1.− El procedimiento adecuado para el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a los 9 años o con cualesquiera otras penas distintas a la privativa de libertad, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, y cualquiera que sea su cuantÃ-a o duración, es: a) el procedimiento ordinario b) el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos c) el procedimiento para las causas ante el tribunal del jurado X d) el procedimiento abreviado 2. La solicitud del Habeas Corpus podrá formularse ante una de estas situaciones a) cuando se haya realizado una detención sin concurrir los supuestos legalmente previstos para ello, y cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas b) cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los lÃ-mites temporales fijados en la Ley X c) cuando se haya realizado una detención sin concurrir los supuestos legalmente previstos para ello; cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas; y cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los lÃ-mites temporales fijados en la Ley d) cuando la detención se haya practicado sin respetar las formalidades exigidas, y cuando la duración de la detención se esté prolongando más allá de los lÃ-mites temporales fijados 3. Modos de iniciación del procedimiento preliminar (instrucción) del proceso X a) por denuncia, por querella, por atestado y de oficio b) por querella, por demanda, por atestado y por denuncia c) por querella, por denuncia y de oficio d) por querella, por denuncia, por atestado, por demanda y de oficio 4. La competencia objetiva para el conocimiento y fallo de los delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, cometidos por un Juez de Instrucción corresponde a: X a) la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia b) el tribunal del jurado c) la audiencia provincial d) los juzgados de lo penal 5. Medidas cautelares que pretenden garantizar la posibilidad de ejecutar el fallo de una futura sentencia condenatoria por los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil derivada del 1

delito a) la fianza y el embargo preventivo X b) la fianza, el embargo preventivo, la aprehensión y el depósito c) el embargo preventivo, la aprehensión y el depósito d) la fianza, la aprehensión y el depósito 6. Procedimiento para la adopción de medidas provisionales a) la prisión provisional puede acordarse, indistintamente, de oficio o a instancia de parte X b) la prisión provisional no podrá acordarse de oficio, requerirá petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente. Excepcionalmente, en algunos supuestos, la prisión provisional se podrá acordar de oficio antes de que se celebre la audiencia con las partes, pero dentro de las setenta y dos horas siguientes el Juez o Tribunal deberá convocar una audiencia c) la prisión provisional nunca podrá acordarse de oficio, requerirá siempre petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente d) la prisión provisional no podrá acordarse de oficio, requerirá petición de una parte acusadora, y para ello se tendrá que celebrar una audiencia ante el juez competente. Excepcionalmente en algunos supuestos, la prisión provisional se podrá acordar de oficio antes de que se celebre la audiencia con las partes 7. El auto de procesamiento produce como efecto a) una correlación exclusivamente objetiva, en el sentido de que nadie debe ser acusado por delito distinto por el que ha sido procesado b) ninguna respuesta es correcta X c) una vinculación subjetiva, en el sentido de que nadie debe ser acusado, son haber sido previamente declarado procesado, y una vinculación objetiva en el sentido de que nadie debe ser acusado por delito distinto por el que ha sido procesado d) una correlación exclusivamente subjetiva, en el sentido de que nadie debe ser acusado, sin haber sido previamente declarado procesado 8. Un acto de imputación propio del procedimiento ante el Tribunal del Jurado a) es el auto de transformación del procedimiento penal o de conclusión de las diligencias b) es la citación para ser oÃ-do X c) es la audiencia para la concreción de la imputación X d) es el auto del procesamiento 9. La reforma efectuada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores 2

