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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
RESPUESTA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR
DÑA. SUSANA CORCUERA LEUNDA,
PARLAMENTARIA DEL GRUPO
SOCIALISTAS
VASCOS, A LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, SOBRE LOS ASUNTOS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA. (10/10/05/03/1113) - ¿Cuáles son las divergencias existentes en lo que respecta al greening, la convergencia interna y la limitación de hectáreas admisibles?. Durante los días 24, 25 y 26 de junio la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo de la Reforma de la PAC 2014-2020. Los principales acuerdos alcanzados respecto a las cuestiones solicitadas son: Greening: además del régimen de pago básico/régimen de pago único por superficie, cada explotación recibirá un pago por hectárea supeditado a la observancia de determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Los Estados miembros utilizarán el 30% de su dotación nacional para financiar esta ayuda. Esta medida será obligatoria y el incumplimiento de los requisitos de ecologización dará lugar a sanciones superiores al pago por ecologización, es decir, después de un período de transición los infractores perderán asimismo hasta el 125% de su pago por ecologización directo. Las tres medidas básicas previstas son las siguientes: •
Mantenimiento de los pastos permanentes.
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Diversificación de los cultivos (un agricultor debe explotar al menos dos cultivos cuando disponga de más de 10 hectáreas de tierras arables y al menos tres cultivos cuando disponga de más de 30 hectáreas; el cultivo principal puede ocupar como máximo el 75% de las tierras arables, y los dos cultivos principales al menos el 95% de la superficie cultivable).
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Mantenimiento de una «zona de interés ecológico» de al menos el 5% de la superficie cultivada de explotación en las explotaciones con una superficie superior a 15 hectáreas (excluidos los pastos permanentes), por ejemplo, lindes de cultivos, setos, árboles, barbechos, elementos paisajísticos, biotopos, franjas de barrera y superficies forestadas. Esa cifra se incrementará hasta el 7% a partir de un informe de la Comisión en 2017 y una propuesta legislativa.
Equivalencia de ecologización: para evitar penalizar a aquellos que ya abordan problemas medioambientales y de sostenibilidad, el acuerdo prevé un sistema de «equivalencia de ecologización» por el cual la aplicación de prácticas beneficiosas para el medio ambiente ya existentes se considera que sustituye estos requisitos básicos. Por ejemplo, los productores ecológicos no tendrán que cumplir requisitos adicionales puesto que los beneficios ecológicos que aportan
sus
prácticas
son
evidentes.
Para
otros,
los
regímenes
agroambientales podrán incorporar medidas que se consideran equivalentes. El nuevo Reglamento contiene una lista de esas medidas equivalentes. Para evitar la «doble financiación» de dichas medidas, los pagos abonados a través de los programas de desarrollo rural deben tener en cuenta los requisitos de ecologización básicos. Convergencia interna: los Estados miembros que actualmente mantienen las asignaciones basadas en referencias históricas deben evolucionar hacia niveles de pago por hectárea más similares. Pueden elegir entre diferentes opciones: adoptar un enfoque nacional, o regional (basado en criterios administrativos o agronómicos); alcanzar un porcentaje regional/nacional de aquí a 2019, o garantizar que aquellas explotaciones que obtienen menos del 90% de la media regional/nacional se beneficien de un incremento gradual, con la garantía adicional de que cada agricultor alcance un pago mínimo del 60% de la media nacional/regional de aquí a 2019. Los importes a disposición de los agricultores que reciban más de la media regional/nacional se ajustarán proporcionalmente, con una opción para los Estados miembros de limitar cualquier «pérdida» al 30%.
Los Estados miembros también tienen derecho a utilizar un pago redistributivo para las primeras hectáreas por el cual pueden retirar hasta el 30% de la dotación nacional y redistribuirlo entre los agricultores por sus primeras 30 hectáreas (o hasta la media del tamaño de las explotaciones si es superior a 30 ha). Esta opción tendrá un importante efecto redistributivo. Otra posible opción es aplicar un pago máximo por hectárea. Hectáreas subvencionables: las normas prevén que 2014 sea el nuevo año de referencia para las superficies de tierras que deben tenerse en consideración, pero, con el fin de evitar la especulación, se establecerá un vínculo con los beneficiarios del régimen de pagos directos en 2013. Los Estados miembros que registren un gran aumento de la superficie subvencionable declarada podrán limitar el número de derechos de ayuda que deben asignarse en 2015 al 135% o 145% del número de hectáreas declaradas en 2009. - ¿Cuáles son, los posibles impactos negativos de la reforma de la PAC en los acuerdos existentes hasta la fecha para el sector agrario vasco?. A pesar de que es necesario analizar los acuerdos con detalle, en una primera valoración el Gobierno Vasco ve un aspecto muy preocupante en la convergencia interna. El mínimo de convergencia se ha fijado en el 60%, lo que quiere decir que la ayuda mínima de cada beneficiario no podrá ser inferior al 60% de la ayuda media por hectárea nacional o regional en el año 2019. Ahora bien, el concepto de regionalización no tiene porqué coincidir con regionalización administrativa, sino que puede ser productiva. Además, el acuerdo permite una reducción de pagos de hasta el 30% en el año 2019 respecto a la situación actual, porcentaje extraordinariamente alto dada la gran dependencia de las ayudas en la renta de los baserritarras y de la fuerte volatilidad de los precios agrarios que se registra en la actualidad.
