DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (edición digital) III LEGISLATURA

Año: 1994

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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON VICTORIANO RÍOS PÉREZ SESIÓN PLENARIA núm. 40 Miércoles, 29 de junio de 1994

ORDEN DEL DÍA PRIMERO: Informe del señor Diputado del Común sobre la gestión realizada en 1993. SEGUNDO: Audiencia de Cuentas de Canarias. Renovación de miembros: Designación.

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TERCERO: PROYECTOS DE LEY 3.1.- Por el que se integran en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias determinados funcionarios de guarderías forestales, transferidos por la Administración del Estado: Propuesta de tramitación en lectura única. 3.2.- De crédito extraordinario para el funcionamiento del Instituto Canario de la Mujer: Propuesta de tramitación en lectura única. CUARTO: DEBATES DE PRIMERA LECTURA 4.1.- Proyecto de Ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias. 4.2.- Proyecto de Ley de autorización al Gobierno de Canarias para la adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de determinadas disposiciones legales autonómicas. 4.3.- Proyecto de Ley de transferencia, suplemento y crédito extraordinario para financiar el Plan de Acción Especial en materia de Enseñanza Secundaria, vivienda, medio ambiente y turismo. QUINTO: DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN Solicitud del Gobierno de adopción de acuerdo para presentar, ante el Gobierno del Estado, Proyecto de Ley de declaración de un Parque Nacional en Gran Canaria (Parque Nacional del Nublo).

(El desarrollo del orden del día continúa en el Diario de Sesiones núm. 54, de 30 de junio de 1994.)

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S U MAR I O Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos. La señora Secretaria primera, Noreña Salto, da lectura al acuerdo de la Mesa en el que se especifican las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos. INFORME DEL SEÑOR DIPUTADO DEL COMÚN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN 1993. Página .......................... 5

El señor Diputado del Común (Díaz Tejera) presenta el informe anual de la institución. A continuación intervienen los grupos parlamentarios por medio de sus representantes para exponer su opinión al respecto, tomando la palabra los señores Chocho García (G.P. Mixto), Sanjuán Hernández (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Bravo de Laguna Bermúdez (G.P Popular), Morales Morales (G.P. Centrista), Belda Quintana (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC) y García Camacho (G.P. Socialista Canario). Para comentar las intervenciones de los distintos oradores, retoma la palabra el señor Diputado del Común. AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS. RENOVACIÓN DE MIEMBROS: DESIGNACIÓN. Página ........................ 22

La señora Secretaria primera, Noreña Salto, da lectura a las normas por las que se va a regir la designación de los miembros de dicho organismo. Posteriormente la Presidencia da a conocer a la Cámara los candidatos presentados por los grupos parlamentarios. Realizada la votación secreta por papeleta, resultan elegidos ambos candidatos propuestos al obtener la mayoría requerida. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE INTEGRAN EN EL CUERPO DE AGENTES DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DETERMINADOS FUNCIONARIOS DE GUARDERÍAS FORESTALES, TRANSFERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: PROPUESTA DE TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA. Página ........................ 23

La Presidencia, a solicitud del Gobierno, propone al Pleno la tramitación en lectura única de este proyecto de ley, lo que se acepta.

Para su exposición toma la palabra el señor Consejero de Política Territorial, Redondo Rodríguez. Los señores Sanjuán Hernández (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Cabrera Montelongo (G.P. Centrista), Bello Esquivel (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC) y Padrón Díaz (G.P. Socialista Canario) se acogen al turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. El señor consejero vuelve a intervenir para referirse a las intervenciones anteriores. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el texto del proyecto de ley. PROYECTO DE LEY DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER: PROPUESTA DE TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA. Página ........................ 28

A solicitud del Gobierno, el Pleno acuerda la tramitación en lectura única de este proyecto de ley. Después de la exposición del contenido del proyecto de ley por el señor Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales (Bonis Álvarez), toman la palabra en el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios los señores González Viéitez (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Bravo de Laguna Bermúdez (G.P. Popular), Morales Morales (G.P. Centrista), Ucelay Sabina (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC) y Noreña Salto (G.P. Socialista Canario). Para contestar a los planteamientos formulados retoma la palabra el señor consejero. La señora Noreña Salto (G.P. Socialista Canario) interviene por alusiones. Sometido a votación, resulta aprobado. DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS DE CANARIAS. Página ........................ 31

El señor Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Educación, Cultura y Deportes (Mendoza Cabrera) justifica la presentación del proyecto de ley. El señor García Déniz se encarga de la defensa de la enmienda de totalidad de devolución que presenta el G.P. Socialista Canario, que posteriormente retira.