X a) introduce la acusación particular en el proceso penal de menores b) introduce las acusaciones particular y popular en el proceso penal de menores c) introduce la acusación popular en el proceso penal de menores d) elimina la acusación particular en el proceso penal de menores 10. Resulta procedente un sobreseimiento libre a) ninguna respuesta es correcta b) por inexistencia del hecho y por inexistencia de hecho punible c) por inexistencia del hecho y por falta de indicios racionales de responsabilidad criminal X d) por inexistencia del hecho y por inexistencia de hecho punible, y por falta de indicios racionales de responsabilidad criminal 11. Valorar y analizar la licitud de aquellos supuestos en los que, para practicar la prueba de ADN, la toma de la muestra corporal indubitada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se obtiene de una forma subrepticia derivada de un acto voluntario de expulsión o de abandono de materia orgánica realizada pro el sujeto objeto de investigación (esputo, salivazo, colilla, vaso, etc.), es decir, sin que haya sido precisa una manifestación de voluntad del referido sujeto de sentido afirmativo o negativo, teniendo en cuenta la STS núm 1311/2005 (Sala de lo Penal), de 14 de octubre, el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2006, sobre la prueba de ADN, y la Disposición Adicional Tercera de la LO 10/2007 sobre obtención de muestras biológicas a) la PolicÃ-a Judicial nunca puede recoger restos genéticos o muestras biológicas indubitadas abandonadas o expulsadas por el sospechoso b) sólo la autoridad judicial puede acordar la recogida de restos genéticos o muestras biológicas indubitadas abandonadas o expulsadas por el sospechoso c) la prueba pericial de ADN se obtendrá ilegalmente cuando el agente tome la muestra biológica indubitada abandonada o expulsada por el sospechoso si no existe impedimento o razón de urgencia para no acudir al Juez X d) la PolicÃ-a judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas indubitadas abandonadas o expulsadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial 12. ¿Puede conocer un tribunal español de los delitos cometidos en el extranjero por españoles? a) no, nunca X b) sÃ-, si el hecho es punible en el lugar de ejecución; el agraviado o el Mº Fiscal denuncian o interponen querella ante los tribunales españoles; y el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no ha cumplido condena c) sÃ-, siempre

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X d) sÃ-, si el hecho es punible en España; el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncian o interponen querella ante los tribunales españoles; y el delincuente no ha sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no ha cumplido condena 13. De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1335/2001 (Sala de lo Penal), de 19 de julio de 2003, ¿es posible anular una sentencia condenatoria alegando que el procedimiento judicial se puso en marcha a partir de una denuncia telefónica anónima? a) no es posible, porque la Ley Procesal Criminal no contempla la posibilidad de que el procedimiento judicial se ponga en marcha a partir de un anónimo, sino que, por el contrario, la denuncia que se regula en los arts. 266, 267 y 268 requieren la identificación del denunciante y sólo una denuncia formulada conforme a las exigencias formales legalmente establecidas puede servir los efectos propios de la misma b) es posible, porque la cualidad de anónima de una denuncia no impide automática y radicalmente la investigación de los hechos de que en ella se da cuenta, por más que la denuncia anónima deba ser contemplada con recelo y desconfianza. Al no proscribirla expresamente la LECrim, no puede decretarse a limine su rechazo por principio. En tales casos, el Juez debe actuar con gran prudencia, y no pude ni debe actuar con ligereza en la admisión o en el rechazo de la denuncia anónima. Pero si ésta aparenta credibilidad y verosimilitud, debe inicialmente inquirir, con todos los medios a su alcance, en la comprobación, prima facie, de la exactitud de su contenido, y si ello fuera afirmativo, puede proceder desde luego por sÃ- mismo, de oficio, cualquiera que fuere el tipo de delito, sin necesidad de la intervención del denunciante y sin ningún otro requisito X c) NO es posible, porque la cualidad de anónima de una denuncia no impide automática y radicalmente la investigación de los hechos de que en ella se da cuenta, por más que la denuncia anónima deba ser contemplada con recelo y desconfianza. Al no proscribirla expresamente la LECrim, no puede decretarse a limine su rechazo por principio. En tales casos, el Juez debe actuar con gran prudencia, y no pude ni debe actuar con ligereza en la admisión o en el rechazo de la denuncia anónima. Pero si ésta aparenta credibilidad y verosimilitud, debe inicialmente inquirir, con todos los medios a su alcance, en la comprobación, prima facie, de la exactitud de su contenido, y si ello fuera afirmativo, puede proceder desde luego por sÃ- mismo, de oficio, si el delito fuere público, sin necesidad de la intervención del denunciante y sin ningún otro requisito d) es posible, porque la cualidad de anónima de una denuncia no impide automáticamente y radicalmente la investigación de los hechos de que en ella se da cuenta, siempre que posteriormente y durante el procedimiento el denunciante se identifique, ratifique la denuncia, y la firme 14. Están legitimados para presentar querella por un delito semipúblico o semiprivado: a) el acusador particular X b) el acusador público (Mª Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito, y el acusador privado c) el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Mª Fiscal) d) el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Mª Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito 15. Sirven para proveer el fundamento necesario para que se dicten resoluciones de imputación, resoluciones sobre medidas cautelares y asimiladas, y para las peticiones y resolución respecto al sobreseimiento o apertura del juicio oral 4