Otro aspecto que el ejecutivo autónomo tiene muy en cuenta y que considera negativo es la entrada en el sistema de nuevas superficies elegibles, que traerá como consecuencia una reducción muy importante de la ayuda media por hectárea. Se recuerda que aproximadamente 125.000 hectáreas están percibiendo el pago único en la actualidad, de acuerdo con el acuerdo adoptado el número de hectáreas que podrían pasar a percibir pagos podrían sobrepasar las 185.000 hectáreas. Se tiene también una especial preocupación por la bolsa destinada a las ayudas acopladas (13% revisable al alza con autorización de la Comisión), porcentaje muy lejano al que se destina en la actualidad en Euskadi (superior al 26%). En cuanto al greening o “pago verde”, es cierto que se han logrado mejoras respecto a la propuesta de Reglamento de 2011, tanto respecto a exigencias (rotación de cultivos, superficie de interés ecológico, etc.) como en cuanto al derivado de su cálculo, el cual se va a realizar a nivel de explotación aunque se considera que esta última componente tiene un peso excesivo. Las cuotas de azúcar finalizarán en 2017 por lo que el futuro de este sector, de gran importancia en Araba, es muy incierto. Respecto al sector lácteo, queda pendiente establecer las actuaciones a realizar en caso de desequilibrios y crisis en el sector, aspecto muy importante tras un escenario de supresión de cuotas. - ¿Se están adoptando decisiones de acción política desde el Gobierno Vasco para minimizar esos posibles impactos negativos de los acuerdos existentes hasta la fecha con la reforma de la PAC en el sector agrario?. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura y las posteriores aprobaciones por parte de la Comisión de Agricultura y del Pleno del Parlamento parece que se concluye el proceso de negociación de la Reforma de la Política Agraria Común 2014-2020.
No obstante, esta es la primera parte de la negociación, y dadas las posibilidades que permite este marco regulador recientemente aprobado, en cada Estado Miembro se va a iniciar un proceso de decisión y elección sobre las distintas modalidades y alternativas de aplicación que posibilita la nueva PAC. Consecuentemente, a nivel del Estado español esta segunda parte de la negociación se va iniciar próximamente. Cabe indicar que los diferentes aspectos aprobados inciden directamente en el ejercicio de la competencia otorgada por el Estatuto de Autonomía de la CAE a Euskadi en materia de Montes, Agricultura, Ganadería, Promoción, Desarrollo Económico y Planificación de la Actividad Económica. El establecimiento de modelos estatales que obvien la realidad socioeconómica sectorial de la CAE y la especial naturaleza de su medio rural, impediría desarrollar políticas sectoriales adaptadas a dicha realidad, haciendo imposible además, por extensión, la consecución de los objetivos generales de la PAC y del propio Marco Estratégico Común. En consecuencia, este Gobierno Vasco conjuntamente con las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa ha propuesto a la Administración General del Estado que en el planteamiento que se haga para el periodo de programación 2014-2020 se tengan en cuenta dos aspectos concretos: 1. En cuanto a la aplicación de la reforma en materia de ayudas directas, la implantación de un modelo de regionalización administrativa para la base territorial de nuestra Comunidad Autónoma, en base al sobre financiero que le corresponda a la CAE en el reparto estatal. 2. En cuanto a la aplicación de la reforma en el segundo pilar (fondos FEADER), la capacidad plena de definir las estrategias, objetivos y medidas propias, acordes a la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad Autónoma.
No obstante, más allá de estas dos consideraciones, la propuesta realizada se haría extensiva a otros ámbitos íntimamente relacionados, tales como el campo de la innovación, la OCM única o en concreto el nuevo Programa nacional de apoyo al vino.
Vitoria-Gasteiz, 3 de julio de 2013 Arantza Tapia Otaegi CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD