en la Comunidad Campesina Ramón Castilla desde hace dos años y que el presunto victimario, identificado como Jesús Véliz Mulatillo, ha sido capturado por la policía cuando pretendía fugar hacia Ecuador. El Presidente Regional de Piura, Dr. César Trelles Lara, manifestó a la prensa regional que su administración está haciendo lo posible para resolver el problema de la minería artesanal, en tanto es consciente de que produce una serie de anomalías en Suyo, Las Lomas y Sapillica. Señaló que si bien el nivel central ha cedido algunas competencias al nivel regional, sin embargo también hace falta que proporcione los medios económicos para trabajar y hacer lo que nos corresponde. Informó que se cumple con enviar personas a la zona para empadronar a los mineros informales y contar con una actividad lo más honesta y responsable. Actualmente se trabaja el tema a través de un Consejo Regional, de modo que ya se cuenta con la cantidad exacta de personas que se ocupan de la actividad. Estimó que en lo que queda del presente año se tendrá un gran avance. Por otro lado, el fiscal adjunto de delitos ambientales de Piura, Ernesto Cornejo Alcaraz, informó el 22 de octubre que continúan los operativos en varias localidades en las cuales hay presencia de mineros que trabajan sin tener en cuenta las mínimas condiciones de seguridad y protección a los trabajadores. El directorio en pleno de la Junta de Usuarios San Lorenzo mostró su disconformidad con los organizadores del Panel Foro “La minería artesanal y sus implicancias en la agricultura y ecología en el valle de San Lorenzo”, porque señalan promueven actividades que destacan las bondades de las actividades mineras. Exhortó a los agricultores a tener mucho cuidado y mantenerse alertas para no dejarse sorprender por dirigentes interesados en promover eventos que favorecen la minería en San Lorenzo. La Ronda Campesina de Malingas busca asesoría técnica y legal ante mineros informales detectados en su zona, decisión que fue tomada el sábado 20 de diciembre luego que por esta zona se detectara a dos sujetos que están extrayendo piedras del cerro Pico de Loro, ubicado al este del pueblo de Malingas. Para el sábado 27 de dic 08 se ha organizado un conversatorio con dirigentes del Frente de Defensa de Tambogrande y de la Junta de Usuarios para conocer cómo se podría afrontar el problema desde una óptica técnica y comunal. Los diarios Correo y El Tiempo informan el día 13 de enero que han expresado un rotundo rechazo a las actividades mineras en el Valle del Chira, los representantes de varias comisiones de regantes y Junta de usuarios del distrito de riego del Chira, asociaciones de productores de banano orgánico, frentes de defensa del valle del Chira y Tambogrande; así como representantes de las municipalidades Provincial de Sullana y Distrital de Tambogrande. Por su parte, agregan, la Dirección Regional de Energía y Minas insiste en la creación de un parque minero para dar solución a la informalidad que reina en la actividad minera en dicha zona. El diario Correo de fecha 21 de enero informa que los alcaldes de Las Lomas, Sapillico y Suyo han respondido positivamente a dicha propuesta, indicando que de ser así se debería llevar al desierto el parque minero o a Paita como segunda opción. Por otro lado, la población de San Pedro de Tejedores expresó su oposición a actividades mineras artesanales por parte de un consorcio privado con sede en la ciudad de Las Lomas, según denunciaron pobladores que prefirieron guardar el anonimato. De acuerdo a los testimonios, desde medio año, se han excavado varios hoyos en el suelo, e incluso construyeron socavones en las colinas cercanas. Dirigentes locales comentaron que están en contra de esta actividad porque está afectando su entorno y ha provocado enfrentamientos entre la propia comunidad. El área de operaciones se encuentra cercada y bajo vigilancia; varios denunciantes dijeron haber recibido amenazas y demandaron la presencia de la Municipalidad de Tambogrande. San Pedro de Tejedores está bajo jurisdicción de la Municipalidad de Tambogrande, la que en 2007 emitió una Ordenanza prohibiendo actividades mineras, y castigando con fuertes multas. El 06/02/09 en visita a Piura, el ministro Brack se mostró a favor de la creación de uno o más parques industriales mineros para combatir la minería informal que aumenta en esta región.El 10/02/09 en reunión con el Director de Energía y Minas del Gobierno Regional, Econ. Miguel Kusma Alfaro, para conversar sobre la estrategia de su entidad para proponer la instalación de un Parque Minero que formalice a los mineros artesanales del valle, tomando en cuenta los elementos de oposición y conflictividad existentes en la zona contra dicha actividad. El 10/02/09 se llevó a cabo esta reunión en el Distrito de Las Lomas con los diferentes propietarios de plantas mineras

para plantearles su formalización en un Parque Minero. Por su parte, el alcalde de Tambogrande, Segundo Moreno Pacherres, expresó su desacuerdo a la creación de un parque industrial minero en la región, y propusó -en cambio, la creación de un parque de agro exportación. Últimos acontecimientos. El 03.03.09, los diarios informan que las comunidades de Suyo rechazan la propuesta de un Parque Minero en su distrito. El 09.03.09, los diarios informan que la nueva propuesta del Gobierno Regional, según declaraciones de su Presidente, es instalar el parque minero en el desierto de Sechura, pues si bien los alcaldes de Suyo, Chipillico y Las Lomas han mostrado su conformidad con que se instale en Suyo, los pobladores se encuentran en desacuerdo. 153. Comunidad San Lucas de Colán; distritos: Ignacio Escudero, El Arenal y La Huaca; Provincias: Sullana y Paita Caso. Pobladores y comuneros reclaman tierras vendidas a la empresa Maple y Empresa Caña Brava por el Gobierno Regional, habría superposición de espacio territorial. Actores. Empresa Maple, Empresa Caña Brava. Gobierno Regional de Piura. Pobladores de Ignacio Escudero, Comunidad San Lucas de Colán, Congresistas de la República, Proyecto Especial Chira Piura, Alcaldes distritales de Ignacio Escudero (Sullana) y El Arenal (Paita), pobladores. Antecedentes. En julio del año 2006 el Gobierno Regional adjudicó 10000 has. de terrenos eriazos a Maple y 6000 has. a Caña Brava en la zona del Valle del chira. Los pobladores de Ignacio Escudero alegan que han intentado dialogar con la empresa respecto de sus demandas así como con las autoridades responsables de la adjudicación; pero que no han encontrado respuesta a sus constantes solicitudes. Hechos. Al parecer hay superposición de los terrenos de propiedad de los pobladores y comuneros con los terrenos que fueron de propiedad del Proyecto Chira Piura y que ahora han pasado a ser propiedad de las empresas Maple y Caña Brava. Asimismo, la aparente subvaluación de las tierras “eriazas” vendidas a los inversionistas privados, así como de la disposición del recurso hídrico para estos proyectos en desmedro de los agricultores locales. La población reclama que mucha de las tierras vendidas por el Gobierno Regional al Proyecto de Inversión en Caña de Azúcar para la obtención de Etanol, a la empresa Maple, son de su propiedad; mientras que el Gobierno Regional alega que han sido propiedad del Proyecto Hidroenergético Chira Piura. Los Congresistas de la República están investigando la venta de dichas. La población exige que se les permita tener acceso a sus propiedades y caminos a través de los terrenos adquiridos por Maple y Caña Brava. Así como que se permita tener tierras de expansión urbana y acceso proporcional y suficiente al recurso hídrico, también que se explique la venta en tan bajo precio y se devuelva las tierras de propiedad de los pobladores y comuneros. Adicionalmente, la presentación por parte de las empresas inversionistas de sus Estudios de Impacto Ambiental. En tal sentido han presentado reclamos ante el Congreso y gobierno local. El viernes 15, en el Distrito de La Huaca, se llevó a cabo un certamen de capacitación a la población para el aprovechamiento de sus tierras, con la participación de los parlamentarios Wilder Ruíz y Marisol Espinoza, pronunciándose esta última por la presunta violación de derechos de propiedad, al haberse adjudicado terrenos de posesionarios y propietarios, en incluso públicos, refiriéndose a los terrenos del cementerio de La Huaca, que ha determinado la Comisión del Congreso que investiga las irregularidades en la adjudicación de tierras a la empresa Maple. Agregó que el siguiente paso sería formar una Comisión investigadora que determine las responsabilidades en dichos ilícitos. Asimismo, instó a los productores para que no alquilen ni cedan sus tierras, sino a que las trabajen de forma organizada como lo han hecho productores de la sierra, como Cepicafé, y Cepibo en Sullana. La Congresos Fabiola Morales Castillo presentó la moción Nº 5400 firmada por representantes de todas las bancadas a fin de que el Pleno apruebe el acuerdo por unanimidad de la Comisión Agraria del Parlamento (del período anual de sesiones pasado) para la conformación de una Comisión Investigadora sobre las presuntas irregularidades en la venta de tierras eriazas ubicadas al margen izquierdo del río Chira por parte del Gobierno Regional de Piura a favor de la empresa Maple Etanol. El 17 de setiembre 2008, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el “Informe sobre irregularidades cometidas en los procesos de transferencia de tierras del proyecto especial Chira-Piura a favor de empresas privadas, en la región de Piura”, caso La Huaca. En este informe se llegó a la conclusión que en el proceso de adjudicación de tierras a favor de los

agricultores, no se han cumplido con utilizar mecanismos de difusión y publicidad adecuados para garantizar el conocimiento del desarrollo del proceso de adjudicación por parte de los principales interesados, es decir las poblaciones que se encuentran en zonas remotas y que no acceden a los medios de comunicación. Asimismo, considera que las poblaciones que moran históricamente dentro de las tierras del Proyecto Especial Chira Piura han cuestionado mayoritariamente la adjudicación de tierras realizadas por el Gobierno Regional de Piura a favor de las empresas Agrícola del Chira S.A. y Maple Etanol S.R.L., como consecuencia de haberse adjudicado tierras sobre las cuales se vienen ejerciendo la posesión histórica, donde se acredita en algunos casos derechos de propiedad inscrito ante Registros Públicos, y violando la existencia de infraestructura física de interés social (cementerios, tuberías de agua, vías de comunicación terrestre) y el desarrolla actividades económicas agrícolas y ganaderas para su subsistencia. Igualmente el informe concluyó que el Proyecto Especial Chira Piura, ha ofrecido a los agricultores tierras a precios mucho más elevados que los ofrecidos a las empresas con las cuales se suscribieron los contratos de transferencia. En 1999 los terrenos eriazos del Proyecto Especial Chira Piura se cotizaban en un valor de US$ 416.00 dólares la hectárea; posteriormente se oferta un lote de 50 hectáreas, ubicadas dentro del lote independizado denominado 2B-4, que cuenta con dotación de agua proveniente del Canal Sur, cuyo precio al contado ha sido fijado en US$ 153.00/ hectárea. Sin embargo el año 2006 los terrenos son cotizados en US$ 60.00 dólares la hectárea, precio al que son vendidos a la Empresa Maple Etanol SRL. Al haber aprobado el informe del caso La Huaca, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso deberá solicitar al Pleno de Congreso de la República la conformación de una Comisión de Investigación ad hoc, que deberá tener las siguientes funciones: determinar concretamente cada una de las afectaciones a los derechos de propiedad y derechos fundamentales de las poblaciones moradoras en las tierras del Proyecto adjudicadas a las empresas; Estudiar la eventual Anulabilidad parcial de los contratos suscritos entre las Empresas Agrícola del Chira S.A. y Maple Etanol SRL, como consecuencia de los vicios de voluntad detectados respecto al carácter saneado de las tierras adjudicadas; y determinar la existencia de responsabilidades administrativas de funcionarios públicos, responsabilidades penales de representantes de las empresas, funcionarios públicos y terceros; elevando lo correspondiente al Ministerio Público para la formulación de eventuales denuncias penales. El 24 de setiembre 2008, la Comisión de Agricultura del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Moción 02531, presentada por la congresista Marisol Espinoza Cruz, donde se solicita la conformación de una Comisión Investigadora, respecto a la venta de 10,674 hectáreas de terrenos por el valor de 641 mil dólares, teniendo en cuenta que existen denuncias que esta venta habría sido irregular, perjudicando los intereses de los agricultores del Valle del Chira y de las familias que habitan por más de 20 años en la zona de La Huaca. Medios de comunicación han puesto en conocimiento que el Gobierno Regional ha abierto procedimiento administrativo sancionador a 2 de sus funcionarios y a 4 del Proyecto Chira Piura, por las supuestas irregularidades en la venta de tierras a MAPLE. Por otro lado, el 26 de octubre, la Congresista Marisol Espinosa declaró que, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que puedan surgir de las investigaciones, en curso, en contra de funcionario y ex funcionarios implicados en presuntas irregularidades, durante la adjudicación de 10 mil 600 hectáreas de tierras del Pechp (Proyecto Especial Chira Piura) a la empresa Maple S.R.L. Según la congresista, se debe rectificar lo actuado y resarcir a los afectados otorgándoles la propiedad de esos terrenos ante Registros Públicos. A su vez, el 24 de octubre la congresista Fabiola Morales Castillo, Vicepresidenta del Congreso, señaló por un medio de prensa que el proceso administrativo contra funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional y del Proyecto Especial Chira Piura, por la adjudicación de 10 mil 600 hectáreas de terrenos, significa que hay indicios de irregularidades. Al mismo tiempo, saludó la decisión adoptada para continuar con la investigación del tema, pero también dijo que podrían incluir al Presidente Regional, César Trelles, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La Contraloría General de la República se pronunció acerca de la irregularidad existente en la venta de tierras para el proyecto de siembra de Etanol. A su vez el informe 001-2008 de la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional señala que la venta de 10,676 hectáreas que hiciera el Proyecto Especial Chira Piura a la empresa Maple tuvo irregularidades. La empresa MAPLE anunció públicamente el 6 de noviembre su posición favorable a la devolución de las tierras adjudicadas en perjuicio de los pobladores de las zonas afectadas.

El presidente de la Comunidad Campesina San Lucas de Colán sostuvo que están dispuestos a dialogar con la empresa Maple Etanol sobre la anunciada devolución de tierras. La empresa Maple Gas Corporation del Perú, subsidiaria de la estadounidense Maple Energy, anunció el 16 de diciembre 2008 el incremento de su inversión estimada en el proyecto de etanol, ubicado en el departamento de Piura, de 160 millones a 222 millones de dólares. San Lucas está dispuesto a conversar con la empresa y la empresa a devolver los terrenos, pero no se sabe si ya han devuelto la tierra. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 154. Bahía de Bayovar, distrito de Sechura, provincia de Sechura Caso. La población y autoridades de Sechura se oponen a la explotación de los yacimientos de Uranio detectados recientemente en el área de influencia del proyecto de fosfatos Bayovar de la empresa minera Misky Mayo ante el temor del impacto ambiental, a la salud y a las actividades pesquera y ganadera. Actores. Población de Sechura, alcaldes distritales y el alcalde provincial de Sechura, Comunidad Campesina de San Martín, empresa minera Misky Mayo (Vale Do Río Doce), Gobierno Regional de Piura. Antecedentes. Los fosfatos de Bayóvar fueron descubiertos en el siglo XIX -según indican José Antonio del Busto y Jorge Rosales, en su libro “Historia de Piura”- y han pasado cinco décadas, desde que se inició su explotación en pequeña escala, para que se adjudique recientemente la entrega en concesión para la exploración y explotación de dichos fosfatos a la empresa brasileña Vale Do Rio Doce (VDRD). Esta ganó la buena pro sobrepasando en 65% las exigencias de producción fijadas por Proinversión. De esta manera, VDRD deberá construir una planta con capacidad para producir 3.3 millones de toneladas al año de roca fosfórica, en la que invertirá hasta 300 millones de US$. El 19 de abril 2005, la Comunidad San Martín de Sechura suscribió contrato con la firma brasileña Vale Do Río Doce, a la cual asistió el presidente regional Trelles Lara, el presidente Alejandro Toledo y el alcalde Justo Eche Morales. En abril 2008, surgió la noticia del hallazgo de grandes cantidades de Uranio en el área de influencia del proyecto, motivo por el cual los actores se preocuparon por la posible explotación del mismo por la concesionaria sin que ello esté previsto en el contrato y sin cumplir con los requerimientos exigidos por las características de este material altamente radiactivo, planteándose por tanto la revisión del contrato. El 29 de abril, la Comisión de Energía y Minas del Congreso recibió a Rolando Páucar, presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo, el mismo que manifestó que en Bayóvar existen grandes concentraciones de Uranio, tanto como para exportar. Hechos. A inicios del mes de junio, el pleno del Concejo Municipal de la provincia de Sechura aprobó la formación de un equipo técnico y legal, que analizará los términos y condiciones del contrato firmado por el Estado y la empresa brasileña Vale Do Río Doce, en razón a que en esta área de influencia del proyecto, al parecer existen importantes yacimientos de uranio. Así lo han acordado las autoridades de esta localidad, preocupados por la explotación de este mineral radioactivo, que podría ocasionar daños irreparables en el ecosistema natural de Bayóvar y Sechura. En asamblea de los alcaldes distritales de Sechura del día 18 de junio, los alcaldes distritales de Bellavista de La Unión, Sixto Chunga Zapata; de Bernal, José Ayala Cherre; de Cristo Nos Valga, Ángel Agurto Pingo; de Rinconada-Llicuar; Walter Martínez Vite; y de Vice, Armando Bancayán Amaya acordaron conformar una comisión coordinadora del estudio y evaluación del contrato de concesión con empresa Misky Mayo. La empresa niega que se exploten las reservas de Uranio. Consejeros regionales critican la posición de los alcaldes. La asamblea de alcaldes en Sechura aprueban la formación de una comisión revisora del contrato de concesión, decisión que ha sido aplaudida por los comuneros presentes en la asamblea. Por su parte, el consejero regional Porfirio Ayala ha mostrado su desacuerdo con quiénes plantean la revisión del contrato suscrito con Vale do Río Doce, a propósito del hallazgo de Uranio. Considera que es necesario realizar la evaluación y análisis de la cantidad de reservas de Uranio que existen en el área y qué porcentaje viene unido a los fosfatos. Recién, con dicha información, se podría solicitar a Proinversión realizar otro contrato con una empresa que quiera la concesión respectiva,

con el especial tratamiento requerido, teniendo la prioridad Vale do Río Doce. Con ello, alega, no se retrasarían los trabajos del proyecto de fosfatos que está próximo a empezar. El gerente general de la empresa brasileña, Yalmiro Lazarine, informó que la cantidad de uranio encontrada es baja, que el mineral no es explotable y que no ameritaría modificar los acuerdos firmados para la exploración y explotación de fosfatos. La Comunidad Campesina San Martín de Sechura acudió a reunión con miembros de Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. El día 5 de agosto de 2008, la DP llevó a cabo una reunión con el alcalde provincial de Sechura, Santos Valentín Querevalú Periche, en su despacho. El alcalde informó que se había conformado una Comisión en la última Asamblea de Alcaldes Distritales, para que revise el Contrato de Exploración con Vale Do Río Doce, y que asimismo en su Municipio Provincial se había conformado una Comisión de Asuntos Mineros que estudiaría el tema. El 12 de agosto de 2008, se llevó a cabo una nueva reunión en el despacho del alcalde provincial con participación de los alcaldes distritales de Sechura y los miembros de las comisiones mencionadas para informarnos un poco más sobre las incidencias del proyecto en cada una de sus localidades. Participaron de la misma: dos representantes de la Defensoría del Pueblo, el citado Alcalde de Sechura, su Asesor Legal, Dr. Juan Zavaleta, el Presidente de su Comisión de Minería, Manuel Querevalú Tume, su Gerente de Bienestar y Proyección Social, Ing. José Fiestas Eche, el Alcalde del Distrito de la Unión, Sixto Miguel Chunga Zapata, el Teniente Alcalde de Vice, José Vite Zeta, en representación de su Alcalde y María Jacinto Purizaca, Regidora de Rinconada LLicuar, en representación de su Alcalde. Todos ellos nos expresaron la misma preocupación por la posible explotación del Uranio existente en la zona de explotación de los fosfatos de Bayóvar. Tenían dudas acerca de las informaciones hechas por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en el sentido de que no existen reservas de Uranio suficiente para su explotación sustentable, toda vez que tienen versiones de que dicha afirmación es falsa y además porque hasta ahora no se han cumplido con los supuestos compromisos de Vale Do Río con la población sechurana en cuanto a puestos de trabajo e inversión. La empresa Vale está anunciando la creación de 1060 puestos de trabajo hasta enero de 2009 para la construcción de su planta de fosfatos, cifra que se incrementará hasta la suma de 1900 para julio del 2009. Insistiendo en que no es rentable explotar uranio en los depósitos de su concesión por tener concentraciones por debajo de los requeridos, según el informe del IPEN; agregando que precisamente por dichos niveles de uranio, los que se encuentran formando parte de la roca fosfórica, que será trabajada, no existe riesgo a la salud de las personas, más aún cuando el proyecto manejará estándares que lo harán uno de los mejore proyectos en materia de defensa medioambiental en todo el mundo, enfatiza el gerente del proyecto, Jalmiro Lazarini. La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó el 16 de diciembre 2008 a la Compañía Minera Miski Mayo la habilitación portuaria solicitada para iniciar las obras de construcción de la instalación portuaria del proyecto de fosfatos de Bayóvar, ubicado en el distrito y provincia de Sechura. El área sobre la cual se otorga la habilitación portuaria es de 847,168.98 metros cuadrados, en la que se construirá un puente de acceso de cinco metros de ancho y 257 metros de largo apoyados en pilotes de acero y concreto. Tendrá una plataforma de carga de 16 metros de ancho y 187 metros de largo, dos postes para el amarre del barco uno a cada lado de la plataforma de carga y otros. La instalación portuaria será de uso privado para el embarque de concentrados de fosfatos que llevará a cabo la minera Miski Mayo. Laso obras del referido proyecto se ejecutarán dentro de un cronograma de 21 meses, de conformidad con lo establecido en el expediente técnico presentado por la compañía. Últimos acontecimientos. No se registran acontecimientos. 155. Comunidad campesina de Yanta, Segunda y Cajas, Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba y provincia de Ayabaca Caso. Rechazo de la población a la actividad minera por presunta presencia ilegal de la empresa Majaz y ante posible contaminación ambiental. Actores. Rondas campesinas de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, radios locales, empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (de Xiamen Zijin Tongguan Invesment and Development Co. Ltd.), Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, Municipalidad provincial de San Ignacio, Ayabaca y Huancabamba, Diócesis de Chulucanas, Vicariato Apostólico de Jaén, MINEM,

Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayavaca, Presidencia del Consejo de Ministros. Hechos. En abril del 2004, organizaciones ronderas acusaron a la alcaldesa Distrital Ananías Velásquez Torres (Somos Perú) de colaborar con la compañía minera Majaz. El 7 de julio, miembros de la CC Segunda Cajas impidieron el tránsito de la carretera que conduce a Carmen de La Frontera, una de las vías de acceso al campamento de la minera. Los ronderos informaron que buscaban prevenir y controlar la tala indiscriminada y el transporte de madera, y contribuir a la lucha contra el abigeato. La población teme que el proyecto minero Río Branco, desarrollado por esta minera, genere impactos negativos en el medio ambiente. El 5 de mayo, autoridades regionales de Energía y Minas, autoridades locales y organizaciones campesinas acordaron la creación de un Comité Técnico para recoger información técnica especializada sobre la actividad minera en el sector. La Comisión concluyó que la actividad minera no afectaría el medio ambiente. Posteriormente, como parte del acuerdo, se conformaron mesas técnicas especializadas en Desarrollo Social, Comunicaciones, Medio Ambiente. La minera expresó su disposición a dar participación a la población de los beneficios que obtenga de la explotación, además del pago de canon. El 6 de septiembre se conformaron tres Mesas Técnicas: Seguimiento al EIA, Desarrollo Sostenible y Comunicación, las cuales realizaron charlas informativas dirigidas a diferentes públicos involucrados en el tema minero. El 20 de diciembre, en presencia de Juez, Fiscal, Subprefecto, PNP y la Asamblea de rondas campesinas de Huancabamba se acordó sancionar a “cadena ronderil” al dueño de Radio Centinela, Dúber Mauriola Labán, acusándolo de reclutar campesinos pobres para apoyar a la empresa (y que habrían atacado en noviembre las instalaciones de Radio La Poderosa, del periodista Federico Ibáñez, la cual transmitía información favorable al medio ambiente y era tribuna de los opositores a la actividad minera). El locutor Mauriola fue capturado el 27 de diciembre y cumplió su sanción durante tres noches. El 28 de diciembre, el Obispo de Chulucanas solicitó la intervención de la DP. Ese mismo día, un grupo encabezado por dirigentes comunales favorables a la empresa minera, retuvieron por unas horas a la dirigente Josefa Ramírez en el local de Radio Centinela; luego de ser liberada, fue detenida con otras tres personas por la PNP bajo la acusación de secuestro. El día 29, el Prefecto convocó a una reunión en la que participaron representantes de la Subprefectura, PJ, MiP, MuP, PNP, Iglesia Católica, rondas, MCLCP y LA DP. En ella se conformó una comisión integrada por el Prefecto, el MiP y la DP que iría a la CC Huancacarpa a encontrarse con el locutor retenido. El viaje no se realizó porque la PNP informó, en la madrugada del 30 de diciembre, que esta persona regresaba a Huancabamba, a donde llegó a las 5:00 a.m. El 2 de febrero del 2005, la Segunda Sala Penal dispuso la libertad de Josefa Adrianzén y Federico Ibáñez, permaneciendo bajo comparecencia restringida. El día 4, ambos fueron puestos en libertad. El 24 de febrero, el 22 de marzo y el 15 de mayo se reunieron representantes de los actores involucrados para recibir informes de las mesas técnicas conformadas. En este proceso, la Mesa Técnica del Estudio de Impacto Ambiental acordó explicar los procedimientos de una concesión minera, elaborar un boletín informativo, realizar visitas al campamento minero previa coordinación con la empresa, formar grupos de monitoreo, aprobar el monitoreo participativo. Por su parte, la Mesa Técnica de Desarrollo Sostenible, la Diócesis de Chulucanas y el GR Piura se comprometieron a proporcionar información sobre instituciones que canalicen recursos de Cooperación internacional. Finalmente, la Mesa Técnica de Comunicaciones acordó difundir los contenidos de las mesas técnicas en las escuelas de Huancabamba y a través de la radio, así como las conclusiones del Taller de Periodismo de Investigación, Ética y Desarrollo realizado el 30 de abril. El 19 de julio se realizó la octava reunión de la Mesa de Concertación del Proyecto Río Blanco. Allí se acordó: monitoreo del trabajo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos y de las Mesas Técnicas; conformación de un Comité de Gestión integrado por representantes de la Mesa de Concertación; demandar a las CC de Ayabaca y Huancabamba que se mantenga un clima de paz y diálogo en el proceso de elaboración del EIA del proyecto Río Blanco. En dicha reunión, el Asesor del Ministerio de Energía y Minas informó que las rondas campesinas de Yanta estaban organizando una movilización desde el Portachuelo de Yanta hacia el campamento de la minera Majaz. El 26 de julio, unos tres mil campesinos de la provincia de Ayabaca se reunieron en Yanta para iniciar la marcha. El día 27, el Viceministro de Minas anunció la formación de una comisión para dialogar con los campesinos movilizados. Los días 27 y 28 de julio, la PNP sobrevoló en helicóptero los territorios de las CC Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) para un reconocimiento del área. El día 29, un comisionado de la DP se desplazó a Huancabamba. El 1 de agosto se produjo un enfrentamiento

entre ronderos y PNP, con un saldo de 32 personas detenidas (incluyendo a tres periodistas de Radio Cutivalú), cinco heridos (dos ronderos y tres policías) y una persona muerta. Representantes del MEM, minera Majaz, PNP, GR, DP y rondas campesinas acordaron conformar una comisión de diálogo, cuya primera reunión está programada para el 3 de agosto en la ciudad de San Ignacio. El 3 de agosto se reunieron representantes del MEM, minera Majaz, DP, el Obispo Turley, entre otros, en la parroquia de San Ignacio, acordando: a) conformar una comisión de ayuda humanitaria; b) conformar una comisión investigadora no jurisdiccional presidida por la DP para aclarar la situación jurídica de afectados e implicados; c) solicitar al MEM la derogatoria del D.S. N° 23-2003 que autoriza los trabajos de exploración minera en la zona; d) solicitar el retiro de efectivos PNP de la zona de Río Blanco. El día 4 se determinaron las zonas donde se encontrarían los supuestos afectados. El día 5, un representante de la DP se trasladó a las instalaciones de la empresa minera para recoger información sobre el enfrentamiento entre ronderos y PNP; la misma operación se realizó en el distrito Carmen de la Frontera, sin mayor resultado. El día 8, DIGESA Lima informó que todos los parámetros analizados se encontraban dentro de los límites establecidos en la Ley General de Aguas, desestimando la versión de la contaminación del río Quiroz. El día 18, las rondas campesinas de Segunda y Cajas, Quispampa y Santa Cruz Huamán realizaron una marcha pacífica demandando el retiro de la minera Majaz y la salida del Fiscal Provincial de Huancabamba. El 25 de agosto se reunieron representantes del MEM, GR Piura, PUC, MINAG, PNP, MEF, DP. El 9 de septiembre no se llevó a cabo la reunión programada por la Comisión Multisectorial entre los representantes del Ejecutivo y rondas campesinas. El mismo día, en la plaza de armas de Huancabamba se realizó una concentración, en la que participaron autoridades provinciales y de los distritos de Jaén, Namballe, El Carmen de la Frontera. El día 14, el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba abrió instrucción penal contra 23 dirigentes de las rondas campesinas que participaron en las protestas, y contra los alcaldes Provinciales de Ayabaca y Huancabamba por malversación de fondos. Los días 28 y 29, las rondas campesinas realizaron una movilización pacífica. El 19 de octubre, el juez provincial mixto de Huancabamba informó a la DP que los inculpados no colaboran en los procesos judiciales. El día 26, el Grupo Macroconsult presentó el informe referido al Impacto Económico Regional del proyecto minero Río Blanco. El 20 de diciembre, el juez Edwin Culquicóndor Bardales informó a la DP que el expediente está en revisión para dictar sentencia al final de este mes. En enero del 2006, el Juzgado Mixto de Huancabamba absolvió a los policías acusados de la muerte de una persona durante los enfrentamientos del 1 de agosto del 2005. El 24 de enero del 2006 se llevó a cabo una reunión sobre el Proyecto Río Blanco entre representantes del MEM, Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (Alcalde de Jaén, San Ignacio, Ayabaca, Regidor de Huancabamba) y rondas campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura), Jaén y San Ignacio (Cajamarca). También, estuvieron representantes de ONG, representantes de la Iglesia y el congresista Javier Diez Canseco. Se acordó: 1. Conformar una comisión de diálogo integrada por miembros del Frente de Desarrollo Sostenible por la Frontera Norte, representantes de los Ministerios de Energía y Minas, del Interior, Salud, Educación y Agricultura, además de miembros de la Iglesia, los mismos que participarán como invitados. 2. Se determinó un plazo de cinco meses para determinar la viabilidad del proyecto minero. Además se adelantó que en la próxima reunión, en febrero, girará en torno a la situación legal de la minera Majaz, entre otros temas. El 14 de febrero, la prensa local informa que se instala la comisión investigadora de las denuncias del caso Majaz. El día 20, el Coronel Antonino Lazarte Dextre solicita la intervención de la DP en el secuestro de seis comuneros por los ronderos de la comunidad campesina de Yanta. Los ronderos habían trabajado para la minera Majaz el mes de Noviembre. El día 21, la DP se comunica con el Coronel Lazarte, el cual informa que la PNP envió el día 20 a 60 efectivos, los cuales no pudieron ingresar a la comunidad de Yanta. Sin embargo, los comuneros han sido liberados. No se registran heridos. Actualmente la Fiscalía se encuentra investigando sobre el caso. En el mes de febrero, se conformó una comisión organizada por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, conformada por el MI, MEM, el Obispado de Chulucanas y de la CNDH para que recogiera testimonios que ilustren la violencia suscitada en las provincias de Huancabamba y Ayabaca. La DP ha realizado viajes para recoger estos testimonios, el día 15 de mayo a Huancabamba (Cajas Canchaque, Comenderos Bajo, Rosarios Bajos y Huancabamba) y el día 19 a Ayabaca (Portachuelo de Yanta). El 16 de junio se llevó a cabo el Foro: “Piura: Desarrollo Sostenible y Minería” organizado por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, en el que se trataron temas concernientes a minería y desarrollo sostenible, propuesta de desarrollo para Piura, protección del medio ambiente y la

biodiversidad, la organización de la población en defensa de la vida y el medio ambiente, consentimiento previo, libre e informado, ilegalidad de la presencia minera Majaz en Huancabamba y Ayabaca, derechos humanos y comunidades campesinas. Se le solicitó a la DP: 1. Un informe sobre ilegalidad del ingreso de la mina en las Provincias de Ayabaca y Huancabamba. 2. Un informe sobre los hechos de violencia ocurridos en las Provincias de Ayabaca y Huancabamba tras la desintegración de la Comisión. 3. Las propuestas hechas por Representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible. 4. La realización de una consulta popular sobre la actividad minera en las Provincias de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio. 5. El envío de un memorial al alcalde de la MP de Huancabamba para invocar su participación en el tema. 6. Evaluar la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana el caso de la muerte del rondero Reemberto Herrera Racho. El 10 de julio en la DP se reunieron 18 comuneros de Yanta que habían laborado en el Proyecto Minero Río Blanco, quienes manifestaron una serie de atropellos y abusos cometidos contra ellos por los miembros de las directivas comunales de rondas de la CC Yanta. Se les explicó las competencias de la DP y se aseguró que a más tardar el día 17 de julio se iría a la CC para verificar el trámite de las denuncias presentadas ante la Comisaría de Ayabaca y para sostener una reunión con los dirigentes de la CC. Por otro lado, en Huancabamba la DP se entrevistó con el Juez Mixto de Huancabamba para conocer los avances de los procesos judiciales seguidos en torno a los hechos de violencia ocurridos. Se encontró que aún se siguen recogiendo las instructivas de los inculpados y se obtuvo copia del expediente originado por la muerte del rondero Melanio García. El día 17 en Ayabaca, en el local de la Parroquia, la DP se reunió con dirigentes de la CC de Yanta y ronderos campesinos (Senecio Jiménez Peña, Presidente de la Administración de la CC de Yanta, Bernabé Chanta Jiménez, Secretario de Medio Ambiente del Frente de Defensa y Miguel Arriola Ruiz, teniente gobernador del caserío San Sebastián. Se acordó que transmitirían a la asamblea de comuneros la preocupación de la DP por el trato recibido por los comuneros de Yanta que han laborado en la empresa minera y la necesidad de llevar a cabo una reunión con los miembros de la asamblea en el mes de agosto para tratar el tema relacionado con derechos y deberes de los comuneros. Además, se comprometieron en entregar una copia de los documentos que acrediten la institucionalidad de la CC de Yanta. Durante el mes de noviembre se produjo un enfrentamiento entre comuneros del caserío Hormigueros y vigilantes de la minera, lo cual dejó como saldo un herido. El 20 de noviembre la DP remitió a la Vice Ministra de Minas el Informe 01-2006-ASPMAMA. El 26 de noviembre, la CC decide poner una tranquera en Cajas Shapaya (Huancabamba). El día 29, en vista de esta decisión de la Comunidad, la empresa minera, suscribe un acta de reunión en que se compromete a traer una Comisión de Alto Nivel para consolidar una Mesa de Diálogo, para lo cual se le otorga un plazo de 15 días. El 5 de diciembre, la empresa minera Majaz, solicitó a la DP, asistir a una reunión en la ciudad de Huancabamba el 7 de diciembre, la cual contaría con la presencia de las organizaciones sociales de base y de la sociedad civil de la zona, MEM, Ministerio de Agricultura, CONAM e INDEPA. Reunió que se frustró por la inasistencia de las reparticiones estatales invitadas. El 13 de diciembre, la empresa minera Majaz, solicitó a la DP acudir a una reunión en la ciudad de Huancabamba el 18 de diciembre, dicha reunión había sido solicitada por la comunidad local y coordinada con el MEM y contaría con la presencia de las organizaciones sociales de base y la sociedad civil de la zona. Así, el 18 de diciembre se asistió a la reunión, sin embargo los representantes de los comuneros se negaron a participar, en el entendido que la Minera Majaz no había cumplido con el compromiso de traer una Comisión de Alto Nivel de Lima (Incluyen a funcionarios del Ministerio) y por la extemporaneidad de la reunión (fuera del plazo de compromiso). La Dp conversó con algunos representantes de la comunidad indicándoles que no es posible la restricción de la libertad de tránsito en Cajas Shapaya. Las comunidades no quieren mantener diálogo con la empresa minera quien habría ingresado a sus territorios ilegalmente. El 17 de enero del 2007, la DP se reunió con la Vice Ministra a propósito del Informe Defensorial presentado en el mes de noviembre del 2006. El 22 de enero, se publicó un pronunciamiento de empresa minera Majaz en el cual afirman los permisos obtenidos por su predecesora (Minera Coripacha) serían válidos y sustentan sus actividades de exploración en la zona. Para sustentar ello, se basan en la emisión de un Informe de Asesoría Legal del MEM. Esto ha causado desinformación en la ciudadanía, situación que no contribuye al clima de conflicto latente en la zona. El 15 de febrero un promedio de 60 comuneros y ronderos de la comunidad de Segunda y Cajas se reunieron para protestar en la inuguración de la Institución Educativa 14413 “Señor Cautivo”, el cual ha sido construido por la minera Majaz. El 17 de febrero se reunió el Frente por la frontera norte para contemplar el caso de la explotación minera que se pretende realizar en Rio

