COSTA RICA Informe de Costa Rica sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de al Asamblea General de las Naciones Unidas, mayo del 2004. Introducción El presente informe responde a un cuestionario enviado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, con el objetivo de complementar las fuentes de información existentes para facilitar el examen y evaluación que ha de realizar dicha Comisión, en el marco del seguimiento a la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) tanto a nivel regional como mundial y también de los resultados del Vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de al Asamblea General (2000). El cuestionario consta de cuatro partes: PRIMERA PARTE: Breve sinopsis analítica de las experiencias concretas en la aplicación de la Plataforma de Acción y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, (principales logros y obstáculos). SEGUNDA PARTE: Aplicación en las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Beijing 1 (salvo la H “Mecanismos Institucionales”), además de los logros en las esferas de elaboración de políticas, reforma legislativa y programas y proyectos que se han ejecutado. TERCERA PARTE: Información relativa al desarrollo institucional, mecanismos nacionales, programas de fomento de para ministerios sectoriales, asignación de recursos, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. CUARTA PARTE: Principales problemas y dificultades a las que se siguen enfrentando los estados, planes y medidas futuras para resolverlos y lograr una adecuada implementación de la plataforma de acción y compromisos futuros.

1

Las esferas de preocupación de las Plataforma de Acción son: Mujer pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de difusión, medio ambiente y niñas. 1

PRIMERA PARTE Panorama General de los logros alcanzados y problemas encontrados en la promoción de la igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de las mujeres Costa Rica puede mostrar una serie de resultados en prácticamente todos los compromisos adquiridos en la aplicación de la Plataforma de Beijing, pero para efectos de este informe se centrará en tres esferas prioritarias: a) poder y decisiones, b) violencia de género c) divulgación y protección de los derechos de las mujeres con énfasis en la parte normativa. En la ruta hacia el logro de la igualdad y la equidad en el país, el estado costarricense optó por establecer en abril de 1998 el Instituto Nacional de las Mujeres-INAMU- mediante la Ley No. 7801. Con la creación del instituto surge en el país una institucionalidad para el trabajo en género que en sí misma representa una acción afirmativa del estado por la igualdad de las mujeres. Nace como entidad autónoma, con su propia ley y recursos propios para la atención de las demandas de las mujeres y marca un hito en el compromiso de la sociedad y el estado costarricense con la igualdad y la equidad de género, así como con la promoción y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Uno de los principales propósitos de la ley es consolidar al INAMU como una entidad con presencia y atribuciones que le posibiliten desarrollar políticas públicas dirigidas a erradicar las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los derechos de las mujeres. Junto con la creación del INAMU el estado ha optado por promover la emisión de leyes específicas para la atención de sectores de mujeres que por la vulnerabilidad particular de sus derechos, requiere de atención especial. La promulgación de estas leyes incluye la creación de mecanismos institucionales que viabilicen su aplicación. Estas se concretan a través de comisiones interinstitucionales cuya función principal es promover política pública y programas que aseguren la adecuada atención de la problemática que afecta a la población destinataria de la ley, particularmente a las mujeres. Destacan entre ellas las siguientes: Instrumentos jurídicos logrados para la aplicación de la Plataforma de Acción: - La Ley No.7499 de junio de 1995, mediante la cual el estado costarricense adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, instrumento que reconoce de manera irrestricta los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y que viene a afirmar de una manera especifica que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los Derechos Humanos. - Ley 8089 de Agosto del 2001, Protocolo Facultativo de la Convención Sobre La Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la ONU. En este instrumento jurídico se reafirma la decisión por parte de los Estados de asegurar a las mujeres el disfrute pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de asegurar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y de

2

esas libertades. - Ley No.7689 de agosto de 1994, Reformas al Código de Familia sobre el trámite de procesos judiciales, bienes gananciales, pruebas técnicas para investigación de paternidad (reforma a los artículos 8 y 41 del Código de Familia y adición de un artículo 48 bis). Esta ley modifica la legislación de familia ampliando los criterios en la interpretación de las pruebas en los procesos judiciales; elimina la pérdida de bienes gananciales constatados en el patrimonio de cada cónyuge y crea la reparación de los daños y perjuicios que debe indemnizar el cónyuge declarado culpable en una sentencia de divorcio. Crea la prueba ADN en los procesos judiciales relacionados con paternidad y maternidad. - Ley No. 8101 de abril del 2001, Paternidad Responsable. El propósito de esta ley es fortalecer la protección de las niñas y los niños, así como para promover que los padres y las madres compartan el cuidado y atención de sus hijos e hijas. El fomento de la paternidad responsable, requiere necesariamente de cambios en los patrones de socialización de mujeres y hombres, especialmente de los segundos y en particular de los niños, las niñas y de las personas adolescentes. - Ley No.7532 de agosto de 1995, Regulación de la Unión de Hecho. Reconoce la familia de la unión de hecho para efectos patrimoniales e incluye en el Código de Familia el reconocimiento de derechos de las parejas que conviven en unión de hecho. - Ley No.7654 de diciembre de 1996, Pensiones Alimentarias. Esta ley surge debido a la necesidad de agilizar los trámites en procesos alimentarios, integrar prácticas judiciales que han venido funcionando y para desechar otras por impropias, así como integrar los pronunciamientos jurisprudenciales, especialmente los de la Sala Constitucional, en vista de lo importante que resultan en la aplicación de la normativa en materia alimentaria. - Leyes No.7491 de mayo de 1995 y No.7621 de setiembre de 1996, reformas al artículo 95 del Código de Trabajo: derecho a una licencia remunerada por maternidad y por adopción de un menor. Esta ley tiene como propósito que las trabajadoras en estado de embarazo obtengan el salario completo durante el período pre y post parto, lactancia y adopción de una persona menor. La Ley No. 8107 de agosto del 2001, incorpora un título undécimo al Código de Trabajo, teniendo como fundamento constitucional el derecho al trabajo y el deber del estado de propiciar una ocupación útil y honesta así como la prohibición de que se establezcan condiciones que menoscaben la libertad o la dignidad del ser humano por algún acto de discriminatorio, surgió la necesidad de establecer en el ámbito laboral normas que reafirmaran estos principios, prohibiendo todo tipo de discriminación en el empleo, reforma legal de indiscutible importancia para las mujeres. - Ley No.7653 de diciembre de 1996, reformas al Código Electoral que garantizan la participación y representatividad política de las mujeres. Con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación Contra la Mujer, el estado costarricense se compromete a tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y en particular, a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derechos a: “..a) votar en todas las elecciones y

3

referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales..”, además de establecer la obligación de los partidos políticos de contar con mecanismos que aseguren una cuota mínima de participación política de las mujeres en los puestos de elección popular de un 40%. -Ley No.7878 de junio de 1999, reforma al artículo 76 de la Constitución Política. Con esta reforma constitucional se establece la obligación del estado de velar por el mantenimiento y cultivo de los lenguajes indígenas nacionales. En adelante el artículo se lee: artículo 76: el español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. - Ley No.7769 publicada en mayo de 1998, Atención a las mujeres en condiciones de pobreza. Establece la creación de una Comisión Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza; garantiza el mejoramiento de sus condiciones mediante un proceso de formación integral, así como un incentivo económico ligado a este proceso de formación. La Comisión Interinstitucional define las políticas y los programas para atender a las mujeres, con prioridad a las jefas de hogar. - Leyes No. 7735 de diciembre de 1997 y No.8312 del 21 de octubre del 2002, Protección a la Madre Adolescente. En los fines de las leyes se contempla la promoción de: programas preventivos, educativos, divulgativos y de capacitación sobre las implicaciones del embarazo en la adolescencia, dirigidos tanto a la población escolarizada y no escolarizada como a las familias costarricenses; así como las acciones para el fomento de la maternidad y paternidad responsables dirigidas a adolescentes en situación de riesgo. Crea una Comisión Interinstitucional para la definición de políticas y la orientación de los servicios dirigidos a esta población. - Ley No. 7935 de octubre de 1999, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Garantiza a las personas adultas igualdad de oportunidades y una vida digna. - Ley No. 7446 de febrero de 1995, Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Se sustenta en la “Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, que reconoce el hostigamiento sexual como una forma de violencia y una violación a los derechos humanos. - Ley No. 7586 de abril de 1996, Violencia Doméstica. Desarrolla los deberes del Estado estipulados en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y faculta al Instituto Nacional de las Mujeres como el ente rector de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas. - Ley No.7899 de julio de 1999, Ley Contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad. Surge para el cumplimiento, por parte del Estado costarricense, de las Convenciones Internacionales sobre los Derechos del Niño y de la Niña, artículo 34, que establece la obligación de tomar medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral para impedir la incitación,

4

explotación o cualquier actividad sexual ilegal de niños y niñas como: prostitución, secuestro, venta o tráfico de menores, explotación en espectáculos o materiales pornográficos. Con base en esta norma Internacional se constituyó una Comisión Nacional de Trabajo contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, conformada por instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales. Proyectos de ley: En los esfuerzos del Estado por combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, actualmente la Ley de Penalización Contra la Violencia Domestica (que ha sido aprobada en segundo debate por la Asamblea legislativa), se encuentra en trámite legislativo, lo que ha generado una serie de debates parlamentarios entre opositores y aquellas/os que luchan por que la Ley sea aprobada para que esta pueda ser invocada en los procesos judiciales en los que se considere que los derechos humanos inherentes a las mujeres hayan sido violados. Avances: El avance en los instrumentos jurídicos nacionales ha significado un adelanto en los derechos de las Mujeres en Costa Rica. Entre los principales avances en este campo, destacan los siguientes: • • • • • • • •

Apropiación y discusión de los temas por parte de la ciudadanía en general; lo que ha permitido sustraerlos del dominio de unas pocas personas, generar opinión pública y conocimiento, y actuar sobre el componente político-cultural del derecho Eliminación de la naturalidad y aceptación social de hechos en contra de las mujeres (como los hechos de violencia) Generación de conceptos jurídicos referidos específicamente a hechos que suceden a las mujeres por ser mujeres (por ejemplo, el hostigamiento sexual, que antes se calificaba dentro de la tradicional falta grave) Creación de novedosas figuras jurídicas de fondo y forma, que rompen con la lógica tradicional Eliminación de algunos privilegios otorgados a los hombres y de situaciones desventajosas a las mujeres para posibilitar el mejoramiento de las condiciones generales de las mujeres Ruptura de la falsa dicotomía entre lo público y lo privado, para la incorporación de valores democráticos en la esfera privada (por ejemplo, en violencia doméstica y responsabilidades legales y económicas de las corresponsabilidades familiares) Avance en el componente formal normativo del derecho Durante el período 1999-2004 se ha mantenido el interés particularmente por las instituciones públicas especializadas en la materia (INAMU, Defensoría de la Mujer, Comisión Especialmente Permanente de la Mujer del Poder Legislativo y otras), organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de aunar esfuerzos para la incidencia en la construcción de normativa jurídica con enfoque de género. Asimismo, el Instituto Nacional de las Mujeres – INAMU- ha impulsado la constitución de mecanismos en los Poderes de la República para la implementación de políticas públicas que permitan la aplicación de la normativa internacional y nacional orientada a superar una importante brecha generada entre la retórica y las prácticas de equidad entre mujeres y hombres.

5

Estos avances han permitido la consolidación de una serie de medidas entre las que se destacan: Medidas: •

•

• • • • • • • • • • • • •

Monitoreo y seguimiento permanente de los proyectos de ley relativos al reconocimiento de los derechos de las mujeres y su incidencia mediante la emisión de criterios con enfoque de género por parte de los Mecanismos Nacionales para el Avance de los Derechos de las Mujeres Definición de una agenda legislativa que se refiere a proyectos de ley de avance en el reconocimiento los derechos de las mujeres en los siguientes ámbitos: derechos laborales, derechos políticos, derechos económicos, derecho a una vida sin violencia, derechos de las personas menores de edad, institucionalidad pública para la igualdad y la equidad de género, derechos de las personas mayores de edad, derechos de las personas indígenas, derecho a la salud y derecho a la justicia. Aprobación de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales para el avance de los derechos de las mujeres Creación y sostenibilidad de mecanismos para la transversalización del enfoque de género en los Poderes Ejecutivos y Judiciales (2000/2003) Sostenibilidad de los Mecanismos Nacionales de los Derechos de las Mujeres pese a posiciones familistas que procuran el retroceso contra los compromisos y avances derivados de la lV Conferencia Mundial de la Mujer, contenidos en la Plataforma de Acción La Plataforma de Acción de Beijing y sus esferas de especial preocupación articulada con las Convenciones que reconocen los derechos de las mujeres han sido un punto de referencia y de orientación permanente para la formulación de políticas y planes de trabajo Compromiso del Estado Costarricense ante la CEDAW de presentar los informes con enfoque de género de forma oportuna Una buena práctica es el trabajo en comisiones interinstitucionales para el seguimiento y aplicabilidad de las leyes que se promulgan Acciones de difusión ciudadana sobre los proyectos de ley con enfoque de género para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Acciones de fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas con el fin de articular compromisos que pase de la igualdad formal a la igualdad real para la eliminación de las formas de discriminación que persisten en contra de las mujeres La creación de un mecanismo de monitoreo en el cumplimiento de los derechos de las mujeres por parte del Estado Costarricense (Estado de los Derechos de las Mujeres en proceso) La protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, a través de un Centro Especializado y articulación de los servicios jurídicos (CEPRODEM en proceso de implementación) Análisis de la interpretación jurídica desde el fenómeno jurídico en los procesos constitucionales contra prácticas discriminatorias hacia las mujeres (Marco Político Ideológico en proceso) Difusión de información jurídica ( para el acceso del conocimiento de las mujeres) Difusión de las Convenciones de Derechos Humanos de las Mujeres en las capacitaciones de formación en derechos humanos

6

• •

Enfoques en la Formación en Derechos Humanos de las Mujeres mediante procesos de Inter.aprendizaje orientado a la evaluación de impacto de las acciones y generación de cambios La conformación de una comisión interinstitucional de consulta para el seguimiento de las recomendaciones al Estado Costarricense por parte de la CEDAW (en proceso).

