XI Jornadas de Economía Crítica

DEUDA ECOLOGICA Y MODELO ENERGETICO: LOS CASOS DE NIGERIA Y BOLIVIA

ROSA LAGO & IÑAKI BARCENA∗ (UPV-EHU- Ekologistak Martxan)

1- INTRODUCCION: La deuda ecológica como concepto integral para avanzar hacia ese otro mundo posible. El concepto de deuda ecológica tiene su origen en los movimientos populares del Sur, en concreto en el Instituto de Ecología Política de Chile, con ocasión de la Cumbre de Río de Janeiro (1992)1 y se ha ido expandiendo geográficamente como una mancha (propuesta política ambiental) que aspira a llegar desde los movimientos sociales a los ámbitos académico, político e institucional. La deuda ecológica sería la contraída por los países industrializados, por sus empresas y sus gobiernos en primer lugar pero también por sus sociedades de consumidores, con otros países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar los ∗

Este articulo lo presentamos en nombre de dos personas pero no hubiera sido posible sin las informaciones, traducciones y escritos de Asume Osuoka (Social Action- Nigeria ), Cristina Saez y Martin Mantxo (Ekologistak Martxan). 1 Global Forum di Rio (1993) Premisa 2: “Considerando la existencia de una deuda ecológica del Norte a nivel planetario, generada esencialmente por las relaciones económicas y comerciales y de los efectos ambientales (intensificación de la erosión y de la desertificación del suelo, destrucción de las selvas tropicales, pérdida de la biodiversidad, creciente disparidad de los modelos de vida) que comportan el deterioro de la exosfera, de la que sobretodo el Norte es responsable”. Premisa 16 “Actuar para el reconocimiento de la deuda ecológica planetaria del Norte en relación al Sur” Página 1 de 31

residuos. Reflejaría lo que el llamado Norte debe al Sur por ese saqueo que, aunque originado en la época colonial, ha continuado incrementándose y presenta hoy unas características, no solo económicas sino sociales y medio ambientales, que lo hacen perfectamente objetivable, aunque su calculo monetario y su reparto en responsabilidades no sea ni nuestro objetivo político, ni facil de realizar por el largo plazo transcurrido y la multitud de agentes en lid. . Su fundamento se basa en la idea de justicia ambiental ya que si todos los habitantes del planeta tienen derecho a la misma cantidad de recursos y a la misma porción de espacio ambiental, los que usan más recursos o ocupan más espacio tienen una deuda hacia los otros. Es la deuda acumulada por los países enriquecidos del Norte hacia los países empobrecidos del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación en escala global. En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental -la atmósfera, el agua, la tierra- al depositar los residuos productivos. La deuda ecológica no es menos deuda porque no esté reflejada en contratos. Es a la vez pública y privada y también de cada uno de nosotros por nuestro consumo desorbitado pero parece más interesante dedicarse a incidir en la deuda pública, para referirnos a la responsabilidad de nuestros países y gobiernos y de la deuda adquirida por las compañías transnacionales occidentales.

En

la

pasada década se han elaborado varias definiciones de deuda ecológica, algunas nacidas en el movimiento ecologista y otras elaboradas en ámbitos universitarios. Por ejemplo, Aurora Donoso del grupo ecologista Acción Ecológica de Ecuador define la deuda ecológica como “la responsabilidad que tienen los países industrializados y sus instituciones, bancos, corporaciones políticas y económicas por la gradual apropiación y el control sobre los recursos naturales y por la destrucción del planeta causada por sus modelos de producción y consumo… Deuda que incluye la apropiación de la capacidad de absorción del planeta y de la atmósfera, contaminada por sus gases de efecto invernadero” (Foro Popular- Bali, 2002). Otros autores en busca de una definición amplia, han escrito que la Deuda Ecológica es la deuda acumulada por los países industrializados del Norte frente los países del Tercer Mundo, por el saqueo de sus recursos, el comercio injusto, el daño ambiental y la libre ocupación del espacio ambiental para depositar sus desechos. (Martinez Alier, Simms & Riijnhout, 2002). Básicamente, se distinguen cuatro componentes de la deuda ecológica: a) Deuda del Carbono. Los científicos están de acuerdo en que la acumulación de gases causados por el uso de combustibles fósiles provoca un sobrecalentamiento del planeta, con consecuencias potencialmente desastrosas, como la subida del nivel del mar, el fundido de los glaciares, el aumento de las áreas desérticas, la disminución de los rendimientos agrícolas, la perdida de especies animales y vegetales y el aumento de fenómenos meteorológicos violentos. Las causas del efecto invernadero se encuentran principalmente en el gran consumo de combustibles fósiles por parte de los países ricos. En consecuencia, los países industrializados,

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cuyo desarrollo económico y cuyo bienestar se basa en un uso muy intensivo de las fuentes energéticas responsables de la emisión de gases invernaderos, son deudores de los países del Sur. Esa parte de la Deuda Ecológica se llama Deuda del Carbono. Es la más fácil de calcular y tanto a escala mundial internacional (Dillon J., 2000) estatal (para Bélgica, ver Paredis, E. & otros , 2004) o para el caso vasco (D. Hoyos- 2004) se ha realizado interesantes cálculos. No debemos olvidar que la lógica subyacente en la base del concepto de deuda ecológica es diferente de la que inspira el Protocolo de Kyoto. De hecho Kyoto atribuye las cuotas de reducción de las emisiones partiendo del nivel de emisiones del 1990: quién más contaminaba en el 1990 tendrá más derecho a contaminar en el futuro. Al contrario, la idea de deuda ecológica implica que todos los habitantes del planeta tengan derecho a la misma cantidad de emisiones, independientemente de dónde hayan nacido, así que quien contamina más de la cuota que le compete, es deudor hacia la humanidad. b. La biopiratería Otra parte de la Deuda Ecológica deriva de la apropiación intelectual y de la utilización privada y comercial de los conocimientos ancestrales relacionados con las semillas, el uso de plantas medicinales y otros conocimientos campesinos e indígenas sobre los cuales se basan la biotecnología y la industria agrícola moderna. Se trata de la llamada biopiratería. Las características de las distintas especies de plantas y animales son el producto de una historia milenaria de interacción entre ellas, con el entorno físico y con los humanos. Las comunidades han seleccionado durante miles de años especies para usarlas como alimentos y medicinas, y mediante esa interacción han modificado las características de las especies naturales, creando variedades diferentes con propiedades que sólo algunos grupos humanos conocen. Este conocimiento es precioso para las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agrícolas, que lo utilizan para obtener pingües ingresos, aunque en la mayoría de los casos no pagan o pagan muy poco a las poblaciones locales,

los verdaderos propietarios de esos

conocimientos. Un ejemplo de biopiratería se ha producido sobre el Neem- denunciado por la ecofeminista india Vandana Shiva (2001). Este árbol se usa desde hace miles de años en India para obtener productos agroalimentarios, farmacéuticos y cosméticos. Sin embargo, los productos del Neem y el conocimiento sobre sus muchas propiedades han sido patentados por algunos investigadores y multinacionales del Norte, que obtienen de ellos muchos ingresos que no repercuten sobre las poblaciones indias. c) El tráfico de residuos Nuestro sistema industrial produce una gran cantidad de residuos, con diferentes grados de toxicidad. Tratar esos residuos es un proceso muy caro, cuyo precio depende de las normativas ambientales del país donde se lleve a cabo. Por esa razón, las empresas del Norte encuentran rentable exportar sus residuos tóxicos hacia países donde la legislación ambiental

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es menos severa: gracias a la menor exigencia de medidas de seguridad, deshacerse de los residuos les resulta más económico. Un ejemplo es el transporte de residuos eléctricos y electrónicos. En los últimos años, alrededor del 80% de los aparatos eléctricos y electrónicos recogidos en los EE.UU. para ser reciclados han sido exportados hacia China, India y Pakistán, donde se tratan en condiciones muy peligrosas para la salud humana: incineración al aire libre, creación de piscinas de ácidos, vertidos incontrolados en áreas rurales… Según un estudio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU es diez veces más económico enviar un ordenador hacia Asia para que se recicle allí que reciclarlo en los EE.UU. c.

Los pasivos ambientales

En la contabilidad de una empresa el pasivo es el conjunto de deudas y gravámenes que reducen el activo. Usado en términos ambientales, el vocablo se refiere al conjunto de daños ambientales no compensados que las empresas transfieren a la colectividad debido a las afecciones sociales, económicos o ambientales que por causa de accidentes o debido a su actividad cotidiana. Cuando una empresa causa un daño a la colectividad, la responsabilidad moral está clara, pero la responsabilidad jurídica depende enteramente del sistema legislativo. A menudo el permisivo contexto legal de los países del Sur, como veremos en los tres casos estudiados, favorece que las empresas no consideren como costes –o los consideren muy bajos- los daños ambientales que producen, así que no están muy incentivadas a reducirlos. Por eso es necesario crear una legislación internacional sobre responsabilidad ambiental, que todavía es ampliamente insuficiente. Aunque existen otros aspectos y contenidos de la deuda ecológica, como por ejemplo la perdida de soberanía alimentaria, en este artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en este último apartado referido a los pasivos ambientales creados por las actividades de las empresas, industriales o financieras, en paises exportadores de recursos energéticos (petroleo o gas) al Estado Español. El objetivo es doble. Por un lado dar luz sobre las actividades de nuestras empresas energéticas en terceros países y dar voz a las campañas y movimientos que luchan contra ellas y por otro avanzar en la reflexión tanto social como académica aquí para generar actividades políticas que hagan posible tanto un cambio de modelo energético como unas relaciones distintas con los llamados países en vías de desarrollo.

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2) NUESTRA DEUDA ECOLOGICA CON NIGERIA a) Notas sobre la explotación petrolífera en Nigeria La búsqueda de petróleo en Nigeria se remonta hasta 1913, cuando una empresa de betunes alemana realizó inspecciones sísmicas en Araromi (hoy en el estado de Ondo) en busca de petróleo crudo. Aunque no tuvo éxito, aquel esfuerzo fue fundamental en la historia del desarrollo de la energía petrolífera en Nigeria. Después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía Royal Dutch Shell, bajo el nombre Shell -D’Arcy2 pidió y consiguió el permiso por las autoridades coloniales británicas para la exploración en búsqueda de crudo en el territorio de Nigeria. El esfuerzo de la Shell fue focalizar la exploración del oeste del Delta del Níger hasta Dahomey (República de Benin), mientras Whitehall iba a explorar desde el río Akassa a la frontera entre Nigeria y Camerún. Para 1953, el esfuerzo de Shell-D’Arcy fue recompensado con el descubrimiento de una comercialmente atractiva cantidad de petróleo crudo en Oloibiri. En 1956 el Pozo de Petróleo Oloibiri 1 (hoy en el estado de Bayelsa) se convirtió en la exitosa historia de la explotación europea de gas y petróleo en Nigeria, levantando el perfil del país como productor y potencial exportador de crudo. Bajo disposiciones especiales, el Royal Dutch/Shell Group y el británico British Petroleum Group invirtieron conjuntamente en un nuevo consorcio de exploración y producción, que se dio a conocer como British Petroleum (BP). Las dos sociedades tenían la propiedad de la nueva compañía en iguales términos. Ese acuerdo fue el comienzo de una inversión masiva en el desarrollo de la energía petrolífera, dirigida a la expansión de la industria del petróleo y el gas en Nigeria. Desde los humildes comienzos del hallazgo de Oloibiri, la industria del gas y el petróleo se ha convertido en el pilar del gobierno de Nigeria. Nuevos descubrimientos de crudo a escala comercial fueron realizados después del de Oloibiri en Afam, Bomu y Eleme (Estado de Rivers) y Ugheli, Urhobo (Estado del Delta). Las multinacionales petroleras, desde principios de los 60, comenzaron a pelear por una porción de la prometedora industria, llevando a la concesión de nuevas licencias a los múltiples actores dispuestos a comprometer la inversión adecuada y a comenzar operaciones sísmicas en el país.

2

I. Okonta & O Douglas, Where vultures feast. Página 5 de 31

A principios de los 60 otras empresas petroleras a las que les fueron concedidas licencias para realizar prospecciones en la parte baja de la cuenca del delta del Níger habían expandido el horizonte de la exploración de crudo y consecuentemente la extracción de petróleo con altos rendimientos en Nigeria. TEXACO y Agip fueron las siguientes en llegar, tras Shell Petroleum BP. Hoy, unas seis grandes multinacionales están realizando prospecciones intensamente en el Delta del Níger. EMPRESAS Shell

SOCIOS

Petroleum NNPC

(55%),

Development

Shell(30%),Total

Company (SPDC)

(10%) Agip(5%).

Mobil P. Nigeria NNPC

(60%)

PRODUCCION

ACTIVIDAD

50% Nigeria

Petroleo y gas

ORIGEN Anglo-holandé

(+ 1 millón bbl/día). 600,000 bbls/diarios

Petróleo del mar.

EEUU

420.000 bbls/día.

Petroleo y gas

EEUU

145.000 bbls/día, Italia

Petroleo y gas

Italia

125.000 bbls/día

Petroleo

Francia.

Petróleo

Estados

Unlimited (ahora Exxon-Mobil Oil Exxon Mobil) Chevron

(40%).

Nigeria NNPC

Limited

(60%),

40% ChevronTexaco ,

Nigerian Agip Oil NNPC

60%,

Company

Agip

20%,

(NAOC)

Phillips 20%

Elf Petr. Nigeria NNPC Limited (EPNL)

(60%)

TotalElfFina(40 %)

Texaco

Overseas NNPC (60%) y

Petroleum

Chevron (20%).

Company

Texaco 20%

473

millones

barriles desde 1961

de

Unidos.

(TOPCON)

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La región del Delta del Níger se encuentra en la parte sur de Nigeria. Esta considerado como el tercer humedal en extensión del planeta, después del Mississipi y el Pantanal amazónico. Su área geográfica cubre alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados, y está atravesada a lo largo y ancho por riachuelos, arroyos, canales y corrientes. Los ríos Niger y Benue contibuyen al régimen de inundaciones de la región; además de las fuertes lluvias de las tierras bajas tropicales, que se suceden por un espacio de alrededor de ocho meses al año.3 El Delta del Niger representa más del 90% de los ingresos nigerianos de petróleo y gas, la principal fuente de recursos del gobierno de Nigeria. La gran riqueza del Delta del Níger, depositado como un legado natural en petróleo y gas, y habiendo sido vigorosamente explotada desde finales de los 50, no obstante, convirtió la región en un importante escenario de conflicto. Hoy en día, la violencia en el Delta el Niger se ha convertido en una compleja amenaza para el Estado nigeriano, las compañías energéticas extranjeras y las naciones como Euskal Herria, dependientes del gas y el petróleo. La represión estatal de las protestas comunitarias y las revueltas de la sociedad civil contra la injusticia emanada de la explotación irresponsable del petróleo y la distribución de la riqueza generada están en el centro de la crisis de la región del Delta del Níger. En el año 2007 milicias armadas han llevado la crisis a una nueva dimensión con docenas de trabajadores extranjeros de los pozos petrolíferos secuestrados por grupos armados. El gobierno nigeriano, principalmente compuesto por políticos corruptos e ineptos, se muestra incapaz de afrontar una situación cada vez más deteriorada, es el máximo responsable de la creciente violencia en la región. Con el paso los años, la frustración derivada de las expectativas fracasadas y el decreciente nivel de vida de las poblaciones rurales, que los habitantes locales achacan a las prospecciones petrolíferas, han llevado a la desilusión, la desviación de conductas y la hostilidad, particularmente cuando el gobierno no puede garantizar el cumplimiento de la ley, vías de reparación y justicia para los intereses agraviados. Lamentablemente, de nuevo, la respuesta política de las autoridades, en lugar de controlar esa tendencia al descontento violento en la región, la agrava, debido principalmente a sus intentos por suprimir las protestas comunitarias, como la documentada saga de los Ogoni entre 1990 y 1995. b) Proyectos de gas natural licuado en Nigeria: La conexión española Pese a todos los problemas descritos a nivel político, económico, social y ambiental en Nigeria y los graves conflictos que han originado, la principal preocupación del gobierno ha sido y es como expandir la actividad de las transnacionales gaseras y petroleras para aumentar sus beneficios. Entre los nuevos proyectos se encuentran la construcción de infraestructuras para 3

http://www.nddconline.org/The_Niger_Delta/ Página 7 de 31

transportar gas natural licuado (GNL), siendo la planta de la Isla Bonny la principal de este tipo. El gas de esta planta tiene como uno de sus destinos España. En 1995 se consiguió el acuerdo para construir la planta GNL en Finima, oeste de Isla Bonny, Estado de Rívers. Entre los accionistas se incluían: NNPC (49%), Shell (25%), Elf (15%) y Agip (10.4%). El proyecto es uno de los más ambiciosos en su campo con una inversión de 38.000 millones de dólares. Nigeria es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, y las exportaciones de crudo representan más del 95% de los ingresos del gobierno. Tratando de aumentar esos ingresos, el gobierno federal está incentivando a las empresas petroleras y de gas extranjeras para que aumenten la explotación, producción y venta. Esa es la razón del nuevo tratado sobre GNL con las españolas Gas Natural y Repsol YPF. En relación a las empresas españolas Gas NATURAL es la mayor compradora de gas licuado (GNL) de la empresa Gas Natural Licuado de Nigeria (NLNG) en Bonny con un tratado de compra de gas de 22 años, mientras Repsol YPF es un importante importador de crudo desde Nigeria. Otras empresas energéticas españolas que tienen contratos de larga duración para comprar gas a la empresa NLNG con base en Bonny, son Iberdrola y Endesa. La planta de GNLN (NLNG) está construida ( 2,21 km2) en Finima, Isla Bonny. Con 6 trenes actualmente en operación y otro propuesto. Esta planta tiene una capacidad de unos 18 millones de Tm por año de GLN y 3.4 de gas de petroleo, requiriendo alimentación de gas de 2.8bcf/d feed para la producción. El gas llega de campos que atravesando unas 110 comunidades del Delta del Níger. Consiste en: -Gaseoductos para transmisión de gas atravesando 110 comunidades - Tres tanques de almacenamiento de GNL con capacidad de 84.200 m3 cada uno - Dos tanques de de almacenamiento de condensación con capacidad de 36.000 m3 cada uno - Dos nuevos de refrigeración de Gas de Petróleo Licuado de 65.000 m3 ( propano y butano) - Ocho generadores con una capacidad total de 320 Mw. - Dos Jetties de exportación de GNL. - Un Jetty de Gas de Petróleo Licuado y de condensación - 18 barcos de GNL a los servicios de NLNG -J etty de descarga de materiales - Una zona residencial de 2.08 Km2.

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Uno de los graves problemas causados por la empresa NLNG es el gran nivel de venteo o quema de gas (gas flaring) y sus efectos. El proyecto de NLNG se presentó a la sociedad como una solución al problema del venteo y quema de gas, un proyecto ambicioso y un gran esfuerzo, para recoger todo el gas desechado y aprovecharlo de forma más positiva. Sin embargo el NGLN no sólo no ha solucionado ese problema, sino que ha provocado muchos otros problemas. La planta de NLNG comenzó a exportar gas licuado a finales de 1999 y principios del 2000. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas oficiales recopiladas en el Boletín del CBN de 2004 el venteo de gas en el Delta continúo creciendo: “En 1999, 23.192 millones de m3 fueron venteados, 25.592 in 2000, 27.890 en 2001, y 75.773 millones de m3 en el 2002, sin embargó disminuyó a 22796 millones de m3 in 2003, pero aumentó de nuevo a 24, 577 m3 en 2004”. Pero mientras el proyecto LNG fracasó en solucionar la amenaza del venteo, creó otros problemas como las afecciones a las actividades económicas de las comunidades locales, la destrucción de los ecosistemas., la contaminación del agua., la contaminación sonora y ruido, problemas de salud y el aumento de presión en los servicios y vivienda. El fraude del proyecto en la Isla de Bonny comenzó con la asignación de un contrato al consorcio TSKJ. Se pagó a altos cargos del gobierno nigeriano y del proyecto NLNG 180 millones de dólares para que intervinieran e influyeran en la asignación de ese contrato. El caso de soborno fue hecho público por las autoridades francesas probando las actividades de ELF, accionista de NLNG. Una investigación de las autoridades estadounidenses a la empresa Halliburton también indicaba que había realizado pagos con el fin de obtener la concesión del contrato de GLN y también información de una propuesta del mismo tipo por TSKJ años antes. El informe francés concluyó con la sugerencia de alejar al consorcio TSKJ y Halliburton de los nuevos contratos. Sin embargo TSKJ continuó teniendo contratos para otros trenes del proyecto NLNG.

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Pero el escándalo del soborno no fue el único. También se hizo pública la existencia de salarios por debajo del mínimo contratándolos a través de subcontratas que pagaban menos de lo prometido. Alteraban la conversión monetaria a la mano de obra extranjera para pagar menos y aunque los salarios correspondían a 10 horas al día y 26 días por mes, cuando se trabajaban más de 14 horas al día y 30 días incluidos sábados y domingos. Estas condiciones provocaron una huelga que fue contestada con represión por parte de agentes de seguridad contratados por NLNG. La primera compañía española en entrar en el NLNG fue Gas NATURAL SPG SA. Iberdrola y Endesa lo hicieron más tarde, para comprar el gas licuado. El NLNG comenzó primero un contrato con cinco empresas europeas para la venta de gas por un periodo de 22 años y medio: Gas NATURAL SDP SA (España), Enel (Italia), Botas (Turquía), Gas de France (Francia), y Transgas (Portugal). El contrato de Gas NATURAL para la compra de 1.6 bcm por año de gas licuado supuso ser el segundo mayor después del de Enel (3.5 b cm por año). Los barcos de Gas Natural salen Nigeria para terminar en la terminal de Huelva. Del tercer tren, Gas NATURAL firmó un contrato de compra de 2.7 bcm por año (de los 3.7 bcm que este tren produce). De los tres trenes, GAS NATURAL recibiría 4.3 bcm en total convirtiéndose en el mayor cliente del NLNG. Los metaneros de Gas NATURAL salen de Nigeria para llegar a la terminal de Huelva.

Iberdrola es el mayor comprador del gas de los trenes 4 y 5. El gas de estos trenes sale en 8 barcos, que también lo transportan a los Estados Unidos donde NLNG se ha convertido en el principal suministrador del mercado de Atlanta. El tren 6 acabado en el 2007 producirá 14 Tm3 por año de GNL para Europa y 8 para los Estados Unidos. El GNL de este tren será comercializado por tres compañías: Endesa, Total y Shell. Recientemente Gas NATURAL y Repsol YDF han firmado un contrato para desarrollar un macro proyecto de GNL en Nigeria. Con este, España se sitúa como uno de los mayores inversores del sector gasero en Nigeria. Además del gas, España también ha crecido como un comprador de petróleo con Repsol YPF como principal firma y este a través de su unidad nigeriana Repsol Nig. Ltd. Repsol se benefició de la subasta de dos bloques por el Presidente Obasanjo (Mayo 2007). Esto ya ha comenzado a crear fricción pues Shell reclama estos pozos como suyos. Por ello, Shell ha llevado el caso a la Alta Corte Federal de Nigeria en Abuja para anular ese contrato. Hasta ahora Gas NATURAL ha sido el mayor comprador de GNL y Repsol YPF el mayor importador de petróleo de Nigeria. Después de este contrato, STREAM, el aglomerado de ambas, se sitúa como empresa puntera de gas en el mundo y como inversores a largo plazo en Nigeria.

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Sin embargo este nuevo proyecto de STREAM augura el repetir los mismos problemas que creó NLNG: provocará grandes éxodos, desplazamientos e impactos en la población local con implicaciones negativas incluyendo impacto social, degradación ambiental, problemas de salud. Esto generara protestas que será respondida con violencia, instaurándose una vez más un régimen de terror y violencia.

C) Impactos sociales y medioambientales de las inversiones españolas en el sector energético nigeriano 1) Compañías españolas y el medio ambiente del Delta del Níger. La extracción de petróleo en la región del Delta del Níger ha ocasionado más de 50 años de continua contaminación medioambiental. Los informes de DPR (Directorate of Petroleum Resources) indican que importantes cantidades de crudo son vertidas y no recuperadas. Es un secreto a voces que estos importantes volúmenes son la causa de serios riesgos para la salud de las personas en las comunidades afectadas, y el ecosistema circundante. Los informes oficiales indican que en la región del delta se produce una media de un vertido semanal. Según las estimaciones actuales, aproximadamente 2.300 metros cúbicos de crudo son vertidos anualmente en el entorno del Delta del Níger. Entre 1976 y 1996 un total de 4.835 incidentes de vertido supusieron la descarga de alrededor de2.446.322 barriles de petróleo crudo, de los cuales el 77% no pudo ser recuperado, y por tanto constituye contaminación para el entorno natural. Las estadísticas del DPR (Directorate of Petroleum Resources) también afirman que de 1960 a 1997, más de 1,07 millones de barriles de petróleo han sido vertidos principalmente en la región del Delta del Níger. Según las regulaciones internacionales de emisiones de gas (glas flaring), la media mundial se sitúa en el 4%. Desgraciadamente, Nigeria emite más del 70% del gas asociado desde su industria de petróleo y gas. Esto sitúa al país con un notable record de emisión de gas del 25% del total mundial. Esta cifra de emisión de gases en Nigeria es el resultado de las emisiones que ocurren en alrededor de 150 lugares en el país.

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Esta cifra record de emisión de gases en Nigeria resulta en la emisión de gases nocivos como el metano, monóxido de carbono, etc. Estas emisiones están seriamente ligadas al cambio climático global. El efecto de las emisiones en el medio inmediato contribuye claramente a la lluvia ácida y a la contaminación de cuerpos de agua y vegetación, todo lo cual está infringiendo daño a distintos niveles en el conjunto de la biosfera, y peor aún en la salud humana. Más de 6.000 kilómetros de oleoductos atravesando granjas y llevando petróleo crudo y sus derivados a través de la región del Delta del Níger. Esos oleoductos, que deberían ser sustituidos cada 15 o 20 años, son abandonados al desgaste y la erosión bajo las duras condiciones climáticas del delicado delta. El resultado de esta evidente negligencia ha sido una serie de devastadoras erupciones, explosiones de oleoductos que lanzan al medioambiente productos inflamables que con frecuencia, llegan a arder, creando grandes llamas que arrasan bosques, tierras de cultivo y otros recursos. A menudo, los productos y recursos incendiados son parte de los recursos básicos de los que las comunidades dependen para su supervivencia. Entonces se convierte en una dolorosa realidad ver a las comunidades expuestas a los frecuentes incidentes de esas devastadoras llamas, que no solamente arrasan componentes del ecosistema, sino que suponen también una gran amenaza de pérdida de la diversidad biológica de la región. En algunos casos, incluso provocan la pérdida de vidas humanas. El profesor Anya O. Anya, uno de los académicos económicos más importantes de Nigeria, ha señalado repetidamente el problema de la desastrosa gestión de la riqueza del petróleo en Nigeria, lo cual según él significa que la riqueza generada por el petróleo, en una economía monolítica, incrementa la propensión al gasto que automáticamente dispara la inflación, llevando a la “Dutch Disease” [“Enfermedad Holandesa” = go dutch es pagar a escote, entre todos] de la que Nigeria está padeciendo4. Si la enorme riqueza generada por la industria sólo va a elevar el alto coste de vida por encima del alcance de la mayoría de la población, podemos imaginar la situación de las comunidades rurales del Delta del Níger, que están al margen de las riquezas producidas por el petróleo.

2) Luchas y respuestas sociales La historia de resistencia de las comunidades del Delta del Níger viene de muy atrás, desde la ocupación europea, pues de de el colonialismo y como otros pueblos de Africa vivieron en su piel la violencia de los invasores. Esta era zona donde el esclavismo se desarrolló. Cuando este terminó en plena revolución industrial esta fue la zona donde se 4

Anya O.Any. 2001. Rivers State Economic Summit, Port Harcourt, Nigeria. Página 12 de 31

desarrolló el cultivo de palma de aceite (palma Africana). Este cultivo continuó en los parámetros del colonialismo o como una continuación del esclavismo, con las compañías coloniales controlando la producción y comercialización y los locales sin derecho a nada y objeto de brutalidad. La represión se llevaba a cabo desde barcos con cañones y pueblos enteros como Brass y Fishtown eran quemados por completo (1895) y murieron más de dos mil personas. Viniendo a la era del petróleo y del gas, en 1990 se fundó el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). Ese año el MOSOP proclamo una carta de Derechos del pueblo Ogoni, incluyendo entre otros el derecho a autonomía política dentro de la Federación Nigeriana. La carta alegaba que el pueblo Ogoni no había sido sometido antes del colonialismo británico por ningún otro grupo étnico existente en la actual Nigeria. Que en los últimos 30 años la nacionalidad Ogoni había provisto de 40 billones de Nairas (30 billones de dólares) a las arcas nigerianas y que no habían recibido nada a cambio. Que lenguas Ogoni como el Gokana y el Khanase encuentran al borde de la extinción mientras que otras son impuestas. Que como pueblo se les están imponiendo prácticas de esclavitud e incluso extinción. Que la actividad petrolera ha mermado su acceso a tierra y a comida siendo esta zona una de las de mayor densidad de Africa (1500 x milla2). Que la supervisión y leyes de protección del gobierno han convertido su tierra en un desastre ecológico. Que el pueblo Ogoni carece de educación, salud y servicios. Y que los ogoni quieren dirigir sus vidas. Coincidiendo con los asesinatos de Ken Saro-Wiwa y otros 8 líderes del MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) que fueron ejecutados por el gobierno militar del general Sani Abacha, organizaciones políticas y de derechos humanos comienzan a confluir e plataformas pro-democracia y generando una oposición a la dictadura que provoca la crisis del régimen de Abacha. En este contexto nació el movimiento Chikoko que se propuso el crear una coalición de activistas que incluyera a las distintas nacionalidades del Delta para resolver las crisis nacionales y sociales del país. El movimiento Chikoko demandó: • Derecho de autodeterminación para todas las nacionalidades de Nigeria y a ser reconocida por una nueva constitución – el carácter de la Unión Nigeriana debe ser reestablecido. La creación de una federación de nacionalidades étnicas • Conferencia Nacional de Soberanía (SNC) compuesta de representantes electos de todas las organizaciones incluidas minorías étnicas, estudiantes, trabajadores, jóvenes, etc. • Final inmediato a las actividades de las compañías transnacionales que suponen daño ambiental en el Delta del Níger • Respeto de los derechos humanos fundamentales y en particular de los de expresión, asociación y conciencia

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• Fin inmediato de la ocupación armada del Delta y prohibición de las policías empleadas por las compañías transnacionales

Mas tarde en Diciembre de 1998 se proclamó la Declaración de Kaiama y se estableció el Consejo de Juventud Ijaw (IYC). La Declaración fue desafiante al declarar el incumplimiento y el no reconocimiento de todos los decretos no-democráticos y exigia la retirada de toda fuerza militar de ocupación de la región Ijaw, y a declarar enemigas a cualquier petrolera contratando los servicios militares. Días después de la declaración jóvenes Ijaw comenzaron a poner en práctica sus decisiones organizando Ogele marchas en casi todos los pueblos. Pero nuevamente, en 1998 este movimiento civil y pacífico fue detenido por los militares que abrieron fuego contra activistas y ciudadanos (algunos en sus mismas casas). Mujeres jóvenes y adultas fueron violadas en presencia de sus familiares y muchos fueron asesinados en Kaiama, Yenagoa y Mbiama. El 8 de julio del 2002, las mujeres de la comunidad Ugbodoro cerca de Warri, estado del Delta, rodearon las instalaciones petroleras de Chevrons, y paralizaron sus operaciones, incluido el vasto negocio exportador. Como ocurrió en el caso de las protestas de las mujeres Egi, la multinacional petrolera respondió con promesas de mejorar la vida para las poblaciones rurales a través del suministro de servicios sociales básicos. Las promesas no fueron cumplidas. El 8 de agosto del 2002, mujeres Ilaje, Ijaw e Itsekiri ocuparon la sede central operativa de la Shell Petroleum Development Company de Nigeria, y la de Chevron. El papel de las mujeres en la búsqueda de la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza petrolera en Nigeria fue elogiado. Esto fue debido a décadas de abandono de las comunidades poseedoras de petróleo en Nigeria. Desde el inicio del 2006 ese malestar tuvo una expresión más radical y activa con ataques en infraestructura petrolera y gasera. Estas acciones han provocado una disminución de la producción y exportación petrolera de unos 500 millones barriles (como ¼ de la producción nigeriana). Al frente de estos movimientos militantes se encuentra el MEND (Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger) que también ha realizado la demanda concreta de indemnización a las comunidades Ijaw del estado de Bayelsa por Shell de 1,5 billones de $ como se decidió en la Asamblea Nacional del 2004. 3. NLNG y las comunidades nigerianas La mayor comunidad afectada por la planta de NLNG es la de Finima, Isla Bonny (Rivers State). Bonny Town es otro de los principales pueblos y contaba con 22.989 habitantes en 1991. Hoy Bonny LGA tiene una población total de 76,124 habitantes. En el momento álgido de la construcción de la planta de NLNG (1998–1999) llegaron a la isla más de 17.500

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trabajadores (sin incluir en muchos casos parejas y familias de ellos). Numerosas bidonvilles han sido construidas por doquier pero con la expansión del proyecto NLNG en sus diferentes trenes, los bidonvilles van siendo desalojados y destruidos. La historia de la relación del NLNG con las comunidades aledañas durante estos años ha sido una relación de conflicto que ha derivado en protestas, denuncias, etc.

El 20 de

septiembre de 1999, unos meses antes de comenzar las obras del NLNG, la Federación de Jóvenes de Bonny lanzó una campaña de quejas contra el entonces recientemente elegido presidente Olusegun Obasanjo sobre el modo de actuación del NLNG y sus impactos en las comunidades. Obasanjo acudió a la isla en visita oficial que coincidió con el momento álgido de las protestas. Entre estas incluían la explosión demográfica que provocó una reducción de acceso a servicios, aumento del costo de vida, eclosión de enfermedades a través de aire y agua y accidentes asociados con el aumento de tráfico fluvial.

El 20 de septiembre de 1999 una protesta pacífica organizada en Bonny fue reprimida salvajemente, después de que un manifestante fuera asesinado con bala por un trabajador extranjero de la compañía. Entonces la policía antidisturbios también abrió fuego. Otros dos jóvenes que escapaban sus balas murieron en un accidente de coche. En el 2000 los Jefes de la isla de Bonny (siguen manteniendo su formas tradicionales y tribales de gobierno) convocaron una protesta. El gobierno movió ficha rápido y los invito a una reunión en Port Harcourt (17-9-2000). Esto sucedía al año de la visita presidencial a Bonny. Al mismo tiempo, el gobierno previendo más protestas fortaleció la seguridad de la planta proveyendo más cuerpos armados (policía y soldados del ejército). Sin embargo, esta militarización y las anteriores experiencias no sirvió para que la población se desmovilizara.

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El 28 Marzo 2003, los habitantes de Iwoama y Orosikiri iniciaron una protesta pacífica contra NLNG. NLNG respondió con armas, mediante la policía de la propia compañía y la de Mobile. La Sociedad para la Conservación de los Bosques Manglares de Nigeria (MFCSN) recordó a NLNG que el proyecto comete serias violaciones de los Derechos Humanos y de las leyes del Medio Ambiente de Nigeria, que hasta el inicio de las obras supusieron ilegalidades (26-92006) como el no implementar las guías de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En mayo la MFCSN llevó nuevamente a NLNG a los tribunales (Alta Corte Federal) (caso nº PHC/PC/CS/248/2002). Entre muchas denuncias, MFCSN alegaba que NLNG continúo el tren 3 sin EIA y que pese a ello también dio comienzo a las obras de trenes 4 y 5, también sin EIA. MFCSN denunció la destrucción masiva de muchos manglares, selvas y otros bosques en un proyecto que estaba invadiendo directa e indirectamente toda la extensión de la isla, con los gaseoductos atravesando tierras de forma que impiden cualquier actividad en ella. MFCSN demandó una moratoria para la continuidad del proyecto, incluyendo la suspensión de trenes 4 y 5. También se exigió al gobierno nigeriano que desmantelara la temida fuerza de seguridad del NLNG. También se pidió la construcción de una carretera como salida de emergencia en caso que ocurriera un accidente en la planta, pues la única salida posible era el mar. La actividad pesquera en el río Bonny, principal actividad económica de esa población, se ha visto considerablemente afectada por el continuo movimiento de barcos cargueros de gas. Infraestructuras gaseras también reducen el acceso a la pesca. Las zonas de pesca se ha reducido a unas pocas que son vigiladas por lanchas patrullas. La pesca no es permitida cuando se carga el gas en los barcos en el río Bonny. Estas restricciones han conllevado un aumento de la pobreza en las poblaciones locales. El tráfico de barcos también ha provocado un aumento de la contaminación del río. Esta contaminación no sólo ha afectado la pesca si no también los manglares y la vida acuática. El constante tráfico de barcos también es responsable de grandes olas, que podrían poner en riesgo incluso a la misma isla: la MFCS alertó de la posibilidad de que la isla Bonny fuera sumergida debido a las grandes olas. Los trenes de GNL suponen un total de 18 barcos para el transporte de GNL: 7 para trenes 1 y 2, 3 para el tren 3 y 8 para los trenes 4 y 5. Y el calado y potencia de estos barcos hace que el transporte en barcas (principal forma de transporte) sea muy peligrosa, provocando la pérdida de vidas y propiedades.

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3) REPSOL YPF EN BOLIVIA La deuda ecológica se genera, entre otros, a partir de los pasivos ambientales que las actividades industriales provocan en los países empobrecidos, ya que el consumidor final generalmente habita alguno de los países enriquecidos, o bien porque los impulsores fundamentales de dichas actividades son entes públicos o privados afincados en países del Norte. A lo largo de la cadena que va desde la materia prima hasta el producto final y la persona consumidora, existen muchos actores con distinto grado de responsabilidad. El caso de la empresa Repsol YPF operando en Bolivia es paradigmático, ya que en los últimos años ha evidenciado las relaciones entre actores públicos (gobiernos y sociedades) y privados (la propia empresa). No se puede asignar la deuda ecológica generada en Bolivia únicamente a Repsol YPF. Existe una responsabilidad compartida con el gobierno español, que a su vez recae en las sociedades española y vasca, aún cuando el petróleo y gas extraídos en Bolivia ni siquiera se consuman en el Estado español, ya que en general se exportan a países limítrofes con Bolivia. En primer lugar describiremos el impacto ecológico y social de las actividades de Repsol YPF en Bolivia, para después analizar la intervención del gobierno español a favor de los intereses de la empresa y de los intereses de consumo, laborales y económicos sociedad española, según el propio gobierno, cuando el gobierno boliviano promulgó la Ley de Nacionalización de Hidrocarburos. 1) Impacto ecológico y social de Repsol YPF en Bolivia Las actividades de Repsol YPF han dañado dos pilares de las riquezas bolivianas: los ecosistemas y las culturas. Hay extensa documentación que recoge testimonios y datos explícitos sobre los daños provocados de las actividades petroleras, pero nos centraremos en

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el departamento de Tarija: la afección a los indígenas Guaraníes, habitantes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de Itika Guasu5, en la provincia de O’Connor. Repsol YPF, tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 1996, entra a explotar el Campo Margarita Bloque Kaipipendi, una de las reservas más importantes de gas seco del continente. En el Parque Nacional de la Serranía del Aguaragüe, el bloque Kaipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaraníes que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. Los territorios también son afectados por la construcción de los gasoductos de hasta 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz y de ahí a Brasil. No se realizaron convenientemente los pertinentes Estudios de Impacto Ambiental, ni se consultó a las poblaciones afectadas, Repsol YPF vulnera su propio RSC (Responsabilidad Social Corporativa), los principios de precaución y los estándares sociales y ambientales establecidos por el Banco Mundial y la propia OCDE. Además se violan las leyes nacionales y convenios internacionales como el nº 169 de la OIT que en el Artículo 6.a insta a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. El actual Director General de Medioambiente del Viceministerio Recursos Naturales y Medio Ambiente Luis Beltrán Reyes, en entrevista concedida a miembros de Ekologistak Martxan el pasado agosto de 2007, reconoce numerosos incumplimientos legales por parte de la empresa española Repsol YPF, durante el período en vigor de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 1996, entre ellos: la no emisión de informes de monitoreo, presentación de licencias ambientales ya caducadas o incluso la no presentación de licencias en los proyectos. En algunos casos se daban permisos de explotación para un pozo en unas coordenadas concretas y luego la actividad se desarrollaba a varios kilómetros del lugar aprobado. También denuncia la no consideración, en EIA presentados, de los impactos socio-culturales y ambientales sobre los guaraníes. A Beltrán, le llama la atención el hecho de que este tipo de irregularidades tan básicas provengan de una empresa como Repsol YPF, con beneficios de millones de euros, y con capacidad sobrada para realizar informes de calidad, usar paliativos y/o tecnologías menos dañinas. Frente a la inactividad empresarial para prevenir, evaluar, reparar o recuperar los espacios degradados, o al menos indemnizar en algún grado, a las poblaciones afectadas por su explotación, la TCO Itika Guasu, se organizó para la realización de un monitoreo Ambiental

“Tierras Comunitarias de Origen (TCO).- Son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los que tradicionalmente han tenido acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Serán consideradas Tierras Comunitarias de Origen aquellas que estén tituladas, aquellas que estén demandadas con Auto de Admisión, aquellas inmovilizadas con Resolución de inmovilización y todas las tradicionalmente reconocidas como tales” Título X, Artículo 138. Ley 3058. 5

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Independiente en el año 20056, que desde la visión interna de los propios afectados recoge impactos sobre Suelo, Aire, Ruido, Agua y Fauna, que fueron presentados a la empresa y autoridades ambientales, con la esperanza de que fueran tomados en cuenta y ayudar a enmendar parte de los daños. En el informe se hace mención a “procesos de erosión donde se han construido los pozos petroleros y las planchadas” o desmontes, “deforestación para la habilitación de planchadas y el tendido del gasoducto y oleoducto. Afectación a la fauna silvestre tanto por la presencia de la maquinaria, los trabajos de desmonte, el ruido de los helicópteros, las aguas superficiales contaminadas. Las comunidades indígenas también han sido impactadas por el incremento del tráfico vehicular que provoca cantidades de polvo considerables y el peligro permanente de accidentes.” Teniendo en cuenta que estas comunidades obtienen su sustento diario de los recursos que posee su territorio (“producción agrícola de maíz, caza y pesca, recolección de frutos silvestres y miel, y el libre acceso a las fuentes de agua”), la afectación ambiental se traduce directamente en peligro de su propia supervivencia. En cuanto a la cultura guaraní, se ha visto modificada profundamente en sus principios, religión y cosmovisión, introduciendo prácticas occidentales sin ningún código de conducta. Los valores simbólicos de su cultura, han sido alienados, y su forma de entender la naturaleza, de convivir y hacer un uso sostenible y respetuoso de ella, se ha enfrentado a la aplastante maquinaria empresarial, que se basa en la intensificación de la explotación, de manera totalmente insostenible. La empresa petrolera tampoco ha respetado la forma en la que el pueblo guaraní toma las decisiones. No existe registro alguno en los EIA de que se hayan propiciado asambleas comunales. El EIA presenta varias hojas de consulta firmadas por una sola persona o por dos o tres autoridades regionales. De esta manera impacta negativamente en la integridad cultural de la TCO. Los guaraníes también denuncian la falta de código de conducta de los trabajadores: “Existen muchas mujeres guaraníes en la TCO que hoy son madres solteras y fueron abandonadas. Para el guaraní la paternidad responsable es un valor importante, que por la actitud desatinada de los trabajadores de Repsol YPF, hoy este valor está puesto en duda.” El alcoholismo, la prostitución, que ha provocado la introducción de enfermedades venéreas, la visión capitalista e individualista así como otras actividades y pensamientos desconocidos por la cultura guaraní hasta la entrada de Repsol YPF, han desecho y 6

Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia. Autores: APG. Itika Guasu. Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. CEADES (Colectivo de Estudios Aplicados al Desarrollo Social Juan XXIII). CERDET (Centro Estudios Regionales de Tarija). Informe de diciembre 2005, impreso en Editorial Imprenta El Pais ([email protected]). Página 19 de 31

corrompido familias y comunidades enteras, sin ningún tipo de escrúpulo. Las principales afectadas han sido las mujeres de las comunidades con cargas familiares más fuertes, viéndose desamparadas dentro de una sociedad que además, las coloca en posición más vulnerable y de mayor indefensión. En el resumen ejecutivo final, condenan que Repsol YPF no cuenta con una política dirigida a salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas, ni que haya actuado con la rigurosidad científica necesaria para garantizar la falta de contaminación del medio ambiente. Emplazan a la empresa a revisar los convenios firmados con todos los pueblos indígenas de Bolivia, y a una compensación justa por los impactos ambientales, sociales y culturales. En lo que se refiere a la incidencia ambiental y en la salud, Medicus Mundi realizó un análisis de contaminación petrolera en las aguas próximas a los pozos San Alberto, San Antonio y Campo Margarita, que son habitualmente utilizadas por las comunidades más próximas7. Los componentes que se analizaron fueron : hidrocarburos totales de petróleo (HTP), metales pesados como el plomo, cadmio, niquel y bario etc. y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), por ser los elementos que según Medicus Mundi son más adecuados para conocer si existen residuos de petróleo que contaminen el agua y puedan afectar la salud. El análisis de las 10 muestras de agua tomadas concluye que ninguna de ellas es adecuada para el consumo humano según la normativa española y europea. No obstante, si tomamos como referencia la normativa boliviana, observamos que 7 de las 10 muestras tomadas se mueven en los límites permitidos para el consumo humano. Por poner sólo algunos ejemplos, en la comunidad de Zapaterambia, los HTP alcanzan 370 microgramos/litro por encima del límite máximo permitido por la normativa boliviana y 137 veces más de lo permitido en España. En el río Pilcomayo los niveles de cadmio alcanzan valores de 100 microgramos/litro, 50 veces más que lo permitido en ambas normativas. Y el plomo del Río Quebrada de los Monos es de 50 microgramos/litro, en el límite de la normativa boliviana pero cinco veces más de lo tolerado en España8. Esta contaminación conlleva un riesgo mayor de afectación renal por el cadmio, y en general problemas de salud derivados del plomo y los HTP. Las comunidades implicadas y el personal sanitario de los centros públicos de salud señalan indicios sobre un incremento de enfermedades (como cefaleas, conjuntivitis o afecciones dermatológicas) en las poblaciones cercanas a los pozos. Se desconocen todas las afecciones ya que algunas de las empresas petroleras tienen servicios médicos propios, pero no reportan sus registros a los centros públicos de salud.

7 8

Repsol YPF en Bolivia, Informe de Intermón Oxfam. Mayo 2004. Real Decreto 1138/1990, BOE nº 226 20/09/90 Página 20 de 31

En definitiva, Repsol YPF comete dos irregularidades simultáneas que sufren los guaraníes del chaco boliviano: por un lado las propias de una contaminación del agua provocada por la actividad petrolera que cobra mayor relevancia en tanto que es actualmente consumida por la población chaqueña, a falta de una fuente hídrica en mejor estado, y por otro, una normativa legal que discrimina a los bolivianos, e infravalora sus derechos, frente a las posibles ventajas comparativas que Repsol YPF pudiese obtener al aplicar normativas más laxas.

Trabajos de remediación por rotura de oleoducto en la Quebrada de Los Monos, Chaco, Bolivia. Abril 2006. (Foto-J. P. Zamora. Técnico de M. Ambiente de la alcaldía de Villamontes)

2) Nacionalización de Hidrocarburos e intervención del gobierno español Las empresas petroleras y gaseras han obtenido pingües beneficios en Bolivia. En el año 2002, un representante de Repsol YPF, hacía gala de que “el negocio petrolero en Bolivia era tan bueno que por un dólar invertido se ganaban 10 dólares”9. El 17 de Mayo del 2005, se promulga la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, cuyo Artículo 5 dice: “Por mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en la respuesta a la pregunta 2 del Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, y en aplicación del Artículo 139 de la Constitución Política del Estados, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado Boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos.” 9

Declaración de Roberto Mallea en el III Congreso Latinoamericano y del Carbie de Gas y Electricidad en Santa Cruz, 2002. Página 21 de 31

La ley establece además un plazo de 180 días a los Titulares que hubiera suscrito Contratos de Riesgo Compartido, para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación y Comercialización, y convertirlos obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en la misma ley, que dispone que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y del petróleo. Esto no se cumplió, de manera que las empresas pierden legitimidad al vulnerar, la seguridad jurídica que tanto pregonan. A través de la nueva Ley de los Héroes del Chaco, Nº28701, Bolivia avanza en la búsqueda del respeto por los derechos humanos y justicia ambiental y social. Consigue controlar el precio y la comercialización de sus recursos energéticos, la refundación de la antigua empresa estatal YPFB y obtener un margen de beneficio más equilibrado con respecto el de las empresas extranjeras. Esto limita la libertad e impunidad de las trasnacionales que operan en el país, las mismas que desde su entrada abusaron de la posición de poder frente a una Bolivia debilitada económica y políticamente. Pero no significa una verdadera nacionalización, todavía existe una injerencia directa por parte de las empresas para imponer sus condiciones, y mientras sean dueños de los yacimientos y de los bloques de explotación seguirá ocurriendo, por eso se habla de “proceso” de nacionalización y es un proceso que requiere de un apoyo y reconocimiento internacional, que el Estado español, a través de sus representantes políticos, no ha sabido o querido entender. La empresa petrolera Repsol YPF, recibió la noticia del decreto con “consternación”. A pesar de tratarse de una de las principales promesas electorales del partido del MAS (Movimiento al Socialismo), Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, califica la nacionalización del gas y el petróleo boliviano, como una medida “injusta” porque no cumplió el “tiempo de negociación” prometido por las autoridades y “porque es un tema que se ha sacado de la lógica empresarial política que tiene que guiar la relación entre estados y empresas”. Resultan especialmente alarmantes estas declaraciones, cuando tan solo unos meses antes, el 17 de febrero de 2006, la Aduana Nacional de Bolivia demanda a Repsol, por contrabando de 230.000 barriles de petróleo a Chile y Argentina,

por valor de más de 9

millones de dólares (7,54 millones de euros). El presidente de Andina (empresa subsidiaria de Repsol YPF) el español Julio Gavito y el gerente argentino Pedro Sánchez, saldan su delito con 40.000 € cada uno y unas horas en prisión. En contraposición al pretendido respeto por la independencia judicial que los políticos en España pregonan, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos señala al respecto: “La acción de la justicia boliviana contra los directivos de Repsol no favorece al nuevo gobierno boliviano por el mensaje que envía a la inversión internacional”. Brufau, por su parte, insistió en que la petrolera “española” no incurrió en delito, pero admitió que había cometido algunos “errores” en la exportación.

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No es éste el único caso de fraude que enfrenta Repsol YPF. El 26 de agosto de 2006 Gabriel Camacho, director de la estatal YPFB, denunciaba al ex-gerente de Andina, el español José María Moreno, junto al director gerente de Petrobras en Bolivia, y el director de Gas y Energía de la misma empresa, por suscripción de contratos lesivos al Estado boliviano, conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza con agravante y falsedad de documento privado, por valor de 171 millones de dólares, al haber fijado precios para la venta de gas a Brasil muy inferiores al contrato que Bolivia firmó para la provisión del energético al país vecino. Son numerosos los analistas que opinan la legitimidad de YPFB para el control de mucho más del 50% más uno de los paquetes accionarios de las capitalizadas, puesto que las sumas estafadas lo justifican sobradamente. A pesar de la consternación inicial de Repsol YPF por los cambios introducidos con el decreto supremo, la empresa firmó los contratos y continúa en Bolivia ya que le resulta económicamente muy rentable. Según estudios realizados en el 2003, entre 200 empresas que operan en distintos países, las transnacionales petroleras que operan en Bolivia tienen los costos de producción más bajos del mundo por barril de petróleo10. Por otro lado, la táctica adoptada por el Gobierno español fue defender los intereses de la empresa, dispensando con su actitud, el expolio y destrucción que Repsol ejerce sobre Bolivia, un país empobrecido, precisamente por esta línea de pensamiento y política neoliberal. Además, utiliza a la población española para sus propios intereses, puesto que en su nombre se opone a la Nacionalización de los Hidrocarburos. El Gobierno español, identificándose como uno de los principales inversores en el sector energético, comunicó a La Paz, que la “posición española” tras el decreto es de “disconformidad” y también manifestó mostrarse "profundamente preocupado" por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. El ministro de Industria José Montilla dijo: “Evidentemente, no nos gusta y pienso que no es positiva para Bolivia”. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se expuso nuevamente “la más profunda preocupación” por la medida adoptada y se propuso un proceso de “auténtica negociación y diálogo” donde se respetasen “los intereses de uno y de otro”. El propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce un "problema" en la decisión de Evo Morales, y advierte que tal decisión tendría consecuencias negativas para la cooperación bilateral humanitaria y política11. Moratinos, además, acuerda con Morales el envío de una delegación "política y técnica" a Bolivia con el fin de conversar sobre los “intereses españoles”. Zapatero, insiste en que la posición del Gobierno español, durante estas conversaciones “será firme en la defensa de los intereses de las empresas españolas y de los españoles”.

10

El costo del producción promedio a nivel mundial es de 5,6 $, mientras que el estudio señala que para la empresa Andina fue de 1 $ y de 0,97 para la empresa Chaco. (Quiroga, 2006). 11 CET, mayo de 2006 (Ibid.) Página 23 de 31

En el mismo sentido, el Gobierno español convocó el día después de la nacionalización, una reunión de urgencia entre los Secretarios de Estado de Exteriores, de Economía, de Industria y el Asesor del Presidente del Gobierno para Asuntos Económicos, para definir una batería de medidas de presión contra el Gobierno Boliviano en defensa de los intereses de las trasnacionales españolas y, especialmente de Repsol YPF. Por otro lado, el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, insta a Zapatero a que exija, a su homólogo boliviano, en Viena, que renuncie a “las medidas de fuerza impuestas” con su decreto presidencial y reclame ”los derechos y acuerdos con los españoles y respete nuestros intereses”. No obstante, dentro del Estado español, también pudieron escucharse posiciones de apoyo a la nacionalización boliviana tanto desde diferentes organizaciones de la sociedad civil como por parte de agrupaciones políticas, como Izquierda Unida, que respaldó y felicitó al Gobierno boliviano, y pidió que “no se confundan los intereses de nuestro país con los de algunas empresas transnacionales”. La Comunidad Europea advirtió a los bolivianos que “sufrirían las consecuencias”. Desde Bruselas, se lamentó que no se hubiera abierto un proceso de consulta y discusión previo a la firma del decreto. Tony Blair, por entonces el primer ministro británico, instaba a Evo Morales a que utilizara el poder de manera responsable y Javier Solana, como representante de la Política Exterior de la Unión Europea, advirtió que la medida creaba “inseguridad jurídica” y provocaría pérdida de inversiones extranjeras. En este sentido se pronunciaron también desde EEUU, que advertían vigilar “muy de cerca” el impacto de las decisiones del gobierno boliviano y el respeto a las obligaciones asumidas en contratos firmados, a través del vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack. Posturas de apoyo y solidaridad en el ámbito internacional, llegaron por parte del que ejercía como Presidente de Francia en aquella época, Jacques Chirac, quien expresó a Morales que había devuelto la honra a su país. El entonces presidente argentino Kirchner, también reconoció la legitimidad del proceso declarando que Bolivia “… está tratando de recuperar al país del vaciamiento que sufrió”. Aunque éste se sumó a Lula en la defensa de los intereses de las empresas. Y en la línea de refuerzo, el Premio Nóbel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en relación a la Nacionalización de los Hidrocarburos juzga que “el mundo debería celebrar el hecho de que Bolivia tenga un gobernante electo democráticamente que intenta representar los intereses de los pobres de su patria. Se trata de un momento histórico”. Pero salvando estas expresiones de reconocimiento y apoyo al proceso de nacionalización boliviana, se extendió una mayoritaria preocupación en los ambientes empresariales y económicos, por la “seguridad jurídica” para Repsol YPF en Bolivia. La empresa cuyos

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contratos eran en muchos casos ilegales, acusada de fraude, corrupción, falsedad, estafa, evasión de impuestos, etc., la misma que había violado las leyes nacionales bolivianas sobre protección de medioambiente, y los convenios internacionales, aquella cuya inseguridad jurídica era absoluta, se preocupaba ahora de los efectos que pudiera provocar una mal llamada inseguridad jurídica, sobre sus propios intereses, cuando los de las mayorías pobres de Bolivia eran sistemáticamente violados12. No hay que olvidar, además que en la definición “…el concepto de seguridad jurídica debe garantizar a los ciudadanos los derechos humanos”13. Por otra parte, no se puede equiparar los contratos que se firman entre particulares con contratos firmados entre el Estado y las empresas. En estos últimos, el Estado tiene prevalencia, puesto que es un principio del derecho que el interés público esté por encima del privado. No puede admitirse que a un Estado se le obligue a mantener contratos que no benefician a la población14. Aun así, amparándose en la seguridad jurídica, tanto desde la empresa, como desde los sectores políticos del Estado español e incluso desde la oligarquía boliviana, se advierte que el desarrollo de Bolivia peligra si no se favorecen las “inversiones extranjeras”. La preocupación que muestran estos sectores, por la salud económica boliviana, podría llevar a confusión, si no se toma a la inversión como lo que realmente es: un instrumento de presión y chantaje al gobierno boliviano, para que éste apruebe políticas favorables a sus propios intereses económicos, sin considerar las condiciones desfavorables a las que se relegaría el pueblo boliviano. En agosto de 2006 la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, en una gira por Latinoamérica, realiza un encuentro con el presidente Evo Morales, con el objetivo de estrechar lazos políticos, impulsar los proyectos de cooperación y apoyar la presencia empresarial española. Es importante saber, que con respecto a los proyectos de cooperación del Estado español, en el caso de América Latina, por cada euro destinado sin intereses comerciales, llegan 33,84 en forma de inversión empresarial. Por este motivo, hay que conseguir que la actuación empresarial no produzca impactos negativos y no puedan ser considerados perjudiciales desde la perspectiva del desarrollo del país receptor, de lo contrario, estaríamos hablando de anticooperación15. La diplomacia española trata de utilizar a las empresas que ocupan funciones esenciales en determinados países extranjeros, como es el caso de Repsol en Bolivia, en la medida que

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Juan Hernandez Zubizarreta. “¿Bolivia dividida? Cuanta demagogia”. En respuesta al editorial “Bolivia dividida” de El País del 30 de Noviembre 2007. 13 Valle Labrada Rubio. “La seguridad jurídica” en Jaime Quiroga 2006. Bolivia en la Agenda Mundial. 14 Jaime Quiroga 2006. Bolivia en la Agenda Mundial. 15 David Llistar, La anticooperación. Colección Contraargumentos. Icaria Editorial, 2007 (en preparación). Página 25 de 31

puede, para conseguir sus propios objetivos. Sin embargo, algunos estudios señalan que la capacidad de utilización de la administración española del poder de las empresas para ejecutar las políticas públicas deseadas es limitado, y por el contrario, afirman que las empresas consiguen en más ocasiones modificar las políticas públicas españolas para defender sus interese empresariales. No obstante, la diplomacia española se enfrenta en el caso de Repsol contra el pueblo boliviano en el conflicto de defender los intereses empresariales por un lado, o los valores de justicia por otro, y el Estado español ha acudido al auxilio de Repsol16. 3) Responsabilidad de la deuda ecológica generada con Bolivia Delimitar la responsabilidad de cada actor en la deuda ecológica generada es una tarea que excede los objetivos del presente artículo. Únicamente hemos pretendido destacar las conexiones. Efectivamente, conocidos los pormenores de las actividades de Repsol YPF en Bolivia, es evidente que existe una responsabilidad compartida entre la empresa y el gobierno español, por la afección ambiental y social a las comunidades indígenas. De rebote las sociedades española y vasca se ven también implicadas, a pesar de que el gas y el petróleo consumidos en el Estado tienen otro origen. Se puede argumentar que la ciudadanía conoce bien poco la realidad de la extracción del petróleo y gas, y que la información nos alcanza muy adulterada. Por otro lado, nuestros gobiernos se ven presionados por las empresas que tienen su sede social y pagan impuestos en nuestro territorio, es decir, el beneficio económico de Repsol YPF redunda también en nuestras arcas aunque se trate de una empresa privada con accionariado repartido por todo el mundo. En aras de restituir la deuda ecológica generada, las empresas trasnacionales deben responder por los daños ecológicos, sociales y culturales directamente producidos en la zona de operación, personándose ante los tribunales nacionales e internacionales que se estimen en cada caso, como es el caso de la empresa Texaco enjuiciada en Ecuador en 2003. Por otro lado, los modelos de producción, transporte y consumo deben cambiar para evitar que se genere más deuda ecológica. Vistas las consecuencias de un modelo globalizado y la deuda ecológica ya acumulada por las sociedades de países enriquecidos, el nuevo modelo debe situar el control directo sobre los recursos, sobre los ciclos de vida, en las personas que vayan a consumirlos. Abordamos este punto en el último apartado: las alternativas.

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Miquel Ortega Cerdá 2007. ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales españolas?. Página 26 de 31

4) ALTERNATIVAS Y CONCLUSIONES: HACIA UN MODELO ENERGÉTICO SOLAR Las virtudes del concepto de la deuda ecológica no son pocas. Este nuevo concepto supone la oportunidad de contar con un nuevo instrumento de política económica que resulte un nexo de unión que aporta soluciones tanto al problema de la deuda externa, como al cambio climático o a la reestructuración ecológica de nuestras sociedades en busca de su sostenibilidad. Tratar de observar conjuntamente los flujos energéticos, a la vez que los del comercio internacional y poder relacionarlos con la cooperación internacional para el desarrollo, por ejemplo,

significa adoptar una nueva mirada que puede inducir a un cambio de

comportamiento social, político y económico. La deuda ecológica es un instrumento conceptual sintético y eficaz para hablar de la injusticia en las relaciones Norte- Sur y intentar obtener el reconocimiento del desequilibrio en el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida, la prevención, es decir, una serie de políticas ambientales y económicas que impidan la producción de nueva deuda, la reparación, monetaria y política, la compensación (en la medida del posible) de la deuda ya creada y la abolición de la deuda externa.

Eso significa que sociedades como la vasca, la española o la europea, enormemente dependiente de las fuentes energéticas fósiles y que han acumulado una deuda ecológica gigante en países como Bolivia y Nigeria, deben abandonar su modelo energético actual y encaminarse a la búsqueda de un nuevo modelo “sostenible”. En esta búsqueda, las primeras respuestas sociales suelen referirse a utilizar a cuestiones tecnológicas y cambio de hábitos como usar electrodomésticos de alta eficiencia, apagar las luces innecesarias… medidas de ahorro y eficiencia que también los gobiernos promulgan y por desgracia son insuficientes para frenar la escalada del consumo energético. El informe Factor 417 recoge interesantes propuestas que acaban cuestionando el corazón de la globalización, cuando el autor se acerca a la nevera de su casa y comprueba que sus yogures provienen de lugares muy alejados del punto de consumo. En el capítulo “Yogur de fresa: los largos viajes son innecesarios” y posteriores, el autor reflexiona sobre la Organización Mundial del Comercio y el modelo que impulsa, contrario a la producción local y a la reducción de importación de productos. En la misma línea, Hermann Scheer18 autor del libro Economía Solar Global afirma que “un orden sostenible del mercado mundial debe invalidar todas la reglas del mercado atinentes a 17

Ernst Ulrich von Weizsäcker, Factor 4, Herman Scheer es sociólogo y economista, presidente de Eurosolar, la Asociación europea de Energía Solar. Miembro del partido socialdemócrata alemán, recibió el Premio Nobel Alternativo.

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los recursos y limitarlas a los productos técnicos”, es decir, favorecer los recursos de extracción doméstica frente a los importados (alimentos básicos, energía y materias primas; Scheer deja a un lado alimentos que no se producen en el propio país y aquellos de “calidad” como vino, quesos…). En el campo energético, esto implica basarse en las energías renovables. En definitiva, este modelo se basa en la soberanía energética y alimentaria. Scheer justifica su propuesta diciendo que “cuanto más hagan depender las economías nacionales el abastecimiento básico de sus ciudadanos – alimentos, materias primas y energíade empresas transnacionales y del mercado mundial, más quedarán a la merced de una potencia económica contra la cual de nada sirve invocar normas de tipo ecológico, social o incluso comercial.” Y continua afirmando que estos recursos – alimentación y energía – dependen de condiciones de producción naturales no manipulables por las personas, por tanto no pueden aplicárseles las mismas reglas de mercado que a los productos técnicos. A la propuesta de Scheer se puede añadir que tecnologías como la energía solar fotovoltaica tampoco deben quedar al albur del mercado mundial, en la medida que satisface necesidades básicas de energía. Podemos englobar las propuestas en el Modelo Energético Solar, sistema que tiene en cuenta las necesidades locales y recursos, donde uno de los principios es que la energía debe producirse en un lugar próximo al de consumo, evitando al máximo las pérdidas en el transporte y distribución de energía, reduciendo así la “cadena de la energía”. Este sistema debe ser descentralizado basado en energías renovables locales, donde la energía solar pasiva tiene que ser un elemento clave19. Tal y como afirma R. Bermejo20, este sistema aporta flexibilidad (las fuentes renovables se adaptan mejor por su pequeña escala y modularidad); minimización del impacto ecológico; eficiencia (mayor descentralización conlleva menos pérdidas por transporte), y seguridad en base a fiabilidad y no vulnerabilidad frente a “ataques terroristas” como en el caso de las centrales nucleares. Habría que añadir que las poblaciones de países como Bolivia, Nigeria o Irak, dueñas de importantes reservas de recursos fósiles, también se sentirían más seguras si el mundo dependiera menos del petróleo y gas natural, a la vista de los conflictos bélicos desencadenados por el control de estos recursos. Las energías renovables han sido la propuesta que numerosos movimientos ecologistas y sociales en general, hemos defendido ante los graves problemas generados por otras fuentes, desde los recursos fósiles a la energía nuclear. Iniciando el siglo XXI, cuando los propios poderes políticos y económicos reconocen la inminente crisis del petróleo y recurren también a estas alternativas para complementar la alimentación energética del sistema capitalista en su fase de mayor expansión global y dilapidación de recursos de la Historia, nos vemos obligadas 19

Itziar Martínez de Alegría Mancisidor; Pablo Díaz de Basurto; Iñigo Martínez de Alegría Mancisidor y Patxi Ruiz de Arbulu, en Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008. 20 R. Bermejo, La gran transición hacia la sostenibilidad. Principios y estrategias de economía sostenible, editorial Icaria, ISBN 8483192241. Página 28 de 31

a revisar nuestras proclamas, y caracterizar mejor bajo qué condiciones las energías conocidas tradicionalmente como “renovables” efectivamente responden a un modelo sostenible. Básicamente estas fuentes deben ceñirse estrictamente al Modelo Energético Solar, y completar su ciclo de vida en el lugar de consumo. Existen diversos estudios sobre la potencialidad de las renovables21, y sobre la cantidad de energía óptima para favorecer el desarrollo humano22. La combinación de ambas perspectivas nos permite afirmar que las fuentes renovables pueden alimentar las necesidades energéticas básicas. Sin embargo, aún es necesaria una transformación del resto de actividades bajo un modelo de producción y consumo locales, un modelo que garantice la soberanía y seguridad sobre los recursos básicos.

Euskal Herria, Febrero del 2008.

BIBLIOGRAFIA - Anya O.Any. (2001) Rivers State Economic Summit, Port Harcourt, Nigeria. - Barcena, I. & Lago, R. (cords) (2008) “Nork nori zor? Deuda Ecológica: Energía, transnacionales y cambio climático. Icaria. (en preparación). - Barcena, I. (koord) (2004) Euskal Herria nora zoaz? Retos sociales y ambientales para la sostenibilidad. Ekologistak Martxan. Bilbao. - Bermejo,R. La gran transición hacia la sostenibilidad. Principios y estrategias de economía sostenible, editorial Icaria, ISBN 8483192241. - Crosby, A.W. (1988) Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa (900-1990) Crítica, Barcelona. - Declaración de Roberto Mallea en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad en Santa Cruz, 2002. -

Dillon

J.(2000)

Ecological

Debt:

South

Tells

North

"Time

to

Pay

Up",

http://www.enredeurope.org -

Ekologistak Martxan (2005) La Deuda ecológica de Euskadi. Nuestro modelo energético y la Amazonía Ecuatoriana Ekologistak Martxan. Bilbao.

- D. Hoyos- (2004) La Deuda ecológica vasca en Bárcena, I. (koord) (2004) Euskal Herria nora zoaz? Retos sociales y ambientales para la sostenibilidad. Ekologistak Martxan. Bilbao.

21

Informes “Energías Renovables 2050” y “Renovables %100”, realizados para Greenpeace por Jose Luis García Ortega y Alicia Cantero, Universidad Pontificia de Comillas. 22 I.Barcena & R.Lago (cords) “Nork nori zor? Deuda Ecológica: Energía, transnacionales y cambio climático. Icaria. (en prensa) Página 29 de 31

- Global Forum di Rio (1993) “ La carta della Terra. Il manifesto dell’ambientalismo planetario. ISEDI. Turín. -

Encina J. & Bárcena I. (2006) Democracia Ecológica. Formas y experiencias de participación en la crisis ambiental. UNILCO. Sevilla.

- Greenpeace (2007) Informes “Energías Renovables 2050” y “Renovables %100”, Jose Luis García Ortega y Alicia Cantero, Universidad Pontificia de Comillas. - Hernandez Zubizarreta, Juan (2007) “¿Bolivia dividida? Cuanta demagogia”. En respuesta al editorial “Bolivia dividida” de El País del 30 de Noviembre. - Itika Guasu (2005) “Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia”. Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. CEADES y CERDET. -

Llistar, David (2007) La anticooperación. Colección Contraargumentos. Icaria Editorial, (en preparación).

-

Martinez Alier, J. & Simms, A. & Rinjhout, L. (2002) « Poverty, Development, and Ecological Debt », panfleto.

-

Martínez Alier, J. (2004) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icaria- FLACSO, Barcelona.

- Martínez Alier, J. & Oliveras, A. (2003) ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y Deuda Externa. Icaria. - Martínez de Alegría Mancisidor, I.; Díaz de Basurto, P.; Martínez de Alegría Mancisidor, I. y Ruiz de Arbulu,I. (2008). European Union’s Renewable Energy Sources and Energy Efficiencies’ Policy Review. “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, aceptado para publicación y accessible en internet desde 30 agosto de 2007. -

Naredo, J.M. (2006) Raiceseconómicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas. Siglo XXI, Madrid.

-

Naredo, J.M. y Valero, A. (dirs.) (1999) Desarrollo económico y deterioro ecológico. F.Argentaria y Visor Distrib., Madrid.

-

Observatorio de la Deuda en la Globalización. (2003) Deuda ecológica. ¿quién debe a quién? Colectivo de difusión de la deuda ecológica. ODG. Icaria editorial.

- Okonta, I. & Douglas,O. (2003) “Where vultures feast. Shell, Human rights and Oil” . Verso ondres.. -

Ortega M. (ed.) (2005) La Deuda Ecológica Española. Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero. Colección Pensamiento Global. Muñoz Moya Editores.Universidad de Sevilla.

- Ortega Cerdá, Miquel. (2007) ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales españolas? Icaria. Bartcelona. - Intermón Oxfam (2004)Repsol YPF en Bolivia, Informe de Intermón Oxfam. Mayo. -

Paredis, E. & otros (2004) Elaboration of the concept of ecological debt. Center for Sustainable Development (CDO) Ghent University.

-

Quiroga, Jaime 2006. Bolivia en la Agenda Mundial.

Página 30 de 31

-

Reglamentación Técnico Sanitaria española. Real Decreto 1138/1990, BOE nº

226

20/09/90. -

Rowell, A,;Marrito, J.; & Stockman L. (2005) “The next gulf. London Washington and Oil Conflict in Nigeria” Constable. Londres.

-

Sachs, W. & Santarius, T. (2007): “Un futuro justo. Recursos limitados y justicia global” Icaria. Barcelona

-

Shiva, V. (2001) “Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y el conocimiento” Icaria, Barcelona.

-

Scheer, Hermann (2002) The Solar Economy: Renewable Energy for a Sustainable Future. Earthscan, Londres.

-

Simms A. (2005) Ecological Debt. The Health of the Planet & the Wealth of Nations. Pluto Press. London.

-

Spangenberg, J.H. (1995) Towards Sustainable Europe. A Study from the Wuppertal Institute for Friends of the Earth Europe. Luton-Brussels, FoE Publications Ltd.

-

Tierras Comunitarias de Origen. Título X, Artículo 138. Ley 3058 de Bolivia.

-

Weizsäcker, E. U. v.; Lovins, A. B.; Lovins, L. H. (1997) “Factor 4, Doubling Wealth - Halving Resource Use”, Earthscan, London.

-

Wackernagel, M y Rees, W. (1996) Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth. New Society Publishers, Filadelfia.

Páginas web de referencia Naciones Unidas-C.Climático http://www.ipcc.ch/ Convención marco del cambio climático www.unfcc.int Observatorio Deuda www.observatoriodeuda.org Ekologistak Martxan www.ekologistakmartxan.org Ecologistas en Acción www.ecologistasencacion.org Christian Aid www.christian-aid.org.uk Solidaridad en red www.solidaridad.net Convention on Biological Diversity www.biodiv.org/convention/ Oilwatch www.oilwatch.org Red internacional sobre deuda ecológica www.deudaecológica.org

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