a) los actos de investigación y los actos de prueba b) ninguna de las respuestas es correcta X c) los actos de investigación d) los actos de prueba 16. La competencia funcional para instruir los procesos relativos a delitos, cometidos por menores de edad, en los que competencia objetiva para juzgar corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o a los Juzgados Centrales de lo Penal, corresponde: a) a los Juzgados Centrales de Instrucción X b) al Ministerio Fiscal c) a los Juzgados de Instrucción d) a los Juzgados Nacionales de Instrucción 17. Efectos del sobreseimiento libre X a) terminación del proceso penal con eficacia de cosa juzgada b) terminación del proceso penal sin eficacia de cosa juzgada c) suspensión temporalmente indefinida del proceso penal d) archivo del proceso penal sin eficacia de cosa juzgada 18. Son competentes para el conocimiento y fallo de las faltas a) los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Paz, según los casos b) los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, según los casos c) los Juzgados de lo Penal X d) los Juzgados de Instrucción, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y los Juzgados de Paz, según los casos 19. Para garantizar la imparcialidad objetiva la Constitución y el Tribunal Constitucional exigen: a) la distinción entre los acusadores que participan en la instrucción y los acusadores que participan en el juicio oral b) la distinción entre el juez instructor y el Juez o Tribunal que conoce del juicio oral, y la distinción entre el Fiscal que participa en la instrucción y el Fiscal que participa en el juicio oral c) la distinción entre el Fiscal que participa en el juicio oral X d) la distinción entre el Juez instructor y el Juez o Tribunal que conoce del juicio oral 5

20. El procedimiento adecuado para el enjuiciamiento de los delitos de omisión del deber de socorro y de allanamiento de morada, es a) el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos b) el procedimiento abreviado o el procedimiento ordinario, en función de la pena correspondiente a dichos delitos c) el procedimiento ordinario X d) el procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado 21. Interpretación del criterio de competencia jurisdiccional establecido en el art. 23.4 LOPJ referido al principio de la jurisdicción universal, de acuerdo con la STC núm. 237/ 2005 (Sala Segunda), de 26 de septiembre a) falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de hechos calificados como genocidio en Guatemala al no denunciarse los mismos como cometidos sobre españoles X b) jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de hechos calificados como genocidio en Guatemala aunque no se hayan denunciado los mismos como cometidos sobre españoles X c) falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de hechos calificados como genocidio en Guatemala al no denunciarse los mismos como cometidos por españoles y sobre españoles d) jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de hechos calificados como genocidio en Guatemala al denunciarse los mismos como cometidos sobre españoles 22. Fueros subsidiarios para determinar la competencia territorial a) el lugar de comisión del delito y el lugar de detención del imputado b) el lugar de descubrimiento de las pruebas materiales y el lugar del domicilio de la vÃ-ctima en cualquier caso c) el lugar de comisión del delito ye l lugar de residencia del imputado X d) el lugar de descubrimiento de las pruebas materiales y el lugar de detención del imputado 23. Cómo se responde en la Sentencia Tribunal Supremo, núm. 1156/2005 (Sala de lo Penal), de 26 de septiembre, a la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre si la vÃ-ctima reanuda voluntariamente la convivencia con su marido o ex−conviviente que tiene dictada una medida de prohibición de aproximación a instancias de aquélla? a) el marido o ex−conviviente incurre en un delito de quebrantamiento de medida cautelar X b) la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el decaimiento de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la autoridad judicial, quedarÃ-a condicionado a la voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su persona, otra resolución semejante

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c) la vigencia de la .... de la medida queda totalemnte al arbitrio de aquella persona en cuya protección se dictó, dependiendo de su voluntad determinar cuándo la medida entra en vigor, cuándo queda temporalmente suspendida y cuándo se reanuda su eficacia d) el marido o ex−conviviente incurre en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, y a la vÃ-ctima cabe considerarla coautora por cooperación necesaria en al menos por inducción, ya que su voluntad tendrÃ-a efectos relevantes cara al delito de quebrantamiento de medida del art. 468 del Código Penal 24. En el proceso penal de menores juzga X a) el Juzgado de Menores b) el Ministerio Fiscal c) el Juzgado de lo Penal d) el Juzgado Central de lo Penal 25. En el procedimiento ordinario, qué órgano jurisdiccional es el competente para acordar el sobreseimiento X a) la Audiencia Provincial b) El Juzgado de Instrucción c) ninguna respuesta es correcta d) la Audiencia Provincial o el Juzgado de Instrucción en función de la gravedad del delito 26. Es necesaria la intervención de abogado y procurador a) no se necesita la intervención de abogado y procurador para interponer una denuncia ni para interponer una querella X b) para interponer una querella c) para interponer una denuncia y para interponer una querella d) para interponer una denuncia 27. La competencia funcional para instruir los asuntos cuya competencia objetiva para juzgar corresponde a un Tribunal del Jurado incardinado en una Audiencia Provincial, corresponde a: X a) los Juzgados de Instrucción b) a un magistrado de la Audiencia Provincial, que después no podrá formar parte de la Sección de la Audiencia Provincial que conozca del juicio oral c) los Juzgados Centrales de lo Penal d) los Juzgados Centrales de Instrucción

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28. La competencia objetiva, según la gravedad del delito, para el conocimiento y fallo de los delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a 5 años, corresponde: a) la Audiencia Provincial b) los Juzgados de Instrucción c) el Tribunal del Jurado X d) los Juzgados de lo Penal 29. Presupuestos de la libertad provisional. Para que se dé la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) han de concurrir los siguientes requisitos: a) que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o inferior a 3 años de prisión b) atribución subjetiva de los hechos; que se trate de un hecho tipificado como delito; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea inferior a 2 años de prisión X c) atribución subjetiva de los hechos; que se trate de un hecho tipificado como delito; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea inferior a 2 años de prisión, o superior pero no concurran el resto de presupuestos para la adopción de la prisión provisional d) atribución subjetiva de los hechos; que se trate de un hecho tipificado como delito; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea inferior a 3 años de prisión, o superior pero no concurran el resto de presupuestos para la adopción de la prisión provisional 30. Determinar el órgano jurisdiccional competente para la instrucción competente para la instrucción por el delito derivado del uso fraudulento de diversas tarjetas de crédito falsificadas en distintos establecimientos, de acuerdo con la doctrina fijada en el Auto del Tribunal Supremo, de 6 de de febrero de 2004, recurso nº 97/2003 a) la competencia corresponde al Juzgado de Instrucción territorialmente competente, al no estar incluido el uso fraudulento de diversas tarjetas de crédito falsificadas en distintos establecimientos en los delitos que deben juzgar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o los Juzgados Centrales de lo Penal b) la competencia corresponde al Juzgado Central de Instrucción por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación de moneda, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias c) la competencia corresponde al Juzgado Central de Instrucción por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación de moneda, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados X d) la competencia corresponde al Juzgado Central de Instrucción por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación de moneda 31. En los supuestos en los que la instrucción finaliza con dudas sobre existencia del hecho investigado o con falta de motivos suficientes para acusar a una determinada persona a) procede dictar un auto de sobreseimiento libre 8