Limitantes: En el Balance del Estado de Costa Rica 1995-1999, en torno a los resultados obtenidos en el primer quinquenio de aplicación de las acciones que conforman la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, dan cuenta de los avances conceptuales de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica.2 Sin embargo, el proceso para la eliminación de sesgos androcéntricos de la legislación nacional, y de manera particular de la Constitución Política, ha sido lento y difícil, pues el fenómeno jurídico es un producto social en el que las necesidades e intereses particulares de las mujeres son persistentemente invisibilizados. La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por parte de Costa Rica en 1984, es un punto de partida que abrió el camino para reconceptualizar el principio de igualdad formal entre las personas, por el de una igualdad desde las diferencias. La acción legislativa comprometida con la igualdad y la equidad de género en el presente siglo requiere alimentarse de una lógica jurídica distinta que contribuya verdaderamente al avance de la normativa nacional para un efectivo y eficaz derecho a la justicia y al desarrollo humano de las mujeres. Así, la “discriminación” entendida como las diferencias en el trato adquiere un nuevo contenido definido por las exclusiones de los derechos de las mujeres.3 Obstáculos: •

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno de Costa Rica, deben fortalecerse las acciones tendientes a hacer respetar los derechos humanos de las mujeres y de las políticas de género, en el acceso a la justicia y los recursos públicos.

•

Es necesario un mayor impulso para el avances de las mujeres del área rural.

•

Las mujeres indígenas, negras y en general, aún se enfrentan a prejuicios y falta de credibilidad que obstaculizan el acceso a la justicia.

•

En Costa Rica las mujeres, ejercen una cuota importante de poder político, y aunque muchos de esos puestos los ocupan mujeres, falta camino por recorrer y metas por alcanzar.

•

En el ámbito público, deben mejorarse los canales de comunicación para dar a conocer los

2

Balance de Estado de Costa Rica. Plataforma de Acción de Beijing. Logros y Desafíos. Ministra de la Condición de la Mujer, Instituto Nacional de las Mujeres, Costa Rica- 1995-1999 3 Informe del Estado de Costa Rica sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, correspondiente al período 1 de abril de 1998-31 de marzo del 2002 pp 17, 172 a 173, setiembre 2002 7

compromisos que adquiere el país en materia de derechos humanos de las mujeres y la teoría de género. •

Existe la voluntad política para la ejecución de acciones en favor del cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, sin embargo, el esfuerzo debe ser mayor para asegurarnos pasos firmes.

•

Todavía nos falta incorporar en los planes de estudio y programas de formación académica de las Instancias de Educación Superior, el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres de forma permanente.

Desarrollo Nacional Planes Nacionales de Acción El Plan Nacional de Desarrollo de la Administración de Pacheco de la Espriella (2002-2004), considera como parte de sus prioridades, el adelanto de las mujeres como un sector de la sociedad fundamental para el desarrollo del país, es por ello que, toma en cuenta las siguientes consideraciones: Políticas gubernamentales y acciones estratégicas La presente administración, procura promover políticas públicas de equidad social y género para eliminar las inequidades entre mujeres y hombres en el acceso a las oportunidades laborales y a los recursos productivos y financieros, especialmente de las mujeres que se ubican en estratos de pobreza, considerando los límites y opciones que ofrece una economía globalizada, además de impulsar y apoyar el acceso equitativo de las mujeres al conocimiento científico y tecnológico. Ese esfuerzo se concreta mediante las siguientes políticas y acciones estratégicas que se han consolidado como grandes logros en el desarrollo de esta administración: El Sector Vivienda impulsa el Programa de Atención a Mujeres Jefas de Hogar, que tiene como objetivo brindar soluciones de vivienda a mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza y pobreza extrema y, como meta estimada de 2002 a 2006, favorecer a 23.992 mujeres en la condición indicada. El Programa –interinstitucional- Creciendo Juntas, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las mujeres en condiciones de pobreza, que les permita crear y apropiarse de herramientas afectivas y cognitivas dirigidas a generar cambios personales y colectivos para la superación de su condición de pobreza, y como meta capacitar 16.000 mujeres. El Programa de Capacitación en Fortalecimiento para la Vida, en beneficio del desarrollo de capacidades individuales y colectivas, del liderazgo y la ciudadanía de las niñas, adolescentes, adolescentes madres y mujeres jóvenes, amplía la cobertura a adolescentes en condiciones de pobreza y riesgo social, y persigue capacitar a 16.000 adolescentes (incluye madres adolescentes). La incorporación de la mujer en especialidades de formación técnica no tradicionales, en los

8

colegios técnicos, persigue abrir nuevas oportunidades, para lo cual se plantea un incremento en la matrícula de mujeres en cada especialidad no tradicional, alrededor de un 5% anual hasta alcanzar un 20% en 2006. El Programa de Formación Profesional para la Mujer, dirigido a mayores de 15 años, tiene como objetivo favorecer la incorporación de mujeres en acciones de capacitación que posibiliten su inserción en el mercado; se tiene como meta, para el final del período, contar con 260.000 mujeres con formación profesional (INA). Paralelamente, se implementarán dos proyectos: creación de un Programa Nacional de Centros de Cuidado Infantil, con el propósito de incidir en las condiciones de incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, impactando favorablemente la calidad de vida de las mujeres, con una cobertura en atención a las demandas, de cuido de niños y niñas en condiciones de pobreza, de un 60%. El Sistema de Certificación Laboral con sello de Equidad de Género, con el objetivo de propiciar un cambio de actitud y gestión en las empresas y organizaciones privadas y públicas de Costa Rica, en procura del fortalecimiento de la inversión en capital humano y social del país, bajo condiciones de igualdad y equidad de género. El Programa para la prestación de servicios de crédito, asistencia técnica y oportunidades de comercialización, de acuerdo con una oferta de servicios del Estado, contempla la perspectiva de género y la diversidad de las mujeres en términos etarios, étnicos y geográficos; tiene como objetivo posibilitar el acceso a recursos financieros con garantías y tasas de interés acordes a las necesidades y particularidades de las mujeres, y persigue otorgar crédito al 60% de las solicitantes de los recursos financieros Respecto a la acción estatal frente a la violencia intrafamiliar, se evidencian esfuerzos en diferentes ámbitos: Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia desde los centros educativos y dentro de ellos, con el propósito de impactar positivamente en su erradicación en estos espacios educativos. Para el año 2006 se espera que el plan se esté aplicando en un 75% de los centros educativos del país. Se fortalecerán los servicios especializados en la prevención de la violencia intrafamiliar, que garantizan la atención continua y regular de servicios de atención especializada y de albergue temporal para mujeres agredidas y sus hijas e hijos, en centros especializados ubicados en Pavas, Puntarenas y Limón. Los programas integrales de prevención, atención y reinserción social de casos de VIF, serán reforzados en todas las unidades de la CCSS. Al año 2006 se debe estar aplicando el 100% de las normas de atención integral a la VIF en todas las unidades de la institución; paralelamente, se hará la detección y declaración obligatoria de los casos VIF, mediante la inclusión del tema VIF en el registro de información de cada una de las consultas. Para el 2004, el 100% de los EBAIS debe tener el registro de información con el tema VIF implementado.

9

En el ámbito local, la prevención de la VIF se llevará a cabo mediante redes, y con ello pretende conformar y capacitar las redes locales interinstitucionales e intersectoriales, para que se conviertan en multiplicadores de acciones preventivas contra la violencia doméstica. Al finalizar 2006, se espera que las redes estén conformadas y funcionando al 100% en todas las áreas de salud de la CCSS. En cuanto a la atención en salud, se tiene el programa de atención especializada a madres adolescentes, la cual será asumida por la CCSS según criterios de calidad establecidos en el Manual de atención integral del embarazo, la maternidad y la paternidad adolescentes. Se busca que, para el 2006, el programa brinde control prenatal especializado a 75.000 adolescentes embarazadas. En acción conjunta del Ministerio de Salud y la CCSS, se fortalecerá el Sistema Nacional de Análisis de la Mortalidad Materna, y así avanzar en la prevención de las muertes de mujeres por causa de embarazo, parto y puerperio, el cual tiene cobertura nacional, pero se hará especial énfasis en la provincia de Limón y las áreas marginales de la provincia de San José. La meta 2002-2006 es analizar el 75% de muertes maternas ocurridas. Retos: Con base en diagnósticos efectuados entre el gobierno y las funcionarias del Instituto Nacional para las Mujeres (INAMU), se identificaron los principales retos que tiene la sociedad costarricense con la mujer: Disminuir la feminización de la pobreza. Esa manifestación social se caracteriza básicamente por la presencia de jefatura femenina en los hogares pobres, fenómeno que se encuentra muy ligado con el alto porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio, aunado al alto número sin padre declarado, así como una proporción creciente de los nacimientos se da en madres menores de 20 años. Mejorar las condiciones educativas y laborales de las mujeres. La condición educativa de la mujer costarricense ha evolucionado favorablemente. Hay más mujeres que hombres en todos los niveles del sistema de educación formal. No obstante, la participación de las mujeres es menor en las carreras científicas. Asimismo, la población económicamente activa ha crecido más del doble que la masculina, ubicándose principalmente en los sectores de servicios y comercio; las mujeres representan casi la mitad de las personas ocupadas como profesionales técnicas, especialmente en el Sector Público, aunque desempeñen menos de la tercera parte de los puestos directivos. Se registra un crecimiento en el número de mujeres propietarias de negocios, con un incremento en el área rural. Las tasas de desempleo abierto y subempleo visible son más altas en mujeres y hombres. Disminuir la violencia intrafamiliar (VIF). La aprobación de la Ley contra la violencia doméstica y la Ley contra la explotación sexual de personas menores de edad, sacó a la luz dos de los fenómenos que más gravemente atentan contra la seguridad personal y la salud de las mujeres. Sin embargo, la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las manifestaciones más palpables y graves que se presentan en

10

la actualidad. Para ello, el Estado debe impulsar, orientar y dar seguimiento al desarrollo de políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de todas las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres en Costa Rica, así como desarrollar acciones y servicios especializados para la prevención de la violencia de género y la atención de las mujeres afectadas por ella. Mejorar las condiciones de salud de las mujeres. El Estado debe promover la formulación de políticas para el acceso universal a un sistema de servicios de salud y seguridad social, enfocado en la atención integral y los derechos de las mujeres en todas las etapas de la vida, enfatizando en el grave problema del embarazo en adolescentes. Avanzar en la igualdad y equidad de género desde el Estado. Debe impulsarse, facilitarse y dar seguimiento al diseño y desarrollo de políticas de género para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, el avance en la legislación y el pleno ejercicio de su ciudadanía, así como promover y velar por la participación equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y el pleno ejercicio de sus derechos políticos4. Reformas presupuestarias En este apartado es importante destacar que en el gobierno actual, el presupuesto nacional destinado a el gasto público ha sido recordado en un 40%, lo que limita el desarrollo de programas y proyectos destinados a mejorar las condiciones de muchas mujeres de la sociedad costarricense que dependen en gran medida de todas aquellas acciones que son llevadas a cabo por instancias gubernamentales con el propósito de optimizar su la calidad de vida. Así, el desfinanciamiento histórico que ha enfrentado el INAMU desde su creación afecta directa y sensiblemente las posibilidades para que el mecanismo nacional realice un trabajo efectivo y a profundidad en el cumplimiento de los acuerdos de la Plataforma de Beijing siendo una decisión de carácter político que afecta integralmente al INAMU y por extensión, a todas las mujeres y sus derechos en Costa Rica.

4

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2002-2006). 11

SEGUNDA PARTE Progresos alcanzados en la aplicación de las esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing y de las nuevas iniciativas Esfera de especial preocupación A.Derechos Humanos de las Mujeres 1) Mujer y Pobreza En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Bejing, una de las esferas de especial preocupación fue la “persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer” (Bejing, 1995), para la cual se propuso la adopción de medidas estratégicas de acción. En este sentido, algunos de los progresos y logros alcanzados, así como medidas a tomar son las siguientes: 1.- El Programa”Formación Integral para Mujeres Jefas de hogar” creado por Decreto Ejecutivo el 13 de noviembre de 1995, como una respuesta de atención priorizada a los grupos más vulnerables de país, dentro de las cuales se encuentran las mujeres pobres que asumen la conducción del hogar. En abril de 1998, este programa dejó de ser una política de gobierno para convertirse en una política de Estado, mediante la Ley 7769 de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza. A partir de este marco legal el Estado costarricense asumió la responsabilidad de adoptar medidas para la atención de las mujeres pobres en condiciones de pobreza, en especial las que tienen la jefatura de hogar, por medio de una atención integral, interinstitucional y con perspectiva de género. La Ley 7769 crea la Comisión Nacional Interinstitucional para la Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza y le define a esta que dicha atención deberá garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, mediante un proceso de formación integral que comprenda, al menos, capacitación en formación humana, capacitación técnico laboral, inserción laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un incentivo económico ligado a los procesos de capacitación. Una de las herramientas que instrumentaliza esta ley es el Programa Creciendo Juntas, le cual tiene como objetivo "implementar un proceso de atención integral, interinstitucional y con perspectiva de género para la atención de mujeres en condiciones de pobreza mediante el fortalecimiento Personal y Colectivo, la capacitación técnica y laboral que las posibiliten para la inserción en el ámbito laboral o productivo en igualdad y equidad". (Programa de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, 1999). Corresponde al INAMU, entre otras funciones, ejecutar el componente de Fortalecimiento Personal y Colectivo de las Mujeres. 2.- En el período comprendido entre 1995 y 1998 se atendieron un total de 25,000 mujeres en el Componente de Formación Humana del Programa Formación Integral para Mujeres Jefas de Hogar (Del Silencio a la Palabra, Marenco, Leda y otros.1998). A partir de la ley 7769 de Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza, desde 1999 hasta el 2003 se han atendido 24,067 mujeres en el Componente de Fortalecimiento Personal y Colectivo de las Mujeres del Programa Creciendo Juntas a las cuáles se le brindó un subsidio temporal.(Informe Área Mujer del IMAS, 2004).