Blanco. Participaron Carlos Martínez, el presidente del Frene, los alcaldes de Carmen de la Frontera, el teniente alcalde de Huancabamba, el presidente de Segunda y Cajas y el delegado de la comunidad de Yanta. El Frente mostró su disconformidad por la falta de diálogo existente sobre el tema y anunciaron el inicio de una consulta ciudadana sobre el tema. El proceso de consulta ciudadana viene siendo impulsado por varios gobiernos locales, entre las que están las Municipalidades provinciales de Ayabaca y Huancabamba, ambas de Piura, y la Municipalidad Provincial de San Ignacio, de Cajamarca. Por otro lado, la población de Yanta mostró su preocupación por el traslado de un destacamento del Ejército a esa localidad, considerando que la incursión militar pretende reprimir la oposición a la presencia de la empresa Minera Majaz, aunque las autoridades militares negaron el hecho señalando que el traslado se realizaba para el reconocimiento de hitos. El 3 de abril, en la sede de Monterrico Metals en Londres, un grupo de personas protestan en el frontis de esta institución debido a las supuestas violaciones de derechos humanos por parte del Proyecto Minero Río Blanco. El 4 del mismo mes, el decano del Colegio de Abogados, Manuel Rosas Córdova, opinó que la consulta vecinal es legítima porque jurídicamente tiene respaldo. El 8 del presente, Jhony Peralta Cruz, congresista del APRA por Piura, valoró la consulta vecinal y es de la opinión que la decisión debe tener carácter vinculante. El 16, la Municipalidad Provincial de Ayabaca aprueba Ordenanza Municipal para la consulta popular del Proyecto Río Blanco, aunque no se establece aun fecha para la misma. Recientemente la OD Piura tomo conocimiento que el día 27 de marzo último se presentó una denuncia verbal ante el Ministerio Público, Fiscal Rodolfo Sosaya Pastor, la cual consta en un acta de denuncia verbal suscrita por los denunciantes y el fiscal, donde se denuncia a Ronderos de Culcapampa, al secretario de asuntos internos de la Ronda de Culcapampa y el teniente gobernador de la misma zona por que el día 26 de marzo a horas 6.00 p.m. los ronderos, al bloquear el camino con troncos, agredieron verbalmente y luego retenidos cerca de seis horas a una brigada del Ministerio de Salud, a pesar que se identificaron como personal de tal dependencia y de la carta que el alcalde de Ayabaca les había extendido con el propósito de brindar atención en salud y entrega de medicamentos en forma gratuita a personas de bajos recursos económicos. El 17 de abril, el señor Luis Riofrío, miembro de CONACAMI, expreso que la consulta vecinal para el Proyecto Río Blanco es un derecho para las comunidades y sus resultados tienen que ser respetados por el Estado. Posteriormente, el 20 de abril se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de Frías el Foro Taller Perspectivas de Desarrollo de la Sierra de Piura, oportunidad y compromisos, organizado por la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Ayabaca, donde se propuso la consulta para los distritos de Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Ayabaca a través del voto secreto, que tuvo la aceptación de algunos consejeros regionales, el alcalde de Pacaipampa y el congresista José Carrasco Távara. El 8 de mayo se realizó una inspección judicial en el campamento Río Blanco, diligencia realizada en respuesta a la denuncia de presunta usurpación de tierras comunales por parte de la empresa minera y su cuestionada presencia legal en la zona de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) en donde desarrolla trabajos de exploración, usurpación que los funcionarios mineros han negado. El 18 de mayo se presentó en Piura el Informe de Perú Support Group, sobre el Proyecto Río Blanco, que tiene en cuenta las observaciones del informe de la Defensoría sobre los permisos de servidumbre de tierras que obtuvo de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas. El mismo día, el Ministro de Energía y Minas, se manifestó a propósito del informe presentado, y de la referencia a la Defensoría del Pueblo, señalando que sólo son recomendaciones, pero que sus pronunciamientos no son vinculantes. Por otro lado, la Municipalidad provincial de Ayabaca a través de la Ordenanza 03-2007-GLM-PFA creó la consulta vecinal como mecanismo de participación ciudadana. El municipio distrital de Carmen de la Frontera emitió su ordenanza creando el mecanismo de Consulta Vecinal. Junto al municipio provincial de Ayabaca estarán emitiendo Acuerdos de Concejo respectivos convocando a la Consulta Vecinal y enviaron copia a la ONPE para solicitar su apoyo. La fecha prevista para la consulta vecinal es el 16 de septiembre. Se ha adelantado la fecha originalmente planeada debido al Censo Nacional (a realizarse el 30 de septiembre). Los dirigentes de las comunidades campesinas involucradas, de las Rondas campesinas de las zonas, de los Frentes de Defensa así como representantes de las autoridades locales, acordaron en una reunión extraordinaria sostenida el jueves 12 de julio cumplir una serie de medidas destinadas a brindar la mayor legitimidad al proceso de consulta, entre los acuerdos se encuentran: 1. Las organizaciones y comunidades aceptan el reglamento electoral como instrumento que establece las normas para

la consulta; 2. Las comunidades se comprometen a respetar los resultados de las consulta; 3. Las comunidades respetan que se inscriban grupos promotores por ambas opciones para la consulta; 4. Las comunidades garantizan amplia libertad para la difusión de las diferentes opciones; 5. Las comunidades, a través de las Rondas, se comprometen a garantizar la seguridad de las personas que son autorizadas a ingresar a la comunidad y a quienes participen, antes y durante la consulta; 6. Las comunidades aceptan la presencia de observadores y/o veedores y periodistas durante la consulta; 7. Las comunidades aceptan las resoluciones del Comité de Ética y del Comité electoral. De otro lado, las municipalidades organizadoras están programando dos foros, uno informativo y otro de debate a nivel regional. Uno de ellos se está coordinando con la Universidad Nacional de Piura y otro con la Red Regional "Agua y Desarrollo", ambos eventos serán realizados en el mes de agosto y consideran invitar a la empresa a participar. Además Radio Cutivalú viene realizando debates públicos sobre temas vinculados de manera directa e indirecta con la problemática minera en Piura. En el mes de agosto se emite la R.M. Nº 361-2007-MEM/DM. Autorizan al Director General de Minería a suscribir un convenio de estabilidad jurídica a celebrarse con Minera Majaz S.A. El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú protestó contra la decisión del Estado de suscribir un convenio de estabilidad jurídica por 10años con la minera Majaz, cuando todavía no se ha resuelto el conflicto con las comunidades que aseguran que las instalaciones de la mina ocupan ilegalmente sus territorios. El 2 de agosto, la primera Sala Penal de Piura absuelve de los cargos de secuestro y lesiones leves en agravio de los funcionarios de Minera Majaz a los dirigentes del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca. El 7 de agosto, representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte señalaron que acudirán ante instancias internacionales para garantizar que se respeten los resultados de la consulta que se llevará a cabo el 16 de septiembre, respecto a la continuidad de las operaciones de la minera Majaz. El diario Correo informó que la Municipalidad de Ayabaca invertirá $17,000 para pagar a la empresa consultora mexicana Podernet, encargada de organizar la consulta Majaz. El 11 de agosto, el Presidente del Gobierno Regional, César Trelles Lara, y el alcalde de Piura, José Aguilar Santisteban, coincidieron en que la consulta Majaz debe ser realizada a nivel regional, ya que se trata de un proyecto que beneficiará a todos los piuranos. La Municipalidad Distrital de Pacaipampa (Ayabaca) publicó el Acuerdo de Consejo N° 081-2007MDP-A, de fecha 25 de junio de 2007, mediante el cual aprueban la realización de la consulta vecinal de Majaz. El 15 de agosto, mediante un comunicado dirigido a los pobladores de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aseveró que la consulta vecinal promovida en los referidos distritos piuranos sobre la continuidad de las operaciones de la minera Majaz S.A. carece de toda validez. En el documento, el JNE recuerda que junto al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), constituye el único ente encargado de llevar adelante la función electoral. En tal sentido, "ninguna persona, sector de la población u organización, incluida la institución municipal, puede arrogarse el ejercicio de facultades que constitucionalmente corresponden exclusivamente y de manera intransferible a los organismos electorales". Así mismo, el máximo ente electoral subrayó que la consulta vecinal, prevista para el 16 de septiembre, no ha sido canalizada a través de los organismos arriba mencionados y, por ende, carece de carácter oficial. Finalmente, el organismo electoral ha dispuesto interponer las respectivas acciones legales contra quienes resulten responsables de "actos contrarios al ordenamiento jurídico, que pueden inducir a error a la población y una eventual distorsión y manipulación de la real voluntad popular". Sin embargo, dirigentes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte señalaron que las autoridades municipales solicitaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su intervención en la consulta popular del 16 de septiembre, pero hasta la fecha no reciben respuesta alguna. Por otro lado, dirigentes del Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba en Piura realizaron una serie de reuniones en Lima, con el Ministro de Energía y Minas, congresistas y la Defensoría del Pueblo, denunciando que vienen sufriendo continuas amenazas por parte de un grupo de pobladores de la zona ante el respaldo de este Frente al

proyecto minero de Majaz. La Congresista Fabiola Morales solicita garantías personales para los campesinos de Huancabamba. El 20 de agosto se informó que los ronderos de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas instalaron garitas de control antes de llegar al Distrito de El Carmen de la Frontera (Sapalache) para controlar el tránsito de las personas en la zona. El 22 de agosto, la empresa Majaz publicó la propuesta de un fondo privado de 80 millones de dólares para las comunidades campesinas de Yanta y de Segunda y Cajas. El presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayavaca, Magdiel Carrión Pintado, rechazó la propuesta del fondo privado, considerándolo un insulto y una burla a la Comunidad Campesina. El 27 de agosto, la Municipalidad Provincial de Ayabaca publicó el Acuerdo Municipal N° 0452007-GLM/PFA-“C”, de fecha 20 de julio de 2007, mediante el cual se aprueba el reglamento electoral que normará la consulta vecinal del 16 de septiembre. El 28 de agosto, el diario Correo informó que los Equipos Parroquiales de Justicia y Paz pertenecientes a la Diócesis de Chulucanas publicaron boletines convocando a la consulta vecinal. Ese mismo día, el ex defensor del pueblo, Walter Albán, consideró que la ciudadanía puede llevar adelante una consulta vecinal, como la que se realizará el 16 de septiembre en Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera. Albán opinó que no es una buena práctica gubernamental la decisión del Gobierno de firmar próximamente un convenio de estabilidad jurídica con Río Blanco. El Comité Electoral conformado para la consulta Majaz inició la capacitación a más de 500 miembros de mesa, entre titulares y suplentes. La congresista Marisol Espinoza dijo que la empresa minera Majaz debe responder, en primer lugar, a la denuncia judicial en su contra por usurpación de tierras, en lugar de ofrecer 80 millones de dólares a las comunidades campesinas de Yanta y de Segunda y Cajas. Marisol Espinoza recordó que, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, la minera Majaz opera ilegalmente en territorios comunales al no contar con la autorización de los dos tercios de las asambleas generales de estas comunidades, según la legislación peruana. El 4 de setiembre, el Presidente del Gobierno Regional de Piura, Dr. César Trelles Lara, señaló que en el año 2008 se llevaría a cabo una consulta vecinal sobre el tema minero. El mismo día, mediante oficio la DP solicita al Jefe de la I Región Territorial Policial, Gral. Luis Enríquez Palacios; Gobernadora de Piura, Dorcy Niño Rivas; al Ministerio Público, Dr. Aurelio Saavedra Cedano; Dirección Regional de Salud, Dr. Walter Vegas Olaya; Sub Director Regional de Salud de Sullana, Dr. Manuel Castro Álamo; informen sobre las acciones de prevención y durante la consulta vecinal a llevarse a cabo el día 16 de setiembre. Se conformó el comité de ética de la Consulta Majaz, integrado por Gastón Garatea, Carlos Herrara Descalzi, María Elena Foronda, Rafael Goto Silva y Luis Lumbreras. Además para brindar garantías al normal desarrollo de la consulta, las comunidades Segunda y Cajas y Yanta, así como las rondas campesinas firmaron un acta comprometiéndose a respetar los resultados de la misma y garantizar el libre tránsito, como la difusión de información de las diferentes partes, firmando un acta. El Jurado Nacional de Elecciones manifestó que la consulta es ilegal. Tras la cual autorizó a su procurador iniciar proceso a los alcaldes que convocan la consulta por supuesta usurpación de funciones. El 5 de setiembre, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se pronunció a través de oficio 1489-2007-JUS/CNDH-SE señalando que la consulta es “congruente con las normas y principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Constitución Política del Perú”. El 11 de setiembre, el Primer Ministro declaró que el Gobierno no reconocerá la consulta vecinal de Majaz. El 12 de setiembre, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo y el Obispo Luis Bambarén visitaron Piura para instaurar una mesa de diálogo con los alcaldes de los distritos involucrados en la consulta vecinal, respecto al Proyecto Río Blanco. Sin embargo, las autoridades municipales de las tres jurisdicciones involucradas no asisten a dicha reunión, disculpándose por la ausencia, pero manifestando el interés de retomar el diálogo tras la consulta vecinal. Los alcaldes negaron presión en consulta vecinal. Afirman que población sufragaría por voluntad propia. El 13 de setiembre, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura decretó el estado de alerta roja en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca) donde el domingo 16 de setiembre se realizará la consulta vecinal. Ese mismo día, el procurador adjunto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, habría solicitado a la Fiscalía de Ayabaca, una medida

cautelar para la incautación del material electoral destinado a la consulta vecinal convocada para este 16 de septiembre. Además la Defensora del Pueblo Beatriz Merino invoca al diálogo para superar conflicto por Proyecto Minero Río Blanco. Mientras que el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo critica a Radio Cutivalú de Piura por no haber emitido un spot del estado. Esta emisora señaló que el spot incluía información engañosa y no se identificaba quien publicitaba dicho spot. El director de Radio Cutivalú solicitó públicamente garantías para él y su familia al haber recibido amenazas. El 15 de setiembre una comisión de la Unidad de Conflictos y de la Oficina Defensorial de Piura, tras evaluar la situación en los tres distritos en cuestión, se desplegaron para realizar labor preventiva y ayuda humanitaria. El mismo día, se dio a conocer el intento de robo de actas destinadas a la consulta vecinal. El 16 de setiembre se llevó a cabo la consulta en los tres distritos programados (Carmen de la Frontera, Pacaipampa y en la provincia de Ayabaca), el cual se realizó con tranquilidad y sin mayores incidentes. La PNP, el Ministerio Público y el sector salud tomaron sus previsiones y desplegaron personal para atender cualquier contingencia. La consulta congregó a muchos medios de comunicación local, nacional e internacional, así como observadores peruanos y extranjeros. Ese mismo día, medios de prensa informaron de la organización de otros procesos de consulta en diferentes provincias de Piura sobre la inversión minera. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República inició investigación sobre el caso Majaz, citando a las diversas entidades involucradas. El 27 de setiembre, el Presidente del Consejo de Ministros, citó a las autoridades para seguir con el diálogo respecto a la explotación minera. Se retomó al diálogo sin los actores principales, los alcaldes de las zonas mineras no asisten a la reunión. El 28 de setiembre el viceministro de Minas, Felipe Isasi, aseguró que no se aprobará el proyecto Río Blanco de la empresa minera Majaz si no se tiene los permisos de las comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura) ni se cumple con los requerimientos legales necesarios. El 02 de octubre, la congresista Fabiola Morales Castillo sustentó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, la solicitud para que el Presidente del Consejo de Ministros se presente ante la Comisión y explique los avances de la mesa de diálogo en torno al Proyecto Río Blanco. El 03, 04 y 05 de octubre el Jefe de la Oficina Defensorial de Piura Dr. César Orrego Azula, se reunió con los alcaldes de San Ignacio señor Carlos Martínez, de Ayabaca señor Humberto Marchena Villegas y de Huancabamba señor Valentín Quevedo Peralta, así como el Fiscal de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas señor Edilberto Neyra entre otras autoridades para tratar el tema del conflicto minero. El 11 de octubre el premier Jorge Del Castillo anunció la instalación de una mesa de diálogo con los representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FPDSFNP) para el 29 de octubre en el departamento de Piura, con la finalidad de resolver la problemática generada por el Proyecto Río Blanco de la empresa minera Majaz, esto tras la reunión realizada entre Presidencia del Consejo de Ministros y el FPDSFNP, que incluyó a los alcaldes de las tres localidades piuranas involucradas y el alcalde de San Ignacio, Cajamarca, así como dirigentes, comuneros y asesores que integran el FPDSFNP, donde acordaron que en la mesa de diálogo se tocará como tema principal la viabilidad del estudio de impacto ambiental en la zonas de Pacaipampa, Ayabaca, El Carmen de la Frontera (Piura) y San Ignacio (Cajamarca). El 16 de octubre el Ministro de Energía y Minas y el Presidente del Consejo de Ministros explican el caso Majaz ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso. El 18 de octubre El contralor general de la República, Genaro Matute, informó hoy que los alcaldes piuranos que promovieron la consulta vecinal en torno a la minera Majaz pueden tener problemas si no demuestran que el financiamiento para la misma no estuvo presupuestado. El Contralor adelantó que ha solicitado la información respectiva al personal de la oficina regional que la Contraloría tiene en Piura para que soliciten información a los alcaldes que promovieron la consulta vecinal el pasado 16 de setiembre. El 29 de octubre se llevó a cabo, en el auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional de Piura, la reunión a fin de instalar la Mesa de Diálogo para tratar el conflicto minero del Proyecto Río Blanco. Participaron el Presidente del Consejo de Ministros Dr. Jorge del Castillo, Ministro de Energía y Minas Dr. Juan Valdivia, Congresista Marisol Espinoza, Congresista Miguel Guevara

Trelles, Alcalde de Huancabamba Sr. Valentín Quevedo Peralta, Alcalde de El Carmen de la Frontera Sr. Ismael Huayama, Alcalde de Ayabaca Sr. Humberto Marchena, Alcalde de Pacaipampa Sr. Juan García Carhuapoma, Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta Sr. Senecio Jiménez, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas Sr. Edilberto Meléndrez, Presidente del Frente de Defensa de los intereses de la Frontera Norte Sr. Carlos Martínez, Alcaldes distritales de Canchaque, La Brea, Catacaos, Castilla, y Provinciales como de Talara, Jefe de la Oficina de Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Dr. Rolando Luque Mogrovejo y Representante de la Oficina Defensorial de Piura comisionada Jesabel Arica Quezada. Entre los principales acuerdos fueron: 1. Instalación de la Mesa de Diálogo para tratar el conflicto minero Majaz. 2. Determinación de los puntos de agenda a tratar la próxima reunión. Entre los principales puntos a tratar serían: Designación de un “mediador” (entre las entidades propuestas figuran la Defensoría del pueblo, la Diócesis de Chulucanas y la OIT). Determinación de la legalidad e ilegalidad de la presencia de la empresa minera Majaz (sobre este punto el Ministro de Energía y Minas señaló que se trata de posiciones y como tales serán discutidas). Determinación de la entidad responsable de realizar las convocatorias (el Frente solicitó que dichas convocatorias se hicieran en coordinación con ellos; no obstante ello, el Primer Ministro señaló que por el momento ellos mantienen la convocatoria hasta que sea designado el mediador de la mesa de diálogo). Determinación de los actores a participar en la Mesa de diálogo. Permanencia de la empresa minera Majaz en las zonas de Ayabaca y Huancabamba. Problemática social que afrontan actualmente las zonas de Ayabaca, Huancabamba y Pacaipampa. Invitación realizada por el Ministerio de Energía y Minas a los comuneros para que acompañen al OSINERMIN en la fiscalización que se iniciará sobre el cierre de mina que viene desarrollando la empresa minera Majaz. El 30 de octubre el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aseguró hoy que la minera Majaz no realizará operaciones en tanto no haya un acuerdo con las comunidades. “No habrá operaciones mientras no tengamos suscrito un acuerdo con las comunidades y el Estado, previo estudio del impacto ambiental y determinaciones que hay que tomar siempre resguardando el medio ambiente”. El juzgado penal de la provincia de Ayabaca abrió instrucción contra funcionarios de la empresa minera Majaz por delitos de usurpación de tierras en agravio de la comunidad campesina de Yanta, fraude procesal en perjuicio de la administración pública y delito contra la ecología. El 06 de diciembre, previo a la nueva reunión de la mesa de diálogo programado para el caso, el Dr. Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales, en declaraciones descarta que la DP fuera facilitador de la mesa. Ese mismo día, se lleva a cabo la reunión de la Mesa de Diálogo por el conflicto minero del Proyecto Río Blanco en el Hotel Samanga de la Provincia de Ayabaca, donde también participaron el Presidente del Consejo de Ministros, Congresista Marisol Espinoza, Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Alcaldes de Ayabaca, Huancabamba, Pacaipampa, Carmen de la Frontera, San Ignacio (Cajamarca), entre otros. Sin embargo, la mesa de diálogo fue suspendida ante discrepancias por los intentos de colocar otros temas en la agenda, no existe nueva fecha. El 17 de diciembre se realiza una marcha en la ciudad de Piura convocada por el Frente de Defensa del valle de San Lorenzo y Tambogrande, el Frente de Defensa de los Intereses de Piura y la Federación provincial de comunidades campesinas de Ayabaca. Esta marcha fue el término de una marcha de sacrificio realizada desde Ayabaca por ronderos y campesinos. Sin embargo, la marcha contra la minera Majaz en la ciudad de Piura terminó en un enfrentamiento entre policías y campesinos de Ayabaca, Huancabamba, Tambogrande, Las Lomas, entre otras zonas que se oponen al proyecto de cobre Río Blanco. El incidente ocurrió en los exteriores del local del Gobierno Regional de Piura, hasta donde llegaron los manifestantes para dejar un memorial al presidente regional César Trelles. El presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, aclaró que quienes protagonizaron los hechos violentos no fueron campesinos. La policía intervino a Marco Herrera Díaz, quien declaró ser militante del Partido

Nacionalista Peruano de Ollanta Humala. Además, Carrión señaló que en el 2008 se tiene previsto realizar diversas marchas en Lima y Piura. El 20 de diciembre se registra un atentado (lanzamiento de una bomba molotov) en la oficina de Relaciones Comunitarias de la Empresa Minera Majaz, ubicada en la localidad de El Carmen, Distrito de Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, ocasionando el incendio de una camioneta. Ante el hecho, la Gerencia de la Minera Majaz publica un comunicado en todos los diarios regionales rechazando todo acto de violencia y ratificando su respeto por las comunidades campesinas de la zona. El 21 de diciembre, se realiza la marcha del Frente de Unidad de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, exigiendo cese a la violencia. En comunicación telefónica, la gobernadora de Huancabamba, señora Armandina Arrieta, manifestó que la marcha se realizó sin reporte de ningún hecho de violencia, que la policía y sus tenientes gobernadores siguieron de cerca la manifestación a la que participaron unas 300 personas que concluyó en un mitin y, por otro lado, que además se dispuso el despliegue policial para Carmen de la Frontera. El 2 de enero de 2008 denuncian ataques por parte de presuntos trabajadores de Majaz contra el dirigente de la comunidad de Segunda y Cajas, Victorino Campos, provocándole un corte en la cabeza y contusiones. El herido fue trasladado al hospital de Huancabamba. El 22 de enero se denuncia el secuestro a un trabajador de Río Blanco por miembros de la Ronda Campesina del sector Ramos de la Comunidad de Yanta, según información proporcionada por la empresa minera. Segundo Santos Morales (31), natural del sector de Ania de la comunidad Campesina de Yanta, promotor de la empresa minera habría sido secuestrado la noche del 20 de enero y liberado el lunes 21. Según la pericias médico legales que le hicieron en el centro de salud de Ayabaca, la víctima acusó golpes diversos en el cuerpo, lesiones escoreativas y contusas; además de signos de estrangulamiento y síndrome depresivo leve. Acusados de una serie de delitos por los hechos sucedidos el 29 de mayo 2007, 12 ronderos fueron sentenciados el 24 de enero por el Juzgado Mixto de Huancabamba. El fallo terminó absolviendo a los acusados, a excepción del ex presidente de la Central de Rondas Campesinas de Huancabamba, Arsenio Guevara Ojeda, sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución. La empresa minera Majaz S.A. cambió de denominación a Río Blanco Copper S.A. De acuerdo al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, el proyecto minero Majaz se tiene que desarrollar pese a que la mesa se ha suspendido por la posición "intransigente" de algunos alcaldes de la zona, afirmó en una reunión con la prensa extranjera. Por otro lado, el 19 de febrero de instaló un grupo de trabajo en el Congreso de la República encargada de evaluar el cumplimiento de los contratos de estabilidad minero-energéticos firmados por el Estado Peruano con varias empresas del sector privado, entre las que se encuentra Majaz. Se encuentra en investigación en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, la denuncia por terrorismo efectuada por el Frente Único de las Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, contra 35 personas entre las cuales se hallan autoridades de dichas, representantes de ONG’s, funcionarios de instituciones públicas y comuneros de la zona. Se ha citado en cuatro oportunidades a los denunciantes para que se ratifiquen en su denuncia. Mediante notificaciones números 172, 173, 174 y 175, de fechas 6 y 7 de mayo de 2008, se les citó, “por tercera vez”, a los denunciantes Higinio Rivera Labán, Juan Nicolás Cruz Pusma, Rosa Sandoval Barco y Nexar Labán Majuán, para que rindan su manifestación los días 14 y 15 de mayo del presente, toda vez que no han concurrido ante las anteriores citaciones, a dichos efectos. Los días 14, 15 y 16 de mayo los comuneros de Huancabamba realizaron un paro y manifestación pública protestando por el alza de los precios de los fertilizantes, contra la minería y el apoyo abierto a ésta por gobierno central de turno. A las 8 horas de la mañana del 14 de mayo, se reunieron en la plaza de armas en el atrio de la Catedral cerca de 3,000 comuneros de la provincia de Huancabamba, según nos ha manifestado el Gobernador de dicha ciudad, Flavio Campos Jibaja, alegando que ha coincidido en la apreciación de dicha cifra con la policía de la localidad; informa también que la manifestación se ha desarrollado pacíficamente, pues no ha habido daños personales y materiales. El 19 de mayo, la congresista Marisol Espinoza, señaló que Río Blanco Copper S.A intentó, mediante presuntas maniobras fraudulentas, apropiarse de terrenos pertenecientes a las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas de los distritos de Ayabaca, Huancabamba,

por lo que adelantó que evalúa la posibilidad de denunciarles penalmente. Calificándolo como una grave violación al derecho de propiedad. La Cuarta Sala penal de Lima declaró nula y sin efecto la denuncia por usurpación de tierras presentada por la comunidad campesina de Yanta en contra de la empresa minera Majaz (Rio Blanco Cooper). Esto a causa de un habeas corpus interpuesta a favor de Andrew Peter Jhon Bristow, alto funcionario de la minera Río Blanco Cooper. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, del Congreso de la República, aprobó el 17 de junio por unanimidad el informe sobre la ilegalidad de operaciones de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y recomendó retomar el diálogo para superar el conflicto suscitado en la zona, con participación de Defensoría del Pueblo. El informe consta de 5 conclusiones: la primera haciendo referencia al informe Nº 001-2006/ASPMA-MA de Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo de Ambiente y Ecología concluyó que la empresa minera Majaz (ahora Río Blanco Copper S.A) no cumplió con los requisitos exigidos en la Ley Nº 26505, Ley de Promoción de la Inversión Privada, y la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, sobre la autorización de los propietarios del terreno superficial, en este caso las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba respectivamente. En otra de las conclusiones, señala que "las concesiones otorgadas a otras empresas mineras en torno al proyecto Río Blanco consolida la idea en los pobladores organizados en el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte que se empieza a constituir un "Distrito Minero" en sus territorios, variable que contribuye al incremento del conflicto social y el rechazo a la actividad minera por el peligro de contaminación del medio ambiente". Por otro lado, el informe concluye que la empresa minera, en su fase exploratoria, ha incumplido con las normas de Seguridad e Higiene Minera y de Conservación y Protección del Ambiente, como lo señala la Resolución de Gerencia General Nº 444-2008-1-OS/gfm del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. También señala en una de sus conclusiones, que existe una controversia jurídica sobre la presencia de la empresa Minera Rió Blanco Copper S.A en los territorios de las Comunidades Campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, entre la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas. También se concluyó que la consulta popular realizada el 16 de setiembre del 2007, constituye un instrumento que expresa la voluntad del pueblo de elegir su estilo de desarrollo, la misma que debe ser tomada en cuenta durante el proceso de diálogo. En el informe en mención, se recomienda: al Ministerio de Energía y Minas, revisar la legalidad de las actividades y aplicar las sanciones administrativas, así como el inicio de las acciones judiciales que correspondan de acuerdo a la normatividad que establece el Estado Peruano, teniendo en cuenta que Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de los Registros PúblicosSUNARP han observado que no existe el permiso expreso de las comunidades para la fase de exploración del proyecto minero Río Blanco; que el Ministerio de Energía y Minas defina una fecha concreta para la finalización de los trabajos de cierre de operaciones en la fase de exploración que el Proyecto minero Río Blanco viene ejecutando hasta la fecha; convocar al Ministro de Energía y Minas para que informe por qué no intervino de oficio en la sanción de la empresa minera, cuando en el procedimiento de ampliación de Evaluación Ambiental para la etapa de exploración que inició ante la Dirección de Asuntos Ambientales y Mineros del MINEM, y del que luego se desistió, ya se habían detectado varias de las infracciones por las que OSINERGMIN finalmente ha sancionado a la empresa minera; solicitar a la Defensoría del Pueblo que propicie el reinicio de la mesa de diálogo entre las comunidades y sus organizaciones, el estado peruano y la empresa minera Rió Blanco Copper S.A, que tenga como objetivo inicial el identificar un facilitador de consenso y una agenda conjunta. Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció el 06 de junio las torturas en contra de campesinos de Ayabaca y Huancabamba acontecidas en agosto del 2005 por parte de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), así como contra miembros del personal de seguridad de la empresa Río Blanco Cooper, ex Majaz. El 09 de junio, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron ante la quinta Fiscalía Provincial de Piura a los miembros de seguridad de la minera Majaz. Estos empleados de la mina son acusados de homicidio, delitos contra la libertad sexual y secuestro agravado durante la violenta represión contra campesinos de Huancabamba en 2005. La denuncia incluye cargos contra el fiscal Félix Toledo por omisión de denuncia.

Aparte de la denuncia por terrorismo contra 35 personas que se viene tramitando en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, la que en la última semana ha tomado las primeras declaraciones de los denunciados, esta misma Fiscalía también está tramitando una denuncia interpuesta por FEDEPAZ contra la PNP y el personal de seguridad de la ex Majaz que intervino en el operativo de represión de los comuneros manifestantes que marcharon al campamento de la empresa minera en julio y agosto de 2005, por delito de Tortura, así como omisión a los deberes de función contra el Fiscal que en dichos hechos no dejó constancia ni denunció tales torturas. La Quinta Fiscalía Penal Provincial de Piura ha recibido la declaración de la mayoría de los denunciados por terrorismo, Exp. Nº 115-2008, mientras que en el Exp. Nº 214-2008, por delito de lesa humanidad, seguido contra la policía y el personal de seguridad de la empresa minera, ya se ha iniciado la toma de declaraciones de los agraviados. Los pobladores del distrito de El Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba rechazarán el pedido formulado por la minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz) para integrar una comisión técnica de zonificación ecológica y económica de dicha jurisdicción, de acuerdo a información periodística publicada el 21/08/08. Así lo anunció Ismael Huayama Neyra, alcalde de la referida localidad, quien consideró que la compañía en mención sólo pretende resguardar sus intereses comerciales. El burgomaestre señaló que la empresa no puede integrar dicho grupo de trabajo dado que opera de manera irregular, toda vez que el OSINERGMIN dio por concluido el período de exploración en la zona. La Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca presentó un recurso de Habeas Corpus ante la Fiscalía Provincial Penal de Piura solicitando se archive la denuncia por terrorismo planteada contra 35 dirigentes de comunales, autoridades municipales y activistas medioambientales por que la denuncia carecería de fundamentos. Además, se indica la extraña actuación del fiscal Juan Ortiz Arévalo quien dispuso la ampliación de las investigaciones, sin que se cuente con las pruebas necesarias que justifiquen esa decisión, vulnerándose los principios básicos del derecho penal, según informó una nota de prensa de CONACAMI del 12 de setiembre. El abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, reveló que los integrantes de la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas” admitieron en sus declaraciones ante la justicia que fueron financiados por la minera Río Blanco Cooper S. A (ex Majaz). Asociación que denunció penalmente el 26 de marzo, por el delito de terrorismo, a 35 ambientalistas, autoridades y dirigentes campesinos. La secretaria de Economía de la asociación, Rosa Sandoval, confirmó esta versión, pues dijo ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura que su organización es financiada por “el proyecto minero Río Blanco, el PRONAA, el Gobierno Regional de Piura y algunos congresistas como Luisa María Cuculiza”. El 16 de setiembre en los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Huancabamba, se realizaron marchas y eventos, tales como foros y conferencias al conmemorarse 1 año de la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco. Por otro lado, Monterrico Metals subsidiaria indirecta de la empresa china Zijin Mining Group (con 80% del consortium), ha propuesto evaluar este mes en junta general de accionistas, la emisión de certificados convertibles en acciones en dos tandas a favor de Agropecuaria Las Huaringas (ALH) perteneciente al Grupo Romero, lo que representaría hasta el 20% del accionariado de su subsidiaria Río Blanco Copper. La empresa Minera Río Blanco Copper S.A. presentó el 16 de setiembre 2008 ante la Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba – Piura, un ejemplar del Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd) elaborado por la propia compañía, con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del Programa de exploraciones 2008 – 2010 del Proyecto "Río Blanco". La Fundación Ecuménica de Desarrollo por la Paz (Fedepaz), denunció que la compañía minera Río Blanco Cooper S.A. consiguió, gracias a argucias técnicas y legales, según Javier Jancke, que el proceso penal en su contra, iniciado por las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas (Piura) por usurpación de tierras, volviera a foja cero. Después que el 8 de noviembre del 2007, el fiscal Manuel Sosaya Sosaya denunció a los directivos de Río Blanco: Alejandro Auguren, Raymond Jhon, Andrew Bristol, José Arrieta y José Jiménez, por los delitos de usurpación agravada contra la comunidad de Yanta y fraude procesal en agravio de la administración pública así como atentado y delito ecológico en agravio del Estado, el 18 de abril del 2008 la minera presentó un hábeas corpus contra Sosaya que fue rechazado por el Juzgado Penal de Ayabaca. Río Blanco acudiendo a salas de la Corte Superior de Lima e incluso al Tribunal Constitucional y con resolución del 18 de julio de

la Cuarta Sala Penal de Lima declaró infundado el fallo del juzgado y aceptó el hábeas corpus de la minera. Tras la cual, la sala pidió la nulidad de todo el proceso penal y que el caso sea investigado por otro fiscal, pues Sosaya fue promovido al puesto de fiscal superior. El fiscal sucesor, Marcelo Yauli López, afirmó que la sala limeña argumentó que el proceso tenía irregularidades. "Los directivos de la minera no asistían a las citaciones de la Fiscalía, pues sólo tratan con salas de Lima. Ahora, el caso está en el juzgado para ser calificado nuevamente", reveló. El 28 de setiembre 2008 un diario de Piura informó que en un operativo de la Policía y la Fiscalía de Huancabamba se había desactivado el día viernes 26 una red de espías promovida por la Empresas Minera Río Blanco Cooper, que estaría investigado a los comuneros que estén contra la mina. Días posteriores emitió informes de descargos de los supuestos implicados en dichos eventos. Con fecha17 de octubre el Fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura emitió la Resolución Nº 171-2008-MP-5TAFPP-PIURA resuelve: Primero, No Ha Lugar a formalizar denuncia penal contra los 35 denunciados por los delitos de Terrorismo y Tortura en agravio de los miembros de la Asociación denunciante, del Estado, de la Sociedad Peruana, de Toribio Labán Palacios y Otros. Segundo, en cuanto a los demás delitos de Disturbio, Apología, Asociación Ilícita para Delinquir, Motín, Conspiración, Lesiones, Coacción, Secuestro, Usurpación y Daños, dispone se deriven los actuados a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba, una vez consentida esta Resolución. Tercero, desestimar el pedido de ampliación del abogado representante de los denunciantes; y, Cuarto, disponer las notificaciones correspondientes. Por otro lado, el 23 de octubre el Frente de Defensa de los intereses de la Frontera Norte envio carta al premier Yehude Simon solicitando el reinicio del diálogo sobre el proyecto minero Río Blanco (Majaz), solicitando apoyo adicional a los congresistas Werner Cabrera y Marisol Esponoza. Ante la nueva conformación de la Presidencia del Consejo de Ministros, el consejero regional, representante de la provincia de Huancabamba, Marco Carrasco Castillo, reiteró su pedido ante el Consejo Regional para que el presidente regional, gestione ante el Premier Yehude Simon Munaro, el regreso al diálogo con las comunidades campesinas involucradas en la jurisdicción del proyecto minero Río Blanco. El 14 de noviembre 2008 un grupo de ronderos campesinos de Huancabamba ataca a una delegación de funcionarios de la empresa Majaz, la misma que pasó la noche en la Comisaría del distrito de Sapalache, pues luego de haber puesto la denuncia en la misma, no podía retirarse de allí por estar rodeada de los citados comuneros. Recién pudieron trasladarse a Huancabamba el día 15 de noviembre con apoyo de efectivos policiales de Huancabamba y Piura. Como resultado del ataque se identificaron algunas personas heridas por impactos de piedras y otros objetos contundentes, así como daños materiales en los vehículos que los trasportaba. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dio a conocer que la empresa minera Río Blanco Copper S.A. presentó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para actividades de exploración Minera - Categoría II, del Proyecto "Río Blanco - Programa de Exploraciones 2008-2010", el cual incluye como zona de influencia e impacto sólo al distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Ante ello, los alcaldes Humberto Marchena de la provincia Ayabaca y Carlos Martínez de la provincia de San Ignacio han exigido de manera formal -mediante carta dirigida al Director General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM- que se incluya a sus respectivas localidades como zonas de influencia directa del proyecto minero Río Blanco y que se les remita a sus municipios el citado EIAsd antes de ingresarlo al proceso administrativo de evaluación, tal como lo establece el nuevo reglamento de exploraciones mineras, a fin de informarse sobre sus impactos y tener derecho a accionar como corresponda. Por otro lado, las autoridades piuranas involucradas en el proyecto minero Majaz solicitaron al gobierno reiniciar el diálogo en torno a la operación, trunco desde hace un año. El alcalde de Paicapampa e integrante del Frente de Defensa de la Frontera Norte, Juan García Carhuapoma, solicitó al primer ministro Yehude Simon incluir en la agenda de negociación los resultados de la consulta popular celebrada en setiembre del año pasado. En ese sentido, la congresista Marisol Espinoza pidió al premier retomar el diálogo con los comuneros de la sierra de Piura que serán afectados por las operaciones de la Minera Río Blanco Copper. Señaló que tras haber enviado un pedido por escrito al premier no se ha recibido respuesta. El viceministro de Minas del MINEM, Felipe Isasi, señaló, en relación al Estudio para Actividades de exploración Minera - Categoría II del Proyecto "Río Blanco- Programa de Exploraciones 2008-2010",

que el EIA Semidetallado del Proyecto Minero debe ser presentado oficialmente al Ministerio de Energía y Minas y cuando se evalúen los procesos regulares de participación ciudadana, se podrá decidir si el proyecto es viable o no para la población de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba (Piura). Sobre el texto, presentado a inicios de noviembre pasado por la empresa Río Blanco Copper (ex Majaz), el alcalde de Carmen de la Frontera manifestó que han formulado observaciones puntuales, entre ellas, destaca que el EIA reconoce como zona de influencia del proyecto Río Blanco únicamente a la provincia piurana de Huancabamba, desconociendo a la provincia de Ayabaca y a la de San Ignacio (Cajamarca). Por otro lado, el 27 de diciembre de 2008 el Gobierno Central publicó en El Peruano el Decreto Supremo 024-2008-DE, mediante el cual declaran de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras y se autoriza a una empresa privada minera (Zin Jin) a adquirir derechos dentro de los 50 km. de la zona de la frontera norte del Perú, en Huancabamba y Ayabaca. Tras la publicación del DS, el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte prepara ofensiva legal contra ingreso de minera Zijin, según medios de prensa local. Posteriormente, la congresista Marisol Espinoza y el alcalde de Pacaipampa se manifestaron contra la reciente norma, por considerarla atentatoriay por considerarla realizada a espaldas de la población involucrada. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a conferencia de prensa el día 6 de enero de 2009 para presentar a la opinión pública muestras fotográficas de las torturas de las que fueron víctimas los comuneros de Huancabamba y Ayabaca en la marcha realizada entre el 28 de julio y 1 de agosto de 2005. Poniendo sobre la palestra nacional la denuncia por dichas torturas que se investiga en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura. Julio Vásquez Calle, ha denunciado amenazas contra su vida por la vía telefónica, por haber hechos sus declaraciones en la investigación de los delitos por Tortura realziada en la Quinta Fiscalía de Piura. La autorización del Ejecutivo para que la compañía china Xiamen Zijin Tongguan pueda adquirir 35 derechos mineros en la región Piura atenta contra los derechos de las comunidades de la zona. Así opinó el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, quien recordó que la población de la sierra piurana se pronunció en contra de las actividades de Majaz en una consulta popular. El dirigente aseveró que las actividades mineras podrían afectar otras actividades rentables, como la agrícola. El 06/01/09 en medios de prensa, trabajadores de la empresa minera Río Blanco denunciaron ante la policía que supuestos ronderos incendiaron la madrugada del 05/01/09 sus oficinas en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba. Los dirigentes de las comunidades de la zona han deslindado responsabilidades sobre este hecho. El general Walter Rivera, director territorial de la policía en Piura, confirmó que recibió la denuncia del supuesto incendio. "Hemos enviado a agentes para que verifiquen si el hecho ocurrió. Si fue así, se investigará quiénes fueron los responsables", dijo Rivera. Según la denuncia, en el supuesto incendio se habrían destruido computadoras, material de oficina y archivos con documentos. Los trabajadores de Río Blanco afirmaron que los supuestos ronderos protestaban contra el Decreto Supremo 024, que permitió a los dueños de Río Blanco, la minera china Xiamen Zijin, ampliar su concesión minera en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, a lo largo de toda la frontera piurana con Ecuador. Por otro lado, el 06 de enero 2009, la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), rechazó la decisión del titular de la Tercera Fiscalía Superior Mixta de Piura, Luis Dorador Carrión, quien dispuso que la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, amplíe el plazo de investigación de la acusación por terrorismo contra 35 autoridades, dirigentes y defensores de derechos humanos de Piura y Cajamarca. Rosa Quedena, abogada del departamento jurídico de FEDEPAZ, aseguró que las diligencias ordenadas por el Fiscal Superior de Piura por un plazo de 45 días y que ahora estarán a cargo de la División contra el Terrorismo de la Policía Nacional (DIVCOTE-Piura), no tienen razón de ser, pues la investigación inicial realizada por la 5ta Fiscalía fue completa. De esta forma rechazó que la Policía Nacional tenga entre otras tareas, que recabar un informe detallado sobre los antecedentes policiales, penales y/o judiciales por delito de terrorismo de los 35 investigados, así como también, ampliar las declaraciones de los denunciantes, a efectos de obtener información de cómo obtuvieron los documentos que presentaron como supuestas pruebas de la comisión del supuesto delito. El 09/01/09, el Viceministro de Minas, Felipe Isasi, señaló que el D.S. 024 no autoriza a explorar ni a explotar ningún yacimiento minero, porque para explorar y explotar se requiere seguir un largo

proceso de participación ciudadana y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental que no han sido presentados todavía. Igualmente señala que lo único que Río Blanco ha presentado es un instrumento para exploración que aún no ha sido aprobado, que cuenta con 45 observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental. Además, el viceministro indicó que concesiones de este tipo no se otorgan por decreto, y si las comunidades no están de acuerdo con la misma, el concesionario, por más que tenga el título minero, no puede ingresar al terreno superficial. En medios de prensa, el 13/01/09, el primer ministro Yehude Simon sostuvo que pedirá información, y el inicio de un proceso, acerca de la investigación por secuestro y tortura de 29 campesinos dentro de la propiedad de la minera Majaz (hoy Río Blanco) en agosto de 2005, cuando los comuneros de esa zona marchaban pidiendo que se suspendan las actividades de la empresa en el distrito piurano de Carmen de la Frontera. Así mismo, la congresista Marisol Espinoza (PN) pidió que se investigue el caso de torturas a comuneros piuranos documentado fotográficamente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Además, consideró que a la luz de los hechos es necesaria una reforma para regular los procedimientos de la policía. Del mismo modo, el ministro del ambiente, Antonio Brack, señaló que responsables de excesos en campamento de minera Majaz deben ser sancionados de acuerdo a ley. Ante las evidencias de secuestro y torturas infligidas a comuneros de Piura en las instalaciones de minera Majaz, mostradas en fotografías publicadas por diferentes medios de prensa, el Ministerio de Justicia asumió la defensa legal de las víctimas, informó el 16/01/09 su titular Rosario Fernández. Con este objetivo, dijo, ya se encuentran en Huancabamba y Ayabaca, lugares de donde proceden las víctimas, tres abogados de su sector para hacerse cargo, en forma gratuita, de la asistencia legal de los comuneros y de todos los que consideren que se han vulnerado sus derechos humanos. Sin embargo, el actual jefe de la I Región Policial, Walter Rivera Alva, afirmó en medios de prensa (20/01/09) que no ha ordenado investigación alguna al respecto, porque los hechos no ocurrieron durante su ejercicio, con lo cual la responsabilidad no le compete. Sostiene que corresponde a Inspectoría de la PNP decidir si se han cometido delitos o faltas graves en estos casos, luego de lo cual sancionarán al efectivo o pedirán que los cargos pasen al juez, según lo crean conveniente. La congresista Marisol Espinoza, junto con los presidentes de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas y del Frente de desarrollo sostenible, han denunciado la desaparición de un rondero y de un adolescente, en el enfrentamiento entre comuneros y la policía en torno al campamento de la minera Majaz en agosto del 2005. El primero es Rosendo Zurita Mondragón, del sector Lagunas de San Pablo, señala el presidente de la referida Comunidad, Servando Aponte, quien agrega que el adolescente todavía no ha sido identificado. El Fiscal Decano, Aurelio Saavedra, en medios de prensa de Piura (21/01/09), ha revelado que nadie denunció al fiscal Félix Toledo Leiva por constatar las supuestas torturas que sufrió un grupo de ronderos que marchó al campamento de Majaz el 2005. El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, informó (21/01/09) que los 19 campesinos agredidos por policías en las instalaciones de la minera Majaz (Piura), en 2005, manifestaron su preocupación ya que han pasado siete meses desde que fuera presentada la denuncia (junio de 2008) ante la Fiscalía de Piura y todavía no hay resultados. Reyna señaló que dicha fiscalía debió formalizar ya la denuncia contra los presuntos responsables, entre los que figurarían un jefe de la Policía de la zona, tres agentes del orden y personal de seguridad de la minera. Por su parte, la legisladora Marisol Espinoza (PNP) reiteró su pedido para que el Congreso investigue este caso. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas no esperará más tiempo a que la empresa minera Río Blanco le presente el estudio de impacto ambiental detallado con las observaciones, hechas por este ministerio, ya resueltas. La Dirección General de Asuntos Ambientales, encargada de revisar este estudio, emitió una autodirectorial, la 0032-2009/MEMAAM, donde negó el pedido de prórroga por 70 días hábiles, solicitados por la empresa minera, pues el viernes 23 de enero se cumplió el plazo para que Río Blanco levante las observaciones de su documento. La Dirección General de Asuntos Ambientales resolvió desaprobar el EIA semidetallado, aunque también es posible que la minera presente un desistimiento del procedimiento administrativo para evitar la desaprobación. La Quinta Fiscalía Provincial de Piura aprobó ampliar por 30 días las investigaciones por el presunto secuestro agravado y torturas infligidas a 27 comuneros y un periodista en las instalaciones de la empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Copper), en julio de 2005. La fiscal a cargo Ericka Sernaqué

aseguró que la nueva ampliación se debe a que se necesitan realizar mayores diligencias y analizar las nuevas pruebas presentadas por los demandantes. La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía Minas dio a conocer que la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz) se desistió de la solicitud presentada para obtener la certificación ambiental en el procedimiento de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental semidetallado para la fase de exploración, al no haber podido levantar las 45 observaciones que le realizaron. Entre las observaciones estaba el cuestionamiento a la titularidad de la empresa sobre las concesiones Cirrosis I, II y V, así como la validez de los permisos de uso de terreno superficial. El periodista Julio Vásquez Calle, de Radio Cutivalú, en Piura, denunció (08/02/09) haber recibido amenazas de muerte por contribuir a revelar el secuestro y torturas de 29 comuneros a manos de la Policía y miembros de seguridad de la minera Majaz, en julio del 2005. Vásquez Calle, quien también fue secuestrado en aquella oportunidad, afirmó que durante la última semana las amenazas se dieron mediante llamadas telefónicas anónimas, las cuales lo conminaban a retractarse de sus declaraciones ante la justicia. Por otro lado, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público (ODCI), donde se investiga al ex fiscal Félix Toledo Leiva por la denuncia de supuestas torturas ocurridas en el campamento de la empresa minera Majaz, recibió (10/02/09) las fotografías con las cuales se intenta probar esos cargos y ha ampliado las diligencias hacia otros tres magistrados. Ellos son el titular de la Sexta Fiscalía Penal de Piura, José Luis Nizama Rugel; el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Aurelio Saavedra Cedano; y el ex fiscal superior decano Héctor Dionisio Lama Martínez. La ODCI también ha recibido las fotografías con las cuales la Coordinadora de Derechos Humanos sustenta su denuncia, las cuales serán visualizadas hoy en una sesión especial. Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas informó que la Comisión de DDHH de la OEA analizará, en una audiencia el 20 de marzo en Washington, la vulneración de derechos indígenas y criminalización de protestas, particularmente las denuncias de persecución judicial, tortura y muerte de pobladores de las comunidades piuranas de Yanta y Segunda y Cajas, que se oponen a la presencia de la minera Majaz en sus territorios comunales. El 02/03/09 se llevó a cabo una reunión entre el premier Yehude Simon y los representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), quienes solicitaron un encuentro para reiniciar el diálogo sobre el caso de la empresa minera Río Blanco Copper S.A., ex minera Majaz. En dicho encuentro participaron Lázaro Toro, alcalde provincial de Huancabamba; Ismael Huayama, alcalde distrital de El Carmen de la Frontera; regidores de la Municipalidad de Ayabaca, Servando Aponte, presidente de la comunidad campesina de Segunda y Cajas; Alfonso Huayama, presidente del comité central de rondas campesinas de Huancabamba; Wilson Ibáñez, representante del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba; Magdiel Carrión, presidente de la federación provincial de comunidades campesinas de Ayabaca; el vice presidente de la Comunidad Campesina de Yanta, entre otros. Tras la exposición del alcalde de San Ignacio y presidente del FDSFNP, Carlos Martínez, quien informó sobre la presencia ilegal de la compañía minera en territorio de las comunidades campesinas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió enviar una delegación, entre el 14 y 19 de marzo, a Piura (Ayabaca y Huancabamba) y Cajamarca (San Ignacio), para elaborar un informe sobre los impactos de la minería en la región. El premier indicó que una vez conocido al detalle el caso, evaluarán la posibilidad de formar una comisión de diálogo en la zona. Últimos acontecimientos. Mediante Resolución de Archivamiento Nº 105-2009-MP-5TA FPP-PIURA, del 09.03.09, el Fiscal de la Quinta Fiscalía Penal de Piura resuelve el archivo definitivo de la denuncia por terrorismo, mientras que mediante Denuncia 57-2009-MP-5TA FPP-PIURA, denuncia ante el Juzgado Mixto de Huancabamba a varios miembros de la PNP implicados en la investigación por delito tortura en el campamento Henry’s Hill en el año 2005. Mientras que, los diarios del 19.03.09 dan cuenta que las instalaciones de la empresa Río Blanco de Carmen de la Frontera han recibido el lunes 16.03.09 otro ataque, en dos de sus puestos, que fueron quemados, con los consecuentes daños económicos, denunciados ante la Comisaría correspondiente, pero sin víctimas personales. Los diarios del 25.03.09, por su parte, indican que el Gobierno Regional espera retomar la mesa de concertación minera en Huancabamba

Por otro lado, Carlos Martínez, Alcalde la provincia del San Ignacio y presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN) manifestó su intención de realizar una consulta vecina en su provincia con la finalidad expresar su posición ante la presencia ilegal de la minera Río Blanco Cooper S.A. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, de Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó el martes 24.03.09, el Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la conservación y protección de los Páramos o Jalca y los Bosques de Neblina en los territorios de las Regiones de Piura y Cajamarca. El dictamen señala que estos ecosistemas son los que han permitido que los principales ríos de la región, como el Chira y el Piura, puedan mantener sus caudales dentro de los niveles aceptables para el uso de la agricultura y el consumo de la población, durante las épocas de sequía. Además, que en el Páramo o Jalca y en los Bosques de Neblina existen varias especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre los que se encuentran, el tapir de altura o tapir pinchaque (Tapirus pinchaque) el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), así como el romerillo (Podocarpus) y otras especies de plantas que son únicas, y que sólo crecen en estas zonas. El proyecto de ley aprobado, también se sustenta en la Decisión 523 (D523) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) titulada “Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del Trópico Andino” que identifica al Páramo como un ecosistema prioritario que sobrepasa las fronteras y que puede ser sujeto de la cooperación entre regiones, a fin de establecer una estrategia para la conservación de su biodiversidad y uso sostenible basada en la equidad económica y el respeto de la herencia cultural, así como los derechos tradicionales de las comunidades indígenas. Por otro lado, tras el compromiso del Presidente del Consejo de Ministros, para que se realice reuniones en Ayabaca, Huancabamba y san Ignacio, se llevó a cabo la reunión en la provincia en Cajamarca, en tanto que, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en el departamento de Piura se programaran las reuniones correspondientes en el transcurso de abril.

