OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Oficina Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana

DESAFÍOS Y PROPUESTAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INSUMOS PARA EL FORO DE EMPLEO

Valentina Forastieri Especialista Principal en Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional

Mayo de 2005

1. ANALISIS DE SITUACIÓN EN CENTROAMÉRICA, REPUBLICA DOMINICANA

PANAMÁ y

Contexto regional La salud y seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana constituyen un tema cada vez más importante para el sector gubernamental, los empresarios y sus organizaciones, las corporaciones internacionales, los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto se debe a que los cambios que están ocurriendo en el mundo laboral derivados de los procesos de globalización, requieren avanzar en este campo al mismo ritmo del acelerado crecimiento económico y rápido cambio tecnológico. La salud y la seguridad en el trabajo no son temas nuevos en la región, sin embargo, se ven afectadas por las mismas fuerzas de cambio que prevalecen en el contexto socioeconómico nacional y mundial. En el contexto sociolaboral de la región, las implicaciones de la creciente integración de la economía mundial permiten identificar cambios, tales como, un intercambio desigual entre países industrializados y en desarrollo con políticas proteccionistas hacia los mercados de los primeros; efectos de las dinámicas migratorias y los cambios demográficos, cambios en la estructura del empleo y en la organización del trabajo, la diferenciación en el tratamiento por razón de género, el tamaño, la estructura y el ciclo de vida de las empresas. Los crecientes cambios sociales y económicos de las últimas décadas demandan examinar y valorar con rigor los riesgos en el trabajo asociados al impacto de la industrialización, la transferencia de tecnología, las nuevas relaciones y prácticas laborales, la modernización agrícola, la acelerada transición desde la agricultura a la industrialización urbana, y sus repercusiones en el cumplimiento de la legislación nacional, en la investigación, en las condiciones y medio ambiente de trabajo en las empresas, y en las estrategias para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de la región. En los países de Centroamérica se promueven políticas de reducción del gasto fiscal y del gasto social (salud, educación, servicios básicos) y hay una tendencia a la privatización de sectores productivos clave. Debido a una apertura parcial de los mercados sin fortalecer la capacidad productiva de los países, las políticas económicas benefician a unos cuantos y los trabajadores desplazados de la economía formal por las políticas de ajuste estructural se encuentran desempleados o subempleados en condiciones de trabajo precarias (economía informal). Se persigue también una reducción de costos a través de la precarización de las relaciones laborales en la economía formal, con la reducción de niveles de protección legal, de prestaciones laborales y de seguridad social. Prevalece el empleo temporal, a tiempo parcial y en régimen de subcontratación. La acentuada flexibilización de las relaciones laborales, la precarización del empleo, la limitada participación de las organizaciones de trabajadores y la pérdida de los derechos sindicales fundamentales, aunados a la limitada capacidad e intervención de las autoridades competentes en la inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST); así como, la insuficiente gestión de la prevención y el control de los riesgos a nivel de las empresas, tienen un impacto directo en las condiciones de trabajo y de salud y seguridad de los trabajadores de la región. En la región existe un déficit de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y los servicios de salud a nivel institucional y de las empresas, son insuficientes para enfrentar estos retos. Los trabajadores más afectados se encuentran en las pequeñas empresas y en las microempresas de la economía informal. Además, existen sectores productivos tradicionales que en el caso de América

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Latina aún presentan un alto índice de enfermedades y accidentes del trabajo, el cuál supera las cifras de los años 80´s. Estos son, en orden de peligrosidad a nivel mundial, la agricultura, la minería, la pesca y la industria de la construcción. Hay un incremento de los horarios y del ritmo de trabajo y una reducción del número de trabajadores con el consiguiente aumento de la carga de trabajo y del estrés. Se vislumbra la aparición de nuevas enfermedades y el incremento las enfermedades del trabajo tradicionales, tales como: los trastornos músculo esqueléticos, el asma profesional y otras alergias; así como, problemas mentales relacionados con el estrés, el conflicto y la violencia en el trabajo. Se están generando nuevos peligros y riesgos en el trabajo asociados a situaciones que contribuyen al deterioramiento de las condiciones de trabajo, y de vida, al aumento del estrés, la carga física y mental y otros trastornos a la salud. La globalización ha traído la introducción de nuevas tecnologías con más gente involucrada en servicios y menos en producir. Estos cambios han tenido un impacto importante en la salud, la seguridad y la organización del trabajo. El mejoramiento de los procesos de producción, la incorporación de nuevas tecnologías se hace basándose en las exigencias de las nuevas normativas que rigen los mercados internacionales, en las cuales se exige también el mejoramiento de las condiciones de trabajo para reducir riesgos de accidentes y por lo tanto costos. Existe la presión de dar una imagen progresista de buenas prácticas laborales frente a los mercados internacionales. Como consecuencia, se están originando programas de responsabilidad social corporativa y las grandes multinacionales exigen a sus proveedores buenas prácticas en materia de condiciones de trabajo, seguridad y salud para comprar sus productos. Algunas de las nuevas tendencias en materia de prevención de riesgos del trabajo que se perfilan desde el final del siglo 20, han mostrado que un buen ambiente de trabajo no solo debe ser sano y seguro sino que debe contribuir a mejorar la calidad de las relaciones laborales y la productividad. Se busca mejorar la calidad de los productos para tener mayor competitividad en los mercados, sobre todo en los países desarrollados, en las multinacionales y en las grandes empresas en los países en desarrollo. Esto implica el mejoramiento de los procesos de producción y la incorporación de nuevas tecnologías que a su vez, provocan la aparición de nuevos riesgos en el trabajo, así como, nuevas formas de gestión de los mismos. Por ejemplo, nuevas normativas que rigen los mercados, generan exigencias de los países compradores hacia los países exportadores, tales como: el respeto de los derechos laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Como consecuencia se están estableciendo iniciativas voluntarias de buenas practicas por parte de las grandes empresas, las empresas de exportación y las multinacionales, se están integrando sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo al mismo tiempo que sistemas de gestión de la calidad del producto (ISO 9000) y de gestión ambiental (ISO 14000), existe un cambio de actitud orientado hacia la construcción de una "cultura" de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo a través de la gestión adecuada de la prevención 1. Esto contribuye a la reducción de los riesgos de accidentes y lesiones, por lo tanto de los costos directos e indirectos, favoreciendo así la productividad, sin embargo, la participación de los trabajadores en estos espacios aún no es representativa.

1 La OIT ha elaborado Directrices

sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para apoyar este proceso. Se pueden consultar en la pagina del WEB del programa TrabajoSeguro , bajo “codes of practice” en versiones en ingles, español y francés. www.ilo.org/public/english/protection/safework

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Legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo El desarrollo legislativo en materia de Códigos de Trabajo se gestó y promulgó en promedio a mediados del Siglo pasado, y correspondía al modelo proteccionista del Estado que se consolidó en la época. Los siete países fundamentan su desarrollo legal en el mandato constitucional que consagra los derechos a la salud, el trabajo y la seguridad de los trabajadores como derechos sociales a cargo del Estado. Se han elaborado una serie de leyes y reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo que se encuentran en proceso de revisión o aprobación en cada país. La mayoría de los reglamentos existentes datan de más de 20 años, todos basados en el mandato de los Códigos de Trabajo vigentes. En Nicaragua la legislación en materia de SST se ha actualizado recientemente y en los demás países se encuentra en proceso de revisión. Honduras recién expidió una actualización y en El Salvador, Panamá, Costa Rica y Guatemala hay proyectos de normas en trámite de estudio y evaluación por parte de sus respectivos ejecutivos y asambleas legislativas. En la mayoría de los países, también se percibe la necesidad de llevar a cabo una actualización general de las normas técnicas y procedimientos de salud ocupacional, generales y específicos por actividades o riesgos ocupacionales. Se Incluyen normas sobre jornadas de trabajo, contratos, restricciones sobre edades y poblaciones vulnerables para trabajar, restricción sobre ciertos tipos de trabajos. En general, se definen políticas laborales y de protección social, bajo un esquema de subordinación y remuneración formal, dejando por fuera una buena porción de la población trabajadora que no tiene acceso a contratos formales de trabajo, incluso a los trabajadores rurales. En todos los países, la legislación de los Institutos de Seguridad Social define un marco de instrumentos legales dirigidos al sector formal de la población económicamente activa. También hay leyes, reglamentos y normas del sector salud y del medio ambiental, que le otorgan responsabilidad a sus entidades rectoras en materia de políticas y atención de la salud de los trabajadores no afiliados a la seguridad social, con el objeto de compensar la desprotección social ocasionada por el modelo proteccionista formal vigente que no cubre la economía informal y a otras categorías de trabajadores dando la prioridad al Estado frente a la atención a la salud general de toda la población. Sin embargo, el desarrollo de actividades o programas para su cumplimiento es mínimo, por los altos costos que implica brindar asistencia en salud pública a los trabajadores no cubiertos por la seguridad social. En todos los países de la región se han ratificado y adoptado un número variable de Convenios de la OIT, particularmente los relacionados con los principios fundamentales, los derechos y la protección de los trabajadores, algunas sobre condiciones de trabajo, seguridad y salud, y sobre políticas laborales, entre otros. Sin embargo, es importante más allá de la ratificación, la elaboración de legislación adecuada y su aplicación en cada país, lo que no siempre se hace de manera eficaz. Estructuras nacionales responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo En Centroamérica Panamá y Republica Dominicana, el entorno institucional en el cual se definen las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo implica a tres agentes principales. El Ministerio de Trabajo es la institución que tiene el mando de definir políticas, reglamentaciones y normas, y la responsabilidad de llevar a cabo inspecciones y aplicar sanciones. El Instituto de Seguridad Social tiene a su cargo programas de prevención, además de recoger los aportes de empleadores y trabajadores y pagar las prestaciones y pensiones. El Ministerio de Salud responsable de las políticas sanitarias no incorpora la salud ocupacional de manera prioritaria. En el cumplimiento de sus funciones estas instituciones difícilmente coordinan sus acciones y las realizan de forma aislada, en muchos casos existe duplicidad de funciones lo que contribuye a un aprovechamiento deficiente de los recursos ya limitados con que cuentan. Las limitaciones están relacionadas con

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una falta de claridad en los roles y responsabilidades complementarias de cada institución y los recursos disponibles para la acción. En todos los países existen mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial, tales como los consejos de salud ocupacional o los comités interinstitucionales de seguridad y salud ocupacional, sin embargo estos, no son eficientes en la práctica a pesar de estar fundamentados por leyes y reglamentos. Es importante destacar que en todos los países se han desarrollado planes estratégicos que incluyen como prioridad, la revisión y actualización de la legislación y las normas reglamentarias sobre salud y seguridad en el trabajo. Ministerios de Trabajo y Previsión Social Las instituciones con competencias y responsabilidades para la inspección de las condiciones de trabajo, seguridad y salud, tienen limitaciones reales en términos de recursos humanos y materiales en el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo y de condiciones de trabajo, que se expresa, entre otros indicadores, en limitaciones en sus capacidades de acción y de la cobertura de los servicios de inspección. Los servicios de inspección del trabajo, tienen una incidencia limitada en su rol de garante de condiciones de trabajo adecuadas (cifrada para la región en torno al 11% del sector productivo formal). Esta incidencia se debe a varios factores como por ejemplo, el no contar con la formación adecuada para realizar cabalmente sus tareas de inspección en el ámbito de las condiciones de trabajo seguridad y salud ocupacional; los reducidos recursos humanos y materiales para realizar inspecciones o de llegar de manera eficaz con las actividades de inspección a todas las zonas geográficas del país, la imposibilidad de incorporar personal altamente calificado por no poder pagar buenas remuneraciones, o la incapacidad de mantener laboratorios con un equipamiento moderno que permita la medición de parámetros ambientales con instrumental adecuado. Aún no se ha logrado llegar a la poli-funcionalidad del personal de Inspección, sus procedimientos no contemplan todo su ámbito competencial, no se está desarrollando relaciones con otras instituciones conexas y no están claramente definidas las funciones y competencias de cada ente. En toda la región, la disponibilidad de datos estadísticos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales es limitada, casi siempre restringida al sector formal de la economía. Además, se destaca de manera importante la falta de inspectores de higiene y seguridad dentro de las instituciones responsables, lo cual es una limitante para lograr el cumplimiento de las disposiciones legales dentro de las empresas. La autoridad competente es responsable de la elaboración y actualización de legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, de la elaboración e implementación de una política nacional en colaboración con los sectores involucrados. Debe promover la investigación aplicada a la identificación de los riesgos y peligros, la elaboración de códigos de practicas y directrices y a proporcionar información y asistencia técnica a los empleadores y los trabajadores; así como, a tomar medidas especificas para evitar riesgos de accidentes mayores y catástrofes industriales. Esta debe vigilar el cumplimento de la normativa vigente sobre el tema. La inspección del trabajo además de tener funciones de supervisión y sanción, también puede orientar y asesorar a los empleadores sobre el cumplimiento de sus responsabilidades con el fin de promover buenas prácticas laborales. La mayor parte de los sindicatos perciben que las autoridades competentes mas que velar por el cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo desempeñan una función de carácter eminentemente “inspectora”, la cual esta encaminada, según algunas opiniones, a liberar al empleador de cualquier responsabilidad. Por otro lado los empleadores consideran la acción de la inspección inminentemente sancionadora y no de apoyo a la solución de problemas.

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Ministerios de Salud El rol del sector salud está circunscrito al que hacer en salud pública y a la prestación de servicios asistenciales, pero con un alcance y sensibilización muy limitada frente a políticas públicas en salud ocupacional. Los Ministerios de Salud adelantan algunas acciones puntuales, pero no van más allá en materia de políticas de prevención y protección de la salud de los trabajadores, ni de normalización técnica desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los riesgos en el trabajo, o de los servicios de salud en el trabajo, lo que se observa como una gran debilidad para la cobertura universal de la población económicamente activa.2 La infraestructura con que cuentan los países para la atención de la salud de la población trabajadora, corresponde a la misma que tienen para atención de la población general. No hay servicios especializados en medicina del trabajo, higiene industrial y rehabilitación integral para atender al trabajador enfermo o accidentado en el trabajo. Se carece de formación estructurada suficiente en la materia. En general, todos los países requieren capacitación para poder diagnosticar y atender en forma eficiente la salud de los trabajadores, especialmente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los laboratorios de salud pública del sector salud se concentran en otro tipo de problemas de salud ambiental y no de la salud ocupacional. Las Instituciones de Seguridad Social La reestructuración de los sistemas de seguridad, y en particular de los seguros de riesgos del trabajo que comenzaron a inicio de los 90´s con Colombia, Chile y Argentina, han conllevado a una mayor dedicación de recursos y también a una mayor responsabilidad de las entidades aseguradoras privadas bajo la supervisión del Estado, en materia de prevención de riesgos del trabajo, en MERCOSUR y la Región Andina. Esta tendencia de modificar los regimenes de seguridad social también empieza a observarse en esta subregión. Actualmente en la mayoría de los países, no hay una clara diferencia en la prestación asistencial de los regimenes de enfermedades y maternidad y de los regimenes de seguros de riesgos del trabajo, con la excepción de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, en donde esta separación ya existe hace mucho tiempo bajo la responsabilidad exclusiva del sistema estatal de seguridad social. Honduras se encuentra en proceso de reforma incorporando en el diseño un modelo que retoma elementos del Chileno y del Colombiano. República Dominicana adoptó recientemente una Ley de Prevención de Riesgos con influencias de los regimenes de España y de Colombia, y se encuentra en proceso de reestructuración para la incorporación del sistema de riegos del trabajo. Las reformas implican entre otras cosas, la separación de la administración de los sistemas de prestaciones por riesgos del trabajo, (accidentes, enfermedades y discapacidades laborales), al margen de los regimenes de maternidad y enfermedades generales y de invalidez, vejez y muerte. En algunas de estas reformas se modifica el sistema de cotizaciones, se establece una mayor vinculación entre el costo del seguro y el esfuerzo y los resultados de los programas de prevención de las empresas. Sin embargo la utilización de tarifas uniformes y un inadecuado registro y notificación de accidentes y enfermedades de trabajo y supervisión deficiente del cumplimiento de las empresas no ha permitido aun que estas medidas sean eficaces. Estadísticas sobre accidentes y enfermedades del trabajo Las estadísticas sobre accidentes son deficientes en todos los países de la región. Los datos existentes en su mayoría se refieren a trabajadores protegidos por la Seguridad Social ya que los Ministerios de Trabajo no cuentan con sistemas adecuados de registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En la mayoría de los países, los Sistemas de Seguridad Social son exclusivos de los trabajadores asalariados y la cobertura, en particular del 2 BID – FISO, Informe Regional 2002. Fortalecimiento salud ocupacional y riesgos laborales.

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seguro por riesgos laborales, dista de ser completa entre este grupo de trabajadores. La más alta cobertura de la seguridad social la proporciona Costa Rica, y correspondía a un 79% del total de la población asalariada ocupada3. La tasa de siniestralidad es de un 9.3% Para Panamá la cobertura es de un 52% y no se contó con datos actualizados para establecer la tasa de siniestralidad4. En el caso de Nicaragua, el INSS cubre el 18% de la población asalariada ocupada correspondiente solo al 42% del sector primario o agrícola, el 25% del sector secundario y el 43% del sector terciario5. La tasa de siniestralidad es de un 4.7%. Como solo Panamá, Costa Rica y Nicaragua tienen separados sus regimenes de riesgos del trabajo de los regimenes de enfermedad y maternidad, en los otros países, no se dispone de cifras adecuadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo, a pesar de que los departamentos de salud ocupacional de dichas instituciones intentan compilarlos. En Costa Rica los números absolutos de accidentes son más altos, mientras que en el Salvador y Panamá, la manufactura esta en el primer lugar de la lista, lo cual probablemente se debe a una baja cobertura del sector agrícola. La construcción y particularmente la minería son sectores mucho más pequeños, pero con una tasa de accidentes más alta que el sector agrícola e industrial por cada cien trabajadores en toda la región. Esto puede deberse a que el subregistro en el sector agrícola es mayor que en otros sectores. Las enfermedades profesionales rara vez son reportadas o reconocidas como relacionadas al trabajo. Las condiciones laborales en Costa Rica son mejores que en los otros países de la Región, por tanto, a pesar del subregistro y subnotificación, el reporte de enfermedades ocupacionales es considerablemente más alto en Costa Rica que en cualquier otro país de Centroamérica. La tasa de siniestralidad de un 9.3% con respecto a un 4.7% en Nicaragua, no significa necesariamente mas accidentes sino un mejor registro de los mismos en comparación con el resto de los países Centroamericanos. Aún así, las cifras de Costa Rica se refieren en un 95% a los accidentes de trabajo. Las enfermedades profesionales no son diagnosticadas, son subregistradas o no se reconocen como relacionadas al trabajo) y reflejan principalmente las condiciones de medianas y grandes empresas, las cuales tienen mejores condiciones que las pequeñas y las microempresas. Se conoce poco acerca de los efectos crónicos y de largo plazo derivados de los peligros y de las condiciones de trabajo insalubres. En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, algunos grupos de investigadores han demostrado varios tipos de efectos a la salud por la exposición ocupacional a los plaguicidas, incluyendo una alta incidencia de intoxicaciones agudas y lesiones en la piel, efectos neurotóxicos crónicos entre los trabajadores intoxicados previamente por organofosforados y entre los trabajadores expuestos a DDT para el control de vectores; se han identificado también problemas respiratorios por la exposición a Paraquat, aumento del cáncer de piel en los trabajadores de las plantaciones de banano e infertilidad entre las trabajadoras expuestas a dibromocloropropano en los años setenta, así como, efectos genotóxicos en este mismo grupo de trabajadores. Muchos estudios han medido la exposición química (plomo, plaguicidas y solventes orgánicos) en diferentes grupos de trabajadores así como la carga física entre las trabajadoras de las plantaciones de banano. Actualmente en Nicaragua, un programa de investigación esta valorando el mercado laboral en relación con los problemas del desempleo y la salud mental. A pesar de todo, la frecuencia e impacto de la mayor parte de los riesgos en el trabajo siguen siendo inexplorados.

3 Datos del INS para 2004 4 Datos del IPSS para 1998 reportados en 2001 5 Datos del INSS para 2004

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Participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo El trabajo seguro es un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico. La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, es una estrategia importante, no solo para garantizar el bienestar de los trabajadores, sino también para contribuir a la productividad de la empresa. Hoy en día, los avances tecnológicos y las fuertes presiones competitivas han aportado cambios rápidos en las condiciones de trabajo, los procesos y la organización del trabajo. La legislación es esencial, pero insuficiente por sí sola para abordar estos cambios o seguir el ritmo de los nuevos peligros y riesgos. Hoy más que nunca, las empresas y las organizaciones también deben ser capaces de afrontar los continuos retos de la seguridad y la salud en el trabajo y desarrollar respuestas efectivas en forma de estrategias de gestión dinámicas. La participación de los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones en los Comités o Comisiones Nacionales de Salud Ocupacional, sin lugar a dudas constituyen uno de los principales espacios democráticos, en los cuales los diferentes actores sociales interesados de cada uno de los países, tienen la oportunidad de contribuir y opinar sobre las decisiones que se deben tomar en materia de políticas públicas, programas, proyectos y planes para fomentar y fortalecer la salud de los trabajadores y prevenir o evitar los peligros y riesgos en el trabajo. Asimismo, en todos los países se ha reglamentado la conformación de comités o comisiones bipartitas en el ámbito de las empresas, en donde empleadores y trabajadores tienen la oportunidad de diálogo y participación para la toma de decisiones en materia de políticas y acciones que se llevan a cabo en las empresas. Estos comités son relevantes en la medida que operen, pues en el papel su registro es importante, pero en la práctica su operación y efectividad es cuestionable. La mayoría de las empresas no cuentan con sistemas de gestión de salud ocupacional y un funcionamiento eficaz de las comisiones bipartitas de salud ocupacional. Entre los interlocutores sociales, aún no hay conciencia sobre su rol en la prevención de riesgos laborales, a pesar de la demanda internacional de buenas prácticas en SST a través de acuerdos laborales y sistemas de certificación internacionales. No existe una política nacional, ni por sector en la materia, que permita orientar estrategias de apoyo a las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones sea a nivel nacional que internacional en materia de buenas practicas en SST. Los sindicatos pueden constituir canales eficaces de comunicación e información a través de su participación en las medidas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas y en consecuencia pueden contribuir al aumento de la productividad que sirven a los intereses tanto de trabajadores como empleadores. Sin embargo, en muchos casos solamente una pequeña proporción de la fuerza laboral (formal) está organizada en sindicatos. Por este y otros motivos, incluidos los elevados niveles de desempleo u subempleo que se mencionaron anteriormente, los sindicatos no han podido tener la misma repercusión positiva en el mejoramiento de las condiciones de trabajo en la región que han tenido sus homólogos en países de ingresos mas altos. Una función constructiva como esta requiere sindicatos que asuman la responsabilidad de proteger la salud y la vida como una prioridad ante sus miembros por medio de procesos eficaces y democráticos de participación y negociación, lo cual incluye el reconocimiento y compromiso del sector empresarial para participar en un espacio de dialogo laboral. Se requiere del dialogo social y la consulta entre las partes involucradas. La política nacional debe ser formulada a través del consenso tripartito de empleadores, trabajadores y otros actores sociales. Su puesta en práctica y revisión, y la implementación de las medidas a nivel de la empresa también deben hacerse a través de la acción tripartita. Los empleadores, los trabajadores y las autoridades competentes tienen deberes y responsabilidades en materia de seguridad y salud

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en el trabajo. Los empleadores deben proporcionar un ambiente sano y seguro a sus trabajadores, Esto implica la definición de una política, dar acceso a la información y la formación, establecer medidas de prevención y control de peligros y riesgos y seleccionar tecnología y practicas laborales que sean seguras y sanas. El empleador tiene la obligación de cumplir con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el deber de organizar las medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo a nivel de la empresa. La puesta en práctica de un sistema de gestión de la SST ofrece un enfoque útil para cumplir este cometido. El efecto positivo resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en el nivel de la empresa tanto respecto a la reducción de los peligros y los riesgos como a la productividad, es ahora reconocido por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Estos son una herramienta inestimable para los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, para las instituciones nacionales y para todos aquellos que de una forma u otra velan por que los lugares de trabajo sean no sólo seguros sino también saludables. Entre los derechos de los trabajadores esta el derecho a la información sobre los peligros a que están expuestos y la manera de protegerse de ellos, el derecho a interrumpir su labor si se encuentra en una situación de peligro grave e inminente para su salud, su seguridad o su vida. Estos derechos están acompañados de responsabilidades. Los trabajadores deben cumplir con los procedimientos de seguridad y proteger su salud y las de sus compañeros. Así como, informar a su supervisor inmediato de la existencia de un peligro grave e inminente. Deben también participar en la definición de la política de la empresa y en la elaboración e implementación de los programas preventivos a nivel de la empresa a través de su participación en las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Las responsabilidades de los empleadores, las autoridades competentes y los trabajadores deben ser vistas como complementarias y mutuamente favorecedoras para el cumplimiento en el contexto de la legislación y la practica nacionales, a través del dialogo social, la concertación y la acción conjunta. Negociación colectiva y seguridad y salud Existen muy pocos estudios que analicen las cláusulas de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran en los contratos colectivos de trabajo. Ninguno en América Latina. Sin embargo se pueden notar dos tendencias sobre todo en la Unión Europea: La importancia cuantitativa de las cláusulas de salud laboral en los convenios está en constante aumento desde hace unos años a diferencia del pasado donde estaban casi ausentes. Pese a esta mayor presencia cuantitativa, la aportación cualitativa de la negociación colectiva a la regulación legal de la tutela de la salud de los trabajadores sigue siendo pobre. En el caso de la región la situación es aun más deficiente. Pocos convenios colectivos hacen referencia a disposiciones de seguridad y salud y en muchas ocasiones lo hacen de manera fragmentaria, irregular y con disposiciones mínimas o haciendo una referencia general al cumplimiento de las disposiciones de los reglamentos de seguridad e higiene. En muchos casos las disposiciones están presentadas en un lenguaje en el que plantean la sanción al trabajador por incumplimiento más que la protección de sus derechos y su salud. Los temas que se incluyen con mayor frecuencia en los convenios colectivos son: primeros auxilios y traslado en caso de emergencias, botiquines de primeros auxilios, representantes de seguridad e higiene y comisiones de seguridad e higiene, orden y limpieza, examen médico, obligación de los trabajadores de cumplir con las medidas de seguridad y salud, equipo de protección personal, compensación por accidente y enfermedad, prevención de incendios. En contadas ocasiones se hace referencia a la

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participación de los trabajadores en la implementación de las medidas. Empresas pequeñas y medianas Aproximadamente un cuarto de la fuerza laboral de la región que trabaja en el sector formal está empleada por pequeñas empresas de 6 a 20 trabajadores. La existencia de costos fijos y economías de escala en la reducción de peligros ocupacionales implica que por lo general, cuanto más pequeña es la industria, más alta es la tasa de lesiones y enfermedades del trabajo. El alto recambio de personal que experimentan estas empresas también constituye un desincentivo a la inversión en capacitación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por último, con frecuencia los propietarios y gerentes de empresas pequeñas y medianas carecen del conocimiento técnico y la capacitación para elaborar e implantar medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. La economía informal El hecho de que las actividades económicas informales sean prevalentes en sectores que son particularmente peligrosos, como los de construcción, agricultura y minería de pequeña escala, se complica además por la ausencia de mecanismos de seguros, normas jurídicas, reglamentación y monitoreo de las condiciones de trabajo, que por definición caracterizan a la fuera laboral informal. Además, los trabajadores del sector informal tienden a ser los menos instruidos e informados con lo cual se aumenta su vulnerabilidad a los peligros y riesgos en el trabajo. Por último, las poblaciones particularmente vulnerables, como los niños y los ancianos, están empleados en forma desproporcionada en actividades informales. Competencias técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo En la región, existe un déficit de profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y los servicios de salud son insuficientes para enfrentar estos retos. Se requiere la formación de recursos humanos en SST y la incorporación de nuevos conocimientos para mejorar la prevención, el diagnostico y el tratamiento. Se necesitan mejores métodos de evaluación, investigación y prevención en SST. El sector educativo de la región ha iniciado esfuerzos para la formación de los recursos humanos en las áreas de la salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, se percibe débil frente a las responsabilidades de formación en este campo. En todos los países, se considera urgente la necesidad de capacitar y formar a los diferentes actores sociales involucrados, trabajadores, técnicos, profesionales y los mandos técnicos y políticos del Gobierno, particularmente frente a los retos de la globalización. En términos del fortalecimiento institucional, existe la necesidad manifiesta de fortalecer mediante capacitación de profesionales en área general de salud ocupacional y con especificidad en las áreas de medicina del trabajo, seguridad ocupacional e higiene industrial. La infraestructura que existe para brindar servicios de higiene y seguridad en el trabajo, se circunscribe a los que tienen los Institutos de Seguridad Social y los Ministerios de Trabajo. Recientemente se han organizado en los países de la región sociedades o asociaciones de profesionales interesados en el desarrollo de la salud y seguridad en el trabajo. Tienen excelentes propuestas para el fortalecimiento de los recursos humanos, básicamente mediante estrategias de educación formal y educación continuada de los profesionales, pero sus intervenciones tienen alcance limitado frente a las decisiones políticas públicas. Responsabilidad Social Empresarial y el Pacto Mundial A partir de los años 70’s se desplegaron esfuerzos para establecer instrumentos internacionales destinados a reglamentar la conducta de las empresas multinacionales y fijar las condiciones que deben regir las relaciones de dichas empresas con los países huéspedes, sobre todo en los países en

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desarrollo. Las empresas multinacionales ofrecen salarios, prestaciones y condiciones de trabajo considerablemente superiores a los de las empresas nacionales en los países en desarrollo, y tiene por lo tanto la responsabilidad de promover esas normas elevadas en la práctica local. En años recientes, algunas empresas multinacionales, han asumido dicha responsabilidad con respecto a sus proveedores y esta podría alcanzar un ámbito de influencia más significativo si se aumentaran sus vínculos con empresas nacionales. A comienzos de los años noventa, las empresas dedicadas a la comercialización o manufactura de artículos de marca fabricados internacionalmente a través de subcontratación, comenzaron a elaborar y adoptar códigos de conducta sobre las prácticas laborales que debían aplicarse a sus subcontratistas y proveedores. Esos códigos de prácticas laborales internacionales, adoptados por las empresas de manera unilateral, son los nuevos códigos de conducta. Debido a que Centroamérica representa una región con tradición de incumplimiento de los derechos laborales, ha habido una proliferación de códigos de conducta sobre todo en los sectores orientados a la exportación como es el caso de la maquila y la agricultura. Al inicio, las empresas que adoptaban los nuevos códigos lo hacían respondiendo a publicidad negativa generada por informes de condiciones de trabajo peligrosas, horarios inhumanos, salarios de hambre, brutalidad y gran difusión de la utilización del trabajo infantil sobre todo en la producción de ropa, calzado, juguetes y otras actividades en la manufactura y en la producción agrícola. Los primeros códigos sectoriales raramente fueron más allá de comprometerse a no utilizar trabajo infantil y de respetar la legislación nacional y las empresas que los adoptaban parecían tener pocas intenciones de hacer algo con respecto a los que fundamentalmente eran promesas al público. Hoy en día la existencia de códigos de conducta empresariales puede indicar cierto sentido de responsabilidad empresarial o puede meramente ser resultante de la vulnerabilidad a la presión pública. Sea cual fuere el tipo de código, puede ser útil para cambiar las relaciones laborales en las empresas al favorecer un diálogo entre empleadores y trabajadores. En ciertas oportunidades, esos códigos pueden ser parte de esfuerzos más amplios para hacer que las empresas acepten algunas de las responsabilidades de la globalización para humanizarla. Muchos de los códigos actuales reflejan las normas internacionales de OIT y cada vez más las empresas se ven obligadas a incluir sistemas de verificación independiente de sus códigos. No obstante, la vasta mayoría de los denominados códigos no han sido elaborados sobre la base de las norma internacionales del trabajo. La escasa investigación realizada hasta la fecha sugiere que dichos códigos no han producido grandes cambios en las prácticas laborales. Sin embargo, los códigos se han convertido en una parte importante de debates más amplios sobre la responsabilidad social empresarial y a la globalización. Muchas ONG procuran que se establezcan nuevos códigos y atraen el interés de las empresas y de grupos industriales, gobiernos, organizaciones internacionales y académicos. Han generado toda una nueva industria de asesores y de organismos que brindan servicios de “certificación de responsabilidad social” a las empresas. Los códigos de conducta no reemplazan la legislación ni su eficaz aplicación. No obstante, los códigos de conducta empresariales que promueven el conocimiento y la comprensión de las normas laborales internacionales, promueven indirectamente la responsabilidad gubernamental e inclusive se los puede utilizar para promover un marco internacional para toda actividad que incluya el respeto de los derechos de los trabajadores/as. Esos efectos benéficos sólo serán posibles en el caso de códigos de conducta basados en normas internacionales. No es difícil transponer los Convenios de la OIT a obligaciones para las empresas basados en principios universales. Las empresas que buscan definir sus responsabilidades sociales casi siempre ponen énfasis en respetar los valores de la comunidad. En el caso de las empresas internacionales esto

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implicaría respetar las normas de la comunidad internacional. La OIT es la organización que la comunidad internacional estableció a fin de fijar normas internacionales de trabajo. A nivel internacional, existen dos grandes códigos de conducta que las empresas internacionales, los gobiernos y los sindicatos se han comprometido a respaldar: la Declaración Tripartita de la OIT Relativa a los Principios Concernientes a Empresas Multinacionales y Política Social6 y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, revisadas en junio de 2000. Ambos documentos abarcan toda una gama de cuestiones, que incluyen relaciones laborales, salud y seguridad y medio ambiente. La Declaración de la OIT, aborda los compromisos de las empresas multinacionales (EMN), las organizaciones de trabajadores y de empleadores y los gobiernos en áreas tales como la política de desarrollo, los derechos en el trabajo, el empleo, la formación, los, salarios, las prestaciones y las condiciones de trabajo, la seguridad y la higiene, la edad mínima para el empleo, la negociación colectiva y las relaciones de trabajo. La observancia de estas directrices voluntarias amplía las contribuciones que las partes pueden aportar, individual y colectivamente, a los objetivos generales de avance en los progresos económicos y sociales. El Pacto Mundial El Pacto Mundial es también parte del debate sobre la Responsabilidad Social Empresarial, si bien no es en sí mismo un instrumento regulatorio ni un código de conducta. Es una plataforma basada en valores destinada a promover el conocimiento institucional y el diálogo social. Al tiempo que promueve las buenas prácticas por parte de las empresas, no las refrenda. El Pacto Global implica a todos los actores pertinentes, con una fuerte participación del sector empresarial internacional y el movimiento sindical internacional desde el comienzo. Se pide a las empresas que respalden nueve principios básicos, dimanados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la Cumbre Social de Copenhague de 1995, así como, de la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la denominada Cumbre de la Tierra). Esos nueve principios son: Derechos Humanos: 1. Respaldar y respetar la protección de los derechos humanos internacionales dentro de su esfera de influencia; y 2. Asegurarse de que sus propias empresas no se hagan cómplices de abusos contra los Derechos humanos. Normas laborales: 3. Libertad sindical y efectivo reconocimiento del derecho de negociación colectiva; 4. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 5. Abolición efectiva del trabajo infantil; y 6. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Medio ambiente 7. Respaldar un enfoque precavido con respecto a los cambios del medio ambiente; 8. Emprender iniciativas para promover mayor responsabilidad en materia de medio ambiente. 9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías favorables al medio ambiente.

6 Para mas información sobre la declaración, su origen, su aplicación y la resolución de conflictos sobre esta ver: www.ilo.org/multi

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CAFTA, el TLC con Canadá, y otros procesos de integración económica. Recientemente ha sido finalizado el proceso de elaboración del tratado de libre comercio entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en inglés), estando en proceso su validación por el poder legislativo de cada país. Los mecanismos de integración económica están haciendo redefinir la actuación de las Administraciones del Trabajo. La existencia de SICA, Tratados de Libre Comercio con Canadá y EE.UU. y, sobre todo, la prevista creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tienen una clara connotación socio-laboral, a la que hay que añadir el proceso económico que el istmo centroamericano ha iniciado con la Unión Europea a partir del 2004. Los Ministros de Trabajo de la Subregión así lo han entendido al comprometerse —en la XII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA— a desarrollar y poner en práctica un Plan de Acción basado en la Declaración y Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, ya que comparten la responsabilidad de crear un contexto adecuado para la mejora de las condiciones de trabajo en particular con respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo y la creación de un Área de Libre Comercio. Los instrumentos de integración contienen expresas referencias al respeto y desarrollo de los derechos fundamentales del trabajo, recogidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT de 1998 e incorporados en la Agenda del Grupo de Trabajo II (Desarrollo de la Capacidad de los Ministerios de Trabajo) surgido en la XII CIMT que ha dado cumplimiento a la mencionada Declaración. En los procesos de integración económica y en los organismos de integración política regional (OEA) se ha reconocido la importancia de una mayor observancia y promoción de los derechos de los trabajadores, la mejora del empleo, salarios, condiciones de trabajo, seguridad social y una Administración profesional e independiente. Se define entonces un ámbito social en el proceso de integración que compete prioritariamente a los Ministerios del Trabajo y que requerirá cambios en la propia Administración Laboral, que en este momento concentra todas las competencias que en materia socio-laboral y de seguridad social que tienen atribuidas los distintos Estados de la Subregión. Para abordar este reto se precisa de Administraciones del Trabajo eficientes, al servicio de la sociedad, capaces de diseñar y ejecutar las políticas que en cada momento decidan los responsables de dichos Ministerios y capaces técnicamente para liderar un proceso de respeto a las condiciones laborales de los trabajadores, además de contribuir a la erradicación de la pobreza a través de la creación de oportunidades de empleo que mejoren los salarios, ingresos y condiciones de trabajo.7 Por lo tanto, la firma de estos TLC supone una oportunidad política para avanzar también en el sentido establecido por los Convenios prioritarios (81, 129, 144, 150 y 155) de la OIT, potenciando la acción preventiva de la inspección del trabajo, dotándole de un marco normativo y competencial y, estructuras, procedimientos y personal capacitado. Así como, proporcionando a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las empresas con las herramientas para participar en la responsabilidad compartida de promover una cultura preventiva y un medio ambiente de trabajo sano y seguro. VIH/SIDA en el Mundo del Trabajo Aproximadamente el 80% de las personas que viven con el VIH en los países de la subregión, se encuentran entre los 15 y 49 años de edad, de la población económicamente activa.

7 Declaración de Principios para la creación del ALCA.

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De acuerdo al más reciente informe de ONUSIDA (2004), Haití, Honduras, Republica Dominicana y Guatemala son los países de la subregión que presentan las tasas de prevalencia en adultos de 15 a 49 años más elevadas. Estas son superiores al 1,0%, lo cual significa que dichos países enfrentan una epidemia generalizado8. De acuerdo a ONUSIDA, las prevalencias más bajas de otros países encubren graves epidemias localizadas. País

Costa Rica El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana

Prevalencia adultos 15-49 2001 0.6 0.6 1.1 5.5 1.6 0.2 0.7 1.8

Prevalencia adultos 15-49 2003 0.6 0.7 1.1 5.6 1.8 0.2 0.9 1.7

Los indicadores sobre la situación del VIH/SIDA en Centroamérica, Haití, Republica Dominicana y Panamá nos muestran que el número total estimado de personas (adultos/as y niños/as) que vivían con el VIH/SIDA en dichos países a finales de 2003 era de 454.300; concentrándose el mayor número de personas afectadas en Haití, Republica Dominicana, Guatemala y Honduras. Como ha pasado en otras partes del mundo, se ha venido cambiando significativamente la relación de hombres / mujeres infectados en la mayoría de los países, aunque en este momento todavía los hombres infectados superan a las mujeres, con excepción de Haití y Honduras. Es preocupante que la población joven se está infectando a un ritmo acelerado. Tomando como base los 8 países de la región, el resto de Latinoamérica y el Caribe, con una prevalencia mayor del 1% (incluyendo Haití, Honduras y Republica Dominicana), la OIT estima que para el período 1992-2002 hubo una pérdida anual de crecimiento promedio del PIB, atribuible al VIH/ SIDA, de un 0.5%. Esta perdida en crecimiento puede parecer bajo, sin embargo su efecto acumulativo sobre 15 años, reduciría el crecimiento económico en un 7.5% comparado con la situación en ausencia de la epidemia. Impacto sobre la población y la fuerza laboral Debido a la dinámica de la epidemia, se están cambiando estructuras demográficas, lo que a su vez se ve reflejado en las proyecciones para la fuerza laboral. En Haití el número de participantes en la fuerza laboral para el año 2015 será de un 12.3% menor de lo que hubiera sido en ausencia del VIH/SIDA: En los países en América Latina con una prevalencia mayor del 1%, la pérdida de fuerza laboral a causa del VIH/SIDA (y en ausencia de tratamiento) será de un 1.9% para el año 2015. El VIH/SIDA tiene un impacto sobre la oferta de capital humano, particularmente porque se están perdiendo trabajadores con experiencia, en lo cual los países y las empresas han invertido importantes recursos de educación y capacitación. Habrá un efecto sobre el crecimiento poblacional y se deben prever implicaciones para la relación de dependencia, lo cual afectará esquemas de seguridad social y la transferencia de conocimiento y habilidades para la vida de una 8 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define una epidemia concentrada cuando la prevalencia es menor del 1% de la población en general, y mayor del 5% en al menos una sub-población definida. Una epidemia generalizada se caracteriza por una prevalencia del VIH consistentemente encima del 1%.

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generación a otra. Reemplazar a trabajadores, aunque no tengan formación, genera costos. A nivel de empresas, incapacidad y muerte relacionada con SIDA, reducen la productividad y aumentan los costos. Empresas reportan aumento en ausentismo, en reposición de personal, en costos de reclutamiento, capacitación y costos relacionados con los regimenes de enfermedad y maternidad de la seguridad social. En general se ha ignorado el impacto acumulativo del VIH/SIDA sobre empresas, organizaciones e instituciones, ante la pérdida de transferencia de información, experiencia, memoria institucional. En los países más afectados los sectores públicos, particularmente salud y educación, han sufrido más. Hay que destacar, aquellos países donde hay números considerables de niños que se están quedando huérfanos a causa del VIH/SIDA, como es el caso de Haití y Guatemala. Las mujeres se ven más adversamente afectados por la epidemia, no solamente porque son las que se están infectando en un ritmo más acelerado, sino también porque han sido las que se han encargado en cuidar a los enfermos y a los niños y niñas que quedan huérfanos. Categorías de trabajadores con mayor riesgo ocupacional En ciertas situaciones laborales el riesgo de infección por VIH es mayor. Cabe citar por ejemplo todo trabajo que implica como parte de los riesgos ocupacionales el contacto con sangre humana, productos sanguíneos y otros líquidos corporales, como es el caso del personal de salud, los bomberos o la policía. En estos casos se requiere de medidas de prevención y protección especiales. La muerte de los trabajadores hoy y la reducción de oportunidades para los trabajadores mañana empobrecen la reserva de capital humano y la capacidad de las naciones tanto para lidiar con el SIDA como para superarlo. Desde el punto de vista de las políticas de empleo, se deben mirar a los factores que influyen sobre la oferta y demanda para el empleo en el tiempo, y saber cómo los mercados de trabajo serán afectados por la epidemia y como impacta en la generación productiva y de empleo. El desafío más grande es demostrar el impacto del VIH/SIDA en el ámbito laboral y convencer sobre la necesidad de tomar el factor VIH/SIDA como un factor sensible para los mercados de empleo así como para los sistemas de seguridad y salud de los países, y promover el establecimiento de políticas y programas de no-discriminación, prevención y atención del VIH/SIDA en lugares de trabajo. Genero Las mujeres en esta región representan casi el 50% de la PEA. Aun cuando participan en ocupaciones en las que antes no había mujeres, sigue existiendo una gran segregación ocupacional por género y se sigue subestimando su contribución a la economía. Las mujeres se concentran en las siguientes ocupaciones: sector servicios, sector salud, sector educación, agricultura, industria (micro-electrónica, alimentaría, textil y del cuero, química y farmacéutica), maquila, sector informal.La mayoría se encuentran en los trabajos con ingresos medios inferiores al de los hombres y en los más precarios. En el sector informal realizan las tareas que nadie mas quiere hacer. Las mujeres trabajan en promedio de 1 a 4 horas mas al día que un hombre y ejercen múltiples roles además de las largas horas de trabajo asalariado en muchos casos en la maquila, en régimen de subcontratación o trabajo a domicilio y mayor carga de trabajo en el hogar. Ya que además se ocupan de los menores, de los ancianos y de los enfermos. Todos estos factores vana incidir sobre su salud provocando estrés, fatiga crónica, envejecimiento prematuro, trastornos psicosomáticos y de salud mental, así como un Incremento de enfermedades relacionadas con el trabajo. Debido a sus roles múltiples las mujeres tienen necesidades especiales con respecto a su nutrición, estilo de vida y salud reproductiva. Además las mujeres enfrentan riesgos especiales en el trabajo. Estos están relacionados con la poca atención que se presta a los aspectos sociales y ambientales del proceso de salud enfermedad en la mujer, sea desde el punto de vista de la medicina tradicional que de la prevención en los lugares del trabajo. Hasta ahora la respuesta diferenciada de las mujeres a los riesgos a la salud se ha asociado al tipo de ocupación y tareas que ejecutan, así como a los múltiples roles que tiene en la sociedad

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mas que a diferencias biológicas entre los sexos. Entre otros factores, se pueden mencionar los siguientes: a) los estándares de salud y seguridad en el trabajo y los límites de exposición a agentes y sustancias peligrosas se establecen en poblaciones masculinas y a través de estudios de laboratorio; b) el equipo de protección personal esta diseñado para poblaciones masculinas y en su mayoría anglosajonas; c)los estudios epidemiológicos se concentran en las diferencias fisiológicas de los sistemas reproductivos o en diferencias psicológicas preconcebidas entre hombres y mujeres; d) se considera la variabilidad humana individual mas que las diferencias biológicas entre los sexos. La información de que se dispone sobre la región hace pensar en que las mujeres parecen verse ante menos riesgos físicos pero más riesgos psico-sociales y de salud mental en el trabajo. Los datos provenientes por ejemplo de México, señalan que las mejoras recientes en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se han concentrado en ocupaciones predominantemente masculinas por ser las más peligrosas. Cuando están embarazadas, las mujeres se enfrentan ante el problema adicional que los peligros para la salud también pueden afectar al bienestar del bebé. Las pruebas científicas muestran que en realidad el estar expuesto a peligros en el trabajo, como plaguicidas y otras sustancias químicas, puede afectar al feto y llevar a tasas más elevadas de mortalidad o a malformaciones congénitas. Los problemas ergonómicos también se han relacionado con abortos espontáneos, bajo peso al nacer y nacimientos prematuros. Además, la índole repetitiva de muchas tareas asignadas a la mujer en fábricas y oficinas ha llevado a un aumento de la cantidad de trastornos músculoesqueléticos. Si bien la mayoría de los países de la región cuentan con leyes integrales de protección de la maternidad, dichas medidas sólo llegan a la pequeña proporción de mujeres trabajadoras afiliadas a los sistemas de seguridad social. Reflexiones finales Las nuevas tendencias que se perfilan al inicio del siglo 21 han mostrado que un buen ambiente de trabajo no solo debe ser sano y seguro sino que debe contribuir a mejorar la calidad de las relaciones laborales y la productividad. Sin embargo, muchas de las empresas de los países de la región persiguen cumplir con dichas normas solo para tener mayor competitividad en los mercados internacionales. Los sistemas de control, las normas nacionales y regionales no están tan avanzadas como las de los países desarrollados, y sobre todo aún no existe una mentalidad empresarial de inversión a largo plazo. Se requiere una mayor conciencia respecto de la importancia de la salud y seguridad en el trabajo, y un firme compromiso político para la aplicación efectiva de sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo. Los esfuerzos por solucionar los problemas en materia de SST, tanto a nivel internacional como nacional, suelen ser dispersos y fragmentados y, por lo tanto, no poseen la coherencia necesaria para producir un impacto real. Por consiguiente, se debe otorgar mayor prioridad a la SST a nivel internacional, nacional y empresarial, y hacer participar a todos los interlocutores sociales en el establecimiento y mantenimiento de mecanismos para la mejora continua de los sistemas nacionales de salud y seguridad en el trabajo. La prevención comienza con el compromiso de situar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores en el centro de las políticas nacionales en todos los niveles. Este es el punto de partida de las medidas que han de tomarse para reducir el riesgo de accidentes y enfermedades del trabajo. Se requiere de una nueva cultura preventiva dentro del nuevo contexto social, político y económico. Entre las nuevas prioridades deberían incluirse, el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la participación de los trabajadores en la implantación de sistemas de gestión de la prevención integrada a nivel de las empresas. Se trata de una responsabilidad compartida. Si bien el empleador tiene la obligación por ley y la responsabilidad moral de proteger la salud y la vida de las personas que trabajan para él o ella, y la autoridad competente la

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de vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones, mientras los trabajadores mismos no consideren una prioridad la protección de su salud y su vida, no será posible reducir los grandes costos humanos y materiales que provocan los accidentes y enfermedades del trabajo en los trabajadores de nuestra Región. Para desarrollar una respuesta apropiada, se debería tener en cuenta el acervo de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo con el fin de crear y mantener un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Además de las medidas tradicionales para prevenir y controlar los peligros y riesgos, se deben desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones tanto para los peligros y riesgos bien conocidos, (tales como los relacionados con sustancias peligrosas, máquinas y herramientas y operaciones manuales), como para los nuevos riesgos que están surgiendo, (entre ellos los provocados por las nuevas biotecnologías, los factores psico-sociales y los trastornos del aparato locomotor). Estas medidas contribuyen a su vez a aumentar la calidad, productividad y competitividad cuando se invierte en prevenir los accidentes y enfermedades identificando no solo los costos directos sino también los indirectos. El éxito en la implementación de buenas prácticas laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, depende de de la voluntad y la colaboración de todos los involucrados: los empleadores, los trabajadores y las autoridades competentes. Los trabajadores sanos tienen más posibilidades de estar motivados, de tener más satisfacción en el trabajo y de contribuir positivamente a productos y servicios de mayor calidad. Todo esto contribuye a una mayor calida de vida de los individuos y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son prerrequisitos para la productividad y el desarrollo sustentable. La promoción de la seguridad y la salud en el trabajo para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, es una estrategia importante, no solo para garantizar el bienestar de los trabajadores, sino también para contribuir a la productividad de la empresa y de la sociedad en su conjunto 2. Desafíos en materia de Protección Social: Salud y seguridad en el trabajo: Propuestas de Políticas para los países de la subregión en materia de seguridad y salud en el trabajo En el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la creación de competencias adecuadas en los países de la región para elaborar, poner en práctica y difundir conocimientos que atiendan las necesidades de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores constituye una condición previa para la definición de prioridades esenciales, el establecimiento de políticas nacionales y la preparación de estrategias coherentes y pertinentes para ejecutar programas nacionales. Para que la promoción de una Política Nacional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo sea eficaz, y se asignen los recursos necesarios para su implementación, es necesario que esta se incorpore en los Planes de Desarrollo Nacional y las políticas de empleo de cada país. Existen condicionantes estructurales en los países de la región que deben ser abordadas de manera integral para que esto sea posible. Entre estos cabe destacar las repercusiones que se dan en el mercado laboral, los derechos de los trabajadores, la economía informal, las industrias de alto riesgo, la pequeña y mediana empresa, la relación entre salud y seguridad en trabajo y productividad frente al comercio internacional y la promoción de buenas practicas y normas laborales, la organización institucional, las implicaciones de género y los nuevos desafíos que implica la globalización. Se requiere además de la adopción de algunas medidas específicas para su implementación: 1. Se requiere una actualización de la legislación en la materia, asegurando la coherencia y complementariedad que debe existir entre las normativas recientemente emitidas por las diversas instituciones responsables de la salud y seguridad en el trabajo en cada país. En

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varios países se requiere la actualización/elaboración de un reglamento general de higiene y seguridad en el trabajo, pero sobre todo se requiere de la aplicación de dicha legislación. Por ese motivo son necesarias directrices técnicas para el cumplimiento de la legislación por parte de empresarios y para orientar a los trabajadores sobre sus derechos y deberes. 2.

La legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ser puesta en practica y su aplicación supervisada por el sistema de inspección en el trabajo. La legislación en materia debe ser formulada y actualizada a la luz de los avances técnicos y científicos. La legislación, normativa, directrices y códigos de prácticas unidos a los servicios de inspección, que son los responsables de vigilar que las empresas cumplan con la normativa vigente, son piezas clave para garantizar el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo y la protección de los trabajadores. La legislación en materia de seguridad y salud establece los estándares mínimos para ser aplicados de forma obligatoria por los empleadores, las autoridades competentes y los trabajadores. Las autoridades competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, son los principales responsables de la actualización de la legislación, de la adopción de una política nacional y de la puesta en práctica de las medidas para prevenir accidentes y enfermedades del trabajo y promover la salud de los trabajadores.

3. El Ministerio del Trabajo y las entidades concernidas deben comprometerse a consolidar las funciones y el alcance de sus acciones a través de los Consejos Nacionales de Seguridad y Salud Ocupacional, las comisiones interinstitucionales y otros mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial relevantes a nivel nacional. Con este propósito, es necesaria una clara definición de los roles y responsabilidades de entre las instituciones y actores participantes respecto al cumplimiento de las disposiciones en la materia, la consolidación de las competencias de cada una de dichas instituciones, la participación activa de las organizaciones de empleadores y trabajadores en su seno. Se requiere de un sistema adecuado de inspección del trabajo que supervise el cumplimiento de la legislación en SST. Para esto es necesario el aumento de las capacidades de los sistemas de control e inspección y la aplicación de esas capacidades en la supervisión pero también en la prestación de asesoramiento técnico y asistencia en materia de SST. 4. Se debe establecer una política de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, a nivel de sector y de la empresa. Una política nacional permite definir las prioridades, la orientación y las acciones a llevar a cabo a nivel nacional y por sector, para garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros y condiciones de trabajo adecuadas. Todos los actores sociales implicados deben conocerlas. La política nacional debe ser consistente con los objetivos de las políticas de desarrollo nacional. Las medidas tomadas por las diversas autoridades competentes deben ser coordinadas. Por lo que se requiere del establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional en donde se definan roles y responsabilidades de cada institución y sector representado (por ejemplo: consejos nacionales de salud ocupacional, comisiones interinstitucionales de salud y seguridad en el trabajo) Se requiere de la asignación de recursos para que la aplicación de la política sea eficaz. Por lo tanto esta deberá incluir un plan para la movilización de los recursos necesarios tanto institucionales como financieros. Esta deberá ser revisada a la luz de los avances científicos y tecnológicos. La política nacional debería: identificar los principales problemas, diseñar métodos eficaces para abordarlos., formular y establecer prioridades para la acción con base en los problemas identificados a nivel nacional y por sector y evaluar los resultados obtenidos. Deberán tomarse en cuenta: la severidad y extensión de cada problema en particular, la disponibilidad de recursos y medios para la

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acción, la situación económica del país, del sector o de la empresa, los efectos del cambio tecnológico y otros factores de acuerdo con las condiciones y la practica nacionales. La política nacional debe promover y orientar la acción a nivel de la empresa. Una política a nivel de la empresa permite orientar la estrategias de cumplimento con la normativa y la política nacional en materia de seguridad y salud y contribuye a la productividad y al bienestar de todos. 5. La aplicación efectiva de una Política Nacional requiere del diseño de un Plan de Acción Estratégico Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada país. Una tarea inmediata de aquellas instancias responsables debe ser la realización de un diagnostico nacional para la evaluación de los riesgos en el trabajo en sectores prioritarios (ej: Los más peligrosos a nivel nacional) para distintas actividades y ocupaciones que permitan la definición de prioridades para la acción preventiva y protectiva. Especial atención se debe dar a incorporar en las políticas nacionales de seguridad y salud en le trabajo a los trabajadores vulnerables, tales como los trabajadores jóvenes, discapacitados y migrantes, así como de los trabajadores por cuenta propia, en particular, en la ampliación de la cobertura de la protección laboral. 6.