12

El impacto cualitativo de los procesos da cuenta de un fortalecimiento de sus capacidades personales y colectivas para defender sus derechos humanos ya que, cuentan con información y conocimientos sobre las leyes que les protegen y los mecanismos disponibles. Así como, un fortalecimiento de sus habilidades y destrezas para demandar servicios y recursos para acceder al mercado de trabajo y el autoempleo. Además, las mujeres manifiestan sentirme muy fortalecidas y se sienten mejor preparadas para enfrentar la vida. A su vez, ha habido un incremento con respecto a la incorporación de mujeres a procesos de capacitación técnica para un total de 4903 mujeres y 3826 mujeres en procesos educativos durante el período de 1999-2003. Por su parte, actualmente se cuenta con 251 proyectos individuales y colectivos, para una participación total de 885 mujeres. En este período podemos visualizar un cambio cualitativo en los últimos dos años con respecto al Programa en términos de articular aún más los procesos de formación humana a capacitación técnica y educativa, incursionando en algunos esfuerzos para garantizar crédito accesible para las mujeres con ideas de negocios tanto individuales como colectivos. En este contexto está en proceso de aprobarse el Fideicomiso 73-2002 BICSA-IMAS- BANACIO, el cual se inscribe en el marco de la Ley 7769. La aprobación de dicho Fideicomiso favorecería a todas aquellas mujeres en condiciones de pobreza de este país, las cuales requieren de un crédito para consolidar sus ideas de negocios y que por su condición de pobreza no han sido sujetas de un crédito bancario. 3.- A pesar de planteado anteriormente y de la existencia, desde 1999 de un Programa dirigido a mujeres en condiciones de pobreza, se ha venido observando una reducción significativa de la población meta en el Componente de Fortalecimiento Personal y Colectivo de las Mujeres del Programa Creciendo Juntas. Para 1999 se atendieron 5000 mujeres, pasando durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 a 4000 mujeres anuales. En el 2004 se pasa de 4000 a 2520 mujeres como meta a atender en el Componente de Fortalecimiento Personal y Colectivo del Programa. Esto evidencia una reducción del presupuesto nacional dirigidos a los programas y proyectos sociales dirigidos a las mujeres en condiciones de pobreza. 4.- Los bajos niveles de escolaridad de las mujeres participantes en el Programa hace que el proceso de inserción al mercado laboral sea aún más lento, ya que las mujeres requieren pasar previamente por un proceso de capacitación técnica y educativa. Es importante destacar que aunado a esto, la discriminación por su condición de mujer pobre, agudiza aún más la dificultad de las mujeres para incorporarse al mercado laboral. 5.-Es necesario brindar a las mujeres participantes oportunidades para el cuido de niñas y niños, para facilitar su incorporación a procesos de capacitación técnica, educativa y laboral. 6.-A pesar de que existen dos Programas dirigidos a las mujeres a la superación de la pobreza (Construyendo Oportunidades y Creciendo Juntas), Costa Rica, continúa enfrentándose al fenómeno de una creciente “feminización de la pobreza” que hace referencia al hecho de que las mujeres están más expuestas a la pobreza que los hombres. Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples muestra como las jefaturas femeninas presentan mayores porcentajes de afectación de la pobreza que los hombrees, diferencia que se manifestó de manera sostenida durante la década de los 90.

13

Este crecimiento se dio especialmente en la zona urbana de los hogares pobres con jefatura femenina. De acuerdo a la evolución de las familias en situación de pobreza por sexo y lugar de residencia de 1989-1997 tenemos que la pobreza afectó mayormente a la zona rurales y las regiones fuera del valle central, tanto en relación con le promedio de hogares nacionales como el de aquellos con jefaturas femeninas. A partir del 2000 y 2002, aumentó levemente el porcentaje de hogares pobres en el país. En el período del 2001 al 2002 se observa que si bien hubo una leve reducción de la pobreza extrema, la pobreza básica aumentó, lo cual muestra un indicador importante en cuando a la brecha social. Los hogares pobres con jefatura femenina aumentaron igualmente. En el año 2000, éstos representaron el 31% del total de hogares pobres, pasando en el 2001 al 32.1%, este incremento se dio tanto en la zona urbana como rural, pasando de 37,6% en el 2000 y 38.6% en el 2001 en la zona urbana y un 25,3% y 26.0% en la zona rural (datos tomados del artículo Pobreza y exclusión social, Página WEP INAMU, 2004). 7. En el año 2003, la pobreza disminuye 2.1 puntos porcentuales, pasando de 20,6% en el año 2002 a 18,5% en el 2003. Se muestra que para el 2002, del total de hogares pobres (173200), el 29,9% es encabezado por una mujer, mientras que en el 2003, pese a que los hogares pobres disminuyen en número absoluto (168,659) el porcentaje de mujeres pobres aumenta al 32,5%. Se observa que, a pesar de disminuir la cantidad de hogares pobres, aumenta el porcentaje de hogares jeteados por mujeres en condición de pobreza. En el año 2002, los hogares de extrema pobreza jefeados por una mujer representan el 34,5%, cifra que aumenta en el 2003 a 36,2%. Referente a los hogares con necesidades básicas insatisfechas, en el año 2002 representan un 28,1%, mientras que el año 2003 aumenta en un 31,1%. En ambas categorías utilizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas el porcentaje de mujeres en condición de pobreza aumenta, (datos tomados del documento de trabajo sobre la “Situación de las mujeres: Derecho a la información” Elaborado por el Área Especializada de Información, INAMU, 2003). 8. De acuerdo a un estudio cuantitativo realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Grupos de Mujeres: diferencias estadísticas. Junio, 2003), hace referencia a que los grupos de mayor vulnerabilidad en el país son las niñas, mujeres adolescentes, mujeres emigrantes, indígenas y adultos y adultas mayores. 9.- Otra de las iniciativas adoptadas por el gobierno vigente ha sido el Plan Nacional de Superación de la pobreza y de las Capacidades Humanas “Vida Nueva 2002-2006”. El cual plantea la necesidad de un abordaje integral paca la superación de la pobreza. Dicho Plan plantea dos Componentes básicos tales como. a) Política Universales y Desarrollo de Capacidades Humanas y b).Superación de la Pobreza y está dirigido a aquellas familias en pobreza básica y pobreza extrema. El estado costarricense, así como las personas que forman parte de la sociedad, tiene la obligación de erradicar prácticas como la violencia intrafamiliar; el maltrato de los niños y de las niñas, la valoración económica desigual de trabajo que realizan las mujeres y los hombres, los embarazos no deseados, la explotación sexual entre otros. En este sentido, el IMAMU inscribe en su oferta institucional en el marco del Plan Nacional de Superación de la Pobreza, dos ámbitos de trabajo con el objetivo de garantizar la igualdad y equidad de género en la superación de la pobreza, así como el desarrollo de capacidades humanas tales como: 1.-El Fortalecimiento de la capacidades institucionales para la igualdad y equidad de género con el propósito de que el Estado costarricense esté en condiciones de responder efectivamente a los requerimientos de la población femenina desde su diversidad 2.-La participación ciudadana de

14

las mujeres en el Plan Vida Nueva. Es por ello que, debe contemplarse las demandas y propuestas de las mujeres y los hombres en condiciones de pobreza, en su diversidad. 2) Mujer y Salud Los progresos alcanzados en la aplicación de la Plataforma de Beijing relacionados con la salud de las mujeres, ha puesto énfasis en dos aspectos. Por un lado, promover el derecho a la salud sexual y salud reproductiva. Y por otro, revisar el modelo de atención integral a la salud de las mujeres. Para ello, se han realizado diversos esfuerzos: •

Inclusión en la Política Nacional de Salud 2003-2006 el eje de Salud Sexual y Salud Reproductiva.

•

Se está revisando la Ley General de Salud desde la perspectiva de Género.

•

Se elaboró un capítulo especial sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para ser incluido en el actual proceso de Revisión de la Ley General de Salud (este documento se elaboró con participación de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales).

•

Se está revisando el Manual de Normas y Procedimientos para la prevención y atención integral del cáncer de cuello de útero y mama desde la perspectiva de género. En el marco de estas Normas se está redactando un capítulo específico sobre el derecho a la participación ciudadana y su incidencia en los procesos de desarrollo y planificación de la salud y control social de la implementación de la norma.

•

Se conformó un Grupo Conductor para realizar el proceso de Balance del Modelo de Atención Integral a la Salud de las Mujeres, experiencia que se desarrolló por un lapso de cuatro años en el Hospital de las Mujeres, Áreas de Salud de Acosta, Aserrí y Desamparados y mujeres de las comunidades. El objetivo facilitar en el presente año una reflexión crítica sobre los alcances de la experiencia para identificar las lecciones aprendidas y los aspectos centrales resultantes de dicha experiencia que podrían ser replicados en el sistema nacional de salud. Se espera contar con un documento que establezca los principales lineamientos y acciones viables para que sean integradas en el sistema con la participación activa y compromiso expreso de las autoridades de salud del país, las cuales tendrán bajo su responsabilidad darle continuidad a los aspectos priorizados.

•

Se logró la participación del INAMU en la Comisión Intersectorial que revisa el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo cual se cuenta con una agenda de problemas priorizados por las mujeres relacionados con el acceso de éstas a los seguros sociales. El propósito es tener incidencia en la formulación de políticas públicas relacionadas con la seguridad social de las mujeres en su diversidad, en particular para que se incluya en la discusión de la problemática un visión de género y una ética sobre la necesidad de ampliación de derechos en el marco de la discusión de la universalización de los seguros sociales. El objetivo es posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre durante toda su vida Para participar en dicho espacio se tiene previsto la conformación de un grupo de interlocución integrado por mujeres

15

representantes de diversos sectores. El objetivo es iniciar un diálogo al inicio de la negociación con la CCSS, a la mitad del proceso y al final, de tal manera que puedan darse a lo largo de todo el proceso una comunicación fluida con las mujeres, relacionada con los avances de la discusión, de tal manera que dicho espacio sea una oportunidad para retroalimentar las propuestas desde los intereses y necesidades de las propias mujeres. Se va a incentivar que a partir de este grupo se conforme una red de organizaciones de mujeres que puedan monitorear el tema del acceso a la seguridad social. •

Se elaboró un documento técnico con representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sobre los aspectos conceptuales y legales de la anticoncepción de emergencia (AE). Se han definido dos momentos para incursionar en este campo. Un primer momento está dado por el conocimiento científico de la AE, cuáles son los aspectos conceptuales y legales que permitan iniciar una revisión y análisis de la situación del país. Un segundo momento, de carácter político que tiene como meta iniciar una discusión sobre la viabilidad política y técnica para que las mujeres tengan acceso a la AE a través de los servicios públicos del sistema nacional de salud, como un método anticonceptivo no regular para prevenir un embarazo no deseado producto de una relación coital sin protección o a causa de una violación, así como el derecho al acceso a información veraz y oportuna. 3) Mujer y Educación

En el tema de Educación, se elaboró un Plan de Acción Estratégico denominado “El Sistema Educativo Nacional hacia una Cultura de Equidad de Género”. En el año 2000 se oficializa este plan y se inicia la ejecución de 21 acciones de carácter estratégico, tendientes a favorecer el acceso igualitario de las mujeres a los servicios que ofrece el Ministerio de Educación Pública (MEP), así como orientar estos servicios desde la perspectiva de las necesidades y los intereses de la población femenina. Como un producto concreto en el año 2001 el INAMU revisó las materias básicas de los tres ciclos de educación y confeccionó 12 módulos que se entregaron a finales del 2003 al Ministerio de Educación Pública (módulos de la colección “Educación No Sexista”). Desde el año 2000 el INAMU, ha brindado asesoría para la incorporación de la visión de género en los programas de estudio de las distintas asignaturas de primero, segundo, tercer ciclo y Educación Diversificada. Los documentos de los módulos “Educación no sexista” en general, contemplan elementos orientados a: o Rescatar la importancia de utilizar un lenguaje género-sensitivo e inclusivo que haga visibles a las mujeres. o Visibilizar el protagonismo y aportes de las mujeres a las diversas áreas del conocimiento. o Reconocer y valorar el aporte del trabajo doméstico a la economía nacional. o Estimular el ejercicio de roles masculinos y femeninos no tradicionales en las distintas actividades, incluidas las escolares y extraescolares.

16

o Promover valores y actitudes que generen relaciones equitativas entre mujeres y hombres. o Fortalecer los valores de igualdad de oportunidades, equidad, democracia genérica, autodeterminación, ciudadanía activa, respeto a la diversidad, etc. o Valorar positivamente y de manera igualitaria las características específicas de mujeres y hombres. o Estimular el trabajo compartido de manera equilibrada entre los sexos, en las actividades productivas y reproductivas. o Asumir una actitud crítica hacia las situaciones de desigualdad, discriminación y marginación que enfrentan las mujeres en razón del género. o Promover el reconocimiento, rechazo y denuncia de las situaciones de violencia de género. o Hacer visible la diferencia y promover la igualdad de acceso y control de los recursos, beneficios y oportunidades. o Incorporar las particularidades de género en los análisis, diagnósticos, investigaciones, estadísticas, ejemplos utilizados y otros instrumentos de aprendizaje. Además existe el Proyecto de “Inserción Paritaria de Mujeres y Hombres en Especialidades Técnicas Diversas y Competitivas”. Este proyecto forma parte del Plan de Acción “El Sistema Educativo Nacional hacia una Cultura de Equidad de Género”, que articula los esfuerzos de diversas instancias del MEP, con el objetivo de propiciar la incorporación y permanencia de las mujeres de manera equitativa respecto de los hombres en especialidades técnico-profesionales diversas y competitivas que ofertan los Colegios Técnicos Profesionales. Cabe destacar que para el año 2003 del total de la matrícula en colegios técnicos el 50% corresponde a mujeres. Por otro lado, el INAMU participa en el Consejo de la Educación Integral de la Sexualidad Humana aportando a la discusión la incorporación del enfoque de género, de derechos y generacional en el trabajo de este consejo. Asimismo, es importante destacar que en el 2001 se aprobó la Política en Educación de la Expresión de la Sexualidad Humana. A continuación, se hace una breve descripción de un proyecto considerado como una buena práctica de género, en el campo de la educación costarricense: El nombre del proyecto es la“Inserción Paritaria de Mujeres y Hombres en Especialidades Técnicas Diversas y Competitivas”. Las Instituciones involucradas son: Instituto Nacional de las Mujeres, Departamento de Educación Técnica Profesional del Ministerio de Educación Pública, Departamento de Orientación y Vida Estudiantil de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Educación Pública y la Unión Europea.