PUNO 156. Departamento de Puno, Provincia de Melgar Caso. Paro provincial indefinido convocado en la provincia de Melgar contra el Gobierno Regional de Puno, a causa –principalmente- del incumplimiento de asfaltado de la carretera Santa Rosa Nuñoa – Macusani. Solicitan además la culminación del Hospital de Ayaviri, así como también el incremento del precio de la fibra de alpaca. Actores. Gobierno Regional de Puno, pobladores de la provincia de Melgar (Asociación de Barrios de Ayaviri), alcaldes distritales y provincial de Melgar, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobernadores de Puno y Ayaviri y Presidencia del Consejo de Ministros (Prevención de Conflictos Sociales). Hechos. Desde las cero horas del 23.03.2009 se inicia el paro indefinido en la provincia de Melgar con el bloqueo de diversas vías de comunicación, la más importante la vía Cusco - Juliaca. Los pobladores de los distrito de Orurillo, Antauta, Santa Rosa, Nuñoa, Cupi, Humachiri y Ayaviri han tomado las carreteras exigiendo la instalación de una comisión de alto nivel del Gobierno Central (PCM) con el fin que se asigne un presupuesto adicional, a parte de los 28 millones de nuevos soles del gobierno regional, para el asaltado de la carretera Santa Rosa – Nuñoa - Macusani. Hubieron bloqueos en Ayaviri en el sector Vilapata, en Orurillo a la altura del cementerio, en Santa Rosa en el Puente Parina, en el límite con la región de Cusco (Espinar) específicamente en Mataracocha, así como en el sector de Humachiri y Cupi en la carretera Cusco – Juliaca. Al día siguiente se frustra la posibilidad de generar un espacio de diálogo entre las partes, debido a la negativa del presidente regional de Puno a atender a la comitiva de alcaldes de la provincia de Melgar, ante lo cual deciden gestionar su pedido ante congresistas y autoridades del gobierno central en la ciudad de Lima. El bloqueo de carreteras continúa y cientos de personas quedan varadas en la carretera Juliaca – Cuzco, a la altura de Vilapata, salida de Ayaviri – Melgar. Los más afectados resultan siendo los turistas extranjeros. Se produce un accidente en el desvío al distrito de Antauta y Crucero, donde los manifestantes que apoyan la huelga indefinida colocaron

"volquetadas" de tierra en la pista, como parte de la medida de fuerza. Como consecuencia de esto 30 personas resultan heridas. El 25.03.2009 la comisión de autoridades de Ayaviri se reúne en Lima con Congresistas y funcionarios de la PCM, con la finalidad de conseguir su intermediación ante el Presidente del Gobierno Regional de Puno a fin que se consigan los recursos necesarios para el financiamiento de este proyecto vial. Estas autoridades llevan una plataforma de lucha que incluye puntos que inicialmente no habían sido considerados por la población. En Puno se lleva a cabo una reunión entre las partes en la sede del GORE, concluida la cual se hace público un comunicado suscrito por todas las partes. En este comunicado se señala que los recursos transferidos por MINSUR han sido destinados a otras obras de infraestructura vial en la región. Asimismo se deja constancia de la voluntad de diálogo que existe entre las partes y se exhorta a mantener la calma, aunque no se señala ni cómo ni cuándo se iniciará este proceso. Últimos acontecimientos.- El 26 de marzo arriba la comisión de alcaldes de Melgar provenientes de la ciudad de Lima en compañía de una representante de la PCM (Prevención de Conflictos Sociales). El presidente regional decide acudir la ciudad de Ayaviri con el fin de dialogar con los dirigentes de Melgar e informar la situación en la que se encuentra este proyecto vial. La comisión de diálogo decide acompañar la delegación del GORE y se reúnen previamente en la localidad de Pucará con el fin de tomar conocimiento de la propuesta de solución que plantea el Presidente Regional. Ese mismo día en horas de la noche se lleva a cabo la mesa se dialogo, participa el presidente regional los alcaldes de melgar y dirigentes ciudadanos, así como la representantes de la PCM de Prevención de Conflictos Sociales. Finalmente se toca solo el punto referido a la construcción de la carretera. El Presidente Regional de Puno suscribió un acta comprometiéndose a destinar S/. 10 millones en el presente año y S/. 10 millones en el año 2010 para la carretera requerida. Concluida esta reunión se decidió levantar la medida de fuerza (cierre de la carretera) y se convocó a una sesión para el 03 de abril, con el fin de abordar el resto de demandas de la provincia. 157. Departamento de Puno, Provincia de Yunguyo Caso. El paro de 48 horas convocado por la provincia de Yunguyo contra el Gobierno Regional de Puno, a causa de la suspensión de las obras del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Yunguyo Copani - EMP R3S – Zepita”. Actores. Gobierno Regional de Puno y pobladores de la provincia de Yunguyo, agrupados en el Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Yunguyo (FUDIY) Hechos. El 27.03.2009 los pobladores de la provincia de Yunguyo convocan a un paro de 48 horas para los días 30 y 31 de marzo. El primer día de paralización provincial se inicia desde las cero horas. Cientos de pobladores bloquean las vías que comunican Yunguyo con la ciudad de Puno y Bolivia. Al día siguiente aproximadamente mil pobladores de las comunidades campesinas de Copani se reúnen y realizan una marcha y un mitin en la plaza Dos de Mayo de Yunguyo. Asimismo, declaran que ese día viajarían hacia Puno para exigirle al titular regional algún compromiso de solución. Por su parte, Luciano Laurente, presidente del Frente Unido de Defensa de los Intereses de Yunguyo (FUDIY), indicó que a las 11 de la mañana de ese día se reunirán en la ciudad fronteriza para convenir si realizan una marcha de sacrificio a la ciudad de Puno o inician con una huelga indefinida. Últimos acontecimientos.- Anuncian una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Puno para el lunes 6 de abril exigiendo que los trabajos de dicha carretera continúen en ejecución. 158. Comunidad Campesina de Concepción Ingenio, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito Caso. Pobladores de diversos distritos de Chucuito se oponen a las operaciones que desarrollan la minera Santa Ana ante una posible contaminación y la posible pérdida de tierras comunales. Actores. Minera Santa Ana (Minera Bear Creek Mining Corporation), Alcaldes distritales de Huacullani, Quelluyo, Pizacoma y Mazocruz, Gobernador de Quelluyo, Comisario PNP, Teniente Alcalde y comuneros de la Comunidad Campesina de Concepción Ingenio, población de las Comunidades de Huacullani, Quelluyo y Pizacoma, dirigentes de la zona sur de la Región Puno. Antecedentes. La Minera Santa Ana de la Empresa Minera Bear Creek Mining Corporation, habría iniciado sus actividades de exploración desde hace 3 ò 4 años en el distrito de Huacullani,

anteriormente habría asentado su campamento en el Comunidad Campesina de Ancomarca, luego se trasladó mas cerca de la capital del distrito en la Comunidad Campesina de Concepción Ingenio, según refieren pobladores del lugar, que durante todo este tiempo no han tenido problemas, que se han realizado reuniones permanentes con los representantes de la minera, y que habían dado su consentimiento para la exploración, que todavía no se iban a iniciar actividades de explotación y que nuevamente iban a tomar sus acuerdos, que ya habrían terminado la etapa de exploración, no se han reportado problemas de contaminación ni muerte de animales. Que trabajaban alrededor de 100 personas y que eran pobladores del lugar. Hechos. En fecha 14 de octubre de 2008, en el distrito de Huacullani en un día de feria (venta de todo tipo de productos), un aproximado de 2000 personas, provenientes de los distritos de Quelluyo, Mazocruz, Pizacoma y Huacullani, con el argumento de rechazo a la contaminación minera, pobladores, dirigentes, tenientes gobernadores, Alcaldes distritales de Quelluyo y Pizacoma de la provincia de Chucuito de la zona sur de la Región Puno, durante 04 horas, tomaron las instalaciones del campamento Santa Ana de la Empresa Minera Bear Creek Mining Corporation, ubicada a 01 kilómetro del distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito, en donde luego de una reunión y movilización respectiva, los manifestantes mostraron su descontento y se dirigieron al promediar las 11 de la mañana hacia las instalaciones del campamento minero Santa Ana, donde realizaron un plantón en la jurisdicción de dicho centro minero, procediendo a saquear los bienes de esa empresa e incendiaron 07 habitaciones de triplay, por información de los comuneros se indica que los ingenieros y personal del campamento, fueron maltratados físicamente. Se tiene información que los Alcaldes distritales de Quelluyo y Pizacoma habrían proporcionado la movilidad y combustible para trasladar a los manifestantes hasta el distrito de Huacullani. También se ha indicado que habrían llegado pobladores de Mazocruz, Acora, Ilave, etc. Todo esto es materia de investigación. La Minera Beer Creek ha realizado labores de exploración desde aproximadamente 3 años. La concesión estaría en el territorio de las comunidades campesinas de Concepción Ingenio, Ancomarca y Challacollo. Por otro lado, diversas organizaciones de la provincia de Chucuito vienen impulsando una asamblea para la conformación de un comité de lucha contras operaciones mineras en el distrito de Huacullani, así como la posible exploración de petróleo en la zona aymara. El objetivo es poner freno a las operaciones que desarrolla la minera Santa Ana, la cual afirman contamina el medio ambiente. Así mismo, expresar el rechazo de los pobladores ante las supuestas negociaciones con la empresa Petroleo SAC para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 156, ubicado entre provincias de Puno, El Collao y Chucuito. Actualmente existe denuncia penal en la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Chucuito por los delitos de Robo Agravado, Daño Agravado Producción de Peligro Común con Medios Catastróficos, Disturbios en contra de Gabriel Luna Tapia, Salomón Luna Tapia, Luís Wilfredo Luna Tapia, Luís Luna Vilca, Eloy Quispe Machaca, Esteban Tapia Chambilla, Faustino Limatapa Musaja, Mauricio Chura Chura, Bailón Pérez Pérez, Uribe Pérez Pérez, Faustino Condori Vilcanqui, Clemente Toma Limatapa, Honorato Limatapa Mendoza, Eusebio Limatapa Mendoza, Carlos Mamani Vilcanqui, Edwin Llanos Berrios, Benito Musaja Vilcanqui, Santiago Ticahuanca Ticahuanca, Abrahan Cahuna Toma, Walter Anduviri Calisaya, Washington Chura Ayala, Daniel Quispe Machaca, Hugo Llanos Mamani, Amado Mamani, Rufino Pacha, Ubaldo Chipana, Oswaldo Condori, Justo Paye, Erasmo Cori y los que resulten responsables, Investigación signada con el Nº 277-2008. Los alcaldes de Quelluyo y Pizacoma están entre los investigados que suman alrededor de 42 personas. Actualmente existen amenazas en contra del personal PNP que labora en la Comisaría del distrito de Huacullani, motivo por el cual la investigación fue trasladada a la DIVINCRI de Ilave. Asimismo, el señor Fiscal Enrique TIto Condori Fiscal Adjunto de la Segunda Fiscalia Mixta de Chucuito, ha solicitado seguridad policial en vista de que ha tomado conocimiento que los dirigentes del Distritos de Kelluyo, Pizacoma, y Huacullani vienen planificando una reunión en la que acordarán la toma del local de Ministerio Publico de Desaguadero, en donde funciona la Fiscalía antes mencionada. Organizaciones populares aymaras de la provincia puneña de Chucuito anunciaron la conformación de un comité de lucha en defensa de los recursos naturales de la zona sur y en rechazo a las negociaciones petroleras para su exploración y explotación en el lote 156, ubicado entre las provincias de El Collao y Chucuito. Se informó que dentro de las medidas a adoptar se

encuentran la realización de protestas, bloqueo de carreteras e incluso una huelga indefinida. Las acciones de lucha serán en contra de la minera Santa Ana, en el distrito de Huacullani. El 04/02/09, el asesor legal Wilfredo Gómez Arias de la Empresa Bear Creek Mining Corporation, informó a la OD Puno que la Empresa minera viene realizando exploración desde el año 2004 y que el proyecto Santa Ana tenía como ámbito las Comunidades Campesinas de Concepción Ingenio, Challacollo, en donde se encuentra la Asociación Cóndor de Ancocahua, Ancomarca y el distrito de Huacullani. En mayo del 2009 se vence el plazo para el cierre del proyecto en el que tienen que efectuar la reforestación de los lugares en donde se instalaron las plantas de perforación, según el asesor legal de la Empresa Minera B.C.M.C., esta actividad no se puede realizar en vista de que actualmente existen amenazas de la población de Kelluyo para ingresar violentamente al distrito de Huacullani, señalando que la posición de la empresa es el de evitar mayores actos que conlleven al conflicto. El 11/02/09 el Comité de Lucha zona sur (Gabriel Luna Tapia, Salomón Luna Tapia y Rufino Machaca), indicaron que si los señores de la Empresa B.C.M.C. desean dialogar, deberán retirar la denuncia de la Fiscalía, frente a ello se les explicó que esa decisión no dependía de ellos y que en materia penal no hay esa figura jurídica y que el Fiscal es el que analizará y evaluará para formalizar o no la denuncia en mérito a la investigación preliminar que se viene llevando a cabo. Los representantes expresaron su preocupación por la denuncia y la imposibilidad de tránsito y disponibilidad de los vehículos identificados por la PNP que principalmente son de propietarios de Kelluyo, señalando que ellos no fueron quienes hicieron los desmanes y que posiblemente los mismos pobladores descontentos de Huacullani fueron quienes aprovecharon para atentar contra la empresa y que ahora son ellos los perjudicados con la denuncia. También han señalado que los acuerdos tomados por los pobladores de Kelluyo, Pizacoma y el centro poblado de Llorohoco para no realizar más la feria en Huacullani tienen que ver como castigo por haberlos denunciado. Indicaron que tienen la voluntad de dialogar, pero que sería bueno que el Gerente General de la empresa participe en esta mesa de diálogo y no los asesores, se les planteó que se hará llegar su petición y que con relación a la mediación podían dirigir los representantes de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas con la participación de representantes de OSINERGMIN, los Alcaldes de las Municipalidades de Huacullani, Kelluyo, Pizacoma, Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, entre otros, aceptaron la propuesta, quedando pendiente la fecha para iniciar las reuniones. El 22/02/09 se llevó cabo una reunión de las autoridades del Distrito de Huacullani (Alcalde, Tenientes Gobernadores y autoridades de las 18 Comunidades Campesinas), con los representantes de la Empresa Minera Bear Creek Minig Corporation, a fin de que tomen conocimiento de la actividad que realizan y las causas y consecuencias de los hechos ocurridos el 14/10/08, así como el de consultar a las 18 comunidades campesinas para realizar visitas con la finalidad de recavar autorización para iniciar actividades de cierre de exploración. Se llegaron a los acuerdos de que el Alcalde de Huacullani, se reunirá con el Alcalde de Kelluyo para que dialoguen sobre la problemática entre ambos distritos, asimismo, se acordó que la actividad de reforestación trabajaran 3 comuneros de cada comunidad. Se convocó a un taller participativo para modificar el Estudio de Impacto Ambiental, para el 04/03/09, con la finalidad de ampliar el plazo para la reforestación que se encuentra dentro del plan de cierre, el mismo que vence en el mes de mayo, esto con la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas. Últimos acontecimientos. Se convocó a un taller participativo para modificar el Estudio de Impacto Ambiental, para el 04.03.09, con la finalidad de ampliar el plazo para la reforestación que se encuentra dentro del plan de cierre, el mismo que vence en el mes de mayo, esto con la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas. 159. Provincia de Huancané Caso. Comuneros cuestionan la gestión del alcalde provincial de Huancané reclamando que no recorten el abastecimiento del programa del Vaso de leche, el cumplimiento de promesa de obras y la denuncia de presuntos malos manejos de los funcionarios municipales. Actores. Alex Gomez Pacoricona (Mov. Moral y desarrollo, 21.38%), Comuneros de 75 Comunidades Campesinas, Electro Puno S.A.

Hechos. En el mes de mayo cerca de dos mil personas se trasladaron desde sus comunidades hasta la plaza de armas de la ciudad chiriguana donde protestaron contra la actual gestión del alcalde provincial, Alex Gomez Pacoricona, a quien calificaron de incompetente. La protesta y marcha se centralizó en la plaza central de la ciudad, las beneficiarias del vaso de leche, los integrantes del sistema de electrificación rural de las 75 comunidades, los comerciantes y el comité de revocatoria, protestaron a viva voz por los incumplimientos de obras para el desarrollo de la provincia asi como por la dejadez del actual burgomaestre, quien en campaña electoral ofreció muchas promesas para los pobladores de la zona. En la misma marcha, los tenientes gobernadores presentaron un pliego de reclamos a la municipalidad, donde el requerimiento principal fue la destitución del Gerente Municipal, secretario general, contabilidad, abastecimientos, procurador municipal, ya que en la actualidad existiría un mal manejo e ineficiencia en estas áreas. Las madres que reciben raciones de leche por el programa de vaso de leche también exigieron al alcalde no disminuir las unidades de la leche, ya que compararon que el año 2007 ellas recibían cuatro tarros de los alimentos, sin embargo para este año se pretendería hacer la entrega de sólo dos tarros, afirmaron también que cuentan con indicios de que existirían irregularidades. Los pobladores de las 75 comunidades presentes de la ciudad de Huancané, exigieron la entrega inmediata de la red primaria y secundaria a la empresa concesionaria Electro Puno S.A., porque hasta el momento, indicaron, que existe retraso y descuido por la actual gestión municipal. El alcalde se comprometió a realizar los cambios respectivos en la municipalidad y en 15 días dar una solución a la red primaria y secundaria de las 75 comunidades. A cambio la población acordó dar una tregua, con el compromiso de que si no hace caso a los petitorios presentados, se realizara un paro en la provincia. El 16 de setiembre el Comité de Lucha Colegiada de la Provincia de Huancané presentó su plataforma:1) Solicitan la intervención inmediata de la CGR para que investigue la gestión municipal. 2) Declarar emergencia agraria, para que se amplíe y se beneficie el sector agropecuario. 3) Dotar de electrificación a las comunidades y parcialidades que no tienen este beneficio. 4) cambio del fiscal, porque no formaliza las denuncias, solo las archiva. 5) Incremento de notarios, porque los actuales no radican en la ciudad. El 17 de setiembre la población y comuneros de Huancané paralizaron 72 horas en protesta por una presunta mala gestión del alcalde provincial Alex Gómez la protesta fue convocada por un comité de lucha integrado por dirigentes de diversas organizaciones. El paro había sido convocado inicialmente por la asociación de tenientes gobernadores de 75 comunidades campesinas de la provincia de Huancané, quienes cuestionan al alcalde por no ejecutar obras de electrificación en sus comunidades. Además lo pobladores reclamaron la presencia de una Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo y de los cinco congresistas de esta región. El día 19 de setiembre la población se reunió en las instalaciones del Estadio de Huancané con los congresistas Lescano y Cenzano, en esta reunión se acordó canalizar las demandas, una de ellas fue pedir al alcalde que tome una licencia de 30 días, éste aceptó y se comprometió a tomar la licencia ante una delegación. En medio de una aparente calma por parte de los pobladores de la provincia, una comitiva de profesionales de la Contraloría General de la República inició el proceso de evaluación a la gestión del actual alcalde Alex Gómez, el mismo que tendrá una duración de 30 días calendarios. La comitiva de profesionales de la Contraloría, acompañado por el representante del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía. La Oficina Defensorial de Puno, acompañó a la CGR para que sus representantes puedan iniciar la acción de control. Pero el día 22, fecha en que la población esperaba que luego de permitir el ingreso a la CGR el alcalde solicitaría licencia de 30 días en sesión de consejo éste se negó a solicitarla. La población considera que el alcalde ha incumplido y tomarían nuevas medidas. El día 26 de setiembre el alcalde, Alex Gómez Pacoricona, anunció que no dejará su cargo, pese a que se comprometió con las diversas organizaciones populares y comunidades campesinas. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 160. Distrito de Juliaca, provincia de San Román Caso. Alcalde de Juliaca cuestionado por supuestas irregularidades, diferencias con sus regidores en la gestión municipal por incumplimiento en la entrega de información.

Actores. Alcalde provincial, David Maximiliano Mamani Paricahua; Regidores, Rodolfo Umiña Cruz, Omar Ticona Méndez, Bladimith Hinojosa Vilca. Marlene Ríos Parillo, Marcos Apaza Rodríguez, José Sucacahua Lipa, Nancy Arias Marroquín, Carlos Silva Huamantuma, Marcos Hilasaca Velásquez, Felix Cutipa Mancha Y Manuel Zevallos Aarón; Ciudadano que interpuso solicitud de suspensión, Felix Yana Cornejo; Ciudadano que interpuso solicitud de vacancia, Maximo Solaligue Jara (uno de los 6 ciudadanos promotores de la vacancia) Hechos. Los regidores pretenden vacar al alcalde, con apoyo de pobladores, por presunta inasistencia a sesiones de Concejo y Nepotismo.En el mes de setiembre 2007 se llevó a cabo una sesión del consejo municipal distrital y presuntamente los regidores de la oposición fueron secuestrados, coaccionados y atemorizados por un grupo de personas allegadas al Alcalde, quienes presionaron a los regidores a emitir un voto contra su voluntad. El 4 de octubre el Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román solicita ante la gobernación garantías para su vida debido a constantes amenazas. El 07 de noviembre el regidor José Sucacahua Lipa, informa que del dinero presupuestado para la adquisición del terreno de la ZEEDE Puno, 260 mil soles habría sido destinado en para la ejecución de la obra del “PASAJE SANTA ELISA”. El 08 de agosto se presenta una denuncia penal en contra del Alcalde David Mamani Paricahua por supuestas irregularidades en la repartición de insumos para el Vaso de Leche. El 20 de noviembre se realiza un paro de 24 horas convocado por las organizaciones populares donde mostraron su rechazo por la ubicación de la ZEEDEPUNO en las pampas de Moro, también alegaron que era una decisión unilateral de algunos integrantes del comité administrativo. El 21 de noviembre por descoordinación del alcalde y el regidor de obras, se pierde el presupuesto de 3 millones 500 mil soles destinado por el anterior gobierno para la refacción del Terminal Terrestre que no fue aprobada en sesión de consejo municipal. El 29 de noviembre se lleva a cabo la sesión de concejo extraordinario con la finalidad de vacar al Primer Regidor, Rodolfo Umiña, a solicitud del procurador ante el JNE. Sin embargo, los regidores alegaron su desconocimiento sobre las causales de la vacancia, teniendo como resultado la suspensión de la sesión promovida por el señor alcalde. El 03 de diciembre se realizó una sesión de concejo para acordar la vacancia del primer regidor Rodolfo Umiña, por acuerdo de los regidores ampliaron el plazo en 5 días para que haga el uso de su derecho de defensa. El Consejo Municipal de Juliaca tiene ocho regidores de oposición y tres en el oficialismo. El 08 de diciembre el presidente del comité de administración de la ZEEDEPUNO sostiene que ninguno de los terrenos propuestos por las municipalidades de Caracoto, Puno y Juliaca estarían legalizados y que solo eran ofrecimientos. El 11 de diciembre el ciudadano David Alarcón entregó un audio a los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Juliaca, audio que hacía notar que la esposa del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Juliaca estaría incurriendo en tráfico de influencias, ya que estaría recomendando la contratación de personal para que labore en el Municipio. El 12 de diciembre el alcalde desmiente y rechaza la denuncia en contra de su esposa Lourdes Velarde Yana por supuesto tráfico de influencias. También en el mes de diciembre el ciudadano Félix Yana Cornejo presentó petición de suspensión del alcalde por estar implicado en actos ilegales cometidos en la adquisición de los productos del programa Vaso de Leche. En la quincena de diciembre el alcalde se compromete a realizar y presentar el informe económico antes que termine el año 2007. El 27 de diciembre el Alcalde no cumple con efectuar su informe económico y anuncia que puede llevarse a cabo en los próximos días o a inicios del mes de enero 2008. El 10 de enero de 2008, el regidor Rodolfo Umiña Cruz, declaró a los medios de comunicación que a la sesión de Consejo prevista para el día viernes 11 de enero de 2008, con la agenda de suspensión del alcalde, Prof. David Mamani Paricahua podría suscitarse alteración al orden por gente ligada al alcalde y podría existir la posibilidad de un atentado al interior de la Municipalidad Provincial de San Román. El 10 de enero el procurador Municipal, Richard Charca presentó en el primer Juzgado Mixto de Juliaca, una acción de amparo. Ante estos hechos algunos regidores de la oposición acudieron ante el Juez Mixto Juan Luis Mendoza Guzmán, para que “recapacite en cuanto al tema de la acción de amparo “, según señaló el Diario Correo. El mismo día 10 de enero aparecieron pintas en contra del Regidor Umiña Cruz, con frases tales como “Umiña traidor lárgate de Juliaca” entre otros. El 11 de enero a las 7.00 p.m aproximadamente en las afueras de la Municipalidad Provincial de San Román, una multitud impidió que se lleve a cabo la sesión de consejo programada con el único punto de la agenda la suspensión del Alcalde David Mamani Paricahua. La multitud impidió que los regidores ingresen a la sesión, por lo que fue suspendida. Ante los hechos se apersonó el Fiscal Provincial Dr. Cavero en reemplazo del Fiscal de Prevención del Delito, a efectos de constatar el impedimento causado

por los manifestantes, pero su intervención se frustró, lo agredieron e inclusive le echaron pintura verde, por lo que tuvo que retirarse. El 16 de enero 2008 el Juez Mixto, Juan Luis Mendoza Guzmán, emite la Resolución Nº 01-2008 y resolvió admitir la demanda sobre proceso de amparo promovida por el alcalde en contra de los miembros del concejo municipal. Por otro lado el Procurador de la Municipalidad Provincial de San Román, Abog. Richard Charca Rodríguez señaló que debido a la admisión de la acción de amparo será el poder judicial quien dictamine sobre las acusaciones vertidas en contra de la autoridad edil. El 16 de enero de 2008 el Procurador Municipal Richard Charca Rodríguez presentó una acción de amparo que fue admitida a trámite por el Primer Juzgado Mixto de San Román. Mediante Exp. 2008-0033-21-1101-JX01-L, el Juez Juan Luis Mendoza Guzmán. El conflicto suscitado en Juliaca muestra las discrepancias entre los regidores y el alcalde por supuestas negativas a entrega de información sobre la ejecución de obras y presupuesto, hecho que según los regidores estarían afectando sus funciones de fiscalización. El modulo de Atención Defensorial de Juliaca, solicitó al regidor Carlos Silva Huamantuma mayor información y precisión sobre las solicitudes de información presentada ante la Municipalidad Provincial de San Román. Asimismo, la representante del módulo defensorial de Juliaca se entrevistó con el Gerente Municipal a fin de dar seguimiento a la atención que se viene dando a los pedidos presentados por el regidor, se tuvo como respuesta que se le habría proporcionado información en un 80%, la misma que fue confirmada con el regidor Carlos Silva. El 23 de mayo mediante sentencia Nro. 043-2008 el primer juzgado mixto de la provincia de San Román, juez Juan Luís Mendoza Guzmán, resolvió declarar infundado el proceso de amparo interpuesto por David Mamani Paricahua, en contra de integrantes del Consejo Municipal de la provincia de San Román Rodolfo Umiña Cruz, Omar Ticona Méndez, Bladimith Hinojosa Vilca. Marlene Ríos Parillo, Marcos Apaza Rodríguez, José Sucacahua Lipa, Nancy Arias Marroquín, Carlos Silva Huamantuma, Marcos Hilasaca Velásquez, Felix Cutipa Mancha Y Manuel Zevallos Aroni. El recurso de amparo fue presentado por el procurador municipal Richard Charca Rodríguez, recurso con el que se pretendía bloquear la sesión de regidores para tratar el tema de suspensión del alcalde. La Resolución de Sentencia Nro. 043-2008, expedida el 23 de mayo y notificada el 29 de mayo dispone el archivamiento del recurso de amparo presentado por el procurador municipal Richard Charca Rodríguez. El 18 de julio de 2008, el ciudadano Máximo Sola ligué Jara solicitó la vacancia del alcalde provincial de San Román, David Mamani Paricahua, argumentando que la autoridad edil no asistió en 16 ocasiones a las sesiones de concejo, nepotismo y restricción a contratos, son las principales causales de vacancia. El señor Sola ligué viene impulsando la vacancia desde su programa televisivo en el Canal 47, canal local de Juliaca de nombre Santa Fe. El 5 de agosto, la Municipalidad Provincial de San Román, habría sido notificada con el oficio 01908-2008-SG/JNE, por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante el cual se insta al Alcalde a convocar en un plazo no mayor a los 30 días a una sesión de Concejo para discutir su vacancia. El 13 de agosto, los dirigentes de la Federación Única de Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Juliaca (FUBUPJ) se apostaron en las inmediaciones de la municipalidad de San Román, con la intención de reclamar la audiencia que habían pactado con el alcalde de Juliaca, David Mamani Paricahua; intentaron tomar el municipio y acusaron al alcalde de no atender a sus demandas. El día 26 de agosto el alcalde de Juliaca aseguró que el tema de su vacancia será tratado en sesión de concejo antes de la fecha límite, de acuerdo a lo estipulado por el JNE. El 17 de setiembre se había vencido el plazo de 30 días para convocar a sesión extraordinaria de Concejo Municipal para tratar el tema de vacancia interpuesta en su contra, pero éste no cumplió, se generaron múltiples opiniones vertidas por los opositores del alcalde y principalmente por los promotores del pedido de vacancia. Estos últimos manifestaron que tras haber sostenido una reunión, acordaron acogerse al silencio administrativo negativo por considerar denegado su petitorio toda vez que se cumplió el plazo establecido por ley; además acordaron interponer un recurso de apelación ante el pleno del Concejo Municipal para que el caso sea elevado al Jurado Nacional de Elecciones. Esto informó al Diario Los Andes Máximo Alí Solaligue, uno de los promotores del pedido de vacancia. Por su parte la Secretaria General de la Municipalidad Provincial de San Román, Katia Gutiérrez Del Arroyo, informó que con fecha 15 de septiembre retornó el oficio 019-08-2008-SG/JNE al JNE para que dicha entidad proceda con su revisión ya que habrían sido detectados 4 errores de forma. Detalló que uno de los errores era que el señor Ali Solaligue habría presentado el pedido con un DNI caducado, otro error seria la existencia de un ciudadano puneño, otro dirigente que no acreditó su representación y finalmente que los

promotores de este pedido no habrían pagado el monto establecido en el TUPA. El 23 de setiembre el alcalde, David Mamani, fue denunciado junto a otro funcionario edil por el supuesto delito de peculado. Según lo interpuesto por el ciudadano Félix Yana, las autoridades municipales habrían retenido indebidamente cerca de 3 mil 200 soles de lo que fuera desembolsado por la Municipalidad de San Román para gastos administrativos. Por su parte, Mamani intentó minimizar las denuncias al sostener que estas "son infundadas". En el mes de noviembre, el promotor de la vacancia, Máximo Solaligue Jara, sustentó el pedido de vacancia en audiencia ante el JNE, pedido presentado en contra del Alcalde Provincial de San Román. Con fecha 10 de noviembre el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el pedido de subsanación de observaciones y resolvió que el Concejo Provincial emita pronunciamiento respecto de la solicitud de vacancia mediante Auto N° 01 del expediente N° J2008-00503, el JNE desestima el pedido de la secretaria de la Municipalidad Provincial, Katia Gutiérrez, para que subsane ciertas observaciones acerca de las personas que solicitaron la vacancia del burgomaestre. Y que el Concejo emita su pronunciamiento sobre ese pedido de vacancia por las causales previstas en los incisos 7, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972, bajo apercibimiento de autorizar al Procurador Público del JNE iniciar las acciones legales pertinentes por el delito de incumplimiento de deberes funcionales. Dichos incisos están referidos a los casos de inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses, nepotismo y al incumplimiento de las restricciones de contratación establecidas en el artículo 63 de la misma ley. El JNE recibió la solicitud de vacancia del alcalde y la trasladó al Concejo Municipal de San Román conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 27972, dado que se constituye en la primera instancia para conocer los asuntos de vacancia. En el mes de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció respecto al pedido de subsanación de observaciones formulado por la Secretaria General de la Municipalidad Provincial de San Román, mediante auto No. 1 en el Expediente J-2008-503, en el sentido de declarar improcedente el pedido y disponiendo que el Concejo Provincial de San Román proceda a emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de vacancia del cargo de Alcalde en el más breve plazo. Dos tercios de los Regidores solicitaron al Alcalde que convoque a una sesión extraordinaria, pasado los 5 días no se llevó a cabo la convocatoria, por eso el regidor Omar Ticona convocó a sesión extraordinaria y se realizó el 18 de diciembre, con la presencia del alcalde 8 regidores aprobaron la vacancia. Por su parte el Alcalde desconoció dicha sesión extraordinaria, señalando que el expediente original remitido por el JNE recién llegó por conducto regular de manera oficial el día 10 de noviembre por lo que señala que los regidores llevaron adelante una sesión con una copia de expediente. Los asesores del Alcalde tienen 30 días desde que ingreso el expediente original para convocar a sesión extraordinaria de Concejo y que quien lo hizo usurpó sus funciones. Por su parte, el día 19 de diciembre, la responsable del Módulo de Atención de Juliaca solicitó información al Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, respecto a la fecha de recepción del municipio, de los documentos siguientes: Oficio 3249-2008-SG/JNE de fecha 13 de noviembre 2008 por el que el Jurado Nacional de Elecciones pone en conocimiento el Auto No. 1 recaído en el Expediente J-2008-503, y del Oficio 3351-2008-SG/JNE en el que el Jurado Nacional de Elecciones remite el expediente original indicado. El pedido de información todavía no ha sido respondido. El 1 de febrero 2009 el concejal Omar Ticona Méndez, mediante una moción luego de un acuerdo de Concejo Municipal de San Román, solicitó al alcalde, David Mamani, el cambio de lugar y fecha para las sesiones de Concejo Municipal convocadas por la autoridad edil con el propósito de abordar la discusión sobre su vacancia. Los regidores no están de acuerdo sobre las fechas programadas por el alcalde juliaqueño, también se pidió el cambio de lugar de la reunión concejal, ya que en reuniones pasadas realizadas en la gerencia municipal, los regidores fueron objeto de todo tipo de agresiones físicas y morales. La moción entregada en sesión de Concejo, fue denegada por el alcalde, quien se rehusó a colocarla en la agenda para discutirla. Esta situación causó el reclamo airado de los concejales de oposición, provocando que el burgomaestre suspenda la sesión de Concejo. El 11 de febrero 2009, ocho regidores de la Municipalidad de Juliaca que convocaron a una reunión de concejo para ratificar la vacancia del burgomaestre David Mamani, por sus constantes

ausencias a las reuniones ediles y por el presunto delito de nepotismo, fueron agredidos y retenidos, durante varias horas, por allegados al alcalde. Los funcionarios fueron impedidos de salir de las instalaciones de la Asociación de Abogados, lugar donde se llevaba a cabo la cita, los seguidores del alcalde cuestionado rodearon el recinto y lanzaron piedras, frutas y huevos para tratar de impedir que el encuentro se realizara. El jefe de la División Policial de Juliaca informó que, tras su intervención, los regidores fueron rescatados ilesos. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 161. Distrito de Arapa, provincia de Azángaro Caso. En marzo de los años 2005 y 2006 el alcalde a exigencias de la población llevó a cabo audiencias para la rendición de cuentas, realizándolas con algunos pobladores y otras personas desconocidas que lo respaldaron, sin dar la palabra a los que lo cuestionaban, dejando dudas a los pobladores, la última audiencia terminó con enfrentamientos dejando una pobladora herida. El alcalde denunció a 18 dirigentes por los diferentes delitos. En junio 2006 renuncian los regidores, quedando cerrada la municipalidad. No se hizo la transferencia al nuevo alcalde. Actores: alcalde Jorge Roselló Calapuja (Lista Independiente por el Desarrollo Comunal de Arapa, 24.39%, con cuatro regidores y uno del Movimiento Independiente Unidad y Trabajo); Comité de Lucha, presidente: Simón Quispe Torres, Frente de Defensa por la Paz con Desarrollo de Arapa, presidente: Sebastián Quispe Mamani; Gobernador, Enrique Arratia Quispe; Centro de Desarrollo Humano, David Danz; Párroco del distrito, Marcos Degen; Contraloría General de la República; Jurado Nacional de Elecciones. Antecedentes: En marzo del 2005, la población exigió al alcalde que se presentara en asamblea popular y allí se comprometiera a la realización de un cabildo abierto, en el cual realizaría su rendición de cuentas (no había rendido cuentas en dos años). Dos semanas después se convocó a esta reunión pública. El alcalde llevó a algunos pobladores y otras personas desconocidas que le sirvieron como respaldo. La rendición de cuentas expuesta por el alcalde no satisfizo las dudas de los pobladores. Meses después se conformó el Comité de Lucha que, junto al Frente por la Paz con Desarrollo de Arapa y otras organizaciones, convocó a una asamblea popular el 22 de marzo de 2006. En ella, el alcalde, por temor a una toma del local municipal, pidió la presencia de un importante contingente policial y también la del Fiscal Provincial. Los dirigentes informaron sobre malos manejos de la administración edilicia de Arapa (la ejecución de sólo el 40% de la electrificación con respecto a expediente técnico aprobado, obras no realizadas, pero informadas como ejecutadas dentro del presupuesto de los tres años anteriores, etc.). Se realizó una marcha pacífica. Hechos: El 29 de marzo de 2006, el alcalde convocó a una nueva asamblea con la finalidad de responder las denuncias vertidas en la asamblea anterior. En esta ocasión, una vez más, el alcalde llevó a pobladores de su comunidad para que lo respaldaran. Adicionalmente, pidió la presencia de periodistas de Juliaca. En el curso de la asamblea, los pobladores de Arapa reaccionaron ante algunas afirmaciones del alcalde, quien no respondió directamente a las acusaciones hechas la asamblea anterior, sino que más bien hizo declaraciones que provocaron a la población. En la reunión existía el compromiso de sostener un diálogo abierto. Sin embargo, el alcalde no dio la palabra a las personas que lo solicitaban y dio por terminada la asamblea de manera arbitraria, retirándose inmediatamente hacia el local municipal junto a periodistas. Esa actitud enardeció a los pobladores, quienes se congregaron en las puertas del local municipal, originándose forcejeos entre los pobladores que había llevado el alcalde y los pobladores que en ese momento afirmaban sus intenciones de tomar el local. Se realizó una manifestación por las calles del distrito, que poco después retornó a las puertas del local municipal. Se originó, así, una trifulca en la que resultó herida una de las pobladoras. Luego, los manifestantes se apostaron en las afueras del local municipal, impidiendo la salida del alcalde y los periodistas. Aproximadamente a las 10 de la noche llegó un contingente policial de Azángaro. En la plaza pública se realizó una negociación con los dirigentes, quienes, luego de firmar un acta, procedieron a lacrar las puertas del municipio, así como de los almacenes (puertas soldadas). El alcalde y los periodistas se retiraron con la policía hacia Azángaro. Los dirigentes exigieron la intervención de la CGR. El día 30 de marzo, la DP, recogiendo la demanda de la población de interceder ante la CGR, se hizo presente en la Oficina Regional de esa entidad. Sin embargo, los miembros del Comité de Lucha ya se habían presentado ante la CGR en Lima 10 días antes.

