CUADERNOS DEL ICESI 9

ANÁLISIS DE LA SÉPTIMA

ENCUESTA NACIONAL SOBRE INSEGURIDAD

ENSI-7/2010

FEBRERO 2011

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RESULTADOS

Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede resolver

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RESULTADOS

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal, la ignorancia. Sócrates

En la mayoría de los casos la ignorancia es algo superable. No sabemos porque no queremos saber. Aldous Huxley

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RESULTADOS

ICESI Luis de la Barreda Solórzano, Director General Cecilia Sayeg Seade, Directora de Operación Catalina Palmer Arrache, Coordinadora de Encuestas Mario Arroyo Juárez, Investigador Jacqueline Andrés Martínez, Investigador Virginia A. García Navez, Investigador Flavio Hernández Estrada, Investigador

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RESULTADOS

Asamblea de Asociados María de Lourdes Dieck, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente de COPARMEX José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Mario Sánchez Ruiz,Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Federico Reyes Heroles, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Este País

Consejo Técnico Asesor Guadalupe Espinosa, Fundación Este País Dora Elvira García González, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Ignacio Méndez Ramírez, Universidad Nacional Autónoma de México Luis Miguel Pando Leyva, Consejo Coordinador Empresarial Francisco Reyes,COPARMEX

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RESULTADOS

Contenido Introducción I. Revisión técnica I.1. Cuestionario I.2. Capacitación I.3. Supervisión en modalidad de observación en campo I.4. Marco muestral I.5. No respuesta Descripción de la no respuesta Entrevistas incompletas dentro de la no respuesta I.6. Reportes de campo I.7. Tendencias Victimización de hogares y de personas Tendencia general en la encuesta y cifra oficial Incidencia delictiva y delitos por víctima I.8. Otros aspectos Códigos de delitos Indicador de impunidad Indicadores de desempeño Intención de denuncia versus denuncia real Detalles particulares

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II. Resultados de la ENSI-7 II.1. Prevalencia Prevalencia en contexto Algunos resultados particulares Prevalencia en el estado de residencia Prevalencia en su ciudad (zonas metropolitanas de estudio) Porcentaje de hogares con víctimas Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad Porcentaje de hogares víctimas de ciertos delitos Prevalencia por tipo de delito II.2. Incidencia La incidencia delictiva Resultados particulares de incidencia Tasa general de delitos por 100 mil habitantes Tasa diferenciada de delitos al hogar Tasa diferenciada de delitos a las personas Distribución de hechos delictivos Secuestro Extorsión

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Contenido 7

RESULTADOS

II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13.

Violencia Denuncia y cifra negra La denuncia en contexto Resultados particulares sobre denuncia y cifra negra Desconfianza ciudadana, seguridad y democracia Otras instancias a las que se reporta el delito Características de las víctimas y la victimización Atención a víctimas Victimización reincidente o multivíctimas Perfil del delincuente Medios e inseguridad Afectación del delito y la victimización a la calidad de vida de los ciudadanos El miedo al delito Opiniones relacionadas a comunidad y delincuencia Confianza y desempeño institucional

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad III.1 Negación de la realidad delictiva y de la victimización. III.2. Estancamiento de la política de seguridad III.3. Los retos de la política nacional en materia de criminalidad y victimización a) Lineamientos de políticas para reducción de la criminalidad b) Lineamientos de políticas para reducir la victimización IV. Consideraciones finales V. Epílogo VI. Referencias bibliográficas VII. Referencias electrónicas

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II. Resultados de la ENSI-7 RESULTADOS

Lista de figuras Figuras del Capítulo I. Figura 1: Figura 2: Figura 3: Figura 4: Figura 5: Figura 6: Figura 7: Figura 8: Figura 9: Figura 10: Figura 11: Figura 12: Figura 13: Figura 14: Figura 15: Figura 16: Figura 17:

Número de preguntas en el cuestionario del hogar en ENSI-6 Y ENSI.7, considerando las preguntas nuevas que incluyó el INEGI en el ánimo de tener indicadores de desempeño y percepción de autoridades. Porcentaje de víctimas según el número de visitas necesitadas hasta completar la entrevista, ENSI-6/ 2009. Gráfico tomado del primer reporte de campo (sobre la primer semana) entregado por el INEGI a el ICESI sobre entrevistas completas con victimización y sin victimización por entidad. Sección III del cuestionario del hogar de la ENSI-7. Porcentaje de hogares con víctimas, prevalencia de víctimas (victimización general) y porcentaje de hogares con menores de edad victimizados. Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes en la República Mexicana Prevalencia de víctimas (Porcentaje de personas víctimas de algún delito) en la República Mexicana. Tasa de delitos por 100 mil hbs. a partir de la cifra oficial*. Porcentaje de delitos denunciados en la República Mexicana de acuerdo a encuestas de victimización*. Número de delitos por víctima en las zonas metropolitanas de estudio. Pregunta del cuestionario aplicado en ENIS-7 de donde se advierte el pequeño porcentaje de delitos que llegan a tener un delincuente puesto a disposición de un juez. Gráfico de seguimiento de la denuncia de los datos presentados en tablas por el INEGI. Distribución del seguimiento de la denuncia de los delitos que llegaron a una averiguación previa. Distribución de respuestas a la pregunta “¿Considera que en (ÁMBITO GEOGRÁFICO: PAÍS, ENTIDAD Y MUNICIPIO) por los delitos que cometen, los delincuentes son castigados ...siempre? ¿la mayoría de las veces? ¿algunas veces? ¿nunca son castigados?” Porcentaje de la intención de denuncia a las autoridades en el caso de robo en vía pública en el auto o en la casa (a la persona o un familiar), de acuerdo a una de las nuevas preguntas en la ENSI-7. Porcentaje de denuncia de delitos de acuerdo con la encuesta de victimización ENSI-7. Respuesta a la pregunta sobre intención de denuncia en caso de secuestro de algún familiar.

Figuras del Capítulo II. Figura 18: Figura 19: Figura 20: Figura 21: Figura 22: Figura 23: Figura 24: Figura 25: Figura 26: Figura 27: Figura 28:

Prevalencia de hogares con víctima Estructura de oportunidad delictiva Porcentaje de víctimas en cualquier parte de la República Mexicana en las zonas metropolitanas de estudio de acuerdo a las encuestas de victimización ENSI*. Distribución de hechos delictivos 2009 y 2008 a nivel nacional. Distribución de hechos delictivos en el conjunto de zonas metropolitanas de estudio (En ENSI-6 el conjunto es de 14 ciudades y en ENSI-7, 17). Distribución por tipo de extorsión a nivel nacional. Distribución de todos los delitos sobre la portación de armas y porcentaje en que la víctima es agredida, habida cuenta que el delincuente portaba arma, a nivel nacional. Porcentaje de delitos donde hubo agresión con arma a la víctima, en los casos donde el delincuente portaba alguna, a nivel nacional. Porcentaje del total de delitos, en los que la víctima fue agredida con un arma, a nivel nacional (se consideran todos los delitos, haya estado presente la víctima o no). Porcentaje de delitos con presencia de armas, por tipo delito a nivel nacional. Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público a nivel nacional.

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Lista de figuras RESULTADOS

Figura 29: Figura 30: Figura 31: Figura 32: Figura 33: Figura 34: Figura 35: Figura 36: Figura 37: Figura 38: Figura 39: Figura 40: Figura 41: Figura 42: Figura 43: Figura 44: Figura 45: Figura 46: Figura 47: Figura 48: Figura 49: Figura 50: Figura 51: Figura 52: Figura 53: Figura 54: Figura 55: Figura 56: Figura 57: Figura 58:

Porcentaje de delitos denunciados en zonas metropolitanas de estudio (el número de zonas ha variado en cada encuesta). Razones por la que no se fue a denunciar el delito, nivel nacional. Razones por la que se denuncian los delitos, a nivel nacional. Porcentaje de denuncia ante el M.P. según el monto de la pérdida económica por el delito, a nivel nacional, a partir de varias ENSI. Diagrama sobre la cifra negra a nivel nacional a partir de varias encuestas. Distribución del tiempo que demoró realizar una denuncia ante el M.P. en 2009, según ENSI-7/2010. Delitos en que hubo averiguación previa. Distribución de calificación al trato recibido en el Ministerio Público en 2009, según ENIS-7/2010. (Delitos en que las víctimas acudieron al M.P. a denunciar). Porcentaje de víctimas por sexo durante 2009, según ENSI-7/2010. Distribución por sexo de las víctimas por tipo de delito, nivel nacional. Servicios recibidos por víctimas que acudieron al Ministerio Público a denunciar en 2009, por parte de autoridades o instituciones, según ENSI-7/2010, a nivel nacional. (Respuestas de las víctimas que acudieron al M.P. a: ¿Qué servicios le proporcionaron las autoridades o instituciones al ser víctima de un delito?) Porcentaje de mención de cada servicio que las víctimas de delitos en 2009 que acudieron al M.P. consideran deben ser proporcionados, según ENSI-7/2010 a nivel nacional (Respuestas de las víctimas que acudieron al M.P. a: ¿Qué servicios considera que las autoridades o instituciones deberían proporcionarle a usted al ser víctima de un delito?). Esquema de la victimización reincidente, 2009 porcentaje de univíctimas en años anteriores. Sexo del delincuente de los delitos ocurridos durante 2009, según ENSI-7 y encuestas anteriores. Edad del delincuente a nivel nacional en varias ENSI. Número de delincuentes por delito según varias ENSI. Percepción de las víctimas respecto al estado en que se encuentran los delincuentes, durante la comisión del delito (nivel nacional). Porcentaje de la población de adultos que utiliza cada medio para enterarse de noticias sobre la inseguridad. Resumen de respuesta a nivel nacional a la pregunta ¿Con qué frecuencia ve lee o escucha noticias? ENSI-7/2010. Resumen a nivel nacional de las respuestas a la pregunta ¿Considera que el tiempo o espacio que los medios de comunicación le dan a las noticias sobre delincuencia e inseguridad es…? ENSI-7/2010. Porcentaje de personas que ven noticieros de televisión y considera que el estado donde residen es inseguro, según su exposición a noticias sobre criminalidad. Afectación a la calidad de vida por la delincuencia a nivel nacional Medidas de seguridad tomadas por los hogares en México (porcentaje de hogares que tomaron cada medida), a nivel nacional, ENSI-7/2010. Gasto promedio en medidas de seguridad por hogar que toma medidas de protección. Actividades que dejaron de hacer las personas durante 2009 por temor a ser víctimas de un delito. (Se muestra el porcentaje de personas que dejó de hacer cada actividad el año de referencia). Respuesta a nivel nacional a la pregunta: “Cuando sale de su casa, ¿Lo hace con el temor de ser víctima de algún delito….?”, ENSI-7/2010. Principales problemas de la comunidad relacionados con la inseguridad declarados por los encuestados en ENSI-7, a nivel nacional. Principales problemas de la comunidad relacionados con la inseguridad declarados por los encuestados en ENSI-7, en el conjunto de 17 zonas metropolitanas de estudio. Principales acciones para combatir la delincuencia que las personas dicen saber se han realizado en su ciudad/localidad, según ENSI-7/ 2010, nivel nacional. Acciones que considera la población se deben tomar para mejorar la seguridad en su ciudad/localidad, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. Principales causas de la delincuencia mencionadas en cualquiera de los primeros tres lugares por los encuestados, a nivel nacional.

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Lista de figuras RESULTADOS

Figura 59: Respuesta a nivel nacional a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con los operativos llevados a cabo por el gobierno federal en algunas ciudades del país en contra de la delincuencia organizada?* Figura 60: Porcentaje de la población de 18 y más años que identifica a las autoridades especificadas, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. Figura 61: Porcentaje de personas de 18 o más años según la confianza que le inspira cada autoridad mencionada (personas que dijeron conocer la autoridad), a nivel nacional, según ENSI-7/2010 (Respuestas a: ¿Cuánta confianza le inspira...? ) *La gráfica no muestra el porcentaje que dijo no saber o no quiso responder, con lo que se completaría el 100% por cada autoridad. Figura 62: Porcentaje de personas que han recibido solicitud de soborno de parte de alguna autoridad, a nivel nacional. Figura 63: Porcentaje de personas que han recibido intento de soborno de parte de cada autoridad según ENSI-7/2010. Figura 64: Porcentaje de la población que considera el desempeño de cada autoridad en el combate a la delincuencia muy efectivo o algo efectivo, y poco efectiva o nada efectivo, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. Figura 65: Porcentaje de la población que considera el desempeño de cada autoridad en el combate a la delincuencia muy efectivo o algo efectivo, y poco efectivo o nada efectivo, en las 17 zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010.

Figuras del Capítulo III. Figura 66: Composición de la cifra real de la delincuencia Figura 67: Comparativo de los cinco estados de mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes según la ENSI-7, y sus respectivas cifras oficiales según el SNSP. Cifra Oculta vs. Cifra Oficial. Figura 68: Marco Ecológico de la Delincuencia

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II. Resultados de la ENSI-7 RESULTADOS

Lista de tablas Tablas del Capítulo I. Tabla I 1: Tabla I 2: Tabla I 3 : Tabla I 4: Tabla I 5 : Tabla I 6: Tabla I 7: Tabla I 8: Tabla I 9: Tabla I 10: Tabla I 11: Tabla I 12: Tabla I 13: Tabla I 14: Tabla I 15 : Tabla I 16: Tabla I 17:

Distribución de no respuesta Distribución de la no respuesta por ser área insegura Desglose de la no respuesta en Chihuahua y Tamaulipas Distribución de las entrevistas incompletas clasificadas como no respuesta. Entrevista incompletas y sin información de persona elegida en las entidades con más frecuencia de este tipo de “no respuesta”. Porcentajes de viviendas con entrevistas completas con victimización (01) y sin victimización (02) en las ciudades de estudio, según el reporte de la quinta semana de campo entregado al ICESI por el INEGI. Porcentajes de viviendas con victimización y sin victimización según reporte de la quinta semana de campo que fuera entregado al ICESI por el INEGI. Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de algún delito en la República Mexicana, por entidad federativa de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2004, 2007, 2008 y 2009. Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de algún delito en la República Mexicana, en las ciudades de estudio de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2004, 2005, 2008 y 2009.. Porcentaje de hogares con alguna víctima en la República Mexicana por entidad federativa de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2007, 2008 y 2009. Porcentaje de hogares con alguna víctima en la República Mexicana, en las zonas metropolitanas de estudio de acuerdo con encuestas de victimización. Porcentaje de hogares con menores de edad víctima de algún delito en la República Mexicana, durante 2008 y 2009 por entidad federativa de acuerdo con encuestas de victimización. Porcentaje de hogares con menores de edad víctima de algún delito en la República Mexicana, durante 2008 y 2009 en las ciudades de estudio de acuerdo con encuestas de victimización. Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes en la República Mexicana de acuerdo con encuestas de victimización. Tasa general de incidencia delictiva en las zonas metropolitanas de estudio durante 2009, según ENSI-7/ 2010. Delitos por víctima por entidad federativa durante 2009, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo) Reclasificación de delitos tras revisión de variables originales de texto.

Tablas del Capítulo II: Tabla II 1: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en la República Mexicana durante 2009. Resultados ENSI-7/2010. Tabla II 2: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en la República Mexicana en las zonas metropolitanas de estudio, durante 2009 según ENSI-7/2010. Tabla II 3: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en su estado de residencia en 2009, por entidades, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo) Tabla II 4 : Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en el estado de residencia en 2009, para las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo) Tabla II 5: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito durante 2009 en su ciudad, en las zonas metropolitanas de estudio. (Estimación por intervalo) Tabla II 6: Porcentaje de hogares con víctimas durante 2009, por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 7: Porcentaje de hogares con víctima en las zonas metropolitanas de estudio durante 2009 según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 8 : Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad, de los hogares con algún miembro menor de 18 años durante 2009, por entidades, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 9: Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

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Lista de tablas RESULTADOS

Tabla II 10 : Porcentaje de hogares víctimas de robo a casa habitación, robo total de vehículo o robo parcial de vehículo durante 2009, a nivel nacional y en el colectivo de 17 zonas metropolitanas, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 11: Porcentaje de hogares que sufrieron robo parcial de vehículos en su estado, durante 2009 por entidad, según ENSI-7/ 2010. -Se consideran hogares con vehículos particulares durante 2009). (Estimación por intervalo-. Tabla II 12: Porcentaje de hogares que sufrieron robo parcial de vehículos en su estado, durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010 -Se consideran hogares con vehículos particulares durante 2009-. (Estimación por intervalo) Tabla II 13: Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de cada tipo de delito (considerado en le encuesta) ocurrido en la República Mexicana durante 2009, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 14: Tasas general de incidencia delictiva por 100 mil habitantes, por entidades según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 15: Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes, en las zonas metropolitanas de estudio según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 16: Tasa de incidencia de delitos al hogar por mil hogares a nivel nacional en 2009, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 17: Tasa de incidencia de delitos al hogar por mil hogares en 2009, para el conjunto de zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 18: Tasas diferenciadas de delitos al hogar por mil hogares en 2009, por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 19: Tasa diferenciada de delitos al hogar por mil hogares, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 20: Tasa diferenciada de delitos a las personas en 2009, por 100 mil habitantes de 18 y más años, según ENSI-7/ 2010, por entidad federativa. (Estimación por intervalo). Tabla II 21: Tasa diferenciada de delitos a las personas en 2009 por 100 mil habitantes de 18 y más años, según ENSI-7/ 2010, por zona metropolitana de estudio. (Estimación por intervalo). Tabla II 22: Tasas de delitos a las personas por 100 mil habitantes de 18 y más años, en 2009 a nivel nacional por tipo de delito, a partir de ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 23: Tasas de delitos a las personas por 100 mil habitantes de 18 y más años, en 2009 en el conjunto de zonas metropolitanas de estudio, por tipo de delito, a partir de ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 24: Tasa diferenciada de robo a casa habitación por mil hogares, durante 2009 por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 25: Tasa diferenciada de robo a casa habitación por mil hogares, durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 26: Tasa diferenciada de robo total de vehículo por mil hogares, 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 27: Tasa diferenciada de robo total de vehículo por mil hogares, en 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 28: Tasa diferenciada de robo parcial de vehículo por mil hogares durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 29: Tasa diferenciada de robo parcial de vehículo por mil hogares durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 30: Tasa diferenciada de robo a transeúnte por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 31: Tasa diferenciada de robo a transeúnte por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-772010. (Estimación por intervalo). Tabla II 32: Tasa diferenciada de otros robos por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 33: Tasa diferenciada de otros robos por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 34: Tasa diferenciada de lesiones por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 35: Tasa diferenciada de lesiones por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 36: Tasa de extorsiones por 100 mil habitantes de 18 o má años durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 37: Tasa diferenciada de extorsiones por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 38: Tasa diferenciada de fraudes por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 39: Tasa diferenciada de fraudes por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, en zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

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Lista de tablas RESULTADOS

Tabla II 40: Denuncia y cifra negra en el delito de secuestro a partir de estimaciones conjuntas de varios años. Tabla II 41: Porcentaje de delitos a mano armada por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 42: Porcentaje de delitos a mano armada durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 43: Porcentaje de cifra oculta (delitos sin averiguación previa) por entidad en 2009, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 44: Porcentaje de cifra oculta (delitos sin averiguación previa) en las zona metropolitanas de estudio según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 45: Distribución de otras instancias a las que las víctimas reportaron el delito ocurrido durante 2009, a nivel nacional y global de ciudades, según ENSI-7/2010. Tabla II 46: Porcentaje de víctimas por grupo de edad y sexo durante 2009, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 47: Porcentaje de víctimas por grupo nivel de escolaridad durante 2009, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 48: Porcentaje de víctimas en jefes de hogar durante 2009, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo). Tabla II 49: Sexo del delincuente por tipo de delito en varias mediciones ENSI. Tabla II 50: Edad de los delincuentes por tipo de delito Tabla II 51: Número de delincuentes por tipo de delito en varias ENSI Tabla II 52: Porcentaje de personas de 18 o más años que consideran que los delitos aumentaron, disminuyeron o siguieron igual en varios ámbitos, durante 2009, según ENSI-7/2010. Tabla II 53. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su estado inseguro. Tabla II 54. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su estado inseguro por zona metropolitana. Tabla II 55. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su municipio o delegación inseguro por entidad federativa. Tabla II 56. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su municipio o delegación inseguro por zona metropolitana. Tabla II 57. Porcentaje de hogares que tomaron al menos una medida de protección. Tabla II 58. Porcentaje de personas que dejaron de hacer algún tipo de actividad por temor a ser víctimas de un delito por entidad federativa. Tabla II 59: Porcentajes de respuestas afirmativas sobre los operativos del gobierno federal en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI-7/ 2010. Tabla II 60: Porcentaje por grado de confianza que inspiran diversas instituciones en varias ENSI a nivel nacional (se exhiben porcentajes de respuesta en Mucha-alguna confianza / poca o ninguna confianza).

Tablas del Capítulo III. Tabla III 1: Incidencia Delictiva, México 2009. Cifra Oculta vs. Cifra Oficial

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II. Resultados de la ENSI-7 14

RESULTADOS

Introducción Durante décadas el Estado mexicano descuidó la generación de estadísticas en materia de victimización y seguridad pública. De hecho, la realización de estudios empíricos sobre criminalidad y victimización está prácticamente ausente en las agendas y presupuestos de las instituciones gubernamentales de los tres niveles: federal, estatal y municipal. Por esta razón, la sociedad civil organizada ha tenido que cubrir esos vacíos de información, no sin esfuerzos y obstáculos, pero finalmente lográndolo con calidad y con el reconocimiento nacional e internacional. Tal es el caso del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que desde su creación se ha distinguido por la elaboración de estudios académicos, pero sobre todo por ser el pionero en México en el diseño, aplicación y análisis de encuestas de victimización con cobertura nacional, estatal y a nivel urbano.1 Sin embargo, esta trayectoria del ICESI como rector de las encuestas de victimización se vio interrumpida, al parecer por presiones políticas en 2010. De tal suerte que el 16 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en virtud del cual las Encuestas Nacionales de Inseguridad (ENSI’s) quedaban ahora bajo la responsabilidad exclusiva del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). El 28 de julio de 2010 diversas organizaciones enviaron una carta al Presidente Felipe Calderón en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a los demás miembros de dicho Consejo solicitando “la rectificación del acuerdo aludido a fin de que las encuestas nacionales sobre inseguridad sigan siendo conducidas por la sociedad civil, en particular por ICESI, quien desde el 2002 se ha dado a esa tarea con probidad y calidad”. 2 En respuesta, el Presidente Calderón declaró el 2 de agosto de 2010 en la sesión pública de los Diálogos por la Seguridad: “Soy sensible también al hecho de que en distintos foros se ha expresado una preocupación sobre los instrumentos de medición ciudadana, en particular, por ejemplo, sobre la participación del ICESI en la Encuesta Nacional de Seguridad. Reconozco el valor de la participación de la sociedad en la medición de los fenómenos delictivos. Nada más lejos de la intención de mi Gobierno que el prescindir de un instrumento de evaluación y monitoreo fundamental para el seguimiento de política pública en materia de seguridad, como lo es el esfuerzo del ICESI. Me ha informado el Secreta-

rio de Gobernación del avance en las conversaciones a fin de seguir contando con la valiosa aportación de esta Institución, y le instruyo a que concrete los mecanismos para institucionalizar la participación del ICESI en este tipo de mediciones.” 3 Lamentablemente esto no ocurrió así: el INEGI se hizo cargo de la ENSI 7.4 El 10 de noviembre el ICESI hizo público que había sido excluido de la realización de la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7). Al no tener la rectoría y al haber sido excluido de decisiones y acciones cruciales, el ICESI no puede avalar los resultados de dicha encuesta. Desde hace ya muchos años la entonces Oficina para el Control de Drogas y Prevención del Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONUDD) advirtió que los países con frecuencia no revelan con precisión sus índices delictivos a sus propios ciudadanos, ya sea porque no cuentan con ella o bien porque su difusión puede generar reacciones adversas.5 El hecho que sea ahora el INEGI el que realice las encuestas de victimización rebasa las discusiones técnicas si se consideran las condiciones en que se dio el proceso de exclusión del ICESI de la ENSI. Dado que no existe una respuesta clara, pública y racional por parte de las autoridades involucradas sobre la exclusión del ICESI de su propia encuesta, es difícil avizorar el curso que tomarán las mediciones independientes de la victimización y la criminalidad en México.6 Ante esta situación de silencio y opacidad, sólo queda tratar de interpretar las acciones gubernamentales. La sociología de la negación7 nos ayuda a entender cómo en ocasiones los gobiernos prefieren callar las cosas que les incomodan; matizar o definitivamente esconder las cosas de las que todo mundo habla pero que según su visión sería mejor que no se conocieran: en este caso los datos de victimización e incidencia delictiva. Qué mejor para esconder una verdad que dejarle las mediciones en cuestión a un instituto formalmente autónomo que considera válidas las respuestas de los encuestados producidas en condiciones que comprimieron su libertad. En la ENSI-6 el ICESI no validó los resultados de Tamaulipas porque las entrevistas se realizaron en varias ciudades bajo la vigilancia de un grupo organizado, según un reporte del propio INEGI. Tampoco hubiera admitido la consistencia de cifras en entidades en las que, en la ENSI-7, las condiciones de inseguridad principalmente im-

Introducción 15

RESULTADOS

pidieron la aplicación de un tercio de los cuestionarios como se verá más adelante. Sin embargo, el INEGI “… procesa las respuestas que le proporcionan los entrevistados y pone a disposición de los usuarios las estimaciones que resultan. Los resultados reflejan la opinión de los entrevistados. Así es el caso de Tamaulipas y el resto de las entidades federativas”.8 He ahí un ejemplo de la diferencia que implica que sea un instituto público o ciudadano el que realice las encuestas de victimización. El INEGI habla de “criterios” diferentes. Para el ICESI debe existir una clara explicación criminológica del contexto social en que se realiza la encuesta para poder discernir si los cuestionarios aplicados y las condiciones en que se aplicaron pueden ser considerados como válidos para dar una estimación. El INEGI simplemente “refleja la opinión de los entrevistados”, de los que logró entrevistar claro está, ya que muchos de ellos, por ejemplo en Tamaulipas, no respondieron la encuesta precisamente por razones de inseguridad.9

El ICESI lamenta no estar en condiciones de avalar y mucho menos de garantizar la confiabilidad de la información generada. El sociólogo Pierre Bourdieu señala el riesgo de que prevalezca el interés político sobre la búsqueda objetiva de la verdad: 10 “Las problemáticas que proponen los sondeos de opinión están subordinadas a intereses políticos, y ello determina con fuerza a la vez el significado de las respuestas y el que se atribuye a la publicación de resultados. Tal como están las cosas actualmente, el sondeo de opinión es un instrumento de acción política…”11 La ENSI adquirió prestigio nacional e internacional. Era un instrumento confiable de medición del problema que más afecta e irrita a los mexicanos. El ICESI no pierde la esperanza de que más adelante se den condiciones para que la encuesta vuelva a ser ciudadana, objetiva y rigurosa.

Notas de la introducción 1 Se puede consultar el sitio: http://www.icesi.org.mx/estadisticas/ estadisticas_encuestasNacionales.asp 2 http://www.icesi.org.mx/publicaciones/comunicados/icesi_diario_de_yucatan.asp 3 Palabras del Presidente Felipe Calderón, Diálogos por la Seguridad, 2 de agosto de 2010, Residencia Oficial de los Pinos, México, D.F. 4 El INEGI, faltando a los principios más elementales de la honestidad intelectual, incluso violando su propio código de ética, publicó un documento titulado: Séptima Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI-2010): Síntesis Metodológica, sin hacer mención alguna al ICESI. El Código de Ética para los integrantes del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al que está obligado el INEGI según lo establece el artículo 7 de la Ley del Sistema Nacional de Información, establece como uno de sus principios el de integridad, misma que fue vulnerada al no dar los créditos necesarios al ICESI sobre la propiedad intelectual y la autoría de la Encuesta Nacional de Insegu-

ridad que viene realizando desde 2002. Al 31 de enero en la publicación disponible en la siguiente dirección: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/ encuestas/hogares/sm_ensi-07.pdf, no se otorgaba crédito alguno al ICESI, no sólo de la ENSI-7, sino de ninguna de las anteriores, no obstante que ya el titular del INEGI había reconocido el 23 de noviembre de 2010, en una carta dirigida al titular del ICESI que: ”… lamento profundamente que en el documento titulado “Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010: síntesis metodológica”, elaborado por las áreas técnicas, se haya omitido la participación del ICESI en estos esfuerzos y he dado instrucciones para que esto se corrija de inmediato”. 5 Cfr. United Nations. Global Report on Crime and Justice. Office for Drug Control and Crime Prevention. Centre International Crime Prevention, New York, Oxford University Press, 1999. 6 El INEGI anunció el 11 de enero de 2011 la creación del Centro de Ex-

celencia para Estadísticas de Gobierno, Victimización, percepción de Seguridad Pública y Justicia, que tiene dentro de sus objetivos realizar “encuestas de gobierno, victimización, percepción de la seguridad pública y la justicia”. 7 Cfr. Stanley Cohen, States of Denial: Knowing about atrocities and suffering. Polity Press, London, 2001. 8 INEGI. “Posición del INEGI respecto a la Información sobre seguridad pública”, http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/ prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2011/Enero/ comunica1.pdf 9 Ver el Capítulo I sobre revisión técnica. 10 De ahí el argumento recurrente del INEGI de que simplemente estaba obedeciendo un mandato del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 11 Pierre Bourdieu. “La opinión pública no existe”, en Sociología y cultura, CNCA/Grijalbo, México, p.241.

II. Resultados de la ENSI-7 16

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I. Revisión técnica Ajustándose a recomendaciones internacionales12, el ICESI pretende en este reporte abordar la revisión sobre la confiabilidad, exactitud y utilidad de los datos; hasta donde es posible −porque no tiene conocimiento completo de la encuesta−, se pretende examinar las posibles fuentes de error de muestreo y no muestreo. Debe ser claro que al no tener el ICESI la rectoría de la ENSI-7, lo cual significa que no tuvo conocimiento ni control de todas las etapas, ni atribuciones para exigir reportes especiales, ni la facultad de tener observadores en campo en todos los estados, no puede dar garantía de la aplicación de esta encuesta, es decir no puede avalarla. Cualquiera que tome la base de datos, con ciertos conocimientos, puede extraer indicadores resultantes. Sin embargo, los comentarios que pueda aportar el ICESI, dada su experiencia, serán de utilidad para que investigadores que hagan uso de la base de datos estén prevenidos y tomen cautela a su discreción. Antes de comenzar con la revisión de la ENSI-7, cabe la siguiente reflexión de la ONUDD, que coincide con la filosofía con la que se creó el ICESI para hacer encuestas victimológicas en México: “A menudo es deseable separar al organismo u oficina que condujo [conduce] la encuesta y analizó [analiza] los datos de los organismos relacionados con las políticas gubernamentales a fin de garantizar que los resultados estén libres de influencia política. Esta separación puede también servir para incrementar la aceptación pública de los hallazgos de la encuesta”13.

I.1. Cuestionario El cuestionario de una encuesta es un elemento clave, ya que de él se desprenden los indicadores de interés. El Consejo Técnico del ICESI cada año ha acostumbrado revisar el cuestionario a fin de incorporar cambios que se consideren necesarios cuidando con esmero su integridad y continuidad. Sin embargo, en esta ocasión, aunque el Consejo Técnico hizo su parte en este sentido, se recibió una versión de cuestionario del hogar por parte del INEGI con el aviso de que se pensaba cambiar el nombre de la encuesta a “Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Justicia 2010”14. Cabe señalar que existían cambios y diferencias cruciales entre el cuestionario de hogar que entregó el INEGI por primera ocasión y los aplicados en años anteriores, ya que se ignoraban cuidados implementados por el ICESI como las preguntas filtro; también se cambiaba de manera importante las preguntas de percepción, de forma que no se hubiera tenido seguimiento de indicadores. Se dieron dos reuniones donde el INEGI presentó versiones del cuestionario, y tras ellas el ICESI envió por escrito observaciones sobre los cambios o preguntas que se pretendía incluir15. El 1º de julio el Consejo Técnico del ICESI se reunió y envió una carta al Presidente del INEGI haciendo ver que el cuestionario original de la ENSI fue elaborado por un grupo de expertos (en criminología, estadística, derecho penal, sociología, psicología) con los cuidados y conocimientos debidos, mientras que el que estaba proponiendo el INEGI se apartaba de los aplicados en encuestas anteriores, por lo que se perderían muchos indicadores.

Posteriormente, el ICESI y el INEGI fueron citados a una reunión en la Oficina de Presidencia el 9 de julio. Asistieron también autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acompañando al INEGI. El ICESI llevó una propuesta que mantenía la estructura de los cuestionarios anteriores y sugería un módulo final con las nuevas preguntas del INEGI. Se planteó que era importante no alargar en demasía el tiempo de la encuesta de victimización, de manera que eso no fuera un factor que cambiara la disposición a responder y la atención del encuestado. La propuesta del ICESI no fue aceptada. Los argumentos planteados sobre deficiencias de preguntas específicas tampoco fueron aceptados, argumentando que se incluían por “mandato”. Finalmente el ICESI advirtió que la única manera en que se podía hacer la encuesta era bajo el formato de cuestionario al que se había llegado, que por fortuna guardaba el grueso de las preguntas de victimización y delitos de otras ENSI, así como la redacción de muchas preguntas de percepción, pero incluía muchas preguntas nuevas intrascendentes, o que se prestan a un mal uso o interpretación. Como es sabido el ICESI dio cuenta de la exclusión de la que estaba siendo objeto durante el proceso de desarrollo del cuestionario así como de otras etapas de la encuesta. El reporte operativo del INEGI es claro en la manera en que se trabajó el marco conceptual, los reactivos y el cuestionario. Es importante advertir que el propio INEGI señaló la falta de fundamento teórico conceptual en el proceso. A continuación se cita el Informe Operativo de la ENSI-716: “La participación del INEGI se centró en la revisión del cuestionario, identificando los temas ya estable-

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cidos a partir de las ediciones anteriores y los que se propuso para incluir en este proyecto; también se trabajó en la elaboración del instructivo de llenado, criterios de elegibilidad y situaciones especiales, para lo cual se retomaron las definiciones de la ENSI-6 y se consultó bibliografía especializada para definir conceptos relacionados con la temática que se incorporó a la encuesta, ya que aún no se tiene el documento conceptual que sustente teóricamente la temática de estudio; asimismo, se determinaron las variables e indicadores que se espera obtener con la información que se capte a partir del instrumento diseñado. El trabajo de revisión del cuestionario se enfocó a las preguntas relacionadas con la percepción del trabajo de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de los tres niveles gobierno. Para suplir la falta del fundamento teórico-conceptual del proyecto, fue necesaria la participación de especialistas en materia de victimización y seguridad pública (para la revisión del instructivo de llenado del cuestionario, la definición de conceptos y el propio instrumento de captación, mismos que fueron elaborados por el INEGI para garantizar que correspondieran con los objetivos planteados). Se conformó un grupo de trabajo con personal de la Dirección de Diseño Conceptual de Encuestas Tradicionales y Especiales, la Dirección de Encuestas Especiales y la Dirección General Adjunta de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI, cuya tarea fue determinar el diseño y desarrollo de la encuesta, precisar las definiciones básicas respecto a los objetivos de las secciones temáticas, la relación entre las variables de cada tema y los indicadores que se pretende obtener.” Cabe mencionar que el Cuaderno 4 del ICESI, publicado en 2009, contiene el marco conceptual de la ENSI.

Figura 1: Número de preguntas en el cuestionario del hogar en ENSI-6 Y ENSI.7, considerando las preguntas nuevas que incluyó en INEGI en el ánimo de tener indicadores de desempeño y percepción de autoridades.

El cuestionario de la ENSI-7 prácticamente se duplicó en número de preguntas y tiempo de respuesta (Figura 1). A partir de las pruebas que hizo el ICESI y de los ejercicios en campo que pudo observar, el tiempo de la entrevista de una persona sin victimización, que antes era de 20 minutos, se alargó a 50 minutos o más. Es importante señalar que al mantener todas las preguntas en el cuestionario del hogar, previo a la sección de victimización de la persona elegida, existe la posibilidad de que se haya introducido un factor de tiempo y hastío en el encuestado, con variaciones según la habilidad del encuestador. Técnicamente esto puede dar lugar a falta de atención y sesgos en las respuestas posteriores. Haría falta un estudio específico para medir con exactitud, pero de acuerdo a otras experiencias es una hipótesis factible. Puede ocurrir que otras encuestas de otros países ma-

nejen longitudes de cuestionario equiparables o mayores a la del cuestionario de esta última encuesta. El detalle no es la comparación con otros ejercicios, sino con la misma encuesta pues de allí deben salir mediciones comparables de un mismo país. Por ejemplo, el British Crime Survey (BCS) reporta un tiempo promedio de 50 minutos por entrevista, 44 para no víctimas y 66 para víctimas. Pero señala que se conserva el mismo largo de entrevista desde 200117. Además dicha encuesta contiene módulos que se aplican sólo a submuestras por grupo de edad o raza. El cuidado del ICESI por mantener el cuestionario lo más apegado al de encuestas anteriores fue signo de responsabilidad profesional y social. Es sabido que cambios en los instrumentos de medición son factores que introducen sesgos18 19, en un estudio. Un ejemplo particular se aprecia en un estudio compara-

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tivo de varias encuestas en Australia donde el contexto de la encuesta (preguntas previas a las de victimización) y fraseo de las preguntas fueron identificadas como factores que inducen diferencias en los resultados, entre otros20.

I.2. Capacitación y verificación del programa en minilap El ICESI sólo consiguió escasos espacios donde se admitiera su participación o se le informara del desarrollo de la encuesta. En primer lugar, se concertó una reunión previa a la capacitación donde el INEGI presentaría al ICESI el cuestionario en papel y en minilap (el cual estaba inconcluso), detalles de la muestra y el manual de entrevistadores. Dicha reunión se llevó a cabo el 16 de julio de 2010 en Aguascalientes. El formato de la reunión consistió en presentación de lo ya establecido o hecho por el INEGI. A continuación se mencionan aspectos de importancia que fueron de conocimiento del ICESI en esta reunión: a. El INEGI informó que eliminaron del marco muestral las zonas más peligrosas, que pueden ser de riesgo para los encuestadores. Esto lo conocían en el INEGI muy bien ya que acababan de pasar por el trabajo del censo. Se advirtió que era de gran importancia conocer los detalles sobre este asunto, ya que siendo el tema la inseguridad obviamente había que considerar los factores que pudieran afectar los resultados. El ICESI solicitó se le informara de las zonas donde se eliminaron unidades primarias de muestreo por esta razón por estado y ciudades. b. Por otra parte, se informó que se estableció un código de NO-RESPUESTA nuevo − el código 13− que daría cuenta de los casos de “no respuesta

por inseguridad”. Se asignaría en los lugares donde los encuestadores no pudieran entrar por significar un riesgo a su persona. Igualmente, el ICESI enfatizó la importancia de conocer este tipo de no respuesta, pues también habría que tomar en cuenta en la interpretación. c. El INEGI indicó que la base de datos que se entregaría al ICESI incluiría la hoja de no respuesta y que en esta se identificarían los casos de código 13 (área insegura). d. El ICESI solicitó el esquema de la muestra, pues no se le había entregado nada al respecto. e. El ICESI mencionó la importancia de salvaguardar la seguridad de los encuestadores y que de haber situaciones como las de los halcones en Tamaulipas en la ENSI-6, se debería informar de inmediato a las partes involucradas en la encuesta, con lo que con mucha probabilidad se optaría por no hacer el levantamiento en dicho lugar. El ICESI explicó que eso sería mejor que recibir datos que no fueran sostenibles, para que finalmente se tuviera que informar de tal “situación de vigilancia” durante el trabajo de campo. f. El INEGI informó que las labores de la encuesta en cuanto a identificación de viviendas en campo comenzaron a principios de junio, y que la última fase de la planeación en campo terminó el 15 de julio (un día antes de la reunión en cuestión), lo cual pone en evidencia que la encuesta corría sin la notificación ni participación del ICESI. Durante la semana del 19 al 23 de julio de 2010, se celebró la capacitación central de coordinadores estatales en Aguascalientes. Al inicio de la capacitación se concedió al ICESI una participación exclusivamente de 45

minutos, aportando elementos al marco conceptual, con el tema de “Victimización y delitos”. Personal del ICESI estuvo presente en las aulas de capacitación durante toda la semana, pero se les pidió que cualquier argumento o aclaración lo comentaran con el capacitador de manera que no se perdiera el control de grupo. En ambas aulas, los comentarios de aclaraciones y ejemplos por parte de los asistentes del ICESI fueron inevitables e importantes. El ICESI hizo también observaciones al manual de entrevistadores. Por mencionar un ejemplo, un error importante era que en el manual, en la parte que explicaba la aplicación de la pregunta que indagaba sobre la aceptación o no de los operativos del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada, se indicaba que por “operativos” cabía entender también el alcoholímetro (incluso había una ilustración en el manual sobre el alcoholímetro en dicha sección). Simultáneamente, había un aula donde se capacitaba al personal técnico en el funcionamiento del cuestionario en minilap. Personal del ICESI estuvo presente en dicho grupo y tuvo la oportunidad de probar el programa del cuestionario y hacer señalamientos a las fallas que encontraba en su funcionamiento. Como se mencionó anteriormente, el programa estaba inconcluso por lo que todas las observaciones encontradas eran importantes de atender. Cabe mencionar que, llegando al final de la capacitación central, personal del INEGI a cargo expresó directamente a las personas del ICESI que sería de utilidad contar con su apoyo en las capacitaciones estatales. Sin embargo, al consultar con los superiores del INEGI se les indicó que el ICESI solamente podría asistir como observador, sin participar. Se hicieron los trámites al término de la capacitación central, de manera que el ICESI pudo tener presencia

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solamente en 3 capacitaciones estatales los últimos dos días del programa (que constaba de 5 días). El último día de la capacitación se inició el trabajo de levantamiento en campo y al final del día se hizo un foro de intercambio de experiencias en cada estado. El ICESI refirió a autoridades del INEGI las observaciones captadas en el corto lapso que estuvo como observador de capacitaciones, con el afán de transmitir detalles que deberían ser atendidos.

I.3. Supervisión en modalidad de observación en campo El INEGI aceptó tener una supervisión por parte del ICESI restringida a la modalidad de acompañamiento en campo. Lo ideal, y lo que ha hecho el ICESI en las ocasiones que ha realizado la encuesta con organismos distintos al INEGI, es la supervisión de tipo “de regreso a casa”. Para llevar a cabo este proceso, los supervisores externos necesitan contar con los cuestionarios llenados de cierto número de viviendas (el número y selección de viviendas a revisar es diseñado previamente), y hacer ciertas verificaciones de acuerdo a las indicaciones sobre las que se les instruyen. Este tipo de supervisión, que resulta normal para casas encuestadoras privadas e incluso debe tomarse como apoyo del proceso, no es admisible en el INEGI, arguyendo que la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía denota la información vertida en cuestionarios como material confidencial. Así pues, la modalidad de supervisión en el modo de acompañamiento fue la aceptada. Esta consiste en que un supervisor acompañe al encuestador y tome nota de las fallas en que incurre durante el desarrollo de la entrevista, ubicación de viviendas y demás partes del proceso que debe seguir. La idea es divulgar los problemas encontrados de manera que todos los que estén incurriendo en tales situaciones o errores los puedan corregir.

El ICESI tramitó con el INEGI asistir en una primera fase a 5 entidades que fueron: Hidalgo, Estado de México, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas. En cada una de estas entidades hubo un observador (personal interno del ICESI) durante un día de trabajo en campo. Debido a que en todo caso se sumó personal de supervisión u oficinas del INEGI, hubo que solicitar que el ejercicio se hiciera sin mayor “acompañamiento al acompañamiento”, obviamente para no introducir más factores que influyeran en el encuestador. Se entregó al INEGI un documento sobre los puntos observados que se consideraron importantes de mencionar. Pero igualmente esos ejercicios permitieron esbozar puntos clave de observación para capacitar a un mayor número de personal como observadores. Con la experiencia y conocimiento que tiene el ICESI de las seis encuestas anteriores, se llevó a cabo una capacitación a cerca de 20 personas con experiencia previa como supervisores, que actuarían como “acompañantes” u observadores; mientras, se avisó al INEGI que se haría la supervisión por acompañamiento en todas las entidades, por lo que se requería de los datos de contacto en cada entidad. La respuesta del INEGI a la solicitud de supervisión fue a través de un oficio que advertía que las personas que irían como observadores no habían sido capacitadas por el INEGI y que dicho instituto no reconocía al ICESI como un organismo que pudiera dar capacitación en lo que toca a la encuesta de victimización, entre otras razones. El resultado fue que el ICESI no pudo supervisar como se había acordado previo al levantamiento de la encuesta (en 27 entidades del país no se hizo ninguna supervisión y en cinco una supervisión parcial pues fue sólo de un día de trabajo de campo).

I.4. Marco muestral En una reunión previa a la capacitación21 el INEGI co-

mentó que se habían eliminado del marco muestral zonas que eran demasiado inseguras. Posteriormente, el ICESI fue informado de las siguientes tres situaciones que tienen que ver con el marco muestral o la muestra seleccionada22: • Caso después de seleccionada la muestra: En Nuevo Laredo, Tamaulipas: en la muestra seleccionada se detectó un control (lo cual es parte de una UPM, y contiene 10 viviendas) identificada como zona de alto riesgo ó inseguridad, lo que se hizo fue asignar una doble selección de viviendas (en este caso 10 viviendas adicionales) en otro control perteneciente a una UPM clasificada con el mismo estrato. • Caso antes de seleccionar la muestra: En Chihuahua, el municipio de Moris no entró un control para selección de la muestra. Es decir se eliminó del marco muestral, puesto que a partir de otras encuestas se identificó como zona de alto riesgo ó inseguridad. • Durante el levantamiento: En Coahuila, municipio de Morelos un control se le asignó código 13 (el nuevo código de no respuesta por área insegura). Es decir, quedó como no-repuesta todo el control de 20 viviendas. Se indicó que quedaría así mientras no cambiaran las condiciones. Las autoridades del INEGI comentaron que esto no afectaba a la ENSI y simplemente quedaría como parte de la no-repuesta. En su informe operativo el INEGI menciona el marco muestral de la encuesta pero no hace mención a situaciones como las advertidas arriba23. El Manual para encuestas de victimización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que al publicar resultados también se debe dar otro tipo

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de información, como fuentes de posibles sesgos, subcobertura y fuentes de error por la no respuesta, entre otros detalles24.

pecto que se debe reportar.

En una encuesta sobre inseguridad, el hecho de eliminar partes del marco muestral o tener acciones especiales con parte de la muestra por el problema de estudio, no sólo debe ser reportado al momento de rendir informes sino que puede dar lugar a toma de decisiones sobre el desarrollo de la propia encuesta. Estadísticamente representa un problema porque el grado de generalidad de la población bajo estudio es distinto al de la población de la que se extrae la muestra25. Méndez26 y Kish27 señalan entre las fuentes de sesgo la divergencia de cobertura del marco de la población objetivo. En particular, estas situaciones en encuestas victimológicas sesgan los resultados, ya que la razón por la que se toman acciones sobre el marco o la muestra, se relacionan al problema de estudio. Es como si se estuviera haciendo un estudio sobre masa corporal de los habitantes y se excluyera a personas obesas porque la báscula con la que se cuenta no es capaz de sostener su peso. Obviamente, los indicadores de promedio de la población habrán sido subestimados. Pudiera argumentarse que los casos son pocos como para esperar un efecto. El detalle es que eso no es algo que se deba tener como supuesto, pero sí es un as-

En toda encuesta siempre hay cierto porcentaje de no respuesta. Esta se da por diversas razones y dependiendo del tema de la encuesta puede tener mayor o menor magnitud. Estadísticamente es deseable que la no respuesta tenga un comportamiento aleatorio, de manera que las respuestas no resulten sesgadas según el grupo que se dispone a contestar. Por ello no es tan relevante el tamaño de la no respuesta como la posible asociación de ésta a un factor relacionado con el problema de estudio.

I.5. No respuesta

En las encuestas victimológicas, la no respuesta ha sido un tema de discusión. Internacionalmente se ha estudiado el efecto del medio de aplicación de una encuesta en la no respuesta, por ejemplo, si se aplica la encuesta de manera telefónica o cara a cara. Otros estudios buscan ver la relación entre la no respuesta o respuesta con la victimización, o la victimización con el medio utilizado en la entrevista. Según Stangeland (1996) existen dos hipótesis centrales y opuestas sobre como la no respuesta en encuestas de victimización pudiera sesgar resultados28: a) en la primera se argumenta que las personas que no responden tienen un estilo de vida que les da mayores probabilidades a resultar víctimas de algún delito, por lo que este tipo de no respuesta tendería a subestimar la criminalidad; b) la segunda hipótesis sostiene que entre los que responden, hay personas que simplemente están “deseosas de hablar” sobre las experiencias que han sufrido, y por lo tanto, los que no responden son menos victimizados.

En la pasada Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV, o ICVS por sus siglas en inglés, International Crime Victim Survey), de igual manera se citan los mismos dos ángulos de cómo la no respuesta puede afectar la respuesta. En la ronda de 2004/05 la tasa de respuesta promedio de todas las encuestas nacionales fue de 51%. Se observaron en Europa variaciones del 36.9% en Luxemburgo al 56.9% en Finlandia. Ciertos investigadores (Mayhew, Van Dijk, 1997) en otras partes del mundo no han encontrado relación entre la tasa de respuesta y la tasa general de victimización29, en parte, por cuanto no se observaron diferencias de la victimización según el número de intentos para lograr la entrevista (telefónica en esos casos). Sin embargo ello no supone que en otros ejercicios, bajo otras circunstancias no se pueda tener esta asociación. En México, a diferencia de lo que se vio en la encuesta internacional (ICVS/04-05), se ha detectado una tendencia a mayor victimización según se incrementa el número de visitas requeridas para obtener respuesta de la persona elegida en el hogar. Es decir, mientras más difícil de conseguir una persona, mayor tendencia a que haya sido víctima, lo que en el gráfico que sigue es claro al comparar la victimización de los casos donde se completa la entrevista en la tercera o cuarta visita con aquellos que se completaron en la primera o segunda visita.

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Figura 2: Porcentaje de víctimas según el número de visitas necesitadas hasta completar la entrevista, ENSI-6/ 2009.

Posiblemente, en la historia mundial de encuestas de victimización es la primera vez que se señalan nuevos problemas que conciernen tanto a la no respuesta como a la respuesta bajo circunstancias que son factores introductores de sesgo. Contrapuesto a las dos tesis antes mencionadas, es preciso señalar las siguientes: a) no respuesta por causas que se relacionan con la inseguridad, tenderá a una subestimación de las mediciones de criminalidad; b) respuestas bajo situaciones que intimiden a los encuestados, como presencia u observación de personas extrañas30 o autoridades tenderán a sesgar las respuestas de manera que también se subestimarán las mediciones de criminalidad. El hecho de no poder realizar la encuesta por la inseguridad en áreas de viviendas seleccionadas, o realizar la encuesta en condiciones de vigilancia, son factores que sin lugar a dudas se relacionan al objeto de estudio. En tales casos es de mayor prudencia no arriesgar a los encuestadores y tomar decisiones en torno al modo de realizar la encuesta, o su cancelación en la zona. Muchas de estas situaciones se deben al crimen organizado, que no es lo que mide la encuesta, pero sin duda conforman una condición

de levantamiento fuera de lo normal, además de que existe asociación con la delincuencia común, lo cual sí mide la encuesta. En cuanto a la intimidación que puede ejercer la presencia de autoridades durante el levantamiento, es importante señalar que en la capacitación de la ENSI-7 hubo coordinadores que manifestaron que en las pruebas de cuestionarios que estuvo haciendo el INEGI para esta encuesta (actividad de la que no estuvo enterado el ICESI hasta ese momento), el formato llevaba el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), y que por ello “mucha gente no contestaba” y los “veía con desconfianza”. Todo esto se comentó en la sesión de capacitación. Para apreciación de coordinadores estatales, los encuestados confundían a los encuestadores con policías o personal de gobierno, por lo que consideraban atinado el que se hubiese quitado dicho logo del cuestionario. Cabe añadir que dichas declaraciones surtieron sorpresa en el personal del ICESI, pues desconocía por completo la etapa de pruebas del cuestionario en campo y más aún que se hubiese utilizado un logo gubernamental en una encuesta de origen ciudadano. Un funcionario de la Dirección Gene-

ral Adjunta de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI presente en la sesión aclaró que, en efecto, fue un error el haber usado el logo de la SSP, ya que “debió ser el del Sistema” (refiriéndose al Sistema Nacional de Seguridad Pública). La situación se ha traído a colación en el documento para demostrar cómo la presencia o sugerencia de autoridades pueden intimidar a las personas que responden, lo cual fue detectado en campo por los propios encuestadores del INEGI. Pero lo cierto es que el hecho y la respuesta recibida a las dudas y preguntas espontáneas del ICESI tienen un mayor significado ya que enfatizan la falta de conocimiento sobre la naturaleza de la encuesta por parte de quienes tuvieron la coordinación de la ENSI-7, la forma como se desarrolló ésta sin darle participación al ICESI y las concesiones hechas a instancias gubernamentales en una encuesta que hasta entonces era ciudadana. Por otra parte, vale la pena recordar otras situaciones encontradas en la ENSI-6 con mayor especificidad, pues reflejan situaciones nunca antes reportadas en este tipo de encuestas. Situaciones de ese tipo no han sido mencionadas por el INEGI en ningún reporte de la ENSI-7, por lo que, dado el antecedente y ciertas extrañezas difíciles de explicar criminológicamente, persiste la duda de que se hayan repetido. En la ENSI-6 (realizada en 2009) el ICESI detectó anomalías en los primeros resultados del estado de Tamaulipas, básicamente una victimización muy baja que contrastaba con otras fuentes de información disponibles. Conservando aún la rectoría de la encuesta, el ICESI solicitó al INEGI se reportara con mayor especificidad qué había ocurrido en el trabajo de campo. Después de reportes que no dilucidaban ninguna anormalidad, el INEGI decidió repetir la encuesta en dicho estado. Junto con la base de datos del segundo ejercicio entregó un reporte donde se mencionaba que la en-

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cuesta había sido levantada en ambos casos y en varias plazas importantes de Tamaulipas bajo la vigilancia de personas extrañas a las que llamaban en el reporte halcones. Indudablemente, dicha “vigilancia” fue un factor intimidatorio para las personas que respondían o para causar negativas de respuesta. La encuesta no se realizó en ninguna de las dos ocasiones en condiciones normales. Más aún, se realizó de manera que la posibilidad de sesgo (respuestas falsas) por el temor de los entrevistados era enorme. Por tal razón, el ICESI, decidió que los resultados de ese estado no eran válidos. El conocimiento criminológico fue esencial para detectar la anomalía y para entender la relación de dicha situación con los resultados. Igualmente se advirtió la importancia de que un órgano rector de una encuesta victimológica tenga conocimiento de todas las fases, y tenga la capacidad de exigir reportes o aclaraciones. No se han encontrado referencias internacionales sobre situaciones como las que se conocieron en la ENSI-6 y presumiblemente se volvieron a experimentar en el pasado levantamiento de la ENSI-7, que se relacionan (o se pueden relacionar) con el crimen organizado. Sólo se conocen señalamientos en el sentido de que los fenómenos del crimen organizado son cada vez más importantes y requieren del desarrollo de nuevos métodos de estudio y medición, como apunta Alvazzi31 . Por ello resulta aún más relevante el antecedente que se pueda crear con la debida identificación y reporte de acciones en torno a estas situaciones en encuestas victimológicas. Lamentablemente, los parcos reportes de campo y las omisiones del INEGI, al no reparar en esas condiciones de levantamiento en el monitoreo de campo, ni en la entrega de la base de datos ni en la publicación de resultados, limitan los elementos interpretativos y de toma de decisiones para solventar experiencias futuras en nuestro país o en otros lugares del mundo.

Descripción de la no respuesta en ENSI-7 Al recibir el 14 de noviembre de 2010 la base de datos, el ICESI se percató que no se le había entregado la parte sobre la no respuesta y las visitas. Por lo tanto, no era factible rastrear las áreas inseguras y otras causas. Tal información se recibió 10 días después de manos del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 47 –lo cual resulta importante de advertir−, y se detectaron zonas que se catalogaron como áreas inseguras, como indica la tabla a continuación.

Tabla I 1: Distribución de no respuesta

El estado con mayor número de viviendas que no se pudieron encuestar por estar en áreas inseguras fue Tamaulipas. En Nuevo León y Chihuahua se dio esta situación aunque en menor cantidad como muestra la tabla a continuación. El 2 de septiembre el ICESI fue informado de que en el municipio de Morelos, Coahuila, se había asignado código de no respuesta de área insegura a un control de la muestra (ver sección de “Marco muestral”). Llama la atención de que a esas fechas solamen-

te se haya mencionado ese caso, y no los de Tamaulipas, Nuevo león o Chihuahua. También es relevante el hecho de que finalmente en Coahuila no se encontrara tal código en la base de datos. Cabe la posibilidad de que en los días de recuperación de entrevistas hubiesen podido entrar al área. Sin embargo, lo importante de sacar a la luz es que hubo problemas de levantamiento por inseguridad en el estado de Coahuila también, aspecto del que no se repara en los documentos del INEGI. Persiste entonces una duda mayor: ¿habrá otros lugares con este tipo de problema? El censo 2010 fue levantado un mes antes que la ENSI-7. Los reportes públicos de dicho ejercicio mencionan que hubo áreas que no pudieron ser censadas por problemas de inseguridad, como consta también en artículos periodísticos32 donde se dice que Tamaulipas fue el estado donde este problema se presentó con mayor frecuencia ya que 354 manzanas no pudieron ser censadas (0,54 % del estado), pero también se apunta la presencia de este problema en Chiapas y Chihuahua. Las autoridades del INEGI indicaron que esto no representaba un factor que altere el conteo significativamente. Evidentemente hay una diferencia entre el conteo de viviendas y personas, y las mediciones relativas a la victimización y la delincuencia. Contrasta que se mencione este tipo de incidencias en el censo, pero no se haga mención de estas situaciones en una encuesta que se realiza, al mes siguiente, sobre el tema de inseguridad.

Tabla I 2: Distribución de la no respuesta por ser área insegura

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El desglose de la no respuesta es importante de ser observado de manera específica en Chihuahua y Tamaulipas, donde los tamaños de muestra fueron de 4,873 y 3,500 viviendas respectivamente. 33 En Chihuahua hubo 572 (cerca del 12% de la muestra estatal) que se encontraron deshabitadas, y en Tamaulipas 323 que representan 9% de la muestra del estado. El problema de viviendas que permanecen hoy en día deshabitadas por los problemas de inseguridad en el norte del país es cada vez más evidente. En la ENSI-6, realizada en marzo de 2009, se tuvo en Chihuahua 340 casos de no respuesta por ser viviendas deshabitadas. Con un tamaño similar de muestra, en la ENSI-7 se registra un

incremento de 68% en este tipo de no-respuesta en el mismo estado (232 viviendas deshabitadas más que en la ENSI-6). Todo ello ilustra condiciones de levantamiento fuera de lo normal, la falta de conocimiento del tema de estudio durante el monitoreo del levantamiento impidiendo la toma oportuna de decisiones y la necesidad del cuidado en la interpretación y valoración criminológica que se pueda dar a los datos resultantes en dichos estados. En los casos de Chihuahua y Tamaulipas existen evidencias para pensar que, cualquiera que sean sus resultados, estos son subestimaciones de la realidad.

Tabla I 3 : Desglose de la no respuesta en Chihuahua y Tamaulipas

Entrevistas incompletas dentro de la no respuesta En toda encuesta es normal que al cierre de actividades de campo quede un cierto número de entrevistas incompletas. Éstas son entrevistas que por algún motivo no fueron culminadas, usualmente porque el encuestado no está dispuesto a responder en su totalidad, por falta de tiempo u otras razones. Las ENSI’s están diseñadas de manera que hay dos personas claves que responden la encuesta. El primer informante es una persona de 18 o más años que abre la puerta al encuestador y responde preguntas sobre la información sociodemográfica del hogar y sus integrantes. Así también responde la primera sección sobre víctimas del hogar, en la que se indaga de manera general si alguien del hogar fue víctima de delito en el periodo de estudio. Posteriormente se elige un miembro del hogar de 18 o más años de manera aleatoria34, y es dicha persona quien debe responder el resto del cuestionario. Cuando se tiene la primera parte del cuestionario respondida por el primer informante pero no se logra el contacto o la anuencia de la persona seleccionada para hacer la entrevista, entonces se clasifica el estatus de la encuesta como ”sin información de persona elegida”. Si la entrevista se interrumpió en otro punto, entonces el estatus se clasifica como “Incompleta”. Cabe citar la descripción del manual de entrevistadores del INEGI sobre entrevistas incompletas: • En relación al hogar, código D (Con información incompleta del hogar): “Se utiliza este código cuando se haya obtenido información parcial (aunque sólo haya contestado una

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pregunta) de las secciones I, II y III, debido a que el o la informante interrumpe la entrevista por alguna causa. Registra la fecha y hora en que regresarás en la parte de Observaciones de la forma de control ENSI-07.”35 • En relación a la vivienda, código 04 (Entrevista incompleta ): “Cuando la vivienda se compone de un solo hogar y le asignaste el código D, entonces a la vivienda le corresponderá este código. Si la vivienda se compone de más hogares, todos deberán tener como código de hogar el D, para que a la vivienda se le pueda asignar este código.”36 • En relación al hogar, código C (Entrevista sin información de la persona elegida): “Registras este código cuando en el hogar únicamente captaste información de las secciones I. Residentes en la vivienda e identificación de hogares, II. Integrantes del hogar y características sociodemográficas y III. Víctimas del delito en el hogar, ya que la persona elegida no pudo proporcionarte información (a partir de la sección IV), debido a que se encontraba ausente al momento de la visita, se negó a proporcionar la información sobre inseguridad, no habla español, o a alguna otra causa. También registrarás este código cuando obtengas información parcial (aunque sólo haya contestado una pregunta) a partir de la sección IV. Percepción sobre seguridad pública. Anota en el apartado de Observaciones del cuestionario electrónico, la información que permita justificar la asignación de este código.”37 • En relación a la vivienda, código 03 (entrevista sin información de la persona elegida) :

“Este código se asigna cuando la vivienda se compone de un solo hogar y que a éste le hayas asignado el código C. Si existen más hogares en la vivienda, y tienes combinaciones del código C con los códigos A y B, entonces a la vivienda se le asigna el código 03”.38 Una base de datos debe contener todas las respuestas logradas en un levantamiento, tanto completas o incompletas en cualquiera de sus modalidades. Tan es así que en cualquiera de las ENSI’s anteriores, se tiene cuenta de las entrevistas incompletas en la base de datos. Sin embargo, la base de la ENSI-7 que se entregó al ICESI, no contiene los datos de este tipo de entrevistas. Todas las personas que contestaron el módulo de hogar y fueron víctimas, hicieron el módulo de delitos y los módulos de último delito correspondientes. No existen tampoco en la base de datos de respuestas, los datos de las personas que llegaron a contestar la primera sección sobre víctimas del hogar, pero posteriormente no se logró la entrevista con la persona seleccionada. Sin embargo, se encuentra de manera inusual que las entrevistas incompletas y las que no tienen la información de la persona elegida se encuentran numeradas en la tabla de no respuesta (Tabla I-1). Por lo tanto, no cabe más que pensar que los datos conseguidos de manera incompleta fueron eliminados de la base de datos y considerados no respuesta total. Sea una respuesta, 10, 20 o cualquier número las logradas, estas deberían aparecer en la base de datos. Es tarea de quien analiza posteriormente, el cuidado que se deba tener en el análisis por los faltantes de preguntas particulares; pero se reitera que es algo que normalmente debe estar en la base de datos. La inconsistencia mencionada es grave por la desconfianza que siembra, más allá de lo que pueda representar o cambiar un cierto número de respuestas parciales sin rastro.

Se aprecia que los estados con mayor número de casos de entrevistas incompletas fueron Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca Chihuahua, Guerrero y Jalisco (Tabla I-4). Al considerar los casos de entrevistas incompletas o sin información de la persona elegida en Nuevo León y Tamaulipas se tiene más del 5% de la muestra del estado, en Oaxaca el 3.2%, en Chihuahua, Guerrero y Jalisco más del 2.5% y en Sinaloa el 1.7% de su tamaño de muestra.