17

Objetivos Centrales: o Propiciar la incorporación y permanencia de las mujeres de manera equitativa respecto a los hombres, en especialidades técnico profesionales diversas y competitivas que ofertan los Colegios Técnicos Profesionales, como su expresión de la igualdad de oportunidades de la educación. o Fortalecer y plantear la oferta de los Colegios Técnicos Profesionales, acorde con las necesidades e intereses de las mujeres en correspondencia con las transformaciones productivas en el mercado de trabajo y de los retos de la competitividad, que requiere recurso humano de excelencia, experimentado, capacitado en las nuevas tecnologías y además formado en valores fundamentales que le permitan un desempeño eficiente de sus funciones de conformidad con las demandas de los mercados en el contexto de globalización. 4) Mujer y Trabajo A partir del Convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, que estuvo vigente del 2000 al 2002, se elaboró un “Plan Estratégico de Equidad de Género” que se ejecutó con éxito al sentar las bases para el abordaje de derechos laborales que todavía el Estado costarricense no logra asegurar a las mujeres. El convenio permitió la creación de la Unidad para la Equidad de Género, instancia que, junto con el INAMU, logró ampliar la vigencia del Plan Estratégico de Equidad de Género para el período 2003-2006 incorporado en la planificación institucional del Ministerio con presupuesto propio. La Unidad para la Equidad de Género es la encargada de coordinar el Plan con la asesoría directa y constante de la Especialista del INAMU en trabajo. El Plan abarca cuatro dimensiones: 1.Institucionalización y fortalecimiento de la Unidad para la Equidad de Género 2.- Promoción y difusión de derechos laborales de las mujeres; 3.- Fortalecimiento de capacidades institucionales (capacitación y sensibilización en género para funcionarios/as); 4.- Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional y en las políticas que emanen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Además se está tramitando una Directriz Presidencial que pretende abarcar todos los Ministerios y entidades autónomas del Poder Ejecutivo. Así, con el objetivo de lograr la inserción productiva de mujeres adultas y de adolescentes embarazadas y madres en condiciones de pobreza, se crean por ley dos Programas Interinstitucionales de carácter nacional: “Creciendo Juntas” (impulsado desde el Área Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del Instituto Nacional de las Mujeres) y “Construyendo Oportunidades”, promovido desde el Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida. En el año 2002, ambos programas ofrecieron atención a 8.752 mujeres y se proyecto una cobertura a 5.000 mujeres durante el 2003. Para el año 2004 ambos programas trabajarán con un total de 7.000 mujeres (4,000 en el Programa Creciendo Juntas y 3,000 en el Programa Construyendo Oportunidades).

18

Como parte del proceso formativo de las mujeres participantes, los dos Programas se orientan al fortalecimiento de los recursos personales y sociales de las mujeres, a fin de potenciar su inserción en el ámbito laboral y/o educativo en igualdad y equidad. Asimismo, promueven diversas iniciativas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de capacitación técnica, empleo, crédito, salud, entre otros, considerados en dichos Programas. A continuación, se ofrece una breve descripción del Programa Construyendo Oportunidades. Programa Construyendo Oportunidades: Este Programa está dirigido a mujeres adolescentes embarazadas o madres en situaciones de riesgo social. El INAMU comparte la Secretaría Técnica de la Comisión Técnica Nacional lo que le permite direccionar el trabajo de manera tal que incluya la perspectiva de género, generacional y de derechos humanos. Es desde ese espacio de coordinación que se permean los enfoques y las acciones que el Programa desarrolla. Instituciones involucradas: Es de carácter interinstitucional, las instituciones participantes del mismo son: Caja Costarricense del Seguro Social que implementa la atención en salud; el Instituto Nacional de Aprendizaje, encargado de abrir las oportunidades de capacitación técnica; el Instituto Mixto de Ayuda Social, encargado de brindar el subsidio económico; el Patronato Nacional de la Infancia, quien encamina sus acciones a la protección tanto de las adolescentes como de sus hijos e hijas y la promoción de sus derechos,; el Instituto Nacional de las Mujeres, que conduce técnicamente el Programa; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encargado de abrir oportunidades de empleo a las participantes y capacitación para la empleabilidad y el Ministerio de Educación que es el responsable de abrir las posibilidades de estudio formales. Objetivo: o Impulsar un Modelo de Atención Integral que brinde a las niñas y adolescentes embarazadas y aquellas viviendo en situación de riesgo social, oportunidades para su fortalecimiento personal y desarrollo de su autonomía, mediante su participación en procesos de capacitación en Fortalecimiento para la Vida (componente a cargo del INAMU), y su acceso efectivo a una Oferta Integral de Servicios de salud, educación, inserción laboral (a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y servicios de cuidado y atención de sus hijas e hijos. Sus líneas de acción son las siguientes: Información, educación, fortalecimiento y participación de las niñas y adolescentes embarazadas y madres Divulgación y promoción de derechos de esta población dirigida a la pareja, familia y comunidad que faciliten relaciones de apoyo Capacitación del personal técnico y profesional a cargo de los servicios de atención y capacitación a las niñas y adolescentes embarazadas y madres. Organización de una oferta integral de servicios para las niñas y adolescentes embarazadas y madres a nivel central y local

19

Monitoreo del cumplimiento de la normativa jurídica específica y revisión de los procedimientos técnicos administrativos vigentes en materia de atención a niñas y adolescentes embarazadas y madres Coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel central y local para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones Investigación e información que permita profundizar en la comprensión de la situación de las niñas y adolescentes embarazadas y madres, al igual que las respuestas institucionales. Incluye esta línea la puesta en marcha de un sistema de información para el seguimiento y monitoreo permanente de las acciones y logros del programa. El Programa cubre un promedio de 4,000 adolescentes embarazadas o madres por año, para un total de nacimientos anuales de madres adolescentes de aproximadamente 14,500 y mujeres adolescentes viviendo en condiciones de riesgo social. Para el año 2004 se estableció una meta de 3,000 mujeres adolescentes. En el año 2002 y por medio del decreto ejecutivo No. 30041 –P-MCM se decretan los mecanismos de coordinación y ejecución del Programa Construyendo Oportunidades, y se oficializa de esta forma esta acción como política pública. 5) Mujer y Empresariedad Comisión de Empresariedad de las Mujeres: Desde el año 2001 funciona, bajo el liderazgo del INAMU, la Comisión de Empresariedad de las Mujeres, como un espacio interinstitucional que pretende el impulso de ideas y proyectos de negocios que permitan que ellas mejoren sus condiciones de vida, especialmente en el área rural. Esta Comisión ha sido respaldada desde el principio por la representación para Costa Rica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-. Actualmente está constituida por las siguientes instituciones y departamentos: Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consejo Nacional de Producción, Programa de Desarrollo Rural del MAG, Programa de Extensión Agropecuaria, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Instituto Costarricense de Pesca, Instituto Costarricense de Turismo (Sección Microempresas), Instituto Nacional de Aprendizaje, Banca de Desarrollo del Banco Nacional de Costa Rica, Comisión de la Mujer y gerencia del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, Instituto de Desarrollo Agrario e Instituto Mixto de Ayuda Social. Dos son los objetivos que este año se ha propuesto la comisión: Validar con personal estatal y grupos de personas generadoras de ingresos tres instrumentos de uso interinstitucional para impulsar la empresariedad con enfoque de género y, Gestionar el uso interinstitucional y el apoyo político a los instrumentos generados. Los instrumentos para el uso de funcionarios y funcionarias públicas que están en su fase de

20

construcción y validación son: Un instrumento de medición de riesgos y potencialidades con enfoque de género en grupos, especialmente de mujeres generadoras de ingresos, Un protocolo de actuación para la promoción de la gestión empresarial con enfoque de género. Un módulo para la formulación de proyectos empresariales con enfoque de género dirigido al personal público. La acción del INAMU se ha centrado en la introducción del enfoque de género en el trabajo que realiza la comisión y en sus resultados técnicos, así como en fortalecer la legitimidad y oficialidad de la comisión misma. 6) Discriminación contra las niñas La legislación internacional y nacional vigente relacionada los derechos inherentes a la niñez y la adolescencia es las siguientes: Marco normativo Internacional y Nacional vigente Marco Normativo

Fecha de Adopción

Convención de los Derechos del Niño

18 de julio de 1990

Plataforma de Acción de Beijng

1995

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ( CEDAW)

4 de marzo de 1986

Convención Interamericana para Prevenir, 18 de abril de 1995 Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Código de la Niñez y la Adolescencia

6 de febrero de 1998

Ley de Protección a la Madre Adolescente

1997 y modificada en el 2002

Ley de Paternidad Responsable

Abril del 2001

Marco normativo nacional y otras iniciativas: - Ley No. 8261 de mayo 2002, Ley General De La Persona Joven. Esta ley tiene como objetivo la elaboración y ejecución de políticas públicas dirigidas a crear oportunidades e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para logro de su desarrollo integral y el ejercicio de su ciudadanía. Opera bajo la dirección de un Consejo Interinstitucional. -El Código de la Niñez y la Adolescencia mencionado permite al país incorporar una nueva ética 21

y un nuevo marco conceptual para abordar los problemas de la niñez y adolescencia desde la perspectiva de la Doctrina de la Protección Integral. Mientras que la Ley de Protección a la Madre Adolescente establece acciones específicas a las instituciones públicas encaminadas a garantizar la protección de sus derechos humanos. -En el país funciona además el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, conformado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia con participación de instituciones del Estado –y presidido por el Patronato Nacional de la Infancia ente rector de políticas públicas para la niñez y la adolescencia- organizaciones no gubernamentales, universidades y sector empresarial, las Juntas de Protección de la Infancia y los Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Su tarea principal es impulsar políticas públicas para garantizar el acceso y protección a los derechos humanos de los niños, las niñas y las personas adolescentes. Buenas Prácticas: El Instituto Nacional de las Mujeres crea el Área Construcción de Identidades y Proyectos de Vida que tiene como objetivos generales promover políticas públicas para la igualdad y la equidad de oportunidades y derechos de las niñas y adolescentes, sustentadas en patrones socioculturales que favorezcan la igualdad y la equidad entre los géneros en los procesos de socialización, construcción de identidades y proyectos de vida, así como promover política públicas que fomenten la corresponsabilidad en la crianza y la paternidad responsable. Desde esta área y a partir agosto de 1999, se inicia la ejecución del Programa Construyendo Oportunidades el cual se desarrollo con anterioridad. B. Mujer y Violencia El INAMU cuenta con un Área encargada de ver todo lo relativo a la violencia de género. Su misión es estimular y favorecer el desarrollo de una política pública estatal, orientada a la prevención y la erradicación de la violencia de género por medio de la coordinación interinstitucional y sectorial. Una de sus funciones prioritarias es establecer mecanismos estratégicos para la consolidación del Sistema Nacional para la Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar como política de Estado. El fortalecimiento de este Sistema, implica hacer efectiva la descentralización de las políticas de atención y prevención de la violencia intrafamiliar, mediante el modelo de redes locales de atención y prevención de la violencia con una amplia participación comunitaria y en general de la sociedad civil. Los principales avances obtenidos por el INAMU en materia de prevención de la violencia intrafamiliar son: 1. El cambio de status jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, lo que le permite ejercer facultades rectoras en materia de políticas públicas para la equidad de género.

22

2. La creación de un Área de trabajo en el INAMU especializada en Violencia de Género, con la respectiva asignación de recursos humanos y financieros. Debe recordarse que en la Administración gubernamental 94-98, las acciones en este campo eran realizadas desde un Programa que carecía de recursos humanos permanentes y de presupuesto regular asignado. 3. El compromiso obtenido de la Presidencia de la República con el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, frente al cambio de Administración Gubernamental. Dicho respaldo se ofreció a través de la Directriz Presidencial No. 18, publicada en La Gaceta del 23 de marzo de 1999, en la que el Presidente instruye a sus Ministros y Presidentes Ejecutivos de las Instituciones Autónomas para cumplir con las responsabilidades establecidas en el Decreto de creación del Sistema (No. 26664-C-J-PLANMTSS-MIVAH-S-MP-SP, del 19.12.1997). 4. La prestación y ampliación de los servicios especializados de alta prioridad para las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar así como para sus hijas e hijos, como son la Delegación de la Mujer, los albergues y la línea telefónica de emergencia 9-1-1. Se cuenta con tres albergues ubicados en Cartago, Puntarenas, Limón que se financian con recursos gubernamentales y que son operados a través de la compra de servicios al sector privado, bajo la supervisión rigurosa del Área de Violencia de Género del INAMU. 5. La línea de emergencia para denuncias es operada a través del servicio 9-1-1 mediante una alianza entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Costarricense de Electricidad. Se dispone de una línea telefónica operada por personal voluntario y por funcionarias del INAMU, que ofrece contención y orientación especializada. 6. La efectiva y oportuna asistencia técnica ofrecida a la Comisión de Seguimiento del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, para el cumplimiento de función de conducción y evaluación de la política pública sobre Violencia Intrafamiliar. 7. Dicha asistencia incluye la preparación de la agenda de trabajo así como de la documentación requerida por las personas participantes en la Comisión. Así como la facilitación y la prestación o gestión de la asesoría técnica demandada por las cuatro Subcomisiones de trabajo, a saber: Subcomisión de Información y Evaluación Subcomisión de Acceso a Recursos de Apoyo Subcomisión de Atención a la Niñez y Adolescentes Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores. Asimismo, se ofrece asesoría a las Comisiones o instancias institucionales que atienden el tema de Violencia Intrafamiliar en las diferentes instituciones y organismos que participan en el Sistema Nacional, según las posibilidades del personal técnico. 8. La gestión y aprobación de dos proyectos de Cooperación Externa con la Fundación Mundo Solidario - Phillips Morris, la Organización de Estados Americanos, con cuyos recursos fue