Cuando la DP se acercó a la oficina regional de la CGR, se indicó que ya tenía conocimiento de la denuncia hecha en Lima, pero que dicho trabajo de auditoría requería que el municipio recobrase su actividad normal. Los días 11 y 18 de abril se convocó a reuniones en Azángaro y Arapa. Sin embargo, el alcalde no se presento. El día 20 se movilizaron alrededor de 1,500 pobladores de Arapa a la ciudad de Puno para protestar contra el alcalde. Se produjeron algunos disturbios enfrente de la casa del alcalde. El 21, en la subprefectura de Juliaca se realizó una reunión, en la cual el alcalde se comprometió a presentar su solicitud de licencia por 30 días durante la sesión de Concejo que se realizaría el 27 de abril. El día 27, el alcalde designó al regidor Santiago Ayamamani Calapuja como encargado de la municipalidad. Ese día se reabrió el local municipal en presencia del Ministerio Público, el Prefecto Regional, un representante del GR y de la PNP. La CGR solicitó la información necesaria, pero no se encontró dentro del local. Entonces, el alcalde denunció a los dirigentes por la presunta sustracción de los documentos (su referencia es el acta levantada por la fiscal en la reapertura del local, en la cual se verificó que en la oficina de tesorería se encontraba abierta una ventana y se encontraba roto el candado de uno de los muebles). El alcalde ha denunciado a 18 dirigentes por los siguientes delitos: Robo Agravado, Usurpación de funciones y Hurto calificado, Lesiones graves y otros, Contra la tranquilidad pública, Daño y peligro para las personas, Contra el patrimonio y coacción, Apropiación ilícita y otros, Disturbios daños simples y coacción y Agresión física. El 30 de mayo, el Gerente Zonal Sur de la CGR, Hugo Saldarriaga Ortiz, puso en conocimiento la suspensión del examen especial a la MD Arapa por las siguientes razones: 1. La MD no se encuentra en funcionamiento, 2. Las oficinas internas de las respectivas unidades orgánicas se encuentran lacradas, 3. No se encontró la información requerida por la Comisión de Auditoría y 4. No existen garantías suficientes para los funcionarios de la municipalidad ni para los auditores. El 20 de junio, los cinco regidores de Arapa presentaron sus solicitudes de licencia al alcalde señalando problemas de salud y familiares. El 21 se realizó un paro para exigir solución al problema, la entrega de la documentación que requiere la CGR, y se anunció una movilización hacia Azángaro el día 27. El 7 de julio, el JNE constató en Arapa el funcionamiento actual de la MD. Se reunieron con alrededor de 200 pobladores que se quejaron de la gestión del alcalde. El JNE no se pronunció sobre el caso. Actualmente no hay atención en el MD, salvo Registro Civil. El alcalde no se ha vuelto a asumir su cargo por falta de garantías. La DP está investigando la denuncia contra los dirigentes de Arapa en la Fiscalía Provincial de Azángaro, la cual ha sido derivada a la PNP. El 24 de julio, el alcalde intentó retomar sus funciones y volvió a la comunidad de Apise en un camión en el que trasladaba postes de electrificación. Se produjo un enfrentamiento, no se registraron heridos. El alcalde escapó. El 25 se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y el alcalde en Esquinapata (comunidad perteneciente a Arapa). Resultaron heridas 11 personas y se quemó el local comunal (desde donde presuntamente atendía el alcalde). Se levantó un acta exhortando a los pobladores a evitar enfrentamientos. El 26, el alcalde, personal de la fiscalía de Azángaro y la PNP realizaron la constatación en el CC de Esquinapata. El 27, los dirigentes de Arapa presentaron la solicitud de vacancia al JNE en Lima por ausencia injustificada del alcalde y regidores desde el mes de marzo del 2006. El 8 de agosto, la población emitió un “Reglamento de Autogobierno”, el cual fue enviado al Presidente de la República, solicitándole una solución al conflicto. La situación continuó tensa y a la espera de la resolución del JNE. El 6 de septiembre, un grupo de aproximadamente 30 pobladores de Arapa realizó una protesta enfrente del local del JNE en Lima. Apoyaban la gestión del alcalde y manifestaron que estaba haciendo una obra de electrificación. El día 12, pobladores de CP Kurayllo retuvieron por algunas horas a 11 personas de la facción opositora del alcalde (entre ellos Simón Quispe, dos jueces de paz y un efectivo policial). Se presumía que iba a inaugurar dos aulas en Kurayllo. Esta retención se hizo porque los pobladores presumieron un enfrentamiento violento, para liberarlos fue necesaria la intervención del representante del Ministerio Público y efectivos policiales. Se firmó un acta para comprometer al grupo opositor a no seguir exigiendo la vacancia del alcalde. Además les exigieron que el 21 de septiembre informasen sobre las acciones que tomarían sobre ello. Por la tarde, la Fiscal Adjunta de Azángaro, el Comandante PNP y un grupo de efectivos policiales verificaron los hechos. No se registraron actos de violencia ni agresiones físicas; tampoco se recibieron denuncias. El comisario expresó su preocupación por la reacción de los miembros del Comité de Lucha. El JNE publicó un edicto el 14 de septiembre en el diario local “Correo”, en el que se concedieron siete días hábiles para que los regidores presentasen su escrito de contestación a la petición de vacancia (descargos). Además solicitó a la CGR un informe detallado respecto a algún proceso investigatorio del manejo económico de la municipalidad y

solicitó el descargo del alcalde ante el pedido de vacancia. Tendrá siete días hábiles para presentarlo (el plazo venció el 11 de septiembre). El 12 de diciembre el JNE convoca a la vista de causa para tratar la vacancia del alcalde Jorge Rosselló, sin embargo no emitió ningún pronunciamiento al respecto. El 22 de diciembre, tres sujetos desconocidos ingresaron al domicilio del Párroco del distrito (acusado por el alcalde de ser el autor intelectual de la protesta del pueblo de Arapa). Los dirigentes y pobladores expresaron su preocupación debido a que consideran que se podría intentar un atentado contra la vida del sacerdote. Los presuntos delincuentes no llegaron a cometer acto alguno, ya que fueron sorprendidos por los trabajadores de la parroquia quienes fueron agredidos por los sujetos, logrando escapar en un vehículo con dirección a Juliaca. El 17 de enero de 2007 se reunieron en Arapa los presidentes de los comités de electrificación del distrito de Arapa (alrededor de 54 comunidades) para protestar contra la obra de electrificación inaugurada en el mes de diciembre por el alcalde Jorge Roselló Callapuja en la comunidad de Esquinapata, ya que a los tres días de inaugurada la obra se han producido desperfectos (voladura de aproximadamente 15 pararrayos) que han dejado sin electricidad a varias comunidades. Los pobladores han tomado la camioneta de Electro Puno y han intentado retener a un funcionario, se han declarado en rebeldía y desconocen la actual autoridad del Estado, solicitan además que se forme una comisión de alto nivel para tratar los siguientes temas: 1. Exigir una resolución del JNE ante el pedido de vacancia del ex alcalde. 2. Problemas de corrupción del ex alcalde, los cuales han sido denunciados ante el PJ. 3. Denuncias hechas, por el ex alcalde, en el PJ contra los dirigentes del Comité de Lucha de Arapa. 4. Transferencia de cargo con dificultades. 5. Problemas con la obra de electrificación. 6. Devolución del dinero cobrado por Electro Puno a los comités por derecho de instalación (alrededor de 15,000 nuevos soles). El 14 de diciembre 2006, el JNE se pronunció ante el Expediente 1118-2006, mediante Resolución Nº 4755-2006-JNE, declarando improcedente la solicitud de vacancia formulada por el Sr. Simón Quispe en contra el alcalde y regidores del Consejo Distrital de Arapa. Los pobladores consideran que al haber declarado improcedente el pedido de vacancia por parte del JNE, no contar con respuesta por parte de la MP y del CGR los reclamos no fueron atendidos. El proceso de transferencia en el distrito de Arapa no se ha realizado debidamente, salvo aquellos bienes patrimoniales y la oficina de Registro Civil. El ex alcalde solicitó que la transferencia se realizara en la CC de Esquinapata pero no fue aceptada por el alcalde entrante, Cesar Torres Rosselló. Se han realizado talleres sobre gestión municipal y sobre conflictos sociales organizados por la Unidad de Conflictos de la PCM, en el distrito de Arapa con la participación activa de dirigentes y autoridades del distrito de Arapa. Al mes de julio de seis procesos judiciales relacionados con este caso, tres se encuentran en la siguiente situación: El exp. Nº 0079-2006-Juzgado Mixto Azángaro, delito de disturbios, daño simple, lesiones leves y coacción; agraviado Jorge Roselló Calapuja, denunciados Simón Quispe Torres y otros. En este caso 16 de julio del 2007 el Juzgado Mixto de Azángaro, emitió sentencia absolutoria a favor de Simón Quispe Torres, para Sebastián Quispe Mamani. Reservándose el Juzgamiento para los acusados ausentes Oscar David Itusaca Pachari, Juan Alberto Condori Apaza, Aparicio Burgos Villalta, Felipe Mamani Díaz, Sebastián Quispe Mamani, María Cecilia Vilca Apaza, y Enrique Arratia Quispe que hasta la fecha no han brindado sus declaraciones instructivas. La denuncia penal Nº 213-2006 en la Fiscalía Provincial de Azángaro, por apropiación ilícita y otros; en calidad de agraviado el Comité de Lucha de Arapa, denunciados Jorge Roselló Calapuja y otros. La Fiscalía mediante Oficio Nº 1400 solicita que la Comisaría de Arapa devuelva los actuados a la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Azángaro. En la Comisaría de Arapa el Capitán Becerra se encuentra a cargo de la investigación y tiene la denuncia en Azángaro. Y el expediente Nº 2006-065 - Juzgado Mixto del M.B.J. de Azángaro, por peculado, malversación de fondos y otro. Como agraviado el Estado y la Municipalidad de Arapa, y denunciado Jorge Roselló Calapuja. Actualmente el caso ha sido remitido a la Sala penal de San Román. Al mes de octubre 2008 quedan 3 procesos penales pendientes contra el alcalde Jorge Calapuja Roselló que contienen denuncias por ocho delitos, entre ellos peculado, malversación de fondos, apropiación ilícita, sustracción de bienes, incumplimiento de Deberes. En el primer caso, el 3 de octubre, se dictó sentencia a cargo de los vocales de la Primera Sala Penal de la Provincia de San Román, el ex-alcalde del distrito de Arapa Jorge Roselló fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de 20 mil nuevos soles de reparación civil a favor del Estado Peruano. Según la lectura de sentencia Roselló Calapuja, fue encontrado inocente en dos

delitos: Omisión (se rehúso al cumplimiento de funciones) y Malversación de Fondos, y solo fue encontrado culpable en la comisión del delito de Peculado, por lo que el fiscal superior Albino Lama, anunció que apelará a la sentencia por considerarla incorrecta. De igual modo, el abogado defensor del ex-alcalde señaló que apelará a la sentencia hasta sacar libre a su patrocinado. Sin embargo durante la lectura de sentencia se evidenció que Jorge Rosello, habría cometido una serie de irregularidades en la construcción del puente San Mateo. En el puente San Mateo, habría una sobre valoración, además habrían desaparecido bolsas de cemento. Al término de la lectura de la sentencia, en el exterior del Poder Judicial de Juliaca se produjo enfrentamientos entre los allegados de Jorge Rosello y pobladores de Arapa. La situación escapó de las manos de la policía y prácticamente se produjo una batalla campal en las cuadras dos y tres del jirón Pumacahua en un campo de batalla. En el segundo caso, el expediente Nº 168-2007 se encuentra en la Primera Sala Penal de San Román.Y el tercer caso, corresponde al expediente Nº 63-2008 que se encuentra en el Juzgado Provincial Mixto de Azángaro. Últimos acontecimientos. En el mes de marzo 2009 la Oficina Defensorial de Puno confirmó que se llevan a cabo varios procesos judiciales contra ex alcalde, sólo uno de ellos en el Poder Judicial, Sala Penal de Juliaca lo condenó a 4 años, pero no efectiva. Hasta la fecha el ex alcalde no ha realizado la transferencia de cargo, hecho que fue comunicado a la Contraloría General de la República, pero la actual gestión municipal no recibe respuesta. 162. Distrito de San Juan del Oro, Provincia de Sandia Caso. Rechazo de la población al alcalde por su negativa a realizar rendición de cuentas, por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal y prácticas autoritarias. Actores. Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro, César Zegarra Lipa (Acción Popular, 28.32%), regidores de oposición, Federación Distrital de Campesinos, Presidente. Manuel Choquehuanca Condori, Frente de Defensa de San Juan del Oro, Presidente Germán Sucaticona Sucaticona, población. Antecedentes. El 16 de setiembre del 2007 no se llevó a cabo una la audiencia de rendición de cuentas acordado en una sesión de consejo para esta fecha. Ante la asistencia masiva de la población en la plaza principal, el alcalde indicó que la actividad no se llevaría a cabo, porque no se contaba con su autorización, ello generó opiniones a favor y en contra en la población. Mientras un grupo apoyaba a cinco regidores que pretendían realizar el informe económico, el otro respaldaba al alcalde (pobladores del C.P. de Yanamayo). Según algunos ciudadanos, el día 16, el alcalde se enrumbó hacia el Centro Poblado de Yanamayo con unidades móviles, a fin de garantizar la presencia de sus pobladores en la plaza de San Juan y sabotear el informe económico promovido por los regidores. Estas personas no permitieron que los regidores de oposición puedan hablar, sustrayendo los equipos de sonido y altavoces. Una vez frustrado el informe económico, el alcalde y unas 60 personas se encerraron en el teatrín, en donde se les distribuyó almuerzo y gaseosas. Mientras tanto los regidores de oposición y unos 200 pobladores permanecían concentrados en la Plaza principal del distrito. Según manifiestan algunos pobladores, el alcalde habría realizado el informe económico dentro del teatrín con sus seguidores. Asimismo, se firmó un acta que incluía la declaración como “personas no gratas” al gobernador y a los 5 regidores, a quienes el alcalde les prohibió el ingreso a la municipalidad. Finalmente, el acalde con la población del teatrín conformó una terna de nuevos regidores, quienes reemplazarían a los regidores electos, luego habría viajado a la ciudad de Lima al Jurado Nacional de Elecciones. Los regidores evalúan la posibilidad de “vacar” al mencionado alcalde, están realizando trámites para bloquear la cuenta corriente de la municipalidad. (Fuente: Asociación SER). Hechos. El domingo 30 de setiembre los representantes de la Oficina Defensorial de Puno realizaron un evento de capacitación con la población del distrito de San Juan del Oro, participaron aproximadamente 250 personas y se llevó a cabo en el templo de la Iglesia con normalidad, se recibieron quejas, entre otras la práctica autoritaria del alcalde y el frustrado informe económico previsto para el 16 de septiembre, el actual desgobierno, maltrato y abuso de autoridad de dicha autoridad edil. La OD de Puno también recogió información del alcalde quien informó que dicha situación se debe a que el ex alcalde, Gobernador, Párroco, alcalde de la Municipalidad Provincial de Sandia, y un segmento de la población viene causando dicha alteración a su actual gestión, y que personas estarían azuzando a la población mal informando sobre la gestión que viene

desarrollando, ya que no estarían de acuerdo con la denuncia que interpuso en contra del ex alcalde por peculado y malversación de fondos. También se sostuvo entrevista con el Jefe del puesto policial de San Juan del Oro, regidor encargado de la Municipalidad Provincial de Sandia y Fiscal de la rovincia de Sandia, quienes afirmaron que el problema lo estaría ocasionando dicha autoridad por su falta de trabajo coordinado con toda la población, por su autoritarismo y maltrato a los pobladores. El día 10 octubre se realizó un paro de 24 horas exigiendo la Rendición de Cuentas al Alcalde; paro se desarrolló en forma pacífica, la PNP estuvo reforzada por personal de la Comisaría de Sandia. El 16 de octubre se apersonaron a la OD Puno, el asesor legal y contador del municipio, para conversar sobre la recomendación que hicimos llegar al alcalde para la realización de la rendición de cuentas, expresaron su disposición de realizar la rendición. El 23 de octubre dos Regidores, Rodolfo Choque Condori y Simón Cori Quispe, el Presidente de la Federación Campesina Mauricio Apaza Mamani, y el Presidente del Frente de Defensa de San Juan del Oro Germán Sucaticona Sucaticona, se aproximaron a la OD Puno, expresaron que no desean que el alcalde rinda cuentas, sino que se vaya de la Municipalidad, quieren vacarlo. Se le orientó para que presenten sus pedidos a la Oficina Regional de Control de la Contraloría General de la República y a la Procuraduría Anticorrupción. Asimismo se le explicó que la causales y trámite vacancia están reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El día 30 de octubre el alcalde no pudo realizar la rendición de cuentas, porque la población se lo impidió, por no haberla convocado con la anticipación debida y expresaron que se retire de la Municipalidad, procediendo a tomar el local de la Municipalidad. En horas de la noche el Coronel PNP Dávila comunicó a la OD de la toma de local, no habiéndose producido enfrentamientos ni daños contra la propiedad pública y privada, pidió se comunique al Fiscal Decano y a la Contraloría los pedidos de la población, lo cual se hizo. El día 05 de noviembre en sesión pública de Consejo Municipal en la Plaza de San Juan del Oro, los regidores acordaron suspender al alcalde por 60 días. Luego la Fiscal Provincial de Sandia realizó una constatación fiscal en el local de la Municipalidad. El 06 de noviembre el Tnte. PNP Quinteros, Comisario de San Juan, comunicó que el Municipio fue cerrado con cadenas y candado por los pobladores opositores al alcalde. El 22 de noviembre del 2007, ingresó ante el JNE el expediente Nº J-2007-00203, con el pedido de suspensión del alcalde por 60 dìas presentada representantes del Comité de Defensa de los Intereses de San Juan del Oro. La población está a la espera de la respuesta del JNE y siguen realizando vigilia en custodia del local municipal cerrado hasta que el JNE resuelva. Mientras tanto la oficina de RENIEC de Puno, ha manifestado a la OD Puno su preocupación por los libros en los registros civiles, en especial por los archivos y está gestionando para que los pobladores acepten provisionalmente ir registrando nacimientos y defunciones. Los días 12 y 13 de diciembre pobladores del distrito acatan un paro de 48 horas para exigir el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a favor de la suspensión del alcalde César Zegarra Lipa. Los organizadores de la medida de fuerza marchan a Sandia para demandar a la Fiscalía provincial agilice la formulación del proceso penal en contra del suspendido burgomaestre. Además, reclamaron el bloqueo inmediato de las cuentas financieras de Zegarrra Lipa. Como se recuerda. El día 12 de diciembre el alcalde de San Juan del Oro, fue tomado como rehén por los pobladores del distrito desde las 23 horas. Lo retuvieron en la Plaza de armas, fue amarrado y solicitaron la presencia de autoridades entre otras de la DP. Paralelamente un grupo de pobladores de San Juan del Oro realizaron un acto de protesta y movilización en Sandia. Los representantes de la OD Puno se reunieron con una delegación de los pobladores y se tomó concimiento de los trámites ante el JNE y la respuesta de la contraloría, además se revisó las denuncias contra el alcalde ante la Fiscalía y el Juzgado. Al día siguiente con apoyo del Padre Gabriel Horn, párroco de San Juan del Oro y luego con los representantes de la Defensoría del Pueblo el alcalde firmó un acta de compromiso en la cual expresa su disposición a alejarse de la comuna para evitar más protestas, y fue liberado. Sin embargo, a los pocos días cambio de opinión, y las manifestaciones en San Juan de Oro se reanudaron. El alcalde fue internado en una clínica particular de Juliaca por presentar diversas contusiones producto del secuestro. Mientras tanto los pobladores continúan con la toma del local municipal. El día 20 de noviembre fue publicado en el Peruano la Resolución 254 del JNE en atención al expediente promovido por don Jorge Mamani Quispe, regidor del Concejo Distrital de San Juan del Oro, provincia de Sandia, departamento de Puno, sobre otorgamiento de credencial provisional por suspensión del señor César Zegarra Lipa en el cargo de alcalde de dicho concejo, dispuesta como sanción por comisión

de falta grave; y el escrito presentado el 29 de noviembre de 2007 por el referido alcalde, deduciendo nulidad del acto administrativo de notificación y del acto de suspensión del cargo por no haber sido notificado de la decisión de suspenderlo por falta grave; Y se declara improcedente el pedido de nulidad formulado por César Zegarra Lipa, Alcalde del Concejo Distrital de San Juan del Oro, provincia de Sandia, departamento de Puno; en el segundo artículo, se otorga la credencial de Alcalde provisional del Concejo Distrital de San Juan del Oro, provincia de Sandia, departamento de Puno, por suspensión del Alcalde titular, a Jorge Mamani Quispe, desde el 24 de noviembre de 2007 hasta el 23 de diciembre de 2007. El secretario de prensa de la organización civil, Calizaza declaró que "lo ideal habría sido que la suspensión comenzara a correr desde el día de su publicación en el diario oficial "El Peruano" y no desde una fecha tan posterior, lo cual en la práctica implica una inhabilitación de tan solo seis días calendarios". Días después el alcalde César Zegarra Lipa expresó su determinación de retomar sus funciones como alcalde del distrito de San Juan del Oro. Mientras que los pobladores manifestaron su protesta y rechazo por la intención del burgomaestre. La representante de la OD Puno Luz Herquinio declaró haber manifestado al alcalde no acercarse al distrito aún por no haber condiciones para su integridad física. El 18 de enero se llevó a cabo una reunión de consejo municipal del distrito de San Juan del Oro, y acordaron vacar al alcalde por decisión unánime de los regidores, argumentaron como causal de vacancia que el burgomaestre no asistía a las sesiones que convocaba el pleno de concejales. Aquel día Zegarra Lipa intentó participar en dicha reunión a fin de evitar su vacancia; sin embargo, unos 300 pobladores impidieron su ingreso al local. El alcalde estuvo acompañado por un centenar de sus simpatizantes. Pese a los reclamos y a los gritos de la multitud, Zegarra no logró convencer a sus opositores. Para evitar actos de violencia, el nuevo jefe de la Duodécima Dirección Territorial Policial de Puno, general Hugo Delgado, estuvo en la zona con un contingente de 50 efectivos. El 14 de febrero el alcalde César Zegarra presentó ante el JNE una queja porque la Municipalidad San Juan del Oro no le recibe el recurso de nulidad y apelación contra el acuerdo de concejo 0042008-MDSJL que lo declara vacado. El 21 de febrero el alcalde presenta ante el JNE una constancia de la PNP precisando que los regidores no quieren recibir el recurso del alcalde. Los pobladores esperan respuesta del JNE. Se confirmó que se sigue un proceso penal contra los pobladores de San Juan del Oro a alrededor de 50 personas implicadas en los hechos ocurridos en el mes de diciembre 2007, por el supuesto delito de secuestro al alcalde, el Juez Mixto de Sandia ha dispuesto la remisión del proceso penal Nº2008-021 a un juzgado penal supranacional en la ciudad de Lima mediante Oficio Nº 1310-2008 de fecha 3 de abril del 2008. El 21 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública organizada por el JNE, en las instalaciones de la sede central en Lima, para tratar el caso de San Juan del Oro. Los abogados tanto del Alcalde de San Juan del Oro como del de los regidores expusieron sus respectivos informes ante el pleno del JNE. En el primer caso, el abogado Yoma Marcial Pari Galindo en representación del alcalde, pidió que se revoque o anule la vacancia, sostuvo que el alcalde fue vacado con procedimientos que viola el debido proceso porque el 12 de diciembre 2007 el burgomaestre sufrió un atentado personal y éste pídió licencia por salud en el mes de diciembre 2007, sin embargo, los regidores convocaron a sesión. Señaló además que los regidores convocaron el 18 de enero 2008 y que el alcalde fue impedido de ingresar al local municipal. También afirmó que existe un acta del fiscal y otras autoridades dando fe que el 18 de enero no lo dejaron ingresar a sesión de consejo. Sostuvo que todo estaba ya organizado, es por eso que el día 20 de enero se publicó en el diario Correo el titular “Vacan alcalde de San Juan del Oro” y que recién el día 25 de enero los regidores acordaron vacar al alcalde. Por último insistió que se ha violado el debido proceso y pidió que se anule el acuerdo de vacar al alcalde por los regidores. En el segundo caso, tomó la palabra por los regidores, el abogado Rogelio Condori Mamani, quien pidió se confirme el acuerdo de los regidores de SJO de vacar al alcalde. Hizo un recuento de los hechos, recordó que la población le pidió rendición de cuentas, que el 8 de agosto 2007 se acordó con su presencia llevar a cabo la rendición de cuentas en el mes de setiembre y que el alcalde no rindió cuentas en esa fecha ni ninguna otra. Sostuvo además que a lo largo del año 2007 fue un alcalde ausente, por eso los regidores acordaron sancionarlo por 30 días. Que el 24 de diciembre 2007 el alcalde no se presentó a la sesión de consejo y que él no convocó a ninguna reunión ordinaria o extraordinaria. Además que el 3, 18 y 25 de enero fue convocado debidamente, incluso mediante el diario Correo, y que en las 4 reuniones consecutivas no se presentó. Luego de ésta última presentación sólo

hubo una pregunta por parte del Dr. Soto Vallenas, del JNE, si los regidores tuvieron conocimiento que el alcalde tenía licencia por salud en el mes de diciembre 2007, la respuesta del abogado fue que nunca llegó un pedio de licencia a la municipalidad. Días después el JNE publicó con fecha 21 de mayo la Resolución N° 112-2008 – JNE, resolviendo declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde César Zegarra L. anulando el Acuerdo de Concejo N° 004-2008-MDSJO de fecha 25 de enero de 2008, que declaró la vacancia de su cargo municipal y resolviendo que el alcalde continúe ejerciendo el cargo. En la parte considerativa de la referida resolución indica que los regidores actuaron al margen de la Ley al nominar al primer regidor como alcalde, además, de convocar a una sesión de carácter extraordinario, pues el Jurado Nacional de Elecciones refiere que esa convocatoria es atribución únicamente del alcalde y no de un funcionario. Una vez conocido el fallo, Zegarra Lipa manifestó que en los próximos días retomará su cargo, además dijo que está dispuesto al dialogo con sus opositores a fin de ejecutar proyectos de infraestructura y que en adelante buscará el desarrollo de su pueblo, para ello dialogará con todos las organizaciones sociales a fin de unificar acciones. En cuanto al proceso judicial que se siguen a aproximadamente 40 pobladores por haber tomado las instalaciones del municipio, dijo que eso ya no es de su competencia y que solo el Poder Judicial tiene la potestad de sentenciar a favor o en contra de ellos. Enterados de la resolución del JNE, Marco Chambi miembro del Frente de Defensa de los Intereses de San Juan del Oro, exigió al burgomaestre disculparse con su pueblo y dejar sin efecto la denuncia que entabló contra unos 40 ciudadanos. Además, pidió a Zegarra Lipa que rinda cuentas sobre el trabajo que realizó en los primeros meses de su gestión y sobre los proyectos que tiene en el presente año. Eduardo Pilco también integrante de este comité manifestó que este fallo del Jurado Nacional de Elecciones revive el ambiente de tensión en San Juan del Oro e ingobernabilidad. Sin embargo, afirmó que respetarán el fallo del jurado Nacional de Elecciones, pero el alcalde debe reevaluar su actitud ante los pobladores y dirigentes de esta localidad. En el mes de junio los representantes de la PNP Dirección XII DITERPOL, Gobernador de Puno, PCM, alcalde de San Juan del oro, la Consejera del Gobierno Regional por la provincia de Sandia y la representante de la Defensoría del Pueblo, se reunieron para analizar y solicitar al alcalde sostener una reunión con los representantes de la población del distrito entablen un diálogo, organicen una agenda y en atención al pedido de los pobladores puedan tomar acuerdos tendientes a reiniciar una gestión local transparente y con la participación de la población, acordaron sostener una reunión más para tomar acuerdos. El 4 de julio el gobernador de Puno convocó a una reunión entre representantes de la población de San Juan del Oro y el alcalde César Zegarra Lipa, para tratar de promover el diálogo, ante la inasistencia de los pobladores de San Juan del Oro, se acordó conformar una comisión integrada por la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM, la Defensoría del Pueblo y la PNP para verificar las posibilidades de instalar una mesa de diálogo. El día 12 de Julio se instaló la mesa de diálogo en el distrito de San Juan del Oro, con la participación del alcalde distrital, representantes de la sociedad civil, PNP, juez de paz, gobernador, párroco, PCM y Defensoría del Pueblo, y la mediación de ésta última; El alcalde y los representantes llegaron a importantes acuerdos para devolver la gobernabilidad y la tranquilidad a la población. Los cinco acuerdos de la mesa de diálogo fueron: 1) Rendición de cuentas por parte del alcalde el día 12 de agosto. 2) La reorganización del personal de la municipalidad previa evaluación de personal. 3) Información y evaluación de los integrantes del Programa Agua para Todos. 4) Pago de las dietas de los regidores. 5) Reabrir el local municipal desde el día 14 de julio. En efecto, el 14 de julio con presencia de la Fiscalía Provincial Mixta de Sandia se procedió a reabrir el local municipal cerrado desde el 30 de octubre del 2007. La Oficina Defensorial de Puno, participó en las diferentes reuniones preliminares a la mesa de diálogo para la solución del conflicto de San Juan del Oro. El desarrollo de la mesa de diálogo también contó con la participación de un comisionado de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. En el mes de agosto, nuevamente, representantes de la población distrital iniciaron gestiones y se comunicaron con las autoridades regionales porque el alcalde de San Juan del Oro, no cumple con los acuerdos suscritos en el acta entre las autoridades, pobladores. Entre otros incumplimientos, no realizó la audiencia de rendición de cuentas el día 12 de agosto en la localidad de San Juan del Oro, si no llevó a cabo la audiencia el día 17 y en el centro poblado de Yanamayo con muy poca

asistencia de pobladores, además no ha convocado a reunión de consejo municipal, tampoco ha renovado el personal contratado que labora en la municipalidad. El 22 de setiembre la Oficina Defensorial de Puno recibió un oficio de los regidores de la Municipalidad del distrito de San Juan del Oro manifestando que el alcalde no cumple con sus funciones, entre otras, no radica en el distrito, no se atienden los servicios de recojo de basura, limpieza, se atiende parcialmente a los beneficiarios del programa vaso de leche, no convoca a reunión de los regidores, no rinde cuentas del ejercicio económico municipal 2007 y no informa acerca de la ejecución programa Agua para todos. El día 24 de setiembre se presentaron ante Gobernador, Víctor Urviola Garrido, periodistas de Puno como tenientes gobernadores, todos no eran tales y tampoco fueron a Puno por iniciativa propia sino que fueron llevados por el alcalde César Zegarra Lipa y su asesor Mauricio Apaza Apaza. Uno de ellos, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo “El alcalde nos ha dicho en Yanamayo (Centro Poblado de San Juan del Oro) que las instituciones públicas estaban quitando el apoyo a nuestro pueblo, que él iba a gestionar y necesitaba que lo acompañen, pero cuando denunciaron al gobernador Juan Turpo y al Padre Hilario Huanca en Ayaviri nos hemos dado cuenta que el alcalde nos había engañado.” Todos los gastos del viaje fueron pagados por el alcalde. Al conocerse la noticia en SJO los pobladores expresaron su malestar. Últimos acontecimientos. El 16 de marzo fue publicado en el Diario Correo de Puno el Decreto de Alcaldía N°001-2009-MDSJO/A decretando “aperturar el local municipal distrital de San Juan del Oro, en el Centro Poblado de Yanamayo jurisdicción del Distrito de San Juan del Oro, para poder brindar una correcta y eficiente prestación de servicios a la comunidad y con las garantía brindadas y comprometidas por los tenientes gobernadores”. El decreto dispone que la administración efectúe la implementación del local municipal, el despacho del alcalde y de las oficinas de la municipalidad. El referido decreto de alcaldía registra como fecha de emisión 2 de enero del 2009. 163.

Provincia de Carabaya

Caso. Las Comunidades Campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, así como con el distrito de Corani y San Gabán manifiestan su desacuerdo con la Central Hidroeléctrica de San Gabán la Empresa por el incumplimiento de acuerdos. Actores. Empresa Hidroeléctrica San Gabán, Pobladores de los distritos de Corani, San Gabán, Comunidad Campesina de Quicho, Comunidad Campesina de Chimboya y Altiplano de Echía Antecedentes. En el mes de octubre de 2004, agricultores de coca de la provincia de Carabaya, principalmente de los distritos de San Gabán y Ayapata, realizaron movilizaciones en protesta por las acciones de erradicación forzosa de cultivos de coca, cuyo punto más álgido fue la toma de la Central Hidroeléctrica de San Gabán, acción realizada por aproximadamente 2000 manifestantes, lo que trajo como consecuencia 3 agricultores muertos y 10 heridos por arma de fuego por acción de miembros de la Policía Nacional que custodiaban dicha empresa. A raíz de estos hechos se conformó una Comisión de Diálogo a cargo del Ministerio de Agricultura realizándose varias reuniones tanto en Lima como en San Gabán para dar solución a la problemática de los agricultores de coca, sin embargo estas reuniones no continuaron y se desconoce sobre el cumplimiento de acuerdos. También se dio inicio al Proceso Penal Nº 01-2005 en el Juzgado Mixto de la Provincia de Carabaya para determinar responsabilidades respecto de las muertes y lesiones ocasionadas presuntamente por la PNP, así como denuncias por daños en agravio de la empresa y por secuestro en agravio de miembros de la PNP. Este proceso penal se ha extraviado y por intervención de la OD Puno se ha realizado una investigación ante ODICMA, determinándose responsabilidad en la empresa de courier procediéndose a una denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo, el proceso penal se encuentra paralizado mientras no se proceda a reconstruir el expediente. No se han tenido más acciones por parte de los agricultores de coca que impliquen riesgo para la empresa durante estos años. Habría una corriente de opinión que la Empresa Hidroeléctrica es ajena a los problemas de Puno, luego de la creación de la misma los comentarios son que no reporta ningún beneficio para Puno y que el nombramiento del directorio donde habría un representante de la región sería una formalidad solamente, hay una percepción de la opinión pública que existiría una falta de transparencia en su administración.

Desde que ocurrieron los incidentes la empresa cuenta con una dotación de 30 efectivos policiales albergados permanentemente en sus instalaciones para dar seguridad y según información de los representantes de la misma empresa algunas veces se refuerza a 50 efectivos cuando se presume alguna acción contra la misma por parte de los pobladores. Hechos: el día 3 de marzo de 2009, el Gerente General Ing. Jesús Ramírez Gutiérrez y el Gerente de Producción y Responsabilidad social Ing. José Ramos Lajo, representantes de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., se entrevistaron con la Oficina Defensorial de Puno e informaron que una de la obras que realizan es la construcción de tres presas en la cuenca del Río Corani en el Centro Poblado de Quicho Azaroma del distrito de Ollaechea, la misma que se encuentra paralizada por problemas con las Comunidades Campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, así como con el distrito de Corani porque una carretera pasará por las tierras, que hay problemas con los contratistas, y que el caso se encuentra en arbitraje, además está pendiente convocar a una reunión a las autoridades de la provincia de Carabaya para plantear estos problemas y pueda convocarse a una mesa de diálogo. En entrevista con el Gerente de Planeamiento, este indicó que en el año 2004-2005, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, y que en el transcurso de los años 2007-2008, se suscribieron acuerdos y actas entre : la Empresa San Gabán y la Comunidad Campesina de Quicho ( perteneciente al Centro Poblado de Quicho, -Azaroma del distrito de Ollachea, provincia de Carabaya), Empresa San Gabán y Centro Poblado de Aymaña, del distrito de Corani, de la Provincia de Carabaya, Empresa San Gabán y Comunidad Campesina de Chimboya del distrito de Corani de la provincia de Carabaya, acuerdos y actas en las que se consideraron varios beneficios para ambas partes, pero que en la actualidad se viene suspendiendo por disconformidades y desacuerdos posteriores a los acuerdos suscritos. Uno de los compromisos de la Empresa es la electrificación de Chia-Altiplano y Quicho donando para tal efecto la empresa la suma de S/. 1’000, 000.00 nuevos soles, dinero que ha sido solicitado por el Alcalde de Ollachea para que sea entregado en efectivo, y no como se acordó, el encargado será el Ministerio de Energía y Minas mediante la Dirección General de Electrificación Rural. En cuanto a la Obra Embalse Tres Lagunas en al cuenca del Río Corani, existen problemas de delimitación territorial, así como el incumplimiento de compromisos. Se dio a conocer que para el año 2009 el importe por canon hidroenergético será de S/. 7’ 000 000.00 nuevos soles. Según la empresa los pobladores de estas zonas no dejarían realizar las siguientes obras: Desvío Viluyo Puente Pucamocco hasta la Apacheta Quicho, Carretera LacayoAltiplano-Chia 3 Km., Puente Corani, Instalación del sistema de desagüe de Aymaña. Esperan iniciar las obras en Julio de 2009, cuando pase la temporada de lluvias. 164. Provincia de Carabaya Caso Las rondas campesinas de la provincia de Carabaya demandan una vía alterna a la carretera en construcción por accidentes y pérdidas de vidas humanas. Actores. La alcaldesa de la provincia de Carabaya, Nancy Rosel Angles; Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSITRAN, Concesionaria INTERSUR, Rondas Campesinas. Hechos. El 7 de noviembre se reunieron en Lima los representantes de los Ronderos con funcionarios de PCM. Los ronderos habrían cuestionado a la alcaldesa de Macusani por haberse presentado ante los mimos funcionarios con supuestos dirigentes. Además por información de los propios ronderos, la “alcaldesa habría maltratado verbalmente al personal de PCM en Lima”. El día anterior, los ronderos se reunión convocados por Pedro Huariccallo, Presidente Provincial de los ronderos de Carabaya, en Macusani, con diversas organizaciones y autoridades locales y que acordaron una tregua hasta el 24 de noviembre. El día 17 de noviembre se desarrolló una reunión entre la alcaldesa de la provincia de Carabaya, el Presidente Regional de la Comunidades campesinas, la empresa INTERSUR, MTC, PCM y como observadores la Defensoría del Pueblo, luego de un amplio debate tomó los siguientes acuerdos: 1. La empresa INTERSUR iniciará un monitoreo geológico de la zona. Con los resultados de monitoreo se planteará una solución. 2. Se desarrollará una inspección técnica conjunta (Municipalidad de Carabaya. Ollachea, San Gabán, Sociedad civil, y representantes de INTERSUR, para verificar las condiciones de la ruta propuesta por la Municipalidad de Carabaya. 3. Continuar con el proceso de selección del personal a través de comisiones mixtas. 4. La vía evitamiento de Macusani cuenta con la opinión favorable de OSITRAN, se espera iniciar la ejecución de la obra al termino de la temporada de lluvias. 5. El MTC se compromete a apoyar la aprobación de los

proyectos: vía evitamiento de Ollachea y la segunda etapa de la vía San Gabán. PCM se compromete, con respecto a la vía de acceso de Ajollani, a realizar las gestiones necesarias para canalizar los trámites ante FRONIPEL y Provias descentralizadas. 6. INTERSUR viene realizando la tramitación para el reconocimiento de los beneficios a los deudos de los trabajadores fallecidos. Además, la empresa se somete a las investigaciones y los resultados del Poder Judicial por el accidente del 4 de octubre 2008 en la zona de Yanacaca. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 165. Provincia de El Collao, provincia de Puno Caso. Exigen suspensión de actividad de minera Aruntani por presunta contaminación con insumos tóxicos y ante la demanda de canon para la región Puno. Actores. Gobiernos regionales de Puno, Municipalidades distritales de Ilave, Pilcuyo, Conduriri, Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri, Mañazo y San Antonio de Esquilachi, Municipalidades Provinciales de Puno y El Collao, Comité de de Defensa de los Recursos Hídricos de la Zona Alta de Puno, empresa minera Aruntani SAC. Antecedentes. El 5 de setiembre del 2006 comuneros de la zona alta de Acora, lanzan acusación en contra de la empresa Minera Aruntani7 S.A.C, que opera en el límite de de la región Puno con Moquegua, ya que continuaría contaminando al utilizar AMFO, en sus exploraciones siendo una sustancia sumamente toxica, que contienen cianuro. La información la da a conocer el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Milton Manrique Rodríguez. El 14 de setiembre, aproximadamente 200 trabajadores y comuneros tomaron instalaciones de minera para exigir ubicación de tres trabajadores desaparecidos desde días antes, que junto con sus compañeros demandaban mejoras salariales, mientras fuerte contingente policial partió desde Puno para evitar mayores conflictos. El 16 de setiembre los comuneros y trabajadores dan tregua en mina Aruntani, comuneros abandonan recinto minero. Alcalde del centro poblado de Titire, Melesio Iquise Ccama, informa que el tiempo que se dio a la empresa minera es para solucionar reclamos en el cual se encuentra el respeto laboral de los trabajadores. El 22 de setiembre, las comunidades exigían a Aruntani solucionar el problema ambiental, piden se permita inspección inopinada. Hechos. En la tercera reunión8 ampliada de los miembros de comité de defensa de los recursos hídricos de la zona alta, realizado el 03 de octubre 2007 en Ilave, acordaron efectuar una marcha de sacrificio a la ciudad de Puno y a la mina Aruntani el 11 de octubre. La propuesta fue planteada por las autoridades comunales y dirigentes de base, de los distritos de ILave, Pilcuyo, Conduriri, Mazocruz, Capazo, Acora, Larequeri, Mañazo y San Antonio de Esquilachi. Los alcaldes de los distritos de Masocruz y Acora, así como de la provincia de El Collao-Ilave, demandaron el cierre inmediato de la mina Tucari, que opera la empresa Aruntani SAC. La medida es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada entre el presidente regional Hernán Fuentes Guzmán y los burgomaestres distritales de Santa Rosa, Ismael Acero Mamani y de Acora, Ivan Joel Flores Quispe, así como el alcalde provincial de El Collao-Ilave, Fortunato Calli Incacutipa el 25 de octubre. La cita tuvo por finalidad analizar los problemas limítrofes con los departamentos de Tacna y Moquegua, a raíz del traspaso de agua para surtir a las compañías mineras. Al término del encuentro, el titular de la Asociación de Alcaldes de Centros Poblados de la provincia del Collao, Juan Encinas Aguilar, informó que entre los acuerdos alcanzados figura el pedido para cerrar la mina Tucari. Para tal fin, se ha conformado una comisión compuesta por integrantes del comité de lucha, el Gobierno Regional de Puno y los alcaldes, que elevarán la solicitud al Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los alcaldes de los distritos de Masocruz y Acora, así como de la provincia de El Collao-Ilave, demandaron el cierre inmediato de la mina Tucari, que opera la empresa Aruntani SAC. La medida es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada entre el presidente regional Hernán Fuentes Guzmán y los burgomaestres distritales de Santa Rosa, Ismael Acero Mamani y de Acora, 7   ARUNTANI S.A.C. es una empresa netamente de capital peruano, que inicia sus actividades en marzo del 2002. Se la considera  una de las principales compañías extractoras de oro de nuestro país. Cuenta con dos minas: la de Santa Rosa, que junto a Tucari  suman  reservas  de  unas  2  millones  de  toneladas.  Aunque,  asimismo,  dichas  reservas  es  muy  posible  de  que  suban  hasta  3  millones, con una ley promedio de 1,2 gramos de oro por tonelada. 8   Publicado en Los Andes Puno el 04 de octubre de 2007