Tabla I 4: Distribución de las entrevistas incompletas clasificadas como no respuesta.

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Tabla I 5 : Entrevista incompletas y sin información de persona elegida en las entidades con más frecuencia de este tipo de “no respuesta”.

I.6. Reportes de campo El 11 de agosto el ICESI recibió un primer reporte de campo por parte del INEGI, junto con la distribución de la muestra y las últimas versiones de cuestionario en formato “pdf”. El reporte indicaba que en la primera semana de levantamiento hubo un avance de 27.31%, con una entrevista completa de 16.03%, de la cual un 1.80% correspondía a entrevista completa con victimización y 14.23% sin victimización; también se reportaba una entrevista incompleta de 1.87% y una no respuesta del 9.41%. Seguía un par de gráficos por entidades y ciudades respectivamente sobre las entrevistas completas por tipo (con victimización o sin ella). Aunque había un par de párrafos cortos sobre los dos gráficos, resultaba difícil apreciar las cantidades, como se advierte en la figura 3. Por otra parte, no se hacía mención de ningún otro punto.

Figura 3: Gráfico tomado del primer reporte de campo (sobre la primer semana) entregado por el INEGI al ICESI sobre entrevistas completas con victimización y sin victimización por entidad.

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Se citan a continuación los dos primeros párrafos del informe de la quinta semana de levantamiento39: “En la quinta semana de levantamiento se tiene un avance (viviendas visitadas) del 99.98%, con una entrevista completa de 79.17%, de la cual el 7.67% corresponde a entrevista completa con victimización y 71.5% a sin victimización. Por otro lado se presenta una entrevista incompleta de 2.69% y una no respuesta del 18.12% 40 El monto de viviendas pendientes está siendo afectado principalmente por el código 03 Entrevista sin información de la persona elegida, mientras que a la no respuesta le afectan los códigos 08 Ausencia de ocupantes y 10 Vivienda deshabitada”.

ICESI solicitó se proporcionaran las tablas correspondientes a las gráficas, por lo que el 9 de septiembre el INEGI entregó las tablas con los porcentajes de entrevistas completas con victimización o sin victimización (códigos 01 y 02).

Tabla I 7: Porcentajes de viviendas con victimización y sin victimización según reporte de la quinta semana de campo que fuera entregado al ICESI por el INEGI.

Tabla I 6: Porcentajes de viviendas con entrevistas completas con victimización (01) y sin victimización (02) en las ciudades de estudio, según el reporte de la quinta semana de campo entregado al ICESI por el INEGI.

Por otra parte, en dicho reporte también se mostraban gráficas y algunos datos sobre el avance, entrevistas incompletas y no respuesta. Sobre la no respuesta en particular cabe citar el texto: “El 48.5% de las coordinaciones estatales reportaron un porcentaje menor al 15% de no respuesta entre las cuales destacan Sonora, Distrito Federal y Zacatecas al reportar menos del 12%. Con una no respuesta superior al 25% destacan Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Tamaulipas, siendo este último el que mayor porcentaje de no respuesta reporta con 29.17 por ciento”. “El área metropiltana de la Ciudad de México 1 (correspondiente al Distrito Federal), presenta un porcentaje de no respuesta menor al 11%; mientras que en caso contrario, Nuevo Laredo, Cd. Juárez, Acapulco, Cancún y Monterrey, sobrepasan el 25 por ciento.” Como el reporte no incluía tablas de datos sino gráficos en los que era difícil apreciar las cantidades, el

* El dato “nacional” en esta tabla se refiere al global de ciudades

* El código 60 en entidad corresponde a la coordinación de México oriente.

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Los reportes de campo recibidos fueron limitados. No se pudo conocer el detalle de zonas donde se hayan podido encontrar dificultades de ningún tipo. No se hizo mención a que ciertas situaciones del levantemiento se consideraran fuera de lo normal, de manera que se tomara como advertencia en las interpretaciones y análisis. El informe operativo del INEGI tampoco repara en que determinadas causas de no respuesta en ciertos lugares se consideraran relacionadas al problema de estudio; hace mención a problemas de inseguridad en términos operativos sin atribuirles mayor significado. “En los casos donde no pudo levantarse la entrevista en el cuestionario electrónico, debido a la situación de inseguridad, por falta de energía en las pilas del equipo de cómputo o bien por estrategia, se utilizó un cuestionario en papel, capturado posteriormente y resguardado en la oficina estatal.”41 Cabe señalar que en la ENSI-6, el conocimiento de situaciones anómalas en Tamaulipas y Tabasco se tuvo por un reporte de campo que indicaba las situaciones de vigilancia y los errores técnicos del levantamiento. En esa ocasión, como órgano rector, el ICESI tuvo la capacidad de pedir reportes que explicaran incongruencias percibidas con conocimiento criminológico de estos lugares. He ahí la importancia de que el organismo que coordine y analice cuente con reportes completos y con la capacidad de solicitar detalles.

I.7. Tendencias Las condiciones descritas previamente siembran dudas sobre el proceso de la encuesta. Con tales detalles en perspectiva en encuentran ciertos comportamientos de los datos difíciles de explicar.

Victimización de hogares y de personas La sección III del cuestionario del hogar es respondida por el primer informante. Esta sección es introductoria del tema de inseguridad y victimización. De una manera general indaga si alguien del hogar fue víctima de algún delito en el periodo de referencia. La sección hace ver al primer informante el tema de la encuesta, de manera que indique adecuadamente a la persona seleccionada la importancia del tema. Pero su relevancia no radica sólo en eso. Aunque no cuenta con la rigidez de la sección de victimización que se aplica a la

persona seleccionada, da cuenta de los hogares victimizados según el conocimiento de experiencias entre los integrantes de un hogar. No se espera que su medición coincida con la de personas, ni se pretende extrapolar una medida con base en la otra. Sin embargo sí es lógico que a nivel nacional (lo que implica una muestra muy grande), se halle una similitud en tendencias con respecto a la prevalencia de personas medida con mayor rigor. Cabe mencionar que en ocasiones las tendencias son las que evidencian congruencias o incongruencias a diferencia de ciertas mediciones no se consideran comparables en cuanto a magnitudes.

Figura 4: Sección III del cuestionario del hogar de la ENSI-7.

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Es importante señalar que la prevalencia de personas, es decir el porcentaje de víctimas en la población de adultos, mostró una baja significativa con respecto al año anterior, de acuerdo con los datos nacionales de la ENSI-7. Sin embargo el porcentaje de hogares con víctima se vio incrementado sin ser estadísticamente significativo.

Figura 5: Porcentaje de hogares con víctimas, prevalencia de víctimas (victimización general) y porcentaje de hogares con menores de edad victimizados. (Se muestran intervalos de confianza de 95%).

A partir de la encuesta realizada en 2009, se incluyeron las preguntas 3.5 y 3.6 sobre víctimas menores de edad en los hogares. Es sabido que una laguna en las encuestas de victimización es el rubro de víctimas menores de edad. Algunos países han estudiado la manera de hacer encuestas victimológicas a niños y niñas42, para lo cual han destinado recursos de manera cuidadosa. La complejidad de lograr una medición tan buena como la de adultos en una encuesta victimológica es enorme. Por citar algunos detalles, en un estudio de la encuesta británica para abordar el problema se recomienda que una encuesta de ese tipo tenga un cuestionario diferente al de adultos, se analice aparte y requiere que se aplique a los menores de edad sin presencia de adultos u otras personas del hogar, pero con su autorización y se debe analizar el grupo de edad de interés de manera que el cuestionario sea adecuado43. Si por sí sola la ENSI tiene sus complejidades, resultaba inviable considerar medir el rubro de menores de edad en la misma encuesta. Así pues, el ICESI decidió incluir en 2009 una medida como “proxy “, es decir, una medida que se acercara a lo que se desea medir, de manera que se empezara a tener un panorama de este grupo de la población. Se sabe que son medidas “cercanas” y no exactas por cuanto las responde un adulto, y además porque depende del conocimiento del primer informante de las experiencias de otras personas dentro del hogar. Ya que la pregunta sobre víctimas de delito menores de edad se aplicó en 2010 de igual manera como se hizo en 2009 y con las mismas preguntas antecesoras, cabe un primer panorama comparativo en esta medición. Se esperaba una tendencia similar a la de porcentajes con víctimas y a la de prevalencia general. Sin embargo, el porcentaje de hogares con menores de edad que fueron víctima de algún delito (de entre los hogares con menores de edad) subió significativamente. Esta tendencia es congruente con la del porcentaje de hoga-

res que tuvieron alguna víctima, ya que aunque esta última no mostró un incremento significativo, mostró un comportamiento a la alza. Sin embargo, la incongruencia de una prevalencia (de adultos) que decae se agudiza con el segundo dato. Nos encontramos ante posibles panoramas opuestos pero serios. Si suponemos que ambas medidas son válidas y certeras, es decir si se admite una disminución en la prevalencia general pero un comportamiento estable de hogares con víctimas y un aumento en el porcentaje de hogares con menores de edad victimizados, entonces es crítica la vulnerabilidad de menores de edad y falta mayor énfasis en políticas públicas que protejan más a este grupo de la población. Se podría interpretar que mientras la victimización de personas adultas ha disminuido, la de hogares no lo hizo porque se incrementaron los delitos a menores de edad. Aceptarlo sería una barbaridad en muchos sentidos. Por otra parte, podemos pensar que hay factores que pudieran influir en las respuestas a lo largo del ejercicio de campo, de la entrevista o del manejo de la base de datos (entrevistas incompletas, por decir un ejemplo) de manera que las medidas de prevalencia no son comparables a las del año anterior. Allí es donde los argumentos descritos en las primeras secciones de este documento toman su peso. Como se dijo antes existe la posibilidad de que el largo de cuestionario o lo repetitivo (muchas preguntas nuevas que preguntaban lo mismo para distintas instancias de gobierno) haya afectado de manera que los encuestados sintieran hastío y no quisieran completar con atención la entrevista, sobre todo ante encuestadores poco hábiles. Es importante hacer ver que tanto las preguntas que indagan de manera general sobre víctimas en el hogar como sobre menores de edad que sufrieron delito, no tuvieron contaminación por el exceso de nuevas preguntas por ubicarse al inicio de la

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entrevista. De tal suerte, a pesar de que no tienen el rigor de filtros, en este sentido tienen mayor comparabilidad con medidas anteriores que las que atañen a victimización de personas adultas.

Tabla I 8: Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de algún delito en la República Mexicana por entidad federativa de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2004, 2007, 2008 y 2009.

Cabe recordar también que hubo entrevistas incompletas de las que se debió tener respuesta de esta sección por ser la primera (al término de los datos de integrantes del hogar y características sociodemográficas), pero que no aparecen en la base de datos, sino que se contabilizaron en la no respuesta. El efecto del hastío o de los datos incompletos no es algo que se pueda comprobar en este momento, pero la incongruencia llama la atención y la hipótesis puede explicarla.

* Los cálculos omiten un caso identificado como homicidio. Se muestran datos redondeados a enteros y se ilustran diferencias significativas con 90% de confianza para el caso de las entidades federativas y 95% de confianza para el dato nacional44. En el caso de Tamaulipas y Tabasco, se examinaron diferencias con respecto a 2007 (ENSI-5).

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Tabla I 9: Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de algún delito en la República Mexicana en las ciudades de estudio de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2004, 2005, 2008 y 2009.

Tabla I 10: Porcentaje de hogares con alguna víctima en la República Mexicana por entidad federativa de acuerdo con encuestas de victimización con años de referencia 2007, 2008 y 2009.

* Se señalan cambios estadísticamente significativos con 95% de confianza con el año anterior. En los casos de Tabasco y Tamaulipas se hizo la comparación con relación a ENSI-5.

* Los cálculos omiten un caso identificado como homicidio. Se muestran diferencias significativas con 95% de confianza. En el caso de Tamaulipas (Nuevo Laredo) y Tabasco (Villahermosa), se examinaron diferencias con respecto a 2005 (ENSI-4).

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Tabla I 11: Porcentaje de hogares con alguna víctima en la República Mexicana en las zonas metropolitanas de estudio durante 2008 y 2009 de acuerdo con encuestas de victimización.

Tabla I 12: Porcentaje de hogares con menores de edad víctima de algún delito en la República Mexicana durante 2008 y 2009 por entidad federativa, de acuerdo con encuestas de victimización.

* Se muestran datos redondeados a enteros y se ilustran diferencias significativas con 95% de confianza. En el caso de Tamaulipas y Tabasco, se examinaron diferencias con respecto a 2007 (ENSI-5).

• Se muestran datos redondeados a enteros y se ilustran diferencias significativas con 95% de confianza. En el caso de Tabasco y Tamaulipas no hay comparación. • En los resultados por zonas metropolitanas se incluye el concepto Ciudad de México, que se refiere a la estimación conjunta del Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México. Cabe señalar que se muestran de igual forma, resultados separados para la zona conurbada (ZCMex) y para el Distrito Federal.

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Tabla I 13: Porcentaje de hogares con menores de edad víctima de algún delito durante 2008 y 2009 en la República Mexicana, en las ciudades de estudio de acuerdo con encuestas de victimización.

* Se muestran datos redondeados a entero y se ilustran diferencias significativas con 95% de confianza. En el caso de Tabasco y Tamaulipas no hay comparación.

Tendencia general en la encuesta y cifra oficial Los datos de encuestas victimológicas son un complemento a los datos de fuentes oficiales. En estudios internacionales, aunque se ha establecido que no es posible comparar las magnitudes de los datos oficiales y los resultantes de encuestas victimológicas, se ha encontrado la utilidad de la comparación de las tendencias. Alvazzi (2003) ilustra cómo se debe esperar un comportamiento paralelo entre las tendencias de encuestas y de los datos oficiales45. Así pues, resulta fundamental observar la tendencia detectada a partir de la ENSI-7 en sus resultados y la tendencia actual en la cifra oficial. De manera general se aprecia que tanto la prevalencia (porcentaje de personas víctimas de delito) como la incidencia muestran una baja significativa con respecto a la encuesta anterior. Incluso se aprecia que la victimización es menor a la que se obtuvo en la ENSI-3. Sin embargo, es claro que la cifra oficial tiene una tendencia a la alza (Figura 8). Si se tuviera un cambio positivo en el porcentaje de delitos denunciados esta discrepancia sería coherente. Llama la atención que el porcentaje de denuncia se ha mantenido sin variación en los últimos años (Figura 9). Por ello resulta más difícil entender el comportamiento que arroja la ENSI-7 sobre la victimización y la incidencia delictiva, indicadores principales en esta encuesta.

Figura 6: Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes en la República Mexicana

* Se muestran intervalos de confianza de 95%. Los cálculos excluyen el caso de homicidio.

Figura 7: Prevalencia de víctimas (Porcentaje de personas víctimas de algún delito) en la República Mexicana.

* Se muestran intervalos de confianza de 95%. Los cálculos excluyen el caso de homicidio.

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Figura 8: Tasa de delitos por 100 mil hbs. a partir de la cifra oficial*.

* En este cálculo se excluyeron los casos de homicidios y lesiones culposas. Fuente de los datos: Elaboración del ICESI a partir del formato CIESP-SNSP.

La interpretación conjunta de todas las medidas de la encuesta, la cifra oficial y la denuncia normalmente ayuda a dilucidar ciertos comportamientos y es una inspección socorrida en estudios internacionales. Por citar un ejemplo, en Canadá se detectó que de 1999 a 2004 la encuesta victimológica indicaba una disminución y la cifra oficial también tenía una tendencia a la baja pero mucho más abrupta . Los investigadores encontraron que la encuesta también revelaba que la denuncia de delitos a autoridades había caído, lo cual explicaba que además de una baja real de la criminalidad se estaba dando una disminución en la denuncia llegando finalmente a cifras oficiales mucho menores a las del periodo de estudio anterior . En México, para el caso de la ENSI-7 no es factible explicar la discor-

dancia de tendencia con base a la denuncia o cifra negra, ya que estas medidas se han mantenido similares. Por decirlo brevemente, no parece comprensible que habiéndose registrado un ascenso, así sea ligero, en la estadística oficial, la prevalencia y la incidencia delictivas, en cambio, muestren una baja con respecto a la encuesta anterior habida cuenta de que el porcentaje de delitos denunciados es exactamente el mismo, 22%, en la ENSI-6/2009 y en la ENSI-7/2010. El descenso en las tasas de víctimas y delitos que arroja la ENSI-7 contra el incremento de la cifra oficial sólo tendría una explicación plausible y convincente si el porcentaje de denuncias hubiera aumentado.

Tabla I 14: Tasa general de incidencia delictiva por 100 mil habitantes en la República Mexicana de acuerdo a encuestas de victimización.

Figura 9: Porcentaje de delitos denunciados en la República Mexicana de acuerdo a encuestas de victimización*.

* Se muestran intervalos de confianza de 95%. * Se muestran las tasas redondeadas a centenas y se señalan cambios estadísticamente significativos con 90% de confianza con el año anterior para el caso de las entidades federativas y 95% de confianza para el dato nacional. A nivel nacional, cabe mencionar que con 90% de confianza sí existe cambio estadísticamente significativo. En los casos de Tabasco y Tamaulipas se hizo la comparación con ENSI-5.

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Tabla I 15 : Tasa general de incidencia delictiva en las zonas metropolitanas de estudio durante 2009, según ENSI-7/ 2010.

* Se muestran las tasas redondeadas a centenas y se ilustran cambios derivados de comparaciones con un 95% de confianza, con ENSI-6. En el caso de Nuevo Laredo y Villahermosa no se hizo comparación.

Incidencia delictiva y delitos por víctima La tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes también tuvo un descenso a nivel nacional con respecto al año anterior (significativo con 90% de confianza, aunque no así a 95% sobre lo cual se abunda en la sección “II.2 Incidencia”), de acuerdo con la base de datos de la ENSI-7. Se detecta que varios estados muestran un comportamiento consistente en cuanto a que bajó tanto la incidencia como la prevalencia: Coahuila, Querétaro, Colima, Nayarit e Hidalgo. Sin embargo, los porcentajes de hogares con víctimas en esos estados no tuvieron una baja significativa. En el caso particular de Coahuila se sabe que hubo problemas por áreas inseguras en el municipio de Morelos, y al menos temporalmente un grupo de viviendas tuvieron asignado un código de resultado que así lo indicaba. Por otra parte, en Michoacán y Jalisco se tienen medidas de incidencia significativamente menores a las del año anterior, pero no así de prevalencia. En Baja California Sur y Guerrero el porcentaje de hogares con víctimas fue más alto y la prevalencia dio un giro hacia la baja sin alcanzar en ambos casos significancia, mientras, la incidencia delictiva resultó ser significativamente diferente y menor a la del año anterior. El número de delitos por víctima es una medida que en muchas ocasiones ayuda a explicar cambios en la prevalencia e incidencia. A nivel nacional los datos de la ENSI-7 dicen que se mantiene el promedio de delitos por víctima en 1.6. Sin embargo, se aprecia que en Guerrero y Sonora el número de delitos sufridos por cada víctima descendió de 2008 a 2009. Precisamente éstos son dos estados donde la incidencia delictiva que arroja la base de datos de la ENSI-7 mostró una importante tendencia a la baja pero no así llegan a ser significativos sus declives en prevalencia. En el caso particular de Guerrero, hay evidencias de entrevistas incompletas que no fueron incluidas en la base de da-

tos. En Sonora, aunque la medida obtenida para 2009 fue menor, resulta similar al índice de años anteriores, por lo que no se levantan las mismas sospechas que el caso de Guerrero. Cabe la interrogante de que el menor número de delitos por víctima en Guerrero se deba a un cambio certero en la proporción de multivíctimas en esos estados, o bien, que la extensión del cuestionario haya tenido que ver en una menor captación de delitos, o que el recorte de entrevistas incompletas sea un factor que apuntale tal resultado (en Guerrero 2.9% de la muestra se catalogó como entrevista incompleta y no se encuentran esas respuestas parciales en la base de datos). De cualquier forma, de aceptar los resultados a secas, sería necesaria la explicación criminológica de un menor número de delitos por víctima o menor proporción de multivíctimas. En Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo el promedio de delitos por víctima resulta significativamente mayor en los resultados analizados de ENSI-7 que lo captado en ENSI-6; lo mismo ocurre en Tabasco al comparar con ENSI-5. Sobre la incidencia, en Aguascalientes y Quintana Roo se observan tasas mayores pero sin significancia estadística. Por lo que en tales casos en particular el cambio en delitos por víctima no repercute en los indicadores principales.

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Tabla I 16: Delitos por víctima por entidad federativa durante 2009, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo)

Figura 10: Número de delitos por víctima en las zonas metropolitanas de estudio.

• No se incluyen los datos de Villahermosa ni de Nuevo Laredo para el año 2008(ENSI-6). Los datos de ENSI-7 se comparan con los de ENSI-6 excepto los datos de Villahermosa y Nuevo Laredo por la no disponibilidad de datos en ENSI-6. Se muestran cambios estadísticamente significativos con 90% de confianza. Los datos de ENSI-7 se comparan con los de ENSI-6 excepto los datos de Villahermosa y Nuevo Laredo.

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I.8. Otros aspectos Códigos de delitos En la ENSI cuando la persona entrevistada reporta un robo distinto a los enunciados de manera específica en el cuestionario46, esto se capta como “otro robo” y se debe tomar nota de lo que el encuestado especifica. Lo mismo ocurre con los “otros delitos”. Existen las variables de texto que recogen las expresiones originales de los encuestados. Todos esos casos, aunque aparecen en resultados globales como “otro robo” u “otro delito”, son examinados según el texto original. La base de datos que fue entregada al ICESI no contenía las variables de dichos textos. En su lugar se encon-

traron otras variables con un código numérico, sobre el que se especificaba su significado en otro archivo. Por ello se solicitó al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CNI-SNSP)47 las variables de texto original. Lo que más resaltaba eran tres casos con código “1111” entre los “otros delitos”, cuya descripción era “Homicidio”. No se ha de olvidar que la encuesta victimológica recoge experiencias de las personas víctimas, por lo que el homicidio no se mide con este tipo encuesta. La capacitación aborda los delitos que mide y no mide una encuesta victimológica. Llama la atención que posteriormente a la solicitud, el ICESI recibió la parte de variables de texto faltantes por parte del CNI-SNSP, con el comentario del INEGI de que esa información no era necesaria para el análisis.

Tabla I 17: Reclasificación de delitos tras revisión de variables originales de texto

En realidad lo que se desea señalar es la importancia de que los textos originales sean conservados en la base de datos, ya que en un momento dado ciertas descripciones pueden ser de interés para investigaciones posteriores más específicas. El INEGI pudo haber hecho una clasificación en el afán de agrupar datos y simplificar ciertos cálculos, pero no debe ocurrir que las variables de textos originales no se entreguen para la realización del análisis criminológico. Igualmente a otros investigadores que soliciten las bases a futuro les resultará interesante conocer las expresiones originales en éste y otros aspectos; incluso, puede haber distintos criterios de agrupación, pero lo expresado por el encuestado debe estar en la base de datos. Por otra parte se señala también la importancia del conocimiento del tema en todas las fases de la encuesta; aun en codificación, hace falta el trabajo multidisciplinario.

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En total fueron 74 casos donde el ICESI consideró la reclasificación del delito. Se dilucidó que dos de los tres homicidios no eran tales, sino que se podían catalogar como lesiones (disparo con arma de fuego e intento de homicidio), pero uno de los casos correspondía a un homicidio de un familiar, por lo que en el análisis no se consideró este delito al ser una encuesta dirigida a las víctimas directas. Indicador de impunidad El conocimiento insuficiente del tema objeto del estudio se refleja en una omisión que se traduce en el co-

nocimiento insuficiente de uno de los datos más importantes de la encuesta victimológica: el porcentaje de presuntos responsables puestos a disposición de un juez en los casos de delitos denunciados. Este dato es precisamente el que revela la magnitud de la impunidad en el país, en las entidades federativas y en las zonas metropolitanas estudiadas. Asimismo, es el dato que inhibe lo que más importa en el desempeño del órgano de la acusación: la eficacia. La impunidad no necesariamente se desprende del número de delitos sobre los cuales no recae una sentencia condenatoria sino del porcentaje de presuntos responsables que ni siquiera son sometidos a proceso penal.

Figura 11: Pregunta del cuestionario aplicado en la ENSI-7 de donde se advierte el pequeño porcentaje de delitos que llegan a tener un delincuente puesto a disposición de un juez.

En encuestas anteriores, en la pregunta sobre si hubo averiguación previa, existía un “pase”, es decir una indicación al encuestador de no aplicar ciertas preguntas, de manera que sólo se llegaba a cuestionar lo que sucedió con la denuncia cuando había averiguación previa. Esto tiene un fundamento lógico para los conocedores del proceso. Si la víctima fue al Ministerio Público a denunciar y no se inició una averiguación previa no tiene caso preguntar el estatus de su denuncia; cuando se abre una averiguación previa, entonces sigue el procedimiento legal. En las reuniones en que se presentaron cuestionarios, el ICESI mencionó la falta de un pase previo a la pregunta en cuestión. Sin embargo personal del INEGI afirmó que sería cuestión de una validación. Finalmente, no se tomó en cuenta la sugerencia. Es decir, el dato sobre la impunidad, central en las anteriores encuestas, no apareció en la presente no porque no se hubiera incluido en el cuestionario la pregunta respectiva, sino por un error en la manera derivado del desconocimiento del tema. Al momento del análisis, se advierte que las tablas del INEGI dan el resultado considerando los casos, los que sí y los que no llegaron a iniciar una averiguación previa. Por ello, el porcentaje que se puso a disposición de un juez resultó tan pequeño que el dato tabulado fue agrupado dentro del concepto de “otro” (Figura 12). Este dato es uno de los aspectos centrales de las encuestas victimológicas. Cuando se consideran los casos en los que se inicia averiguación previa, se advierte que el porcentaje de delitos para los que llegó a ponerse a un presunto delincuente ante un juez fue comparable a los años anteriores (5%) (Figura13). Nuevamente lo importante es resaltar que en las encuestas victimológicas hace falta una guía de conocimiento criminológico en todas las etapas.

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RESULTADOS

Figura 12: Gráfico de seguimiento de la denuncia de los datos presentados en tablas por el INEGI.

Figura 13: Distribución del seguimiento de la denuncia de los delitos que llegaron a una averiguación previa.

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Indicadores de desempeño Se ha mencionado que a solicitud de los gobiernos estatales, se incluyeron una gran cantidad de preguntas persiguiendo la formulación de indicadores de desempeño. Con el objeto de diferenciar mediciones para diferentes niveles de gobierno –en gran parte de ellas−, estas nuevas preguntas se repitieron haciendo alusión a distintas instancias. En las reuniones ya citadas, en las que se presentaban versiones del cuestionario, el ICESI argumentó que la población general no tiene claro lo que corresponde a las distintas instancias de gobierno, y que no se captarían evaluaciones certeras de cada nivel. Por otra parte, se cuestionó la utilidad y per-

tinencia de ciertas preguntas. Un ejemplo certero es la pregunta en la figura 14, donde se representa la opinión sobre la frecuencia con que los delincuentes son castigados por sus delitos en el país, la entidad o en el municipio. En primer lugar, se observa que la gente no tiende a percibir diferencias en los tres niveles de gobierno pues se contesta prácticamente lo mismo. En segundo lugar, y más importante aún, no se obtiene ningún indicador que valga la pena para la evaluación del desempeño o para políticas públicas. El significado de que el 70% de la población opine que los delincuentes son castigados algunas veces no repercute en nada. En este sentido, lo necesario son estadísticas judiciales exactas y no percepciones ambiguas.

Figura 14: Distribución de respuestas a la pregunta “¿Considera que en (ÁMBITO GEOGRÁFICO: PAÍS, ENTIDAD Y MUNICIPIO) por los delitos que cometen, los delincuentes son castigados...siempre? ¿La mayoría de las veces? ¿Algunas veces? ¿Nunca son castigados?”

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Intención de denuncia versus denuncia real En el cuestionario de la ENSI-7 se incorporaron dos preguntas para conocer la intención de denuncia bajo los mismos argumentos señalados antes. El ICESI hizo ver que la encuesta da el porcentaje de denuncia real y que la intención pudiera resultar de valor acomodaticio de manera que se pusiera más atención en ellas y menos a la denuncia real. Incluso se mencionó que varias empresas que hacen encuestas de opinión recogen mediciones similares y que se conoce que la intención de denuncia es prácticamente opuesta a la denuncia efectiva.

Figura 15: Porcentaje de la intención de denuncia a las autoridades en el caso de robo en vía pública en el auto o en la casa (a la persona o un familiar), de acuerdo a una de las nuevas preguntas incorporadas en la ENSI-7/2010.

No obstante, se conservaron tales preguntas que para efectos de diseño de políticas públicas no es útil y sería muy arriesgado tomar tal resultado para dicho fin. Los resultados fueron los previstos: mientras la denuncia efectiva de todos los delitos es del orden del 22% y se ha mantenido así en los últimos años, la intención de denuncia en caso de un robo es del 81% (Figura 15) y en caso de secuestro de un familiar del 82% (Figura17).

Figura 16: Porcentaje de denuncia de delitos de acuerdo con la encuesta de victimización ENSI-7. ¿Se acudió al M.P. a denunciar el delito?

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Figura 17: Respuesta a la pregunta sobre intención de denuncia en caso de secuestro de algún familiar.