b) procede dictar una sentencia absolutoria X c) ninguna respuesta es correcta d) procede la apertura de juicio oral 32. ¿Quién juzga de los delitos de homicidio, aborto o lesiones cometidos por un esposo contra su esposa? X a) el Juez de lo Penal, la Audiencia Provincial o el Tribunal del Jurado, en función de la gravedad de los hechos o del tipo delictivo b) La Audiencia Provincial en cualquier caso c) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer en cualquier caso d) El Juez de lo Penal en cualquier caso 33. Requisitos generales para la afectación de los derechos fundamentales por una diligencia de registro, inspección o intervención corporal, según la STC 207/1996 (Sala 1ª), de 16 de diciembre a) fin constitucionalmente legÃ-timo, principio de legalidad, jurisdiccionalidad, principio de reciprocidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad b) principio de legalidad, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad X c) fin constitucionalmente legÃ-timo, principio de legalidad, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad d) fin constitucionalmente legÃ-timo, jurisdiccionalidad, motivación de la resolución judicial, y principio de proporcionalidad 34. En qué procedimiento coincide la solicitud de apertura del juicio oral con la presentación del escrito de acusación a) en los juicios de faltas b) en el procedimiento ordinario por delitos graves X c) en el procedimiento abreviado X d) en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 35. Presupuestos de la prisión provisional. Para que se dé la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) han de concurrir los siguientes requisitos a) que se trate de un hecho tipificado como delito: la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 3 años de prisión, aunque excepcionalmente podrá acordarse por debajo de este último lÃ-mite en atención a los antecedentes penales del imputado/acusado, por la no comparecencia del imputado tras dos llamamientos, o cuando se trate de proteger a la vÃ-ctima del delito 9

b) que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 3 años de prisión X c) que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 2 años de prisión, aunque excepcionalmente podrá acordarse por debajo de este último lÃ-mite en atención a los antecedentes penales del imputado/acusado, por la no comparecencia del imputado tras dos llamamientos, o cuando se trate de proteger a la vÃ-ctima del delito d) que se trate de un hecho tipificado como delito; la atribución subjetiva de los hechos; y que la pena más grave prevista para el delito cometido sea igual o superior a 2 años de prisión 36. El art. 363, II LECrim no regula el régimen de sometimiento del sujeto pasivo de las medidas de inspección, registro o intervención corporal. Ante la negativa del sujeto pasivo a su práctica ¿qué solución se ofrece en la STS núm. 968/2006 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 11 de octubre? a) sólo es posible la práctica de dichas medidas cuando dicho sujeto no se oponga a dicha práctica X b) únicamente se puede recurrir a la coacción indirecta consistente en la amenaza de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial c) es posible la ejecución coactiva de dichas medidas cuando dicho sujeto se oponga a su práctica; esto es, el recurso al empleo de la fuerza fÃ-sica si fuera necesario d) únicamente se puede recurrir a la coacción indirecta advirtiéndole de que su oposición a la práctica de la medida constituirá un indicio que jugará en su contra 37. Produce como efecto el ejercicio de la acción penal y la personación como parte en el proceso penal a) la presentación de una denuncia y de una querella nunca producen dicho efecto b) la presentación de una denuncia c) la presentación de una denuncia y de una querella X d) la presentación de una querella 38. Los Juzgados y Tribunales Penales tienen competencia para conocer X a) de la acción penal y de la acción civil derivada del delito, siempre que el ofendido o los perjudicados por el delito no hayan renunciado a la acción civil o se la hayan reservado para ejercerla posteriormente en un proceso civil b) de la acción penal y de la acción civil derivada del delito en cualquier caso c) únicamente de la acción civil derivada del delito d) únicamente de la acción penal 39. Están legitimados para presentar querella por un delito privado

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X a) el acusador particular b) el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Mº Fiscal), previa denuncia de la persona ofendida por el delito c) el acusador popular, el acusador particular y el acusador público (Mª Fiscal) d) ninguna respuesta es correcta 40. Con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal operada pro la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a) se establece una garantÃ-a del margen de autonomÃ-a del Fiscal General, al desaparecer el carácter discrecional del cese por parte del Ejecutivo y se introducen unas causas objetivas de cese: a petición propia, por incompatibilidad o prohibición establecidas en la Ley, por incapacidad o enfermedad, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y por fin del mandato del Gobierno que lo propuso X b) todas las respuestas son correctas c) el Fiscal General tendrá un mandato de 4 años, no renovable, excepto cunado el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, caso en que sÃ- podrÃ-a ser renovado pro cuatro años c) el candidato a Fiscal General propuesto pro el Gobierno, tras el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una comisión del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey

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