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Hacen uso del turno de intervenciones de los grupos parlamentarios los señores Chacón Negrín y Chocho García (G.P. Mixto), Sanjuán Hernández (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Bravo de Laguna Bermúdez (G.P. Popular), Morales Morales (G.P. Centrista) y Sicilia Hernández (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC). El señor consejero en su segunda intervención contesta los planteamientos formulados. Se interrumpe la sesión a las catorce horas y doce minutos. Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y ocho minutos. DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE DETERMINADAS DISPOSICIONES LEGALES AUTONÓMICAS. Página ........................ 41

Después de la presentación del proyecto por parte del señor Consejero de Economía y Hacienda (González Hernández), fijan la posición los señores Sanjuán Hernández (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Hernández Pérez (G.P. Centrista), Belda Quintana (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC) y Brito Soto (G.P. Socialista Canario), a cuyas intervenciones responde el señor consejero. DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DE TRANSFERENCIA, SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO. Página ........................ 45

Efectúa la exposición de los objetivos del proyecto de ley el señor Consejero de Economía y Hacienda (González Hernández), tras lo cual los señores Bravo de Laguna Bermúdez y Brito Soto

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defienden las enmiendas de totalidad de devolución que presentan respectivamente los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista Canario. Intervienen en contra de las enmiendas los señores González Viéitez (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Cabrera Montelongo (G.P. Centrista) y Ucelay Sabina (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC). El señor Consejero de Economía y Hacienda retoma la palabra para referirse a las intervenciones precedentes. En réplica vuelven a intervenir los señores Bravo de Laguna Bermúdez y Brito Soto, que suscitan la segunda intervención del señor Consejero de Economía y Hacienda. Ambas enmiendas de totalidad resultan rechazadas en sucesivas votaciones. DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. SOLICITUD DEL GOBIERNO DE ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA PRESENTAR, ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE UN PARQUE NACIONAL EN GRAN CANARIA (PARQUE NACIONAL DEL NUBLO). Página ........................ 68

El señor Fernández Martín (G.P. Popular) hace uso de la palabra en relación con una cuestión de orden. El señor Consejero de Política Territorial (Redondo Rodríguez) defiende la propuesta de solicitud. En el turno de fijación de posiciones intervienen los señores González Viéitez (G.P. Iniciativa Canaria I.CAN), Rodríguez Martinón (G.P. Popular), Hernández Pérez (G.P. Centrista), González Díaz (G.P. Agrupaciones Independientes de Canarias-AIC) y Padrón Díaz (G.P. Socialista Canario). Sometida a votación la toma en consideración, resulta aprobada. Consultada la Junta de Portavoces en relación con un corte en el fluido eléctrico producido en la Sede, la Presidencia acuerda interrumpir la sesión plenaria. Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos.

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(Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.) El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. La Secretaria primera va a dar lectura al acuerdo de la Mesa en relación con el quórum de este pleno. Tiene la palabra la señora Secretaria primera. La señora SECRETARIA PRIMERA (Noreña Salto): “Acuerdo. De conformidad con la resolución de carácter general de 2 de noviembre pasado, la Mesa acuerda fijar para la sesión plenaria del 29 próximo el siguiente régimen de quórum de asistencia y mayorías cualificadas: Número de diputados miembros de la Cámara a efectos del quórum de mayoría: 59 diputados. Quórum de presencia de la mayoría de los miembros de la Cámara necesario para la adopción de acuerdos: 30 diputados. Quórum de mayoría absoluta de los miembros de la Cámara: 30 diputados. Quórum de mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara: 35 diputados. Quórum de dos tercios de los miembros de la Cámara: 39 diputados. Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno del Excelentísimo señor Presidente. En la sede del Parlamento, a 28 de junio de 1994. María Teresa Noreña, Secretaria primera del Parlamento.” El señor PRESIDENTE: Bien, muchas gracias. (Rumores en la sala.) Por favor, ya ha comenzado la sesión. INFORME DEL SEÑOR DIPUTADO DEL COMÚN SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA EN 1993. El señor PRESIDENTE: Comienza el orden del día. Primero: informe del señor Diputado del Común sobre la gestión realizada en 1993. Tiene la palabra el señor Diputado del Común, señor Díaz Tejera. El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Díaz Tejera): Señor Presidente. Señorías. De acuerdo con el artículo 33.1 y 34.1 de la Ley 1/85, de 12 de febrero, del Diputado del Común de Canarias, comparezco ante ustedes para rendir cuentas, para dar cuenta de la gestión de la institución –de la gestión llevada a cabo por las 28 personas que estamos en la institución del Diputado del Común de Canarias– durante el año 1993.