El valor de la encuesta de victimización radica en que capta experiencias de las personas y por ello da mediciones de la realidad del entorno delincuencial y no supuestas intenciones de hechos futuros e inciertos. Las preguntas sobre intención de denuncia pudieran satisfacer cierta curiosidad y por ello algunas veces son incluidas para tener la comparación con lo que ocurre en la realidad. Pero conocer el contexto de las políticas públicas es elemental para descifrar la utilidad de ciertos indicadores y a la vez entender la confusión que puedan causar. Detalles particulares Para beneficio de futuros posibles usuarios de la base de datos de la ENSI-7, conviene hacer algunas precisiones sobre determinadas preguntas. Se advertirá en lo que sigue que varias preguntas nuevas o cambios provenían del ICESI; otros cambios del INEGI que se mencionan a continuación fueron observaciones que el ICESI aceptó. No se mencionan preguntas que de manera particular se comentaron antes, o bien la gran cantidad de

preguntas que supuestamente servirían como indicadores de desempeño y percepción, excepto un par de casos. El lector puede revisar los documentos de observaciones a versiones del cuestionario que entregó el ICESI al INEGI en su momento si desea conocer más detalles sobre determinadas preguntas. A continuación se mencionan casos en los que hay advertencias para posibles usuarios de la base de datos. La pregunta 4.4 busca conocer situaciones que se dan en los alrededores de las viviendas de los encuestados: “4.4 ¿Sabe usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda suceden o se dan las siguientes situaciones?” En esta pregunta se añadieron una diversidad de situaciones, algunas de las cuales se refieren a delitos específicamente y no a condiciones de riesgo. Por tanto, las personas dan su apreciación de la ocurrencia de ciertos delitos en los alrededores de su casa. Es importante no confundir la percepción de la ocurrencia con una incidencia. Por ejemplo, se pregunta si existen asaltos frecuentes, si ha habido secuestros, extorsiones y cobro de piso, si se agrede a mujeres, niños y ancianos. Cabe advertir que la encuesta no tiene represen-

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tatividad a niveles bajos como colonias o localidades, por lo que no sería correcto utilizar datos de la encuesta para identificar zonas donde ciertos problemas son más frecuentes. Además sería un error criminológico y para el diseño de políticas públicas pretender conocer la incidencia de delitos a través de la percepción. En la pregunta 4.12 se pregunta por actividades que dejó de hacer la persona, por el temor a la delincuencia, como se aprecia en su enunciado: “Durante 2009, por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.), ¿dejó de …?” Varias opciones se añadieron a esta pregunta, que de hecho fueron aceptadas por el ICESI, como es el caso de “frecuentar centros comerciales” o “viajar por carretera”. Al interpretar el resultado del inciso “ir a la escuela”, se debe recordar que la pregunta es respondida por personas adultas de 18 o más años y que no sería un indicador sobre la afectación por la inseguridad en los niveles bajos de escolaridad. En la pregunta 4.13, se preguntó sobre acciones o medidas de protección tomadas en el hogar: “Durante 2009, para protegerse de la delincuencia, ¿en este hogar se realizó algún tipo de medida como…?” Una de las medidas que se tenían desde años anteriores es contar con un perro guardián. De hecho, a lo largo de varios años el porcentaje que reporta esta medida no es nada despreciable. Cabe mencionar que hubo cierta confusión en la capacitación debido a que se pedía en algunos puntos del manual que se debería tratar de un perro entrenado, aspecto que en otros ejercicios no se contaba. El ICESI hizo ver que no se trata de perros entrenados, sino de los casos en que las personas simplemente dicen que tienen un perro porque les da cierta protección. Sin embargo, es posible que perdurara cierta duda en la captación de este inciso. La pregunta 4.15, “Durante 2009, ¿qué tanto afectó la delincuencia su calidad de vida?”, se expresó de mane-

ra un poco distinta a otros años. Para las ENSI´s anteriores se preguntaba: “¿Por causas de la delincuencia su vida se vio afectada mucho, poco o nada?”. La pregunta 4.16 fue refutada por el ICESI: “Durante 2009, ¿algún menor de edad que habita en su vivienda le dijo que se sentía inseguro(a) o amenazado(a)?” Las opciones de respuesta son Sí, No, No había menores y No sabe o no responde. Si la respuesta es sí, se pasa a la pregunta 4.17 que indaga en qué lugares los menores han dicho sentirse más inseguros. El ICESI indicó que para conocer la percepción de menores de edad es necesario dirigirse directamente a ellos y que la encuesta no era el medio para captar un indicador al respecto. Además hizo ver que era necesario consultar expertos en temas de infancia. Ya que la pregunta había permanecido, durante la capacitación el ICESI hizo ver la falta de la opción “No había menores, o no aplica”, pues todos los casos en que no hubiera menores en el hogar anotarían un NO y el porcentaje resultante no sería lo que suponían. Cabe señalar que el ICESI sigue considerando que la pregunta no da ningún indicador válido de infancia, más aún después de haber hecho un par de consultas al respecto a expertos de esos temas48. Pero para los posibles usuarios de la base de datos se advierte que es conveniente filtrar tanto los casos que indican en la respuesta que no había menores como los que en la pregunta 3.5 indicaron que no hubo menores de edad en 2009 en el hogar. La pregunta 4.18 es nueva en las ENSI’s a propuesta del ICESI:”¿Cuáles considera usted que son los principales problemas de su comunidad, relacionados con la inseguridad?”. La pregunta se concibió en un formato en que el encuestador debe esperar la respuesta del entrevistado y ubicar entre las posibles opciones que se le dan aquellas que fueron mencionadas, o en caso de que las respuestas fueran muy diferentes a las listadas, anotar el texto en el espacio que se le daba para espe-

cificar tal situación. Sin embargo, por las pocas visitas de acompañamiento que como única medida de supervisión pudo hacer el ICESI se observó que algunos encuestadores más bien preguntaban inciso por inciso, quizá debido al formato en la minilap. De esta forma el valor que se pretendía de ese indicador no es intacto49. La pregunta 4.35 indaga sobre los medios por los que la gente se entera de noticias sobre la delincuencia: “¿Usted se entera de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su estado por medio de...?”. En esta pregunta se añadieron opciones que demandan los tiempos actuales como internet y noticias por teléfono celular, las cuales fueron aceptadas o propuestas por el ICESI. Por otra parte, se cambiaron las opciones de respuesta de la frecuencia con que lee escucha o ve noticieros de “mucha poca o nada” a “diario, tres veces por semana, una vez a la semana, una vez al mes, nunca”. La pregunta 4.29 indaga sobre la confianza hacia ciertas instituciones: “Dígame el grado de confianza que tiene en... ¿mucha, alguna, poca o ninguna?” Es importante señalar que en el ejercicio de la ENSI-7 se eliminaron los sindicatos, los organismos empresariales y los bancos. Por otra parte, antes se preguntaba por legisladores, ahora se preguntó de manera específica por diputados y senadores; antes se preguntaba por policías locales, y en esta ocasión se preguntó por policías locales o municipales; antes se preguntaba por el Poder Judicial, y ahora se preguntó por los jueces. Por otra parte, cabe hacer notar que la pregunta 4.31 repite preguntas sobre la confianza que tienen las personas en los jueces, la Marina y el Ejército. En las preguntas sobre el conocimiento y confianza a ciertas policías o autoridades, así como si le han pedido soborno, cambió la lista de autoridades de tal suerte que sólo los agentes del ministerio público local y la

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policía de tránsito son completamente comparables50. Es importante mencionar que la pregunta que pide una calificación a la autoridad antes permitía una calificación del cero al diez, y en la ENSI-7 se pidió una calificación a partir de la unidad. Respecto a las preguntas sobre percepción de los operativos (4.36 y 4.37), ya se mencionó en este documento que el ICESI detectó en la capacitación la confusión sobre la inclusión del alcoholímetro entre las acciones que se podían considerar como operativos del gobierno federal, aspecto que fue corregido en principio en el manual. En cuanto a la sección V sobre robos de vehículos totales o parciales del hogar, cabe advertir que antes se preguntaba por el número de robos de cada tipo de delito, y en esta ocasión se preguntó por el número de incidentes en el estado de residencia de la víctima y en otro estado. Esto fue un cambio del ICESI para poder mejorar las tasas específicas de esos delitos. Es importante hacer notar, por otra parte, que en la ENSI-6 se captó el robo relacionado a la visita a un cajero automático, pero en la ENSI-7 se incluye la situación de visita a un banco además del cajero automático. Por otro lado, como en la ENSI-6 en el proceso de análisis se incluyó la clonación de tarjeta51 junto al fraude, a la pregunta en ENSI-7 sobre fraudes se le aña-

dió la posibilidad de clonación de tarjeta, por lo que quedan en el mismo grupo. En el módulo de delitos, en lo que toca a robo a casa habitación, el ICESI realizó un cambio importante ya que antes se preguntaba de manera similar a otros delitos si había estado presente la persona a quien se entrevista (el seleccionado del hogar). En esta ocasión se preguntó si algún miembro del hogar estuvo presente:” ¿Estuvo presente algún integrante del hogar al momento del robo?”. Otro detalle que incorporó el ICESI fue la pregunta sobre si los delincuentes llevaban armas en el módulo de delitos, con el interés de tener mayor información en una de las variables claves (antes se contaba con esta información sólo del último delito). En el robo a transeúnte, delitos sexuales, secuestro y lesiones, no se preguntó si la persona entrevistada (el seleccionado) estuvo presente, por lo que en el análisis se consideran que en estos delitos la persona siempre está presente. En un momento dado la pregunta se manejaba con cierta obviedad, pero servía para corroborar el tipo de delito. La pregunta 1.19 del módulo de último delito fue propuesta por el INEGI sobre el tiempo de demora de una denuncia: “¿Cuánto tiempo le llevó realizar el trámite

de su denuncia ante el Ministerio Público?”. Para la pregunta 1.20 del último delito (“¿Qué sucedió con la denuncia?” ) debió existir un pase que se quitó en la ENSI-7, ya que es de interés saber qué sucedió con la denuncia en los casos en los que se inició averiguación previa. Las preguntas 1.23 y 1.24 del módulo de último delito fueron nuevas propuestas por el ICESI, aunque en la 1.24 hubo cambios en las opciones de respuesta. La pregunta 1.23 indaga si la persona reportó el delito ante otra instancia distinta al M.P.; de ser así la 1.24 indaga esas otras instancias a las que las víctimas reportan delitos. Cabe mencionar que entre las opciones que finalmente quedaron en el cuestionario de la ENSI-7 se encuentra la Procuraduría General de la República (PGR), lo cual es un error, ya que se referiría al Ministerio Público Federal. Las preguntas 1.28 y 1.29 son nuevas en la ENSI-7, propuestas por el INEGI, y con las que el ICESI estuvo de acuerdo y sugirió posibles opciones de respuesta, como por ejemplo haber incluido el punto de “ser tomado en cuenta”, que es una de las principales menciones de Naciones Unidas a este respecto. Ambas preguntan sobre los servicios que recibieron las víctimas y aquellos que consideran deben de proporcionar las autoridades.

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Notas del capítulo l 12 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE) (2009), Manual para encuestas de victimización, p.254. 13 Ibidem, p.235, Inciso 835. 14 Versión recibida el 6 de abril de 2010. Se añade que el ICESI no tuvo conocimiento de que el INEGI había comenzado trabajos relacionados con el cuestionario, en cuanto a formulación y pruebas de preguntas desde febrero del mismo año, como consta en su reporte de actividades. 15 El 3 y 24 de mayo de 2010 se sostuvieron reuniones en las que el INEGI presentó distintas versiones de cuestionario. Los días 6 y 27 de mayo el ICESI envió observaciones por escrito sobre la versión que se le había presentado. 16 INEGI, Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010. Informe operativo. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/io_ensi-07.pdf, fecha de última consulta: 27 diciembre 2010, Sección 1.2: Marco conceptual, 17 Bolling Keith, Catherine Grant y Polly Sinclair, British Crime Survey Technical Report 2006-2007, Sección 4.6.2. pág. 59. 18 Kish Leslie (1987), “Statistical design for research”, John Wiley and Sons, Nueva York, p.266. 19 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y Comisión económica de las naciones unidas para Europa (CENUE) (2009), Manual para encuestas de victimización, Traducción al español. 20 ABS Information Paper: Measuring Crime Victimisation, Australia: The Impact of Different Collection Methodologies, 2002, cat. no. 4522.0.55.001 21 En la reunión del 16 de julio de 2010 en Aguascalientes, se mencionó el hecho de que habían hechos recortes al marco muestral. El 2 de septiembre el ICESI fue informado de las situaciones que se detallan más adelante. 22 Cabe señalar que existen correos electrónicos que muestran los detalles señalados aquí. El aviso sobre estos aspectos de la muestra o el marco muestral lo hace el INEGI tras la presentación a prensa

de las organizaciones civiles en apoyo al ICESI ante su exclusión en la encuesta. 23 INEGI (2010), Séptima encuesta nacional sobre inseguridad ENSI 2010. Informe Operativo. Pág 9. 24 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2009), Manual para encuestas de victimización, versión en español, p. 235. 25 Méndez, Ignacio (1991), Modelos estadísticos lineales en la investigación comparativa, Monografías IIMAS, UNAM, Vol. 1., No.4. 26 Méndez, Ignacio (1991), La estadística cómo ciencia y su papel en la investigación, Monografías IIMAS.UNAM, Vol.1, No.5. 27 Kish Leslie (1987), “Statistical design for research”, John Wiley and Sons, Nueva York, p.266. 28 Strangeland Pen (1996) The Effect of Interview Method and Response Rate on Victim Survey Crime Rates, International Victimology, P 141- 147, http://www.aic.gov.au/en/ publications/ previous%20series/ proceedings/ 1-27/~/ media/publications/ proceedings/ 27/ Strangeland.ashx , Abstract en: http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=169490, 29 Mayhew, P., & Van Dijk, J.J.M. (1997). Criminal victimisation in eleven industrialised countries. Key findings from the 1996 international crime victims survey. The Hague: Centro de Documentación e Investigación del Ministerio de Justicia de Países Bajos (WODC). 30 Nota: El estudio de Australia antes mencionado consideró el efecto de la presencia de otras personas en la entrevista, pero en particular los casos de familiares (esposo(a)). En el caso mexicano del que hablamos no nos referimos a esto ni a personas que estén en un momento dado estén actuando como supervisores, ya que éstos se identifican debidamente. Se plantea el caso de vigilancia de grupos organizados, como lo ocurrido en Tamaulipas en el desarrollo de ENSI-6. 31 Alvazzi del Frate, Anna (2003), “Comparing Crime Trends on the basis of Survey Data: problems and prospects”, Evento ISTAT, Roma. Pág 2. 32 Sánchez, Verónica, Deja Inseguridad conteo incompleto, Reforma, 25 de noviembre 2010, página 2,

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33 En Tamaulipas la no respuesta fue de 33.5%, y en Chihuahua de 26%. Lo importante no es tanto la magnitud de esta no respuesta sino que se encuentran entre sus causas, factores asociados fuertemente con el problema que se mide. 34 En la ENSI-7 el método de selección de persona fue el cumpleañero más cercano. Otras ENSI han implementado el mismo método o la tabla de Kish. 35 INEGI, Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI 2010, Manual del entrevistador, Capítulo 8, pág. 165. 36 Idem, p. 166. 37 Ibidem, p. 164. 38 Ibidem, p. 166. 39 Informe recibido el 7 de septiembre de 2010. 40 Todos los resultados han sido calculados con respecto a las viviendas seleccionadas 41 INEGI, Informe Operativo Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad ENSI /2010, pag.17. 42 Kevin Pickering, Patten Smith, Caroline Bryson and Christine (2008), British Crime Survey: options for extending the coverage to children and people living in communal establishments, Farmer National Centre for Social Research and Ipsos MORI, Reporte de Investigación No. 6. , Mayo 2008. 43 Idem. 44 Las comparaciones entre estados en ENSI-6 con respecto a ENSI-5 en los indicadores principales de prevalencia e incidencia, se hicieron con 90% de confianza ya que desde la emisión de resultados de esa encuesta, al ser los tamaños de muestra de la ENSI-5 menores a lo que se deseaba en casi todas las entidades, se optó por un nivel de confianza de 90% que diera estimaciones por intervalos menos amplias (Se pueden consultar datos públicos que desde ENSI-5 se muestran como estimadores por intervalo por entidad en los principales indicadores de victimización, con 90% de confianza). Conservando esa línea, para posibles comparaciones entre otros años se

hicieron los cálculos a dicho nivel. En lo que sigue del documento se apreciará un comportamiento similar en datos de estados, en la incidencia, por cuanto habrá lectores interesados en hacer comparaciones directas con ENSI-5, con los datos públicos. Por otra parte, se manejan también en el documento intervalos de 90% para datos que se derivan de delitos, ya que al hablar de delitos las muestras son de menor tamaño (ejemplo, denuncia, cifra negra). Las tasas diferenciadas se muestran por entidad también con un nivel de 90% (para que el lector interesado pueda contrastar con datos públicos previos de ENSI-5 ó 6). Por otra parte, en cada caso, se han aproximado las varianzas asumiendo un muestreo con reemplazo y considerando el diseño complejo. 45 Alvazzi del Frate, Anna (2003), Op.cit., p.11 46 Los delitos sobre robos clasificados en la ENSI son: Robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo a casa habitación, robo relacionado a la visita a un banco o cajero automático y robo a transeúnte. Robos de otra índole se clasifican en “otro robos”. Por otra parte, vale la pena mencionar que además de los robos se clasifican las lesiones, los secuestros (tradicionales o exprés de manera conjunta), los fraudes o clonaciones de tarjeta, extorsiones y delitos sexuales Se cataloga en “otro delito” todos aquellos delitos distintos a los antes mencionados. 47 Fue la instancia que, a partir de octubre de 2010, se indicó al ICESI fungiría como enlace con el INEGI. 48 Se hicieron consultas a expertos de instituciones especializadas como Ririki Intervención Social y de la Red por los derechos de la infancia en México. 49 Cabe señalar que, dicha pregunta había sido aplicada en al menos otra encuesta y es factible el formato en la práctica. 50 En lo que toca a confianza y soborno pues las otras preguntas difieren de versiones anteriores. 51 La clonación de tarjeta aparecía en ENSI-6, tanto como en otro robo y en otro delito.

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¿Para qué contar con una encuesta victimológica? Entre otros muchos aspectos, sirve: • Para conocer la cifra “negra”, es decir, la tasa de delitos no denunciados y por tanto no registrados en la estadística oficial. • Para precisar si los ascensos o descensos que muestran las cifras oficiales se deben o no a ascensos o descensos reales en el número de crímenes que ocurren. • Para revelar los delitos cometidos con violencia y específicamente con algún tipo de arma. • Para saber cuáles fueron los logros del Ministerio Público en los casos que fueron denunciados y la proporción de presuntos delincuentes puestos a disposición del juez. • Para advertir los avances e identificar y los puntos en donde es necesario reorientar las acciones y estrategias. • Una encuesta de percepción da a conocer lo que las personas –víctimas o no víctimas– sienten y piensan respecto a la criminalidad • Una encuesta victimológica mide la criminalidad real, con base en la cantidad de personas que sufrieron delitos en un período determinado. • Se estudia a la víctima del delito con base en un cuestionario estructurado para conocer el hecho delictivo concreto y sus consecuencias, es decir no sus percepciones, sino lo que vivió.

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II. Resultados de la ENSI-7 Considerando lo expuesto tanto en la introducción como en el capítulo I, es necesario aclarar que el análisis de los resultados que se realiza en el presente apartado se hace estrictamente con relación a las bases de datos entregadas por el Centro Nacional de Información dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SE-SNSP) al ICESI. Los cálculos e interpretaciones son exclusivamente propiedad intelectual del ICESI. En este análisis no se consideran los obstáculos, deficiencias metodológicas o de cualquier otra índole que hayan ocurrido durante el proceso del diseño, trabajo de campo y generación de resultados de la ENSI-7. El análisis de resultados tiene un enfoque técnico, lo que no supone obviar que, al no existir una supervisión sobre el proceso de levantamiento de la encuesta y mucho menos de

Figura 18: Prevalencia de hogares con víctima

auditoría o evaluación, la interpretación de los datos debe tomarse con reservas.

II.1. Prevalencia Prevalencia en contexto Más allá de las condiciones en que se generaron los resultados de la ENSI-7, éstos permiten confirmar tendencias de la victimización e incidencia delictiva en México durante los últimos tres años. La primera tendencia es la cifra de victimización que indica que alrededor de 13% de los hogares en los últimos años existe víctima de delito.

II. Resultados de la ENSI-7 48

RESULTADOS

Si se fija entonces esa tasa como el criterio de “normalidad” para situar la tasa de prevalencia de victimización en hogares, dado que ésta se ha mantenido prácticamente constante en las tres últimas mediciones de la ENSI, las entidades de la República que superen esta medida deberán considerarse que requieren de atención particular. El Distrito Federal y el Estado de México invariablemente han ocupado posiciones relevantes en las mediciones de 2007, 2008 y 2009 (ver Tabla I-10). ¿Por qué el Distrito Federal y el Estado de México presentan esta tendencia? (ver tablas I-8 y II-1) Estudios de victimización similares a la ENSI, incluso realizados específicamente en estas entidades, les asignan porcentajes equivalentes tanto para 2007 como para 2008, pero muy superiores para 2009. Tal es el caso de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional (ENVEI), realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).52 Si bien a la largo de las diferentes ediciones de la ENSI queda demostrado que la victimización es siempre

mayor en las zonas urbanas que en las rurales, es pertinente la explicación de por qué esa regularidad en el Distrito Federal y en el Estado de México. Una de las posibles explicaciones tiene que ver con lo que en la criminología ambiental se conoce como “la estructura de la oportunidad delictiva”. Una vez identificadas la naturaleza y magnitud de los delitos, así como las características de las víctimas, es necesario sistematizar la información precisando cuáles son las condiciones que favorecen la ocurrencia de un hecho delictivo. La criminología ambiental ha logrado documentar cómo la organización de las actividades humanas puede identificar los factores de riesgo que propician la victimización delictiva. La exposición al riesgo de ser víctima varía no sólo por las características sociodemográficas de las personas (edad, sexo, lugar de residencia, etcétera) sino por el tipo de rutina cotidiana que mantienen. El tipo de actividades de una persona, de trabajo o recreación, incrementan su exposición a hechos delictivos que se desarrollan en función de horarios, días y lugares determinados.53

II. Resultados de la ENSI-7 49

RESULTADOS

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

Figura 19: Estructura de oportunidad delictiva 54

Demografía; geografía, industrialización, urbanización. Seguridad Social/Educación/Sistema legal

ESTILO DE VIDA/ACTIVIDADES COTIDIANAS

Recreación/Trabajo Consumo/Residencia

ENTORNO FÍSICO

Tipo de entorno urbano/Tipo de vivienda Tecnología/Vehículos/Sistema de comunicaciones

AUSENCIA DE VIGILANCIA

Víctimas Hombres en edad productiva; ebrios; amas de casa

Objetivos Autos; bancos; comercios

Facilitadores Armas; autos; drogas; alcohol

INFLUENCIAS SUBCULTURALES; CONTROL SOCIAL (TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS TRADICIONALES)

ESTRUCTURA DE LA OPORTUNIDAD DEL DELITO AUSENCIA DE SUPERVISIÓN LIBERTAD DE MOVIMIENTO OFENSOR “INCONTROLABLE”

Búsqueda/Percepción

Información/Modelación Ofensores potenciales

Fuente: Ronald V. Clarke, “Situational crime prevention”, en Crime Prevention Studies, Vol. 2, Criminal Justice Press, Monsey, Nueva York, 1994. Adaptación y traducción de Mario Arroyo Juárez.

Motivaciones diversas Si se toma como ejemplo de actividades cotidianas el uso del transporte, encontraremos que el estilo de vida que impera en la zona metropolita de la Ciudad de México es algo único a nivel nacional. Según la Encuesta Origen-destino 2007 realizada por el INEGI, en la zona metropolitana integrada por el Estado de México y el Distrito Federal se efectúan casi 22 millones de viajes al día, de los cuales 14.8 millones son en transporte pú-

blico y el resto en privado. Las propias autoridades han señalado que “las rutas de mayor riesgo en el transporte y con mayor probabilidad de ser asaltado, son aquellas denominadas como metropolitanas que entran y salen de la ciudad a los municipios conurbados.” 55 La oportunidad delictiva en el caso del transporte y los medios que se utilizan (automóviles privados, taxis, et-

cétera) es muy amplia. Si a ello se añaden algunas características sobre el modus operandi con el que los victimarios actúan en el transporte público —por ejemplo, cuando un grupo de dos o más delincuentes sube a un microbus donde viajan alrededor de 20 personas, y les roban sus pertenencias— el número de víctimas que se generan en un solo hecho delictivo es voluminoso. Ahora bien, si se toma en cuenta que este hecho se re-

II. Resultados de la ENSI-7 50

RESULTADOS

pite de forma constante (varios hechos por hora) y cotidiana (todos los días), sin que las autoridades pongan un alto a la impunidad y dejen por omisión o colusión seguir actuando a los delincuentes, el número de víctimas que se genera en un punto geográfico, ruta o tipo de trasporte es excesivamente elevado. Además, si se considera el hecho de que la mayoría no denuncia el delito ante las autoridades, es absolutamente lógico que al aplicar la encuesta en un 28% de los hogares del DF y en el 21% de los del Estado de México haya cuando menos una víctima de algún delito. Esta misma explicación de la oportunidad delictiva se puede aplicar también a otros delitos, en particular al resto de los robos, que como lo señalan las ENSI’s, son la mayoría de los delitos que ocurren, no sólo en la zona metropolitana de la Ciudad de México sino en el resto del país. Indirectamente las teorías de la oportunidad delictiva, como sería el caso de la prevención situacional del delito (PSD) 56 , han encontrado que las condiciones sociales, de marginación, pobreza, etcétera, si bien influyen en la comisión de delitos, la mayoría de ellos se explica por otros dos factores: la reincidencia victimal y la impunidad. En otras palabras, en las zonas urbanas, tal y como se muestra en la estructura de la oportunidad delictiva, tanto los estilos de vida como el entorno físico proporcionan un gran número de víctimas, de objetivos y de facilitadores, y si no se reducen las oportunidades para delinquir, entonces la victimización será amplia y constante en cuanto a víctimas y objetivos (transeúntes, vehículos, etcétera). En lo que se refiere al porcentaje de víctimas mayores de 18 años en las entidades federativas, es necesario analizar cada caso en específico. Es ahí donde los resultados de la ENSI deben ser sometidos al análisis y contrastación con las realidades locales. En este sentido debe quedar claro que las encuestas de victimización son un instrumento más de diagnóstico y que su

precisión suele ser mayor a nivel global que local. Bajo estas consideraciones se puede observar que la prevalencia en prácticamente todas las entidades federativas se mantiene sin fuertes variaciones a lo largo de los últimos tres años, situación similar a lo que ocurre con los datos agregados a nivel nacional (Ver Figura 7). Algunos resultados particulares El porcentaje de víctimas a nivel nacional en 2009 bajó de manera significativa con respecto a 2008 (con 95% de confianza) de 11.5% a 10.1%; por otra parte no se advierte esa diferencia estadística significativa con respecto a 2007 (ENSI-5), aunque sí en relación con 2004 (ENSI-3). Las entidades con mayor proporción de víctimas fueron el Distrito Federal (21%), Aguascalientes (14.3%), Sonora (13.2%), Estado de México (13.1%), y Baja California (12.7%), las cuales tienen una prevalencia por arriba del promedio nacional; de manera importante también siguen Chihuahua (12.1%), Baja California Sur (11.6%) y Quintana Roo (11.5%). Por otra parte, las entidades con menor porcentaje de víctimas son Chiapas (2.9%) e Hidalgo (3.9%); les siguen varias entidades en niveles bajos, que resultan ser significativamente más altos que Chiapas pero no difieren de Hidalgo: Guerrero (4.8%), Veracruz (5.4%), Zacatecas (5.9%) Oaxaca (5.9%) Tamaulipas (6%), Campeche (6%) y Nayarit (6.2%). En los estados de Coahuila, Colima, Hidalgo, Nayarit, Querétaro la victimización general tuvo un cambio a la baja (90% de confianza) con respecto a 2008 (ENSI-6); así también se detectó lo mismo en Tamaulipas al hacer la comparación con respecto a 2007 (ENSI-5)57. Con respecto a 2008 (ENSI-5) se advierte cambio a la alza en Coahuila (5.4% a 8.8%) y Zacatecas (2.8% a 5.9%), pero por otra parte, los estados de Nuevo Léon (12.4% a 8.5%) y Tamaulipas (12.7% a 6.0%) mostraron un descenso significativo respecto a dicho año58.

Tabla II 1: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en la República Mexicana durante 2008. Resultados ENSI-7/2010.

II. Resultados de la ENSI-7 51

RESULTADOS

El conjunto de ciudades o áreas metropolitanas de estudio en esta ocasión se conformó por 17, incluyendo por primera vez a la ciudad de Morelia, Michoacán. Las ciudades de Nuevo Laredo (Tamaulipas) y Villahermosa (Tabasco), de las que no hubo resultados en la ENSI-659 , ahora forman parte del colectivo de zonas metropolitanas de estudio. Las ciudades de estudio en ENSI-7 son: Acapulco, Cancún, Chihuahua. Ciudad Juárez, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Nuevo Laredo, Oaxaca, Tijuana, Toluca, Villahermosa, el Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México. Para efecto de análisis, también se consideró la Ciudad de México considerando estimadores globales para el Distrito Federal y su zona conurbada del Estado de México. Se observa que la prevalencia general no ha sufrido cambio estadísticamente significativo en el global ciudades en los años que se tienen mediciones, a pesar de que la estimación puntual es menor. En 2009 en el grupo de 17 ciudades se detectó 15.6% de víctimas, mientras que en 2008 la estimación fue de 16.8%. De manera particular se observa que en las ciudades de Chihuahua y Cancún hubo un descenso estadísticamente significativo en la prevalencia general con respecto a 2008 (ENSI-6). En Chihuahua el cambio fue de 19.5% a 14.5% y en Cancún de 16.0% a 9.7% (ver tablas l-9 y ll-2).

Figura 20: Porcentaje de víctimas en cualquier parte de la República Mexicana en las zonas metropolitanas de estudio de acuerdo a las encuestas de victimización ENSI*.

Tabla II-2: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en la República Mexicana en las zonas metropolitanas de estudio, durante 2009 según ENSI-7/2010.

* La ENSI-3 consideró 13 ciudades, ENSI-4 16, ENSI-6, 14, Y ENSI-7, 17). Se ilustran intervalos de confianza de 95%.

En todos los resultados por zonas metropolitanas se incluye el concepto Ciudad de México, que se refiere a la estimación conjunta del Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México. Por otra parte se proporcionan, resultados separados para la zona conurbada (ZCMex) y para el Distrito Federal, como se aprecia en esta y las siguientes tablas por ciudad.

II. Resultados de la ENSI-7 52

RESULTADOS

Prevalencia en el estado de residencia Al examinar la victimización de personas en el estado donde viven se aprecia un comportamiento similar a la prevalencia general, por cuanto los estados más altos o bajos son los mismos. En Coahuila, Colima, Querétaro, Nayarit, Guerrero e Hidalgo el porcentaje de personas que fueron víctimas en su estado resulta ser menor que en ENSI-6 (2008) (comparaciones con 90% de confianza). En Guerrero no se detectó cambio en la prevalencia general, pero se advierte el cambio estadístico (a la baja) en el índice que da cuenta del porcentaje de víctimas en el estado en particular.

Tabla II 3: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en su estado de residencia en 2009, por entidades, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo)

Tabla II 4: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito en el estado de residencia en 2009, para las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo)

II. Resultados de la ENSI-7 53

RESULTADOS

Prevalencia en su ciudad (zonas metropolitanas de estudio) Es de especial interés conocer en las zonas metropolitanas de estudio el porcentaje de personas víctimas de delito en la ciudad donde viven. Se sabe que la delincuencia es un fenómeno primordialmente urbano. Se ha visto cómo el porcentaje de víctimas es mayor en las zonas urbanas. Pero es importante también conocer el porcentaje que sufre delitos en un periodo determinado en la ciudad donde reside. En general en 2009 este porcentaje fue de 15%, en el conjunto de zonas metropolitanas estudiadas. Sin embargo, se advierte un incremento en la ciudad de Oaxaca (11% en 2008 y 15% en 2009) y un descenso en las ciudades de Chihuahua (19% a 14%), Tijuana (16% a 12%) y Cancún (14% a 9%).

Tabla II-5: Porcentaje de personas de 18 años o más víctimas de algún delito durante 2009 en su ciudad, en las zonas metropolitanas de estudio. (Estimación por intervalo)

* Para el caso de Ciudad de México se inspeccionan los lugares de los delitos ocurridos en la base de delitos.

II. Resultados de la ENSI-7 54

RESULTADOS

Porcentaje de hogares con víctimas El Distrito Federal y el Estado de México poseen los porcentajes más altos de hogares con alguna víctima, con 27.9% y 21.1% respectivamente. Chihuahua (16.1%) y Baja California (16.0%) también tienen un porcentaje mayor al promedio nacional. En Sonora la proporción de hogares con víctimas es mayor al promedio nacional. Otros estados con porcentajes similares al promedio nacional son: Aguascalientes (15.6%), Quintana Roo (14.8%) , Nuevo León (14.2%), Puebla (14.2%), Baja California Sur (14.0%), Jalisco (13.8%) , Morelos (12.1%), San Luis Potosí (12.1%), Guanajuato (11.6%). Las entidades con menores porcentajes de hogares con víctimas son Guerrero (7.7%), Hidalgo (6.2%) , Veracruz (6.2%) , Nayarit (6.0%), Tamaulipas (5.1%) y Chiapas (5.0%).

Tabla II 6: Porcentaje de hogares con víctimas durante 2009, por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II 7: Porcentaje de hogares con víctima en las zonas metropolitanas de estudio durante 2009 según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 55

RESULTADOS

Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad Entre aquellos hogares donde hubo miembros menores de edad en 2009, se encontró que en 4.2% existió alguna víctima menor de 18 años. Esta medición se incorporó por vez primera en la encuesta realizada en 2009, año en que se estimó este porcentaje en 3.2% 60 . El nivel de este indicador en la ENSI-7 es mayor al promedio nacional en Distrito Federal, Quintana Roo, Nuevo León y Estado de México, donde se obtuvieron medidas de 9.3%, 7.0% , 6.5% y 6.0% respectivamente. En Sonora, no se tiene evidencia de diferencia con el promedio nacional, aunque de manera puntual se obtuvo un porcentaje mayor (6.5%). Por otro lado, en Coahuila, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas este porcentaje, puntualmente, fue menor a 2 %. También tuvieron porcentajes menores al promedio nacional los estados de Oaxaca (2.7%) , Zacatecas (2.6%), Baja California Sur (2.5%), Nayarit (2.3%), Veracruz (2.3%), Colima (2.3%), Querétaro (2.2%). En el conjunto de ciudades de estudio el porcentaje fue mayor a lo detectado a nivel nacional: 7.4%.

Tabla II-8: Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad, de los hogares con algún miembro menor de 18 años durante 2009, por entidades, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-9: Porcentaje de hogares con alguna víctima menor de edad durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 56

RESULTADOS

Porcentaje de hogares víctimas de ciertos delitos Es de interés conocer el porcentaje de hogares que sufrieron algún delito al patrimonio del hogar, como los robos de vehículos y a casa habitación. El robo a casa habitación muestra un comportamiento similar en las zonas metropolitanas de estudio como en el promedio nacional; el 2% de los hogares de México de manera general sufre este delito en un año. Sin embargo, los delitos de robo total o parcial de vehículos muestran mayor prevalencia entre los hogares de las ciudades que la generalidad del país. Entre los hogares del país que fueron propietarios de algún vehículo durante 2009, el 3.2% sufrió robo total, pero en las zonas metropolitanas este porcentaje fue de 5.4%, según la ENSI-7. El porcentaje es similar al registrado en años anteriores; en 2007 este porcentaje fue de 3.9% y en 2008 de 3.3%, pero no existe diferencia estadística significativa (95% de confianza). Cabe señalar que, con respecto a 2008, se detecta un descenso importante en el porcentaje de hogares que sufrieron robos parciales de vehículo, tanto a nivel nacional como en el conjunto de ciudades de estudio. En 2008, a nivel nacional, 15.4% de los hogares que tenían algún vehículo sufrieron robo parcial (14.7-16.0, 95% de confianza), mientras que para 2009 se estima a partir de la ENSI-7 que este porcentaje es de 12.4%, valor similar al estimado para 2007 a través de ENSI-5, que fue de 12.8%.

Tabla II-10: Porcentaje de hogares víctimas de robo a casa habitación, robo total de vehículo o robo parcial de vehículo durante 2009, a nivel nacional y en el colectivo de 17 zonas metropolitanas, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Las entidades donde resultó ser más frecuente este delito entre los hogares con vehículos fueron Aguascalientes (27.2%), Distrito Federal (19.1%), Jalisco (17.7%), Puebla (16.6%), Nuevo León (15.1%), Tabasco (14.9%), Sonora (14.8%), y Guanajuato (14.3%). Evidentemente, los robos de vehículos se cometen en mayor frecuencia en zonas urbanas; entre las ciudades de estudio, Guadalajara tiene el mayor porcentaje de hogares que han sufrido este delito (24.2%), seguido de Villahermosa (20.6%), el Distrito Federal (19.1%), Oaxaca (18.8%) , Monterrey (17.6%) y Morelia (15.2%). Las zonas metropolitanas con menor prevalencia de hogares por este delito son Culiacán (7.0%), Tijuana (7.4%) , Nuevo Laredo (7.6%) , Cuernavaca (9.1%) y Acapulco (9.9%).

Tabla II-11: Porcentaje de hogares que sufrieron robo parcial de vehículos en su estado, durante 2009 por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Se consideran hogares con vehículos particulares durante 2009). (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 57

RESULTADOS

Tabla II-12: Porcentaje de hogares que sufrieron robo parcial de vehículos en su estado, durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010 -Se consideran hogares con vehículos particulares durante 2009-. (Estimación por intervalo)

Prevalencia por tipo de delito Es interesante observar la proporción de personas víctimas por tipo de delito. Aun cuando los delitos de robos totales o parciales de vehículos así como el de robo a casa habitación, son delitos al hogar (y en particular, para los robos de vehículo existe en el cuestionario manera de estimarlo con base en los delitos sufridos en el hogar en general), es posible observar el comportamiento de estos índices considerándolos con base en población de personas de 18 años y más de manera similar a los demás delitos. Así pues, se advierte que el delito que tiene mayor prevalencia es el robo a tran-

seúnte, del que 3.4% de las personas adultas fue víctima en 2009 (y 3.1% en 2008, sin cambio significativo). Cabe señalar que, la prevalencia de robo parcial de vehículo, es decir el robo de accesorios, partes o herramientas del vehículo, disminuye de 4.3% en 2008 (4.04.6%) a 3.0% (2.8% - 3.2%) 61 en 2009. No hay que olvidar que este delito es de los más frecuentes en México (y los declarados en encuestas), sólo rebasado por el robo a transeúnte. Por otra parte, se detecta un cambio importante a la alza en el porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de extorsiones (0.9% a 1.4%) y lesiones (0.3% a 0.5%).

Tabla II-13: Porcentaje de personas de 18 o más años víctimas de cada tipo de delito (considerado en le encuesta) ocurrido en la República Mexicana durante 2009, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

* Ya que una persona puede ser víctima de varios delitos, los porcentajes no suman el porcentaje de víctimas general. -Se consideran estimaciones por personas de 18 y más años en cada caso.

II. Resultados de la ENSI-7 58

RESULTADOS

II.2. Incidencia La incidencia delictiva Uno de los principales indicadores que se obtienen de las encuestas de victimización es precisamente la incidencia delictiva, medida a través de tasas por cada 100 mil habitantes. El valor de esta indicador radica, fundamentalmente, en que estima con mucha precisión el volumen de delitos que ocurre anualmente, y no sólo aquellos que las autoridades de procuración de justicia conocen. Paradójicamente, en las discusiones sobre victimización (que muestra el número de víctimas involucradas), criminalidad (el número de delitos ocurridos a una población específica) o sobre inseguridad, que sería la consecuencia de esta interacción, no se habla por lo general de la incidencia, que es un dato crucial para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Para que los datos de incidencia que genera la encuesta sean valorados en su justa dimensión y aprovechada su utilidad, es necesario compararlos con la misma cifra que se obtiene pero de la estadística oficial a lo que se conoce como cifra oculta.62 Por definición, las cifras que dan a conocer las autoridades son claras subestimaciones de la cifra real de la delincuencia. El número más veraz dependerá en última instancia de la proporción que alcance la cifra oculta, también llamada cifra negra. Las implicaciones de utilizar la incidencia delictiva proveniente de la cifra oficial o la que se deriva de las encuestas de victimización es crucial. Tómese simplemente el criterio presupuestal. Los gobiernos soli-

citan a los poderes legislativos una determinada cantidad de recursos para que a través de sus instancias de seguridad y justicia puedan atender un determinado volumen de delitos anuales. Sin embargo, al estar subestimada esta cifra en al menos 80% están solicitando también mucho menos recursos de los que en verdad se necesitan.

arriba del promedio nacional. Por otra parte, las entidades con menores tasas de incidencia son Tamaulipas, Guerrero —lo que resulta inaudito dadas las noticias que casi diariamente aparecen en los medios de comunicación, y en lo que sin duda influyen las causas de no respuesta expuestas en el primer capítulo—, Hidalgo y Chiapas 63.

Ésta es la gran paradoja de negarse a utilizar los indicadores sólidos de la incidencia delictiva basada en las encuestas de victimización: al negar la realidad se perpetúa la falta de recursos, y así la brecha existente entre cifra oficial y cifra real seguirá generando un círculo perverso donde las autoridades sostienen que los delitos gracias a sus acciones se reducen, mientras que las víctimas los sufren ya sea en la misma proporción o incluso en número mayor. La conclusión es sencilla: para el diseño de políticas públicas es necesario utilizar el dato de la incidencia delictiva generado por las encuestas de victimización (ver Tabla I-14) y no el que se obtiene de las cifras oficiales. Ello redundará en el mediano y el largo plazos en un beneficio tanto para los gobiernos que siguen administrando el miedo al delito bajo una lógica político-electoral como por supuesto para los ciudadanos, quienes se verían beneficiados al orientarse de manera más técnica y racional los recursos y las acciones para mejorar la seguridad.

Una entidad, Yucatán, registra incidencia con cambio significativo a la alza (5,135 a 9,162), lo que también resulta extraño pues la entidad continúa con una tasa de homicidios dolosos similar a la de las naciones más seguras del mundo y sin una sola denuncia por secuestro. En diez entidades se observa un cambio favorable importante, es decir una disminución. Esto ocurre en Coahuila, Colima, Chihuahua —donde igualmente no se pudo aplicar la tercera parte de los cuestionarios, circunstancia que no debe obviarse al dar los resultados—, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sonora y Tamaulipas64.

Resultados particulares de incidencia Tasa general de delitos por 100 mil habitantes Las entidades con mayor incidencia delictiva son el Distrito Federal (26,548) y Aguascalientes (19.750), seguidas de Quintana Roo (15,857), Estado de México (15,808) y Baja California (13,255). Las cinco entidades mencionadas tuvieron una incidencia de delitos en la ENSI-7 por

Cabe señalar que la tasa nacional de delitos por 100 mil habitantes (población general) derivada de la ENSI-7/ 2010 resulta ser menor a la de ENSI-6/2009, considerando una confianza de 90%. Al examinar las diferencias con 95% de confianza, no se advierte diferencia estadística. No obstante, ante una prevalencia que resulta menor con una diferencia estadísticamente significativa (con 95% de confianza), aunado al hecho de que un número importante de entidades muestran descensos, se aprecia un panorama general “a la baja” —aun cuando la incidencia sea significativamente menor a 90% de confianza y no a 95%—.

II. Resultados de la ENSI-7 59

RESULTADOS

Tabla II-14: Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes, por entidades según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-15: Tasa de incidencia delictiva por 100 mil habitantes, en las zonas metropolitanas de estudio según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

En particular, ocurrieron 24.1 robos a casa habitación por cada mil hogares en 2099, cifra similar a lo estimado para 2008 a partir de ENSI-6 (22.7)65. Sin embargo, las tasas de delitos a vehículos, que registraron cifras de 16.2 para robo total y 82.7 para robo parcial, se detectan menores a las obtenidas para los mismos delitos en ENSI-6; el robo parcial, aunque es menor que en 2008, resulta mayor a lo estimado para 2007 (68.7). Mientras, el robo total de vehículo resultó similar en magnitud a 2007 (16.7)66. En el conjunto de las zonas metropolitanas de estudio no se detectan diferencias ni en la estimación de la tasa de delitos al hogar ni en ninguno de los rubros específicos.

Tabla II-16: Tasa de incidencia de delitos al hogar por mil hogares a nivel nacional en 2009, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tasa diferenciada de delitos al hogar A partir de la encuesta es posible estimar los robos totales y parciales de vehículos con base en los delitos sufridos por cualquier integrante del hogar, ya que se tiene una sección que pregunta si alguno de los integrantes fue propietario de vehículo y si se sufrieron estos delitos. Con base en esta información y los datos recabados sobre robos a casa habitación, se construye una tasa de incidencia de delitos al hogar, por mil hogares. En general se dieron en 2009 según ENSI-7, 123 delitos al hogar por mil hogares.

• La tasa de delitos nacional considera todos los delitos sin importar donde ocurrieron, las tasas estatales, considera los delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima.

II. Resultados de la ENSI-7 60

RESULTADOS

Tabla II-17: Tasa de incidencia de delitos al hogar por mil hogares en 2009, para el conjunto de zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

* En ciudades las tasas se refieren a delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima

Al examinar el robo a casa habitación por entidades y ciudades, sólo se advierte un incremento en el estado de Puebla (que pasó de 9.7 a 25.1). El robo total de vehículo descendió en varias entidades de 2008 a 2009, según los datos de ENSI-7, pero resulta similar a la cifra de 2007 (que fue de 16.767); se observan cambios con respecto a 2008 en Baja California (66.9 a 41.4), Hidalgo (de 11.9 a 2.2) , San Luis Potosí (13.4 a 4.1), Sinaloa (15.3 a 5.7), y Veracruz (7.9 a 1.4). Al hacer el estudio comparativo en ciudades, se detecta un cambio a la baja en Tijuana (de 92.9 a 53.4) en el robo total de vehículo. Sobre el robo parcial de vehículo se detectan disminuciones importantes en las siguientes entidades: Colima (76.6 a 22.2) , Guerrero (35.3 a 14.4) , Michoacán (107.2 a 56.1), Morelos (53.7 a 29.9), Querétaro (101.4 a 45.2) y San Luis Potosí 100.7 a 58.9). Entre las ciudades, se registra un decremento significativo en Chihuahua (196.1 a 130.6) y Tijuana (96.5 a 59.0).

Tabla II-18: Tasas diferenciadas de delitos al hogar por mil hogares en 2009, por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-19: Tasa diferenciada de delitos al hogar por mil hogares, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 61

RESULTADOS

Tasa diferenciada de delitos a las personas Los demás delitos captados por la encuesta son los que se cometen directamente a la persona. En particular la encuesta detecta si la persona sufrió robo a transeúnte, o un robo relacionado a la visita de un banco o cajero automático, otros robos, lesiones, fraudes, extorsiones, delitos sexuales, secuestro (de tipo tradicional o exprés) y otros delitos. Sobre éstos se construye una tasa diferenciada por 100 mil personas de 18 o más años. Dicho indicador se ha mantenido estable, pues a nivel nacional en 2009 resultó en 9,302 (8,654 – 9,951, con 95% de confianza) delitos por cada cien mil personas adultas, y en 2008 la estimación fue de 8,353 (7,767 – 8,939 con 95% de confianza); habida cuenta que no hay evidencia estadística de diferencia entre ambas cifras. Tampoco hay evidencia estadística de diferencia de la magnitud de estos delitos con respecto a 2007 (cuando esta tasa fue de 8,795). Sin embargo, en varias entidades se detectó que esta medida tuvo un incremento con respecto a 2008; a saber, esto ocurrió así en los

estados de Aguascalientes (4,228 a 11,088), Distrito Federal (16,840 a 23,910) , Durango (2,454 a 6,428), Estado de México (12,545 a 17,517) , Quintana Roo (5,163 a 13,919), Yucatán (2,633 a 8,639) y Zacatecas (1,153 a 5,744). Aunque en el ámbito nacional la tasa de delitos a las personas permaneció igual, en el conjunto de zonas urbanas de estudio se dio un incremento significativo. Si en 2008 se tenía que las 14 ciudades registraban 12,328 delitos a la persona por 100 mil habitantes adultos, en 2009, de acuerdo a la ENSI-7, se dieron 15,133 en el conjunto de 17 zonas metropolitanas)68. Dicho cambio es estadísticamente significativo con 95% de confianza. Sin embargo, se aprecia que dicho indicador es similar a lo estimado para 2005 (ENSI-4) en 16 zonas urbanas 69 (15,555). Además del Distrito Federal, que ya se mencionó entre las entidades, subió en este sentido la zona conurbada del Estado de México (15,106 a 22,722), y Oaxaca (10,005 a 17,539). En la Ciudad de México, en donde se incluye al Distrito Federal y su zona conurbada, también se registra un incremento de este indicador (15,941 a 23,296).

• La tasa de delitos nacional considera todos los delitos sin importar donde ocurrieron, las tasas estatales, considera los delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima.

Tabla II-20: Tasa diferenciada de delitos a las personas en 2009, por 100 mil habitantes de 18 y más años, según ENSI-7/ 2010, por entidad federativa. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 62

RESULTADOS

Tabla II-21: Tasa diferenciada de delitos a las personas en 2009 por 100 mil habitantes de 18 y más años, según ENSI-7/ 2010, por zona metropolitana de estudio. (Estimación por intervalo).

• En ciudades las tasas se refieren a delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima

Al analizar cada tipo de delito se advierte que la tasa de robos a transeúnte no mostró cambio a nivel nacional, como tampoco en la generalidad de ciudades. En el país, de acuerdo con la ENSI-7, hubo en 2009 una tasa de 4,499 robos a transeúnte por cada 100 mil habitantes adultos cuando en 2008 esta cifra fue de 4,092. Por otra parte, en las zonas metropolitanas este indicador resultó ser de 8,605 en 2009; sin ser significativamente distinto a la medición de 2008, de 7,715. Sin embargo en el estado de Chihuahua, así como en Ciudad Juárez, se detectan aumentos de esta tasa; en el primer caso pasa de 1,326 a 2,447, y en el segundo pasa de 2,312 a 4,648 robos a transeúnte por cien mil personas de 18 o más años. Sin duda el cambio en Ciudad Juárez tuvo peso importante para el resultado estatal. También hay que mencionar incremento en el estado de Guanajuato (897 a 2,692) y en la ciudad de Oaxaca (5,798 a 10,316). Los delitos a personas que registraron un ascenso de 2008 a 2009 en la tasa diferenciada específica fueron las lesiones y las extorsiones. A nivel nacional las lesiones subieron de 407 en 2008 a 625 por cien mil habitantes de 18 o más años en 2009. En las zonas metropolitanas de estudio, se pasó de 451 a 873. Cabría señalar que las entidades donde específicamente se detecta incremento significativo son el Estado de México (de 171 a 675), Oaxaca (57 a 1,191), Quintana Roo (207 a 1,315), mientras que sólo en Hidalgo hubo una baja importante (1,011 a 77). Entre las zonas metropolitanas se detecta un cambio a la alza de la tasa de lesiones en la zona conurbada del Estado de México (de 174 a 822), Ciudad Juárez (27 a 692) , Oaxaca (355 a 1413) y en el global de la Ciudad de México, es decir la conjunción de la zona conurbada sumada al Distrito Federal ( de 351 a 1054). Para 2008, a través de la ENSI-6, se estimaron que ocurrían 1,291 extorsiones por 100 mil personas de 18 o más años; mientras, a partir de la ENSI-7 se estima que en

2009 este indicador fue de 2,030. Esto supone un cambio a la alza significativo estadísticamente. En Aguascalientes (subió de 782 a 5,035), Durango (cambió de 44 a 2,595), Morelos (574 a 2,106) , Nuevo León ( de 543 a 1,632) , Quintana Roo (361 a 3,324) , San Luis Potosí (de 1484 a 3,902) y Zacatecas ( de 309 a 3,791) se observan aumentos con respecto a la medición de extorsiones en 2008. Por otra parte en Coahuila y Nayarit este índice desciende. En el conjunto de zonas metropolitanas se registró un índice de extorsiones en 2009 de 2,629 por cien mil habitantes adultos, mientras la cifra de 2008 a partir de ENSI-6 fue de 1,325. En particular hubo un incremento de la incidencia de este delito en la zona conurbada del Estado de México (subió de 1,053 a 2,590) , Acapulco (314 a 1,668), Cuernavaca (851 a 3,600), Cancún (567 a 2,309) , Mexicali (1,707 a 4,514) y la Ciudad de México (1,417 a 3,148). El índice detectado en Nuevo Laredo es de 1,212, lo cual se encuentra por debajo de la media del conjunto de ciudades, pero dentro de un rango promedio nacional.

II. Resultados de la ENSI-7 63

RESULTADOS

Tabla II-22: Tasas de delitos a las personas por 100 mil habitantes de 18 y más años, en 2009 a nivel nacional por tipo de delito, a partir de ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-23: Tasas de delitos a las personas por 100 mil habitantes de 18 y más años, en 2009 en el conjunto de zonas metropolitanas de estudio, por tipo de delito, a partir de ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

* En ciudades, la tasa corresponde a delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima.

II. Resultados de la ENSI-7 64

RESULTADOS

Finalmente, tanto la prevalencia como la incidencia de extorsión y lesiones muestran alzas significativas a nivel nacional. Lo mismo ocurre con el robo parcial de vehículo. Sin embargo, el robo total de vehículo muestra una baja en la medida de incidencia (basada en hogar) pero la medición de prevalencia (basada en personas) no indica cambio sobre el año anterior. Hay que observar que estos indicadores provienen de secciones diferentes del cuestionario, es decir la prevalencia que se calcula sobre personas considera delitos sufri-

dos por la persona seleccionada del hogar, mientras la tasa diferenciada de incidencia considera los delitos a vehículos del hogar. Por otra parte, se mencionó que el porcentaje de hogares con vehículo que sufrieron este tipo de robo se ha mantenido. Por todo ello, es contundente que la encuesta describe una baja en el robo parcial de vehículo con respecto al año anterior, pero conviene reservarse tal conclusión en lo que toca a robo total.

Tabla II-24: Tasa diferenciada de robo a casa habitación por mil hogares, durante 2009 por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-25: Tasa diferenciada de robo a casa habitación por mil hogares, durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 65

RESULTADOS

Tabla II-26: Tasa diferenciada de robo total de vehículo por mil hogares, 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

* Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero.

Tabla II-27: Tasa diferenciada de robo total de vehículo por mil hogares, en 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 66

RESULTADOS

Tabla II-28: Tasa diferenciada de robo parcial de vehículo por mil hogares durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-29: Tasa diferenciada de robo parcial de vehículo por mil hogares durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 67

RESULTADOS

Tabla II-30: Tasa diferenciada de robo a transeúnte por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

• -Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero.

Tabla II-31: Tasa diferenciada de robo a transeúnte por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 68

RESULTADOS

Tabla II-32: Tasa diferenciada de otros robos por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-33: Tasa diferenciada de otros robos por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 69

RESULTADOS

Tabla II-34: Tasa diferenciada de lesiones por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

• Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero

Tabla II-35: Tasa diferenciada de lesiones por 100 mil personas de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 70

RESULTADOS

Tabla II-36: Tasa de extorsiones por 100 mil habitantes de 18 o má años durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-37: Tasa diferenciada de extorsiones por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, en las zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

• Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero

II. Resultados de la ENSI-7 71

RESULTADOS

Tabla II-38: Tasa diferenciada de fraudes por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, por entidad, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-39: Tasa diferenciada de fraudes por 100 mil habitantes de 18 o más años, durante 2009, en zonas metropolitanas de estudio, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

• Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero.

• Aparecen truncados en cero aquellos límites inferiores menores a cero.

II. Resultados de la ENSI-7 72

RESULTADOS

Distribución de hechos delictivos Los hechos delictivos ocurridos en 2009, según los datos que se desprenden de ENSI-7, muestran que la extorsión, delito que se estimaba como el 10% de todos los hechos delictivos registrados por la ENSI-6, ahora representa el 14%. Llama la atención por otra parte, que el robo de accesorios de vehículos aparece con una baja en la distribución de delitos: 23%. El robo a transeúnte sigue siendo lo más frecuente, representando el 32% de la delincuencia común de 2009, de acuerdo con la ENSI-7.

Figura 21: Distribución de hechos delictivos 2009 y 2008 a nivel nacional.

* Los delitos son ponderados por factor de hogar o persona según el tipo de delito.

En las zonas metropolitanas de estudio el robo a transeúnte es también el delito predominante, con el 40% del total. Se aprecia, al igual que a nivel nacional, un aumento en la proporción de extorsiones: del 7% al 12%, y un descenso en robo parcial de vehículo de 25% en 2008, a 21% en 2009.

II. Resultados de la ENSI-7 73

RESULTADOS

Figura 22: Distribución de hechos delictivos en el conjunto de zonas metropolitanas de estudio (En la ENSI-6 el conjunto es de 14 ciudades y en la ENSI-7, 17).

* Los delitos son ponderados por factor de hogar o persona según el tipo de delito.

II. Resultados de la ENSI-7 74

RESULTADOS

Secuestro No hay duda que uno de los delitos de mayor impacto social en México es hoy en día el secuestro en sus dos modalidades: la de secuestro exprés y los secuestros tradicionales en los que se exige un rescate. Se ha dicho en varias ocasiones que el simple hecho de que una encuesta llegue a captar el secuestro es significativo, por ínfimo que sea ese indicador. La encuesta registra de manera conjunta el secuestro tradicional, es decir aquél en que se priva de la libertad a la víctima y se solicita rescate, y el secuestro exprés, en el que se priva de la libertad a la víctima por el tiempo indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión. Con los resultados obtenidos de la ENSI-7 no se detecta diferencia significativa entre las mediciones de 2008 y 2009: en ambos años se aprecia que 0.1% de la población adulta es víctima de alguna de las modalidades de

secuestro en un año. La cifra oficial, en cambio, registra un aumento importante. En 2008 se abrieron 907 averiguaciones previas por ese delito, y en 2009 se iniciaron 1,128. Es decir, las autoridades no han logrado disminuir la incidencia ni la prevalencia delictiva de la totalidad de delitos, y tampoco han logrado reducirlas específicamente en uno de los delitos más graves. Dicho lo anterior, es preciso matizar: hay varias entidades del país en las que el secuestro no es un problema mayúsculo, mientras que en otras ha adquirido dimensiones considerables, y en dos de ellas —Chihuahua y Baja California— de gran magnitud. No puede soslayarse en este punto que uno de los compromisos del Acuerdo por la legalidad, la seguridad y la justicia, signado ya hace dos años y media, era el de esforzarse por hacer descender la victimización en el secuestro. El 0.1% que arrojó la ENSI-7 permite advertir se cometieron alrededor de 99 secuestros (exprés y tradicionales) 70 por cada 100 mil habitantes entre la población de 18 o más años en 2009 —como se aprecia en el inciso correspondiente a tasas diferenciadas de este documento—, tasa extremadamente alta.

Tabla II 40: Denuncia y cifra negra en el delito de secuestro a partir de estimaciones conjuntas de varios años.

* Se consideran los ponderadores de cada año en las estimaciones conjuntas. ** No es recomendable tomar estimaciones de años específicos como válidas, por los pocos casos encontrados en cada año, pero se muestran para claridad y conocimiento del lector.

Hay crímenes que aparecen sólo cuando la delincuencia es alta y las autoridades se encuentran rebasadas por el resto de la delincuencia. Tal es el caso del secuestro. A lo largo de las mediciones de la ENSI, hemos visto que el secuestro encontró no sólo un entorno propicio para florecer, sino que ha mantenido una incidencia constante. El nulo avance en el objetivo de hacer decrecer la incidencia y la prevalencia de secuestros es una ominosa constatación de la debilidad del Estado mexicano —en sus tres niveles— que, como muestran las cifras, parece carecer de alternativas eficaces ante el desafío de la criminalidad más devastadora. Las autoridades se han mostrado más preocupadas por la manera de afrontar la situación en el discurso, reiterando una y otra vez que las cosas no son tan graves, que en tomar las medidas de política criminológica y profundo rediseño institucional que las circunstancias exigen.

II. Resultados de la ENSI-7 75

RESULTADOS

Aunque más adelante en este documento se tocan los temas de denuncia y cifra negra, cabe hacer ciertos señalamientos sobre el delito de secuestro, ya que es el delito donde existe mayor necesidad de satisfacer este tipo de indicadores. Los datos recabados sobre secuestros en cualquier modalidad en una encuesta son contados71 por lo que es difícil desprender conclusiones específicas de aspectos como los mencionados. Por la misma razón, se advierte que sería aventurado establecer conclusiones sobre sus tendencias. Sin embargo, podemos considerar que la estimación a partir de varias encuestas puede ser más razonable y aportar un dato que describa una situación de fundamental preocupación. Al conjuntar la ENSI-5 Y ENSI-6 se llega a que la cifra negra del secuestro es de 60%; si se obtiene la misma medición conjuntando datos de ENSI-6 y ENSI-7 la cifra negra se estima de 66% y al conjuntar las tres encuestas se llega a una cifra negra de 58%. Igualmente, con base en los delitos reportados en las tres últimas ENSI, se encuentra que 55% de los secuestros de personas adultas que habitan en viviendas particulares (población a la que se encuesta) han sido denunciados. En este sentido, es importante señalar que la encuesta es ciega hacia los delitos cometidos en menores de edad y en población migrante. También se debe recordar que estas estimaciones consideran tanto los secuestros tradicionales como los exprés y que los segundos usualmente son clasificados por las procuradurías estatales como robos, lo que obliga una vez más a contar con un catálogo de delitos —estadístico oficial— confiable y apegado a la realidad criminológica. 72 Extorsión El delito de extorsión ha tenido gran crecimiento en México. En la ENSI-6 por primera vez el ICESI incorporó la medición particular de este delito, ya que existía conocimiento sobre la gravedad que estaba represen-

tando ya. Lo que indica la base de datos de la ENSI-7 es que este delito aumentó al examinar la prevalencia, la incidencia o su porcentaje en la distribución de hechos delictivos. Se había estimado que en 2008 la extorsión era el 10% de los delitos, y según la ENSI-7, este delito ocupa el 14% en la distribución. En 2009 ocurrieron 2,030 extorsiones a nivel nacional por cada 100 mil habitantes de 18 o más años, y en el ámbito de zonas metropolitanas 2,629. Aunque de manera puntual aparece la medida del grupo de grandes ciudades como mayor, en realidad la incidencia de este delito en dicho ámbito no es mayor de manera estadísticamente significativa al promedio nacional, por lo que no es un delito que caracterice a las zonas metropolitanas sobre otras regiones menos densamente pobladas. Se puede decir que las extorsiones siguen ocurriendo principalmente vía telefónica. En 2008, 82% de las extorsiones fueron así, y en 2009 el 89%. El porcentaje de ocasiones donde lo que se pide en la extorsión es dinero es igual en la ENSI-6 y la ENSI-7, 84%. Mientras en 2008 el 28% pagó al extorsionador, en 2009 el 19% lo hizo así. Este resultado permite advertir que la

campaña de sensibilidad a este respecto que han hecho diversas organizaciones civiles, así como autoridades federales y estatales ha funcionado para que cada vez haya un menor número de víctimas consumadas. Un cambio drástico se advierte en la solicitud de otras cosas distintas al dinero, pues en 2008 al 71% de las víctimas les ocurrió esto pero en 2009, sólo fue así en el 16% de los casos. Entre lo solicitado en 2009 se encuentran las tarjetas telefónicas prepagadas y/o celulares (76.9%), vehículos automotores (7.2%), otros bienes (6.7%), tarjetas bancarias (4.9%), y exigencia de cosas no materiales (3.2%). Por otra parte, mientras el promedio de dinero solicitado en 2008 fue de $50,200 pesos, en 2009 se estima en $84,100 pesos, reflejando un sensible aumento en el costo económico de este delito. Respecto de la extorsión puede decirse algo similar a lo que se apuntó sobre el secuestro. La extorsión es un delito muy grave, que provoca zozobra, arruina nego-

Figura 23: Distribución por tipo de extorsión a nivel nacional.

II. Resultados de la ENSI-7 76

RESULTADOS

cios, desestimula las inversiones e incluso orilla a la gente a abandonar sus casa y sus comunidades. El hecho de que no solamente no haya decrecido su incidencia sino que haya aumentado en proporción considerable es también sintomático del fracaso de las autoridades en la tarea más urgente, la que principalmente les da razón de ser: la de brindar un grado aceptable de seguridad pública a los ciudadanos.

Figura 24: Distribución de todos los delitos sobre la portación de armas y porcentaje en que la víctima es agredida, habida cuenta que el delincuente portaba arma, a nivel nacional. ¿El delincuente traía arma?

% Sí lo agredieron con el arma

II.3. Violencia De acuerdo con los resultados de ENSI-7, en 2009 hubo mayor proporción de delitos donde los delincuentes llevaban armas que en estimaciones anteriores (32.6% en 2009 y 25% en 2008). En las zonas metropolitanas de estudio este porcentaje es mayor, del orden de 41.1% en 2009. En las ocasiones en que los delincuentes portaban cualquier tipo de arma, a nivel nacional, el 30.8% de las veces la víctima fue agredida en 2009. El porcentaje de agresión una vez que el delincuente está armado no ha cambiado de manera estadísticamente significativa. Del total de delitos tampoco hay diferencia significativa con respecto a 2008 y 2007 en cuanto al porcentaje de delitos en los que la víctima resulta agredida con un arma. Esta terrible consecuencia fue en 2009 de 10.2% (en 2008 fue de 8.5% y de 10.8% en 2007). Así pues aunque se advierte mayor proporción de delitos donde la víctima logró percatarse de la presencia de un arma, la ejecución de agresión con el arma al final de cuentas se ha mantenido sin diferencias significativas. De ser así, no se puede hacer a un lado que simplemente advertir la presencia de un arma intimida a la víctima aumentando su temor.

-“No aplica” cubre los casos en que la víctima no se dio cuenta al momento del delito.

Figura 25: Porcentaje de delitos donde hubo agresión con arma a la víctima, en los casos donde el delincuente portaba alguna, a nivel nacional.

Figura 26: Porcentaje del total de delitos, en los que la víctima fue agredida con un arma, a nivel nacional (se consideran todos los delitos, haya estado presente la víctima o no).

II. Resultados de la ENSI-7 77

RESULTADOS

Es importante señalar que los delitos donde los delincuentes portan armas con mayor frecuencia son el secuestro o secuestro exprés (86%), el robo a transeúnte (77%) o el relacionado a la visita a un banco o cajero automático (84%), y por supuesto, las lesiones (70%).

Tabla II 41: Porcentaje de delitos a mano armada por entidad, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Figura 27: Porcentaje de delitos con presencia de armas, por tipo delito a nivel nacional.

• Delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima

II. Resultados de la ENSI-7 78

RESULTADOS

Entre las entidades federativas, cabe destacar que en el Estado de México (58.1%), Distrito Federal (43.6%) y Guerrero (42.9%) se tuvieron los mayores porcentajes de delitos donde el delincuente portó arma en 2009. Por otra parte, se detectan incrementos sobre este índice en 2008 en el Estado de México, Sinaloa y Puebla;73 los últimos alcanzaron porcentajes de hasta 39.2% y 31.9% respectivamente, cuando en 2008 estas cifras eran de 18.6% y 12.5% en cada caso. Se registra un descenso en Chiapas en el porcentaje de delitos a mano armada con respecto a 2008 (de 26% a 7%). Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal han ocupado también en 2007 y 2008 primeras posiciones en este indicador.

Tabla II 42: Porcentaje de delitos a mano armada durante 2009 en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

En el ámbito de ciudades es relevante mencionar que en esta encuesta, el delito a mano armada registró un alza significativa con respecto a 2008 pasando de 32.2% a 41.1% en 2009. En particular se observa un incremento en la zona conurbada del Estado de México (de 45.3% a 61.5%) y en la Ciudad de México —conjunto del D.F. y su zona conurbada—(de 41.0% a 51.7%), pero en el Distrito Federal no hay evidencia de un cambio estadisticamente significativo a pesar de que el dato de 2009 es mayor (37.2% en 2008 y 43.6% en 2009). El segmento de delitos perpetrados con arma no aparece en la estadística oficial y es un dato sumamente relevante, pues se trata de conductas en las que, además del bien jurídico lesionado con la conducta delictiva, durante todo el episodio está en riesgo no sólo la integridad sino la vida misma de la víctima. Un incremento de esta clase de delitos supone, por tanto, un retroceso importante en la lucha contra la criminalidad.

* Delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima

II. Resultados de la ENSI-7 79

RESULTADOS

II.4. Denuncia y cifra negra La denuncia De acuerdo con la serie de mediciones de la ENSI, la cifra negra se ha mantenido en niveles superiores al 80 % a nivel nacional (Figura 32). Éste es sin duda otro indicador que refleja el nulo impacto que han tenido las políticas gubernamentales en lograr que se eleve el porcentaje de denuncias. La lectura de estos datos tiene múltiples interpretaciones y nos arroja información clave para entender el complejo sistema mexicano de seguridad y justicia. En esencia el indicador de cifra negra refleja la capacidad del sistema penal para procesar de forma oportuna y eficiente el volumen de delitos que se generan en la sociedad. Refleja también de forma indirecta el nivel de confianza que los ciudadanos que fueron víctimas de un delito otorgan a las instituciones, en particular a las de procuración de justicia. El hecho de que la cifra negra haya permanecido constante a lo largo de los últimos 6 años nos habla ya de una tendencia sin alteraciones. El patrón que surge de la serie de datos permite concluir categóricamente que las políticas de seguridad pública en materia de procuración de justicia no están respondiendo de forma adecuada a la necesidad y al imperativo legal de procurar justicia pronta y expedita. Esto, que puede ser un razonamiento de simple sentido común, hoy está validado con contundentes evidencias empíricas. La otra información relacionada con la denuncia es el porcentaje de delitos denunciados con averiguación previa, que es de alrededor del 15 %. ¿Qué significa que sólo un porcentaje mínimo haya requerido el inicio de una averiguación según el Ministerio Público? Una ex-

plicación general, confirmada por observaciones en diversas agencias del Ministerio Público, es que la carga de trabajo y la ausencia de recursos, entre otros factores, han derivado en una inercia en la que la naturaleza de la institución ya no es representar los intereses de la víctima u ofendido, sino por el contrario, a través del mal trato o la disuasión evitar representarlo. ¿Cómo? No iniciando una averiguación previa (Figura 33).

Figura 28: Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público a nivel nacional.

Resultados particulares de denuncia y cifra negra A partir de la base de datos de la ENSI-7 se encuentra que el 22% de los delitos ocurridos en 2009 fueron denunciados, al igual que la medición anterior. De la misma manera, la ENSI-7 arroja un porcentaje de delitos con averiguación previa similar al de 2008. La cifra negra de México no ha cambiado; sólo un 15 % de delitos son registrados por las autoridades. Por otro lado, las razones por las que se denuncia o no se denuncian los delitos muestran distribuciones similares en los años en que se han hecho encuestas victimológicas (Figuras 30 y 31). Más importante aún, el porcentaje de delitos denunciados sobre los que llega a ponerse un delincuente a disposición de un juez es sólo el 5%, cifra similar a mediciones anteriores (Figura 13). Como en encuestas anteriores se observa mayor disposición a acudir al Ministerio Público a denunciar según la pérdida económica. Por ejemplo, cuando la pérdida es mayor a $50,000 pesos, el 81% de los casos denunció ante el Ministerio Público durante 2009, el 45% de las víctimas de delitos cuya pérdida económica fue entre 10,000 a 15,000 pesos denunció, y cuando los delitos implicaron una pérdida económica de 1,000 a 2,500, el 15% denunció. Es claro que la pérdida económica no es el único motivo por el que se inclinan las personas a denunciar.

Figura 29: Porcentaje de delitos denunciados en zonas metropolitanas de estudio (el número de zonas analizadas ha variado en cada encuesta).

II. Resultados de la ENSI-7 80

RESULTADOS

Figura 30: Razones por la que no se fue a denunciar el delito, nivel nacional.

Figura 31: Razones por las que se denuncian los delitos, a nivel nacional.

II. Resultados de la ENSI-7 81

RESULTADOS

Figura 32: Porcentaje de denuncia ante el M.P. según el monto de la pérdida económica por el delito, a nivel nacional, a partir de varias ENSI.

Figura 33: Diagrama sobre la cifra negra a nivel nacional a partir de varias encuestas.

II. Resultados de la ENSI-7 82

RESULTADOS

Chiapas, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México tuvieron en 2009 una cifra negra mayor al promedio nacional. En Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California y Tamaulipas se encuentra una cifra negra menor al promedio nacional. Resulta especialmente que la cifra negra de Tamaulipas, según la ENSI-7, es la menor entre todas las entidades74 , dato que sin duda causa extrañeza.

Tabla II 43: Porcentaje de cifra oculta (delitos sin averiguación previa) por entidad en 2009, según ENSI-7/ 2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II-44: Porcentaje de cifra oculta (delitos sin averiguación previa) en las zona metropolitanas de estudio según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

* Delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima

* Delitos ocurridos en el estado de residencia de la víctima.

II. Resultados de la ENSI-7 83

RESULTADOS

Figura 34: Distribución del tiempo que demoró realizar una denuncia ante el M.P en 2009, según la ENSI-7/2010. Delitos en que hubo averiguación previa. ¿Cuánto tiempo le llevó realizar el trámite de su denuncia ante el MP?

previa”.75 Con estas duras y certeras palabras califica la iuspenalista Olga Islas a nuestro órgano de la acusación penal. La inseguridad tiene que ver no sólo con la cantidad y la gravedad de los delitos que se cometen sino también con el sentimiento de indefensión de los gobernados, con la impresión de que los órganos encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia no desempeñan con profesionalismo vocación de servicio las funciones que tienen asignadas.

Figura 35: Distribución de calificación al trato recibido en el Ministerio Público en 2009, según ENIS-7/2010. (Delitos en que las víctimas acudieron al M.P. a denunciar). ¿Cómo califica el trato que se le dio en la agencia del MP cuando acudió a denunciar? Por lo que se refiere al tiempo que declaran las víctimas haber tardado para realizar su denuncia 53% tardó al menos 3 horas, 31% de una a dos horas y sólo 16% completó su denuncia en menos de una hora. Por otra parte, a nivel nacional 40% de las víctimas calificó el trato recibido por el Ministerio Público como malo o muy malo, 32% regular, y 28% como bueno o excelente. En las zonas metropolitanas de estudio, las calificaciones fueron muy similares, pues 41.1% consideró que el trato fue malo o muy malo, 34.1% regular, y 24.8% bueno o excelente. La demora en el trámite de la denuncia —tres horas o más— y el trato malo o muy malo recibido por parte del Ministerio Público son los señalamientos más numerosos al calificarse la atención brindada por la institución. Estas calificaciones no pueden desvincularse

de la escasa eficacia del órgano acusador —sólo cinco por ciento de presuntos delincuentes puestos a disposición de juez— y de la opinión muy desfavorable de los ciudadanos sobre esa institución. El juicio predominante de los habitantes coincide con el de los expertos y estudiosos. “El Ministerio Público, opinión generalizada y enraizada en la sociedad, es una institución despótica a la que se le teme y a la cual nadie quiere llegar. Los agentes del Ministerio Público adolecen de vicios que ya son intolerables (corrupción, prepotencia, atropellos, incapacidad, etcétera); pero, sobre todo, no están preparados para desempeñar sus funciones de investigación y persecución de los delitos: búsqueda de pruebas, que es precisamente el deber del Ministerio Público y que, en muchas ocasiones, se deja en manos de denunciante o querellante. Bien puede decirse que la arbitrariedad reina en la averiguación

II. Resultados de la ENSI-7 84

RESULTADOS

Desconfianza ciudadana, seguridad y democracia Una de las principales razones por las cuales las personas que han sido víctimas de un delito no lo denuncian es la desconfianza hacia las instituciones. Los resultados de la ENSI en 2009 fueron similares a los de 2008, y con ligeras variaciones también al resto de las mediciones anteriores (Figura 30). Como se ha señalado en otros estudios del ICESI: “El hecho de que los ciudadanos no denuncien tiene importantes consecuencias para el sistema de procuración y administración de justicia. La percepción que la ciudadanía tiene sobre este sistema y sus autoridades puede ser un factor que opere de forma negativa en contra de la información oficial en lo que respecta a índices delictivos. Así por ejemplo, las autoridades pueden dar a conocer una disminución en el número de delitos (con base sólo en las denuncias) y encontrar una barrera de incredulidad por parte de los ciudadanos.”76 Agrupando las razones por las que las víctimas de un delito no lo denuncian, 71% son atribuibles a la imagen negativa que tienen los ciudadanos de las instituciones de procuración de justicia. Producto de la experiencia directa o indirecta acumulada durante décadas, los entrevistados señalaron como la principal razón para no denunciar la pérdida de tiempo (38%)77, desconfianza en la autoridad (15%), trámites lagos y difíciles (12%), actitud hostil de la autoridad (5%), o miedo a que los extorsionaran (1%). Otras razones fueron que el delito se consideró de poca importancia (9%), no se tenían pruebas (9%) y miedo al agresor 7% (Figura 30).

A lo largo de las tres últimas ENSI se ha encontrado que las razones para no denunciar un delito siguen siendo exactamente las mismas desde 2002, año en que se realizó el primer ejercicio de la encuesta de victimización. Al igual que con muchos otros resultados de estas encuestas, de no ser tomados en consideración por las autoridades poco podrá hacerse para abatir el índice de impunidad que prevalece en México. Si se analiza el asunto de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración y seguridad en función de su verdadera complejidad, el asunto es más grave de lo que parece. Ya no se trata sólo de que una parte del Estado esté bajo la duda permanente de los ciudadanos, sino lo que está en riesgo es, incluso, que se erosione y pierda legitimidad el Estado de Derecho. El argumento planteado aquí no es sencillo, y su importancia amerita una explicación más amplia.

Ante estos resultados se abren nuevas interrogantes que requieren de mayor investigación. Una de ellas es acerca de la relación existente entre seguridad y democracia. ¿Hasta qué punto las condiciones de inseguridad afectan el desarrollo democrático? Si la variable de la alternancia partidista no modificó sustancialmente las condiciones de seguridad, ¿dónde radica entonces el cambio que se requiere para tener políticas e instituciones de seguridad más eficaces? De no realizarse cambios sustanciales en las formas de hacer políticas públicas en materia de seguridad, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia? El hecho de que los ciudadanos vivan con un temor permanente sobre el delito ¿qué consecuencias sociales tiene en su vida cotidiana, en la calidad de la democracia a la cual se aspira y en el respaldo a las instituciones legalmente constituidas?

La hipótesis principal de la tesis anterior —es decir que la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y justicia, en caso de no subsanarse, mejorarse o corregirse, puede afectar los fundamentos del Estado de Derecho— sostiene que en el ejercicio de la función constitucional de proveer seguridad pública a los mexicanos, la transición en el poder, de un partido a otro, ya sea en el ámbito nacional o local, no se ha visto reflejada en una mejoría de la condiciones de seguridad. Esto es así si se toman en cuenta las cifras de delitos registrados, las tasas de criminalidad, las cifras de victimización y la percepción ciudadana sobre la inseguridad. Además de los datos que muestran las propias ENSI’s u otro tipo de estudios, es evidente que tanto a nivel federal como estatal, y sobre todo a nivel municipal, los gobiernos respectivos no han logrado revertir las condiciones de inseguridad. Por el contrario, en el mejor de los casos se observa un estancamiento de la situación, y en el peor los indicadores disponibles nos muestran un deterioro de las condiciones de seguridad en México.

Sobre este último punto, aunque escasas, hay investigaciones que señalan que existe correlación directa entre seguridad y democracia. De acuerdo con Pablo Parás, en un estudio realizado en la Ciudad de México, los datos señalan que entre mayor sea el número de víctimas directas del delito, éstas “se sentirán menos seguras, serán menos proclives a confiar en los otros y evitarán realizar ciertas actividades sociales de importancia. La información también señala que estos efectos pueden debilitar la democracia debilitando la confianza institucional y aumentando la preferencia por sistemas autoritarios.” 78

II. Resultados de la ENSI-7 85

RESULTADOS

Aun cuando no existen todavía respuestas plausibles del porqué los ciudadanos no suelen castigar en las urnas el mal desempeño de sus gobernantes en materia de seguridad pública en lugar de abstenerse de participar electoralmente, es de preocupar el hecho de que dentro de la evaluación de confianza que se hace a las instituciones en México son precisamente varios de los involucrados en la arena democrática los peor evaluados: los partidos políticos en último lugar con una calificación de 5.2, los diputados con 5.5, los senadores con 5.5, por abajo de la policía con 5.7. 79

nas que no fueron al M.P., sólo el 7% reportó al menos a alguna otra autoridad.

En los resultados de la ENSI-7, son los diputados y los partidos políticos a los que la gente en un 86% de los casos manifestó tenerles “poca” o “ninguna” confianza. Siguieron en orden descendente senadores (84%), policías locales (78%), jueces (76%), policías estatales (75%), policía privada (71%), Ministerio Público (69%) y policías federales (64%). (El resto de las instituciones y el valor positivo de confianza se puede consultar en la sección II.10).

Es importante señalar que no se encontraron casos de personas que hubiesen ido al M.P. y a su vez hubieran dado aviso a alguno de los distintos servicios telefónicos de asistencia. Este servicio representa el 4.8% de las autoridades a las que recurrieron víctimas que no acudieron al M.P., a nivel nacional. No se detectó ningún caso de víctimas que no hubiesen acudido al M.P. y que a su vez hayan reportado el caso ante un organismo de derechos humanos o alguna organización de la sociedad civil. En la distribución de otras instancias a las que acuden las víctimas, entre las personas que fueron a denunciar al Ministerio Público y además reportaron ante otra instancias, se encontró que las organizaciones civiles y de derechos humanos ocuparon el 6.5%.

Otras instancias a las que se reporta el delito Aunque el Ministerio Público (M.P.) es la única autoridad donde las denuncias de delitos son registradas, en ocasiones las víctimas reportan el hecho sucedido a otras instancias. Es de interés conocer a qué otras autoridades o instituciones se dirigen las víctimas. Ello podría dar pauta para establecer mecanismos de canalización de denuncias de manera que queden asentadas. Durante 2009, 8.1% de las víctimas a nivel nacional reportó el delito a una instancia distinta al M.P. Conviene hacer la distinción entre las personas que igualmente reportaron su delito ante el M.P. y las que no tuvieron la intención de hacer la denuncia formal. Entre las personas que fueron al M.P. se encuentra que el 11.5% también reportó su delito a otra autoridad; y de las perso-

De manera descriptiva se advierte que las instancias a las que más acuden las víctimas (fuera del M.P) son las autoridades municipales, tanto en la generalidad del país como en las zonas urbanas, aunque en este segundo ámbito se aprecia que se recurre a ellas en menor frecuencia (Tabla II-45) pues a nivel nacional representan el 39% y en la generalidad de ciudades el 27% de la totalidad de instancias a las que las víctimas recurren.

Se advierte que en las zonas urbanas se da aviso con una mayor frecuencia de lo que ocurre en la generalidad del país a aseguradoras, autoridades bancarias (sobre cuando no acuden al M.P) y policías de tránsito.

II. Resultados de la ENSI-7 86

RESULTADOS

Tabla II 45: Distribución de otras instancias a las que las víctimas reportaron el delito ocurrido durante 2009, a nivel nacional y global de ciudades, según ENSI-7/2010.

II.5. Características de las víctimas y la victimización Cuando se habla de la victimización en general y no de delitos en particular, encontramos que son más hombres que mujeres las víctimas. Algunas variables que aparecen asociadas con la victimización, según algunos estudios en América Latina, son el sexo, el nivel socioeconómico de la víctima o de la comunidad donde reside la víctima, incluso se ha llegado a hablar del consumo de alcohol en las víctimas como efecto de la victimización. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización por Crimen de los Estados Unidos, “los hombres, las personas de color, los hispanos, los jóvenes, los pobres y los habitantes del centro de las ciudades fueron los más vulnerables a la violencia”. Algunas explicaciones encuentran su origen en los roles sociales que juega cada sexo dentro del contexto en el que se desenvuelven tanto a nivel laboral como de actividades de esparcimiento. Por ejemplo, encontramos que en el robo a transeúnte hay una victimización mayor en hombres que en mujeres, lo mismo que en el robo de vehículo.

* Distribución de las instancias reportadas, considerando que la pregunta podía tener respuestas múltiples. Se considera la reclasificación del ICESI de las otras instancias originalmente captadas, de acuerdo al texto con que se especificó la respuesta. Se hace notar que la opción “PGR”, no es una opción de respuesta correcta, dada la pregunta, ya que siendo la procuraduría, se estaría haciendo referencia al Ministerio Público Federal. Aunque la pregunta era una nueva aportación del ICESI, en el proceso de cambio de cuestionario descrito anteriormente, las opciones de respuestas fueron cambiadas por INEGI.

La segunda explicación tiene que ver con el estilo de vida que entraña con una mayor exposición al riesgo, que como está demostrado por otros estudios, en ocasiones está relacionado con el consumo de alcohol y el involucramiento en conflictos interpersonales de carácter no familiar: en el delito de lesiones por ejemplo hubo un 72% de hombres contra un 28% de mujeres (ver figura 37). Existen algunas posiciones teóricas que ven en la victimización por sexo, también un reflejo de cómo se estructura en términos de género una sociedad. Indirectamente, esta explicación de la estructuración sexista de la sociedad se ve reflejada en el hecho de que son

II. Resultados de la ENSI-7 87

RESULTADOS

más las mujeres “víctimas” de robo a casa habitación o que en delitos como el fraude, ambos sexos tengan prácticamente las mismas probabilidades de ser víctimas de este delito. O la desproporcionada victimización de mujeres en delitos sexuales contra el relativamente bajo porcentaje en hombres. El 55.3% de las víctimas en 2009 fueron hombres y 44.7% mujeres, de acuerdo con la ENSI-7. Como en años anteriores, se observa la tendencia a una mayor proporción de hombres entre las víctimas, pese a que proporcionalmente en la población son menos. Igualmente se ha

visto en estudios anteriores que el porcentaje de víctimas entre los hombres es mayor al de mujeres, es decir, existe mayor probabilidad de que un hombre sea víctima de un delito común. No obstante, cabe resaltar que en 2009 el porcentaje de mujeres que fueron víctimas de delito fue menor que en 2008. El análisis por sexo muestra que la reducción en la victimización que captó esta encuesta pudiera analizarse por una menor victimización de las mujeres. Sin embargo, la prevalencia en hombres permaneció igual, ya que no se advierte diferencia significativa con la medición anterior.

Figura 36: Porcentaje de víctimas por sexo durante 2009, según ENSI-7/2010.

Por grupos de edad también se detectan diferencias. Las mujeres menores a 30 años son menos victimizadas que los hombres de su edad; lo mismo se observa en el grupo de edad de los 30 a los 45 años y para las personas de 46 o más años. Por otra parte, la población de más de 45 años tiene menos probabilidades de ser víctimas que las personas de edades menores. Esto ocurre tanto para los hombres como para las mujeres, pero en particular las mujeres de edades mayores son aún menos victimizadas que los hombres del mismo rubro de edad, según se observa en la ENSI-7. Según aumenta el nivel de escolaridad, la probabilidad de ser víctima de un delito se incrementa. De las personas que tenían nivel de primaria o menos sólo el 5.1% fue víctima en 2009; de las que tenían secundaria y hasta preparatoria 11.5% fue víctima de algún delito, pero 16.7% de las personas que tenían más de preparatoria sufrieron algún delito.

Tabla II 47: Porcentaje de víctimas por grupo nivel de escolaridad durante 2009, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Tabla II 46: Porcentaje de víctimas por grupo de edad y sexo durante 2009 , a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

II. Resultados de la ENSI-7 88

RESULTADOS

Los jefes de hogar en particular no sufrieron un nivel de victimización distinto al general. Se distingue que la prevalencia de hombre jefes de hogar es similar a la victimización general de su sexo; lo mismo para la de mujeres jefas de hogar. Se encuentra la misma relación por sexo entre los jefes de hogar que en la población general, siendo las mujeres menos victimizadas que los hombres.

Figura 37: Distribución por sexo de las víctimas por tipo de delito, nivel nacional.

Tabla II 48: Porcentaje de víctimas en jefes de hogar durante 2009, a nivel nacional, según ENSI-7/2010. (Estimación por intervalo).

Al examinar la proporción de hombres y mujeres por tipo de delito en 2009, se aprecia como en otras ocasiones —como era de esperarse— que los delitos sexuales se cometen predominantemente contra mujeres. El delito sexual es subestimado por las encuestas victimológicas, ya que es un delito del que muchas veces las víctimas no quieren hablar. La Encuesta Internacional sobre Victimización de la ONU señala que la cuantificación de delitos sexuales resulta difícil por las diferencias culturales que determinan lo que es considerado una ofensa en tal sentido.80 El robo a casa habitación aparece con mayor frecuencia contra mujeres, como en otros años, quizá porque ya que es un delito al hogar, las mujeres tienden a reportarlo más que los hombres.

Destaca el robo de vehículos y de accesorios de vehículos en donde son predominantemente víctimas hombres, lo cual puede estar vinculado por supuesto a la propiedad del vehículo. Lo mismo ocurre con las lesiones, al igual que en ENSIs anteriores son los hombres quienes tienen una prevalencia mucho mayor que las mujeres, según se observa en la figura 37.

II. Resultados de la ENSI-7 89

RESULTADOS

II.6. Atención a víctimas Se preguntó a las víctimas de delitos si habían recibido algún servicio por parte de autoridades o instituciones, y en su caso qué tipo de servicio recibió. Es de especial interés la atención recibida por aquellas víctimas que acudieron al Ministerio Público. Se encontró en la generalidad del país, que el 62.6% de las víctimas no recibió ningún servicio en 2009, 15.1% recibió información sobre el proceso de la averiguación previa, y 9.4% recibió asesoría jurídica. En el ámbito de las ciudades de estudio se tienen resultados similares, ya que 63.2% no recibió ningún servicio, 15.3% recibió información del proceso de la averiguación previa y 10.1% recibió asesoría jurídica. Es importante hacer notar que a nivel nacional 6.1% recibió información de sus derechos como víctima, y en el global de las zonas metropolitanas estudiadas, 4.0%. El 2.3% de las víctimas señaló haber recibido la reparación del daño, muy similar a lo ocurrido en las ciudades con 2.6% de las víctimas. Por otra parte, al preguntar a las víctimas que acudieron al M.P. qué servicio(s) le hubiera gustado recibir, a nivel nacional, el 41.6% mencionó que le hubiera gustado tener información sobre la averiguación previa, 34.4% asesoría jurídica, 27.9% información sobre los derechos como víctima, 26.7% ser tomado en cuenta (recibir buen trato), y 22.9% acerca de la reparación del daño. En el ámbito de ciudades la distribución de los servicios que requieren las víctimas es similar al ámbito nacional.

Figura 38: Servicios recibidos por víctimas que acudieron al Ministerio Público a denunciar en 2009, por parte de autoridades o instituciones, según ENSI-7/2010, a nivel nacional.

Una verdadera justicia penal no puede dejar de brindar a las víctimas atención jurídica, psicológica, médica y asistencial de manera oportuna, personal y especializada. Estamos lejos de alcanzar ese objetivo. El Estado no puede desentenderse de su obligación con las víctimas: procurar justicia, por supuesto, y además atender a los ofendidos por los delitos para que las secuelas de éstos sean lo menos dañinas posible.

Figura 39: Porcentaje de mención de cada servicio que las víctimas de delitos en 2009 que acudieron al M.P. consideran deben ser proporcionados, según ENSI-7/2010 a nivel nacional.

* Respuestas de las víctimas que acudieron al Ministerio Público a: ¿Qué servicios le proporcionaron las autoridades o instituciones al ser víctima de un delito?

* Respuestas de las víctimas que acudieron al M.P. a: ¿Qué servicios considera que las autoridades o instituciones deberían proporcionarle a usted al ser víctima de un delito?

II. Resultados de la ENSI-7 90

RESULTADOS

II.7. Victimización reincidente o multivíctimas Aún cuando las encuestas victimológicas son instrumentos utilizados hasta apenas el último tercio del siglo XX, no sólo se han renovado y fortalecido metodológica y técnicamente durante este lapso,81 sino que se han constituido en una fuente de información fundamental para conocer con mayor precisión y veracidad la magnitud, las características y los impactos de la violencia y la delincuencia. Su importancia, entonces, radica en el hecho de que a partir de la información que aportan es posible diseñar y aplicar estrategias más eficaces para prevenir, combatir y controlar este tipo de fenómenos que dañan severamente a la sociedad. Además, permiten medir la percepción ciudadana sobre la inseguridad de su entorno y la actuación de las autoridades responsables en la materia.

ma, lo que permite identificar características y actitudes de las víctimas, tipos de delito, patrones de los delincuentes así como cuantificar los costos y evaluar las consecuencias del delito. 82 Tal información no es registrada, de manera sistemática, por ninguna otra instancia, lo que explica, en parte, el valor que tienen las investigaciones victimológicas para comprender mejor los elementos determinantes de la delincuencia y la inseguridad. Dentro de la riqueza de la información que aportan las encuestas victimológicas, se encuentra por supuesto también lo que se refiere a la multivictimización o victimización reiterada.83 Tal categoría se le da cuando una misma persona sufre más de un evento delictivo durante un determinado período.

Como si lo anterior no fuera suficiente, mediante la realización sistemática y periódica de este tipo de estudios se pueden evaluar los programas de intervención gubernamentales (y también los provenientes de la sociedad civil) que se ponen en práctica. Y, en consecuencia, contar con los elementos de información y análisis necesarios para realizar las modificaciones y los ajustes pertinentes, lo que constituye un producto agregado de indudable relevancia.

En tal sentido, el análisis de la victimización reiterada bien puede ser la base para diseñar estrategias, programas y acciones eficaces, de carácter preventivo, contra la violencia y la delincuencia. De manera que, por sus características, magnitud e implicaciones, el fenómeno de la multivictimización tiene una particular importancia para las políticas gubernamentales, especialmente en las áreas de la seguridad y la salud públicas. En el ámbito internacional, de manera paulatina, este tipo de análisis está siendo cada vez más valorado y utilizado por los tomadores de decisiones.

En los ámbitos de la seguridad pública y de la criminología, las encuestas victimológicas han ganado un lugar muy importante en la generación de políticas de prevención del delito y atención al problema de la inseguridad. De hecho, esta fuente de información está siendo utilizada como un indicador social y un medio que contribuye a la elaboración de teorías criminológicas. La razón de ello es que esta clase de estudios nos proporciona información desde la perspectiva de la vícti-

Con base en el análisis de los datos de la ENSI-7/2010 encontramos que, similar a lo observado en años anteriores, el 35% de las víctimas de 2009 sufrieron más de un delito, y el 65% sólo un delito. Entre las multivíctimas, personas que sufren más de un delito, se encuentra que 57.5% fueron hombres, proporción mayor a la observada para este sexo en la generalidad de las víctimas. Por otra parte, el 61% de los delitos de 2009 fueron contra multivíctimas.

II. Resultados de la ENSI-7 91

RESULTADOS

Figura 40: Esquema de la victimización reincidente, 2009 porcentaje de univíctimas en años anteriores.

MULTIVÍCTIMAS

Es recomendable poder realizar un análisis cuidadoso de la información derivada de las multivíctimas a efecto de poder diseñar políticas públicas efectivas ya que, como se ha mencionado, presentan una riqueza fundamental en tanto que concentran un porcentaje significativo del total de delitos, impactando sustancialmente la incidencia delictiva general.84 Exis-

MULTIVÍCTIMAS

ten múltiples estudios que avalan tal afirmación. Para ejemplificarlo, podemos tomar el análisis que se realizó durante un período de 10 años a través de la encuesta victimológica de Inglaterra el cual estimó que, en promedio, el 68% de delitos contra las personas o propiedades (exceptuado el robo de vehículos) se produjeron en multivíctimas. 85

II. Resultados de la ENSI-7 92

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II.8. Perfil del delincuente Como lo detectado en mediciones anteriores de la ENSI, y como puede observarse en estudios victimológicos internacionales, tal como nos muestran los autores de la Víctimización desde la perspectiva internacional86 los delincuentes son predominantemente del sexo masculino. Alrededor del 90% de los casos los delincuentes son exclusivamente hombres. Las mujeres cuando participan en actos delictivos tienden a hacerlo más en compañía de hombres que solas. Al examinar el sexo de los delincuentes por tipo de delito, se aprecia que en el fraude o clonación de tarjeta, en otros delitos y en lesiones la participación de

Tabla II-49: Sexo del delincuente por tipo de delito en varias mediciones ENSI.

Figura 41: Sexo del delincuente de los delitos ocurridos durante 2009, según ENSI-7 y encuestas anteriores.

II. Resultados de la ENSI-7 93

RESULTADOS

la mujer es importante sea sola o en contubernio con hombres; tales delitos son ejecutados exclusivamente por delincuentes de sexo masculino en el 66.7%, 88.7% y 87.5% de los casos respectivamente, mientras que a nivel global el 93% de los delitos fueron realizados por hombres. En cuanto a edad, predominan los delitos en los que los delincuentes son menores de 35 años. En el robo a transeúnte participan en mayor proporción jóvenes de 18 a 25 años (46.5% de los robos a transeúnte), pero en el secuestro, como en los delitos sexuales, es más común la participación de delincuentes entre 26 y 45 años. Por otra parte, en el fraude o clonación de tarjeta se detecta mayor participación de delincuentes mayores de 45 años que en los demás delitos.

Figura 42: Edad del delincuente a nivel nacional en varias ENSI.

II. Resultados de la ENSI-7 94

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Tabla II 50: Edad de los delincuentes por tipo de delito

II. Resultados de la ENSI-7 95

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Tabla II 50: Edad de los delincuentes por tipo de delito

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Figura 43: Número de delincuentes por delito según varias ENSI.

II. Resultados de la ENSI-7 97

RESULTADOS

Los más frecuentes son los delitos en que operan dos delincuentes. Además de en los delitos sexuales, predomina el delincuente solitario en los fraudes, extorsión, otros delitos y robo a casa habitación. Hay que tener presente que las víctimas responden la encuesta dando cuenta de su experiencia y de lo que pudieron advertir. En el caso de extorsiones, por ejemplo, es muy probable que aunque la víctima sólo llega a tener contacto con un extorsionador, se trate de un grupo.

Tabla II 51: Número de delincuentes por tipo de delito en varias ENSI

II. Resultados de la ENSI-7 98

RESULTADOS

Tabla II 51: Número de delincuentes por tipo de delito en varias ENSI

Por otra parte, en el 45% de los delitos la víctima no llega a apreciar ninguna condición especial en el delincuente, como que estuviera alcoholizado o drogado.

Figura 44: Percepción de las víctimas respecto al estado en que se encuentran los delincuentes, durante la comisión del delito (nivel nacional).

II. Resultados de la ENSI-7 99

RESULTADOS

II.9. Medios e inseguridad La forma como el mayor porcentaje de la población se entera de noticias sobre la inseguridad son los noticieros de televisión (88.3%), seguidos de los noticieros de radio (35.7%) y los periódicos y revistas (28%). Sin embargo, se encuentra que un 9.1% también se entera a través de internet y un 3.9% por servicios de noticias de telefonía celular. Cerca del 63% de la población de adultos considera que el tiempo que se da a noticias sobre criminalidad es suficiente, 14.7% considera que es demasiado y 20% piensa que es insuficiente, sin encontrarse diferencias entre la opinión de hombres y mujeres al respecto.

Figura 46: Resumen de respuesta a nivel nacional a la pregunta ¿Con qué frecuencia ve lee o escucha noticias? ENSI-7/2010.

Figura 45: Porcentaje de la población de adultos que utiliza cada medio para enterarse de noticias sobre la inseguridad.

* En virtud de que la pregunta acepta respuestas múltiples, los porcentajes no suman 100%. 1 En ENSIs anteriores la pregunta era: “¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el País y en su Entidad?” 2 En las ENSIs anteriores se preguntaba por: La prensa. 3 El enunciado se consideró por primera vez en la ENSI-7.

II. Resultados de la ENSI-7 100

RESULTADOS

Figura 47: Resumen a nivel nacional de las respuestas a la pregunta ¿Considera que el tiempo o espacio que los medios de comunicación le dan a las noticias sobre delincuencia e inseguridad es…? ENSI-7/2010.

En encuestas anteriores se había detectado un incremento en el porcentaje de personas que se sienten inseguras según el grado de exposición a las noticias sobre inseguridad que tenían. Esto se encontró tanto en general o al seleccionar las personas que afirmaban que veían noticias de televisión. De acuerdo con la ENSI-7, a pesar de que hay una tendencia creciente, se detecta que el porcentaje que se siente inseguro (en su estado) entre las personas que ven a diario noticias es más alto que las personas que se exponen con menos frecuencia a los medios. Hay que considerar que la escala de la frecuencia con que se leen, ven o escuchan noticias cambió en la ENSI-7.

Figura 48: Porcentaje de personas que ven noticieros de televisión y considera que el estado donde residen es inseguro, según su exposición a noticias sobre criminalidad.

II. Resultados de la ENSI-7 101

RESULTADOS

II.10. Afectación del delito y la victimización a la calidad de vida de los ciudadanos Al momento en que se hicieron las entrevistas (agosto de 2010), el 65% de las personas consideraba que durante el 2009 los delitos en el país aumentaron, 22% consideraba que habían permanecido igual y 11% que disminuyeron. Se vislumbra la tendencia a percibir los ámbitos más cercanos a su vivienda, como menos inseguros. Así pues el porcentaje que consideraba que los delitos habían aumentado durante 2009 en su estado fue de 61.7%, en su municipio 53% y en su colonia o localidad 44.8%. En las grandes zonas urbanas el porcentaje que consideraba que los delitos habían aumentado en su ciudad durante el mismo periodo fue de 65.7%.

Tabla II 52: Porcentaje de personas de 18 o más años que consideran que los delitos aumentaron, disminuyeron o siguieron igual en varios ámbitos, durante 2009, según ENSI-7/2010.

• El dato que se ofrece en el ámbito de ciudad, corresponde al global en el conjunto de 17 zonas metropolitanas de estudio. De los demás ámbitos se muestran resultados nacionales.

II. Resultados de la ENSI-7 102

RESULTADOS

A la pregunta directa: “¿durante 2009 qué tanto la delincuencia afectó su calidad de vida?”, el 22% de los entrevistados manifestaron que mucho, 43% que poco y 34% que nada. Si se observan los valores a lo largo de las distintas mediciones de la ENSI, se puede ver con claridad que la tendencia indica que cada vez es más la población que percibe una afectación por parte de la delincuencia en su acontecer diario (Figura 48). En las zonas metropolitanas de estudio, en 2009 32% sintió su vida muy afectada por la delincuencia, cuando en 2008 este indicador era del 22% y en 2005 del 14%. De manera particular destaca que en el estado de Chihuahua se registra que el 48% de las personas vio su calidad de vida muy afectada por la delincuencia en su ciudad capital, esto es el 46%, y en Ciudad Juárez el 62%.

Las afectaciones a la calidad de vida producto de la delincuencia o de la inseguridad no sólo afectan a las víctimas directas o indirectas, sino en general al conjunto social. Como se apuntó, la percepción negativa que se tiene de las instituciones puede llegar a afectar incluso a la democracia misma. Si esto es así, imaginemos entonces las consecuencias negativas que la inseguridad, expresada en el binomio criminalidad y victimización, puede generar a nivel individual, familiar/comunitario y social. 87 A nivel individual la criminalidad y las secuelas de victimización generan consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas. Si bien la ENSI no es el instrumento más adecuado para conocer con precisión las afectaciones a nivel individual, sí lo es para conocer algunas de estas consecuencias negativas a nivel social. Dentro de las primeras afectaciones se encuentra la percepción de seguridad. La medición expresada en sentido negativo, es decir, la percepción de ausencia de seguridad en el estado de residencia de las per-

Figura 49: Afectación a la calidad de vida por la delincuencia a nivel nacional.

sonas a nivel nacional, fue de 65%. Idéntico resultado a la medición anterior, pero que ha aumentado considerablemente si se toman en cuenta las primeras mediciones de la ENSI. Aunque el promedio no cambió, se detectaron algunas variaciones al contrastar los estados con sus cifras del año anterior. En Chihuahua (de 83.4% a 89.9%), Sinaloa (67.1% a 82.6%) , Nuevo León (69.7% a 82%), Morelos (69.9% a 78.2%), Nayarit (33.2% a 67.8%) , San Luis Potosí (52.1% a 65.4%), Colima (37.5% a 63.3%) , y Sonora (46.9% a 60.4%) la percepción de vivir en un estado inseguro aumentó88; pero descendió en Michoacán (71% a 62.5%) , Aguascalientes (74.1% a 60.6%) , Baja California (76% a 59.7%), Oaxaca (69.4% a 59.3%) , Quintana Roo (64.3% a 56.5%), Guanajuato (61.8% a 49.9%), Veracruz (52.7% a 43.4%) , Tlaxcala (54.4% a 42.1%), Chiapas (52.3% a 40.2%), Campeche (45.5% a 34.9%) y Yucatán (37.8% a 29.7%) 89. Los estados con un porcentaje mayor al promedio nacional de personas que sienten su estado inseguro son: Chihuahua (88.5%), Distrito Federal (84.6%), Sinaloa (82.6%), Nuevo León (82%), Durango (80.3%), Guerrero (78.3%), Morelos (78.2%), México (77.9%), Tabasco (71.3%), Tamaulipas (69.4%) y Zacatecas (68.7%). En el conjunto de las 17 zonas metropolitanas de estudio, el 80.6% de las personas de 18 o más años consideran su estado inseguro. No es de extrañar que la ciudad con mayor percepción de inseguridad sea Ciudad Juárez (93.2%); le siguen en importancia la ciudad de Chihuahua (91.4%), Monterrey, Culiacán y el Distrito Federal (86.4%), Acapulco (85.2%) y Cuernavaca (84.8%).

II. Resultados de la ENSI-7 103

RESULTADOS

La percepción de inseguridad tiene variaciones cuando la pregunta no es “¿qué tan seguro se siente en su estado de residencia?”, sino “¿en su municipio de residencia?”. Cuando el factor de la percepción se quiere considerar como un insumo para el diseño de políti-

cas, deben tomarse en cuenta estas diferencias entre lo global y lo local. Por lo general las personas son más sensibles a su entorno cotidiano y suelen incluso expresar con mayor veracidad y precisión su opinión sobre la inseguridad (Tabla II-53 a Tabla II-56).

Tabla II-53. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su estado inseguro por entidad federativa

Tabla II-54. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su estado inseguro por zona metropolitana.

II. Resultados de la ENSI-7 104

RESULTADOS

Tabla II-55. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su municipio o delegación inseguro por entidad federativa.

Tabla II-56. Porcentaje de la población de 18 y más años que considera su municipio o delegación inseguro por zona metropolitana.

II. Resultados de la ENSI-7 105

RESULTADOS

Otra de las principales afectaciones que genera la victimización delictiva a nivel general, son por ejemplo los costos económicos que genera: pérdida de ingresos (víctima y cónyuge); presencia en el ministerio público o juzgados (pérdida de ingresos, gastos en transporte, gastos de cuidado de niños); gastos médicos (ambulancia, hospitalización, medicamentos, terapias); gastos legales, propiedades dañadas o pérdidas que necesitan en muchos casos ser reparadas o sustituidas; cambio de domicilio (pago de renta, mudanza, cambio de teléfono) y finalmente gastos en seguridad. ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de los mexicanos en este rubro debido a la victimización? ¿Cuánto se gasta en seguridad y en qué se gasta? A continuación se describen de forma breve algunos de los principales resultados obtenidos de la ENSI-7. Para quienes se interesen en conocer en un sentido más amplio y con un mayor número de variables e indicadores el costo de la inseguridad en México, puede consultarse los estudios que ha realizado el ICESI al respecto. 90 Durante 2009 según la ENSI-7 el 34.9% de los hogares entrevistados manifestó haber tomado cuando menos una medida de seguridad. Número considerablemente menor a la tendencia histórica que se había presentado en 2008 donde la cifra fue de 45.3% y a la de 2007 que fue de 41.3%. En términos generales durante 2009 el 19% optó por colocar cerraduras, 14% colocar rejas o bardas, 12% aumentar las medidas de seguridad para su auto, mismo porcentaje de los que optaron por realizar acciones conjuntas con sus vecinos (Figura 50). Es importante señalar que las medidas que las personas tomaron para protegerse pudieron haber incluido más de una, aunque en términos generales el 47% optó por una sola, el 25% incluyó dos, el 15% tres y el resto más de cuatro. Cabe señalar que las acciones o medidas conjuntas con vecinos han ido disminuyendo a lo largo de las mediciones de la ENSI, como ilustra la siguiente figura.

Figura 50: Medidas de seguridad tomadas por los hogares en México (porcentaje de hogares que tomaron cada medida), a nivel nacional, ENSI-7/2010.

En promedio el costo de las medidas de seguridad adoptadas fue de $5,827 pesos por hogar, aumentando considerablemente si se compara el 2009 con los dos años inmediatos anteriores (Figura 51). A nivel estatal el mayor porcentaje de hogares que tomaron al menos una medida de seguridad fueron Quintana Roo (52%), Aguascalientes (50%), Distrito Federal (50%), Nuevo León (47%) y Tlaxcala (44%). (Tabla ll.57).

Figura 51: Gasto promedio en medidas de seguridad por hogar que toma medidas de protección.

II. Resultados de la ENSI-7 106

RESULTADOS

Tabla II-57: Porcentaje de hogares que tomaron al menos una medida de protección.

II. Resultados de la ENSI-7 107

RESULTADOS

II.11. El miedo al delito Finalmente, otra de las afectaciones que producen la criminalidad y la victimización es el miedo al delito. Según algunos autores, existe una diferencia entre el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito:

Figura 52: Actividades que dejaron de hacer las personas durante 2009 por temor a ser víctimas de un delito. (Se muestra el porcentaje de personas que dejó de hacer cada actividad el año de referencia). Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro,etc.) durante 2009, ¿dejó de...?

Para abordar estas cuestiones, tendremos, en primer lugar, que establecer qué se entiende por percepción de inseguridad y miedo al delito. Serrano y Vázquez (2007), hacen una distinción entre ambos conceptos, al entender que el miedo al delito hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia, mientras que la inseguridad ciudadana puede entenderse como miedo al crimen en abstracto, como una inquietud respecto al delito como problema social. 91 Sabemos que los mexicanos viven constantemente con el temor de ser víctimas de un delito. Al respecto la ENSI-7 señala que cerca del 66% de la población ha dejado de hacer cosas que antes hacía por temor a ser víctima de un delito; pero en las zonas metropolitanas de estudio se encontró que 80.3% de las personas dejaron de hacer alguna actividad. Éste es quizás uno de los indicadores principales en cuanto a la percepción de seguridad, dado que está estrechamente relacionado con la percepción o el grado de riesgo individual con el contexto externo o social. A nivel nacional los valores más altos de temor se experimentaron en el Distrito Federal (86%), Chihuahua (83%), Nuevo León (78%), Estado de México (77%) y Durango (75%). (Tabla II-58).

* Los porcentajes se refieren a la población para la cual aplica cada concepto y contestó afirmativamente. 1 La opción de respuesta se consideró por primera vez en la ENSI-7.

II. Resultados de la ENSI-7 108

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Tabla II-58. Porcentaje de personas que dejaron de hacer algún tipo de actividad por temor a ser víctimas de un delito por entidad federativa.

Los estilos de vida de los individuos son alterados y constreñidos definitivamente por el miedo al delito. Algunas personas, por ejemplo, consideran los niveles de riesgo tan inaceptables que optaron por no usar joyas en el 52% de los casos (68% en ciudades); 51% de los entrevistados impidió que sus hijos menores salieran a la calle 92 ( 62% en ciudades); un 44% optó por no salir de noche (55% en ciudades); 38% decidió no cargar dinero en efectivo (51% en ciudades), y 34% optó por no traer tarjetas de crédito o débito (44% en ciudades). En Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua dejaron de salir de noche el 82% y 73% respectivamente; en las mismas ciudades 84% y 74% dejaron de permitir a sus hijos menores de edad salir. A nivel nacional dejaron de ir al cine o al teatro 22% de las personas, pero en Ciudad Juárez 63% de los adultos dejaron de hacer esta actividad cultural.

Sobre el sentimiento de inseguridad en lugares particulares, se encuentra que en promedio, a nivel nacional el 17% se siente inseguro en su casa —a pesar de que es éste el lugar donde más seguro se sienten las personas—, pero en el estado de Chihuahua el porcentaje es del 30% y en Durango el 25%. En Ciudad Juárez este índice es de 41% y en la capital de Chihuahua de 30%. En Guadalajara y Cancún un 26% se sienten inseguros en su casa, y destaca también Nuevo Laredo con 24%. Los lugares donde mayor proporción de personas se sienten inseguras son los cajeros automáticos y los bancos; ya que en promedio en el país, el 81% y 70% de la población adulta se siente insegura en dichos lugares respectivamente. Le siguen la calle, las carreteras y el mercado (64%, 62% y 58% respectivamente). En las zonas metropolitanas de estudio se observa en primera

posición, en cuanto a sitios donde mayor frecuencia de personas se sienten inseguras, los cajeros automáticos (89%), y en segundo término le siguen el transporte público (84%), la calle (80%) en tercera posición y los bancos (78%) en cuarta. En la calle, el 64% de las personas se siente insegura en promedio nacional y en el ámbito de las zonas metropolitanas de estudio esto es el 80%. En el Distrito Federal y el estado de Chihuahua este porcentaje es de 82% y en el Estado de México de 78%. En 2008 (ENSI-5) en el Distrito Federal se sentía inseguro en la calle el 79%, en Chihuahua el 61% y en el Estado de México 72%, mientras que en 2009 (ENSI-6) estos porcentajes fueron de 79% en el Distrito Federal y Chihuahua y en el Estado de México 76%, por lo que al menos en el estado de Chihuahua se ha incrementado la sensación de inseguridad en las calles. En Ciudad Juárez en 2010 (ENSI-7) el 92% se siente inseguro en la calle, mientras que 89% se sintió así el año anterior. En la ciudad de Chihuahua el 91% se siente inseguro en la calle cuando el año anterior se sintió así el 84%. En Acapulco el porcentaje de personas que se sienten inseguras en la calle se ha mantenido similar en los últimos dos años ya que en 2010 esto fue el 88% y en 2009 88.5%.

II. Resultados de la ENSI-7 109

RESULTADOS

Así pues, se encuentra que a nivel nacional el 21% de las personas salen de su casa siempre o casi siempre con el temor a ser víctimas de un delito y 11.3% frecuentemente sale con ese temor, aunque 33% nunca lo siente.

Figura 53: Respuesta a nivel nacional a la pregunta: “Cuando sale de su casa, ¿lo hace con el temor de ser víctima de algún delito….?”, ENSI-7/2010.

Medir el miedo al delito, definido como el temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas, es sumamente útil para el diseño de políticas de seguridad pública, pero antes es necesario dilucidar hasta qué punto ese miedo al delito es producto de una situación real. Según Mark Warr: Lo que diferencia al miedo al delito de otros riesgos de la vida, es que éste con frecuencia descansa sobre información altamente incierta sobre el riesgo. La mayoría de las personas tienen pocas bases científicas para sus creencias sobre el delito. En la vida cotidiana, ellos están constantemente enfrentados con información sobre el delito de fuentes que pue-

den no apreciar o preocuparse de la (in)exactitud de dicha información y que pueden utilizar el delito para entretener, vender, explotar, o ganar votos. 93 Descuidar el miedo al delito puede generar una espiral aguda de desconfianza en la autoridad y por consiguiente una inhibición del ciudadano para participar en los procesos de procuración y administración de justicia (ya sea como denunciante o como testigo). Esta situación llevada al extremo puede derivar en una desestabilización del sistema de justicia y eventualmente, a alteraciones del orden social. Se ha señalado también, que el miedo al delito, si no es atendido, “puede abrir la vía a una regresión hacia la justicia privada”. 94

II. Resultados de la ENSI-7 110

RESULTADOS

II.12. Opiniones relacionadas a la comunidad y delincuencia En cuanto a la percepción sobre los problemas de la comunidad que se relacionan con la inseguridad, en el país 51% de las personas considera que hay ausencia de vigilancia, 37% mencionó la falta de alumbrado público, 36% el desempleo, 33% vigilancia deficiente y 29% la drogadicción, como se advierte en la figura 54. En las ciudades de estudio lo más mencionado coincide con lo encontrado a nivel nacional, la ausencia de vigilancia (50%), pero en segundo lugar las personas de ciudades considera a las pandillas o bandas (36%), así como la vigilancia deficiente y la drogadicción, que alcanzan igual porcentaje que el anterior.

Figura 54: Principales problemas de la comunidad relacionados con la inseguridad, a nivel nacional.

Figura 55: Principales problemas de la comunidad relacionados con la inseguridad declarados por los encuestados en ENSI-7, en el conjunto de 17 zonas metropolitanas de estudio.

II. Resultados de la ENSI-7 111

RESULTADOS

Figura 56: Principales acciones para combatir la delincuencia que las personas dicen saber se han realizado en su ciudad/localidad, según la ENSI-7/ 2010, nivel nacional.

Por otra parte, al preguntárseles las acciones que creen se deben tomar, el mayor patrullaje es la opción más mencionada (64%), seguida por la atención al desempleo (51%), el combate a la corrupción (39%) y las mejoras al alumbrado (37%). La organización de vecinos y los programas de cultura de denuncia son los aspectos menos nombrados por las personas (ver figura 57).

Figura 57: Acciones que considera la población se deben tomar para mejorar la seguridad en su ciudad/localidad, a nivel nacional, según la ENSI-7/2010.

• Respuesta a la pregunta: De la lista que le muestro, ¿sabe usted qué acciones se han realizado en (CIUDAD, LOCALIDAD) para que haya más seguridad?

Las acciones para mejorar la seguridad en ámbitos locales más conocidas por la población son el incremento del patrullaje y el alumbrado (38% y 29% respectivamente). Se observan menores porcentajes de acciones conocidas en relación con la organización de vecinos (9%), policías de barrio (10%) y combate a la corrupción (12%). • -Segunda parte de la pregunta ilustrada en la figura 56: ¿Cuáles acciones considera que se deben realizar?

II. Resultados de la ENSI-7 112

RESULTADOS

Figura 58: Principales causas de la delincuencia mencionadas en cualquiera de los primeros tres lugares por los encuestados, a nivel nacional.

Se pregunta a los encuestados por tres causas principales de la delincuencia. En años anteriores, las drogas era la causa de la delincuencia más citada por la población encuestada en cualquiera de las tres primeras posiciones. De acuerdo con la ENSI-7, se señalan como causantes de la delincuencia en primer lugar el desempleo y en segundo, la pobreza; las drogas pasan a un tercer lugar. Una nueva opción de respuesta entre las causas de la delincuencia fue la falta de valores, que vino a ocupar una mención del 13% ( en el séptimo lugar). En el conjunto de ciudades de estudio, las tres causas más citadas en cualquiera de las primeras tres posiciones fueron el desempleo, la pobreza y las drogas.

Figura 59: Respuesta a nivel nacional a la pregunta ¿Está usted de acuerdo con los operativos llevados a cabo por el gobierno federal en algunas ciudades del país en contra de la delincuencia organizada?*

• Por efectos del redondeo las cifras para cada año pueden no sumar exactamente el 100%. 1 En ENSI´s anteriores la pregunta era: " Dígame, cuáles son las tres principales causas de la delincuencia". 2 El enunciado se consideró por primera vez en la ENSI-7. 3 En ENSI´s anteriores el enunciado era "Educación escolar deficiente”. 4 En ENSI´s anteriores el enunciado era "Ministerios públicos ineficaces". 5 En ENSI´s anteriores el enunciado era "Hay corrupción en la justicia". * En la ENSI-6 la pregunta es: ¿Está usted de acuerdo con los operativos llevados a cabo contra la delincuencia organizada por el gobierno federal?

II. Resultados de la ENSI-7 113

RESULTADOS

Otro aspecto que indaga la ENSI-7 es la aceptación o no de los operativos del gobierno federal en contra de la delincuencia organizada y si la persona cree que hayan sido efectivos en el combate a la criminalidad. El 81.5% de las personas afirmó estar de acuerdo. Sin embargo al preguntar si los operativos han mejorado las condiciones de seguridad pública, únicamente el 53% respondió afirmativamente. En las zonas metropolitanas de estudio estas preguntas cobran especial interés. Se observa que en Ciudad Juárez, en 2009 (cuando se realizó la ENSI-6), 70% pensaban que los operativos mejoraban la seguridad, mientras que en la actualidad sólo el 19% respondió afirmativamente. En otras ciudades también se observan cambios importantes de este indicador como se aprecia en la Tabla II-59. Es insoslayable la consideración de que si no se logra abatir de manera importante la criminalidad es previsible que decaiga el apoyo a los operativos del gobierno federal y que, en cambio, crezca la cantidad de ciudadanos que opinen que esos operativos no ayudan a mejorar la seguridad pública. La opinión ciudadana suele ser voluble y emocional, pero en el angustiante tema de la seguridad pública es muy probable que esté influida decisivamente por los resultados que se obtengan. Los parámetros para juzgar la conveniencia de los operativos serán la incidencia y la prevalencia delictivas así como la gravedad de los delitos que se cometan.

Tabla II 59: Porcentajes de respuestas afirmativas sobre los operativos del gobierno federal en las zonas metropolitanas de estudio, ENSI.7/ 2010.

II. Resultados de la ENSI-7 114

RESULTADOS

II.13. Confianza y desempeño institucional De una lista de autoridades, se preguntó a los encuestados si las identificaban para después conocer la percepción en su desempeño y el nivel de confianza que les inspiran. El ejército, la policía de tránsito y la policía municipal son las más conocidas por la población pues en los tres casos más del 70% de las personas afirmaron conocerlas. La Policía Federal Ministerial y los agentes del Ministerio Público Federal resultaron ser las autoridades menos conocidas con sólo 13% y 8% de personas que las identifican.

Figura 60: Porcentaje de la población de 18 y más años que identifica a las autoridades especificadas, a nivel nacional, según ENSI-7/2010.

La ENSI-7 preguntó a las personas que dijeron conocer determinadas autoridades qué tanta confianza les inspiraban. El Ejército y la Marina son las instancias a las que mayor confianza tiene la población, pues a 52 % y 55% respectivamente les inspiran mucha confianza. Les sigue la Policía Federal (antes PFP) y la Policía Federal Ministerial (antes AFI), a las que 25% de la población conoce y les inspiran mucha confianza. La policía de tránsito y la policía municipal, aunque son muy conocidas por la población, inspiran poca confianza, apenas inspiran mucha confianza en el 10% de los entrevistados.

Figura 61: Porcentaje de personas de 18 o más años según la confianza que le inspira cada autoridad mencionada (personas que dijeron conocer la autoridad), a nivel nacional, según ENSI-7/2010 (respuestas a: ¿Cuánta confianza le inspira...? )

* La gráfica no muestra el porcentaje que dijo no saber o no quiso responder, con lo que se completaría el 100% por cada autoridad.

II. Resultados de la ENSI-7 115

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Tabla II 60: Porcentaje por grado de confianza que inspiran diversas instituciones en varias ENSI a nivel nacional (se exhiben porcentajes de respuesta en Muchaalguna confianza / poca o ninguna confianza).

• En las ENSI´s anteriores la pregunta era: DE las instituciones que le voy a mencionar, dígame el grado de confianza que tiene en… 2)Para las ENSI´s anteriores el enunciado era "Policías locales“.3) El enunciado se consideró por primera vez en la ENSI-7.4) Para las ENSI´s anteriores el enunciado era "Ejército (fuerzas armadas) 5)Se quitó el enunciado en ENSI-7. * Las cifras suman 100% al considerar los casos que dijeron no saber (Ns/ Nr).

II. Resultados de la ENSI-7 116

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Al preguntar por el grado de confianza que tienen las personas en ciertas instituciones, se encuentra que al igual que otros años las iglesias son las instituciones que más confianza inspiran a la población. En esta ocasión se preguntó por la confianza que le dan los vecinos, encontrándose que también son objeto de mucha o alguna confianza para más del 60% de las personas. Les siguen la Marina, el Ejército, y los medios de comunicación (46, 56 y 44% les tiene mucha o alguna confianza respectivamente). Las instituciones, que menos confianza inspiran a la población son los diputados, los

partidos políticos y los senadores (apenas 10, 13 y 11 % respectivamente les tiene mucha o alguna confianza). El 10% de las personas que conoce al menos una autoridad, ha recibido algún intento de soborno de parte de éstas. La autoridad de la que más intentos de soborno recibe la población es la policía municipal con 32%. La policía local y los agentes del Ministerio Público local le siguen con 11 y 9% respectivamente. Del Ejército y la Marina sólo el 1% de las personas que los identifican han recibido un intento de soborno.

Figura 62: Porcentaje de personas que han recibido solicitud de soborno de parte de alguna autoridad, a nivel nacional.

II. Resultados de la ENSI-7 117

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Figura 63: Porcentaje de personas que han recibido intento de soborno de parte de cada autoridad según ENSI-7/2010.

Figura 64: Porcentaje de la población que considera el desempeño de cada autoridad en el combate a la delincuencia muy efectivo o algo efectivo, y poco efectiva o nada efectivo, a nivel nacional, según ENSI-7/2010.

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Figura 65: Porcentaje de la población que considera el desempeño de cada autoridad en el combate a la delincuencia muy efectivo o algo efectivo, y poco efectivo o nada efectivo, en las 17 zonas metropolitanas de estudio, según la ENSI-7/2010.

En cuanto a la apreciación de la población sobre el desempeño de las distintas autoridades en el combate a la delincuencia, se observa que de igual forma el Ejército y la Marina son los mejor calificados ya que el 80% y 81% de las personas considera su actuación muy efectiva o algo efectiva. Sin embargo, más del 60% considera que el desempeño de la Policía de Tránsito y la Policía Municipal, que son instancias cercanas a la población, es poco efectivo o nada efectivo. En el ámbito de las zonas metropolitanas, 75% y 76% considera que el desempeño del Ejército y la Marina son muy efectivos o algo efectivos, respectivamente. La Policía de Tránsito y la Policía Municipal son consideradas poco efectivas o nada efectivas en el 75% y 72% de los casos. Otras autoridades son consideradas poco efectivas o nada efectivas en más del 60% de los casos, a saber, la Policía Preventiva Estatal, Policía Estatal Ministerial, agentes del Ministerio Público Local. Los jueces en el ámbito de ciudades se encuentran muy cerca con 59% de apreciación como poco o nada efectivos.

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Notas del capítulo ll 52 CIDE. Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional, Informe Anual 2009, pp. 14-15. Es importante señalar que en esta encuesta se considera como parte de la muestra a los mayores de 15 años, a diferencia de la ENSI que sólo considera a los mayores de 18 años, y tiene unas preguntas independientes para tratar de captar la victimización en menores de edad. 53 Mario Arroyo y Catalina Palmer. Índice Nacional de Inseguridad: Termómetro del Delito, Cuadernos del ICESI No. 2, ICESI, México, 2009, p. 12. 54 Ibidem. 55 Declaraciones a Notimex de Luis Genaro Vásquez Subprocurador de Averiguaciones Previas desconcentradas de la PGJDF, bajo el título “Se incrementa en 10% el robo al transporte público en el DF”.7 diciembre de 2010. http://www.m-x.com.mx/2010-12-07/se-incrementa-en-10-el-robo-al-transporte-publico-en-el-df/ 56 Se describe en el inciso 3.1. 57 En el caso de Tamaulipas se hace la comparación con respecto a ENSI-5. 58 Comparaciones con base en 90% de confianza. Las varianzas fueron aproximadas considerando el diseño muestral a través de los ponderadores y asumiendo muestreo sin reemplazo. 59 Como se indicó en los reportes de la ENSI-6, en Tamaulipas se dio la vigilancia de personas extrañas en varias plazas, lo cual intimidaba la población y se consideró un factor de sesgo importante. En Tabasco, la situación fue distinta, ya que el problema radicó en errores técnicos del levantamiento que no fueron solventados. 60 La diferencia resulta estadísticamente diferente y con cambio a la alza con 95% de confianza. 61 Con 95% de confianza. 62 Esto se hace en el inciso 2.1. 63 El lector habrá advertido las consideraciones del ICESI que se plantearon en el capítulo I. Como se señaló al inicio del capítulo de II, aquí se exponen los resultados tal como se desprenden de la base de datos de la ENSI-7. 64 Tamaulipas se compara con 2007 (ENSI-5). Las comparaciones

mencionadas por entidad se basan en 90% de confianza. En este indicador se aproxima la varianza y los intervalos asumiendo un denominador constante, un muestreo con reemplazo, y se considera el diseño muestral complejo a través de los ponderadores. 65 Comparaciones con 95% de confianza a nivel nacional. 66 ICESI, Victimización, Incidencia y Cifra Negra en México, Cuaderno 8 ICESI, 2010. 67 Op.cit. 68 Puede no ser lo ideal comparar 14 ciudades con 17 ciudades, aún cuando las 14 primeras son parte del segundo conjunto; sin embargo, como promedio de zonas urbanas resulta de interés conocer cómo contrasta. De manera particular se pueden advertir los niveles de cada ciudad. 69 En la ENSI-7 se añade al conjunto de zonas metropolitanas de estudio la ciudad de Morelia, Michoacán. Las demás zonas fueron consideradas en ENSI-4. 70 Equivale a alrededor de 70 mil secuestros, de ambos tipos, en un año. 71 En ENSI-7 se registraron 44 casos y en años anteriores alrededor de 30. Cabe recordar que la muestra en ENSI-7 fue mayor a años anteriores. 72 Véase Cuaderno 7 del ICESI: Evaluación del desempeño en el combate contra el delito de secuestro 2007-2009, en http://www. icesi.org.mx/publicaciones/cuadernos/cuaderno_7.asp 73 Comparaciones con 90% de confianza con respecto a valores de ENSI-6. 74 El valor de cifra negra de Tamaulipas es el menor de manera puntual; si se considera un nivel de confianza de 90% se aprecia que su cifra negra es menor a la de San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal, Nuevo León, Morelos, Tabasco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. No hay evidencia para decir que difiere estadísticamente de los demás estados (con 90% de confianza). 75 Olga Islas, “Evaluar periódicamente la eficiencia del personal del Ministerio Público”, en 65 propuestas para modernizar el sistema penal en México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2006, página 305.