Se requiere del diseño y establecimiento de un sistema de información estadística unificado a nivel nacional, para el registro, notificación y elaboración de estadísticas e indicadores de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, involucrando a las instituciones pertinentes, con una metodología y criterios apropiados que permitan apoyar un proceso de diagnóstico y formulación de políticas a nivel sectorial, regional y nacional, en actividades estratégicas o de alta concentración de fuerza de trabajo. Dicho sistema de información deberá permitir generar indicadores considerando las diferencias de género, áreas urbano/rural y etnias.

7. El acceso a la información, la educación y la formación sobre los riesgos y las medidas de seguridad y salud en el trabajo son componentes esenciales de un ambiente trabajo sano y seguro. La difusión de información adecuada sobre los peligros y riesgos a los que están expuestos en los lugares de trabajo, la vigilancia del medioambiente y de la salud de los trabajadores, el establecimiento de procedimientos seguros, el cumplimiento de la legislación y de la política nacional y a nivel de la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo, son elementos esenciales para implementar buenas practicas laborales en este ámbito. 8. Se debe promover una cultura prevencionista a nivel nacional y de la empresa. Una parte medular de las buenas prácticas laborales es incorporar una cultura de la prevención como parte integral de la gestión de la empresa. El concepto de cultura de la prevención se entiende en este contexto, como un reflejo de los sistemas de valores esenciales adoptados por las empresas interesadas. En la práctica, dicha cultura se refleja en los sistemas de gestión de los riesgos del trabajo, en la gestión del personal, en los principios de participación, en las políticas de capacitación y en la calidad de la gestión de la empresa. 9. Es necesario propiciar un proceso de sensibilización creciente entre autoridades, empleadores, trabajadores y sus organizaciones, sobre la importancia de asegurar buenas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, no sólo para minimizar accidentes y enfermedades profesionales (y el costo social y humano que ello implica), sino para maximizar los resultados económicos de las empresas y mejorar sus condiciones de productividad y competitividad a nivel nacional y en las economías de la región en su conjunto; así como, para reconocer la responsabilidad social de las empresas en los

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procesos de desarrollo económico sustentable. Como parte de las estrategias de empleo, se debieran incluir estrategias destinadas a mejorar las condiciones de trabajo en las empresas, incluidas las pequeñas y micro-empresas y diseñar estrategias ad-hoc para los trabajadores de la economía informal. 10. Se deberán fortalecer las competencias nacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). entre las instituciones responsables y entre las organizaciones de empleadores y trabajadores para que puedan abordar de manera eficaz la puesta en práctica de dicha política. Se debe fomentar la creación y reactivación de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad en las empresas de los países de la región para asegurar la efectiva participación de los trabajadores y empleadores en la implementación de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades y para la protección de la salud de los trabajadores. 11. El propósito de las políticas a nivel de la empresa debe ser la prevención de las lesiones y enfermedades del trabajo y la promoción del bienestar y la salud de los trabajadores. El ambiente de trabajo debe ser diseñado y adaptado para ser sano y seguro. En términos de salud, se debe fomentar la prevención primaria en los lugares de trabajo. 12. Para el cumplimiento adecuado de las obligaciones y responsabilidades en la materia, los empleadores y trabajadores requieren de directrices técnicas y de formación adecuada, con un enfoque fundamentalmente de prevención, liderada por los Ministerios del Trabajo y los Consejo Nacionales de Salud y Seguridad Ocupacional o sus equivalentes. Para estos efectos, se debe hacer uso de todos los medios y programas de formación disponibles, involucrando a los Institutos de Formación Profesional de cada país. 13. Deben proporcionarse servicios de tratamiento, rehabilitación y compensación por riesgos del trabajo a aquellos trabajadores que sufran lesiones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. El acceso a la seguridad social debería tener un carácter universal: para toda categoría de trabajador en todos los sectores. 14. Los sistemas de seguridad social de la región que incorporan regimenes de seguros de riesgos del trabajo, deben orientarse más a prevenir accidentes y enfermedades laborales y al mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, que a labores de tratamiento y de compensación por los daños a la salud sufridos por los trabajadores, incluyendo el empleo de incentivos financieros para las empresas a través de la reducción de primas de riesgos en el trabajo con la implementación de políticas preventivas. Aquellos que aún no han separado sus regimenes de riesgos del trabajo de los regimenes de enfermedades generales deberían hacerlo para ser mas trasparentes en la administración y mas eficaces en la gestión preventiva. 15. La promoción de la salud en un elemento fundamental de la práctica de la seguridad y salud en el trabajo. Así se contribuye a los esfuerzos para garantizar la salud, física y mental y el bienestar de los trabajadores. Se reducen los costos asociados con las lesiones y enfermedades y se contribuye a la productividad. 16. Servicios de salud en el trabajo deben ser establecidos para todos los trabajadores. La política nacional debería contemplar el establecimiento progresivo de servicios de salud en el trabajo adecuados para todas las categorías de trabajadores en todos los sectores, que operen, ya sea al interno de la empresa o como servicios externos, en

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función del tamaño de la empresa y el número de trabajadores. Estos servicios tienen un carácter fundamentalmente preventivo y de promoción de la salud y en caso de un accidente o enfermedad del trabajo, son responsables de establecer un sistema de vigilancia de la salud y de monitoreo ambiental, de implementar un programa preventivo, de proporcionar los primeros auxilios y de actuar como referencia para la transferencia a tratamiento y rehabilitación del trabajador lesionado o enfermo. 17. Desarrollar iniciativas encaminadas a estrechar los vínculos entre los sistemas de atención primaria de salud y la salud en el trabajo para garantizar la prevención primaria en salud ocupacional. 18. Incorporar contenidos específicos de seguridad y salud en el trabajo, y en particular, la prevención de peligros y riesgos en los planes de estudios escolares y en los sistemas educativos en general en la educación, primaria, secundaria, universitaria y de postgrado (prevención a través de la educación), como medios eficaces de fomentar de manera permanente culturas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo sólidas y duraderas. 19. Integrar de manera explícita incitativas de lucha contra el VIH/SIDA en los lugares de trabajo, en las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, tomado en cuenta la particular vulnerabilidad de mujeres y de ciertas categorías de trabajadores ante la epidemia. Establecer medidas de prevención y protección para categorías de trabajadores que debido a sus actividades pueden estar expuestos, tales como personal de salud, bomberos, fuerzas públicas y fuerzas armadas. Incorporar estrategias de promoción de la salud en los lugares de trabajo para todos los trabajadores; promover políticas de no discriminación en el empleo para los trabajadores que viven con el VIH/SIDA. 20. Establecer estrategias para desarrollar programas y proyectos de formación que permitan a la población que vive infectada o afectada por el VIH/SIDA, la adquisición de competencias para su reinserción laboral. Teniendo en cuenta el impacto y los factores determinantes del VIH/SIDA sobre la oferta y la demanda de empleo en la región. 21. Finalmente, es preciso tener en cuenta los factores específicos de género en el contexto de la legislación, las normas técnicas, los sistemas de gestión y la práctica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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