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Pero no puede ser menos que si bien en ocasiones el Diputado del Común desarrollando sus tareas mantiene posiciones críticas, no es mala cosa que empecemos por reconocer y agradecer la diligencia acreditada por la Presidencia de este Parlamento, la Mesa de este Parlamento, en la edición de este informe anual de 1993, en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. Y por ello el primer comentario es agradecer esta diligencia, porque va a ser muy bueno para gran parte de la población, no sólo esperar a que nosotros mismos... –que de aquí en adelante seremos nosotros quienes editemos nuestros informes anuales–, poder contar ya con el informe anual del año 93, editado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. Dicho esto, Señorías, ¿qué características tiene el informe del año 1993? Es obligado dar algunas cifras para situar lo que ha supuesto este informe, algunas cifras a efectos meramente introductorios. El número de expedientes nuevos durante el año 1993 ha sido 1.239. Ha habido un incremento respecto al año 92 de 5’7. El número de expedientes archivados en el año 1992 fue de 47’45%, mientras que en el año 93 ha sido del 63’94%. Equivale aproximadamente a un aumento de un 22% de archivo. Las soluciones encontradas entre los archivados, si bien en el año 92 fue de un 35’21%, en el año 93 ha sido del 59’45%, lo que supone aproximadamente un aumento de un 45%. Y en relación con el grado de colaboración, si bien en el año 92 fue de un 83’64%, en el año 93 ha sido de un 91’3%. Estos datos es obligado transmitirlos al Pleno de la Cámara, algunos de ellos se han expuesto en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, pero bien está que se reafirme ante el Pleno, porque es ante el Pleno ante el que rinde cuentas la institución del Diputado del Común de Canarias, no sin antes una breve reseña a efectos de explicación y de disculpa del porqué en este año lo estamos presentando en estas fechas. El año pasado fueron las elecciones generales y en este año, Señorías, nos parecía oportuno presentarlo después de las elecciones europeas a efectos de que se pudiera trabajar el material de la institución en un clima de sosiego y serenidad como corresponde a un periodo no electoral. Tenemos el compromiso, debido también a razones electorales, el próximo año, de ver si lo podemos entregar a finales del mes de febrero del año 95, para que así lo podamos discutir antes de que el Parlamento, pues, se disuelva y esté la Diputación Permanente. Bien. ¿Cuáles serían los rasgos más sobresalientes de este informe? Si sus Señorías se fijan, comprobarán que no hay relación alguna de catálogo