Ivan Joel Flores Quispe, así como el alcalde provincial de El Collao-Ilave, Fortunato Calli Incacutipa el 25 de octubre. Para implementar los acuerdos se ha conformado una comisión compuesta por integrantes del comité de lucha, el Gobierno Regional de Puno y los alcaldes, que elevarán la solicitud al Ministerio de Energía y Minas (MEM). De igual manera, se acordó exigir la renuncia inmediata del director regional de Minas de Puno, Ernesto Saguas. Encinas Aguilar advirtió que si sus reclamos no son atendidos, emprenderán las medidas de protesta correspondientes. Cabe indicar que el certamen se desarrolló luego de la inspección técnica efectuada por funcionarios regionales en la zona donde se perforan los pozos de agua en la frontera entre Puno y Tacna. El Gobierno Regional de Puno exhortó a la minera Aruntani S.A.C. para que tribute en la región Puno y no a la región Moquegua. El 29 de enero se informó que un grupo de organizaciones de base de Puno denunció ante el Ministerio Público, entre otros, al presidente del directorio de la empresa minera Aruntani S.A.C., Guido del Castillo Echegaray y al gerente de dicha compañía, Dante Loayza Alatrista acusándolos por el delito de usurpación agravada. Los habitantes de las zonas altoandinas de la provincia de El Collao-Ilave rechazan al traspaso de agua de su territorio para surtir a la compañía minera. En esta denuncia también se incluyó a autoridades de la región Moquegua. En febrero 2008, el gobierno regional concentró a pobladores y autoridades distritales y provinciales del departamento de Puno, donde fue presentado el Mapa Político Preliminar, elaborado por la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial del gobierno regional. En dicha presentación refirió a la empresa minera, Aruntani SAC, que tributa en la región Moquegua, pero que se encuentra en territorio puneño. Conforme a los acuerdos y conclusiones del Congreso de Comunidades Originarias de la zona quechua en Cabanillas del 26 y 27 de Marzo, y ratificado en la I Cumbre Regional de los Pueblos el 30 de Marzo en la ciudad de Puno, se acordó realizar el II Jatun Ttinkuy para el 30 de abril y 1 de mayo y que tiene entre sus temas de agenda el conflicto limítrofe, la presentación del caso Aruntani, entre otros. Además, acordaron impulsar el Paro Macro Sur para los días 12 al 16 de Mayo en respuesta a la Cumbre de Presidentes multinacionales. Se convocó a audiencia pública, convocada por Ministerio de Energía y Minas, así como de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno para la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de la minera Aruntani SAC : Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Eléctrica en 60 Kv Puno- Tucari y Subestaciones 4.6 MW”, que pasara por los distritos de Puno, Acora y Pichacani de la provincia y departamento de Puno y además pasara por el distrito de San Felipe de Carumas de la Provincia de Mariscal nieto del departamento de Moquegua, a realizarse en en la C.C. de Huacochullo en Pichacani, Laraqueri el 30 de mayo. Esta audiencia fue suspendida eléctrica para la Mina Aruntani, se habrían presentado alrededor de 250 personas desde Puno, Acora, Laraqueri, y ante la insuficiencia de personal policial. Las autoridades y dirigentes fueron informados que a la misma hora también se había convocado en Aruntaya, Moquegua al parecer para el mismo objetivo, por lo que se trasladaron hacia ese lugar, encontrando que se estaba realizando la audiencia con pobladores y autoridades del lado de Moquegua, que no llegaban a 20 personas, esto incomodo a la gente de Puno, pues se buscaba aprobar el EIA. El 30 de mayo, en Laraqueri se llevo una asamblea, en donde estuvo presente el Alcalde de Puno Luís Butron, en esta asamblea se acordó que el lunes 02 de junio se estaría viajando a Lima para una entrevista con el MEM. El alcalde provincial de Puno, Luis Butrón Castillo, informó que durante la reunión que sostuvo en Lima, con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, se dispuso que la empresa Aruntani SAC, tribute el canon minero a la región de Puno. El burgomestre estimó que a Puno le corresponderá el 50% del canon minero y el otro 50% para la localidad de Carumas en la región de Moquegua. Los distritos de Ácora, Santa Rosa de Mazocruz y Pichacani. En Laraqueri se verían beneficiados con el 10% del total del canon minero que tributará la empresa minera Aruntani SAC. Así lo dieron a conocer los dirigentes del Comité de Lucha la Zona Sur de Puno, en la plaza de Armas de esta ciudad donde estuvieron presentes, alcaldes y representantes de los distritos de Ácora, Laraqueri, Santa Rosa de Mazocruz y localidades aledañas. Por otro lado, productores alpaqueros del centro poblado de Pasto Grande, del distrito de Acora, provincia de Puno, están siendo afectados por la contaminación de la laguna Pasto Grande por la minera Aruntani S.A.C. informó el alcalde de esa zona, Miguel Chipana Sosa señalando que casi toda el agua de la laguna es de color rojo a causa de la contaminación ocasionada por la empresa minera.

Durante el mes de julio, la empresa minera Aruntani ha difundido la elaboración y publicación del plan de cierre de la Mina Tucari y que los interesados puedan recabar información en la Dirección Regional de Moquegua. Se ha solicitado a la DREM Moquegua el plan de cierre anunciado por Aruntani. El alcalde distrital de Santa Rosa Masocruz, Ismael Acero Mamani, denunció a través de medios de prensa el 20/08 que la empresa minera Aruntani, ubicada en la región Moquegua, contamina constantemente con metales y elementos químicos la laguna Pasto Grande (Puno), ocasionando la extinción de truchas. Señaló que este problema se produjo debido a que dicha compañía está ubicada entre la región Moquegua y Puno. Manifestó que los más perjudicados son los pobladores de las zonas alto andinas. Por otro lado, tras suspensión de la audiencia el 30/05/08 para la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental de la minera Aruntani SAC: Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Eléctrica en 60 Kv Puno- Tucari y Subestaciones 4.6 MW”, fue convocada nuevamente para el 26/08/08 por la dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, a desarrollarse del local municipal Laraqueri, distrito de Pichacani, provincia de Puno. Sin embargo, la audiencia fue suspendida antes de la instalación de la mesa directiva por problemas en las condiciones del local donde se desarrollaría la audiencia. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREMP), ordenaron el levantamiento de muestras de agua de los ríos Huenque y Santa Rosa, ubicadas en las zonas altas de la provincia de El Collao, debido a que los pobladores de la zona denunciaron que la mina Aruntani S.A.C. viene contaminando estos afluentes. En ésta diligencia estuvo presente también la fiscal del Medio Ambiente, Ludy Carol Larico Luque, el representante de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), el funcionario de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, Mauro Quispe Velásquez, el representante de la Policía Ecológica, y los Funcionarios de la Municipalidad Provincial de El Collao. La empresa minera Aruntani SAC, intentará una vez más realizar la audiencia pública para validar el estudio de impacto ambiental de la interconexión de línea eléctrica de 60 kilovoltios en el tramo Puno al centro minero Tucari, la actividad fue convocada para el 30 de diciembre 2008 en el salón comunal de Huacochullo, en el distrito de Pichacani-Laraqueri en la zona alta de la provincia de Puno. No obstante, dicha minera viene siendo cuestionada por los comuneros de la zona, puesto que habría incumplido sus compromisos sociales y ambientales para con las poblaciones aledañas a la empresa. Según los lugareños, los dirigentes ambientalistas intentarán frustrar una vez más la audiencia pública de ARUNTANI SAC, ya que si logra concretarse podría incrementarse la capacidad de explotación de la minera, lo que iría en perjuicio de las comunidades de Pichacani-Laraqueri. Últimos acontecimientos. No se registran acontecimientos. 166. Distritos de Ananea (provincia de San Antonio de Putina), Macusani y Crucero (provincia de Carabaya) Azángaro (provincia de Azángaro) Caso: Oposición de la población y autoridades ante aparente contaminación en el cuenca del Río Ramis por parte de mineros informales. Actores. Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Crucero, actividades mineras en Ananea (sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca), Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero (conformado por miembros de todos los sectores afectados por la contaminación), pobladores de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso y Azángaro. Hechos. El 25 de agosto del 2006 se convocó a una Audiencia Publica en el distrito de Crucero a fin de tratar el conflicto sobre la contaminación ambiental que viene afectando a los distritos y comunidades aledañas a la cuenca del río Ramis. Sin embargo, en esta reunión no se pudo llegar a ningún acuerdo o diálogo con las autoridades regionales y nacionales, por inasistencias de las autoridades nacionales y de la propia población. El 5 de septiembre, el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Crucero convocó a una reunión con autoridades y representantes de las comunidades campesinas afectadas, con la finalidad de acordar medidas de lucha contra la contaminación ambiental producida por las actividades mineras en Ananea (en los sectores de Huajchani, Chaquimina y Pampa Blanca). En dicha reunión se acordó realizar una movilización los días 25 y 26 de septiembre hasta el distrito de Ananea. Entre sus peticiones están: 1. Declaración en emergencia de la cuenca del río Ramis, acompañado de un paquete de medidas que contribuyan a combatir la contaminación ambiental. 2. Indemnización por los daños y

perjuicios causados por la contaminación. 3. Paralización y cierre de las actividades mineras en el distrito de Ananea. 4. Repoblamiento de la flora y fauna. 5. Aprobación de estudios de impacto ambiental. 6. Formalización de la Mineras. Asimismo, se conformó el Comité de Vigilancia del Medio Ambiente del Distrito de Crucero, el cual está conformado por miembros de todos los sectores afectados por la contaminación. La DP, durante los días previos a la paralización, solicitó información a los diferentes sectores competentes en este conflicto: el Gobierno Regional – Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Agricultura y Dirección Regional de Salud, quienes participarán en la audiencia convocada por los pobladores afectados; no se confirmó la presencia de los ministros o viceministros, a pesar del pedido de la población. Asimismo se solicitó información a la DIRTEPOL a fin de conocer las acciones tomadas respecto al tema de seguridad. Informaron que estará a cargo de las Jefes y personal de las comisarías de Azángaro y San Antonio de Putina. De igual forma mantuvimos comunicaciones con los Presidentes de los Comités de Vigilancia Medio Ambiental de los distritos afectados, quienes confirmaron que el pedido principal de esta medida de lucha es la declaratoria en emergencia de la cuenca del río Ramis y con ello la paralización de la actividad minera artesanal de Ananea. Asimismo, indicaron que se movilizarán los pobladores de los distritos de Crucero, San Antón, Asillo, Progreso y Azángaro hasta el distrito de Ananea el día 25 de septiembre, al mismo lugar donde se realizan los trabajos artesanales en minería con el ánimo de que las autoridades y funcionarios competentes conozcan la magnitud de la contaminación provocada por la minería en dicha zona. Mencionaron también que si durante los días 25 y 26 de septiembre advertían actividad minera en el distrito de Ananea, la población que se movilizaría a esta zona tomaría medidas contra los mineros artesanales (requisa de materiales e instrumentos de trabajo). La DP realizó una visita el 24 de septiembre al distrito de Ananea con la finalidad de reunirse con las autoridades del distrito, así como con representantes de los mineros artesanales para evitar posibles enfrentamientos en la zona los días de la movilización. El 18 de octubre se suscribió un Acta de Reunión de Trabajo Interinstitucional en el MEM, reunión que contó con la participación de la Vice Ministra de Energía y Minas, Dra. Rosario Padilla, congresistas del departamento de Puno, Margarita Sucari, Tomas Cenzano y un representante del congresista Lescano, Presidente del Gobierno Regional de Puno, Ing. David Jiménez, representantes de las Cooperativas Mineras de Ananea, alcalde del distrito de Ananea y representantes del CONACAMI. Se acordó lo siguiente: Compromiso del Viceministerio de Minas; resolución del problema de la titularidad de los petitorios mineros, hecho que se coordinará con el INACC, el MEM gestionara ante la PCM la expedición de la norma para la creación de una comisión multisectorial, las partes se comprometen a gestionar ante el PCM la creación de la Comisión Multisectorial de Descontaminación de la Cuenca del Río Ramis, de tratamiento de los pasivos mineros, los representantes de las Cooperativas Mineras, alcalde y Presidente del Gobierno Regional se comprometen a financiar el proyecto de construcción de pozas de estabilización de sólidos en suspensión de Ananea, el Viceministerio del MEM y el Gobierno Regional se comprometen a realizar estudios y gestiones para el tratamiento de pasivos mineros y el compromiso de los congresistas de proponer una regulación legal excepcional para la solución de los problemas sociales y mineros existentes en la cuenca del Río Ramis (titulación, contaminación ambiental, formalización de concesiones mineras, etc.). El día 19 de octubre, el Presidente del Gobierno Regional de Puno, autoridades de la Cuenca del Río Ramis, organizaciones de las comunidades afectadas por la minería informal y representantes de los mineros informales suscribieron un acta de acuerdos para gestionar lo siguiente: 1. Inmediata declaratoria en emergencia de la Cuenca del Río Ramis, 2. Inmediata remediación de los pasivos mineros, 3. Indemnización por los daños causados a las comunidades afectadas, 4. Solicitar la solución inmediata del problema de titularidad de los petitorios mineros, 5. Otorgar un plazo de 15 días para la publicación del D.S. que crea la Comisión Multisectorial de Descontaminación, 6. Cumplimiento de la construcción de las pozas de estabilización de sólidos de suspensión de Ananea, 7. Solicitar la presencia de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la inspección y verificación en la zona de contaminación y 8. Solicitar inmediata audiencia con el Presidente del Consejo de Ministros. El 22 de octubre se publicó en El Peruano la Resolución Ministerial Nº 374-2006-PCM, mediante la que se constituye una Comisión Multisectorial encargada de proponer un plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis. Dicha comisión está adscrita al MEM y está integrada por un representante del MEM, del MI, del INRENA, de DIGESA, de SUNAT y del Gobierno Regional de Puno. En el mes de diciembre del 2006, la Comisión Multisectorial presentó ante las autoridades

de la región y poblaciones afectadas su plan de trabajo para la superación de la contaminación de la cuenca del río Ramis. Las autoridades municipales y organizaciones locales están convocando a un encuentro de las organizaciones y población de la cuenca el 19 y 20 de abril. El jueves 19 de abril, en el centro poblado de Progreso del distrito de Asillo, se realizó el Primer Congreso Regional contra la Contaminación Minera de la Cuenca del Río Ramis, a la que participaron más de 2000 pobladores, y fue organizado por los alcaldes de los distritos de Azángaro, Asillo, Crucero, Patambuco, Antauta, Potoni, San Antón y Arapa; la Comisión Pro Defensa de la cuenca del río Ramis, la comisión de regantes de Asillo, Progreso, Orurillo, las organizaciones CONACAMI y CORECAMI. En este evento se llegó, entre otras conclusiones, a: la conformación del Comité de Lucha Contra la Contaminación Minera de la Cuenca del Río Ramis, la conformación de la Comisión multisectorial para la lucha contra la contaminación minera en la Región Puno, la Declaración de Emergencia de la Minería por la Contaminación de la Región Puno, entre otros. El Comité de Lucha fue conformado por las presidencias colegiadas del Presidente Regional, Abog. Hernán Fuentes Guzmán, la Congresista de la República Margarita Sucari Cari y el alcalde Provincial de la Municipalidad de Azángaro, Ing. Rubén Pachari Inofuente. Por otro lado se incorporó a las diversas secretarías asumidas por los alcaldes distritales de Asillo, San Antón, Santiago de Pupuja, Carabaya, Antauta, Samán, Arapa y Crucero, presidentes de Comités de Regantes de Asillo, Progreso y Orurillo y algunos consejeros regionales. El 9 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas publicó en las normas legales el Proyecto de Decreto Supremo mediante el cual se aprueba el “Plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la Cuencia Río Ramis” con la finalidad de recibir los aportes de parte de las instituciones de la región, así como organizaciones de la sociedad civil a fin de hacer llegar los comentarios y sugerencias al respecto. En Ayaviri, el 12 de mayo se llevó a cabo el primer congreso de prevención de la contaminación ambiental por actividad minera en la cuenca Río Ramis, que contó con la presencia de la congresista Susana Vilca, del alcalde municipalidad Provincial de Melgar, alcaldes de los distritos de Umachiri, Llalli y Cupi, consejeros regionales, del Director de Energía y Minas Puno y de dirigentes de organizaciones sociales de Ayaviri, donde entre otros acuerdos se conformó el comité de lucha que impulsaría las conclusiones a las que se arribó en este evento. El 29 de mayo del 2007, el Ing. Ernesto Sagua Alanguia, Director Regional de Energía y Minas, informó a la Oficina Defensorial Puno que para tomar la determinación de declarar en emergencia la Cuenca del Río Ramis se realizarán reuniones previas con las partes involucradas ello con la finalidad de que no existan desacuerdos de ninguno de ellos al aprobarse el Decreto Supremo. El 4 de junio del 2007, la Comisión Multisectorial de Descontaminación de la Cuenca del Río Ramis, presidido por el Presidente del Gobierno Regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, acordó solicitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto para afrontar el Plan de Acción que involucra su descontaminación. El 17 de junio del 2007, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Rubén Pachari, anunció que las poblaciones afectadas por la contaminación de la Cuenca del Río Ramis, el próximo 2 de julio acatarán una medida de lucha contra la actividad minera que continúa contaminando la mencionada Cuenca. Esta medida viene siendo coordinada por las autoridades de las municipalidades provinciales de Azángaro y Carabaya y sus consejeros regionales, las municipalidades distritales de Crucero, Potoni, Asillo y Calapuja, el Frente Único de Barrios Populares Azángaro (FUBAPA) y el Comité Pro Defensa de la cuenca Ramis. El comité de lucha conformado demanda la Declaratoria de emergencia de la Cuenca del Río Ramis, destinar un financiamiento para resarcir los daños ocasionados por la actividad minera en la Cuenca del Ramis, desconocer el proyecto y/o el Decreto Supremo del Plan de Acción de Recuperación de la Cuenca del Ramis, el cese inmediato de la actividad minera en los sectores de Chaqui minas y Pampa blanca y aledaños, la inmediata presencia de la Comisión de Alto Nivel en la región Puno con carácter resolutivo, dejar sin efecto las concesiones mineras peticionadas por la corporación minera San Antonio de Poto representado por Francisco Ccama y otros, y la destitución inmediata del Director Regional de Energía y minas. El 25 de junio de 2007, el Comité de Lucha por la Defensa de la Cuenca del Río Ramis, presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Ruben Pachari Inofuente, ratificó la medida (huelga indefinida) para el 02 de julio de 2007, por la declaratoria de emergencia ambiental, indicando que frente a la postergación y falta de atención de parte del gobierno central,

no hay otra alternativa. El 02 de julio de 2007, la población afectada por la contaminación de la Cuenca del Río Ramis inició la huelga indefinida solicitando al gobierno central la declaratoria de emergencia de la Cuenca del Ramis, así como el cese de la actividad minera en los sectores de Chaquimina, Pampablanca, San Antonio de Poto de los distritos de Ananea, provincia de San Antonio de Putina y otros, la designación de una Comisión de Alto Nivel integrado por el Ministro de Energía y Minas y congresistas de la República, para que se realice un diálogo con la población y buscar alternativas de solución a sus demandas no atendidas, la designación de un presupuesto para resarcir los daños ocasionados al medio ambiente por los relaves mineros. Esta medida se notó con mayor contundencia en la ciudad de Juliaca debido a que los pobladores de los distritos de Crucero, Azángaro, San Antón, Progreso, entre otros, bloquearon las vías de acceso a la zona norte del departamento de Puno, principalmente el Puente Maravillas, obstaculizando al acceso a la ciudad de Juliaca y Cusco. El 03 de julio de 2007, el Presidente Alan García Perez, promulga el Decreto Supremo Nº 0342007 que contempla el Plan de Recuperación de la Cuenca del Río Ramis. El 04 de julio de 2007, los pobladores de Azángaro y Carabaya, que se apostaron sobre el Puente Maravillas en Juliaca, ratificaron la “Huelga Indefinida”, pese a conocer el Decreto Supremo promulgado, mencionando que dicho dispositivo legal no ayudaría en nada si antes no se emite la Declaratoria en Emergencia de la Cuenca del Río Ramis. El Ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Valdivia Romero, mostró su disposición para iniciar un dialogo con los afectados, siempre y cuando el Gobierno Regional de Puno garantice las condiciones para el mismo. El 5 de julio de 2007, los pobladores procedentes de diferentes distritos de las provincias de Azángaro y Carabaya, fueron desalojados del Puente Maravillas y durante varias horas se enfrentaron a la Policía, pretendiendo recuperar el dominio del puente. El día anterior se había intentado tomar la Central Eléctrica de Azángaro por parte de mil pobladores, por lo que la policía en su intento de llegar a dar protección desde Juliaca procedió a este desbloqueo. En Azángaro los pobladores lograron el objetivo de cortar la energía eléctrica por aproximadamente 4 horas. Este enfrentamiento se inició desde las 05:00 a.m., en esta intervención estuvo presente el representante del Ministerio Público, siendo intervenidos 19 ciudadanos. La OD Puno, al tomar conocimiento de estos hechos, en la ciudad de Juliaca, desde las 7:45 horas se constituyó en la Dependencia Policial de Seguridad del Estado con la finalidad de verificar la condición de los detenidos y que las investigaciones se realicen de acuerdo a ley. Asimismo, se coordinó con el Instituto de Medicina Legal para la revisión de los detenidos, que en algunos casos presentaban golpes (rostro, cabeza y cuerpo). En horas de la tarde fueron puestos en libertad luego de rendir sus manifestaciones. El 6 de julio de 2007, en la sede del Gobierno Regional de Puno se reunió la Comisión de Alto Nivel presidida por el Ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Valdivia Romero, el Presidente del Gobierno Regional de Puno, Hernán Fuentes, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, alcaldes y representantes de los distritos afectados en la Cuenca del Río Ramis, y participación de la OD Puno. Luego de una prolongada reunión de trabajo, llegaron a los siguientes acuerdos: 1). El cese de la actividad minera, para ello se iniciará con la notificación legal a los mineros informales con presencia del representante del Ministerio Público, la Dirección de Energía y Minas, principalmente de las zonas de Pampa Blanca, Chaquiminas y aledaños. 2). Garantizar la presencia de la Policía Nacional para el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades pertinentes. 3). El 16 de julio, se instalará la Comisión Multisectorial de la Cuenca Río Ramis en Puno, incluyendo a los representantes de la población afectada. 4). La declaratoria de emergencia, se cumplirá en un plazo de 60 días, desde la instalación de la comisión, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas. 5). El financiamiento del Plan de Acción será asumido por los sectores correspondientes, como lo establece el D.S. N° 034-2007-PCM. 6). El Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, se comprometió a co-financiar los estudios de evaluación de la contaminación de la Cuenca del Rio Ramis en convenio con el Gobierno Regional de Puno. Tras llegar a estos acuerdos, se suspendió la huelga indefinida iniciada desde el pasado 02 de julio. Como punto final del acuerdo fue que se coordinará con las autoridades respectivas, la suspensión de actos de hostigamiento contra los pobladores y autoridades producto de la huelga. El 11 de julio de 2007, El Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial Nº 3232007, designó al Ing. Víctor Vargas Vargas como su representante ante la Comisión Multisectorial Cuenca del Río Ramis, quien la presidirá.

El 16 de julio de 2007, en la sede del Gobierno Regional de Puno, se instaló la Comisión Multisectorial Cuenca Río Ramis, con la participación de representantes de diversos sectores, alcaldes distritales afectados, además de autoridades regionales. Además, integran el representante del Ministerio del Interior, Manuel Larrea Sánchez; Alberto Gieseke, del CONAM; Guillermo Shinno Huamaní del OSINERMIN; Juana Aquise García de la SUNAT; Jorge Caro Escarcena y Rocío Gómez Paredes del Gobierno Regional y representantes del INRENA y DIGESA. Luego de una reunión previa de los integrantes, se incorporaron a dicha comisión los alcaldes de los distritos de Asillo, San Antón, Potoni, Azángaro y Crucero; los representantes de las comunidades afectadas se incorporaran paulatinamente, para ello se debían acreditar por sus bases y presentarse ante la comisión. La Defensoría del Pueblo participó en esta primera reunión. El 17 de julio de 2007, en reunión de evaluación los comités de regantes de la Cuenca del río Ramis, acordaron conformar un comité técnico ambiental, que se encargará de analizar la real situación de la contaminación y la declaratoria de emergencia, paralelo a la Comisión Multisectorial, que se instaló el lunes 16 de julio. El motivo de la instalación de otro comité técnico ambiental, es debido a la desconfianza de parte de los comités de regantes, informó el Consejero Regional de Azángaro, Angel Zapana Vargas. Cabe señalar que los consejeros regionales de Azángaro y Carabaya, solicitaron ser parte de la Comisión Multisectorial, lo cual no fue aceptado, por ya haberse integrado a los alcaldes y representantes de los afectados. El 23 de julio del 2007, el Consejero Regional de la Provincia de San Antonio de Putina informó a través de los medios de comunicación que la instalación de la Comisión de Alto Nivel para la Recuperación de la Cuenca del Río Ramis no tuvo mayor incidencia en dicha zona debido a que, a la fecha, las empresas mineras, los mineros artesanales y los informales están operando con toda normalidad. Asimismo mencionó que en el distrito de Ananea ya se había implementado y dotado de mayor cantidad de efectivos policiales en dicha zona. El 24 de julio de 2007, el Director Regional de Energía y Minas, Ing. Ernesto Sagua, informó que a pesar de que el Gobierno Regional de Puno y su Despacho cumplieron con las notificaciones, a fin de que se paralicen las actividades mineras en la zona de Ananea, los mineros informales y empresas mineras están incumpliendo tal disposición, motivo por el cual confirmó que en agosto ya se tendría implementada la Oficina Técnica para poder controlar y hacer cumplir la Ley. Asimismo, mencionó que una vez instalada la oficina técnica se elaboraría un inventario de toda la pequeña minería, mineros artesanales, su ubicación exacta y sobre todo en la forma que deberían de trabajar cada uno de ellos, sin infringir las normas existentes. Los pobladores afectados recordaron que la tregua establecida con las autoridades nacionales, regionales y locales se vence el 13 de septiembre, estando la población a la espera de la presentación del informe correspondiente por parte de la Comisión de Alto Nivel. El 20 de agosto, la Comisión se reunió en la ciudad de Lima para evaluar una posible declaración de emergencia por contaminación de la Cuenca Ramis. Durante el mes de setiembre se ha continuado con la implementación del Plan de Acción para la descontaminación de la Cuenca Ramis con algunas dificultades. El 19 de setiembre se venció el plazo concedido para el trabajo de la Comisión Multisectorial, sin embargo se habría postergado para el 4 de octubre la emisión del informe correspondiente y se está a la espera del pronunciamiento por parte del CONAM para la declaratoria de emergencia ambiental de la Cuenca Ramis. Los comités de regantes de la cuenca Ramis afectados por la contaminación de relaves mineros, tras haberse cumplido la quinta y última reunión del Comité Multisectorial, no llegaron a ningún acuerdo, esto motivó a que dichos comités reinicien la huelga indefinida. Así lo dio a conocer Bladimir Mamani Cruz, presidente del comité pro defensa de la cuenca Ramis. La reunión, se llevó a cabo el 04 de octubre, en el auditórium de la Dirección Regional de Agricultura, pero no estuvo presente el presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), y el responsable del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), lo molestó a los dirigentes. En la pasada reunión, acordaron la entrega del informe de las comisiones de trabajo que se había designado, sin embargo, nada no llego a ocurrir. Razón por la cual, el presidente pro defensa de la cuenca Ramis, anunció el reinicio de la huelga indefinida, pues ya habría vencido el plazo de tregua de 60 días, que dieron para la declaratoria de emergencia de la cuenca Ramis. El consejero regional por la provincia de Azángaro, Ángel Zapana Vargas, aseveró que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, afirma que 5 mil hectáreas de cultivos fueron afectados, 84 kilómetros del río Ramis están colmatados por relaves mineros y que las acciones dependerán de los acuerdos de una reunión multisectorial. En estos 84 kilómetros del

río Ramis, se habría encontrado residuos sólidos y elementos químicos no aptos para el consumo humano y perjudicial para la ganadería y agricultura del entorno, según el consejero provincial de Azángaro Ángel Zapana Vargas. El 16 de octubre fue publicada la Resolución Nº 171-2007-CONAM/PCD que Declara en Emergencia Ambiental las áreas de influencia de las actividades de minería informal en la cuenca del Río Ramis, por un periodo de 90 días calendario, comprendiendo parte de los distritos de Ananea (provincia San Antonio de Putina, Asillo, San Antón y Potoni (provincia de Azángaro) y Crucero (provincia de Sandia). Esta medida se toma como consecuencia del desarrollo de actividades mineras informales. Tras la declaratoria de emergencia se ha verificado que todavía no se han hecho los acondicionamientos correspondientes por falta de presupuesto que deben gestionar el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Interior. Hay mineros que han paralizado la explotación con la intención de formalizarse, y que se iban a construir las pozas de sedimentación sin embargo esto todavía no se hacen por falta de presupuesto. El 4 de diciembre el Gobierno Regional de Puno suspendió, indefinidamente, el otorgamiento de concesiones a la pequeña y mediana minería artesanal, informó el presidente de dicho departamento, Hernán Fuentes Guzmán. Por otro lado, las direcciones sectoriales de Puno, comprometidas con la descontaminación de la cuenca Ramis, programaron reunirse el once diciembre con el Consejo Nacional del Medioambiente (CONAM) para determinar la tipología de actividades y avances del Plan de Emergencia Ambiental, para estimar las responsabilidades a las diferentes instituciones9. El gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Puno, Jorge Caro Escarcena, señaló que el Plan de Emergencia Ambiental permitirá ejecutar los trabajos de manera unificada, mediante la instalación de una unidad ejecutora, lo que llevará a un trabajo coordinado y sistemático para atacar el problema de contaminación de la cuenca Ramis. En dicha reunión se conocería sobre los avances del Ministerio de Energía y Minas, sobre la convocatoria a una consultora internacional para los estudios de tratamiento global e integral a los problemas de la evacuación de las aguas de la cuenca Ramis. El consejero regional por la provincia de Azángaro, Ángel Zapana Vargas y el dirigente minero Francisco Cama denunciaron en un medio de prensa que efectivos de la PNP vienen cobrando cupos en soles y dólares para dejar operar a los mineros informales. A ello se suma que a la fecha sólo existen 20 miembros de la PNP y que según lo acordado el 20 de setiembre, debió implementar a 100 el personal policía. Por su parte, el general Oscar Becerra Velarde, jefe de la XII DIRTEPOL, sostuvo que la policía hizo operativos e incauto explosivos, dinamita, maquinaria pesada, los cuales serían usados por estas cooperativas mineras. El 23 de enero de 2008, el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) amplió por noventa días hábiles adicionales la declaratoria de emergencia ambiental en las áreas de influencia de las actividades de minería informal en la cuenca del río Ramis, en el departamento de Puno. Según una resolución publicada, el presidente de la Región Puno, Hernán Fuentes, manifestó que el cometido central de la anterior declaratoria no fue logrado, al no efectuarse las acciones previstas para superar la emergencia. Asimismo, Fuentes refirió que se aprobaron las estrategias para superar la emergencia, tras una reunión desarrollada con representantes de las zonas afectadas y de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Cuenca del Río Ramis, operadores mineros e instituciones con competencias en las acciones previstas. El Gobierno regional de Puno ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para implementación de Plan de acción en Cuenca Ramis y proyectos de desarrollo para esta zona. Tras la ampliación de la emergencia ambiental, los pobladores afectados por la contaminación de la Cuenca Ramis, iniciaron el 03 de marzo de 2008 desde horas de la madrugada una protesta con el bloqueo de la carretera interoceánica, a la altura del Puente Ñaupapampa, entre Azángaro, Asillo, San Antón hasta el desvío a Macusani, Carabaya, donde se habrían hecho presentes alrededor de 600 protestantes en dicho punto. Ese mismo día, un grupo de dirigentes viajan a Lima para reunión con PCM. A primeras horas de la mañana del 04 de marzo, los piquetes de protestantes se concentraron en el Centro Poblado de Progreso con la finalidad de esperar los resultados de la gestión de los dirigentes en Lima. Ese mismo día, durante la mañana, se llevó a cabo la reunión en Lima presidida 9   Nota del 07 de diciembre en Radio Pachamama.

por el Ministro de Energía y Minas, con participación del alcalde de Azángaro, alcaldes distritales de Asillo, San Antón, Potoni y Crucero, así como el congresista Yhony Lezcano, entre otros. La reunión logró como acuerdo un crédito suplementario de 5 millones de soles para implementar proyectos de desarrollo, para lo cual el Gobierno Regional de Puno tendrá que definir los proyectos respectivos junto con los gobiernos locales involucrados. El 3 de marzo la Asociación de Usuarios y Regantes de los Distritos de Asillo y Oruirillo, en las provincias Azángaro y Melgar, realizaron un paro de 48 horas contra la minería informal y exigieron a las autoridades locales que eviten la contaminación de la cuenca del río Ramis, actualmente afectada por la minería informal. La policía informo que la medida de fuerza se realizo con el bloqueo de las vías de ingreso al distrito de San Antón y con la interrupción de la carretera que conduce a la localidad de Ñaupapampa. Cabe recordar que el 23 de enero el Conam amplió por 90 días la declaratoria de emergencia ambiental en las áreas de influencia de las actividades de minería informal en la cuenca del río Ramis, que comprende los distritos de Ananea, Asillo, San Antón, Potoni y Crucero. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) -con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- implementará a partir de julio próximo el programa de Vigilancia Epidemiológica de Animales en la Cuenca del Río Ramis (Puno), por la suma dos millones de nuevos soles, que permitirá diagnosticar los posibles casos de intoxicación en las especies animales, producto de la contaminación ambiental generada por la minería informal. El martes 08 de abril se llevó a cabo la primera reunión descentralizada del grupo de trabajo, que tiene a su cargo la elaboración de los proyectos para la recuperación de la cuenca del río Ramis, desarrollada en la provincia de Azángaro, para detallar las acciones que impulsen la recuperación de esta zona. En la sesión participó el viceministro de Agricultura, Luis Felipe Sánchez Araujo, el jefe nacional del SENASA Oscar Domínguez Falcón, representante del CONAM, Pronamachs, Inrena, así como los alcaldes distritales y dirigentes de la cuenca del Ramis, para coordinar la elaboración de los perfiles de proyectos que deben estar concluidos a más tardar el 20 de mayo. El consejero regional de Azángaro, Ángel Zapana Vargas, informó que se ejecutaran proyectos referidos al manejo de recursos hídricos, recuperación de la producción pecuaria y agrícola, entre otros proyectos, todo en coordinación con las autoridades locales. Para ello, el próximo 29 de abril estos grupos de trabajo se reunirán nuevamente en Azángaro, a fin de presentar los avances de cada módulo. Además, dijo que los miembros de la Comisión Multisectorial, encargados de la recuperación de esta cuenca, se reunirán el 25 de abril en las instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura de Puno (DRAP), para coordinar las futuras acciones. El consejero regional Zapana, sostuvo que una vez concluidos los proyectos que permitan la remediación de la citada cuenca, estos documentos se presentaran al Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF), para su posterior implementación mediante un crédito suplementario. Por otro lado, tras una visita de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, el encargado Américo Arizaca Ávalos, verificó la presencia de 30 cargadores frontales y 20 retro excavadoras, que desarrollaban actividades extractivas de una manera informal a pesar de la declaratoria en emergencia de la cuenca del río Ramis, y la supuesta suspensión de toda actividad minera en aquella zona. Según mencionó el Sr. Arizaca, de acuerdo al decreto supremo Nº 034-2007-EM, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), deben controlar la explotación minera en esa zona y garantizar el cumplimiento de la norma, anotó el funcionario. Agregó que es de estricta responsabilidad del Ministerio del Interior (MININTER) controlar la circulación de maquinaria pesada y combustible; así mismo, dicho portafolio debe disponer el incremento del número de efectivos policiales, para controlar la actividad minera a fin de evitar mayor contaminación en la cuenca del Ramis. El Gobierno Regional envió, el 22 de mayo, al CONAM y a otros ministerios el oficio 218-2008 un documento sustentando una segunda ampliación de la declaratoria en emergencia de la Cuenca del Río Ramis, por 90 días más. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) señaló, que la prórroga se realizaría previa evaluación al informe que el Gobierno Regional de Puno debe presentar, ya que es la entidad encargada de hacer el seguimiento a los trabajos que están realizando para la recuperación del área contaminada. Según información periodística del Pachamama 29 de mayo, representantes de la sociedad civil y alcaldes de los cinco distritos afectados por la explotación de la minera informal en la Cuenca del

Río Ramis, acordaron solicitar una audiencia al Presidente de la República, Alan García dentro de los siguientes quince días, para exigir la inmediata remediación a la zona contaminada. Representantes del Ministerio de Agricultura prestarán asesoría técnica en la elaboración de los estudios de remediación y rehabilitación de la infraestructura de riego afectada por los sólidos en suspensión producida por la actividad minera, como es el caso de la rehabilitación de la Bocatoma Inampo, ubicada en el distrito de Asillo. Esta actividad se efectuaría en la brevedad posible en coordinación con el alcalde distrital y el Ministerio de Agricultura. La decisión fue tomada en reunión que se llevó a cabo el lunes 16 de junio en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas con la presencia de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Agricultura, congresista Yonhy Lescano Ancieta y el alcalde del distrito de Asillo, José Torres Sucari y miembros de la Comisión Multisectorial Cuenca Río Ramis. Otro de los temas que abordaron fueron los resultados de la evaluación efectuada por el Ministerio de Agricultura sobre los 46 proyectos de remediación de los impactos negativos generados en el sector agropecuario como consecuencia de la explotación informal de las morrenas auríferas ubicadas en el distrito de Ananea. Las gestiones y el financiamiento de los estudios y ejecución de las obras de remediación y el compromiso de los titulares mineros, serán expuestos ante los alcaldes y representantes de la sociedad civil de los distritos afectados en la próxima reunión de la Comisión Multisectorial de la Cuenca del Río Ramis. Los miembros de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Cuenca del río Ramis, ratificaron pedir una audiencia pública con el Presidente de la República, Alan García Pérez, para solicitar asigne 140 millones de nuevos soles para la remediación de esta cuenca, además de beneficiar a los cinco distritos de la provincia de Azángaro. Asimismo, las autoridades ediles que conforman esta comisión acordaron, por unanimidad, la redistribución equitativa de los cinco millones nuevos soles que fue asignado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para los trabajos iniciales del río Ramis. El presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, anunció que autoridades regionales, alcaldes provinciales y distritales y pobladores de la región, principalmente de la cuenca del río Ramis, realizarán una gran movilización si es que el presidente Alan García no los recibe, en audiencia pública, para escuchar sus demandas por el grave daño ambiental que ha causado en la zona la explotación minera, esencialmente aurífera. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de la Dirección Regional de Salud realiza la vigilancia de la calidad de los recursos hídricos en diversas cuencas y, según últimos datos reportados, la presencia de arsénico y plomo en la cuenca del río Ramis sobrepasó los límites permisibles. El límite permitido de la presencia de arsénico es de 0.05 mg/L, sin embargo, según este reporte se ha registrado 0.39 mg/L de arsénico en la cuenca del río Ramis, lo cual provocaría mayor contaminación, intoxicación y otras patologías en las personas. Indicó, José Luís Mejía Director de salud ambiental. Por otro lado señaló, que el gobierno regional y la Dirección de Energía y Minas deben tomar las acciones pertinentes para que las empresas mineras cumplan con los parámetros y exigencias establecidas para su funcionamiento. El presidente de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Cuenca Ramis, Víctor Vargas, convocará a una reunión de trabajo la segunda semana del mes de setiembre en la ciudad de Puno, con el propósito de informar acerca de los avances con respecto a la implementación de los proyectos para la remediación del área contaminada. A partir del 15 de setiembre 2008 el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos –PRONAMACHS programó ejecutar más de 9 proyectos de riego en la cuenca del río Ramis, con los 5 millones que el Ministerio de Energía y Minas destinó para su recuperación. Lo confirmo, el gerente departamental del PRONAMACHCS - Puno, Rubén Delgado, quien en dialogo con Pachamama Radio, sostuvo que actualmente están culminando con la elaboración de los perfiles de los 9 proyectos. Estas primeras acciones para la remediación de la cuenca del río Ramis, se plasmaran en los cinco distritos contaminados de la provincia de Azangaro. Por otro lado, la Comisión Multisectorial de Recuperación de la Cuenca del río Ramis, en reunión desarrollada el 17 de setiembre 2008, ha decidido llevar este problema al Ministerio del Ambiente, debido a la falta de presupuesto y acciones concretas para solucionar este tema. César Esquivel, gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Puno, después de la reunión, informó que uno de los acuerdos para descontaminar el río Ramis, es tratar este tema en el

Ministerio del Ambiente. “Antes de acudir con el presidente de la república, conversaremos con el ministro del sector” acotó. El responsable de proyectos del Pronamachs Puno, David Luna Aquise, informó que con presupuesto de 5 millones de soles se daría por inicio los trabajos de rehabilitación de los canales de riego ubicados en la parte alta de la Cuenca del Río Ramis. El funcionario señaló que en se tiene programado que en la segunda semana de octubre se comenzará los trabajos de limpieza y descolmatación con el apoyo de los probladores afectados, mientras tanto, los expedientes serán remitidos a la cede central del Pronamachs para que tramite en el Ministerio de Energía y Minas su validación y aprobación, indicó. Los trabajos de rehabilitación de canales de riego comprenden las zonas de Crucero, Potoni, San Antón y Azángaro. El 28 de octubre de 2008, en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno, se reunieron los miembros de la Comisión Multisectorial de la Cuenca del Rio Ramis Ingeniero Víctor Vargas Vargas (Representante del Ministerio de Energía y Minas y Presidente de la Comisión), Ingeniero Cesar Esquivel Rodrigues representante del Gobierno Regional de Puno, Cesar Lavado Huayhua representante del OSINERGMIN, Ing. Lucio Ticona Mamani Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alwin Saturnino Cutipa Mamani Alcalde del Municipio de Crucero, Pamela Maldonado García representante de la PCM, David A. Luna Aquise representante de PRONAMCHS, Ing. Isaac Humpiri Ramos representante del ATDR Ramis, Ingeniero Américo Arizaca Avalos Director Regional de Energías y Minas, Eduardo Santa María, representante de la PNP-Puno, Ing. Jaime Cuba Corrido representante de INRENA, Ing. David Walter Espinoza representante de MINAM, Percy Ismael Condori Condori Teniente Alcalde de la Municipalidad de San Antón, Ludy Carol Larico Luque Fiscal Adjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Cirilo Tumbillo delegado, Nicolás Humallo Coa, Luís Díaz Pachas de la Municipalidad de Crucero, Ing. W. Ricardo Morales P., Felipe Chipana Huanco, representantes del MEM, Juana Aquize García representante alterno SUNAT, Mauro Quispe Velásquez representante de la DIRESA Puno, José Torres Sucari Alcalde de la Municipalidad de Asillo. Reunión en la que se tomaron los siguientes acuerdos: Que a la comisión de la Administración local del Agua del Ramis presente el informe del balance Hídrico de la Cuenca del rio Ramis; Conformar el grupo de trabajo para el control de la actividad minera informal e ilegal en el distrito de Ananea el cual estaría conformado por representantes de la DREM Puno que lo presidirá, SUNAT, MEM a través de la Oficina Técnica de Ananea, PNP, Fiscalía Ambiental y MINAM; Que el Consejo regional emita una Ordenanza Regional, normando el control de maquinaria pesada y combustible en las zonas mineras estableciendo sanciones para la maquinaria que se encuentre realizando actividad minera contraviniendo normas mineras y ambientales; Solicitar a la DIRESA efectúe un programa de evaluación de la salud de los pobladores de los distritos afectados por al actividad minera. Finalmente, se acordó que la reunión próxima de la CMCRR se efectúe el 27 de noviembre de 2008, en la localidad de Ananea. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha desembolsado un millón de soles al Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS) para iniciar con la ejecución de siete proyectos de remediación de la cuenca Ramis. Rubén Delgado, gerente departamental de esta institución, informó que la ejecución de las obras se iniciarán en el mes de diciembre, luego de que el consejo nacional de contratación y adquisición del estado (CONSUCODE) otorgue la buena pro a las empresas constructoras que concursan en estos días para ser los ejecutores de las obras de remediación. Adelantó que en el mes de diciembre recibirán otro desembolso económico que asciende un total de 900 mil soles, y el monto económico restante será transferido a PRONAMACHS en el 2009. Las primeras obras se ejecutaran en los distritos de San Antón, Potoni, Crucero y Asillo. Mediante Resolución Ministerial Nº 518-2008-MEM/DM, de fecha 10 de noviembre, publicado el 11 de noviembre 2008, se resuelve modificar el numeral 4.2.1. del Plan de Acción Dirigido a lograr la Recuperación de la Cuenca del río Ramis, de la siguiente manera: “4.2.1 Elaboración del Estudio Técnico a nivel de perfil técnico económico para la construcción de presas de contención de sólidos, de acuerdo a recomendación contenida en el diagnóstico elaborado por la cooperación técnica brasileña”. Siendo su objetivo, evitar que los sólidos en suspensión provenientes de la actividad minera en el distrito de Ananea, discurran hacia la parte baja de la cueca de las aguas de la cuenca media del río Ramis y posibilitando el almacenamiento de agua de buena calidad para uso del sector agrícola en la época de estiaje. A partir de 13 de diciembre entra en vigencia la Resolución Directoral Nº 076 – DREM PUNO/D, relativa a las acciones de control de maquinaria pesada en el distrito minero de Ananea (San

Antonio de Putina) como parte del plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis. Se establecerá un registro de maquinarias autorizadas para la actividad minera, de los titulares mineros que cuenten con la respectiva certificación ambiental emitida por la autoridad del sector Energía y Minas, señala la norma. También se autorizará la circulación y operación de maquinaria pesada, al mismo tiempo se establecerá un procedimiento de intervención, retiro y comiso de maquinaria pesada que se encuentre dentro de la zona del distrito de Ananea realizando actividad minera informal o ilegal. Para el control de la maquinaria pesada destinada a actividades mineras de tipo informal e ilegal, dentro del distrito de Ananea, tendrán competencia el Ministerio del Interior, Ministerio Publico, Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y la Policía Nacional. Por otro parte, en la visita realizada por el premier Yehude Simons a Puno el 23 de diciembre afirmó que asumen la tarea de lograr la descontaminación del área ubicada en la Cuenca del Ramis y resolver de una vez por todas, el problema de la minería informal. Últimos acontecimientos. El Dr. Pedro Farfan Parrales, Fiscal Especializado en Materia Ambiental de Puno, informó que el Ministerio Público y la Dirección Regional de Energía y Minas en aplicación del Decreto Supremo Nº 005-2009-EM, "Aprueban Reglamento de la ley Nº 27651- Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal", el 23.01.09 se llegó al acuerdo de realizar operativos mensuales (03 operativos por mes), en el que intervendran hasta 04 representantes del Ministerio Público, indicando que tendrán seguridad por parte de la PNP con un total de 40 efectivos policiales. Sobre dicha información, el 03.03.09, el nuevo Director Regional Ing. Víctor Hugo Paredes Argandoña indicó que desconocía de los operativos y que no había ninguna coordinación formal. La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, a cargo de la señora Delia Velásquez Tito, refiere que el 25.03.09, se convocará a una reunión en el Gobierno Regional en coordinación con el Consejero Regional de la provincia de Azángaro Angel Zapana Vargas a los alcaldes de las municipalidades de Crucero, Asillo, San Antón, Potoni y Azángaro para tratar el tema relacionado al presupuesto asignado al PRONAMACHS. Además, señaló que recién la segunda semana de abril de 2009, se convocará para la reunión de la CMCRR, con la particpación del Ingeniero Víctor Vargas Vargas (Representante del Ministerio de Energía y Minas y Presidente de la Comisión).

SAN MARTÍN 167. Distrito de Chazuta, provincia de San Martín Caso. Reclamo ante presunta tala ilegal y depredación de recursos naturales en zona de protección y conservación. Actores. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chazuta; Isaac Tangoa Panaifo, Empresa PAESANA SAC., representada por Doménico Spiridigliozzi; Frente de Lucha de Chazuta, presidida por el Apu de la CCNN Santa Rosa de Mushullakta (etnia quechua); trabajadores de la empresa PAESANA SAC. Otros: Gobierno Regional de San Martín, INRENA, Dirección Agraria, Instituto Nacional de Cultura. Antecedentes. Conversación de Empresario Doménico Spiridigliozzi con autoridades para invertir en la localidad y presunta autorización para su ingreso. Conversaciones y ofrecimientos de compra– venta de inmuebles de familiares de alcalde a empresario, sin concretarse, al parecer, por altos costos. Construcción de vivienda de empresario en la Banda de Chazuta, con presunta autorización verbal de alcalde y sin documentación legal. Según algunos trabajadores de la obra, en la excavación se encontraron urnas funerarias que fueron destruidas. Notificación Nº 132-2007INC/DR-SM-M, de fecha 10.4.7, emitida por la Directora del INC San Martín, Lic. Amelia Zuzunaga Cardich, quien informó sobre la ubicación de sitio arqueológico y solicita el descargo por la construcción de estructuras arquitectónicas al haberse producido sin autorización del INC. Multa de INRENA por presunta extracción ilegal de madera, apelada. Inconformidad de comerciantes y aserraderos de la zona por incremento de pago en el jornal de obreros de la Empresa PAESANA SAC (se pagaba S/. 5.00 por día y empresario abona S/. 12.50). Realización de obras de trochas, ejecutadas con maquinaria de empresario en barrios de la Banda de Chazuta, al parecer por pedido de éstos. Sin autorización de alcalde. Reiteradas reuniones de autoridades políticas convocadas por alcalde para exigir la salida del empresario. Población dividida y disconforme con acciones de

su alcalde. Reiteradas reuniones de autoridades para tomar medidas contra empresario Doménico Spiridigliozzi. Denuncia presentada por el Gobierno Regional de San Martín, que origino la apertura de investigación y la realización de diligencia de inspección en presencia de autoridades sin encontrar evidencias ilícitas. Se está a la espera de informe de INRENA. Vencimiento de plazo de 48 horas dado por las autoridades y pobladores de Chazuta para que empresario se retire de Chazuta. Hechos. El 18 de julio del 2007, desde las 00:00, autoridades y pobladores de la localidad de Chazuta se declararon en paro indefinido exigiendo la salida de la localidad del Empresario de PAESANA SAC, Doménico Spiridigliozzi, por presuntas irregularidades cometidas en la zona. Las medidas adoptadas son el cierre de la carretera de ingreso y salida a la ciudad, protesta en la Plaza de Armas de Chazuta (80 personas aproximadamente) e instalación de olla común. En mérito de ello, autoridades de la Procuraduría Pública, el Asesor Legal del Gobierno Regional, representantes del Ministerio Público y de la PNP se constituyeron en el lugar, explicando las acciones realizadas al respecto, tales como denuncia ante Ministerio Público e investigación fiscal pendiente de informe de INRENA. Luego se acordó conformar comisiones para evaluar acciones, acordándose marchar hacia el domicilio del empresario ubicado en la Banda de Chazuta. Por su parte. El Gobierno Regional acordó invitar a un diálogo al empresario, quien mostró su disponibilidad, fijándose como fecha de encuentro el día del inicio del paro, a las 11:00 a.m., aproximadamente. Comisionados de la DP sugirieron al empresario suspender una actividad que realizaba en su domicilio a fin de evitar cualquier tipo de enfrentamientos, accediéndose a ello. En el segundo día del paro (19 de julio), la situación también fue tensa y se reportó que los dos grupos de la población, los que están a favor y en contra del empresario, se encontraron en la Plaza de Armas a la espera de la comisión del Gobierno Regional que estaría presidida por el Gerente General. Ese día fueron bloqueadas las vías de acceso. En el curso de una entrevista, Doménico Spiridigliozzi preciso que debido al acta de acuerdo para suspender las actividades en Siambal, dispuso el cese de actividades. Respecto a las obras ejecutadas en su domicilio, jamás fueron observadas por el alcalde, quien en una oportunidad le dijo que desconocía el procedimiento de la licencia y que prosiguiera con su obra. Además señaló que cuenta con la documentación legal correspondiente. Spiridigliozzi ha apelado la sanción de multa impuesta por INRENA debido a que en la zona existen otras concesiones. Asimismo contestó a la notificación del INC sobre las obras realizadas en las calles, las cuales, según indicó, se hicieron a pedido de la población y considera que estos actos están siendo promovidos por intereses económicos de aserraderos ilegales debido a que paga más por la mano de obra. La DP exhortó evitar cualquier tipo de acto que pudiese causar enfrentamiento y mostrar la documentación que lo acredita a realizar los trabajos en la reunión, así como exhortar a los trabajadores a mantener la calma y no beber licor. El empresario precisó que si el lugar donde ha construido su vivienda es zona arqueológica y así lo demuestran los documentos no se opone a dejar el lugar. En entrevista con el alcalde de Chazuta, se recordó las responsabilidades, las obligaciones, el procedimiento para las licencias, la transparencia, la neutralidad y los mecanismos para canalizar los problemas con sus administrados sin tener que movilizar a la población. La DP recomendó que se disponga una visita en la zona, se verifique la zona de daños arqueológicos, se proporcione copia de la resolución que lo declara patrimonio cultural y se proceda con la denuncia respectiva, de ser el caso. El 15 de agosto, la DP participó en una reunión interinstitucional convocada por el Gobierno Regional de San Martín en la ciudad de Tarapoto con el fin de tratar sobre a) estrategias y acciones legales a adoptar para la lucha contra la deforestación y la defensa del medio ambiente, b) acciones legales conexas en el caso Chazuta. Reiteramos las siguientes propuestas: 1) Institucionalización de la Política Regional de Educación Ambiental mediante una Ordenanza Regional específica que asegure su aplicación, monitoreo y efectiva ejecución con un financiamiento importante como el objetivo; 2) Institucionalización de la Mesa Interinstitucional e Intercultural de diálogo y Coordinación de carácter permanente para la solución de la problemática ambiental, la cual tendría que ser convocada por el Gobierno Regional de San Martín y debería estar conformada por los Gobiernos locales, Direcciones Regionales de Agricultura, Energía y Minas, Producción, Educación, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones, Trabajo, INRENA, CONAM, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional

del Perú, Universidades, Instituciones Educativas, Sector Empresarial: concesionarios forestales, ganaderos, arroceros, cafetaleros, etc., Instituciones de la Sociedad Civil, ONG, Rondas Campesinas, Comunidades Nativas, Comités de Autodefensa, Iglesia y Medios de Comunicación. En dicha reunión se acordó volver a reunirnos durante la primera semana de septiembre, a fin de debatir las propuestas, tanto las nuestras como las de las otras instituciones, y la conformación de la Mesa de Concertación para formación de objetivos comunes. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chazuta, del Parque Nacional Cordillera Azul, de la Dirección Regional de Agricultura y del INRENA se comprometieron a realizar una visita de inspección el día 16 de agosto, a fin de verificar los trabajos de apertura de trocha que estaría realizando Doménico en el Caserío Aguanomuyuna (Chazuta) sin la licencia correspondiente. Un representante del Comité de Lucha de la Sociedad Civil de Chazuta manifestó que el contexto social es de tensa calma debido a los procesos administrativos y judiciales que se encuentran en trámite. Precisó que, el pasado martes 21, la Municipalidad Distrital de Chazuta expidió una Resolución de Alcaldía de paralización de los trabajos de apertura de trocha en la zona de Aguanomuyuna. Asimismo, nos indicó que ayer no se ha llevado a cabo una audiencia de rendición de cuentas que había prometido la Municipalidad, por motivos que desconoce, lo cual complica dicho contexto social. El 26 de setiembre, el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de San Martín – Tarapoto abrió Instrucción (Expediente Penal N° 215-2007) al proceso que se le sigue a los señores Doménico Spiridigliozzi y Antolín Guerrero por el presunto delito de Depredación de Bosques en agravio del Estado Peruano, cuyas diligencias de Instructivas, Inspección Judicial y Preventivas han sido fijadas para la primera semana de noviembre. EL Comité de Lucha de la Sociedad Civil de Chazuta informó que están a la expectativa del desarrollo del proceso judicial instaurado al Sr. Spiridigliozzi y estarán vigilantes de las autoridades que continúan las investigaciones por la denuncia contra el patrimonio arqueológico y otras de índole administrativo en contra de dicho ciudadano. En ese sentido, en los próximos días se trasladarán a la ciudad de Tarapoto con el fin de visitar a la IV Dirección Territorial de la PNP, al Juez del Segundo Juzgado Penal, al Procurador del Gobierno Regional, etc. El INC de Moyobamba presentó una denuncia ante la Comisaría de Chazuta por afectación a zona arqueológica (respecto a las construcciones del Sr. Spiridigliozzi), la denuncia pasó a la Fiscalía. El 09 de abril de 2008 se emitió Auto de sobreseimiento en el proceso judicial (Resolución N°17) señalando que no se había configurado el delito. El expediente subió a la sala el 30 de mayo de 2008. Las construcciones que realizaba el demandado en Chazuta se han paralizado. Últimos acontecimientos. El expediente penal N° 215-2007 retorna al Segundo Juzgado el 13.03.09 ordenando se realice una inspección judicial en la zona, estableciendo un plazo ampliatorio de 30 días para su realización, el cual vence el 22 de abril de 2009. 168. Distrito de Tabalosos, provincia de Lamas - NUEVO Caso. Oposición a la concesión minera de la Minera White Rocks International en el distrito de Tabalosos, provincia de Rioja ante el temor de los impactos que pueda ocasionar. Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín y ronderos de las localidades de San Miguel del Río Mayo, Pinto Recodo, La Libertad, Alonso de Alvarado Roque, Barranquita, Tocache contra la Minera White Rocks International, Compañía Minera White Rocks International, Alcalde, Gobernador de Tabalosos. Hechos: En medios periodísticos se informó que la empresa minera White Rock International SAC estaría realizando trabajos en el sector de Pueblo Nuevo, Sinchui y Pucayoc del distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas. Según las notas informativas, las autoridades estarían a favor. Por este motivo, dichas autoridades realizaron una marcha a favor de la minera. De otro lado, los ronderos de las localidades de San Miguel del Río Mayo, Pinto Recodo, La Libertad, Alonso de Alvarado Roque, Barranquita, Tocache y dirigentes del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (FRECIDES), se reunieron en el Coliseo de Gallos de la ciudad mostrando su total rechazo y prevén realizar marchas. Al parecer la empresa ya estaría reuniéndose con las autoridades y población informando sobre los beneficios y desarrollo para la comunidad. Esta empresa también está solicitando un lote en la zona de Moyobamba, donde se ubican las cabeceras de cuencas

afluentes de agua que provee del servicio a la población del Alto Mayo, lo que ha originado marchas pacíficas de protesta por parte de ronderos. El Instituto Nacional de Cultura San Martín el 25 de agosto 2008 hizo entrega al Ministerio de Energía y Minas del Informe Técnico de Inventario y Registro de sitios Arqueológicos en la jurisdicción del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San Martín que concluye: Que en la salida de campo se han informado y registrado 7 sitios arqueológicos dentro de la jurisdicción de Tabalosos; Que los sitios registrados en su totalidad no cuentan con resolución Directoral Nacional de Declaración como Patrimonio Cultural de la Nación y no tienen ninguna referencia bibliográfica; Los sitios registrados son nuevos; y sólo se pudo registrar 7 sitios arqueológicos, dentro del área de actividad. El estado de conservación de la mayor parte de los sitios arqueológicos registrados es precario debido a factores de tipo antrópicos, al mismo tiempo por actividades de expansión agrícola y la exploración minera. Cabe precisar que la empresa White Rock Internacional SAC se encuentra titulado D.L. 708 en Tabalosos y hay otras peticiones en trámite en otros distritos como Nuevo Progreso, Campanilla, Alonso de Alvarado, El Eslabón, Saposoa, Tocache, Elías Soplín Awajun, Soritor, Agua Blanca, Pinto Recodo y Moyobamba. El 05 de marzo del 2009, el Alcalde de Tabalosos informó que está plenamente conforme con los trabajos que la empresa se encontraba realizando, teniendo aún en acuerdo a un aproximado del 99% de la población, ya que éstos estaban siendo beneficiados con trabajo, recibiendo por obrero entre S/. 1500 y 1700 nuevos soles. El rechazo fue específicamente por parte del Frente de Defensa, que está integrado por ex policías, renegados, perdedores y miembros de la oposición, que buscan dificultar todas las obras de su persona en calidad de Alcalde, a pesar de haberles desmentido el tema de los restos arqueológicos, ya que estos no existieron, sino por el contrario fueron enterrados por miembros del Frente pretendiendo sorprender a la población; actualmente la minera se retiró, sin embargo no descarta la posibilidad de permitirse el ingreso en un futuro ya que en su opinión traerá mucho progreso para Tabalosos. 169. Distrito de Sacanche, provincia de Huallaga - NUEVO Caso. Oposición a la concesión minera de la Minera White Rocks International en el distrito de Sacanche, provincia del Huallaga ante el temor de los impactos que pueda ocasionar. Actores: Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de Sacanche, Eslabón, Piscoyacu y San Martín. Alcalde, Gobernador y Juez de Paz contra la Minera White Rocks International, Compañía Minera White Rocks International y Dirección Regional de Energía y Minas San Martín. Antecedentes: White Rocks International presentó ante el MEM una Declaración Jurada de Impacto Ambiental el 10 de abril de 2008, para el proyecto Cholito ubicado en Tabalosos, Lamas. Hechos: El 02 de febrero del 2009 a través del Diario Regional AHORA se difundió el ultimátum brindado por los Frentes Cívicos de Defensa de San Martín- FRECIDES al Gobierno Central y Regional de san Martín para que dejen sin efecto las concesiones mineras, petroleras y forestales otorgadas en la Región San Martín así como el retiro definitivo de las empresas que incumben a dichas actividades. Cumplido el plazo se realizaría una reunión en la plaza de armas del distrito de Sacanche conjuntamente con sus autoridades, para buscar las posibles soluciones o de lo contrario se adoptaría una medida radical. El 03 de febrero del 2009, en entrevista telefónica con el Presidente del Frente Cívico de Defensa del Distrito de Sacanche, Linder Guerra Bardalez (teléfono Nº 042-784065), precisó que en setiembre del 2008 viajó una comisión a Lima para presentar una denuncia ante el Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y Gobierno Regional haciendo de conocimiento que la minera, estaba realizando trabajos desde mayo del 2007 en unas 7000 hectáreas afectando zonas agrícolas y la bocatoma que abastece de agua a la localidad. Luego de ello, realizaron dos movilizaciones en señal de protesta, pero aún así no recibieron respuestas, sino hasta una semana atrás en que el Ministerio de Energía y Minas les ha informado que la minera no tiene autorización alguna para trabajar en la zona; dejando la misma de trabajar en el lugar. Ante ello, se han reunido el domingo junto con otros Frentes de la región entre ellas las afectadas (Eslabon, Piscoyacu y Mariscal Cáceres, etc.) a fin de dar un ultimátum al gobierno regional para que se pronuncie al respecto y para el viernes 06 de febrero a horas 9:00 a.m. se tiene previsto una reunión; en caso de no obtener un resultado prevén reunirse el próximo domingo para fijar una huelga.

En entrevista con el Alcalde confirmó que el FRECIDES Sacanche está haciendo los reclamos juntamente con el FRECIDES San Martín. La empresa minera estuvo en el lugar de octubre a diciembre aproximadamente haciendo algunos estudios, no cuentan con oficina o campamento de trabajo alguno. El 04 de febrero en comunicación telefónica con los Alcaldes de los distritos de Piscoyacu y Sacanche, la DP sugirió conformar una comisión y realizar visitas de inspección a las supuestas zonas afectadas por la minera, recoger testimonios en presencia del Juez de Paz, realizar tomas fotográficas, informar al Ministerio de Energía y Minas y en caso de haber incurrido en presunto ilícito penal u otros informar al Ministerio Público para la intervención correspondiente. La autoridad de Piscoyacu precisó que en la zona afectada se ubica un cerro que divide a los 3 distritos (Sacanche, Eslabón y Piscoyacu) y sus caseríos, allí se encuentra la principal fuente de agua que los abastece, por lo que es de preocupación el ingreso de la minera. Según referencias no habría prueba fehaciente respecto de los daños ocasionados dado a que a la fecha la empresa sólo ha estado realizando estudios (no precisó de qué tipo), pero se unirá a los demás distritos para dirigir un sólo informe. No sé logró establecer comunicación con el Distrito de Eslabón debido a problemas en la comunicación. El 11 de febrero en reunión con dirigentes del FRECIDES Sacanche confirmó los trabajos de la minera en la zona donde tiene áreas concesionadas y peticiones. Asimismo, cuestionó la actitud de los funcionarios de Energía y Minas que, en circunstancias que el pueblo se encontraba protestando, en seis buses trajo gente de otros lugares, tomaron fotos aparentando que tenían la aprobación de la población y se marcharon sin informar a la población. Sus quejas han sido remitidas a varios lugares sin obtener respuesta alguna y OSINERMIG les ha señalado que no es competente para intervenir porque no se han iniciado los trabajos en la zona. En Moyobamba en la reunión de trabajo del FEDEIMAN con el Presidente del GORESAM exigirán una posición respecto a las mineras, caso contrario bajaran a su bases para definir acciones de fuerza entre ellas paros generalizados. Como resultado de ello, pudieron expresar sus reclamos sin propuesta concreta de solución por parte del Presidente del GORESAM. El 15.02.09 se realizó una reunión en la plaza de armas de Sacanche entre el Presidente del Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), Municipalidad Distrital de Sacanche, FRECIDES y población. Luego de este dialogo, se suscribió un acta de compromiso entre los participantes en donde se estipulan cinco acuerdos. En estos el Gobierno regional de San Martín se compromete a realizar construcciones de infraestructura de saneamiento, estudios para el asfaltado de carretera, promover actividades económicas innovadoras que promuevan el turismo en la zona, privilegiando a las comunidades indígenas de la región, se compromete a impulsar la interconexión eléctrica del Mantaro y finalmente, el Gobierno regional conjuntamente con los Frentes de Defensa se comprometen a liderar el proceso de nulidad de las concesiones mineras adjudicadas, entre ellas a White Rock International SAC. De igual manera estas gestiones abarcaran a rescindir concesiones petroleras y forestales porque consideran que son atentatorias al medio ambiente y al ecosistema de la región. El 27.02.09 a través del Diario local AHORA se informó que, luego de 2 días de realizar un paro preventivo contra la minera White Rock Internacional y toda actividad minera en la zona, el FRECIDES Sacanche decidió en la tarde del martes levantar su medida en forma temporal. Esto ocurrió luego que el Alcalde del Huallaga Fernando Grandez Vendemilla; el Gobernador provincial, Miguel Archenti, y el regidor de la comuna Huallaguina, Edwin Rengifo Hidalgo llegaran hasta el piquete conformado por más de 200 ronderos, comuneros, Alcalde distrital, Gobernador y Juez de Paz, ubicados a la entrada del Caserío Miraflores. El Alcalde provincial prometió unirse a la lucha emprendida por el pueblo de Sacanche y hacer llegar los acuerdos tomados por el FRECIDES ante el Presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, a fin de encontrar la solución al problema. Entre los acuerdos plantea que si no hay diálogo con los representantes de la White Rock Internacional, las rondas campesinas actuarán ante cualquier movimiento minero en la zona. El 05.03.09, el Alcalde de Sacanche indicó que la población se levantó en medida de fuerza ya que los trabajos que pretende realizar la minera están en el área donde se encuentran los baños termales y el principal afluente de agua para Sacanche y otros distritos. La empresa ha venido ingresando a la zona hasta la semana pasada hasta cuando los ronderos de diversos distritos se

reunieron para no permitir el ingreso a la zona. Actualmente la población se encuentra en alerta, por esta situación. El señor Linder Guerra Bardales, presidente del Frente de Defensa de Sacanche, indicó a la Defebsoría el 23.03.09 que la Emp. White Rocks International SAC continúa laborando en la jurisdicción de Sacanche, pese haber solicitado su retiro a una serie de Ministerios y al Gobierno regional de San Martín, cuyos funcionarios, en una reunión del 15.02.09 se comprometieron a colaborar con la población a fin de que se brinde atención a sus reclamos. Indica que para el día domingo 29.03.09, la Empresa antes indicada habría convocado a una Asamblea pública en la Ciudad de Sacanche, con el fin de poner a consideración de la población su intervención en la zona; sin embargo, estaría trasladando gete de otras zonas, ejemplo Juanjuí, La Victoria, La calera y Miraflores, previo pago de algún jornal, para que haga aparecer ante cámaras o firmando algún documento supuestamente avalando su presencia; no obstante la población legítima de la zona de intervención estar en desacuerdo y rechazarla abiertamente. En ese sentido, temen que en caso se lleve a cabo la referida asamblea se podría producir un enfrentamiento sin precedentes entre estas personas de otros lugares con las de Sacanche que rechaza la presencia de la Empresa. Posteriormente, la asamblea convocada para el 29.03.09 fue suspendida. 170. Distrito de Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres Caso. Miembros del FRECIDES Juanjuí y pobladores cuestionan al alcalde por supuestos actos de corrupción y uso indebido de maquinaria pesada. Actores. Alcalde de la Municipalidad Provincial, Walter Hildebrant Saavedra; (Fuerza Comunal, 19,47%); Regidores: Willer del Castillo, José Hernández Izquierdo y Mesías Rojas Hernández; Frente Cívico de Desarrollo -FRECIDES Juanjuí ; Rondas Campesinas de Cuñumbuza, Pampa Hermosa; Asociación de Motocarristas; Medios de comunicación social y Población de Juanjuí. Antecedentes. El alcalde provincial ganó las elecciones municipales en el año 2006 con la organización política Fuerza Comunal (19.47% de votación). El segundo lugar fue ocupado por el APRA con el 19.27%, seguido del movimiento Nueva Amazonía con el 17.08%. Hechos. El 31 de octubre 2008 la municipalidad provincial fue tomada el FRECIDES, exigían la presencia del Alcalde en la localidad y que el Fiscal ordene la detención de dos regidores implicados en el alquiler irregular de maquinaria pesada sin la autorización respectiva. Intervino el Ministerio Público y PNP que intentaron persuadirlos para que desalojen el local municipal sin resultado alguno. El dirigente de las rondas de apellido Chacón y unas 150 personas se apostaron en el lugar. Las actividades comerciales y educativas continuaron con normalidad. El Ministerio Público por su parte informó que recepcionó dos denuncias (una por parte del Alcalde y otra por regidores) sobre corrupción, peculado y otros, ambas se derivaron a la DIRCOPOL de Moyobamba para las investigaciones del caso. En los días siguientes llegó a la localidad 50 efectivos policiales de apoyo bajo el mando del Comisario de Juanjui Moisés Molina Gonzales. El Gobernador por su parte estuvo de acuerdo en propiciar una mesa de diálogo. La Oficina Defensorial de San Martín logró tener una reunión con unas 300 personas en la plaza de armas de Juanjuí, la Defensoría del Pueblo orientó, explicó y absolvió consultas, se trató de persuadir a deponer la medida y encaminar los pedidos por las vías regulares, lográndose persuadir a algunos integrantes pero otros permanecieron en sus posiciones señalando que radicalizarían su medida e iniciarían un paro indefinido. Un grupo de personas continuaron apostados en el frontis del municipio. Los comisionados de la Defensoría del Pueblo se entrevistaron con el presidente regional de las rondas campesinas, se le informó del caso y se solicitó su intervención. El día 4 de noviembre, en horas de la madrugada se produjo un enfrentamiento entre los demandantes y un grupo de aproximadamente 50 personas que con palos y machetes, según refirieron algunos ciudadanos, contratados por dos regidores de la comuna, se enfrentaron con la finalidad de liberar el local municipal; lo que motivo la intervención de la PNP que controló la situación sin registrarse heridos. No obstante, dos personas fueron capturados con la intervención de la PNP y la DP, los detenidos fueron entregados al Ministerio Público que levanto las actas correspondientes quedando en custodia de la PNP. La UGEL por seguridad dispuso la suspensión de las labores escolares. En horas de la tarde un grupo de manifestantes de las rondas campesinas de Pampa Hermosa retornaron a sus lugares.

El 5 de noviembre, el Gobernador informó a la OD San Martín que la ciudad de Juanjuí se encontraba paralizada desde las 00:00, se bloquearon los ingresos a la ciudad, los mercados atendieron; los “motocarristas” se plegaron a la medida y un aproximado de 200 personas se reunieron en la plaza de Armas, pidiendo se disponga la detención del Alcalde y los regidores dado que en las investigaciones preliminares no mostraban resultados. El paro en Juanjuí no registró hechos violentos y a las 17:15 horas se dio inicio a la Mesa de diálogo en presencia del párroco, alcalde, 7 regidores, representantes del FRECIDES (salud, rondas campesinas, educación y otros) asesorados por 2 abogados y representantes de medios de comunicación, en las instalaciones de la parroquia. Cuando se encontraban en las intervenciones de los actores se produjo corte de fluido eléctrico que no aseguraban las condiciones para continuar el dialogo suspendiéndose hasta el día siguiente. El día 6 noviembre el FRECIDES presentó nuevos puntos dentro de su plataforma, éstos fueron: 1) Que no se denuncien a los dirigentes del FRECIDES y a todo el pueblo que viene participando en esta acción de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo se evite todo acto represivo. 2) Exigir al alcalde provincial que se someta a la decisión del pueblo, ausentándose por 30 días sin permiso de la comuna y automáticamente pedir su vacancia. 3) Exigir a la comisión investigadora de la comuna su informe de la máquina (tractor) dándole un plazo para la suspensión del Alcalde y los regidores involucrados en el escándalo, mediante sesión de comuna. 4) Comprometer a la Fiscalía Superior en coordinación con las fiscalías provinciales a efectos que gestiones la intervención de la contraloría a través de una comisión de avanzada, hará que se ejecute una rápida y consecuentemente se programe auditoría externa de los 2 años de gestión. 5) Cambio inmediato del mayor PNP por abuso de autoridad y omisión en sus funciones; 6) Solicitar un nuevo peritaje del tractor oruga de seis propiedad del Municipio de Juanjuí y el tractor de campanilla. 7) Exigir la captura inmediata de los autores intelectuales y materiales del atentado contra los pobladores que venían desarrollando un plantón pacífico frente a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. Luego del debate en la mesa de diálogo se llegaron a los siguientes acuerdos: 1°Acuerdo: La representante del Ministerio Público precisó que no se iniciarán aún las investigaciones en tanto no haya afectación a los derechos de otras personas ni afectación de bienes públicos o privados en tanto levanten su medida lo antes posible. 2° Acuerdo: La comisión investigadora deberá informar en el plazo de 10 días hábiles. En cuya comisión participarán 3 miembros del Frente de Defensa. 3° Acuerdo: El Alcalde ha indicado que ha remitido un Oficio ante la CGR solicitando auditoría, no obstante ello, el MP se ha comprometido a reiterar el pedido en el marco de la investigación preliminar que se ha iniciado. 4° Acuerdo: Los miembros del Frente de Defensa presentarán un documento ante el jefe inmediato del Comisario para que a su vez sea canalizado ante su Comando. 5° Acuerdo: La Comisión investigadora realizará una inspección en el distrito de Campanilla a fin de verificar el Código del tractor que se encuentra en dicha ciudad pertenece al tractor de la Municipalidad de Juanjuí. 6° Acuerdo: En la fecha el Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres ha emitido la resolución ordenando la detención de 2 regidores y la comparecencia de otra persona. En ese sentido; y, ante el pedido de que se amplíe la denuncia contra otras personas, el Frente de Defensa aportará la información necesaria. Al no llegar a un consenso con respecto a la suspensión o vacancia del alcalde los manifestantes en el exterior de la parroquia empezaron a amotinarse y a tirar piedras al local. Ante ello, los regidores (6) presentes se comprometieron a aprobar un acuerdo suspendiendo por 30 días al Alcalde en la sesión de concejo al día siguiente tras la cual levantarían la medida de fuerza. El 7 de noviembre los regidores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres acordaron suspender por 30 días al alcalde Walter Hildebrandt Saavedra. Se informó que el alcalde apelaría la decisión ante el JNE. En tanto, los pobladores se retiraron del local municipal. El 25 de Noviembre de 2008 la población de Juanjuí volvió a tomar el local municipal. El Frente de Defensa reinició una huelga indefinida y la toma de la municipalidad, aduciendo que la suspensión por 30 días, que se le diera al alcalde Walter Hildebrantd es benigna. Pedían que se le sancione o se le vaque, además que lo juzguen en el fuero judicial, los pobladores se apostaron en el frontis del local edil, bloquearon todos los accesos al municipio e impidieron el ingreso de trabajadores al local. Durante un mitin en la Plaza de Armas, el mismo día 25, los representantes del Frente Cívico de Mariscal Cáceres acusaron a cinco regidores de haberse coludido con el alcalde y de respaldar los actos de corrupción en la comuna, mientras el alcalde y los regidores no se comprometan a renunciar y a despedir a todos sus funcionarios de confianza.

El 10 de diciembre se produjo un enfrentamiento entre la PNP y pobladores en Juanjuí, unas 15 personas resultaron heridas, entre ellos 6 policías. El hecho ocurrió en la Plaza de Armas cuando el Alcalde Walter Hildebrandt, quien estuvo suspendido en sus funciones durante 30 días, ingresó al Palacio Municipal para reincorporarse a su cargo por disposición del JNE. Los manifestantes realizaron destrozos en el local municipal, la comisaría y la vivienda del alcalde. El Presidente de la Región San Martín, César Villanueva, recomendó que el Alcalde Hildebrandt tome una licencia y pidió celeridad en las investigaciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El Frente Cívico de Defensa de los Intereses de Juanjuí decretó un paro de 48 horas como medida de protesta ante el retorno del alcalde Walter Hildebrandt a sus labores. Los manifestantes se apostaron frente al local del concejo y, al ser rodeados por la policía, se inició el enfrentamiento. El alcalde se refugió en la comisaría, que fue parcialmente dañada por la turba. El día 11 de diciembre retornó la calma, sin embargo, un vocero de la municipalidad sostuvo que el burgomaestre Walter Hildebrandt Saavedra regresaría para asumir su cargo. Wilson Chocán Alberca, Secretario de asuntos comunales y campesinos del Frente de Defensa de la Provincial de Mariscal Cáceres, señaló que los campesinos están atentos a nuevas provocaciones por parte de la policía y de las autoridades de la zona. Al respecto, el JNE aclaró, mediante un comunicado, que los pobladores de la zona no han tramitado ningún proceso de revocatoria, vacancia o suspensión contra el alcalde Hildebrandt Saavedra. Según el ente electoral, al no existir ninguna gestión al respecto, no se ha emitido resolución alguna que ordene su salida o reincorporación a la comuna. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, hizo un llamado a la población y autoridades de Juanjui a deponer los actos de violencia. El 13 de diciembre pobladores reunidos en la Plaza de Armas de Juanjuí lanzaron una advertencia al Gobierno: si hasta el 15 de diciembre el Ejecutivo no envía a la zona una comisión de alto nivel presidida por el premier Yehude Simon, para atender sus reclamos, iniciarán un paro indefinido que incluirá el cierre de carreteras, una huelga de hambre y otras medidas radicales. Por su parte, la PNP, declaró que narcotraficantes recluidos en la cárcel de Juanjuí financiaron el incendio de la comisaría de esa ciudad, para distraer a las autoridades con el fin de escapar del presidio a través de un túnel de 12 metros de largo. El 19 de diciembre el nuevo comisario de la zona, Manuel Vallejos, ofreció disculpas públicas por el resultado de los hechos de violencia del 9 de diciembre, que dejó varios heridos. “Al llegar a Juanjuí no he encontrado narcoterroristas, sino un pueblo pujante que lucha por su desarrollo”. El día 22 la visita de la Comisión Multipartidaria de los Congresistas, integrada por Nancy Obregón y Rolando Reategui acordaron: 1) Que los Congresistas medien para evitar represalias contra los manifestantes. 2) Se promueva una reunión de regidores de la MPMC para tratar la convocatoria a Sesión de Concejo teniendo como agenda el Informe sobre el uso de la maquinaria municipal y los asuntos derivados de presunta corrupción. 3) Solicitar a la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER las investigaciones sobre la actuación del Gobernador de Juanjuí en los hechos de los días 09 de noviembre y 09 de diciembre. 4) Solicitar a las autoridades judiciales la celeridad en los casos denunciados. 5) Instar a la PNP por la captura y pase a proceso de los responsables de la agresión a los dirigentes y manifestantes de Juanjuí el 04 de noviembre. 6) Gestionar ante las instancias del MINSA y otras que sean pertinentes, la atención integral en la recuperación de la salud de los heridos en los sucesos del 09 de diciembre. 7) Promover actos de desagravio en las distintas instancias nacionales para el pueblo de Juanjuí por las injuriantes e inaceptables expresiones de parte de algunas autoridades en términos relacionados a narcotráfico y terrorismo. Las instancias priorizadas son el Congreso y los medios de comunicación. 8) El Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de la provincia de Mcal. Cáceres, otorgó una tregua de 30 días calendario en su medida de fuerza, a partir de la fecha, para permitir las acciones que conduzcan a resolver la situación de conflicto subsistente hasta el día de hoy. El 21 de enero 2009, el Frente Cívico de Mariscal Cáceres se pronunció públicamente exigiendo el más rápido pronunciamiento de la policía anticorrupción de Moyobamba que está investigando el caso del alquiler del tractor de oruga de la Municipalidad, así como la pronta opinión del Ministerio Público y el cumplimiento de acuerdos de la denominada “Mesa Técnica” por parte del alcalde provincial. Según lo expresado por el presidente del Frente Cívico, Prof. Manuel Santos Ventura Gamarra, hay mucha lentitud en el proceso investigatorio de estos hechos irregulares, lo que hace perder credibilidad en la administración de justicia, el mencionado dirigente manifestó que, pese a que en la citada “Mesa Técnica”, el alcalde Walter Hildebrandt se comprometió públicamente a brindar

apoyo a los heridos de bala del 9 de diciembre, hasta ahora no ha cumplido con esa promesa y, más bien, buscando dilatar el tiempo y evadir su responsabilidad, está exigiendo informes diversos de carácter médico, sin atender los gastos que ya ocasionaron el tratamiento de todos ellos. La OD San Martín, se comunicó con los encargados de la Oficina de la Policía Anticorrupción de Moyobamba, confirmando cambios en la Oficina anticorrupción PNP de Moyobamba, se confirmó el traslado del Jefe a la ciudad de Lima. Quedó a cargo el SO superior Santander. El mismo día 21 el FRECIDES realizó una vigilia la misma que se desarrolló sin mayores contratiempos y esperarán que el pronunciamiento del Ministerio Público, sobre los actos de corrupción denunciados. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos. 171. Región San Martín. Caso. La FEDEIMAN y organizaciones sociales de Moyobamba, con la participación de algunos representantes de distritos, demandan una plataforma de 29 puntos al Gobierno Regional. Actores. Frente de Defensa y Desarrollo Integral de Moyobamba y el Alto Mayo-(FEDEIMAN), Gobierno Regional de San Martín, Municipalidad Provincial de Moyobamba, Medios de comunicación social, Autoridades y pobladores de la Municipalidad del Distrito de Yántalo. Hechos. El 24 de octubre el FEDEIMAN de Moyobamba y otras organizaciones sociales definieron una plataforma de paro preventivo contra el Gobierno Regional de San Martín acordaron 29 puntos; entre ellos, 1) Apoyo a la construcción de relleno sanitario, 2) Un buen servicio de Electro Oriente dado los constantes cortes del fluído eléctrico; 3) Cumplimiento de construcción Puente Motilones y red vial de la margen izquierda del Río Mayo; 4) Priorizar el proyecto Hospital MBB Categ. II-II; 5) Revisión de concesiones mineras, forestales y energéticas; 5) reestructuración y ordenamiento del GORESAM; 7) Construcción de la carretera Jepelacio a San Martín de Alao; 8) control maderero y abastecimiento al pequeño carpintero, apoyo a la construcción de relleno sanitario; 9) servicio optimo de Electro Oriente dado los constantes cortes; 10) Construcción de morges en diferentes lugares de la localidad; 11) lucha frontal contra la corrupción; 12) Descentralización de la Universidad Nacional de San Martín, 13) Asesoramiento legal a los motocarristas y inscripción de la AFOCAT Selva (cuestionada por vender CAT nulos sin tener autorización del MTC); 14) respaldo pleno a las rondas campesinas y liberación de los ronderos de Cordillera Andina (sentenciados por desaparecer a una persona); 15) Instalación de OSINERMING en Moyobamba, entre otros. El 27 de octubre los medios de comunicación radial difundían la plataforma. En horas de la tarde, la Gobernación, PNP, Ministerio Público y dirigentes del FEDEIMAN suscribieron un acta de compromiso a través del cual los manifestantes se comprometen a no causar daños a la propiedad pública ni privada. Por otro lado, un grupo de pobladores del distrito de Yantalo, a 30 minutos de Moyobamba marchó a favor del Gobierno Regional de San Martín. El paro se inició el 28 de octubre, parte de la población se sumó a la medida, también el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional, el SUTEP. Algunas instituciones educativas suspendieron las labores educativas, los mercados de abastos estuvieron cerrados y los comités de transportes de autos no trabajaron. El ingreso a la ciudad, fue mediante algunos “motocarristas”. El punto de concentración de la población fue el cruce de Uchuglla y se reunieron con delegaciones de pobladores de los distritos de Jepelacio, Rioja y Nueva Cajamarca, para luego iniciar la marcha de protesta hasta la sede del GORESAM donde se presentó la plataforma con la intención de firmar un acta de acuerdo, pero el Presidiente del GORESAM se encontraba en Lima. Unos 150 pobladores se concentraron en la Casa del Maestro desplazándose por la plaza de armas animando a los pobladores a sumarse a la medida. El paro se realizó con total normalidad sin acciones violentas. Al mediodía, en las instalaciones del GORESAM, una comisión presidida por el Gerente General del Gobierno Regional de San Martín recepcionó a los representantes del Frente de Defensa y conversaron por espacio de 1 hora aproximadamente, en dicha reunión, solo se entregó la plataforma de lucha y los dirigentes del Frente estarán atentos a lo que pueda resolver el GORESAM, previa conversación con el Presidente Regional. Después de la reunión, se realizó un pequeño mitin de información en la plaza de armas de Moyobamba, pero ya con un número reducido de manifestantes. En la ciudad de Moyobamba volvió a la normalidad en horas de la tarde. Durante todo el día los comisionados de la Defensoría

del Pueblo se desplazaron por las diversas zonas de la ciudad y cerca de la PNP en la ciudad de Tarapoto y Moyobamba. El 8 de noviembre de 2008 en una reunión los representantes de FEDEIMAN y el Presidente del GORESAM arribaron a compromisos de coordinación e impulsar la construcción del Puente Los Angeles una vez elaborado el perfil por parte de la Municipalidad provincial de Moyobamba. El 11 de febrero se llevó a cabo la reunión entre el gobierno regional y el FEDEIMAN, pero no logran arribar a ningún acuerdo sustantivo debido a que no se respetó una agenda de diálogo. Se generó un debate respecto a la construcción del puente Motilones, debido a que el Gobierno Regional ha contemplado la construcción del puente Los Ángeles, por lo que no se justificaría la construcción de ambos puentes. Últimos acontecimientos. El 30 de marzo el FEDEIMAN convoca a una huelga indefinida en la provincia de Alto Mayo a partir del 01 de abril, a fin de exigir la construcción del Puente Motilones. El problema se agudiza a raíz de que no existe una adecuada coordinación entre el Gobierno regional y la Municipalidad provincial respecto a los proyectos de inversión que se van a ejecutar de manera conjunta. 172. Distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres. Caso. Conocidos los resultados de las ERM 2006, los opositores al alcalde reelecto sustrajeron y quemaron las actas de votación. Días después se ubicaron en frontis de la Municipalidad para no dejar ingresar al alcalde. El Comité de Defensa de los Intereses de Campanilla, solicitó la nulidad sustentando que el alcalde reelecto ganó las elecciones con fraude. El alcalde fue agredido, y despacha desde Juanjuí. Un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores del alcalde, tuvo como resultado un fallecido y un herido (marzo 2007). Actores. Alcalde de la municipalidad distrital de Campanilla, Humberto Puelles Olivera; Agrupación Política Nueva Amazonía; Comité de Defensa de los intereses de Campanilla; pobladores del distrito; dirigentes cocaleros; rondas campesinas y PNP. Hechos. El 19 de octubre del 2006, durante las elecciones, la Agrupación Política Nueva Amazonía y simpatizantes de otras agrupaciones políticas sustrajeron y quemaron las actas de votación de la Institución Educativa Luisa Aliaga Gonzales. El 29 de diciembre la DP tomo conocimiento que un grupo de pobladores del Distrito de Campanilla, provincia Mariscal Cáceres de la Región San Martín tomaron la parte externa de la Municipalidad Distrital de dicha localidad para no dejar ingresar al alcalde. Los pobladores, organizados a través de un Comité de Defensa de los Intereses de Campanilla, están solicitando la nulidad de las elecciones municipales ya que consideran que el reelecto alcalde no ganó las elecciones de manera transparente. El 12 de enero del 2007 los pobladores denunciaron ante la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Cáceres y CGR al alcalde, sin embargo no pudo darse la intervención debido a la falta de pruebas. El 2 de febrero el alcalde fue al distrito, en donde fue agredido, por lo cual tuvo que permanecer en su domicilio durante aproximadamente una semana. Luego, empezó a despachar desde Juanjuí. El 12 de febrero se solicitó el incremento del resguardo policial en la zona y el restablecimiento del principio de autoridad. El 8 de marzo se realizó un enfrentamiento entre los simpatizantes y los opositores del alcalde distrital de Campanilla, el cual tuvo como resultado un fallecido y un herido (con pérdida del ojo izquierdo y lesiones en tronco y cabeza). El 12 de marzo la DP entrevistó al abogado del Frente de Defensa de Campanilla quien informó que la población estaba considerando tomar la carretera para solicitar se atienda su pedido de intervención de la CGR. El 22 de marzo el abogado de Frente de Defensa comunica a la DP que se ha acordado una mesa de diálogo el 24 de marzo en la iglesia matriz de Campanilla. El 24 de marzo se llevó a cabo la mesa de diálogo en la que se acordó lo siguiente: 1. Reinicio de las labores en la municipalidad desde el día 28. 2. La Oficina de Control Interno del GR realizará una auditoría del periodo 2003-2006. 3. El reinicio de las labores será supervisado por el Fiscal de Juanjuí. 4. El alcalde se compromete a informar sobre las actividades realizadas en enero y marzo del 2007. 5. No se tocarán los documentos de la municipalidad hasta la llegada de la entidad controladora. 6. Se formó un comité de fiscalización que supervisará las actividades de la municipalidad desde el miércoles. La OD San Martín ha recabado la información del gobernador, que el alcalde del Distrito, José Humberto Puelles Olivera, viene desarrollando sus funciones en el local municipal de Campanilla,

mantiene una oficina de coordinación en la ciudad de Juanjuí, la población se encuentra en calma y no se han registrado enfrentamientos entre los grupos opositores y los seguidores del alcalde, la población en general está a la espera del informe que emitirá Contraloría Regional de San Martín sobre la gestión municipal, informe que se será emitido la segunda semana del mes de agosto del presente. Asimismo el 22 de julio se llevó a cabo en Campanilla la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de los primeros seis meses de gestión municipal. La investigación de la persona fallecida en el incidente que se produjo meses atrás entre seguidores y opositores del alcalde, está a cargo del Fiscal de Juanjuí, y no se ha detenido a ninguna persona. El 07 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la consulta popular de revocatoria del alcalde y los cinco regidores. Los resultados al 100% de la ONPE habrían dado por descartada la revocatoria de la totalidad de autoridades sometidas a consulta, en tanto que hubo asistieron menos del 50% de electores hábiles del distrito. En febrero de 2009 La OD ha reportado que a pesar de no haberse aprobado la revocatoria de las autoridades, la situación se encuentra tranquila en la localidad. Últimos acontecimientos.- No se registran nuevos acontecimientos 173. Distrito de Alto Saposoa, provincia de Huallaga Caso. Toma del local municipal debido a la demora en la emisión de la resolución del JNE reconociendo los resultados de la consulta popular de revocatoria llevada a cabo el 07.12.2008. Según los resultados oficiales de este proceso se habría cumplido con los requisitos para revocar al alcalde y los regidores. Se ha presentado ha presentado un recurso de apelación que hasta fecha se encuentra pendiente de resolución ante el JNE. Ubicación: Distrito Alto Saposoa, provincia de Huallaga. Actores: Pobladores del distrito de Alto Saposoa, Grupo promotor de la revocatoria, Municipalidad distrital de Alto Saposoa y Jurado Nacional de Elecciones Hechos.- Los pobladores han formado piquetes de seguridad para vigilar que el municipio se mantenga cerrado en tanto no se haga efectiva la revocatoria del alcalde distrital. El 30.01.2009 la Dra. Rosa María López del JNE nos informó que se ha emitido la resolución 4212008-JNE, la cual resuelve el recurso de apelación presentado por el alcalde. Esta resolución deberá notificarse en los próximos días a las partes interesadas. Luego de esto se espera la emisión de la resolución final del proceso de revocatoria y de las credenciales respectivas. Sin embargo, el alcalde revocado ha interpuesto un recurso de amparo contra la resolución del JNE. Últimos acontecimientos.- Hacia fines del mes de febrero se levantó la toma del local municipal a causa de la asunción del cargo del nuevo alcalde. La situación en el distrito ha retornado a la calma. Sin embargo el alcalde revocado ha impugnado la resolución del JNE a través de un proceso constitucional de amparo el cual se encuentra en trámite. Cuestiona que el JNE haya declarado improcedente su recurso de impugnación por no pagar la tasa respectiva, al amparo de la jurisprudencia de observancia obligatoria emitida por el TC respecto a la imposibilidad de exigir el pago de tasas administrativas para la impugnación de resoluciones administrativas.

TACNA 174. Comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna Caso. El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna y otras organizaciones de Tacna se oponen a la explotación minera de MINSUR por posible contaminación de recurso hídrico. Actores. Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (Presidenta: Ing. Nora Melchor Cohaila). Empresa minera MINSUR. Antecedentes. La empresa minera MINSUR ha venido efectuando labores de exploración en la comunidad de Vilavilani, distrito de Palca, provincia de Tacna, las cuales han concluido. La empresa tiene intención de explotación y cumpliendo con la R.M. 596-2002-EM/DM que aprueba el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, se convocó durante el presente año a los talleres de consulta previa.

Hechos. A través de medios radiales comenzaron a aparecer a fines del mes de agosto declaraciones de ciudadanos que manifestaban estar en contra de las empresas mineras pues consideran que traerían problemas de contaminación. El 5 de septiembre del 2006 se difundió la creación del Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de la Región Tacna, quienes estarían alerta contra todo tipo de contaminación. Se encuentran promoviendo reuniones y convocando a la ciudadanía para que se unan a su reclamo. Han llevado a cabo una marcha de protesta por la ciudad el día 22 de septiembre. Las audiencias públicas establecidas por ley (donde se presentará el Estudio de Impacto Ambiental) fueron fijadas inicialmente por la empresa MINSUR para los días 22, 23 y 24 de septiembre pero han sido pospuestas para fecha aún no determinada. El 25 de septiembre, el Frente de Defensa presentó un memorial dirigido a diversas autoridades, entre ellos a la DP. Se tuvo una reunión, en la que se estableció que la DP tramitaría como pedido de intervención dos aspectos: 1. Refieren que se pretendería que la audiencia pública se lleve a cabo en Lima y no en la ciudad de Tacna y 2. Que durante las audiencias públicas se les dé más tiempo de intervención a los participantes. La fecha que se señaló para la Audiencia Pública es el 5 de enero del 2007. Ese día el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna convocó a un paro regional. La audiencia pública se suspendió porque no había garantías para su desarrollo debido a las movilizaciones, en las cuales participaron los alcaldes distritales de Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Calana, así como la Junta de Usuarios de Magollo, Asociación de Comerciantes de la Zona Franca, y el denominado Frente de Defensa. A las cinco de la tarde, hora señalada para el inicio de la audiencia, un grupo aproximado de 150 personas se apostaron en la puerta del Auditorio para impedir que se lleve a cabo. Además el Presidente del GR dispuso no abrir las puertas del Auditorio donde estaba programada la audiencia. Se llevó a cabo una audiencia regional el 24 de febrero para tratar el proyecto de Minsur y la posible afectación del recurso hídrico de Palca, con participación del Gobierno regional y las principales autoridades locales. Por otro lado, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente solicitó a la DP interceder para que se lleve a cabo una audiencia ambiental en la ciudad de Tacna. Consultada la autoridad regional de minería señaló que no hay comunicación de la empresa minera sobre la audiencia e indicó que la misma debía ser convocada con 40 días de anticipación a su realización. Visitó la OD Tacna la Ingeniera Nora Melchor Cohaila, presidente del frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, en la que dejó una carta solicitando a la Defensoría del Pueblo que solicite al Poder Ejecutivo y Legislativo la derogatoria de los D.S. 14-2007-EM que modifica el reglamento ambiental para las actividades de extracción minera. La misma que fue respondida con el oficio 77-2007/DP que la Defensora remite al Ministro de Energía y Minas sobre el D.S. 14-2007EM, mostrando preocupación sobre la reciente aprobación del D.S. 14-2007-EM. El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna, realizó una marcha en la ciudad de Tacna, la que congregó alrededor de 100 personas. En dicha marcha participaron militantes del Partido Nacionalista autodenominados “reservistas”, quienes indicaron a través de los medios de comunicación que cerrarán la carretera a Vilavilani (lugar cercano al del proyecto de la Mina Minsur) el día 14 de junio próximo, en que se llevará a cabo una audiencia pública organizada por la Dirección Regional de Energía y Minas y la empresa Minsur. El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna ha remitido una carta a la OD Tacna, solicitándonos participar en dicha Audiencia Pública. El 11 de junio se llevó a cabo la Mesa de Trabajo Permanente sobre el proyecto Minero PucamarcaMinsur. Asistieron al evento representantes de la empresa Minsur, del Ministerio de Energía y Minas, el Congresista Juvenal Ordóñez, decanos de facultades relacionadas con el tema minero, representantes de la sociedad civil. El Presidente de la Región Hugo Ordóñez indicó que proponía cuatro puntos fundamentales a raíz del tema: 1. Contaminación Cero; 2. Cumplimiento al 100% de las leyes; 3. Monitoreo permanente con resultados vinculantes; y 4. Aporte económico mayor a la región por parte de la empresa que lo establecido legalmente. También indicó que la próxima audiencia pública será el 14 de junio. En la misma reunión, el presidente regional advirtió que no se llevaría a cabo ningún proyecto minero que no cuente con el visto bueno del Gobierno Regional de Tacna, pero no se pronunció en contra de este proyecto. Mientras el congresista Ordóñez se pronunció a favor del mismo. Tras la programación de la audiencia pública en la que se presentaría el EIA del proyecto minero, para el 14 de junio, el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna ha remitido una carta a la OD Tacna, solicitando que nuestra institución participe en dicha Audiencia. El día 14 de junio se llevó a cabo la audiencia pública en Vilavilani con la participación de alrededor 250

personas, de las cuales 50 aproximadamente pertenecían al Frente de Defensa y a reservistas. Estuvieron presentes un fiscal de prevención del delito, el alcalde de Vilavilani, un representante del Ministerio de Energía y Minas y Sergio Meza de la OD Tacna. Meza, conversó con los dirigentes del Frente, incluida Nora Melchor, quienes manifestaron que querían impedir se lleve a cabo la audiencia, lo mismo que declararon a los medios de comunicación presentes en Vilavilani. A las 10:30 a.m., aún no empezaba la audiencia prevista para las 10 a.m. y quienes dirigían la mesa pidieron en repetidas oportunidades que los manifestantes se sentaran, tras lo cual solicitaron a la policía los desaloje. Los manifestantes retirados permanecieron en la puerta de la audiencia desde donde escucharon e interrumpían el normal desarrollo de la audiencia. Mientras se realizaba en Vilavilani la audiencia, en Tacna se llevaba a cabo una serie de manifestaciones en el marco de un paro anunciado para ese mismo día en protesta al proyecto minero. Tras la realización de una serie de actos de protesta en las calles de la ciudad tacneña, un grupo de 300 manifestantes tomaron por un corto tiempo las instalaciones del gobierno regional, tras derrumbar dos paredes laterales de 30 metros, sin encontrar mayor resistencia según personal de la OD Tacna. Enterados los participantes del Frente de los actos en Tacna, partieron de regreso a la ciudad. En dichos actos se realizaron 8 detenidos (2 menores de edad, 1 mujer y 5 hombres), los cuales fueron puestos en libertad el mismo día, según fue comprobado por la OD Tacna en Seguridad del Estado. El jefe de la OD conversó con el Coronel Jefe de la PNP en Tacna señalando que no había ningún manifestante dentro del gobierno regional y sólo permanecieron fuera del local regional impidiendo que los trabajadores ingresen a trabajar. El día 15, la ciudad había vuelto a la calma. El Presidente regional ha propuesto un referéndum o consulta popular para encontrar una salida al conflicto de Minsur. El día 10 de julio se inició un paro indefinido liderado por el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna contra el proyecto minero de la empresa Minsur. El primer día el Frente convocó alrededor de mil personas en la plaza de armas. Los días 11 y 12 el paro nacional coincidió con el paro del Frente y aunque en ambas, los manifestantes se pronunciaron en contra del proyecto minero, los dos grupos no confluyeron. En los siguientes días el paro indefinido disminuyó el apoyo. El Presidente Regional señaló mediante comunicados en la prensa que dejaba sin efecto la mesa de diálogo sobre el proyecto minero de Minsur y que le había dirigido una carta al Premier en ese sentido. El Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tacna convocó durante el mes de setiembre a una “consulta popular” sobre la ejecución del proyecto Minsur. Dicha consulta se llevaría a cabo el viernes 12 de octubre en la Plaza de Armas de Tacna. En varias emisoras se está realizando la propaganda al respecto. El Frente de Defensa del medio ambiente (FADMA) convocó a una marcha de protesta para el viernes 12 de octubre, exigiendo al ejecutivo se deje sin efecto las concesiones mineras a instalarse en Tacna y decidir en asamblea general la realización de una consulta popular el futuro de Minsur. Dicha información fue vertida por el dirigente Nicolás Platero, quien señaló que la marcha de protesta tendría como puntos de concentración la Plaza Quiñónez a las 9:00 horas y Plaza Zela a las 10:00 horas, la misma que confluirá en un solo frente con dirección al Paseo Cívico donde se desarrollará la asamblea popular. El 12 de octubre se llevó a cabo la marcha y “asamblea”. El recorrido fue por las calles de Tacna, y convocó a cerca de 200 personas. Hubo resguardo policial y no hubo actos de violencia aunque una radio dice que la policía agredió a los manifestantes para no dejarlos ingresar a la plaza de armas. Participaron miembros de frentes de defensa de Piura, de Alfa y Omega y de organizaciones de Tacna. Tras la marcha decidieron conformar una comisión de 35 personas para organizar una consulta popular para decidir si se lleva o no a cabo el proyecto Pucamarca, consulta que se llevaría a cabo antes de fin de año. Tras la convocatoria del Frente de Defensa del Medio Ambiente (FADMA) a una consulta popular sobre el proyecto minero para el 29 de enero 2008, la cual está siendo apoyada e impulsada por la Municipalidad Provincial de Candarave, la Municipalidad de Tarata y la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería – Tacna. Consulta que se realizaría sobre los proyectos mineros Minsur y Río S.A. (minera Newmont), esta última aun no instalada en la zona. El alcalde provincial de Tarata informó a la prensa que para la ejecución de la consulta vecinal se habría requerido los servicios de la ONG Instituto de Conservación de Medio Ambiente y Desarrollo Agrícola Sostenido (ICOMADAS), entidad que se encargaría de desplazarse a los distritos de la zona para levantar información necesaria, evaluar el proceso de realización del proceso, y hallar las

herramientas legales para conseguir que el proceso tenga un efecto vinculante para las autoridades regionales y nacionales. El Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (FADMAT), instaló dos mesas en la ciudad de Tacna, el 17 de febrero, en las cuales los ciudadanos podían expresar su posición respecto a la actividad minera, la cual se sucribe en un libro de actas. Al mismo tiempo otro grupo de voluntarios del Frente recorrían las viviendas para dejar constancia de la opinión de los ciudadanos. Dicha actividad se repetiría cada fin de semana hasta alcanzar las cinco mil firmas, según señalaron los dirigentes del FADMAT, las mismas que harían llegar al gobierno. El 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, la Presidenta del Frente de Defensa del Medio Ambiente, Nora Melchor advirtió que el Proyecto de Desalinización del Agua busca favorecer con el recurso hídrico natural a las empresas mineras y abastecer a la población con este líquido después de haber sido tratado con productos químicos que perjudicarían seriamente la salud de la población. El 07 de mayo el secretario ejecutivo regional del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Eduardo Talavera Ampuero, quien llegó a Tacna para informar sobre la culminación de los estudios y diagnósticos respecto a la diversidad biológica en la zona andina de la región y el uso de las aguas superficiales, subterráneas y residuales, recomendó que debido a la cercanía que existe entre el canal del río Uchusuma y el lugar donde la empresa Minsur prevé realizar operaciones mineras, todas las acciones que se ejecutarán con la implementación del proyecto aurífero Pucamarca deben ser monitoreadas al detalle con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente y sobre todo de las aguas de la cuenca del Uchusuma y otras cuencas hidrográficas que abastecen a la población tacneña. Además, el secretario ejecutivo de CONAM mencionó que el EIA del proyecto MINSUR mostró una serie de observaciones que deberán ser subsanadas por la empresa minera. De acuerdo a oficio 392-2008-A-MPT, la Municipalidad provincial de Tacna informa a la Defensoría que un grupo de pobladores solicitó a la comuna realizar una sesión de concejo el 14 de mayo para realizar una “consulta popular” sobre el caso de las mineras, de acuerdo al oficio, específicamente sobre el proyecto Pucamarca. Posteriormente, las Oficinas de Asesoría Legal y de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) analizan el sustento normativo y los requerimientos pecuniarios de la posible ejecución de una consulta vecinal, informó Constantino Huallpa, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la esta Municipalidad. La Oficina Legal ha adelantado una opinión favorable de la realización de la consulta, la cual ha sido puesta en conocimiento durante la sesión del 28 de mayo de la comisión del concejo provincial tacneño. De acuerdo a una exposición realizada por la empresa MINSUR, el proyecto minero aurífero Pucamarca no utilizará las aguas de río Uchusuma ni de otras cuencas hidrográficas durante el desarrollo de su actividad extractiva prevista para un periodo productivo de 7 años. El jefe del proyecto, Edmundo Roca Pinto, señaló que la empresa minera identificó aguas subterráneas de la cuenca del Río Azufre que provienen del descongelamiento de nieve del volcán Tacora. El 25 de junio durante sesión extraordinaria del Consejo Municipal Provincial de Tacna se aprobó por mayoría el Dictamen 003-2008 presentado por los regidores Alberto Basadre, Robert Perca y Constantino Hualpa, miembros de la Comisión de Medio Ambiente, con el cual se desaprueba la realización de una consulta popular referente a la presencia de las empresas mineras en Tacna. El Frente de Defensa del Medio Ambiento, pidió que se realice una consulta regional a través de la cual la población haga saber su aprobación o disconformidad con la puesta en funcionamiento del proyecto Minsur en la zona de Vila Vilani. La integrante de este frente, Norma Tesillo, indicó que lo apropiado no es que la consulta sea llevada a cabo por la Municipalidad Provincial que dirige Luis Torres Robledo, pues lo que se busca es tener una respuesta de toda la región, por tanto propone que deba ser realizada por el gobierno regional. También señalaron miembros del FADMAT que desde hace algún tiempo se vienen realizando campañas de sensibilización y visitas domiciliarias, para conocer el sentir de la gente con respecto al proyecto Minsur. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Pucamarca, presentado por la empresa minera "Minsur S.A.", fue declarado inviable por el Ministerio de Energía y Minas, se hizo público mediante la resolución directoral Nº 214-2008-MEM-AAM del 04 de setiembre, en la cual se establece que de acuerdo a lo visto en el informe Nº 982 de la Dirección General de Asuntos Ambientales, se resuelve en el artículo uno "Desaprobar el Estudio de Impacto ambiental del proyecto de explotación minera Pucamarca, presentado por Minsur S.A". Con la desaprobación del EIA, la

empresa minera, deberá iniciar nuevamente todos los trabajos y las audiencias públicas que establece la ley, para ver si se obtiene la aprobación de la población tacneña. Últimos acontecimientos. El lunes 16.03.09 los integrantes del Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente (FADMAT), realizaron una marcha de sacrificio, con dirección a las instalaciones del Ministerio Público, donde debían rendir sus manifestaciones por la denuncia que les interpuso hace dos años el presidente del Gobierno Regional Hugo Ordóñez Salazar. La dirigente de este gremio, Nora Melchor Coayla, indicó que realizaron esta acción para protestar en contra de la persecución que son objeto todos los integrantes del frente, por parte de la autoridad regional, desde que realizaron las marchas en rechazo a la instalación de la compañía minera Minsur. Representantes de la empresa Minsur se reunieron con los funcionarios de la Dirección de Asuntos Sudamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para explicarles la situación del proyecto Pucamarca, un depósito aurífero que se encuentra en Tacna a 400 metros de la frontera con Chile. Funcionarios del vecino país acusaron a Minsur de depredar las aguas del río Azufre que, a su vez, alimentan al río Lluta en territorio chileno. Fortunato Brescia, director ejecutivo de Minsur, señaló que las actividades de explotación en el referido proyecto aún no se inician, por lo que la empresa no está utilizando agua del río Azufre y que no está contemplado su uso en el desarrollo de la operación por sus altos contenidos del elemento químico que origina su nombre. La directora de fronteras y límites de la cancillería chilena, María Teresa Infante, pidió de manera oficial a la cancillería peruana le informe sobre la perforación de pozos y sondeos que Minsur realiza en la cuenca (dentro de territorio peruano) del río Azufre, el cual nace en el volcán Tacora, en Chile, se interna en territorio peruano (2,5 kilómetros) y retorna a territorio chileno. Minsur prevé obtener 600 mil onzas de oro en Pucamarca, donde invertiría US$ 70 millones en su construcción. El proyecto requerirá entre 20 y 30 litros de agua por segundo de los pozos que Minsur tienen previsto perforar, que si bien forman parte de la cuenca del río Azufre, no tienen ninguna relación con el río. La Dirección de Aguas de Chile ha señalado que la utilización de agua por parte de la minera podría cambiar la cantidad y calidad de aguas que llegarán al río Lluta, el cual permite el riego de unas 2.700 hectáreas agrícolas en el norte de Chile. Se sabe también que Minsur encargó un estudio ambiental en junio del 2004 en la zona chilena vecina al proyecto, el mismo que concluye que el proyecto Pucamarca no causará impactos negativos en el medio ambiente o población de ese país. 175. Represa de Callazas, Provincia de Candarave. Caso. Desacuerdo por parte de los alcaldes provinciales de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y alcalde distrital de Ite de por la firma del Convenio entre Southern Perú y la UNI para estudio de factibilidad de la construcción de la represa de callazas. Señalan que no fueron consultados y temen que el almacenamiento de agua afecte a sus agricultores. Actores. Alcaldes provinciales de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y alcalde distrital de Ite; Southern Perú y alcalde distrital de Quilahuani. Antecedentes. El 09.01.09 la empresa Southern Perú suscribe un Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería para el estudio de factibilidad de la construcción de la represa Callazas, en la Provincia de Candarave, Tacna ante presencia de algunas autoridades distritales de Candarave y representantes del Ministerio de Energía y Minas. El convenio con la UNI comprende realizar el estudio de factibilidad de la represa Callazas, en la provincia Candarave, el estudio de impacto ambiental del sistema de regulación Callazas aguas abajo en el valle de Locumba e Ite, y el perfil del sistema de infraestructura de riesgo mayor de Quilahuani, Huanuara, Candarave y Cairani, que forman parte del denominado Sistema de Regulación Callazas. Para el estudio, Southern Peru aportará mediante la Asociación Civil Ayuda del Cobre, que administra los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de la empresa minera, un monto aproximado a los 700 mil dólares. La represa del río Callazas estará ubicada en la cabecera del río del mismo nombre, a 3,500 metros sobre el nivel del mar y a unos 130 kilómetros de la ciudad de Tacna. Será una represa estacional con una capacidad de 10 millones de metros cúbicos. La obra beneficiará a agricultores, ganaderos y población en general de los pueblos de Quilahuani, Huanuara, Candarave y Cairani, entre otros. La represa ha sido un pedido reiterado del Alcalde de Candarave.

Hechos. El Presidente de los Alcaldes de Tacna, Julio Dávalos Flores, y varios alcaldes provinciales de Tacna informaron que se reunirán el martes 13 de enero de emergencia para evaluar el convenio señalado. Dávalos explicó que la firma de Convenio se llevó a cabo a espaldas de muchas de las autoridades municipales, las cuales se encontraban en desacuerdo con la construcción de esta represa y que con anterioridad solicitaban a la transnacional el estudio de impacto ambiental, documento técnico que hasta el momento jamás fue presentado a los alcaldes provinciales de Candarave, Tarata, Ite, Jorge Basadre, entre otros. Así mismo Julio Dávalos, indicó que espera un pronunciamiento al respecto por parte de la Comisión de Regantes y junta de usuarios tanto de Ite, Locumba, Ilabaya y Curibaya entre otras, las mismas que desde una primera instancia se negaron a la construcción de la represa Callazas, señala que "Con la construcción de la represa cambiara el ecosistema y hasta habrá aguas contaminadas, hasta el momento nadie nos explico de forma técnica las bondades y perjuicios que traería la construcción de esta represa", El burgomaestre de la provincia Jorge Basadre, sostuvo que esta reunión de emergencia servirá para analizar el accionar de SPCC y ante ello emitirán un comunicado oficial sobre la disconformidad de esta firma de convenio. Por su parte, Luis Cahuana Mamani, alcalde de Quilahuani, en representación de los distritos de Candarave resaltó el aporte financiero de Southern. Los alcaldes provinciales de Tarata, Candarave y el alcalde distrital de Ite, dijeron desconocer el trasfondo de la firma del convenio y que nunca fueron consultados sobre la firma de este convenio o el inicio del proyecto de construcción de la represa de Callazas. El alcalde de la Provincia de Candarave, Mario Copa Conde, indicó que este proyecto lejos de favorecer a los tacneños, busca un beneficio propio para la transnacional. En tanto el burgomaestre de Tarata, José Luis Ticona Sanjinez, sostuvo que la Asociación de Alcaldes Regionales, se reunirá de urgencia para tratar este punto y analizar qué medidas se deben adoptar, para evitar que la minera cometa un nuevo atropello. Por su parte, el alcalde del distrito de Ite, Ysaúl Rivera, añadió que buscaran reunirse con las autoridades regionales, para buscar una respuesta a este suceso. El alcalde de la Provincia de Jorge Basadre teme que la represa de Callazas reduzca la dotación de agua a los distritos de Ilabaya, Curibaya, Ite y Locumba. El alcalde señaló “no nos oponemos a la construcción de la represa de Callazas, lo único que pedimos es un estudio de impacto ambiental que garantice que el almacenamiento en la parte alta no afectará a la provincia de Jorge Basadre, que tiene más de 400 agricultores” Refirió que su provincia debería ser participe en los estudios que realiza la UNI. Los alcaldes de la Asociación de Municipalidades de la región Tacna exigirán la implementación y difusión del estudio de impacto ambiental. Solicitaran a la minera que les remita el convenio y el perfil de la obra con el propósito de analizarlo y verificar el lugar donde se construirá la represa. Esto para cerciorarse que su construcción no afectará el equilibrio de la cuenca hídrica. Candarave exige que los pozos de agua subterránea de Vizcachas que maneja Souther Perú sean entregados a la administración de la Junta de Usuarios del Sector. Últimos acontecimientos: No se registran nuevos acontecimientos a marzo de 2009. 176. Provincias Candarave y Jorge Basadre Caso.- Conflicto entre los distritos de Camilaca (provincia de Candarave) e Ilabaya (provincia de Jorge Basadre), debido a la pertenencia de los centros poblados de Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa Cruz, los cuales inicialmente formaban parte del distrito de Ilabaya, pero que, al crearse las provincias de Candarave y Jorge Basadre en el año 1988, estas localidades pasaron a formar parte de la provincia de Candarave. Actores.- Autoridades de los distritos de Ilabaya y Camilaca, asi como de las provincias de Candarave y Jorge Basadre, Gobierno Regional de Tacna, PCM (DNTDT)y el Congresista Juvenal Ordoñez. Hechos.- El 16 de febrero autoridades, dirigentes y pobladores de la provincia de Jorge Basadre, anuncian una movilización de protesta para el día 18 de febrero, con la finalidad que las localidades Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa Cruz, sean reconocidas como parte de las jurisdicción del distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre.

El 18 de febrero más de un centenar de pobladores de las localidades de Cambaya, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya y Santa Cruz, llevan a cabo una marcha de prostesta hacia la sede de la Gobernación de Tacna, con la finalidad de exigir que la PCM cumpla con pronunciarse a la brevedad sobre el expediente técnico de delimitación entre los distritos de Ilabaya y Camilaca. Los pobladores señalan que las municipalidades de Ilabaya y Jorge Basadre continúan realizando obras en estos centros poblados, a diferencia de los municipios de Candarave, los cuales no estarían realizando ningún tipo de proyecto de inversión en este sector. Si en los 45 días que acordaron las autoridades de las provincias Jorge Basadre y Candarave no se ponen de acuerdo sobre la delimitación territorial de sus jurisdicciones, el Gobierno Regional de Tacna hará uso de sus facultades y elevará a la PCM una propuesta de límites. El pasado martes las autoridades, con la presencia de una funcionaria de la PCM, trataron de llegar a un acuerdo, pero el alcalde de Candarave se negó a firmar el acta. Últimos acontecimientos.- No se registran nuevos acontecimientos en el mes de marzo. 177. Distrito de La Yarada, provincia de Tacna Caso. Un grupo de agricultores de La Yarada se opone al cierre de pozos informales de agua, debido a que este recurso es utilizado por ellos desde hace aproximadamente 20 años. Actores. Federación Agropecuaria e Industrial “Fronteras Vivas del Sur” (FEAGROSUR), Presidente: Policarpo Catacora López, Vicepresidente: Teófilo Tejada Manzilla. Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna, Administrador Técnico: Amílcar Celso Ticona Gutiérrez. Antecedentes. Desde hace aproximadamente 20 años, un grupo de agricultores, posesionarios de terrenos ubicados en La Yarada, sin licencias, viene explotando aguas subterráneas de pozos informales. La Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna ha establecido en total que 152 pozos (al 6 de noviembre del 2005: 95 pozos, al 7 de noviembre del 2005: 42 pozos más y en lo que va del año 2006: 15 pozos más). El 7 de noviembre del 2005, el Ingeniero Evert Castro y Céspedes sufrió una agresión física de parte de un sector de estos agricultores cuando cumplía con el sellado de pozos. Hechos. El 18 de octubre del 2006 se produjo un enfrentamiento entre unos 200 agricultores y los efectivos de la PNP. Se quemó maquinaria del PETT (pala mecánica). No se registraron heridos ni detenidos. Este enfrentamiento se produjo cuando las autoridades responsables del manejo de aguas (Dirección Regional de Agricultura y Administración Técnica del Distrito de Riego de Tacna), contando con la presencia del MP y de la PNP, se encontraban sellando dos pozos en el sector conocido como Rancho Grande. Ante ello, la DP convocó a reuniones con los dirigentes de esta organización campesina, con el Administrador Técnico de Distrito de Riego y con los abogados de esa instancia administrativa. El mes de diciembres se propuso que el GR de Tacna y al Proyecto Especial Tacna sean las instituciones a cargo del conflicto (mediante D.S. 65-2006). Estas entidades mantienen su posición de continuar con el sellado de pozos. La población se mantiene a la espera de otras decisiones al respecto. El día 12 de abril se llevó a cabo una reunión convocada por el Gobernador de Tacna, en la que participaron representantes del Gobierno Regional, del Proyecto Especial Tacna, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo como observadores, para conversar sobre el reinicio de los operativos para clausurar los pozos de agua ilegales en La Yarada. Al finalizar la reunión se acordó formar un pequeño comité que determinará las estrategias a utilizar para iniciar los operativos en el mes de mayo. El Gobernador de Tacna informó en mayo que se ha empezado con el cierre de los primeros pozos de agua ilegales que se encontraban abandonados. Próximamente se la Policía realizaría el cierre de pozos ilegales que actualmente son utilizados por los pobladores. El 26 de julio mediante Resolución Ejecutiva Regional 203-2007-PR/GR Tacna el Gobierno Regional ha conformado la Comisión de coordinación en la ejecución de actividades del programa “Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada”, presidida por el Gobierno Regional y compuesto por representantes del Proyecto Especial Tacna, la Administración Técnica del distrito de riego de Tacna, la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio de Agricultura y Gobernación de Tacna. Según informaron técnicos del PETT a la DP, ya se están cerrando algunos pozos de agua. Los pobladores de la zona no están colaborando con las autoridades y se prevé que puedan llevarse a cabo confrontaciones en las próximas semanas/meses.