II. Resultados de la ENSI-7 120

RESULTADOS

76 Mario Arroyo, ENSI 5-2008, Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad: Resultados, Cuadernos del ICESI No. 1, ICESI, México, 2009, p. 44. 77 Al respecto los resultados de la ENSI 7, señalan que el 31% de los que acudieron al Ministerio Público a denunciar les tomó de una a dos horas; 30% más demoró más de cuatro horas; 23% de tres a cuatro horas; y el resto, 16% tardó menos de una hora. 78 Pablo Parás. “Unweaving the social fabric: the impact of crime on social capital.”, en Wayne A. Cornelius y David Shirk, Reforming the administration of justice in México. University of Notre Dame Press, Indiana, 2007, p.341. 79 Roy Campos y Carlos Penna. Confianza en las instituciones, Encuesta Nacional en Viviendas, Septiembre de 2009. La escala va de 0 a 10, donde este último grado representa la mayor confianza. 80 Van Dijk Jan, J. van Kesteren, P. Smit, Victimización en la perspectiva internacional. Resultados principales de la ENECRIV y ENECRIS 2004-2005. 81 Cantor D Lynch J. Self report surveys as measures of crime and criminal victimization. Criminal Justice (4): 85-138. 82 Wesley D. Conducting community surveys. A practical guide for Law Enforcement Agencies. Bureau of Justice Statistics / Office of Community Oriented Policing Services. Washington, D.C. 1999. 83 ICESI, Análisis de la multivictimización o victimización reiterada a partir de la ENSI-4/URBANA, México 2007. 84 Veáse, por ejemplo: Ellingworth D, Farell G, Pease K. A victim is a Victim is a Victim: Chronic Victimization in Four Sweeps of the British Crime Survey. British Journal of Criminology. 1995; 35: 360-365. / Miller T, Cohen A, Wiersema B. Victim Costs and Consequences: A New Look. National Institute of Justice. Washigton DC. 1996. 85 Ellingworth D, Farell G, Pease K. 1995. A Victim is a Victim is a Victim: Chronic Victimization in Four Sweeps of the British Crime Survey. British Journal of Criminology. 35: 360-365.

86 Van Dijk Jan, J. van Kesteren, P. Smit, Op. cit. 87 Son las que en victimología se conocen como victimización primaria, que es la dirigida contra una persona o individuo en particular; la secundaria, que es la que padecen grupos específicos o sea una parte de la población; y la terciaria, que se dirige contra la comunidad en general, es decir la población total. Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. Victimología: Estudio de la Víctima, 3a. ed., Porrúa, México, 1996, p. 73. 88 Comparaciones con 95% de confianza. 89 Cabe añadir que la medición de la ENSI-5 del porcentaje de personas adultas que consideran su estado inseguro en Tabasco fue de 77.6%, lo cual no resulta estadísticamente diferente a la medición de la ENSI-7, que fue de 71.3%; por otra parte la medición en ENSI-5 de Tamaulipas, fue de 62.7%, y en ENSI-7 de 69.4% (sin ser diferencia estadísticamente significativa). 90 Carlos Mendoza. El costo de la inseguridad en México, Cuadernos del ICESI No. 5, ICESI, México, 2009. 91 Laura Vozmediano, “Problemas de medición al miedo al delito; algunas respuestas teóricas y técnicas” en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, p. 1. RECPC 10-07 (2008) - http://criminet. ugr.es/recpc - ISSN 1695-0194. 92 Se analiza cada opción considerando la población para la que aplica el concepto; por lo que el porcentaje que dejó de permitir que sus hijos menores salieran excluye aquellas personas para las que no aplica el enunciado, es decir no tienen hijos menores de edad. 93 Warr, Mark. “El Miedo al delito en los Estados Unidos: rutas para la investigación y la formulación de políticas”, en Recopilación de estudios sobre criminalidad actual. Instituto de justicia de los Estados Unidos y Universidad Carlos III, Madrid, 2006. Traducción del autor. 94 Georges Picca, La criminología, FCE, México, 1987, p. 94

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RESULTADOS

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad Una de las limitaciones para el estudio de la criminalidad en México es la ausencia de información estadística pública que sea constante, accesible, uniforme, confiable y oportuna. Esta situación se agudiza en el caso de las 32 entidades federativas. La falta de constancia se ve reflejada en la ausencia de series históricas sobre el registro de delitos, debido en parte a la constante modificación y adición de nuevos tipos penales, pero sobre todo a la forma irregular y arbitraria con las que las autoridades estatales deciden generar sus registros. 95 Las estadísticas de criminalidad y victimización ayudan a evaluar y dar seguimiento a las condiciones, circunstancias y tendencias del bienestar y el impacto social de los recursos y políticas en materia de seguridad. La recolección de estadísticas confiables y suficientes es de gran importancia para todos los involucrados en el sistema de seguridad y justicia penal, especialmente para quienes lo administran. Invariablemente cada uno de los componentes del sistema genera una gran cantidad de registros, pero sólo cuando esta información cruda es transformada a través de un mecanismo específico de recolección y organización estadística, estos registros proporcionan información valiosa para la toma de decisiones. 96

III.1. Negación de la realidad delictiva y de la victimización Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede resolver. Ese es el lema del ICESI y parte de un principio básico de razonamiento basado en el conocimiento empírico que se ha generado internacional y localmente: para mejorar las condiciones de seguridad es necesario conocer la “cifra real de la criminalidad” (Figura 66). El esquema describe la composición de la cifra real de la criminalidad en dos partes: la cifra oculta o cifra negra y la cifra oficial. La primera está compuesta por los delitos no registrados. La cifra oficial, por su parte, está integrada por las averiguaciones previas que se inician, y de aquí pueden derivarse otros tipos de registros que permiten desagregar más la información, como por ejemplo cuántas de estas averiguaciones fueron consignadas con y sin detenido, y ya después en la etapa judicial cuántos procesos se llevaron a cabo en primera instancia y con cuántos acusados se procesaron en una primera instancia, y cuántas sentencias condenatorias y cuántas absolutorias se dictaron. 97

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 122

RESULTADOS

Figura 66: Composición de la cifra real de la delincuencia CIFRA OCULTA Personas y sus delitos no denunciados, o en caso de serlo, no fueron registrados por la autoridad competente

Tabla III-1: Incidencia delictiva, México 2009. Cifra ENSI-7 de la tasa de incidencia por 100 mil habitantes vs. cifra oficial 98 Victimización

Delitos denunciados

Averiguaciones previas iniciadas

CIFRA OFICIAL Personas y delitos registrados en averiguaciones previas, proceso y sentencias

Averiguaciones previas consignadas AP consignadas con detenido Presuntos delincuentes (la instancia) Delincuentes sentenciados

Este marco conceptual lo que pretende es medir la distancia entre la cifra oculta y la oficial, entendiendo que ambas forman en conjunto la cifra real de la delincuencia. Esta brecha fue la que durante años se desconoció en México a pesar de los avances de la criminología y la victimología a nivel mundial. Por razones políticas o ignorancia pura, lo cierto es que no fue sino hasta que el ICESI convirtió en un ejercicio constante las encuestas de victimización, que los investigadores, la sociedad civil y algunas áreas de gobierno pudieron estimar con mayor precisión el tamaño de la victimización en México a través de algunos de sus principales indicadores: prevalencia e incidencia delictivas. Este último, la incidencia de delitos presentada como tasa por ca-

da 100 mil habitantes, es el que arroja mayores evidencias sobre la importancia de una medición precisa de la victimización y el porqué no deben intervenir en tal medición factores políticos o de cualquier índole que no sean meramente técnicos. Comparar la incidencia de la cifra oculta que arrojan las ENSI´s con la incidencia que proviene de la cifra oficial explica porqué los gobiernos sin importar su nivel (federal, estatal o municipal) sean renuentes a aceptar las cifras de las encuestas, y en lugar de tomarlas como un insumo para la elaboración de políticas las descalifican precisamente desde un punto de vista político, negando con ello la realidad que representan los datos duros y contundentes de arrojan las evidencias empíricas.

* Las cifras de incidencia a partir de la ENS-7I aparecen redondeadas a centenas en esta tabla. • Fuente de la cifra oficial: Elboradas con base en delitos registrado en el formato CIEISP – SNSP y población CONAPO.

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 123

RESULTADOS

Al no utilizarse el dato de la incidencia delictiva generado por las encuestas de victimización para el diseño de políticas públicas, 99 se está perpetuando el círculo perverso en el que las autoridades sostienen que los delitos se reducen (aunque esto sea falso) y las víctimas directas e indirectas sufren la cifra real de la delincuencia y pierden cada día más la confianza en las autoridades.

las condiciones que favorecen o propician la comisión de faltas administrativas y delitos del fuero común, que son, como se sabe, la gran mayoría, y que son también los que principalmente afectan la calidad de vida y la seguridad cotidiana de las personas.

Figura 67: Comparativo de los cinco estados de mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes según la ENSI-7, y sus respectivas cifras oficiales según el SNSP. Cifra Oculta vs. Cifra Oficial.

Se ha priorizado el combate a cierta clase de criminalidad, la asociada al narcotráfico, descuidándose la delincuencia que afecta de manera más grave a la población: homicidios, secuestros, extorsiones, etcétera.

III.3. Los retos de la política nacional en materia de criminalidad y victimización

III.2. Estancamiento de la política de seguridad Más allá de las variaciones anuales, o los cambios específicos en los distintos indicadores que arroja, o de las entidades federativas de que se trate, los resultados de la serie de las ENSI revelan que en México en los últimos ocho años no ha habido avance alguno en la reducción de la victimización. Es importante entonces tratar de indagar, cuando menos a manera de hipótesis, por qué a pesar de cuantiosos recursos presupuestales, cambios legislativos, declaraciones públi-

cas y una aparente preocupación social, no se registran avances, no sólo considerando como fuente de información las encuestas de victimización realizadas por el ICESI, u otras instituciones, sino incluso apoyándose en las propias cifras oficiales. Una de las hipótesis que se plantea para explicar esto es obviamente la ausencia de políticas de reducción del delito y de atención a víctimas, situación que se discute en la siguiente sección. Sin embargo, la hipótesis que aquí se plantea es que las políticas gubernamentales se han orientado básicamente a intentar controlar las acciones de delincuencia organizada, dejando olvidadas o inalteradas

Los sistemas de seguridad y justicia penal en México han sido utilizados no como la última instancia sino como el primer mecanismo de control de las conductas antisociales. Dentro de esta lógica reactiva es difícil que se pueda revertir la situación de la criminalidad en tanto que los factores que propician los hechos antisociales ocurren, por lo general, fuera de los ámbitos de competencia de los sistemas penales. Ante esta situación, y considerando la urgencia de tomar medidas para reducir la inseguridad, es necesario actuar en frentes paralelos, tanto en la reducción de la criminalidad como en los niveles de victimización. Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las deficiencias del Estado mexicano para hacer frente a los retos que impone la criminalidad es que ha sido monotemático: se confunde lo que debe ser una estrategia global de seguridad, que abarque todos los problemas en una escala de conflictos, con el combatir una o escasas esferas de la delincuencia. Es cierto, que las actividades de la delincuencia organizada ponen en riesgo no sólo la vida y el patrimonio de los habitantes, sino incluso la seguridad nacional. No obstante, se deben

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 124

RESULTADOS

abrir frentes simultáneos e incorporar al diagnóstico y a la agenda de prioridades los siguientes temas: las tasas de criminalidad y victimización que se generan en el ámbito del fuero común, los grupos armados, las violaciones a los derechos humanos, la profesionalización y depuración de policías y ministerios públicos, la impunidad, las insuficiencias en el marco jurídico, el sistema penitenciario, la rendición de cuentas, la corrupción, la desconfianza ciudadana y la cultura de la legalidad. Cualquier política de seguridad debe tener un carácter integral. Pretender que se resuelva el problema exclusivamente con estrategias de carácter militar, policial, penal o sectorial es limitado. Las experiencias internacionales exitosas demuestran que las estrategias de exclusivo carácter punitivo sólo incrementan la violencia y postergan las soluciones requeridas. Existe consenso entre especialistas en que la seguridad empieza a nivel local y es el fundamento para cualquier estrategia a nivel nacional, y que no existe estrategia de seguridad que funcione si no se reducen los niveles de pobreza e inequidad social existentes. Para ello es necesario involucrar a varios actores y desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana. (Los principios para la ejecución de una estrategia de seguridad integral son liderazgo, coordinación, consenso, confianza y tecnología). Se trata de diseñar políticas criminológicas y victimológicas integrales.

a. Lineamientos de políticas para reducción de la criminalidad La criminalidad es un problema complejo para las sociedades no sólo por los efectos que genera sino también porque los factores asociados a ella son múltiples. La evidencia empírica demuestra que no todos los estados presentan niveles iguales de criminalidad o victimización. Como se sabe, las circunstancias asociadas a los ámbitos individual, familiar, comunitario y social juegan un papel fundamental en la ocurrencia de delitos. Por ello es importante entender que la criminalidad debe situarse dentro de una perspectiva más amplia. No obstante la riqueza y la gran cantidad de información estadística que se posee sobre criminalidad y victimización —porcentajes, tasas, lugares de ocurrencia, métodos, etcétera—, el análisis teórico sobre los factores específicos que las generan sigue siendo limitado y fragmentado. Las teorías de causalidad tienden por lo general a reflejar la disciplina o profesión que informa o estudia el problema, y por ello las explicaciones suelen ser fragmentadas o inconexas, generando información incluso contradictoria que al final limita su comprensión. Para situar la criminalidad en un contexto amplio, se propone utilizar un modelo que ha cobrado ya una aceptación general y que permite combinar teorías dispares al proponer un esquema integral que identifica cuatro niveles de causalidad: estructural, institucional, interpersonal e individual (Figura 68). Bajo este marco teórico se considera que el delito es consecuencia de varios factores y establece como método de explicación y de intervención los cuatro niveles: a) el individual, que intenta explicar las conductas a nivel del sujeto; b) el relacional o interpersonal, que permite caracterizar la estructura y tipo de relación que se establece dentro del núcleo de relaciones cercanas o familiares; c) el local o comunitario, que pretende dotar de sentido, ex-

plicar y comprender los estilos de vida en grupos específicos de la población, y d) el social, que intenta analizar y comprender la estructura económica, jurídica, política y cultural en que se desarrolla el individuo. 100 Tomando en cuenta que hay significativamente más delitos en las áreas urbanas que en las rurales, es importante entonces considerar como prioritario este enfoque ecológico de la delincuencia, incluyendo uno de sus principales aportes: el análisis espacial del delito, también conocido como geografía del delito. Bajo esta óptica, los delitos son vistos como un problema social y se considera que su distribución a lo largo de un territorio no es una casualidad geográfica. Desde el punto de vista teórico para que los delitos ocurran los delincuentes y sus objetivos —víctimas o propiedades— deben coincidir en el mismo lugar por un periodo determinado. Diversos factores, desde la disponibilidad de objetivos hasta la simple conveniencia geográfica del ofensor, influyen respecto del lugar que los delincuentes elijan para cometer sus delitos. Por lo tanto, un completo conocimiento de dónde y porqué ocurren los delitos permite aumentar las capacidades para su reducción. Los mapas que genera el análisis espacial del delito aportan al analista y al tomador de decisiones representaciones gráficas para poder orientar recursos y ampliar la efectividad de las acciones. Existen diferentes tipos de mapas delictivos, cada uno de ellos con propósitos diferentes que deben ser construidos en función de las necesidades locales y en función del tipo de problema que se pretende solucionar. 101

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 125

RESULTADOS

Figura 68: Marco Ecológico de la Delincuencia 102

Estructural

• El nivel macro político, económico y de la estructura social; el entorno de políticas públicas, incluyendo las opiniones, creencias y normas culturales que permean una sociedad.

Institucional

Interpersonal

• Instituciones formales y no formales, así como el capital social presente en las comunidades y lugares de trabajo; las redes sociales y grupos de identidad en las que se desenvuelven las relaciones interpersonales.

Impulsar la prevención situacional del delito (PSD) es una decisión clave. La premisa básica de la PSD es que el delito requiere la convergencia en tiempo y espacio de un ofensor motivado, de un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz. Considerando estos tres elementos, sugiere la aplicación de acciones que: a) reduzcan las oportunidades físicas para delinquir, y b) incrementen las oportunidades para que el delincuente sea descubierto. Estas oportunidades se refieren a incrementar las posibilidades de que un ofensor sea visto por alguien susceptible de ejecutar una acción. La policía es el grupo con mayores probabilidades de intervenir “efectivamente”. Sin embargo, se sabe que los resultados de esta efectividad no son particularmen-

Individual

• El contexto inmediato en el que la violencia tiene lugar; interacciones entre individuos; factores situacionales que involucran familia, hogar, relaciones afectivas o de conocimiento.

• Historia personal y estructura biofísica; factores constituivos de la personalidad ; formas de adaptación social a las relaciones interpersonales e insitutcionales.

te alentadores. La razón principal es que, a pesar de todo, el delito es un suceso relativamente raro en la sociedad, que ofrece un vasto número de oportunidades para cometer delitos y raras oportunidades de observar uno. La parte operativa de la prevención situacional se despliega utilizando 25 técnicas para reducir las oportunidades en la comisión de un delito. 103 La PSD forma parte de lo que se ha denominado criminología administrativa. Se desarrolló originalmente en el Reino Unido a principios de la década de 1970. Surgió en un momento en que el Estado abandonó su papel interventor en la economía, y lo redujo en el terreno de la seguridad. Fue a raíz de estas transformaciones sociales que surgió también la idea de que los ciudadanos

debían participar en las tareas de prevención del delito ante la manifiesta incapacidad del Estado para poder brindar de forma adecuada y suficiente el servicio de seguridad. Desde entonces varios gobiernos optaron por un manejo gerencial del delito, es decir reducir costos (delitos) y maximizar beneficios (seguridad). En este sentido y a diferencia de la criminología clásica y de la positivista, que sostenían que para poder prevenir el delito se necesitaba conocer sus causas, la criminología administrativa optó por dejar esta discusión a un lado, centrarse exclusivamente en el hecho delictivo y tratar de reducirlo con independencia de su etiología. Según la criminología administrativa, las teorías que buscan causas han puesto poca atención a las diferencias entre los distintos tipos de delitos, lo que ha propiciado un desdén por el diseño de medidas preventivas específicas para cada uno de ellos. De acuerdo con esta crítica, los teóricos de la “predisposición” proponen métodos de intervención preventiva precisamente en donde es más difícil conseguir resultados (en el ámbito de los procesos psicológicos y de las condiciones socioeconómicas). Hasta el momento, sostiene la criminología administrativa, no existe una forma de modificar la conducta ni tampoco de enseñar a la gente a amar más a sus hijos con el fin de evitar que desarrollen actitudes criminales. De ahí que las dificultades del enfoque “predisposicional” son inconsistentes en sostener procesos psicológicos y sociales como las causas del delito. Esto es, dado que cada delito es a final de cuentas generado por ciertos factores (padres, barrio, pobreza, desempleo), ¿en qué parte de la cadena se debe intervenir?

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 126

RESULTADOS

Según la criminología administrativa, este problema puede ser superado concibiendo al delito no en términos de “causas” sino como el producto de elecciones y decisiones inmediatas hechas por el ofensor. Algunos de los resultados que ha arrojado este tipo de criminología son tres estrategias de prevención denominadas: “teoría de las ventanas rotas”, 104 “policía comunitaria” 105 y “prevención situacional del delito”. 106 De las tres estrategias, quizá la más apropiada para México sea la prevención situacional del delito. 107 Los oponentes de la PSD la critican por enfocarse exclusivamente al delito y olvidarse de las causas que lo generan. Sin embargo, su eficacia para reducir los índices delictivos la ha convertido en una de las estrategias de prevención por excelencia. Esta estrategia parte del hecho de que el mayor número de delitos que ocurre es en contra de la propiedad de las personas, principalmente el robo. Si se reducen estos delitos, los índices de criminalidad bajarán sustancialmente, y, lo que es más importante, se reducirá el número de víctimas. Adicionalmente, el sistema de procuración y justicia penal se podrá orientar a reducir los delitos más graves. La prevención situacional ha demostrado ser eficaz en la reducción de muchos delitos específicos en lugares también específicos, y ha tenido también efectos de difusión benéficos para reducir otros delitos no considerados en la estrategia original. Para aquellos que ven al delito como el producto de una predisposición delictiva, el fenómeno del desplazamiento ocurrirá siempre, debido al impulso malsano innato en el delincuente. 108 Sin embargo, en el caso de los delitos ocasionales y patrimoniales, que son la gran mayoría, la aplicación de esta estrategia ha probado ser eficaz.

b. Lineamientos de políticas para reducir la victimización La victimización es entendida como el proceso general de interacción social en el que una persona o grupo de personas son víctimas de algún delito, sea o no registrado por las autoridades competentes. Desde el punto de vista victimológico, lo importante en la comisión de un delito no es su registro en sí, sino el daño generado mediante la afectación de cuando menos uno de sus derechos protegidos por la ley (por ejemplo, patrimonio o integridad física). Una política urgente debe partir de complementar el enfoque de justicia actual —que considera la persecución del delincuente y su eventual castigo como el fin último de la política criminológica— por un paradigma que ponga en lugar prioritario la atención a las víctimas de delitos. A pesar de que los avances en la atención a víctimas son ya una constante en varios países, en México, más allá de las reformas que reflejaron su inclusión en el texto constitucional así como la aprobación de algunas leyes federales y estatales en la materia, sigue sin existir una cultura de atención a víctimas. Continúa pendiente por parte del Estado mexicano poner en práctica una política victimológica que atienda la victimización desde dos perspectivas. La primera consiste en asumir sin más dilaciones las recomendaciones de la Declaración 109 sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 110 y del abuso del poder. 111 La Declaración establece que sus disposiciones son aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico. Entre estas provisiones a la que está obligado el Estado mexicano se encuen-

tran: el acceso a la justicia y un trato justo. La segunda perspectiva es de carácter más urgente y práctico: reducir la victimización repetida. La repetición de la victimización (recuérdese el apartado de multivíctimas y los casos analizados del Distrito Federal y del Estado de México) representa grandes volúmenes de delitos en un porcentaje relativamente bajo de población, por lo que reducir este tipo de victimización es prioritario en cualquier estrategia de atención a víctimas. De acuerdo con Graham Farrell: “El fenómeno de la victimización reincidente ha sido reconocido en la literatura criminológica durante las últimas dos décadas. Donde pequeños porcentajes de la población, y sus víctimas, sufren amplios porcentajes del total de victimizaciones delictivas. No es sino hasta hace poco tiempo que comparativamente se han empezado a reconocer las implicaciones que tiene la victimización reincidente para las políticas públicas. Si la reincidencia en la victimización constituye una gran proporción del total de la victimización, entonces prevenirla logrará reducir un gran número del total de delitos. Focalizando los recursos de prevención sobre las víctimas ya identificadas y simultáneamente utilizar las victimizaciones anteriores como un argumento racional para aplicar los recursos disponibles para controlar el delito, abriendo un conjunto de nuevas estrategias potencialmente prometedoras y más eficaces que muchas de las que hoy se utilizan. También ilustra un nuevo conjunto de temas empíricos y teóricos para el análisis y la comprensión”. 112 Los hallazgos recientes en victimología referente a la victimización reincidente tienen implicaciones claras para el caso de México: es necesario brindar atención oportuna a las víctimas de delitos y reducir la impunidad. Es un número relativamente pequeño de delincuentes quienes están cometiendo un gran número de victimizaciones.

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 127

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Notas del capítulo lll 95 Esta situación se ha intentado solventar con la creación del Centro Nacional de Información, que forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 96 Cfr. United Nations, Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics, New York, 2002. 97 a) Reelaboración de la figura con datos de: 1) Mukherjee, Satyanshu. “Case attrition in New South Wales”, Australian Institute of Criminology. Original paper prepared for The Global Report on Crime and Justice, United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention, Oxford University Press, 1999, p. 75. 2) b) Las definiciones de cifra oculta y cifra oficial provienen de: INEGI. Estadísticas Judiciales en Materia Penal, Cuaderno No. 12, Edición 2004, México, 2004, p. V. c) Los datos de victimización son precisamente la gran aportación que las ENSI realizadas por el ICESI han hecho a la historia de la victimización en México, la ENSI-7, a propuesta del ICESI midió también los delitos que son denunciados a una instancia distinta al Ministerio Público. d) Los datos de presuntos delincuentes y delincuentes sentenciados son los generados por los poderes judiciales locales junto con el INEGI. 98 Es importante señalar que la cifra oculta sólo contempla los delitos que se miden en la ENSI, mientras que la oficial mide el total de delitos que se registraron ante el MP. Si se hacen los ajustes pertinentes, las diferencias serían todavía más notables, siendo la cifra oficial una clara subestimación de la cifra real de la delincuencia. 99 Véase como ejemplo el comparativo de los cinco estados de mayor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes según la ENSI-7, y sus respectivas cifras oficiales según el SNSP. 100 Esquema traducido y adaptado de World Health Organization, Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World Report on Violence and Health, Ginebra 2004, p. 4. 101 Ronald V. Clark, Análisis delictivo para la resolución de problemas, capítulo 55 “Haga mapas precisos”, p. 211

102 Mario Arroyo. Mortalidad por homicidios en México, Cuadernos del ICESI No. 6, ICESI, México, 2009, 29. 103 Para consultar las 25 técnicas consulte el Cuaderno del ICESI No. 2 Índice Nacional de Inseguridad, p.13 o bien remitirse a su fuente original Clarke, Ronald V. y Eck, John E. Crime Analysis for Problem Solvers in 60 small steps. US Department of Justice, Washington, 2005. 104 El planteamiento original de la Teoría de las ventanas rotas fue desarrollado por dos de los criminólogos más reconocidos en los Estados Unidos de América George Kelling y James Q Wilson en un artículo aparecido en la revista The Atlantic Monthly titulado “Broken Windows: The police and neighborhood safety”. Posteriormente se consolidó como una teoría y se publicó bajo el título de Fixing Broken Windows. 105 Para un conocimiento más profundo de esta estrategia se puede consultar el texto de uno de los principales teóricos de la Policía Comunitaria: Robert Trojanowicz titulado Community policing: how to get started. 106 Consúltese el texto de Ronald V. Clarke “Situational Crime Prevention”, en Crime Prevention Studies, Vol. 2, Criminal Justice Press, Monsey, Nueva York, 1994. 107 Cabe mencionar que la reducción de los índices delictivos que se han registrado en otras ciudades del mundo se debe a la aplicación conjunta de estas y otras estrategias, por lo que adoptar solo una de ellas necesariamente limitará los resultados que se pretende alcanzar. 108 La PSD de hecho considera que el desplazamiento es una posibilidad tanto teórica como práctica y ha documentado al menos cinco tipos de desplazamientos: 1) Tiempo; 2) Lugar; 3) Método; 4) Tipo y; 5) Sustitución 109 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 40/34 el 29 de noviembre de 1985.

III. Factores estructurales que afectan las condiciones de seguridad 128

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110 Se entiende por víctimas: ”las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. La Declaración también considera víctima a una persona, “independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” 111 Según la Declaración se entenderá por víctimas de abuso de poder las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. 112 Graham Farrell, Preventing repeat victimization, en M. Tonry y D.P. Farrington (Eds.) Building a safer society: Strategic approaches to crime prevention. Crime and Justice: A review of Research, 19, p. 469.

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IV. Consideraciones finales En la comunidad internacional se tiene desde hace cuando menos una década la convicción de que ante la creciente gravedad del problema y considerando que la seguridad pública es uno de los derechos humanos fundamentales, “los gobiernos y la comunidad internacional deberían incluir políticas efectivas para prevenir y reducir la victimización por el delito.113 Los gobernantes tienen la responsabilidad histórica de abandonar su posición de negar la realidad y ocultarla. Para reducir la criminalidad y la victimización es necesario instrumentar una estrategia racional, científica y eficaz. Más allá del discurso es necesario adoptar un enfoque integral basado en nuevos paradigmas que se adapten a las características culturales, políticas y técnicas de cada estado, de cada municipio. De quedarse en mero discurso la estrategia integral contra la inseguridad, abre la posibilidad de una situación de mayor conflicto y violencia, en tanto que las respuestas técnicas dadas a través de políticas públicas se seguirán postergando. Los daños a la población, la desconfianza hacia las instituciones, el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito anticipan un deterioro aún mayor de la percepción que se tiene de la democracia y está minando el ahora tan de moda tejido social.

Ante la necesidad de seguridad y la falla del Estado para proveerla, la sociedad debe en primer lugar informarse y generar esquemas de participación ciudadana que superen la desidia, la apatía y la simple protesta. En segundo lugar, debe exigir ser tomada en cuenta al momento de diseñar políticas y tomar decisiones. En tercer sitio, es necesario establecer alianzas institucionales que permitan ser copartícipes en la toma de decisiones y, finalmente, ejercer un control ciudadano en determinadas esferas de la seguridad pública. Esta última forma de participación ciudadana, de carácter radical, sería innecesaria en un régimen democrático donde las autoridades estén sujetas a esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de México parece que una vez más la sociedad civil, tal y como ocurrió con el tema electoral en su oportunidad, tiene que elevarse por encima de su clase política y sus gobernantes. Los ciudadanos debemos exigir con datos confiables y empíricamente verificables la reducción de los delitos y de la victimización. En este proceso, los empresarios, los organismos no gubernamentales, las universidades y otros centros de estudio tienen una gran responsabilidad y deben utilizar su liderazgo y capacidad de generar conocimientos y acción social para que se diseñe una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública. No se trata de sustituir al Estado de esa función esencial básica de brindar seguridad, sino de sumar esfuerzos con él. Para ejercer este liderazgo la sociedad debe impulsar cuatro acciones fundamentales: a) ejercer una participación real e informada en los distintos foros de seguridad —tales como los consejos ciudadanos— dejando de ocupar esos espacios como mera comparsa y testigo mudo de la ineficacia gubernamental; b) ejer-

cer una verdadera labor de supervisión y vigilancia a los poderes públicos para que los puestos de los responsables se asignen con criterios profesionales y no de lealtades personales; c) fortalecer o crear organizaciones apartidistas, técnicas y científicas que diseñen las políticas de seguridad que el Estado no está generando, y d) formar especialistas en seguridad, criminología, victimología y política criminológica fuera y dentro de las instituciones de seguridad. Si atendemos las cifras que se erogan como parte del presupuesto público en materia de seguridad o los costos que la inseguridad tiene para la sociedad mexicana, destinar una pequeña fracción de este gasto a investigación científica y formación de recursos humanos sería un gran avance: se empezaría a romper ese nudo gordiano de la inacción gubernamental y a dotar de sentido una estrategia de seguridad hoy ausente. De seguir el estado actual de cosas se generará un círculo perverso donde ni la alternancia partidista ni la democracia representarán medios útiles para mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. De no actuarse, lo que está en riesgo es la viabilidad de la democracia como forma de gobierno y quizá de México como un Estado de Derecho.

113 ONU. Guía para El Diseño de Políticas Sobre la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del delito y del abuso de poder. UN ODCCP Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito/Centro Internacional para la Prevención del Delito Nueva

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V. Epílogo La realización de la ENSI-7 deja enseñanzas importantes: o Es imprescindible que en una encuesta victimológica la entidad que realice el levantamiento de campo actúe bajo la guía y la supervisión de un organismo ciudadano que conozca con suficiencia técnica y científica las materias de criminalidad y victimización. o Es indispensable que la rectoría de la encuesta en sus diferentes fases quede bajo ese mismo organismo. o Es deseable que –conforme al Acuerdo por la legalidad, la seguridad y la justicia- los esfuerzos ciudadanos de participar en la medición de la criminalidad y la evaluación de las autoridades sean reconocidos y apoyados. o La entidad que lleve a cabo el levantamiento de campo debe reparar en la no respuesta motivada por factores relacionados con la inseguridad, ya que esa no respuesta es por sí misma un elemento de lo que se está midiendo. o Condición necesaria para la credibilidad de la encuesta es que el procesamiento de la base de datos y la presentación de resultados eluda los sesgos en la información ofrecida.

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VI. Referencias bibliográficas ABS Information Paper: Measuring Crime Victimization, Australia: The Impact of Different Collection Methodologies, 2002, cat. no. 4522.0.55.001 Alvazzi del Frate, Anna (2003), “Comparing Crime Trends on the basis of Survey Data: problems and prospects”, Evento ISTAT, Roma. Pág 2. Arroyo, Mario Arroyo. ENSI 5-2008, Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad: Resultados, Cuadernos del ICESI No. 1, ICESI, México, 2009, p. 44. Arroyo, Mario y Palmer, Catalina Palmer. Índice Nacional de Inseguridad: Termómetro del Delito, Cuadernos del ICESI No. 2, ICESI, México, 2009 Arroyo, Mario Arroyo. “Consideraciones criminológicas”, en Catalina Palmer, Victimización, incidencia y cifra negra en México, Cuadernos del ICESI No. 8, ICESI, México, 2010, p. 94. Arroyo, Mario. Mortalidad por homicidios en México, Cuadernos del ICESI No. 6, ICESI, México, 2009, 29.

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RESULTADOS

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Esta encuesta fue financiada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

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Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede resolver