23

posible el financiamiento de procesos de interaprendizaje para el personal judicial y policial, así como mejorar el equipamiento del Área de Violencia Intrafamiliar. Dichos proyectos también hicieron aportes para la Campaña Por una Vida sin Violencia, la reproducción de material impreso y visual así como la consultoría requerida para hacer la sistematización del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia. 9. La recopilación, el análisis y el trámite de denuncias por mal servicio brindado por las instituciones públicas relacionadas con la Violencia Intrafamiliar. El número de denuncias recibidas es poco significativo y su resolución demanda de la coordinación con las instituciones en las que laboran las personas o en las que operan los servicios sobre los que se reciben denuncias. 10. La promoción y constitución de 14 nuevas Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y realización de dos Encuentros Nacionales con representantes de las 30 Redes que están operando. 11. La realización de más de 100 acciones de capacitación dirigidas a fortalecer la capacidades para la aplicación de la política pública sobre violencia intrafamiliar, con una duración promedio de 80 horas cada uno. 12. La capacitación de promotoras legales en violencia intrafamiliar provenientes de organizaciones de base en los cantones de Alajuelita y de Quepos. 13. La producción de material didáctico que facilita el análisis de los contenidos abordados en los procesos de capacitación así como la difusión de información sobre los servicios de prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 14. La asesoría técnica al personal de las 8 Oficinas Municipales de la Mujer que ofrecen atención a las mujeres y otras personas del grupo familiar afectadas por la violencia: Coronado, Moravia, Goicoecha, Escazú, Desamparados, San Carlos, Alajuela y Puntarenas. 15. La apertura de un grupo de supervisión de casos de violencia como un servicio de capacitación continúa del Área de Violencia de Género. 16. La recopilación y sistematización de información relacionada con la violencia intrafamiliar generada por el Instituto Nacional de las Mujeres así como la difusión de la misma en los medios de comunicación colectiva, con el objeto de llamar la atención sobre las acciones que deben promoverse para prevenir y erradicar la violencia. 17. La producción de normas para la supervisión técnica de los servicios de atención a situaciones de violencia intrafamiliar: la línea de emergencia 9-1-1 y los Albergues. 18. La activa participación en la formulación del proyecto de Ley de penalización de la violencia contra las mujeres así como en la negociación política para su ingreso en la agenda legislativa.

24

19. La producción de la IV, V y VI fases de la Campaña “Por una vida sin violencia”. 20. La coordinación de la Comisión Organizadora de la marcha conmemorativa del 25 de noviembre: Día de la no violencia contra las mujeres, realizada en 1999, 2000 y 2001. 21. La facilitación de una comisión técnica interinstitucional responsable del diseño y validación de un Modelo de atención de ofensores adultos. Los principales desafíos son: 1. Mantener el tema de violencia intrafamiliar en la agenda pública, como resultado de las acciones desarrolladas en los cinco ejes de intervención del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar: Prevención, Promoción, Detección, Atención e Interaprendizaje. 2. Mantener y ampliar el respaldo político del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial a la política pública sobre Violencia Intrafamiliar, en términos de: Aumentar la inversión en los servicios de prevención y atención de la violencia y asegurar su inclusión en los planes anuales operativos de las instituciones, de modo que sean susceptibles de ser evaluados y reciban la asignación de recursos correspondiente. Especial atención merece el fortalecimiento de los recursos de apoyo, en educación técnica, vivienda, empleo y albergues. Así como la continuidad de la Campaña en medios de comunicación masiva “por una vida sin violencia”. Fortalecer el marco legal sobre violencia intrafamiliar, mediante la aprobación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres y la ley sobre el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Ampliar la cobertura de los juzgados especializados en violencia intrafamiliar. 3. Fortalecer los recursos a disposición del Área de Violencia de Género, para: Facilitar la elaboración y aplicación de la política nacional de prevención de la violencia intrafamiliar bajo el liderazgo del Ministerio de Educación y la participación de otras instituciones gubernamentales y estatales competentes así como de otros organismos de la sociedad civil interesados Ampliar la atención en los servicios que presta la Delegación de la Mujer, los albergues y la línea de emergencia Ofrecer la asesoría técnica y el seguimiento demandada por las Comisiones e instancias del Sistema Nacional, así como por las 52 Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar Ampliar la cobertura geográfica de las Redes Locales de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar Fortalecer institucionalmente la Red de Redes para que puedan ampliar la presencia de organizaciones de mujeres y organizaciones sociales en las Redes Locales así como para que ejerzan un mayor protagonismo en la Comisión Nacional de Seguimiento del Sistema Nacional

25

Desarrollar el Sistema de Información sobre Violencia Intrafamiliar con indicadores de evaluación e incidencia de la política pública Evaluar y documentar las estrategias puestas en práctica en el marco de la política pública sobre Violencia Intrafamiliar: prevención, promoción, detección, atención e interaprendizaje Facilitar y asesorar el diseño y validación del Modelo de atención integral para personas adultas mayores y personas con discapacidad afectadas por la violencia intrafamiliar Desarrollar, difundir y poner en aplicación normas de calidad de los servicios de prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar Coordinar el diseño y el desarrollo de un programa de investigación, que permita fundamentar las decisiones relativas a la orientación de la política pública sobre violencia intrafamiliar. Facilitar la aplicación del modelo de atención integral de las niñas, los niños, las y los adolescentes afectados por la violencia intrafamiliar Desarrollar y validar el protocolo para la certificación de servicios especializados en atención de la población ofensora Desarrollar un modelo de control de calidad y de fiscalización social de los programas y servicios que se brindan para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar con amplia participación comunitaria y de la sociedad civil, orientado al perfeccionamiento de los servicios y a aumentar la calidad de los mismos Mejorar los mecanismos de coordinación institucional, para integrar la violencia intrafamiliar como un eje transversal de las políticas públicas sobre equidad d género, que diseña y promueve el INAMU desde su relación con las Oficinas Ministeriales y Municipales, las Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer, las Mesas de Diálogo Social y Negociación Nacionales, Sectoriales y Regionales, los Programas de Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades, entre otros. Avances y los Desafíos del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 1. La institucionalización de la política pública adoptada por el país en materia de Violencia Intrafamiliar, respaldada normativamente por la Ley de Violencia Doméstica y programáticamente, por el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, muestra importantes avances relacionados con el direccionamiento de la agenda, que ha ejercido el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, a través de la Comisión de Seguimiento y de la coordinación técnica Dicho Sistema se formaliza a través de un Decreto Ejecutivo que establece las responsabilidades que las diferentes instituciones gubernamentales deben cumplir para la atención y la prevención de la violencia intrafamiliar. Abre las posibilidades de participación a diversos organismos estatales y de la sociedad civil en el desarrollo de las acciones establecidas por el Sistema. Es pertinente recordar que los organismos e instituciones participantes del Sistema, tenían una trayectoria de trabajo en común derivada de su participación en el proceso de formulación del PLANOVI, entre 1994 y 1995. 2. Los avances en la institucionalización se pueden apreciar en: a) La adopción de un marco ético – conceptual sobre violencia intrafamiliar y violencia contra

26

b)

c) d)

e)

f)

g) h)

i)

j) k) l)

las mujeres, que aporta elementos relativos a la orientación de los esfuerzos públicos y privados dirigidos a garantizar el ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencia, como un imperativo de derechos humanos. La responsabilidad asumida por la mayoría de las instituciones gubernamentales que tienen competencia sobre la violencia intrafamiliar, a pesar del cambio que se operó en la Dirección Política de la Administración Gubernamental, a partir de mayo de 1998. Aparecen como excepciones en dicho compromiso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de la Vivienda. T Asentamiento Humanos La institucionalización de los servicios de atención y prevención a través de la aplicación de las normas y los protocolos que se habían construido en los sectores Educación, Salud, Justicia y Poder Judicial La creación de estructuras o instancias especializadas que desarrollan capacidades institucionales para la atención y la prevención de la violencia. Por ejemplo el Programa de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (PAIVIF), EL Consejo Directivo del Sector Salud y el Área de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres La ampliación de la Red de Oficinas Municipales de la Mujer que ofrecen una valiosa contribución a la difusión de los derechos de las mujeres así como a la difusión de las políticas y los programas gubernamentales, incluyendo las relativas a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Se pasa de 8 oficinas a 41 oficinas municipales de la mujer El crecimiento de las redes locales de atención y prevención de la violencia intrafamiliar que cuentan con presencia de instituciones gubernamentales así como de organizaciones de mujeres y de otras organizaciones sociales y que articulan sus esfuerzos y los recursos para la prestación de los servicios de atención y de prevención de la violencia. Se pasa de 15 a 30 redes El respaldo de la cooperación internacional a las acciones impulsadas desde el Sistema, a saber: Canadá, Organización de Estados Americanos, Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Mundo Solidario - Phillips Morris El aprovechamiento de la experticia de las organizaciones para la prestación de servicios de atención que son financiados desde el INAMU o por otras instituciones, por ejemplo, la atención de la línea telefónica de emergencia, la operación de albergues, la capacitación a personal institucional, entre otros El fortalecimiento de la cultura de coordinación interinstitucional que tiene consecuencias sobre los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, el reconocimiento de las fallas n el cumplimiento de las obligaciones policiales establecidas en la Ley de Violencia Doméstica, dio lugar a la creación de la Comisión Institucional de promotores del Ministerio de Seguridad La articulación de las acciones de las diferentes instituciones en un instrumento programático como es el plan anual operativo del Sistema La generación de respuestas a los requerimientos derivados de la aplicación de la política pública: por ejemplo, la creación de un modelo de atención para niñas, niños y adolescentes, así como las orientaciones para atender personas con discapacidad La producción de conocimientos que alimenten la toma de decisiones sobre el tipo de acciones estratégicas o sobre el curso de las mismas. Ejemplos: investigaciones sobre la ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia que tuvo como consecuencia las medidas adoptadas para la capacitación del personal policial y judicial o la elaboración del protocolo

27

policial m) La generación de iniciativas concretas que amplían y mejoran la cobertura de atención de la violencia intrafamiliar: Por ejemplo, el marco conceptual y programático para la atención de las niñas, niños, las y los adolescentes afectadas(os) por la violencia intrafamiliar. Así como el impulso al proyecto de penalización de la violencia contra las mujeres. 3. Avances en los ejes de intervención del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar: En el eje de detección se advierten avances en los registros que deberían aplicarse para el reporte de casos de violencia, especialmente en salud y educación, personas con discapacidad, entre otros. El procesamiento de los datos registrados es lenta porque depende de las unidades de información de las instituciones que carecen de suficiente recurso humano para realizar dicho trabajo. En el eje de atención se advierte una ampliación de los servicios en términos de cobertura geográfica y poblacional. Por ejemplo, la prevención y la atención de las niñas, los niños, las y los adolescentes afectadas(os) por la violencia, a través del PANI, la ampliación del modelo de prevención de la violencia intrafamiliar a 92 escuelas prioritarias del MEP. Asimismo, la Caja Costarricense de Seguro Social amplía la prestación de servicios para personas ofensoras adultas así como los servicios de atención grupal de personas afectadas por la violencia. El servicio de denuncia o de solicitud de protección a través del 9-1-1 se amplía en cobertura horaria y se aumentan los accesos a la misma. Desde las Redes Locales se están abriendo algunos espacios para el autocuidado del personal que trabaja en atención así como para el intercambio sobre propuestas de intervención frente a poblaciones con características específicas, por ejemplo población con discapacidad. El INAMU ha abierto un espacio para la supervisión de casos sobre violencia. La Delegación de la Mujer es dotada de recursos para mejorar su atención a las mujeres, niñas y niños afectadas por la violencia. El Poder Judicial cuenta con cuatro juzgados especializados en el tratamiento de la violencia intrafamiliar, así como de profesionales en Trabajo Social en la mayoría de los Juzgados de Familia. El eje de prevención de la violencia y de promoción del derecho a vivir libres de violencia, se alimentó con el incremento de acciones promovidas desde diferentes instituciones y organismos. Se mantuvo la Campaña Por una vida sin violencia así como la campaña focalizada hacia algunos sectores de población: Niñas, niños y adolescentes: PANI; MEP y M. de Justicia, Personas con discapacidad: Consejo Nacional de Rehabilitación, Mujeres en condiciones de pobreza y adolescentes embarazadas o madres: INA, IMAS e INAMU, Público usuario de las obras de danza, teatro y de las exposiciones del archivo nacional: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

28

En el eje de acceso a los recursos sólo se advierten progresos en el acceso los albergues, ya que se construyó un nuevo albergue en Puntarenas. El IMAS en el esquema de incentivos económicos que aplica, incluyó la dotación de becas para las familias que tienen hijas o hijos en edad escolar. No obstante, debe recordarse que no es toda la población afectada por la violencia la que aplica para recibir asistencia del IMAS. En el eje de interaprendizaje se incrementaron los esfuerzos de capacitación y sensibilización del personal relacionado con la atención y la prevención de la violencia, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial. Asimismo desde la coordinación técnica del Sistema se desarrollaron procesos de capacitación para la constitución de las redes locales y a su vez, algunas de esas redes llevaron a cabo actividades formativas para sus integrantes. En esta dirección la formación de formadoras/es, ha resultado una estrategia muy exitosa para ampliar la cobertura de la capacitación. Se desarrollaron procesos de capacitación para la facilitación de grupos de autoayuda para mujeres maltratadas, prevención del abuso sexual infantil desde la escuela, entre otros. Desafíos del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia La institucionalización sólida de la política pública sobre violencia intrafamiliar requiere del fortalecimiento de los siguientes aspectos: a) La regulación del Sistema Nacional a través de una ley que considere la Secretaría Técnica, asignada al área de Violencia de Género del INAMU. Así como una Contraloría de Servicios y una Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento y la dotación del presupuesto requerido para garantizar el debido cumplimiento de las funciones asignadas al Sistema. Deberá contemplar también las obligaciones que adquieren las instituciones gubernamentales de crear instancias especializadas en el tema, así como de asignar recursos humanos y financieros para cumplir con los compromisos contraídos con el Sistema Nacional. Deberá establecer los mecanismos políticos de alto nivel para la rendición de cuentas, así como los estímulos acreditados para favorecer el cumplimiento de los compromisos de las instituciones, al igual que las sanciones a que se harán acreedores en caso de incumplimiento. Por ejemplo el mecanismo establecido Consejo Nacional de Rehabilitación con la Contraloría General de la República, que consiste en incluir como criterio de aprobación de los Planes Anuales Operativos d las Instituciones Gubernamentales, la inclusión de acciones y recursos para atender las obligaciones establecidas en la Ley obre Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. b) Establecer un Sistema de Información sobre Violencia Intrafamiliar con capacidad de acreditar las informaciones generadas por las instituciones y organismos participantes en el

29

Sistema, sobre el desempeño y sobre el impacto de su trabajo. La valoración sobre el tipo de registros, fuentes y procesamientos disponibles en las instituciones u organismos que generan los datos, permitirá diseñar los indicadores que puedan dar cuenta de la prevalencia e incidencia de la violencia así como del desempeño del Sistema Nacional en los diferentes ejes de intervención. El diseño de dicho Sistema, así como la valoración del impacto de la política pública deberá contar con mecanismos que aseguren la participación de las personas usuarias de los servicios. Promover una cultura de la información que permita fortalecer la capacidad analítica de todas las personas vinculadas al tema de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar y que les permita utilizar la información generada sistemáticamente para construir su propia lectura sobre la situación de la violencia y generar sus propuestas de intervención. De este modo, las personas serán apreciadas no sólo como fuente o como receptoras de información, sino principalmente como sujetas de la información. c) Diseñar y poner en ejecución un programa de investigación que pueda nutrirse de los trabajos de graduación que realizan las universidades así como de investigaciones institucionales e interinstitucionales que aporten conocimiento para la toma de decisiones, en aspectos tales como: las estrategias de autocuidado en la atención de la violencia intrafamiliar, el tratamiento de ofensores, los costos de la violencia intrafamiliar y los beneficios que obtiene la sociedad al erradicar la violencia intrafamiliar, la prevalencia de la violencia intrafamiliar a nivel nacional y local, la ruta crítica institucional en la prestación de servicios para las personas afectadas por la violencia intrafamiliar, los alcances de la declaratoria obligatoria de situaciones de violencia y las experiencias exitosas en el desarrollo de la política pública sobre violencia intrafamiliar. d) Fortalecer las capacidades de liderazgo político y de incidencia de las personas que integran la Comisión de Seguimiento del Sistema, para obtener un mayor respaldo institucional hacia los compromisos que se asumen en el plan operativo interinstitucional del Sistema. e) La ampliación de los servicios de prevención y de atención para las personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones ubicadas en zonas geográficas que no han sido cubiertas por los servicios en violencia intrafamiliar. f) La ampliación de la cobertura de los espacios grupales de atención especializada para sobrevivientes de violaciones, violencia física, sexual y psicológica, según género, edad, tipo de abuso y otras características pertinentes. g) La especialización y la descentralización de los servicios de atención especializada para personas afectadas por la violencia que maltratan a otras personas, por ejemplo las madres afectadas por la violencia que tienen conductas abusivas con sus hijas e hijos así como para personas menores de edad y jóvenes con comportamiento abusivo. h) Fortalecer el marco conceptual y ético sobre violencia intrafamiliar que permite reconocer a las mujeres como objeto principal de la violencia que se ejerce en las sociedades patriarcales, por lo cual, la política pública no puede desdibujar su atención hacia ellas como grupo

30

enfocado. Sin dejar por ello, de desarrollar acciones específicas para la atención de otras personas que también están afectadas por la violencia intrafamiliar, por ejemplo, las niñas y los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. i) Fortalecer los espacios para la retroalimentación, la contención individual y grupal así como para el autocuidado de las personas que trabajan en la atención de la violencia. j) Ampliación de la Red de Oficinas Municipales y de las Unidades de Género y fortalecer sus competencias técnicas en el área de violencia intrafamiliar para que puedan ejercer funciones promocionales y de prevención en este campo. k) Favorecer las condiciones para que la Red de Redes asuma un mayor protagonismo en el intercambio de informaciones y de productos, mediante la cooperación horizontal en los diferentes ejes de intervención del Sistema. l) Creación y aplicación de una política de prevención de la violencia intrafamiliar bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Pública y con el activo concurso del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el Movimiento Nacional de Juventudes, el Patronato Nacional de la Infancia y Instituto Nacional de las Mujeres. Así como de organizaciones no gubernamentales y las redes de jóvenes que tienen experiencia en el campo de la prevención de la violencia intrafamiliar. m) Desarrollar una estrategia amplia de comunicación social que logre mantener el tema de la violencia intrafamiliar en la agenda pública y que contribuya al fortalecimiento de los valores que sociales que fomenten el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia. Dicha estrategia debe considerar la relación con los medios de comunicación, los cambios normativos así como la difusión de conocimiento construido sobre la tema ante las y los decisores n) Lograr la asignación de los recursos gubernamentales para el financiamiento de la campaña permanente de sensibilización y educación “Por una vida sin violencia”. o) Incentivar la participación de organizaciones sociales en las que tengan expresión las personas afectadas por la violencia en las Redes Locales, para contar con su criterio informado sobre el impacto del trabajo de la Red y obtener su aporte en la ejecución de las acciones de prevención y promoción del derecho a una vida libre de violencia. p) Aprobación del proyecto de ley de penalización de la violencia contra las mujeres. q) Mantener las acciones de capacitación y de actualización del personal policial y judicial para erradicar las prácticas sexistas que restringen el ejercicio del derecho a justicia de las personas afectadas por la violencia. r) Elaborar un plan de contingencia con perspectiva de institucionalización que obligue en el corto plazo al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Trabajo, al INA, al IMAS y l INAMU a encadenar los servicios que ofrecen para asegurar el acceso efectivo a recursos de apoyo de

31

las personas afectadas por la violencia. La obligación de preparar y poner en ejecución dicho plan puede estar respaldada por un decreto ejecutivo. s) Fortalecer el aprovechamiento y el intercambio de los diferentes productos que elaboran los organismos participantes en el Sistema, a través de efectivos mecanismos de información, considerando las posibilidades y las características de los diferentes sectores involucrados en la política pública sobre violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el módulo elaborado por la Universidad Nacional, que puede aprovecharse en la capacitación de otro tipo de personal. t) Desarrollar una revisión del modelo de interaprendizaje sobre violencia intrafamiliar, que permita enriquecerlo con los aportes que se le han hecho, a partir de su aplicación con diferentes sectores de población y por un periodo de tres años. C. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones El Estado costarricense ha mantenido un compromiso sostenido con las tendencias políticas y del derecho internacional de los últimos veinte años, a ratificar y apoyar los acuerdos y convenciones internacionales dirigidos al reconocimiento de los derechos de las mujeres y al reconocimiento de desarrollar acciones orientadas a la igualdad y equidad de género. Si revisamos lo que han sido los principales informes presentados a Beijing + 5, y los dos últimos informes nacionales del Estado costarricense ante la CEDAW, podremos establecer una especie de claroscuros en lo que al cumplimiento de los compromisos adquiridos se refiere. [1]La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (N° 7142 de 8 de marzo de 1990) estipula que “los partidos políticos incluirán en sus estatutos mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales”. La utilización de términos imprecisos y generales como “mecanismos eficaces” y “participación efectiva” dificultó el cumplimiento del mandato. Aunque algunos partidos políticos realizaron reformas a sus estatutos en 1992, no establecieron mecanismos precisos de aplicación. Es hasta 1996, con las Reformas al Código Electoral, que se estipuló más específicamente la aplicación de la cuota mínima de participación de las mujeres. Esta normativa es de acatamiento obligatorio para los partidos políticos y los obliga a realizar las modificaciones necesarias en sus estatutos para cumplirla. Sin embargo, esta normativa no indica expresamente que la aplicación del 40% debe ser en puestos elegibles, lo que permitió que la cuota se aplicara en posiciones de elegibilidad remota o nula. Con base en el análisis de los resultados de la puesta en práctica de las disposiciones del Código Electoral y cumpliendo las atribuciones que le otorga la Ley, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la revisión de lo acordado en relación con la cuota de participación de las mujeres. En respuesta a esta solicitud, mediante Resolución N° 1863 de 23 de septiembre de 1999, el TSE dispuso que: [2]El 40% de participación de las mujeres en las papeletas para la elección de diputados/as, regidores/as y síndicos/as debe ser en puestos elegibles. Como seguimiento a esta

32

disposición, actualmente las mujeres representan el 35.3% en la Asamblea Legislativa, ocupando así, la posición número cinco mundialmente en participación política a este nivel. El 40% mínimo de cuota femenina debe respetarse en la designación de delegados/as en cada asamblea distrital, cantonal y provincial y no en forma global. Cada partido político tenía la obligación de incorporar en sus estatutos, antes de las próximas designaciones de delegados/as a las asambleas y de candidatos/as para las papeletas de diputados/as, regidores/as y síndicos/as, los ajustes necesarios para garantizar efectivamente la participación de las mujeres en la forma y porcentajes dispuestos. El Registro Civil no inscribirá las nóminas de candidaturas cuando no se ajusten a estos parámetros. El Registro Civil tampoco acreditará las reformas estatutarias ni las actas de asambleas, cuando de estas o del informe de los/as delegados/as del Tribunal, se determine que no se cumplió con lo establecido. El Tribunal se reserva su derecho a fiscalizar, por los diferentes mecanismos legales, el efectivo cumplimiento de lo acordado. A esta resolución se sumaron otras. La Resolución del TSE N° 2837 de 12 de diciembre de 1999, emitida ante la solicitud de adición y aclaración de la Resolución N° 1863 establece: En relación con las papeletas diputadiles, debe entenderse por puestos elegibles aquel que se asigne a una persona con posibilidades reales de ser electo y ello debe ser considerado individualmente en la conformación de las papeletas de cada provincia. Los partidos políticos obligados a implementar el sistema de cuotas de participación femenina, deberán considerar que el porcentaje del 40% es un mínimo que, como tal, puede incrementarse a favor de esta representación, pero no disminuirse. El partido político está obligado a fomentar una cultura democrática y participativa que haga posible la incorporación de las mujeres. Otras cuestiones Relación con los medios de comunicación Desde la Plataforma de Beijing se demanda que los medios de comunicación masiva contribuyan en mucha mayor medida en el adelanto de la mujer, suprimiendo la proyección de imágenes negativas, rompiendo estereotipos y potenciando el papel de ella Para ello la Convención ha planteado dos objetivos estratégicos, el primero demanda el aumento en el acceso de la mujer a expresar sus ideas y la adopción de decisiones en los medios; y el segundo referido a fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer.

33

En respuesta a lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres, cuenta con una Unidad de Comunicación que por medio de una estrategia, ha venido trabajando con los medios de comunicación no solo masivos sino también alternativos, buscando espacios donde se puedan plantear temas diferentes a los que normalmente desarrollan las agendas mediáticas. Así, se proponen tópicos a la prensa poniendo a disposición fuentes documentales y contactos para el desarrollo del trabajo periodístico, y se envían con regularidad reportes de encuentros, actividades o noticias de avances, obstáculos o necesidades de las mujeres para incentivar a la prensa a publicar y visibilizar los temas. También se ha logrado en el último trimestre la presencia regular de expertas del Instituto en al menos un medio de comunicación escrita, radiofónica y televisiva, asegurando con ello la difusión de ideas no estereotipadas, fomentando la educación y capacitación en materia de género. Para las y los periodistas del país, se han desarrollado (y se mantiene vigente el trabajo) talleres para sensibilización en materia de género, esto con el respaldo del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Dirigido específicamente a profesionales publicistas, se han hecho encuentros para exponer los alcances de la Ley Nº 5811 (Ley de Control de Propaganda), debido a que el país carece de una reglamentación que controle el uso de la imagen de la mujer en la publicidad, ya que solo se cuenta con un Código de Ética Publicitaria que no es de acatamiento obligatorio. Dentro de las acciones que están en proceso de ejecutar, destacan foros de discusión e interés público, sobre temáticas ligadas a la Agenda del Instituto Nacional de las Mujeres, espacios que pretenden convocar a prensa y representantes de la sociedad civil a conocer y discutir temas que permitan impulsar un cambio sociocultural. Además, se ha visto la necesidad de compartir con los jerarcas de los medios de comunicación masiva (directoras/es y jefas/es de información) la importancia de dar un tratamiento respetuoso que involucre una mayor equidad en torno al manejo de noticias que involucran sobre todo el tema de violencia para incidir en el manejo de la noticia. Para ello se está preparando material documentado de monitoreo de prensa y recomendaciones para modificar los enfoques informativos. De especial importancia ha sido la realización de 6 campañas televisivas tituladas “Por una vida sin violencia”, cuya continuidad, desde 1996 hasta el año 2002 que ha tenido un impacto desde distintos niveles y poblaciones. En un primer momento se posiciona el problema de violencia en la agenda pública pasa por distintos mensajes que giran alrededor de “Rompamos el silencio.” Las campañas han tenido un impacto especial en cuanto a desmitificar la violencia, exponer situaciones de riesgo desde distintos ángulos: patrimonio riesgo emocional, penalización de la violencia, divulgación de los servicios de atención, incluidos la línea telefónica de atención de emergencias, entre otros. El fin último de las campañas es la de promover un cambio sociocultural.

34

En consecuencia con la estrategia de comunicación y difusión de información se ha abierto la Página Web del Instituto que viene a cumplir con una necesidad no sólo de informar al público nacional e internacional sino de convertir al INAMU en un agente de cambio proactivo ya que se han diseñado espacios de interacción por medio de Foros, biografías de mujeres destacadas en diversos campos de manera que se establezca una comunicación mediática con distintas/os agentes.

