Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, Ano 19, nº 31, 2014, 195-228

Democracia, crecimiento económico y sindicalismo en el Perú del siglo XXI. Continuidades y rupturas 1 Walter Omar Manky Bonilla

Introducción El veintiocho de julio del año 2000, partidos políticos, gremios y otras organizaciones de la sociedad civil participaron en la “Marcha de los Cuatro Suyos”. El objetivo era demostrar su rechazo a la re-reelección de Alberto Fujimori. Aunque no se logró evitar que asumiera el cargo de Presidente de la República, Fujimori renunciaría algunos meses después, tras varias denuncias de corrupción (Marcus-Delgado y Tanaka, 2001). Tras una década de autoritarismo, el país volvía a la democracia. Sin embargo, no todos los actores entendían lo mismo por ‘democracia’ (Poole y Rénique, 2001). Mientras que para los sectores conservadores se trataba de recuperar la institucionalidad del régimen político, en espacios más críticos se pensaba en cambios estructurales. Tras una década de deslegitimación política, la dirigencia del movimiento sindical se encontraba al interior de estos espacios. Para ella, el fin del fujimorismo debía significar no solo el fin del autoritarismo, sino también el del neoliberalismo y el inicio de una recuperación de los sindicatos peruanos (Mejía, 1998). ¿Cuánto cambió la capacidad de agencia de los sindicatos peruanos en el siglo XXI? ¿Cuánto variaron sus dinámicas en un contexto de crecimiento económico y democracia? Este artículo propone una re-

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flexión sistemática sobre estas preguntas, centrándose en los sindicatos del sector privado. Su objetivo no es comprobar la validez de una hipótesis particular, sino echar luces sobre el sindicalismo peruano de forma global. El texto es una invitación a abrir debates y nuevas investigaciones sobre un actor que, tras veinte años de políticas neoliberales, continúa siendo clave frente a una sociedad civil desarticulada como es la peruana (Sulmont, 2012; Panfichi y Coronel, 2012). El argumento central es que en un contexto de democracia y crecimiento económico (bajo el marco institucional del neoliberalismo), los sindicatos experimentaron dinámicas paradójicas. Creció el número de afiliados, pero también la fragmentación entre organizaciones de trabajadores. Aumentó el número de huelgas y la capacidad de movilización sindical, pero no el de convenios colectivos resueltos. Conscientes de encontrarse en una sociedad distinta a la del siglo XX, algunos dirigentes intentaron cambiar sus tácticas, pero su lenguaje continuó ligado al pasado. Los evidentes límites de las reformas estructurales crearon el espacio para nuevas luchas, pero no los métodos para ganarlas. En síntesis, la crisis de los sindicatos parece haberse detenido, pero las rutas que tomará su recuperación no son claras todavía. El texto se divide en dos secciones. La primera analiza algunos de los impactos del crecimiento económico y del retorno a la democracia sobre las relaciones laborales. El análisis está basado en información cuantitativa, la cual permite tejer una visión global sobre la relación entre contexto y sindicatos. La segunda utiliza información cualitativa recogida directa e indirectamente por el autor para analizar los cambios y continuidades en la estructura y cultura de los sindicatos en Perú.

Primera

parte : crecimiento económico , democra -

cia y sindicatos

Los impactos de las políticas laborales durante el gobierno de Alberto Fujimori pueden sintetizarse en tres elementos (Manky 2011). Primero, las reformas económicas causaron miles de despidos y un aumento de la informalidad. Como consecuencia de ello, la tasa de sindicalización pasó del 18,4% al 4,7% solo en el periodo 1991-1997 (Saavedra Chanduví, 1999). Segundo, la Ley General de Trabajo redujo­la función protectora del Estado en las relaciones laborales (Villavicencio, 2012) e impuso trabas a las organizaciones de trabajadores (Otoya, 2004), así

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como al derecho a huelga (Yamada y Salgado, 2008). Entre 1996 y 2000 se pasó de 219 a 37 huelgas anuales a nivel nacional (Perú-MTPE, 2012). Finalmente se impulsó una política de intimidación que no solamente deslegitimó a los sindicatos como actores centrales para la defensa de los trabajadores (Burt, 2007), sino que incluyó amenazas y asesinatos a algunos de sus principales líderes (Perú-CVR, 2003). Entre otros resultados, se pasó de 170 nuevos sindicatos y 50 cancelados en 1993, a 41 cancelaciones y 38 nuevos sindicatos en 2000. Por otra parte, junto a la reducción en el número de huelgas, también la cantidad de convenios colectivos se redujo, pasando de 1.792 en 1990 a 418 en 2.000 (Perú-MTPE, 2001). El movimiento sindical terminaba el siglo pasado deslegitimado ante la opinión pública, con sus bases debilitadas y sin ninguna capacidad para ejercer contrapeso a las reformas neoliberales. Al menos parte de la situación anterior parece haber cambiado en la última década. Debido al crecimiento económico que experimento Perú, aumentó el número de trabajadores sindicalizados. Entre 2001 y 2012 el PBI creció en un 5,86% anual (Perú-BCR, 2013), al tiempo que la informalidad se redujo en 8% entre 2001 y 2011 (World Bank, 2012). Siendo esta una de las tasas de crecimiento más altas en la región, la base sobre la que los sindicatos actuaron fue mucho mayor a la de los años noventa. Como consecuencia de lo anterior, el número de trabajadores sindicalizados pasó de 60.000 a casi 123.000 entre 2001 y 2012 de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2012)2. Esto significa un crecimiento de más del 100% en 11 años. Probablemente ningún otro movimiento social experimentó un crecimiento tan rápido en los últimos años, e incluso para un sector de la sociedad civil tan institucionalizado como es el sindical, esta fue la tasa de crecimiento más alta en su historia. En términos políticos, este proceso tuvo lugar bajo condiciones distintas a las de otros periodos en los que el número de trabajadores sindicalizados creció. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, el periodo entre 1960 y 1975, el aumento de trabajadores sindicalizados se basó no solo en las dinámicas económicas, sino en el impulso dado desde el Estado a las organizaciones de trabajadores (Sulmont, 1975). En cambio, en la última década el aumento de los sindicatos no fue producto de condiciones políticas favorables – partidos políticos o algún gobierno alentando

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la sindicalización –, sino que ocurrió a pesar de la estructura política disponible. Sin una izquierda orgánica (Adrianzén, 2011), debilitadas las principales centrales sindicales y sin ninguno de los tres gobiernos en el poder entre 2001 y 2013 buscando afianzar alguna alianza con los sindicatos, las condiciones del crecimiento sindical no fueron tanto alentadas desde el poder cuanto una consecuencia del dinamismo económico. De hecho, el crecimiento tuvo tal dinamismo que fue más rápido que la tasa sindicalización. Aunque más de 60.000 trabajadores se sindicalizaron, cerca de un 1.800.000 ingresaron a trabajar en empresas privadas. Así, aunque más trabajadores participaron en sindicatos, el número no fue suficiente para alterar la tasa de sindicalización, la cual de hecho descendió de 6,6% a 4% entre 2001 y 2012 (Perú-MTPE, 2012). Para comprender el desfase entre crecimiento en número absolutos y reducción en números relativos, es necesario tener en cuenta la combinación de dos elementos cruciales. Primero, la continuidad del modelo de desarrollo iniciado en los noventa y caracterizado por su énfasis en la exportación de materias primas por sobre el desarrollo de un mercado interno (Murakami, 2012; Gonzales de Olarte, Iguíñiz y Thorp, 2011), lo cual favoreció el desarrollo de solamente algunos sectores económicos (Cuadros y Sánchez, 2008). Entre 2001 y 2012, las exportaciones pasaron de siete a cuarenta y cinco millones de dólares. En promedio, las materias primas fueron el 75% de estas exportaciones y, dentro de ellas, los minerales fueron la principal exportación. En el mismo periodo, más del 53% de exportaciones peruanas fueron minerales (Perú-BCR, 2013). Junto a esta industria crecieron también la agroindustria y los textiles, gracias a tratados de libre comercio firmados con países como Estado Unidos. Ambos sectores generaron más del 55% de las exportaciones no tradicionales entre 2001 y 2012 (Perú-BCR, 2013). A nivel de industrias orientadas al mercado local, las que mayor dinamismo experimentaron fueron construcción civil­­ – que triplicó su producción entre 2001 y 2012 ­­­– y comercio (BCR, 2013; El Peruano, 2013). Segundo, una legislación laboral que, salvo pocas modificaciones, continuó siendo la misma de los noventa. De este modo, incluso en un sector tan dinámico como el minero, con los altos incentivos para la sindicalización debido a la repartición de utilidades, la tasa de sindicalización descendió del 20% en 2001 al 16% en 2012. Debido a la ley sobre

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intermediación laboral, menos del 50% de trabajadores en esta industria son empleados directamente por las empresas mineras (MINEM, 2013). La situación fue todavía más difícil en el caso del sector textil y agroindustrial, en los que, en el marco de la Ley de Exportación No Tradicional, sindicalizarse resultó muy difícil (Sánchez, 2010). Este modelo de desarrollo llevó a que el empleo en actividades manufactureras – en las que la sindicalización fue históricamente importante – creciera a un ritmo mucho menor que el de otras industrias, como la agro-exportación o minería, donde, por una serie de mecanismos legales (Cuadros y Sánchez, 2006), sindicalizarse resulta más difícil. Por otro lado, el sector en el que mayor empleo se creó fue el de construcción, pasándose de aproximadamente 44.000 a 206.000 trabajadores entre 2002 y 2012. Ello hizo que la base de trabajadores sindicalizados variara sustancialmente en los últimos diez años. La tabla 1 muestra estos cambios: del total de sindicalizados, los trabajadores de construcción pasaron de 12% en 2002 a más del 30% en 20123. Tabla 1: Porcentaje de trabajadores sindicalizados por actividad económica sobre el total de trabajadores sindicalizados. Rama de Actividad Económica

2002

2012

Construcción

12,2%

32,1%

Manufactura

23,6%

22,2%

Minería

13,5%

16%

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

1,1%

7,5%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

7,6%

6,3%

Otros

42%

15,7%

100%

100%

TOTAL Fuente: Perú-MTPE (2012). Elaboración Propia

Junto al creciente número de trabajadores sindicalizados, aumentó también el número de organizaciones de trabajadores. Mientras en el año 2000 el MTPE registró 38 nuevas organizaciones, en 2012 se registraron 265 nuevos sindicatos. En la misma línea, mientras que en 2000 se cancelaron 41 registros sindicales, apenas 10 sindicatos perdieron su registro en 2012. A partir del año 2001, siempre hubo más sindicatos nuevos que sindicatos cuyo registro fuera cancelado. Igual que en el caso de los trabajadores sindicalizados, los nuevos sindicatos también se concentraron en sectores económicos específicos. De los 2.018 sindicatos creados entre 2001 y 2012, el 34% lo fue en construcción.

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Cuadro 1: Sindicatos Registrados y Cancelación del Registro Sindical (1993-2012) 300 250 200 150 100 50 0

93 943 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Sindicatos Registrados

Cancelación del Registro Sindical

Fuente: Perú-MTPE (2012). Elaboración Propia

De este modo, aunque la sindicalización aumentó, esta se dio de manera limitada respecto a ciertos sectores económicos y, dentro de ellos, respecto de las leyes que permitían que los trabajadores se organizaran. Es sintomático que una de las luchas laborales que más espacio ganó en la opinión pública se centrase no en la discusión de un convenio colectivo, sino en el derecho a la sindicalización de un grupo de trabajadores. La empresa Topy Top, mencionada usualmente para celebrar el “emprendedurismo peruano” (Yamada y Chacaltana, 2007 Córdova, 2008), ejemplifica los paradójicos efectos del neoliberalismo en el Perú: crecimiento económico y aumento en la tasa de empleo enlazados con la violación sistemática de los derechos laborales (FITEQA-CCOO, 2007; ILO, 2009). En estas circunstancias, a pesar de haber crecido significativamente en número y miembros, los sindicatos no fueron capaces de revertir legal o económicamente los efectos de los noventa: el lento aumento del salario mínimo (ILO, 2012); la reducción de los derechos laborales (Fernández-Maldonado, 2008; Vidal, Cuadros y Sánchez, 2012); y el aumento de la brecha entre salarios y excedentes del capital (Campodónico, 2009; Campodónico, 2010; Tostes y Villavicencio, 2012) son algunos indicadores que permiten subrayar los frágiles logros del sindicalismo en el Perú. Respecto de la relación entre salario y excedentes del capital, es llamativo que, no solo no se dio un cambio, sino que la concentración del ingreso aumentó en la última década.

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Cuadro 2: Producto Bruto Interno por tipo de ingreso – Salarios y Excedentes del Capital (1991-2011) 32

66 64

30

62

28

60 58

26

56

24

54

22

52

20 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

50

Excedente

Salarios

Fuente: Perú-INEI (2012). Elaboración Propia

Dado que es uno de los mecanismos cruciales que utilizan los sindicatos para mejorar sus derechos laborales, analizar las dinámicas de la negociación colectiva resulta de utilidad para entender las dinámicas de las organizaciones de trabajadores en el Perú (Katz y Kochan, 1992; Payne, 1965). Antes de ello, cabe precisar que solamente los trabajadores de dos sectores pueden negociar por rama de actividad ­– esto es, a nivel de toda una industria: los de construcción y los portuarios. En cambio, en las demás industrias las negociaciones se dan a nivel de empresa, lo cual significa que cada sindicato presenta sus pliegos de reclamo directamente ante su empleador. ¿Cuánto se transformaron las dinámicas de la negociación colectiva en la última década? En 1993 se registraron 1.509 convenios colectivos, cifra que cayó a lo largo de toda la década hasta llegar a 409 convenios colectivos en el año 2000. Esta cifra se relacionó directamente con la reducción del número de sindicatos durante los noventa. Sin embargo, aun cuando el número de sindicatos comenzó a crecer tras 2001, los convenios colectivos continuaron reduciéndose, llegando a su punto más bajo en los últimos veinte años en 2003, cuando se registraron solamente 371 convenios. Para 2012 todavía no se lograba alcanzar el número de convenios colectivos registrados en 1998.

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De este modo, la relación entre el aumento en el número de sindicatos y el de convenios colectivos no ha sido directa en la última década. Tres factores permiten comprender este desfase. Primero, que el 33% de nuevos sindicatos aparecieron en el sector construcción. Dado que en este sector la negociación es por rama de actividad, los sindicatos no se ven en la necesidad de firmar convenios por su cuenta (Manky 2013). Como se explica en la siguiente sección, varios de los nuevos sindicatos se vinculan menos con la lucha por los derechos de los trabajadores que con el chantaje a empresarios. En segundo lugar, a pesar de las dificultades que implica formar un sindicato, hacerlo parece resultar menos complejo que lograr un acuerdo con la empresa. Mientras que en el primer caso la negociación es exclusivamente con el Estado, en el segundo ella se da con el empleador4. Durante la última década, el proceso administrativo para lograr el registro sindical se simplificó (Perú-MTPE, 2006), mientras que no ocurrió lo mismo con los mecanismos para la negociación colectiva5. Finalmente, cabe mencionar la propia incapacidad de los sindicatos para pasar de su creación a la presentación y negociación de sus pliegos de reclamos. El número de convenios colectivos no experimentó un aumento constante, pero tampoco la cantidad de pliegos presentados. A pesar de que en 2001 se presentaron 524 pliegos­, y que este número llegó a 804 en 2012, en 2004 se presentaron solo 494, mientras que entre 2007 y 2008 se pasó de 641 a 610 (Cuadro 3). No son solo factores externos sino que, en un contexto de crecimiento abrupto en la sindicalización, muchos de los nuevos dirigentes no estaban preparados para negociar con sus empleadores (Entrevistas a Albújar, 2011; Núñez, 2011; Portocarrero, 2012). Aunque los convenios colectivos no aumentaron sustancialmente, un elemento que matizaría estos datos es la reducción de la distancia entre pliegos presentados y convenios alcanzados. En promedio, esta brecha fue de 25% entre 2001 y 2012, mientras que entre 1993­ y 2000 fue de 31%. Esto no significó un aumento en las capacidades que los trabajadores tuvieron para lograr mejores negociaciones. Al menos no de manera autónoma: el porcentaje de pliegos solucionados a través del trato directo se redujo en 10% en los primeros 12 años del siglo XXI. En cambio, mecanismos que implican la mediación del Estado, como la conciliación y el extra proceso, aumentaron. Mientras que en 2001 el 7%

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de convenios se resolvieron a través de estos mecanismos, ellos fueron el 13% en 2012 (Perú-MTPE, 2012). Cuadro 3: Pliegos de Reclamos Presentados y Convenios Colectivos Registrados (1993-2012) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

93 943 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Pliegos de Reclamo Presentados Convenios Coletivos Registrados Fuente: Perú-MTPE (2012). Elaboración propia

El aumento en la intervención estatal no se debió a un cambio en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sino que fue consecuencia de un mayor intervencionismo de quienes estuvieron a cargo del MTPE (Briceño, 2009). No se trató tanto de una intervención que respondiera a políticas laborales institucionalizadas, sino a intereses particulares, implementados con el apoyo del Estado. Más del 65% de conflictos tratados en reuniones extra procesos en la Dirección General de Trabajo entre 2007­­y 2012 ocurrieron en el sector minero. Aun cuando otros actores solicitaron la intervención de la autoridad pública para solucionar sus pliegos de reclamos, esta actuó de manera discrecional respecto de los mismos, reproduciendo un sistema para resolver conflictos que ponían en peligro no los puestos de trabajo o los ingresos de las empresas de tamaño medio, sino la producción en los sectores más importantes del país (Krujit y Villenga, 1983; Villavicencio, 2012). De esta manera, ante el crecimiento del número de trabajadores sindicalizados y de pliegos de reclamos presentados, los gobiernos de la última década optaron por la continuidad institucional­– no se cambiaron

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las reglas de juego de las relaciones laborales – y el aumento de sus intervenciones en casos específicos, en particular en aquellos que llegaron a los medios de comunicación, o en los que las huelgas amenazaron la producción de minerales en el país (Briceño, 2009; Manky 2012). Para terminar con este panorama general sobre las dinámicas de los sindicatos peruanos es necesario analizar uno de sus mecanismos de protesta más institucionalizados: la huelga. En promedio, 91,6% de estas fueron declaradas ilegales entre 2001 y 2012. Esto es solo un 2,5% menos que el porcentaje de huelgas ilegales entre 1995 y 2000. La actitud del Estado hacia la huelga, a pesar de haber pasado tres gobiernos democráticos, parece seguir siendo la misma de los noventa: prohibirla en la mayoría de los casos. Los diversos requisitos que impone la legislación peruana a la huelga vuelven a esta estrategia peligrosa para los sindicatos, pues existe la posibilidad de despido. Debido a ello, la mayoría de trabajadores fueron a huelga por dos días como máximo, pues de ese modo no podrían ser despedidos por la empresa bajo el argumento de “faltas injustificadas”: del total de huelgas ocurridas entre 2000 y 2010, el 64% tuvieron una duración de 1 y 2 días (Bernedo, 2007; Perú-MTPE, 2012). La ley fue suficiente para mantener a la mayoría de los sindicatos bajo control. De hecho, la violencia o represión que caracterizaron a otros conflictos no han aparecido en el caso de los laborales (Bebbington, Scurrah y Bielich, 2011). Pero no porque los trabajadores estuvieran satisfechos. Tras tres décadas de crisis económica, la represión no parece necesaria cuando es posible amenazar con despidos arbitrarios a los trabajadores sin que el Estado haga mucho por evitarlos. Respecto al número de huelgas, estas llegaron a su nivel más bajo en los últimos veinte años en el año 2000 – un total de 37 huelgas –, luego del cual comenzarían a aumentar, no siendo nunca menos de sesenta al año. Aunque lejos del número al que llegaron en los setenta y ochenta, la nueva década parece haber re-abierto un espacio en el que, a pesar de las dificultades mencionadas, los sindicatos apostaron por estrategias menos conciliatorias (Cuadro 4). La base de datos de la Defensoría del Pueblo muestra también que en los últimos siete años hubo un aumento en la conflictividad laboral, encontrándose cada vez más casos de plantones y paralizaciones (Perú-Defensoría del Pueblo, 2012).

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Cuadro 4: Perú. Huelgas Anuales 1993-2012 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuentes: Perú-MTPE (2012). Elaboración propia

Esta sección ha presentado algunos indicadores para comprender las dinámicas de los sindicatos en el contexto de la última década. Tanto el número de trabajadores sindicalizados como el número de sindicatos aumentó. Sin embargo, este crecimiento no ha ido de la mano con el aumento de asalariados en una economía primario-exportadora caracterizada por su dinamismo. Junto a esto, el Estado intervino solo cuando algunos conflictos resultaron inevitables, principalmente para evitar huelgas prolongadas. En este contexto, el heterogéneo crecimiento del número de convenios colectivos no resulta sorprendente. Es el resultado de un sistema basado en la carencia de institutiones que permitieran a los trabajadores reclamar mayores derechos.

Segunda

parte : estructura y cultura del sindica -

lismo peruano en el siglo

XXI

En contraste con la sección anterior, en esta no se enfatizan las relaciones entre sindicatos y contexto, sino que se analizan las principales dinámicas del sindicalismo peruano en la última década, intentando describir sus principales cambios y continuidades. El principal inconveniente para ello es la heterogeneidad que existe en las organizaciones de trabajadores y la falta de información bibliográfica sobre sus características. La estructura, identidad política y culturas organizacionales varían dependiendo la industria a la que cada sindicato pertenece, las particularidades socio-demográficas de sus miembros y el espacio geográfico en el que actúan. Lamentablemente

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no se dispone de encuestas a nivel nacional o de otras fuentes cuantitativas sobre las características de las organizaciones de trabajadores. Más aún, la producción académica respecto del sindicalismo ha sido casi inexistente luego del año 1995, salvo por algunos artículos de opinión en revistas laborales. La siguiente sección se elaboró sobre la base de entrevistas con líderes de diferentes sindicatos y de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), la central sindical más grande e importante del país, recortes periodísticos e información de la base de datos de la Defensoría del Pueblo. A partir de esas fuentes se propone una lectura transversal de las estrategias sindicales en la primera década de este siglo. No se asume aquí que estas estrategias se dieran en todos los sindicatos peruanos, o que se expresaran homogéneamente en la mayoría de ellos, pero sí que ellas muestran tendencias que es necesario explicitar y estudiar con mayor detalle en el futuro. Se organizó el análisis sobre dos ejes: la estructura y la cultura del sindicalismo peruano. Respecto de la estructura, se destacan dos elementos. Primero, que durante los últimos 10 años no solo aparecieron nuevos sindicatos, sino que estos iniciaron una serie de procesos de paralelismo respecto de la CGTP. Segundo, que esta fue incapaz de vincularse con organizaciones de trabajadores no tradicionales. Respecto de la cultura organizacional, el énfasis se pone en cómo las estrategias sindicales tendieron a centrarse en el Estado más que en las empresas privadas como interlocutor de sus demandas.

Estructura: Los nuevos sindicatos, ¿desbordando a la CGTP? Antes se afirmó que el crecimiento económico sentó las bases para el aumento de los trabajadores sindicalizados en el Perú. Pero este crecimiento a partir del año 2001 no implicó una mayor coordinación entre estos o el fortalecimiento de un movimiento sindical a nivel nacional. De hecho, varios de los nuevos sindicatos aparecieron fuera de­– o incluso en contraposición con – la principal central de trabajadores del país. Aunque cada sector económico tiene dinámicas específicas, es importante subrayar los elementos en común entre aquellos sindicatos que apostaron por salir de la estructura de la CGTP. Los casos de construcción, textiles y comercio son importantes por el nivel de atención pública que recibieron, pero sobre todo por el tipo de indicios que dan sobre

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lo que ha venido ocurriendo con los sindicatos peruanos. A continuación se describe cada caso, para después analizar sus elementos en común e implicancias. El caso en el que la aparición de sindicatos paralelos ha sido más manifiesta fue el de construcción. Los enfrentamientos entre sindicatos por puestos de trabajo en una industria que creció a más del 10% durante la última década generaron no solo pérdidas económicas, sino también de vidas humanas. El número de muertos en enfrentamientos entre sindicatos de este sector fue de más de 100 personas entre 2008 y 2012 (Mendoza, 2009; RPP, 2012). La visibilidad de estos conflictos fue tal que en 2010 la policía peruana creó la División de Protección de Obras Civiles, encargada de seguir y resolver los conflictos entre sindicatos de construcción. Más de la tercera parte de los sindicatos creados entre 2001 y 2012 fueron sindicatos de obreros de la construcción (696 en total). A pesar de que el sector experimentó un crecimiento importante en los últimos años, este número resulta particularmente alto si se tiene en cuenta que la construcción es uno de los dos únicos sectores que negocian a nivel de rama de actividad en el Perú. Por su estructura productiva, no se necesitan tanto sindicatos cuanto comités de obra que hagan cumplir el convenio colectivo6. En un contexto de incentivos económicos por el crecimiento de la industria y de apoyo político por parte del Partido Aprista – que trataba de debilitar a la CGTP –, desde 2007 cientos de comités de obra intentaron negociar directamente con las empresas de construcción, al margen de los acuerdos obtenidos por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) (Solís, 2011). Para ello se organizaron a través de sindicatos, formalizando estas organizaciones ante el MTPE. La CGTP, desbordada ante la cantidad de obras de construcción en el país, fue incapaz de ejercer un control de la fuerza de trabajo en las nuevas obras, por lo que otros operadores políticos­ – miembros de la federación de trabajadores de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), o ex miembros de la propia FTCCP – comenzaron a crear nuevas organizaciones. Esta situación generó competencias entre sindicatos para obtener ya no solo mejores salarios, sino puestos de trabajo en las obras. En un marco de crecimiento económico, cientos de jóvenes de barrios populares se sindicalizaron no solo para mejorar la relación laboral, sino para conseguir un trabajo, al tiempo que bandas de

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delincuentes vieron en los sindicatos la oportunidad para chantajear a los empresarios del sector. Aunque sin las características de violencia del caso de la construcción, la incapacidad de la CGTP para incorporar a nuevos trabajadores fue similar en el sector textil. La mayoría de afiliados a la Federación Nacional de Textiles del Perú (FNTP) – afiliada a la CGTP – son trabajadores que se sindicalizaron antes de que el Presidente Morales Bermúdez dictaminara el decreto sobre exportaciones no tradicionales a fines de los setenta. Durante la última década, al crecer las exportaciones textiles en un 224% (BCR, 2013), la FNTP fue incapaz de responder al aumento de trabajadores en el sector. “En realidad no supimos como organizar a tantos jóvenes, que además estaban empleados en un régimen distinto al nuestro” (Entrevista a Alvarado, 2011). Esta situación llevó a que en 2007 un grupo de sindicatos creados en el marco del boom textil formaran la “Coordinadora Sindical Textil Confecciones”, aspirando a crear una federación textil autónoma de la CGTP. El sindicato que impulsó esta iniciativa fue el de la empresa Topy Top, el cual se creó con el apoyo de un grupo de activistas de izquierda no ligados a la CGTP: “ellos vinieron antes que la CGTP…nosotros no existíamos para la CGTP y ellos nos ayudaron” (Entrevista a Albújar, 2011). El sindicato tuvo, durante sus primeros años de existencia, recelos a participar en las actividades organizadas por la FNTP, pues la dirigencia sentía que ella no representaba los problemas que vivían, “pues son trabajadores mayores, que solo están interesados en seguir en el poder de la federación” (Entrevista a Rojo, 2012). A la larga, la Coordinadora fracasó como consecuencia de la crisis económica de 2009 (que originó cientos de despidos en el sector textil), y de la falta de experiencia de sus miembros (Mejía, 2008; 2010). A diferencia de la construcción civil y de los textiles, en el sector comercio históricamente no hubo una presencia sindical fuerte. Aunque no fue el primer caso, uno de los más llamativos dentro del sector fue el del sindicato de la empresa chilena Ripley. Tras enfrentar el despido arbitrario de sus dirigentes en 2007, el sindicato emprendió una campaña mediática para informar a la opinión pública sobre la situación de sus trabajadores y posteriormente logró hacer que la empresa negociara el convenio colectivo (Perú-Defensoría del Pueblo, Varios). Antes y después de aquella campaña, el sindicato tomó distancias de la CGTP. Para la dirigencia, la central resulta muy politizada y no está

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preparada para “servir a los intereses de los trabajadores de a pie, que solamente luchan por una mejor calidad de vida, más allá de la política” (Entrevista a Sifuentes, 2012). Por ello, el sindicato cortó sus vínculos con aquellas organizaciones laborales a las que la dirigencia consideró “tradicionales”. Hacia fines de 2010 el sindicato se embarcó, junto a los sindicatos de Saga Fallabela y del Banco Ripley, en la creación de una federación de trabajadores del sector retail. El agente articulador de estos sindicatos fue un abogado laboralista que impulsó la creación del sindicato de Ripley y la federación como alternativas a lo que considera una central que solo se preocupa por sus dirigentes (Saravia, 2013). A pesar de las diferencias entre estos casos, es posible mencionar algunos elementos comunes. Primero, la aparición de una nueva generación de trabajadores que no ha sido fácil integrar a las estructuras sindicales heredadas de los años noventa. Los más jóvenes, que crecieron durante los noventa siendo testigos de las campañas de desprestigio contra la CGTP, no parecen darle legitimidad a esta organización. Además debe tenerse en cuenta la ausencia de una generación que sirva de puente entre sindicalistas jóvenes y mayores (Rospigliosi, 1988; Vildoso, 1992). Despedidas durante los años ochenta y noventa, muchas personas que podrían haber sido el nexo entre la dirigencia de la CGTP y sus bases más jóvenes, no están en el movimiento. En sectores sin liderazgos o sin una identidad sindical institucionalizada – textiles, retail, telecomunicaciones –, los nuevos trabajadores piensan su acción como radicalmente diferente a la tradición sindical anterior. En segundo lugar, la brecha entre nuevos dirigentes y CGTP, aunque probablemente se inició en los años noventa, se tornó visible en un contexto de crecimiento económico. No es casual que la aparición de sindicatos paralelos se haya dado en tres de los sectores con mayor crecimiento en inversión y fuerza de trabajo. Las organizaciones tradicionales no estaban preparadas para asimilar a los nuevos trabajadores. Ellos, por otro lado, tenían incentivos para organizarse. No se necesitó convencer a los trabajadores sobre la importancia de la sindicalización o advertirles sobre los riesgos que ella tenía. Bastó darles las pautas legales para lograrlo. De ahí el rol fundamental de los operadores políticos en la última década. Siendo la CGTP incapaz de llenar los espacios para la organización, actores políticos, como abogados o militantes de izquierda radical o actores económicos, como las “mafias” de la construcción, aparecieron como la solución para trabajadores inconformes.

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Finalmente, es importante resaltar que no se trata solo de trabajadores que se alejaron de la CGTP porque esta estuvo ausente o porque fueron convencidos por operadores políticos. Por el contrario, durante las entrevistas realizadas y en sus manifiestos, los líderes más jóvenes mostraron su descontento respecto del tipo de sindicalismo que la CGTP representa. Ella es excesivamente politizada para los dirigentes del sindicato de Ripley, poco activos y democráticos para los de Topy Top, e incapaces de representar los intereses de los trabajadores públicos para los trabajadores del Estado (León, 2013). Aunque desarticuladamente, una nueva sensibilidad sindical parece haber ido emergiendo, sin que haya podido ser integrada a la CGTP. Un caso que contrasta con estas características es el del sector minero. Aunque este también experimentó un crecimiento sostenido entre 2001 y 2012, y también enfrentó los intentos por crear federaciones paralelas a la Federación Nacional de Trabajadores, Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), esta logró consolidarse e impulsar la creación de alrededor de 50 nuevos sindicatos. Todavía más, se logró articular con relativo éxito a trabajadores de la gran y mediana minería, e incluso logró sindicalizar a trabajadores de empresas que brindan servicios especializados a compañías mineras (Entrevista a Castillo, 2011). De acuerdo al Secretario General de la FNTMMSP, durante la mayor parte de la década “la Federación no luchó por sindicalizar a los trabajadores de las empresas contratistas”, aun cuando este grupo representaba a más del 45% de trabajadores en el sector. Tras la creación de sindicatos de contratas en las empresas Shougang y Casapalca (WOLA, 2007), la federación comprendió que era crucial integrar a ese grupo de trabajadores, por lo que destinó la mayor parte de sus recursos a este propósito.

Cultura: Girando alrededor del Estado. ¿El fin del clasismo? Respecto de la cultura sindical, esta mantuvo su tendencia a depender del Estado para pensar sus estrategias, fueran estas de corto plazo – por ejemplo cuando un sindicato de empresa inició una negociación colectiva – o de largo alcance – por ejemplo en la discusión sobre la Ley General de Trabajo. Esta tendencia no es nueva en el caso de los sindicatos peruanos o latinoamericanos. Por el contrario, a través de partidos políticos de izquierda o gobiernos populistas, los sindicatos tendieron a

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privilegiar la negociación con el poder de turno por sobre el establecimiento de estrategias autónomas para presionar a las empresas o Estado (Payne, 1965; Wachendorfer, 1995; Manky, 2011). Desde aproximadamente 1970, los sindicatos peruanos utilizaron el clasismo como marco cognitivo desde el cual cualquier estrategia fue pensada (López, 1997; Vildoso, 1992). Desde este, el Estado se entendía como un campo de batalla con las clases dominantes, por lo que, cuando las estrategias de toma del poder ­– fuera a través de elecciones o de las armas –­ fracasaron, el enfrentamiento entre sindicatos y Estado ­– a través de sus fuerzas armadas o de la policía – se tornó inevitable. El sindicalismo clasista, vinculado estrechamente a los partidos radicales de izquierda, tuvo como principal contraparte no a las empresas privadas, sino al Estado. Era desde él que una negociación colectiva podía resultar favorable y desde donde cualquier posible victoria podría conseguirse (Balbi, 1989). El clasismo inició su crisis en principios de los años ochenta (Parodi, 2000; Rospigliosi, 1988), la misma que continuó durante los noventa (Manky 2011; Portocarrero y Tapia, 1992; Panfichi y Coronel, 2012). Sin embargo, aun cuando el clasismo dejó de articular una interpretación politizada sobre el país, los sindicatos continuaron viendo en el Estado al interlocutor clave para lograr sus objetivos. Lo anterior no podría ser comprendido sin tener en cuenta el intervencionismo que caracteriza a la legislación laboral peruana (Villavicencio, 2012). Sin embargo, es justamente en respuesta a este intervencionismo que los sindicatos podrían haber utilizado diferentes estrategias, como ha ocurrido en otros escenarios en América Latina, en donde otras más autónomas se han dado en los últimos años (Serdar, 2010; Flores, Silva, Vaneti y Braga, 2011). Ello, sin embargo, no parece haber ocurrido con los sindicatos peruanos, como se puede apreciar en tres niveles de su accionar. De acuerdo con las bases de datos de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, y las de la Dirección General de Trabajo, quienes con mayor frecuencia solicitan la intervención estatal a través de conciliaciones y extra procesos son los sindicatos. Al describir las tendencias respecto a cómo se han venido solucionando los pliegos de reclamo en la sección anterior, se señalaba que los convenios solucionados a través de estos mecanismos aumentaron en casi 10% en la última década. Algunos funcionarios públicos encargados de intervenir en los conflictos laborales afirmaron que “cada vez que el sindicato

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siente que no puede negociar, recurre a nosotros…siempre esperan que nos pongamos de su lado” (Entrevista a Martínez, 2011). Aunque este tipo de intervenciones no son negativas, pueden resultar arriesgadas tanto para el empleador como para los trabajadores en un contexto de debilidad institucional. Nada asegura que los funcionarios públicos resulten actores neutrales durante la negociación. Por el contrario, ya que dependen de autoridades políticas, pueden ser sometidos a presiones y denuncias por parte de cualquiera de las partes. A pesar de ello, en una entrevista a el Secretario General de un importante sindicato de telecomunicaciones este mencionó que: “muchas veces no sabíamos cómo ganarle a la empresa…pero la ley siempre estaba allí, y es clara…entonces vamos al Estado porque debe hacerla cumplir”. (Entrevista Cortez, 2012). Otro dirigente mencionó que “aunque sabemos que la empresa puede pagarle al empleado público, es todo lo que tenemos…además nuestro abogado siempre está atento a lo que pueda ocurrir, por eso vamos al Ministerio de Trabajo”. Esta tendencia a depender del Estado va más allá de solicitar constantemente su intervención en la negociación: incluso las estrategias utilizadas cuando el diálogo ha fracasado recurren al Estado como eje de la acción. De este modo, cuando un sindicato decide organizar una huelga o un plantón para expresar sus demandas, es común que lo haga frente de alguna oficina del MTPE. Un mecanismo potencialmente poderoso como la movilización de los trabajadores queda entonces reducido a los espacios del Estado. Una sistematización de los informes sobre los conflictos laborales registrados por la Defensoría del Pueblo entre 2007 y 2011 muestra que la mayor parte de los plantones realizados por demandas laborales a empresas privadas se realizaron frente a instancias públicas más que frente a la misma empresa. De acuerdo a entrevistas realizadas a dirigentes sindicales, esto ocurre porque “intentamos mostrar que estamos allí, y que no solo la empresa puede presionar al Estado” (Entrevista a Albújar, 2011). Junto a este intento por equilibrar la fuerza respecto a la empresa, algunos sindicatos parecen confiar en la capacidad del Estado para hacer valer sus derechos. Para los trabajadores de Shougang, una minera china que opera desde hace 20 años en el país en un contexto de constantes conflictos laborales (Irwin y Gallagher, 2012), “presionar a la empresa no sirve, porque ella hace lo que quiere…entonces mejor acudimos al Estado, que tiene el deber de controlar a los capitales extranjeros”. Ninguno de los últimos cinco