Durante el mes de agosto se han llevado a cabo reuniones semanales de la comisión de coordinación en la ejecución de actividades del programa “Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada”, de la cual la Defensoría del Pueblo es observadora. Se ha invitado a distintos actores sociales tales como ELECTROSUR (que provee de energía eléctrica a los agricultores ilegales) y a la Junta de Usuarios de aguas para discutir sobre la problemática y plantear soluciones. Las autoridades de Tacna comprometidas con el tema (Ministerio Público, Policía, Gobierno Regional, Dirección Regional de Agricultura, programa Especial Tacna) participan activamente de las reuniones convocadas por el Presidente del Gobierno Regional. Los agricultores ilegales de la zona no están colaborando con las autoridades y se prevé que puedan llevarse a cabo confrontaciones en las próximas semanas a raíz del cierre de pozos. Durante el mes de setiembre se siguieron llevando a cabo las reuniones de la comisión de coordinación en la ejecución de actividades del programa “Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada”, de la cual la Defensoría del Pueblo es observadora. Los agricultores han anunciado que harán un paro el 6 de noviembre pues consideran que no hay una real voluntad del Gobierno Regional por cerrar los pozos ilegales. Se llevó a cabo una reunión de la comisión de coordinación en la ejecución de actividades del programa “Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada”. Los agricultores realizaron una marcha al Gobierno Regional exigiendo el cierre de los pozos ilegales. En diciembre 2007, los agricultores han llevado a cabo marchas exigiéndole al gobierno regional acelere el proceso de cierre de pozos ilegales. En el mes de febrero se llevaron a cabo dos reuniones de la comisión de coordinación en la ejecución de actividades del programa “Vigilancia y Control del Acuífero La Yarada” con participación de los sectores involucrados en el cierre de los pozos ilegales. Se informó que durante el año 2007 se habían cerrado 10 pozos ilegales y cuatro durante el año 2008, 2 en enero y 2 en febrero. La Junta de Usuarios de Agua de La Yarada, participó de las reuniones de dicho grupo de trabajo, pero al mismo tiempo ha manifestado públicamente que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para el cierre de más pozos ilegales y que no existe la intención de imponer el principio de autoridad. El funcionario del Proyecto Especial Tacna, Galo Palza, señaló el 3 de abril de 2008 que se realizaría una revisión exhaustiva sobre las licencias para el uso del agua durante abril 2008 por el Programa de Vigilancia y Control del Acuífero la Yarada. El objetivo de tal revisión será determinar hasta qué punto el agua de Yarada viene siendo utilizada y tras conocer la situación buscar el equilibrio para el funcionamiento normal del uso del recurso que permite realizar el riego en la zona. Por otro lado, preocupados porque el Gobierno Regional a la fecha no cumplió con resolver el problema hídrico de La Yarada y Los Palos, los agricultores de estas localidades realizaron una movilización el viernes 25 de abril, según informó el Presidente de la Junta de Usuarios la Yarada. Esta medida buscar se cumpla con el sellado de los pozos que según se calcula serían 250 en situación de ilegalidad, reubicando los pozos o sustituyendo los pozos subterráneos que tienen licencias para explotación de agua, que vienen siendo afectados por la sobre explotación y finalmente exigir la tecnificación de todo el riego de La Yarada y Los Palos que se cumpla la ley de riego tecnificado que el gobierno regional hasta la fecha no ha implementado. El Proyecto Especial Tacna (PET) informó que desde el 2006 a la fecha ha sellado 40 pozos ilegales, de los cuales el presente mes se clausuró 4 excavaciones tubulares profundas, rechazando de esa forma las imputaciones de los dirigentes de La Yarada que argumentan que la labor de sellado no se cumple. Cabe mencionar que según el director regional de Agricultura, Fernando Cassana Torres, será difícil sellar los 250 pozos, ya que en noviembre de este año vence el plazo establecido en el Decreto Supremo Nro. 065 para que el gobierno regional a través del Proyecto Especial Tacna cumpla su cometido. La Municipalidad Provincial de Tacna informó que iniciará los trabajos de entubado de canales y construcción de pozos en la zona agrícola de la Yarada con un presupuesto de 25 millones de nuevos soles. Tras los cuestionamientos por parte de los usuarios de La Yarada respecto al trabajo que realiza el Proyecto Especial Tacna (PET) para el sellado de pozos informales, el gerente general de la institución, Julio Ferreyra León, aseguró que esta labor siempre fue competencia de la autoridad de agua y que fue un error que mediante DS 065-2006-AG se delegara esta función a una entidad que

realiza otra clase de actividades para solucionar la escasez de agua en la región. El funcionario coincidió con la propuesta hecha por el presidente de la Junta de Usuarios La Yarada para que el programa de control y vigilancia del acuífero subterráneo retorne al sector Agricultura, específicamente a la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), debido a que son estas instituciones las que tienen mayor competencia que el PET para realizar una labor muy delicada como es el sellado de pozos ilegales. En tal sentido, precisó que de acuerdo a la norma vigente, el PET sólo estará a cargo de este programa de vigilancia hasta el 6 de noviembre del presente año para luego delegar esta tarea a la institución competente, en este caso la ATDR. El presidente de la Junta de usuarios de la Yarada, Silverio Chata, informó que los investigadores de INGEMMET que han completado el 50% de un informe sobre la realidad geológica de la zona agrícola que permitirá determinar la capacidad hídrica de La Yarada. De acuerdo a un medio de prensa, el acuífero de La Yarada se encuentra en situación de emergencia, debido a la sobreexplotación de agua en los 150 pozos ilegales de la zona actualmente se presenta un considerable descenso de nivel, lo que ha ocasionado la intrusión de agua de mar que pone en riesgo los cultivos de la zona, indicó el director regional de Agricultura de Tacna, Fernando Cassana Torres. El funcionario informó que pese a que sólo se dispone de una oferta de 45 millones de metros cúbicos (m3) de agua, los pozos legales e ilegales extraen 80 millones de m3, propiciando que el balance hídrico arroje un déficit de 35 millones de m3. Algunos años atrás el déficit era de 15 millones de m3, pero ahora éste se ha duplicado ya que se extrae más agua de la que se oferta y de ello son responsables quienes bombean el recurso sin licencia, quienes no se dan cuenta de que nos encontramos en una realidad alarmante ya que, de continuar esta situación, el acuífero colapsará, señaló Cassana Torres. La Junta de Usuarios de La Yarada y Los Palos, a través de su presidente Silverio Chata Mamani y con fecha 23 de julio 2008, interpuso un recurso de queja contra la resolución de la Fiscalía de Prevención del Delito de Tacna que dispuso el archivo de la denuncia que la organización presentó contra los directivos del Proyecto Especial Tacna (PET) por el incumplimiento del sellado de los pozos ilegales en la zona. Tras ello, el dirigente refirió que el miércoles 27 de agosto 2008 se reunió con el fiscal decano de Tacna, Manuel Flores Chara, y los encargados del Programa de Control y Vigilancia del Acuífero de La Yarada para conocer por qué se sigue dilatando el plazo y no se cumple el sellado de pozos ilegales, que continúan extrayendo aguas subterráneas sin licencia ni autorización alguna. Chata Mamani recordó que en primera instancia la fiscalía falló a favor del PET ordenando el archivo provisional de la denuncia, por lo que la Junta de Usuarios de La Yarada y Los Palos interpuso la queja ante el superior. Aseguró que en la reunión efectuada el pasado 27, el fiscal Flores Chara reconoció que no se está cumpliendo lo establecido por el Decreto Supremo 065-2006-AG, el cual ordena el sellado de pozos ilegales, conminando al Proyecto Especial Tacna a que cumpla sus funciones y advirtiendo que su despacho hará el seguimiento del caso a partir de la fecha. El fiscal decano Manuel Flores Chara formuló una invocación a que cumplan la norma, se proteja el acuífero y se selle los pozos ilegales, añadió. Los productores agrícolas de dicho sector solicitaron al ministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros, que se implemente el proyecto para clausurar de forma definitiva los pozos ilegales que sobreexplotan el recurso hídrico subterráneo. El presidente de la Junta de Usuarios de La Yarada, Silverio Chata Mamani, recordó que el año pasado el Gobierno, a través del Decreto Supremo 0652007, derivó al Gobierno Regional de Tacna (GRT) y el Proyecto Especial Tacna (PET) el trabajo de identificación y sellado de los pozos clandestinos. De acuerdo al Decreto Legislativo 1081-08, a partir de enero próximo la Administración Local de Aguas de Tacna se hará cargo de la preservación del acuífero de La Yarada, así lo informó el presidente de la Junta de Usuarios de La Yarada, Silverio Chata Mamani, quien cuestionó la capacidad de los funcionarios del Proyecto Especial Tacna (PET) al no realizar ninguna acción efectiva para sellar los pozos ilegales excavados en dicha zona desde noviembre del 2006 hasta noviembre 2008, cuando se venció el plazo para el sellado de los pozos establecido en el Decreto Supremo 065-AG. Por otro lado, una marcha realizaron el 22 de diciembre los agricultores de pozos ilegales de la Yarada y los Palos agrupados en la Federación Agropecuaria y Agroindustrial Fronteras Vivas del Sur exigiendo a las autoridades regionales su formalización, la Creación de una Autoridad Autónoma de Agua y participación en el Comité Multisectorial, tras el petitorio interpuesto por los agricultores formales quienes han solicitado el sellado de pozos clandestinos. La movilización que llegó a la

sede del Proyecto Especial Tacna, Dirección Regional de Agricultura, Gobernación de Tacna, Municipio Provincial y Gobierno Regional de Tacna, hizo entrega de un memorial con la solicitud interpuesta incluyendo además respeto irrestricto a las áreas ganadas de formales e informales; reordenamiento integral de explotación de las aguas, manejo y distribución de riego; además del estudio integral y definitivo del Acuífero de la Yarada. El 27/02/09, los agricultores del sector de la Yarada y de los Palos se movilizaron por las diversas calles de la localidad, exigiendo el cierre de pozos clandestinos de ese sector del agro. La concentración de los hombres del agro se llevó a cabo en la plaza de la Bandera, en el sector de Para Chico, cerca de mil agricultores que llegaron desde la parte baja de Tacna exigieron el respeto y cumplimiento a las resoluciones 0555 y 0696 que ordena el cierre de los pozos ilegales. Adviento Paco, dirigente de la Asociación Agro Industrial Alfonso Ugarte, mostró el respaldo y apoyo a la entidad encargada del riego en Tacna, solicitando de forma conjunta a las autoridades el hacer valer estas resoluciones y el cumplimiento efectivo de las mismas. "Nosotros apoyamos al distrito de riego, pero las autoridades deben hacer cumplir las leyes, es por eso que realizamos esta movilización, porque estamos cansados de que se creen estos pozos ilegales y nos resten el agua para nuestros cultivos" dijo el máximo dirigente de los agricultores de la Yarada. La movilización llego en una primera instancia hacia la dirección de agricultura, donde se hizo la entrega de un memorial para el director regional, seguidamente se dirigieron hacia la gobernación, donde también exigieron que el gobierno se encargue de ver estos casos. Finalmente los hombres y mujeres del agro marcharon hacia el gobierno regional para que el Presidente de la Región haga cumplir las resoluciones dadas a favor de los agricultores y el Proyecto Especial Tacna sirva de veedor para que se respete esta orden y se evite la proliferación de mas pozos ilegales en la zona agrícola de la Yarada y los Palos. El presidente regional Hugo Ordóñez Salazar informó que en cinco meses culminará el estudio de la verdadera situación de la napa acuífera en el departamento, con lo que se decidirá si se clausura o no los pozos ilegales ubicados en La Yarada y Los Palos. Indicó que el problema actual de los agricultores del sector es bastante complejo debido a la informalidad existente. Explicó que algunos agricultores formales han expandido sus tierras y abierto más pozos como consecuencia de las invasiones que se dieron en años anteriores. Con el nuevo estudio de la napa acuífera, realizado actualmente por el Proyecto Especial Tacna (PET), se podría realizar el proceso de racionalización y definir las cantidades a destinar al sector agrícola y poblacional. Ordóñez confía en que tras el estudio en mención los agricultores se adecuarán a la situación hídrica de Tacna. Últimos acontecimientos. El 01.03.09, el presidente regional Hugo Ordóñez Salazar informó que en cinco meses culminará el estudio de la verdadera situación de la napa acuífera en el departamento, con lo que se decidirá si se clausura o no los pozos ilegales ubicados en La Yarada y Los Palos. Con éste estudio, realizado por el Proyecto Especial Tacna (PET), se podría realizar el proceso de racionalización y definir las cantidades a destinar al sector agrícola y poblacional. 178. Provincia de Candarave Caso. Oposición a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de SPCC a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado. Actores. Municipalidad Provincial de Candarave, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Junta de usuarios de Candarave, Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas CORECAMI Tacna. Antecedentes. A través de un memorial presentado por un conjunto de comunidades campesinas, Junta de Usuarios de Riego, Alcaldes distritales de la provincia, organizaciones sociales y población en general de la provincia de Candarave representados al alcalde de la Municipalidad provincial de Candarave, el 02 de enero 2008. En el mismo se establece que considerando la serie de empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos de exploración, entre ellos: BHP Bilinton Tintaya SA, Newmont Perú, Río Tinto, etc., la presencia y actuación de SPCC no representa una experiencia positiva para esta actividad, por los impactos que vendrían ocasionando en las nacientes de los ríos Callazas, Tacalaya y Salado, causando el desiquilibrio de la cuenca Locumba, por la extracción de aguas subterráneas afectando la calidad y cantidad para la actividad agropecuaria en beneficio de los centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua) de SPCC. Hechos. La Municipalidad Provincial de Candarave emitió el 14 de enero de 2008 la Ordenanza No 001-2008-MPC/A que establece la Consulta Vecinal como mecanismo de participación ciudadana

en el ámbito de la provincia de Candarave. Así mismo, el 16 de enero emitió el Acuerdo de Concejo No 001-2008-MPC mediante el cual se convoca a consulta popular el día 17 de febrero de 2008, los vecinos de toda la jurisdicción deberán responder a las siguientes preguntas: ¿Está usted de acuerdo con la instalación de empresas mineras en los pueblos y comunidades de la provincia de Candarave? ¿Está usted de acuerdo con los daños y contaminación ambiental que ocasionan las empresas mineras instaladas actualmente en nuestra provincia y pueblos vecinos? La Municipalidad de Candarave solicita a la Defensoría del Pueblo que participe como observadora del proceso, ante lo cual se ha indicado que ello no será posible al ser un proceso que no estará a cargo de los órganos estatales competentes en el tema electoral. El domingo 17 de febrero la Municipalidad Provincial de Candarave se lleva a cabo la consulta vecinal sobre el tema minero. Según resultados oficiales brindados por la Municipalidad de Candarave, de los 4324 electores del padrón electoral de las últimas elecciones municipales del año 2006, participaron en la consulta un total de 3478. De ellos el 93.4% habría respondido su desacuerdo con el inicio de nuevas actividades mineras en la provincia y el 91.3% se habría manifestado contra la utilización de aguas para la actividad minera. El 29 de febrero el alcalde provincial de Candarave, Mario Copa, y con otros dirigentes provinciales y regionales se reunieron con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo. En ellas, presentaron la problemática de esta jurisdicción, el resultado de la consulta vecinal realizada el 17 de febrero y el planteamiento con las principales demandas: se respete y reconozca los resultados de la consulta vecinal del 17 de febrero 2008; regularizar el Pama de SPCC, en sus componentes Candarave e Ilabaya y pronunciarse sobre los impactos y daños que estarían causando; revisión y modificación de las licencias de uso de agua de SPCC para precisar caudales exactos para minas de Toquepala y Cuajone con fines mineros y poblacionales; que se permita la instalación de caudalómetros a fin de controlar las aguas con fines mineros y evitar la sobre explotación de aguas; se sellen varios pozos de agua que afectan las nacientes del río Callazas; tratamiento de aguas sulfuradas Azufre grande y chico; compensación económica por parte de SPCC a los agricultores Locumba por los impactos ocasionados; construcción de 3 represas financiadas por SPCC; entre otros. El 2 de marzo el alcalde de Candarave Mario Copa se reunió con representantes del Congreso de la República, la Defensora del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma presentó un informe con los resultados obtenidos después de la consulta popular realizada en Candarave y de la posible afectación por Southern Perú Copper Corporation de seguir utilizando las aguas superficiales y subterráneas, ya que esto perjudica las actividades agrícolas. Así mismo, dio un plazo de 6 meses al Gobierno para atender los pedidos referentes a las compensaciones por la sobreexplotación del agua, realizado por Southern Copper. El 12 de marzo, en declaraciones del alcalde provincial Mario Copa propone conformar una comisión conformada por seis asesores que apoyarán a la construcción de la agenda de diálogo que dé salida a los reclamos de la provincia tacneña, conformada por dos representantes de la PCM, dos del Congreso, uno del MEM y uno de la Defensoría del Pueblo. Dentro de su pliego de reclamos, Candarave pide que ya no se den licencias a más mineras para que trabajen en esa jurisdicción y que se cierren, por lo menos, cinco pozos (TP-3, TP-5 TP-, TP-14 y TP-8) utilizados por la empresa Southern para sus actividades, lo que ha dejado al agro sin recurso hídrico. Preciso que la población no pide la salida de Southern, pero sí la compensación por el perjuicio que ha causado a la agricultora. El MEM convocó a reunión para el 28 de marzo, sin embargo la misma fue postergada para el 4 de abril. El 4 de abril de 2008, se llevó a cabo la primera reunión de diálogo entre el alcalde Provincial de Candarave; autoridades municipales de la provincia; representantes de comunidades campesinas de la provincia; dos gerentes de Southern Perú: Manuel Sierra, Gerente de Relaciones Públicas y Juan Ojeda, Superintendente; PCM, Maria del Carmen Tagle; Ministerio de Energía y Minas: Jose Carbajal, Director General de Gestón Social y Sandra Castro; y la Defensoría del Pueblo. En la misma las autoridades municipales de Candarave, Curibaya y dirigentes del Frente de Defensa de Candarave, Comisión de Regantes de Cairani, Comunidad Campesina de Huanuara y Junta de Usuarios de Agua tomaron la palabra y expusieron la problemática del conflicto. Al finalizar, el Ministerio de Energía y Minas indicó que coordinará con otras oficinas tales como Inrena, Ministerio de Economía, Superintendencia de Aguas, etc. de acuerdo al petitorio que había hecho llegar la Municipalidad de Candarave al Congreso y ofreció coordinar una nueva reunión para fines de abril.

La segunda reunión fue convocada por la Municipalidad Provincial de Candarave y llevada a cabo el día lunes 28 de abril, en presencia de funcionarios de la PCM, funcionarios del MEM, funcionarios de la Intendencia Nacional del Agua, de la Administración Técnica de Riego de Tacna, de la Empresa Minera Southern, el alcalde de la Provincia de Candarave, y los alcaldes distritales de Cairani, Huanuara, Curibaya y representantes de los Frentes de Defensa y presidentes de las comunidades campesinas. Por su parte, los participantes sustentaron cada uno de los 16 pedidos solicitados por la Municipalidad Provincial de Candarave en su memorial. Varios pedidos están pendientes de respuesta por tratarse de asuntos técnicos legales, quedándose en que la respuesta final se daría por escrito a la Municipalidad Provincial de Candarave, en el menor tiempo posible, quedando ambas partes parcialmente satisfechas. Al terminar, se llegó a algunos acuerdos inmediatos como la visita inmediata el 30 de abril a los pozos de la empresa y se formará una comisión de monitoreo participativo con todas las instituciones públicas y los alcaldes. Esta conformación estará a cargo de la Administración Técnico de Riego de Tacna quien elaborara los lineamientos respectivos. Finalmente, no se quedó en una fecha próxima para una posterior reunión, pero si en la posibilidad de reunirse permanentemente a través de la comisión de monitoreo participativo. Aún se encuentra pendiente realizar una reunión con el alcalde provincial, los alcaldes distritales y la empresa SPCC, a fin de revisar el programa de inversión del presente año 2008, relacionado con el aporte voluntario. El 23 de junio, Mario Copa Conde, alcalde de la provincia de Candarave de la región Tacna, señaló que la minera Southern Perú tiene hasta julio para que compense a la población por el uso que hace del agua de esta localidad. De lo contrario, sostiene Copa, cerrarán el suministro de este recurso a dicha empresa. Asimismo, el burgomaestre aseguró que mantiene diálogo con la Southern pero todavía no logran un entendimiento. El 21 de julio se llevó a cabo la tercera reunión de seguimiento al petitorio presentado por la Municipalidad Provincial de Candarave al gobierno central, para que la empresa Southern Peru compense a la población por el uso que hace de sus aguas y por una posible contaminación ambiental en la provincia. La reunión finalizó cuando el alcalde provincial de Candarave, Mario Copa, consideró que no había la voluntad de la empresa Southern Perú de “resarcir el daño que la empresa había causado durante décadas”, según señaló. Antes de ello, se había acordado que el 23 de julio funcionarios de la municipalidad de Candarave se reunirían con representantes de la empresa y de la intendencia de aguas, para definir la composición del grupo participativo de monitoreo de pozos. Sin embargo al levantarse la reunión, dicho acuerdo habría quedado en suspenso. El alcalde provincial de Candarave (Tacna), Mario Copa Conde, a inicios del mes de agosto advirtió a la minera Southern Perú Copper Corporation que de no cumplir con las demandas de la población, se verán obligados a cortar el suministro de agua a las minas de Toquepala y Cuajone. Los habitantes de este lugar se encuentran sumamente indignados dado que tras las reuniones que sostuvo la compañía con autoridades civiles de Candarave y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas no se ha tomado ningún preacuerdo sobre propuestas de resarcimiento por el daño causado a toda la zona andina desde la instalación de los asientos mineros, ni sobre fuentes alternativas de recurso hídrico. De otro lado, el alcalde informó que la frustrada reunión pasada se ha reprogramado para el 10 de agosto, fecha en la que esperan una respuesta a las interrogantes planteadas a Southern en la junta pasada. El alcalde de Candarave informó que el 10 de agosto se llevó a cabo una reunión con los diferentes sectores de la provincia de Candarave y que el 22 de agosto se llevaría a cabo una segunda reunión, en las cuales evaluaría los siguientes pasos a tomar. El petitorio de Candarave a la empresa Southern Perú se centra en la construcción de tres represas (Callazas, Tacalaya y Calientes) y de los 50kms de la carretera Candarave-Binacional, lo cual tendría un valor de aproximadamente 130 millones de soles, según indicó el alcalde. Pero dicha inversión debe hacerse, al mismo tiempo que la empresa deja de utilizar el agua de la provincia en los dos años siguientes, y debe buscar otras fuentes para obtener agua para la minería. El alcalde también expresó su malestar por la publicación que había hecho la empresa SPCC en el diario Correo el 4 de agosto, en la cual señalaba que él era un obstáculo para el diálogo. Asimismo, nos indicó que los alcaldes de los distritos de Huanuara, Quilahuani y Cairani han recibido inversión por parte de la minera, motivo por el cual no están del lado del alcalde provincial quien solo cuenta con el apoyo de los alcaldes distritales de Curibaya y Camilaca, de la junta de usuarios, de las

comunidades campesinas y del Frente de Defensa de Candarave. De igual manera nos indicó que aparentemente la empresa SPCC habría suscrito un convenio de cooperación con dichas municipalidades distritales, lo que no está confirmado. Antes del 28 de agosto (aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú) se llevaría a cabo una nueva reunión con una comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas, en la cual se continuaría conversando, pues ya se llevó a cabo una reunión con el viceministro de energía y minas hace algunos días. Nos indicó el alcalde Mario Copa que en un máximo de dos reuniones más debería haber un acuerdo concreto sobre el tema, referido al uso del agua por parte de la minera, aun cuando la empresa no participó de las reuniones con el viceministro y comisión técnica del Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, el alcalde indicó que para que se acuerde llevar a cabo un estudio de impacto ambiental o un informe de daños ambientales, es necesario que la empresa cierre por lo menos 5 pozos de agua durante el tiempo en que se termina el informe. El alcalde considera que el gobierno debe distribuir mejor el aporte voluntario, pues hasta ahora se ha incluido a los distritos de la provincia de Jorge Basadre en donde la empresa SPCC explota las minas, pero que ya reciben un alto canon minero, mientras que Candarave recibe mucho menos canon y poco aporte voluntario. Él considera que el aporte voluntario debe distribuirse solo en Candarave y además del aporte voluntario la empresa debe compensar a Candarave con la construcción de las tres represas y la carretera. El Ministerio de Energía y Minas informó que la reunión prevista para el 28 de agosto ha sido postergada para el 4 de setiembre. La Municipalidad provincial de Candarave y sus organizaciones sociales han conformado un Comité de Lucha que se mantendrá alerta a los resultados de la reunión del 4 de setiembre. Una distribución equitativa de los recursos del canon minero conforme a los volúmenes de explotación de agua de las principales cuencas de la provincia demandaron a la empresa Southern Peru las autoridades municipales de Candarave, con el fin de atender los principales requerimientos de la población. El alcalde de la provincia andina, Mario Copa Conde, manifestó que pese al compromiso de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para iniciar una negociación con la empresa Southern Peru sobre compensación económica a Candarave por el uso del recurso hídrico y el posible daño ecológico ocasionado por la actividad minera, hasta la fecha no se ha podido llegar a un acuerdo a raíz de la inasistencia del viceministro Pedro Gamio Aita, quien no acudió a una cita con los agricultores programada para el jueves 4 de setiembre. Debido a esta actitud, los agricultores declararon persona no grata al funcionario y acordaron realizar hoy una nueva asamblea popular para definir acciones de lucha y exigir al Gobierno la atención inmediata de sus demandas. Según Copa, la provincia de Candarave recibe por concepto de canon la suma de 6 millones de nuevos soles, monto irrisorio si se le compara con los 140 millones que recibe el distrito Ilabaya por el mismo concepto. El alcalde de Candarave, Mario Copa Conde, exigió mejores compensaciones de la empresa Southern Perú por los 1.650 litros de agua por segundo que recibe para explotar Toquepala y Cuajone. "De no ser escuchados, nos veremos obligados a suspender la entrega del recurso hídrico”, dijo el alcalde Copa Conde, en un medio de prensa el 10 de octubre. El alcalde espera se reincorporé el diálogo suspendido e informó que solicitarán se incorporé el nuevos ministro de energía y minas y el premier Simon al diálogo, además solicitarán el retiro del vice ministro de minas Felipe Isasi, ya que no lo considera imparcial. Según nota de prensa, del 27 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas informó que el 15 de octubre el vice ministro recibió a una delegación de Candarave, presidida por el alcale provincial Mario Copa, manifestó su negativa a continuar las reuniones técnicas en Tacna. El Presidente de la comunidad campesina de Huanuara en Candarave, Elisberto Villegas, llegó a la ciudad de Tacna para cuestionar y exigir la nulidad de la resolución Administrativa Nº 125 -200 – DRAT/ GRT- ATDR donde se resuelve otorgar a la empresa minera Southern Copper un volumen anual de hasta 6 millones 969 mil 485 metros cúbicos del recurso hídrico, para una extensión de 301 hectáreas con fines agrarios. Últimos acontecimientos: No se registran nuevos acontecimientos a marzo de 2009 179. Departamento de Tacna

Caso. Las autoridades regionales y locales, el Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, y pobladores de Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le restaría ingresos, demandan que se mantenga la distribución del canon minero como lo estipulaba la ley. Actores. El presidente regional de Tacna, Hugo Ordoñez, Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, Congreso de la República, PCM, población. Antecedentes. Las autoridades y población rechazaron el proyecto que modifica ley del canon, aprobada por la comisión de Energía y Minas y que se definirá en el Pleno del Congreso. La primera autoridad regional, señaló que un equipo legal contratado por la región, prepara un documento, mediante el cual solicitará que la ley 2713 sea discutida por la comisión de constitución, ya que según el análisis realizado por el Gobierno Regional, esta va en contra de la carta magna. Y los representantes de Tacna trataron de congregar a los presidentes regionales y alcaldes de regiones afectadas por la modificación de distribución del canon, a una reunión para conseguir el apoyo y sumar fuerza en el parlamento. Hechos. El 1 de octubre el presidente regional de Tacna, Hugo Ordoñez, pidió al gobierno central que haga cumplir el Estado de derecho y no permita que Moquegua cierre la Panamericana. Tacna no aceptaría que se modifique la actual distribución del canon que le favorece, el 2 y 3 de octubre realizaron un paro encabezado por el Frente de Defensa con el apoyo de autoridades. Y anunciaron que como medida extrema, cortarían el agua a Ilo y a la empresa Southern. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, José Mejía, manifestó que el objetivo de paralizar no es "sabotear" las conversaciones, sino "poner en claro que la posición de la región es defender la actual ley del canon". El gobernador de Tacna, Raúl Urviola, pidió al Frente de Defensa de los Intereses de Tacna cuidarse de posibles infiltrados durante las protestas. Sin emabrgo, la población de Tacna, responsabiliza al presidente Hugo Ordóñez del fracaso en las negociaciones para la distribución del canon minero producido por la empresa Southern Peru Cooper Corporation, motivo por el cual no han respondieron totalmente al llamado al paro preventivo. Así mismo, los tacneños critican el hecho que el presidente regional Ordóñez Salazar no haya estado presente en la reunión realizada en la víspera de la comisión de Economía donde se planteó el desarrollo de una mesa de diálogo en Arequipa. El 10 de octubre el alcalde de Candarave, Mario Copa Conde, exigió mejores compensaciones de la empresa Southern Perú por los 1.650 litros de agua por segundo que recibe para explotar Toquepala y Cuajone. Y anunció que "de no ser escuchados, nos veremos obligados a suspender la entrega del recurso hídrico”. Y el 12 el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, anunció que acudirá al Tribunal Constitucional en caso el Congreso apruebe la fórmula de cuentas separadas para distribuir el canon minero, sistema que favorece a Moquegua. El día 17 el primer ministro, Yehude Simon, le pidió al presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, que espere la presentación de una propuesta técnica y de consenso de los departamentos con producción minera, la cual no perjudique a ninguna región, antes de someter a votación el mencionado dictamen. Para conseguir ese propósito, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, conversará con sus pares de Tacna, Hugo Ordóñez, y de Moquegua, Jaime Rodríguez, enfrentados por este tema. Seis presidentes regionales le enviaron una carta al jefe de Estado, Alan García, así como a Simon y Velásquez, solicitándoles más tiempo para estudiar la contabilidad y la distribución del canon minero. El pleno del congreso, el debatiría y aprobaría el proyecto de ley 2713, que plantea la modificación de la ley de distribución del canon. El proyecto denominado "Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 27506 Ley del Canon", incorpora el numeral 5.3 al artículo 5. Dicho numeral señala: "cuando el titular minero posee varias concesiones en explotación ubicadas en circunscripciones distintas, el canon minero se distribuirá en proporción al valor de venta del concentrado o equivalente proveniente de cada concesión según declaración jurada presentada en cuentas separadas que formulara el titular minero a los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas. En el caso de la minería metálica, el canon minero se distribuirá en función del valor del componente minero, cuando la extensión de una concesión minera de explotación comprenda sus circunscripciones vecinas, la distribución se verá en partes iguales". Como se recuerda, los problemas en torno a este tema se originaron cuando las autoridades de la región de Moquegua, percibieron la diferencia que existía entre el monto que recibía Tacna y su región por el concepto de canon minero. Finalmente, el ejecutivo planteó que sea el parlamento quien tenga la última palabra con respecto al tema.

Aprobada la ley, según los cálculos estimados, Tacna percibiría un 52% del canon minero, mientras que Moquegua recibiría 48%, sin embargo esta cifra podría revertirse de manera paulatina en contra del departamento de Tacna. El día 23, el presidente regional de Tacna, refirió que la nueva distribución basada en el valor de ventas del concentrado y no en cantidad de mineral extraído es perjudicial para Tacna y 9 regiones más. Finalmente se supo que alrededor de cuatro mil personas marcharon rumbo al Centro Cívico de Tacna en rechazo al proyecto de Ley 2713 enviado por el Ejecutivo al Congreso, pues consideran que viola la Constitución y reducirá los ingresos de la Ciudad Heroica. El Frente de Defensa de Tacna convocó a un paro de 48 horas para el miércoles 29 y jueves 30, para frenar las presiones de Moquegua en su intento de que se apruebe la ley 2713, que modifica la distribución del canon, debate previsto para este jueves en el Congreso. Las autoridades de Tacna descartaron aceptar cualquier tipo de compensación del Estado a cambio de que se apruebe el proyecto de ley 2713, tal como habría sugerido el premier Yehude Simon en una reunión con autoridades y dirigentes de Moquegua. El 29, la población de Tacna inició un paro de 48 horas para solicitar al Congreso de la República que desestime el proyecto de ley 2713, que propone la modificación de la distribución del canon. Pero el tránsito de vehículos públicos y particulares fue fluido. Varios piquetes de manifestantes han comenzado a bloquear las principales arterias de la Ciudad Heroica con piedras y la quema de neumáticos. El día 30, por 51 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones, la primera votación legislativa daba luz verde a la norma que modifica la repartición del canon minero. Debido a esto, en Tacna, decenas de vándalos incendiaron el local de la Gobernación, considerado monumento histórico por el INC. El mayor PNP Luis Guevara y 17 policías resultaron heridos. El gobernador Víctor Urviola Hani se puso a buen recaudo. Además, la turba atacó las instalaciones del Partido Aprista, de Radio Uno, la SUNAT y varios locales comerciales. Mientras tanto centenares de personas ocuparon el puesto fronterizo de Santa Rosa, bloquearon el tránsito internacional y algunos cruzaron la frontera hacia Chile. Siete personas fueron detenidas por los carabineros chilenos, entre ellos tres periodistas, quienes finalmente fueron liberados debido a Javier Castillo, fiscal de prevención de delito de Tacna, quien estuvo a cargo de las negociaciones con su homólogo de Arica y el Jefe de Carabineros, Jorge Salas Rezkalah. El día 30, enterados de la aprobación de la modificatoria de la Ley del canon, en una acción de desborde, un grupo de pobladores que parecía haberse replegado con las bombas lacrimógenas que lanzaron las fuerzas del orden, retornaron a la sede de la gobernación e ingresaron nuevamente a la ante sala de la oficina principal y continuaron con la quema de enseres y archivos de esta institución pública. Debido a la construcción de madera de ésta institución, el fuego se propaló rápidamente. El gobernador Raúl Urviola Hani, se vio obligado a salir por una de las ventanas laterales de la gobernación. La densa humareda, invadió casi todo el centro de la ciudad alarmando a la población. Después de varios minutos de iniciado el siniestro, llegaron hasta el lugar los efectivos del cuerpo de bomberos, quienes con sus maquinas de agua intentaron apagar el incendio que cada vez alcanzaba mayores proporciones. El 31 de octubre el Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, ante la aprobación de la modificatoria del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, se pronunció públicamente con los siguientes puntos: 1. Rechazar y condenar la aprobación manipulada de la nefasta Ley N°2713, que lejos de buscar la equidad entre 2 regiones ha ampliado la inequidad a 9 regiones, afectando drásticamente al Heroico Pueblo de Tacna. 2. Declaramos, que fiel a su tradición histórica de lucha libertaria, Tacna no se rinde y no cesará hasta lograr ser atendido por el Poder Ejecutivo, teniendo como fortaleza la justeza de nuestra causa y la unidad entre autoridades y pueblo organizado. 3. Estamos implementando acciones directas de lucha que refuerzan las gestiones de nuestras autoridades sobre una plataforma de desarrollo para resarcir el enorme daño causado a Tacna y que debe ser atendido a la brevedad por el Poder Ejecutivo. Lejos de nuestras medidas de lucha están las acciones vandálicas que condenamos, por lo que invocamos al pueblo a mantener la unidad y la serenidad. 4. El pueblo de Tacna, vigilante de los intereses de la patria, sabrá responder con fuerza y dignidad en esta hora difícil de su historia. El día 2 de noviembre de 2008, el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Tacna se dirigió a la opinión pública expresando lo siguiente: 1. Decretar la continuación de la Huelga General Indefinida del Pueblo de Tacna en razón de que sus demandas aún no han sido atendidas. 2.

Lamentar la muerte de Gelmer Arpasi Valeriano en la localidad de Alto Camiara (Locumba). 3. Postergar hasta el lunes 03 de noviembre la Asamblea Popular, a fin de rendir póstumo homenaje al mártir Gelmer Arpasi. El día 3 el Frente de Defensa decide dar una tregua al gobierno, se formó un nuevo Comité conformado por pobladores de la localidad, decidieron desconocer al Frente de Defensa encabezado por José Mejía, como segundo punto se acordó continuar con la medida de lucha y no aceptar la tregua al gobierno establecida por las autoridades. Entre los nuevos integrantes del Comité de Lucha, estuvieron Virginia Velásquez, representante del distrito de Ciudad Nueva, Joaquin Copa de Gregorio Albarracín, Ricardo Huallpa del distrito Alto de la Alianza, Jesús Alarcón Eyzaguirre del Distrito de Tacna y William Yapu de la Federación Universitaria. El día 4 de noviembre de 2008 unas 30 personas, fueron detenidas en horas de la noche por realizar actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad. Los intervenidos fueron trasladados hasta Seguridad del Estado. Por otro lado, organizaciones de Tarata y Candarave desconocieron el acuerdo y materializaron su descontento realizando una serie de desmanes por las principales calles de la ciudad. Se informó que hubo treinta detenidos. Hugo Ordóñez informó a la población que se pedirá al Gobierno Central que declare en emergencia los recursos hídricos de la región, por lo cual el agua de las cuencas de la región solo se tendría que usar para abastecer a la población y para las actividades agrícolas. Mientras tanto, los Alcaldes de la Provincia de Tacna, suscribieron el siguiente pronunciamiento, 1º Respaldan al pueblo de Tacna en su decisión de continuar la lucha en defensa de sus recursos naturales para su desarrollo. 2º Se solidarizan con la familia de Gelmer Arpasi Valeriano, “mártir de la lucha popular de Tacna, a quienes el gobierno central tiene que resarcir económicamente esta pérdida irreparable”, y exigen se sancione penalmente a los responsables. 3º Exigir “al gobierno central el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares, cuya presencia y acción represiva es provocante para la población que ha adoptado una medida de protesta contra la aprobación del proyecto de Ley 2713; sin haberse considerado el recurso hídrico como elemento fundamental en el proceso productivo del cobre y los daños ambientales que la actividad minera ocasiona”. 4º Denuncian a la Southern Perú Cooper Corporation, que divide los pueblos del sur del país; con el objetivo de apropiarse del recurso hídrico sin consideración alguna de las necesidades de los pueblos de la región Tacna. 5º Invocan al pueblo y autoridades de Tacna a mantener la unidad en esta justa lucha por el desarrollo de Tacna. Por lo tanto, demandan al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de ministros y presidente del Congreso de la República, la presencia de una Comisión de Alto Nivel, presidido por el primer ministro, en la ciudad de Tacna, para la atención de la plataforma de lucha del pueblo de Tacna. El mismo día 4 se conformó el Comité de Defensa de los Intereses de Tarata, a fin de plegarse a las acciones que se determinen en la ciudad de Tacna en defensa de sus recursos naturales. El referido comité de lucha la preside Luis Ticona Quispe y lo integran José Jiménez en el cargo de secretario y Eloy Bernabé como vocal. Este comité tendrá como primer punto de agenda: definir la movilización del pueblo tarateño hasta la localidad candaraveña de Huaytire para recuperar y vigilar la laguna de Suches, cuyas aguas son utilizadas por la transnacional Southern Perú para la extracción del cobre de la mina de Cuajone. Los alcaldes de la Provincia Jorge Basadre y los Alcaldes Distritales de Ite e Ilabaya, luego de llevar a cabo asambleas públicas y en acuerdo con la población se pronunciaron en los siguientes términos: “La provincia de Jorge Basadre, ha decidió continuar la paralización indefinida hasta que el Gobierno del Presidente Alan García, determine una solución a las demandas de Tacna; así como respaldar al pueblo de Tacna, en continuar las justas luchas en defensa del recurso hídrico, la defensa del medio ambiente y los recursos del canon minero. Incorporar en la plataforma de lucha la compensación por los pasivos ambientales ocasionados por Southern Perú, en los últimos 50 años. (Candarave, Valle de Cinto, Bahía de Ite, Quebrada onda, entre otros). Recuperación gradual de las aguas asignadas a Southern Perú, y devolución del agua utilizada para las actividades mineras, tal como las recibe y no en relaves, conforme a la ley de aguas; así como exigir la inversión que sea necesaria para la construcción de represas en las partes altas de la provincia para su mejor aprovechamiento. Invocar al Presidente Regional y al Frente de Defensa de los Intereses de Tacna, en retomar inmediatamente la conducción del paro, fortaleciendo la unidad de la población y definir las estrategias de acción para alcanzar sus objetivos. Finalmente, demandan “la Presencia del

Gobierno Central en Tacna, a través de una comisión, presidida por el Primer Ministro Yehude Simon Munaro, para escuchar las demandas de la población”. El día 5 de noviembre el Gobierno Nacional decidió declarar en estado de emergencia a Tacna por 30 días debido al clima de violencia y descontrol desatados luego de que una turba incendiara, la Municipalidad del distrito de Ciudad Nueva y el Módulo de Justicia del distrito de Alto del Alianza. La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, salió en defensa de los diversos policías agredidos y heridos en los actos de protesta y demandó a la ciudadanía retornar a la calma. Según el representante de la Oficina Defensorial de Tacna, un total de 37 personas fueron detenidas en seguridad del Estado del departamento de Tacna, por cometer actos violentos. En asamblea realizada en la sede del Gobierno Regional, presidida por el presidente Hugo Ordóñez Salazar, y a la que asistieron las principales autoridades de la región, entre ellos, los alcaldes de las tres provincias y los representantes de las organizaciones de base, acordaron plantear una plataforma de lucha, que deberá ser revisada por el gobierno central, para su cumplimiento. El acta, contenía 14 puntos con los siguientes acuerdos: 1. Levantamiento inmediato del estado de emergencia 2. Que no se promulgue el proyecto de ley 2713 3. Que la comisión de alto nivel llegue a Tacna 4. Que la comisión que los represente sea elegida por asamblea popular 5. Intangibilidad de la aguas de Tacna. 6. Resarcimiento de los daños mineros a Candarave, Jorge Basadre y Tarata por un monto de diez mil millones. 7. Cierre de la mina de Toquepala y expulsión de la minera Southern. Cooper 8. Reversión de las aguas que usa Southern Cooper, para favorecer a la agricultura y ganadería de las cuatro provincias. 9. Cortar la dotación de agua a Ilo, por tener esta provincia suficiente recurso hídrico 10. Reversión del 17% que se da a Ilo por concepto de avance de arancel especial. 11. Revisión total de la licencia de agua concedida a southern. 12. Pago por servicios ambientales. 13. Apoyo a la plataforma y comité de lucha de Candarave 14. Desautorizar terceros que se irroguen la representación de la sociedad. Además de estos puntos, la asamblea general acordó continuar con la paralización indefinida y rechazar los actos de violencia que en los últimos días empañaron las jornadas de protesta de la población tacneña. Luego de que el Ejército tomara el control de Tacna tras ser declarada en Estado de emergencia, inmediatamente se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, los cuales dejaron como resultado un muerto, 48 heridos entre la población, otros 29 de la Policía y 60 detenidos. Pese a las consecuencias trágicas y la decisión del Premier Yehude Simon de no viajar a Tacna mientras no cese la violencia, las organizaciones sociales ratificaron su paro indefinido. La turba atacó las comisarías y módulos de justicia del distrito Alto del Alianza, las Comisarías de Gregorio Albarracín, Viñani y el módulo de justicia de Albarracín en el cono sur. Entre las 9 de la mañana y el mediodía la población salió a las calles protestando con cacerolazos. Tacna proponía una fórmula mixta: que el 50% del canon que le corresponde se calcule según valor del concentrado, y el otro 50% según el mineral extraído. El día 6 de noviembre la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reveló que hace un año se advirtió que la inadecuada decisión de un funcionario público podría generar los conflictos sociales producidos en las últimas semanas en Tacna a raíz del tema del canon. Refirió que esta situación fue informada ya al Premier Yehude Simon, durante la reunión que sostuvieron el martes pasado. Asimismo, Merino calificó como un importante avance en la atención de las demandas de la población, el anuncio del Premier de formar una entidad que se encargue de la prevención de los conflictos, reiterando la voluntad de la Defensoría de aportar con su experiencia en el tema, sea en la comisión que ya existe en la Presidencia del Consejo de Ministros o en la formación de una nueva. El Presidente del Gobierno Regional de Tacna Econ. Hugo Ordóñez Salazar, sostuvo una reunión con el Obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara a quien le pidió la posibilidad de intermediar en la apertura del diálogo con el Poder Ejecutivo. De otra parte la primera autoridad regional hizo saber que con las autoridades municipales se había declarado en sesión permanente para buscar la solución al grave problema que atraviesa Tacna. Así mismo, informó que sostuvo conversaciones con el Fiscal Superior Decano Dr. Manuel Flores Chara y con el Defensor del Pueblo Sergio Meza, preocupado por la situación de los detenidos en los últimos días dando a conocer que había dado instrucciones al Director Regional de Salud y al Director del Hospital Regional para que se atienda rápida y eficientemente a los heridos que se presentaran. El 11 de noviembre reunidos en la Casa Basadre, ubicada en la ciudad de Tacna, con la presencia de una parte del R.P. Gastón Garatea y Arq. Raúl Molina representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros , del Ingeniero Carlos Pagador, Representante del Ministerio de Agricultura y el Sr. Juan Muñoz Romero, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, miembros de la

comisión de avanzada nominada por el Poder Ejecutivo y de otra parte el Econ. Hugo Ordóñez Salazar, Presidente del Gobierno Regional de Tacna, los Alcaldes Provinciales y Distritales de la Región Tacna, los representantes del Frente de Defensa de Tacna, del Comité de Lucha y de diferentes instituciones tacneñas, luego de una deliberación y diversas intervenciones de los participantes se llegó a los siguientes acuerdos. 1. Los representantes de Tacna solicitan a la Comisión de Avanzada que intermedie ante el Presidente de la República y el Primer Ministro para que se observe la autógrafa del Proyecto de Ley 2713 aprobado por el Congreso de la República, se presenta para ello una fórmula legal alternativa que resulta más equitativa para la distribución del canon. 2. Solicitan al Presidente de la República una definición lo más pronto posible antes de la fecha de vencimiento para la promulgación de la autógrafa mencionada. 3. La reinstalación en Tacna de la Comisión Técnica a partir del jueves 13, la misma que debe proponer alternativas que reduzcan los efectos de la decisión que se tome. 4. Independientemente de la respuesta del Presidente, se acuerda proponer que el 15 del presente mes, una Comisión de Alto Nivel presidida por el Premier, se constituya en Tacna para poder revisar y suscribir los acuerdos trabajados. La Presidencia del Consejo de Ministros propondrá una fecha para concretar esta visita. 5. El sábado 15 en la ciudad de Tacna, se realizará una reunión entre una Comisión Técnica designada bajo la coordinación del Gobierno Regional y el Intendente Nacional de Recursos Hídricos, Ing. Carlos Pagador con el fin de discutir la problemática del agua en Tacna e identificar alternativas viables. 6. Solicitar que la Comisión de Alto Nivel estudie y plantee alternativas sobre los proyectos expuestos tomando como base el Plan Basadre y actualizándolo en lo que fuera pertinente. 7. Evaluar la extensión de la continuidad de aquellos proyectos sujetos al D.S. 185-2007- EF. 8. Sugerir al Poder Ejecutivo la modificación de la distribución del Arancel Especial de la Zofra Tacna, cuya propuesta obra en el MINCETUR, recomendando evaluar la asignación de recursos a las provincias y distritos altoandinos de Tarata y Candarave. 9. Comprometemos con el mantenimiento de la paz en la región Tacna, en nombre de ello rechazamos la violencia, solicitamos el levantamiento del Estado de Emergencia y proponemos organizar una Marcha por la Paz, la misma que será impulsada por la sociedad civil de Tacna, con el apoyo de las demás instituciones. 10. Exhortar a las autoridades pertinentes a agilizar una investigación que establezca las responsabilidades de los fallecidos, heridos y actos de violencia, así como la situación de las personas que aún se encuentran detenidas. El día 11 de diciembre los alcaldes provinciales y distritales de la región Tacna, se reunieron y afirmaron sentirse satisfechos con los resultados obtenidos con la reunión sostenida con el Presidente del Consejo de Ministros y representantes del ejecutivo. El alcalde de la Provincia de Candarave, Mario Copa, indicó que en esta primera reunión se expuso los puntos álgidos de la región y que formaban parte de la agenda, entre otros, el de demarcación territorial, recurso hídrico, construcción de la carretera Umalso, la recuperación del 17% de la Zofra Tacna que se le otorga a la provincia de Ilo. El 5 de enero 2009 El congresista Jorge Flores Torres advirtió que mientras el Ejecutivo no aclare el Decreto de Urgencia 050-2008 que establece el tiempo de antigüedad de los vehículos usados a ser importados por la ZofraTacna se pone en riesgo esta actividad debido a que en la práctica de cinco reducen a cuatro los años de antigüedad los vehículos usados. Últimos acontecimientos. No se registran nuevos acontecimientos.