35

TERCERA PARTE Desarrollo institucional Instituto Nacional de las Mujeres: Los avances y desafíos institucionales El logro de cambios sustantivos en la igualdad y la equidad de género en los albores del siglo XXI, constituye una tarea de alta complejidad dada la diversidad de intereses colocados en la agenda pública, que presionan sobre el control de los recursos políticos, económicos, sociales y culturales. Por ello, es necesario el impulso decidido de políticas públicas redistributivas, capaces de corregir las desigualdades de género sobre las cuales se edifica la sociedad, y que afectan el ejercicio pleno de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres en todos los ámbitos y los espacios de la vida El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su desarrollo histórico, ha logrado colocar en la agenda pública las demandas de las mujeres en asuntos de interés central como la violencia intrafamiliar, la participación política, entre otros. Actualmente, el INAMU constituye una institución de referencia obligada en todos los temas relacionados con las mujeres y de acuerdo con sus competencias, se pueden identificar los siguientes avances A) El diseño y la puesta en ejecución de política pública en áreas diversas como son: Violencia Intrafamiliar Hostigamiento sexual Acceso de las mujeres a la Justicia Proyecto de vida autónomo de las niñas, adolescentes y jóvenes Trabajo y empleo de las mujeres Sexualidad plena y satisfactoria de las mujeres Participación política de las mujeres Derechos de las mujeres rurales Salud Integral de las mujeres Educación de las mujeres Crédito para las mujeres Ciudadanía de las mujeres. B) El empoderamiento de las mujeres a través de fortalecimiento de los recursos personales y sociales para el ejercicio del liderazgo, el impulso de mesas de negociación y diálogo social en el ámbito local y regional, para establecer compromisos de las instituciones públicas con la atención de las necesidades y los intereses de las mujeres, entre otros. C) El fortalecimiento del marco normativo sobre los derechos de las mujeres en áreas sustantivas como la violencia contra las mujeres, la paternidad, el régimen económico de la familia, entre otras. Asimismo, la promoción de los derechos se ejerce a través de los componentes de fortalecimiento personal de los Programas Creciendo Juntas y Construyendo Oportunidades, de la formación de promotoras legales, de las líneas telefónicas de consulta y denuncia, entre otros.

36

D) El desarrollo y la difusión de conocimiento especializado en género, conducente al cambio en los patrones que legitiman la discriminación y la violencia contra las mujeres. El conocimiento desarrollado se relaciona con el análisis de la situación de las mujeres, la producción teóricometodológica, la sistematización de procesos impulsados institucionalmente, entre otros. E) El desarrollo de iniciativas individuales para la capacitación del recurso humano que permiten un mejor desempeño institucional. Las lecciones aprendidas de la revisión efectuada sobre la práctica institucional así como de la estrategia impulsada por las áreas técnicas para la promoción de los intereses de las mujeres, ponen de relieve los siguientes desafíos institucionales: 1. Incorporar el cambio cultural y los derechos de las humanas como sustento del enfoque y de la práctica institucional. 2. Redimensionar la función de rectoría institucional, con: la perspectiva ideológica del cambio cultural hacia la igualdad y la equidad de género La consideración de las mujeres desde su diversidad, como sujetas de la acción pública y por lo tanto, como decisoras en el ciclo de la política pública y como ciudadanas en el pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos de la vida La gestión de las políticas públicas así como la promoción y la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito nacional, regional y local El fortalecimiento de las capacidades del personal de las instituciones públicas en el área de género, para lograr una ejecución adecuada de las políticas así como una incidencia de la acción pública en la erradicación de las desigualdades de género. 3. Fortalecer la institucionalización de la política nacional para la igualdad y la equidad de género, con el marco ideológico, normativo, programático y presupuestario debido, así como con las condiciones y los mecanismos que garanticen la participación efectiva de las mujeres en su diversidad y desde el ámbito local, regional y local, en todo el proceso de la política pública. 4. Articular las políticas públicas y los procesos en curso alrededor de los siguientes ejes que dan cuenta de los intereses estratégicos de género sobre los que se requieren avances sustantivos para mejorar la posición de las mujeres en la sociedad: Ciudadanía, Sexualidad, Derechos Económicos, Proyectos de Vida Autónomos de las Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Violencia de Género. 5. Desarrollar una estrategia de intervención institucional que articule conceptual y programáticamente el trabajo entre las áreas alrededor de los ejes estratégicos, a través de la gestión colegiada y el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. 6. Diseñar y poner en operación del Sistema Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, en el que se inscriba la política nacional para la igualdad y equidad de género, que ofrezca una

37

respuesta pública y efectiva a las demandas de las mujeres. 7. Mejorar y articular los servicios institucionales dirigidos a garantizar los derechos de las mujeres, por medio de la información, la referencia y el seguimiento, la recepción y el trámite de denuncias así como la atención especializada. Otras instancias para la promoción de derechos humanos de las mujeres Existen diferentes entidades de gobierno centralizadas y descentralizadas (ministerios e instituciones autónomas), que desarrollan acciones (programas y proyectos) dirigidos a la tutela, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos económicos, sociales y culturales entre las que destacan: A. Oficinas Municipales de las Mujeres El Instituto Nacional de las Mujeres, considera que debido a los procesos e impulso de la descentralización y del fortalecimiento de los gobiernos locales, es imprescindible incidir para que éstos promuevan un desarrollo local participativo, democrático y equitativo que considere las necesidades e intereses de las mujeres. Además, tiene claro que este desarrollo no se puede lograr sin la participación de las mujeres en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se ejecuten. En este sentido, las Oficinas Municipales de la Mujer, OFIM, se conciben como un mecanismo necesario para incidir en el diseño de las políticas públicas en el ámbito local, que permitan una sociedad más justa y equitativa. Las OFIM se crearon en 1996 en el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar PLANOVI, con el objetivo de “crear un espacio en la estructura municipal y con apoyo interinstitucional e intersectorial, de servicios de información, orientación y atención a las mujeres con énfasis en violencia intrafamiliar y difusión de derechos”. Estas Oficinas se formalizaron en 1998 por medio de la Ley N° 7801 del INAMU, que plantea como una de sus atribuciones: “promover la creación de oficinas ministeriales, sectoriales y municipales de la mujer, además garantizar y coordinar su funcionamiento” (Art.4). En cumplimiento con este mandato, el INAMU promueve la apertura planificada y sostenida de las OFIM, desde el Programa de Oficinas Municipales de la Mujer. El Instituto redefinió el perfil y ámbito de acción de las OFIM, concibiéndolas como mecanismos para la promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito local, trascendiendo así el enfoque inicial dirigido principalmente hacia la violencia intrafamiliar. Objetivo General: Impulsar políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad y equidad de género en el ámbito local. B. Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer La Comisión Permanente de la Condición de la Mujer CMCM es parte del Concejo Municipal.

38

Su creación se estipula en el Código Municipal de 1998 que señala que: “en la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el presidente nombrará a los integrantes de la Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente. Función: Estudiar y proponer mociones relacionadas con esta temática, para que sean discutidas y aprobadas por el Concejo. C. Redes nacionales En Costa Rica existen mecanismos cuyo objetivo es fortalecer el intercambio de experiencias y de conocimientos, así como mejorar los alcances de la política pública para contribuir con la construcción de la igualdad y la equidad de género. -Red Nacional de Oficinas Municipales de la Mujer OFIM Esta Red se creó en 1999 con el objetivo de promover la igualdad y la equidad de género en los espacios locales, así como fortalecer el intercambio de conocimientos y experticia entre las Oficinas Municipales de las Mujer OFIM y ampliar sus competencias. El equipo coordinador de la Red está integrado por las responsables nacionales de las OFIM y cuenta con la asesoría técnica y capacitación del INAMU. Las acciones de la Red se han enfocado en capacitar en materia de empoderamiento y crecimiento personal, para lo se coordina con el Programa de Oficinas Municipales del INAMU la estrategia de capacitación que se ha orientado a temas tales como: • Derechos de las mujeres • Políticas públicas y locales • Descentralización y desarrollo local, entre otros. -Redes para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar La atención del problema de la violencia intrafamiliar VIF en Costa Rica está coordinada por el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (Sistema PLANOVI), establecido por Decreto Ejecutivo N° 26664 en enero de 1998. Este Sistema fue creado según lo estipula la Ley contra la Violencia Doméstica (1996) y está formado por “el conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que en forma coordinada y planificada, brindan servicios especiales a personas afectadas por la violencia intrafamiliar y realizan acciones para prevenir esta forma de violentación de los derechos humanos” (Art.1). El antecedente inmediato de este Sistema fue el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar PLANOVI, diseñado y ejecutado en el período 1994-1998 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (hoy INAMU), que se constituyó en una propuesta para la atención integral de esta problemática en la realidad costarricense.

39

El PLANOVI en su proceso de construcción y ejecución se orientó hacia la transformación de la cultura institucional, promoviendo la acción coordinada y concertada, así como un mayor acercamiento de la institucionalidad a la sociedad. Una de las acciones que realizó para alcanzar este fin fue la creación de redes locales. -Redes Locales La misión de las redes locales es construir y consolidar un espacio de coordinación intersectorial, interinstitucional y de la sociedad civil, para el desarrollo de políticas locales de prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar. -Red Nacional de Redes La Red Nacional de Redes se constituyó a inicios de 1999 con la misión de convertirse en un espacio de coordinación, articulación, realimentación, planificación y evaluación de los procesos de prevención y atención de la violencia intrafamiliar VIF que se desarrollan en el ámbito local por medio de las redes interinstitucionales y comunitarias. D. Unidades para la Equidad de Género Las Oficinas Ministeriales y Sectoriales de la Mujer OMM/OMS fueron creadas en 1994, por Acuerdo del Consejo Social de Gobierno, como instancias responsables de velar por el cumplimiento de las políticas gubernamentales para la equidad de género en las instituciones de la Administración Pública. A partir de 1994 y de conformidad con este Acuerdo, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia CMF, asumió la coordinación de estas Oficinas sin embargo no es hasta 1998, con la aprobación de la Ley N° 7801 que transforma el CMF en el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU, y se le asigna al Instituto la atribución de promover la creación de Oficinas Ministeriales, Sectoriales y Municipales de la Mujer; además de garantizar y coordinar su funcionamiento. A partir de esta fecha, el Instituto, en concordancia con las atribuciones asignadas, se propuso el objetivo de fortalecer y consolidar estas instancias para convertirlas en promotoras, orientadoras y asesoras de los procesos dirigidos hacia la implantación de las políticas para la equidad de género en las instancias de Gobierno. Misión: Su misión es promover, orientar, fortalecer y monitorear los procesos de cambio de la cultura institucional, que requieren la prestación de servicios con equidad y las relaciones laborales internas en igualdad de oportunidades y derechos. Objetivos: • Impulsar el proceso de incorporación de la visión de género en la planificación institucional y en los procesos administrativos internos, con el fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios y las condiciones laborales de las y los funcionarias/os • Fiscalizar y apoyar los procesos de aplicación de las políticas nacionales de equidad de género en la institución. • Coordinar los compromisos asumidos por la institución con planes y programas de

40

•

Gobierno dirigidos a promover la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres Recibir consultas sobre las situaciones de discriminación que enfrentan las funcionarias de la institución por razones de género y canalizarlas hacia las instancias competentes.

E. Comisiones Interinstitucionales Diferentes instituciones unen sus esfuerzos para luchar por la promoción de la igualdad y la equidad de género. Ejes de acción y temas de interés como derechos laborales de las mujeres, pensiones alimentarias, régimen económico de la familia, análisis al Código Penal, madre adolescente, programa Construyendo Oportunidades y paternidad responsable, reciben la debida atención y seguimiento por medio de este tipo de comisiones como por ejemplo: Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente: La Ley General de Protección a la Madre Adolescente (Ley N° 7735-1998) estipula la creación del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, conformado por instituciones de gobierno como ministerios e instituciones autónomas y una representación de organizaciones no gubernamentales. Las instituciones gubernamentales que componen el Consejo son el Ministerio de Salud, quien lo preside; el Patronato Nacional de la Infancia; la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); el Instituto Nacional de Aprendizaje; el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven). Tiene el propósito de impulsar y coordinar programas y acciones a favor de las madres adolescentes. Dentro de este Consejo, el INAMU ha asumido la Secretaría Técnica y desde ahí realiza el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de la normativa vigente (Ley de Protección a la Madre Adolescente y Código de la Niñez y Adolescencia) y el Programa Construyendo Oportunidades. Como su principal logro se cita la gestión de la reforma de la Ley de Protección a la Madre Adolescente. Estadísticas: En el marco de las acciones que se realizan en el país en el ámbito de las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es el organismo encargado de la materia. En este sentido, pese a las limitaciones de recursos, existe una desarrollada infraestructura y nivel técnico en lo que a estadísticas nacionales se refiere. Es importante hacer mención que el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con el INEC, ha desarrollada un alianza estratégica en conjunto con universidades públicas con el propósito de establecer por primera vez un estudio piloto, para medir el Uso del Tiempo y contabilizar el trabajo de las mujeres en la esfera doméstica. Así mismo se ha establecido la coordinación pertinente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objeto de que esta instancia apoye la implementación del proyecto de Indicadores de Género, el cual ha sido diseñado por etapas.

41

Indudablemente el esfuerzo que hace el país con relación a las estadísticas, ha permitido contar con un grado óptimo en los niveles de información. No obstante debe seguirse avanzando en la puesta y desarrollo de un sistema que generalice los protocolos, de manera que al menos se pueda contar con información desagregada por sexo, para poder avanzar en un sistema de indicadores eficiente.

42

CUARTA PARTE Problemas y principales medidas para afrontarlos En esta última sección se hace referencia a los principales desafíos que enfrentan las mujeres costarricenses y a las medidas para enfrentarlos en dos niveles: los identificados en el Informe del Estado de Costa Rica ante el Comité examinador de la CEDAW 5 en julio del 2003 y la propuesta elaborada por el Instituto Nacional de las Mujeres, por medio de su agenda y metas para el período 2002-2006. Políticas y Medios Obstáculos: • Resistencia hacia los instrumentos jurídicos e institucionales por concepciones androcéntricas • Brecha entre discurso y prácticas • Limitado compromiso por parte del aparato estatal • Dificultades del INAMU para cumplir con los procesos de transversalización y formación de servicios. Desafío: • Políticas y medios: Avanzar en la adopción de medidas que garanticen la sanción de todas las formas de discriminación contra las mujeres, para evitar la impunidad. Violencia Obstáculos: • Resistencia a la aprobación de la Ley de Penalización de la Violencia contra Mujeres Adultas • Ausencia de programas o modelos de atención especializados en violencia intra-familiar. Desafío: • Impulsar y fortalecer políticas y acciones, estratégicas coordinadas y sostenidas no susceptibles a los cambios de administración • Estas medidas deben de dirigirse hacia la prevención y atención de las diversas manifestaciones de violencia que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres adultas. Explotación sexual comercial Obstáculos: • Repuestas aisladas e insuficientes • Desarticulación entre el Plan Nacional de explotación Sexual Comercial y las estrategias atencionales a víctimas • Ausencia de políticas y directrices de atención en instituciones estatales y ONG que 5

Ver CEDAW/C/CRI/1-3 Y CEDAW/C/CRI/4 en sesiones del comité examinador 612, 613 y 619 celebradas el 2 y el 9 de julio del 2003. 43

• •

brindan el servicio Existencias de redes que fomentan la explotación Tolerancia social y familiar que existe frente al abuso.

Desafío: • Impulsar y fortalecer políticas y acciones estratégicas, coordinadas y sostenidas, no susceptibles a los cambios de la Administración • Estas medidas deben dirigirse hacia la prevención y atención de las diversas manifestaciones de violencia y explotación sexual comercial que se ejerce contra niñas, adolescentes y mujeres adultas. Participación política y toma de decisiones Obstáculos: • Resistencia de los partidos políticos para garantizar la igualdad en sus estructuras internas • Debilidades y vacíos en la legislación e instituciones. Desafío: • Aprobar el Proyecto de Ley de reforma al Código Electoral, incorporando las reformas propuestas por el INAMU. El propósito de este proyecto es avanzar hacia la paridad, garantizando el establecimiento de mecanismos eficaces que aseguren el 40% mínimo de participación femenina en las instancias partidarias, puestos de elección popular y nombramientos en puestos de alto nivel. Ámbito Laboral Obstáculos: • Costa Rica no cuenta con una política de empleo • Brechas de oportunidades productivas, financiamiento, empleo, disponibilidad, bienes servicios y tecnología • Persiste la noción social de los hombres como principales proveedores. Desafío: • Aumentar la capacidad productiva y empresarial de las mujeres, incluidas las mujeres rurales. Se debe garantizar su acceso a: capital, tierra, crédito, asistencia técnica, tecnología y capacitación técnica. Salud Obstáculos: • El modelo de atención actual enfatiza la salud reproductiva y no responde a los intereses de género de las mujeres • Calidad de atención deficitaria • Grupos conservadores políticas de educación para la sexualidad • Las políticas de atención a la salud no siempre consideran la diversidad cultural y discapacidad 44

•

El manejo de datos en salud responde a la noción de enfermedad y no son congruentes con un modelo de atención de salud integral.

Desafío: • Llevar a la práctica el Modelo de atención a la salud de las Mujeres, en todos los centros de salud del país reconociendo las diversidades. Ruralidad, Migración y Diversidad Obstáculos: • La invisibilización que tienen como sujetas productivas y actoras del desarrollo económico y social. Esto las excluye del acceso a recursos productivos, educación y formación técnica, salud y seguridad social. • Las políticas limitadas para la atención de la pobreza femenina rural, así como la baja cobertura de la seguridad social. • La escasa participación de las mujeres en procesos de desarrollo ambiental, porque las políticas nacionales no las incluyen como sujetas activas. • La Provincia de Limón, donde reside la mayoría de población afrodescendiente e indígena, sigue siendo vulnerable socialmente y excluida de muchos de los beneficios del desarrollo. Desafíos: • Incorporar la perspectiva de diversidades étnicas, en el quehacer y en la formulación de políticas • Acceso a la educación y a los servicios de salud a la población migrante. • Elaborar un análisis de género que ilustre la situación de las mujeres y los hombres migrantes. • Atender los problemas que prestan las productoras rurales en su acción empresarial . Para esto, se deben crear programas de extensión de la seguridad social y de capacitación, así como acceso real a las fuentes de financiamiento. Dichas acciones se deben ejecutar, reconociendo las diversidades que existen entre las mujeres. Educación Obstáculos: • Persistencia de concepciones y prácticas discriminatorias en el sistema educativo, las familias y los medios de comunicación • Dificultad para la incorporación de la perspectiva de género • Posiciones conservadoras • Pedagogía que transmite creencias y prácticas desiguales • Barrearas para el ingreso de de mujeres en la formación técnica • Poca presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones. Desafío: • Establecer una Política Educativa de Estado para erradicar prácticas discriminatorias en

45

el aula y formar una ciudadanía con cultura de equidad entre los géneros. La Agenda Institucional del Instituto Nacional de las Mujeres La transformación de desigualdades de género requiere de intervenciones públicas concertadas, integrales y de largo aliento, que tengan a las mujeres en su diversidad como sujetas y protagonistas de los cambios requeridos para avanzar hacia el ejercicio pleno de su ciudadanía. La Agenda prioriza el fortalecimiento de la capacidad de rectoría institucional mediante: •

•

•

•

•

•

El desarrollo de un enfoque institucional de cambio cultural y de derechos humanos de las mujeres que oriente conceptual y políticamente las acciones del INAMU y del Estado Costarricense, hacia la erradicación de los patrones en los que se asienta la discriminación y la violencia contra las mujeres. La inversión permanente del INAMU en las capacidades ciudadanas de las mujeres desde su diversidad y en todos los ámbitos de la participación: nacional, regional y local, para que asuman el protagonismo en el planteamiento de las demandas, la configuración de las respuestas públicas y la evaluación de las mismas. El fortalecimiento del marco político, normativo y programático para garantizar que la política nacional para la igualdad y la equidad de género, se asuma como un compromiso integral del estado costarricense, que se traduce en metas de cumplimiento obligatorio para las instituciones implicadas en su desarrollo La prestación de servicios para la promoción de los derechos de las mujeres, a través de la información, la referencia, el seguimiento, la recepción y el trámite de denuncias así como los servicios de atención especializada, que permitan desarrollo de modelos de atención que consideren a las mujeres como sujetas y protagonistas del cambio social y personal requerido para avanzar hacia la igualdad y la equidad de género El diseño, la retroalimentación, la concertación y la institucionalización de la política nacional para la igualdad y la equidad de género, con un enfoque de derechos y de cambio paradigmático orientado hacia la transformación de las desigualdades de género en ejes estratégicos sobre los cuales las mujeres demandan avances sustantivos para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos: Ciudadanía de las mujeres Derechos económicos de las mujeres Sexualidad de las Mujeres Proyectos de Vida Autónomos de las niñas, adolescentes y jóvenes Violencia de Género El fortalecimiento de las capacidades del INAMU para ejercer su mandato y su rectoría, a través de una gestión técnica y administrativa colegiada y transparente ejercida con una visión estratégica que permita el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

3. Las Metas Institucionales Seguidamente se presenta una propuesta de las cinco Metas Institucionales para el fortalecimiento de la Rectoría Institucional en materia de Igualdad y Equidad de Género y los

46

Derechos de las Mujeres. Meta 1: Una estrategia institucional orientada a la transformación de los patrones socioculturales que fomentan y perpetúan la discriminación de género diseñada, ejecutada y evaluada. Meta 2: El Sistema Estatal para la Igualdad y la Equidad de Género (SEIEG) instalado y con sus instancias a nivel nacional y regional operando en la articulación, la promoción, el seguimiento y la evaluación de la política nacional para la Igualdad y la Equidad de Género con la participación de las mujeres en las instancias decisorias en el nivel nacional, regional y local. Meta 3: La política nacional para la Igualdad y la Equidad de Género formulada, ejecutada y evaluada con la participación directa de las mujeres en su diversidad, desde el nivel local, regional y nacional y articulada alrededor de los siguientes ejes estratégicos: ciudadanía de las mujeres, derechos económicos de las mujeres, sexualidad de las mujeres, proyectos de vida autónomos de las niñas, adolescentes y jóvenes y violencia de género. Meta 4: Una plataforma de servicios institucionales para la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, diseñada, puesta operación con personal especializado y protocolos de servicios y evaluada periódicamente. Meta 5: El Instituto Nacional de las Mujeres fortalecido en su marco legal, programático y presupuestario para el ejercicio de la capacidad rectora sobre la Igualdad, la Equidad de Género, la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres. “Costa Rica trabaja por garantizar la igualdad y equidad social, para toda la ciudadanía” Informe CEDAW

47

Referencias: • • • • • • • •

Página electrónica de la Comisión Jurídica para el adelanto de la mujer de las Naciones Unidas: www.un.org/womenwatch/daw Pagina electrónica del Instituto Nacional de las Mujeres: www.inamu.go.cr Pagina electrónica del Ministerio de Planificación y Política Económica del Gobierno de Costa Rica (Plan Nacional de Desarrollo): www.mideplan.go.cr Informes y presentación Oficial para el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de las Naciones Unidas (CEDAW) Aportes de las Áreas especializadas del Instituto Nacional de las Mujeres Documento: Agenda y Metas Institucionales del INAMU 2002-2006 Memoria Institucional INAMU Mayo 2002-Abril 2003 Memoria Institucional INAMU Mayo 2003- Mayo 2004.

48

ANEXOS Principales resultados/logros en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres Instrumentos Jurídicos Internacionales Aprobados -- 1999-2004 Ley Número 7907

8032 8053 8083 8071 8089 8122

8172

8242

8315

Nombre de la ley Aprobada Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “ Protocolo San Salvador “ Aprobación de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores Aprobación de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias Aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Aprobación de la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (ONU) Aprobación del Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de las niñas y niños en la pornografía Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados Aprobación del Protocolo para Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

Fecha de Aprobación 3 de setiembre 1999 19 de octubre 2000 28 de noviembre 2000 30 de enero 2001 14 de febrero 2001 6 de marzo 2001 17 de agosto 2001

7 de diciembre 2001

22 de abril 2002

26 de setiembre del 2002

LEGISLACION NACIONAL APROBADA -- 1999-2004 Ley Número Nombre de la ley Fecha de aprobación Reforma al artículo 33 que sustituye el vocablo 7880 27 de mayo de 1999 “hombre” por “persona” en la Constitución Política Reforma al artículo 76 de la Constitución Política 7878 01/06/99 (Obligación del Estado de velar por el

49

Ley Número Nombre de la ley mantenimiento y cultivo de los lenguajes indígenas nacionales) Ley contra la Explotación Sexual de las Personas 7899 Menores de Edad 7935 Ley de la Persona Adulta Mayor Autorización al IMAS para la condonación total y 7940 parcial de créditos hipotecarios sobre viviendas declaradas de interés social Creación de la Galería de la Mujer del INAMU 7954 (Homenaje a mujeres destacadas) 8017 Centros de Atención Integral para Niños y Niñas 8101 Ley de Paternidad Responsable Incorporación del principio de no discriminación 8107 en el trabajo (Reforma al Código de Trabajo) Creación del Juzgado de Violencia Doméstica en 8128 el Segundo Circuito Judicial de San José Creación del Juzgado de Violencia Doméstica en Circuito Judicial de Heredia, Alajuela, Cartago y 8129 un Juzgado Penal del Cantón La Unión, Provincia de Cartago Ley de Atención a Mujeres en Condiciones de 8184 Pobreza (Creación de un fideicomiso) 8186 Ley General de Espectáculos Públicos (Reforma) Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de 8239 los Servicios Públicos y Privados 8261 Ley General de la Persona Joven Ley de Protección a la Madre Adolescente 8312 (Reformas) Democratización de las instancias de decisión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8322 (integración de un 50% de mujeres como mínimo en los puestos de decisión) Reforma del Código Penal para endurecer las 8387 penas por sustracción y homicidio de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad Nombre del Decreto Número Decretos Ejecutivos La Salud Sexual Reproductiva Creación de la Comisión Interinstitucional sobre 27913-S Salud y Derechos Reproductivos y Derechos Sexuales 28484Creación de las Comisiones de Alto Nivel para el MAG-MEP- impulso de políticas públicas para la equidad de

50

Fecha de aprobación

7 de julio 1999 25 de octubre 1999 9 de noviembre 1999 13 de enero 2000 21 de setiembre 2000 27 de abril 2001 18 de julio 2001 20 de agosto 2001 23 de agosto 2001 17 de diciembre 2001 10 de enero 2002 2 de abril 2002 20 de mayo 2002 21 de octubre del 2002 5 de noviembre del 2002

13 de octubre 2003 Fecha de Aprobación

9 de junio 1999 2 de marzo 2000

Ley Número MTSS-SCM 29221MTSS 29528-CMCM

Nombre de la ley género

Fecha de aprobación

Creación de la Unidad de Género en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instar a los medios de difusión a presentar a las mujeres como personas creativas, agentes principales, contribuyentes y beneficiarias del proceso de desarrollo. (Premio Ángela Acuña Braun) Prohibición de utilizar equipos de cómputo y servicios de información para el acceso y exhibición de material pornográfico en las instituciones públicas

Directriz No. 30 dirigida a todos los Ministerios e Instituciones Públicas Aplicabilidad de las pruebas de ADN en procesos 29929de Paternidad Responsable MICITMCMC Reglamento para los comités de estudio del niño, 30007-S niña y personas adolescentes agredidas 30041-PMecanismos de Coordinación y Ejecución del MCM Programa Construyendo Oportunidades Regulación sobre el acceso de las personas 30955acreedoras alimentarias al salario escolar de los MCM-Hservidores públicos MTSS

51

9 de enero 2001

16 de abril 2001

7 de agosto 2001

17 de octubre 2001 23 de noviembre 2001 28 de noviembre 2001 3 de febrero 2003