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convenios colectivos entre Shougang y su sindicato fue resuelto a través del trato directo, pues el Estado siempre dio una resolución final tras varias semanas de huelga7. Por último, la dependencia respecto al Estado se observa también a nivel macro. La mayoría de las acciones emprendidas por la CGTP y otras federaciones sindicales recurrieron constantemente al Estado y a lo que podría hacerse desde su interior en términos legislativos. Por ejemplo, en el caso de la propuesta de una nueva Ley General de Trabajo, se participó en las discusiones con empresarios y funcionarios públicos durante más de 10 años, sin lograr ningún resultado concreto respecto a la misma. El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo ha sido un espacio de concertación donde las centrales sindicales no consiguieron los cambios esperados (Balbín, 2009). Haberse concentrado en él más que, por ejemplo, en la elaboración de un escenario que pusiera énfasis en la negociación colectiva, el aumento de la tasa de sindicalización, o los lazos con otros movimientos sociales, muestra hasta qué punto la dirigencia de las centrales sindicales privilegió una estrategia centrada en las instituciones estatales: “el poner el acento en la reforma jurídica, dejaba al Estado como el principal interlocutor del reclamo gremial, librando a los empresarios de toda responsabilidad” (Mejía, 2009). Conviene subrayar, sin embargo, que junto a la tendencia descrita también se dio una ruptura importante, pues la lógica centrada en el Estado se dio a través de un discurso distinto al del sindicalismo clasista. En los últimos veinte años se pasó de una visión según la cual el Estado era una herramienta en la lucha de clases a otra que, salvo para algunos líderes, no dispone de una interpretación global sobre el papel del Estado, intentando ser “apolítica” en su discurso, en tanto se percibe como lejana de los partidos políticos y las interpretaciones de izquierda (Portocarrero y Tapia, 1992). Aunque esta tendencia tiene sus orígenes en los años ochenta (Parodi, 2000), es en un contexto de crecimiento en el número de sindicatos cuando este desfase se vuelve claro. Desde este modo, el clasismo no fue reemplazado con una nueva interpretación. Aunque la CGTP continuó vinculada al Partido Comunista del Perú, sus bases no necesariamente conocen los planteamientos de la alta dirección. Quizás el mejor ejemplo sea el de los sindicatos mineros, los cuales pasaron de un alto nivel de politización en los años ochenta (Krujit y Vellinga, 1983), a luchas estrictamente económicas en los últimos trece años. En contraste con sus pares chilenos o bolivianos,

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en el Perú ningún sindicato ha planteado una discusión sobre el uso de los recursos naturales en el país, ni mucho menos sobre su nacionalización (Nem Singh, 2012; Perrault, 2006). Al relacionarse con el Estado, estas organizaciones lo hicieron para mejorar aspectos puntuales en la industria, como la legislación sobre salud y seguridad en minería. Aunque estos puntos son vitales para mejorar las condiciones de sus trabajadores, llama la atención que ello ocurra mientras en varias ciudades del país comunidades campesinas y movimientos ambientalistas exigían un cambio en el sistema. En un contexto de polarización social, el rol de los sindicatos peruanos, afectados por el neoliberalismo, pero sin una alternativa clara, no terminó todavía de perfilarse. En un contexto en el que el Estado cambió sus funciones respecto de la relación entre capital y trabajo (Castells, 1989; Harvey, 2005), los límites de una estrategia basada en lo que él puede hacer se tornan evidentes (Silver, 2003). Ello no implica que no deba haber campañas a favor de cambios en la legislación laboral o por el aumento del salario mínimo. Pero sí significa que estas luchas no necesariamente deben depender únicamente de este nivel. De hecho, durante los últimos 15 años ha venido apareciendo una literatura acerca de las campañas comprehensivas y la importancia de apelar a nuevos tipos de estrategias de negociación en un mundo globalizado (Bronfenbrenner, 2007). Aunque la CGTP ha mostrado interés en implementar este tipo de estrategias (GTAS, 2009), mientras no exista una propuesta global que logre convencer a los nuevos sindicatos, su implementación parece ser complicada.

Conclusión Desde el retorno a la democracia, la CGTP convocó a movilizaciones para exigir el cambio en las leyes laborales por lo menos una vez al año (Villavicencio y Delgado, 2009; Manky, 2012). A pesar de que no consiguió este objetivo, su presión logró que se aprobara la Nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aunque beneficiosos para los trabajadores empleados formalmente, estos avances resultan insuficientes para decir que se está frente a una recuperación del sindicalismo en el Perú. A pesar del crecimiento económico y del regreso a un régimen democrático, el aumento en el número de trabajadores sindicalizados y de sindicatos no propició una mejora sustancial en los salarios o en la negociación colectiva. De este modo, los avances

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no lograron contrarrestar por completo la pérdida de derechos laborales ocurrida en los años noventa. Debilitados frente a la opinión pública, la mayoría de los sindicatos no ha sido capaz de encontrar mecanismos para convencer a la población sobre la importancia de sus luchas (IOP-PUCP, 2010). El desencuentro entre sindicatos y población está atravesado por varios elementos, pero quizás uno de los más importantes sea la incapacidad de los primeros para actualizar su identidad y estrategias. Demasiado centrados en las demandas de los trabajadores tradicionales –aquellos empleados directamente y a plazo indeterminado en la empresa privada –, y con una serie de estrategias dependientes del Estado, parece no haber todavía una alternativa coherente al clasismo de los setenta. Mientras tanto, las brechas dejadas por la crisis del clasismo y de los liderazgos tradicionales se abren más, dejando espacio a organizaciones paralelas. Aunque estas ausencias ya se registraban en los ochenta, en un contexto de crecimiento económico, ellas no solo se hicieron visibles, sino inmanejables. Aparecieron entonces sindicatos nuevos en distintas ramas, fuera de la CGTP, pero sin intentar disputar el espacio de sus ideas en la opinión pública. Sindicatos más pendientes de sus necesidades a mediano plazo, que en demandas políticas. Pero aparecieron también articulaciones novedosas. Por ejemplo, en el caso de la industria minera, donde por primera vez se logró la sindicalización de trabajadores subcontratados. Hoy, más de 15 empresas mineras negocian con los sindicatos de sus empresas contratistas, un hecho inimaginable diez años atrás. En la última década se creó también un sindicato de trabajadoras del hogar que, aunque no consiguió sus objetivos todavía, muestra que nuevas formas organizativas son posibles. En un país en el que el empleo informal supera el 60% (ILO, 2012), estos esfuerzos por lograr la sindicalización de trabajadores atípicos podrían abrir nuevos caminos. Acaso este tipo de acciones permitirá un reencuentro entre sindicalismo y movimientos sociales. En promedio, entre 25 y 35 conflictos fueron registrados mensualmente por la Defensoría del Pueblo entre 2007 y 2012 (Perú-Defensoría del Pueblo, Varios). En contraste con los noventa, distintos sectores fueron capaces de expresar su rechazo a las políticas del Estado y a algunas empresas privadas. Aunque combinándose de manera particular según el origen del conflicto, la región y el gobierno a cargo, crecimiento económico, debilidad institucional y aper-

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tura democrática crearon un marco que permitió la emergencia de diversos movimientos, aunque de forma desarticulada (Meléndez, 2012). A diferencia de lo ocurrido durante los paros nacionales de los setenta y ochenta, el nuevo ciclo de protestas no estuvo protagonizado por las federaciones sindicales a nivel nacional (Sulmont, 2012). Cuando llamó a paralizaciones nacionales, la CGTP fracasó en su convocatoria. Aunque se sumó, como en los noventa, a otras campañas­­de la sociedad civil – contra el Tratado de Libre Comercio en 2007 o contra la elección de Keiko Fujimori en 2011 –, cuando ello ocurrió fue incapaz de movilizar a sus bases activamente. Así, la centralidad de los sindicatos en las movilizaciones populares no se recuperó, a pesar de ser el único actor de la sociedad civil con institucionalidad en todas las regiones del país. De este modo, el escenario hacia el futuro se presenta abierto. Aunque sin la fuerza que tuvieron antes de la llegada de Fujimori al poder, los sindicatos han crecido, al tiempo que el número de huelgas aumentó. En un contexto de crisis en el sistema de representación, lo que la dirigencia pueda hacer en los siguientes años definirá el nuevo rostro del sindicalismo peruano. (Recebido para publicação em janeiro de 2014) (Aprovado em abril de 2014) (Versão final em maio de 2014)

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Lista de Entrevistados Todas las entrevistas fueron realizadas por el autor. A pedido de los entrevistados algunos nombres fueron cambiados para proteger su identidad. Albújar, Amed. Lima, 12 de Abril de 2011 Alvarado, Christian. Lima, 12 de Diciembre de 2011 Castillo, Julio. Lima, 15 de Octubre de 2011 Cortez, Víctor. Lima 8 de Julio de 2012 Martínez, Emilio. Lima. Diciembre de 2011 Núñez, Mario. Callao, 4 de Agosto 2011 Portocarrero, León. Trujillo, 15 de Enero de 2012 Rojos, Percy. Lima 12 de Mayo de 2012 Sifuentes, Pedro. Lima 8 de Julio de 2012

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Notas 1 Este artículo es un producto de la investigación «Después del tsunami: Trabajadores, sindicatos y acción colectiva en el Perú post Fujimori (20012010)», financiada por la Dirección General de Investigación de la Pontifica Universidad Católica del Perú. El autor quiere agradecer a Sergio Saravia, Denis Sulmont, Enrique Fernández Maldonado y a los editores de la RELET por sus comentarios a versiones previas del artículo. 2 Cabe mencionar que estas cifras sobre la sindicalización son conservadoras si se comparan con las que arroja la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). De acuerdo a Larco y García (2010), tomando en cuenta las cifras de la segunda, el porcentaje de sindicalizados en el Perú llegaría a 700.000 trabajadores. La diferencia radica en que la ENAHO toma en cuenta a los trabajadores del sector público ­­­– el cual tiene más de la mitad de sindicalizados en el país ­­– y en que incluye tanto a los trabajadores que están inscritos en un sindicato como aquellos que son parte de una asociación de trabajadores. El MTPE, en cambio, solo se centra en las planillas de empresas privadas. Sin embargo, se decidió utilizar estas cifras debido a que se recogen sobre una base anual. 3 Como se muestra más adelante, es sintomático que este sea el sector con mayor número de trabajadores sindicalizados, pues al negociar por rama de actividad y no a nivel de empresa, el impacto del crecimiento de sindicalizados no necesariamente trajo mayores beneficios frente a las empresas (Mejía, 1998). 4 Aunque hace falta mayor información respecto del proceso de negociación colectiva en el caso de la primera negociación entre sindicato y empleador, experiencias en sectores tan distintos como minería (Casapalca), comercio (Ripley), manufactura (Topy Top) y servicios (Relima) muestran las dificultades que tienen los trabajadores en un contexto en el que los empleadores no solo se niegan a negociar sino que ponen en práctica una serie de estrategias anti sindicales para evitar el precedente de una negociación con los trabajadores. 5 A pesar de que la publicación del decreto sobre arbitraje potestativo en 2011 abrió la posibilidad de que el número de pliegos resueltos aumente, ella no necesariamente asegura negociaciones de buena fe entre las partes. 6 Debido a las características particulares del sector (la temporalidad del empleo y la alta rotatividad de los trabajadores), la negociación por obra de construcción resultaría poco operativa, por lo que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) ­– organización vinculada a la CGTP ­– negocia anualmente su pliego de reclamos nacional con la Cámara Peruana de la Construcción. El resultado de ese pliego, en teoría, funciona para todo el sector (ver Mejía, 1998). 7 Es posible contrastar esta situación con dos excepciones que se dieron en la última década. En el caso de Topy Top, el sindicato solamente fue reconocido por la empresa empleadora tras recibir el apoyo de firmas internacionales como Gap e Inditex, compradoras de las prendas de vestir fabricadas por

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Topy Top, una compañía Peruana (JUST-STYLE, 2007). A través de acuerdos corporativos se logró lo que resultó imposible a través del Estado, que validó el despido de los trabajadores bajo el marco de la Ley de Exportación no Tradicional (Vargas, 2007).En el segundo caso, la empresa Ripley también incurrió en prácticas anti-sindicales, tras las cuales el sindicato inició una campaña pública a través de los medios de comunicación, y de plantones en los locales de la empresa (Veas, 2008; El Comercio, 2008). El sindicato logró así afectar la imagen de la empresa lo suficiente como para que esta aceptara las demandas de los trabajadores (Saravia, 2013).

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Resumen El artículo analiza las dinámicas de los sindicatos peruanos en los primeros 12 años del siglo XXI. Utilizando información cuantitativa y cualitativa, se ofrece una mirada panorámica de los principales cambios y continuidades del sindicalismo tras el retorno a la democracia y en un contexto de crecimiento económico. En la primera parte se utiliza información estadística para argumentar que, a pesar del crecimiento en el número de sindicalizados y de sindicatos, su capacidad para conseguir sus objetivos no varió sustancialmente. La segunda parte utiliza estudios de caso y entrevistas a líderes sindicales para analizar las principales transformaciones en la estructura y cultura de los sindicatos luego de casi 20 años de neoliberalismo. Palabras-clave: Perú, Sindicalismo, Cultura Organizacional, Crecimiento Económico

Abstract The article analyzes the Peruvian labor unions’ dynamics during the first 12 years of the twenty-first century. Using quantitative and qualitative information, it offers an overview of Peruvian unionism’s changes and continuities after the return to democracy in an economic growth context. In the first section statistical information is used to argue that, in spite of the increase in the number of unionized workers and unions, their ability to accomplish their goals did not improve in the last decade. The second section uses case studies and interviews to union leaders to analyze the main transformations in the structure and culture of these organizations after 20 years of neoliberalism. Keywords: Peru, Unionism, Organizational Culture, Economic Growth