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de quejas; no hay introducciones primero y después relación de quejas, sino que hay una unidad entre la evaluación, el análisis de las áreas en que está dividido el trabajo dentro de la institución, de un lado, y dentro del mismo análisis y de la misma evaluación, ya entre paréntesis –para reafirmar alguna de las ideas expuestas en ese análisis– están algunos números de algunos expedientes de queja que reafirman lo que estamos diciendo. Es una forma de acreditar ante sus Señorías que ninguno de los análisis, ninguna de las evaluaciones que se hacen en las 453 páginas que constituyen el informe de este año se amparan o se anclan en cosas distintas a la experiencia de trabajo de la institución, que no sólo es la experiencia de escucha, de escucha de lo que dice y siente la población del archipiélago, sino de asesoramiento y también de escucha de lo que plantean los administradores. Conjuntamente con ese rasgo habría que destacar también que la estadística está bastante más reducida. Hemos tratado de hacer una estadística lo más ajustada posible a los datos reales, a los datos objetivos con los que contábamos, porque había algunas evaluaciones que teníamos interés en hacer, pero si no contábamos con datos reales, no nos parecía conveniente hacerlo. Y por esa razón, habíamos insistido en introducir sólo aquello que nos constaba, que podíamos fehacientemente acreditar con base en nuestra experiencia. ¿Sobre qué materias han versado las reclamaciones? El 15’46% han tratado sobre asuntos que tienen que ver con el servicio público de la Justicia, el 15’46%. Ya sus Señorías saben –porque lo hemos explicado en otras comparecencias– que hay una relación de acuerdo, en primer lugar, cuando estaba don José Mateo como Presidente del Tribunal Superior, mediante un escrito expreso autorizando al Diputado del Común a dirigirse a la Presidencia del Tribunal Superior, y no sólo a la Fiscalía –era una manera de agilizar el procedimiento que también la Presidencia del Tribunal Superior tuviera conocimiento de las cosas sobre las que se queja la población, el justiciable, quien acude al Tribunal Superior de Justicia para encontrar tutela a sus derechos e intereses legítimos–; también con el actual Presidente, con don Manuel Alcaide, en lo que hemos acordado, es que con algunas plazas dirigirnos directamente a los jueces y, en alguna otra, que tiene una amplitud especial, pues hacerlo a través del juez decano. Quiero decir con esto que esta vía, este modelo específico que tenemos en el archipiélago y que no hay en ningún otro lugar de España o del Estado español, pues puede dar un grado de fluidez especial a la relación entre el Poder Judicial y la institución parlamentaria, la institución del Diputado del Común de Canarias.

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El 9’33% de las quejas hacen referencia a la materia educativa, a la Educación; el 9’15% a la Vivienda; el 7’43% al área que calificamos como Seguridad Pública; el 7’69% a Trabajo y Función Pública, y el 6’13% a Salud –en términos generales lo que sería Salud y Sanidad–. ¿Colaboran las Administraciones públicas con la institución del Diputado del Común de Canarias? La respuesta es sí. ¿Cuántos colaboran? La respuesta es todas, todas sin excepción, todas las Administraciones públicas sin excepción colaboran con la institución del Diputado del Común de Canarias; y todas sin excepción responden al alto comisionado de esta Cámara. Pero hay algunas que nos responden –es cierto– pero tarde y después de un especial esfuerzo que ha hecho la institución. ¿Cuáles son? Les digo. El ayuntamiento de Santa Brígida en el expediente de queja 701 del 89 tardó en contestar 24 meses, no sólo mandamos el escrito inicial sino tres escritos más: dos faxs y una llamada de teléfono. También el ayuntamiento de Santa Brígida, en el expediente de queja 255 del 90, tardó 9 meses en contestar. También se hicieron tres escritos y un fax. También el Ayuntamiento de Santa Brígida en el expediente 871 del 90 tardó 24 meses en contestar. También se hicieron tres escritos, dos fax y una llamada de teléfono. El Ayuntamiento de Tías, en el expediente 878 del 92, tardó 19 meses en contestar. Se hicieron tres escritos, se envío una reiteración por fax y también se reiteró telefónicamente. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, bien es cierto que es una materia donde tenemos mucha cantidad de reclamaciones, que es especialmente la de vivienda, y bien es cierto que con el secretario general técnico anterior, con don Manuel Cambreleng, se había acreditado un esfuerzo en crear una unidad especial de relación con la institución, pero el hecho objetivo, lo que nos sale del ordenador son los siguientes datos. En el expediente de queja 446 se tardó 11 meses en contestar. Se hicieron tres escritos por nuestra parte. En el expediente 952 del 92 se tardó 17 meses en contestar y se hicieron tres escritos. En el expediente 1.231 del 92 se tardó 13 meses en contestar, se hicieron tres escritos. En el expediente de queja 1.519 del 92 se tardó 14 meses en contestar e hicimos tres escritos. En el 1.520 del 92, 14 meses en contestar, se hicieron los tres escritos y también se reiteró por fax. En el 1.521 del 92 se tardó 14 meses en contestar, se hicieron tres escritos y se reiteró por fax. Y también en el 1.522 el mismo tiempo y el mismo esfuerzo por nuestra parte.

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El Ayuntamiento de La Oliva, en el expediente 51 del 89, tardó 17 meses en contestar. Nosotros hicimos tres escritos y una reiteración por fax. En el Ayuntamiento de Teror, en el expediente 74 del 90, tardó 24 meses en contestar. Hicimos tres escritos, una reiteración por fax y una llamada telefónica. El Ayuntamiento de Frontera, en el 1.016 del 91, tardó 18 meses en contestar. Se hicieron tres escritos. En el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en el expediente 807 del 91, se tardó 25 meses en contestar, se hicieron tres escritos y se hizo una reiteración por fax. Y en el 953 del 92 tardaron 15 meses en contestar. Hicimos tres escritos, una reiteración por fax y una llamada telefónica. En el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en el expediente de queja 136 del 90, se tardó 26 meses en contestar. Se hicieron tres escritos, una reiteración por fax y una telefónica. En el 257 del 90 tardaron 13 meses en contestar, se hicieron tres escritos, una reiteración por fax y otra por teléfono. Y en el 1.230 del 91 se tardó 23 meses en contestar, se hicieron tres escritos, una reiteración por fax y otra por teléfono. Yo les pido a sus Señorías disculpas por este esfuerzo de precisión en la cita de las administraciones que han sido especialmente morosas. Todas han respondido y de ahí que lo reitere –y lo he dicho al principio–, “todas sin excepción están colaborando con la institución”, lo cual supone que el esfuerzo de comunicación que se hizo en el pleno, en la comparecencia anual del correspondiente informe del 92, ha surtido efectos e insisto, en que toda ...(Ininteligible.) colabora. Pero no parece conveniente que los márgenes de buena voluntad y de cordialidad y de esfuerzo de convencimiento se eternicen y se mantenga la institución en el limbo permanente de la ambigüedad, y por eso es conveniente que en ocasiones seamos concretos y seamos precisos para que no paguen justos por pecadores y que, bueno, cada uno asuma su responsabilidad en el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Esto sería el capítulo preciso de las administraciones morosas, responden pero morosas. No tenemos la aspiración de que todas las Administraciones públicas se comporten como se comporta Viviendas Municipales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que nos responde a los informes prácticamente a vuelta de correo o prácticamente con un motorista. No tenemos esa aspiración, porque entendemos que hay muchas Administraciones públicas, pues, que tienen un conjunto de dificultades y en ocasiones, incluso, los 15 días que establece la ley pues no parece un periodo razonable, en algunos supuestos, en otros es más

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que suficiente. Pero ciertamente entre ese extremo utópico de la comunicación prácticamente en el día del asunto que nos plantea la población y que le hemos remitido a Viviendas Municipales en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre ese extremo utópico y el extremo de 24 meses para responder, yo creo que se podría hacer un esfuerzo, y ruego a sus Señorías que trasladen, a través de las vías que estimen oportunas, que en general estas administraciones pues sean más cumplidoras con la Ley 1/85, de 12 de febrero, del 85 del Diputado del Común de Canarias, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no sólo respetuosos con la ley –que están obligados a ello–, sino respetuosos con esta Cámara que representa al millón y medio de almas que habita este archipiélago. Conjuntamente con los asuntos que podríamos calificar de morosos, hay algunos asuntos que querríamos trasladar a sus Señorías, que serían clamorosos, algunos asuntos clamorosos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a pesar de reiteradas órdenes de suspensión de una obra y de incumplimiento de esas reiteradas órdenes de suspensión para que se paralice la construcción de un edificio de apartamentos que no tenía licencia, aun así siguió adelante la edificación, y la multa que se puso fue de 166.950 pesetas. La desproporcionalidad entre lo que supone incumplimiento reiterado de la orden de suspensión dada por el ayuntamiento, en cumplimiento de su obligación, y luego esta desproporción con esta multa tan irrelevante, que casi, casi, casi, como ocurre en el ámbito de la criminalidad contaminante, de la criminalidad de cuello blanco –que algunos de los auténticos atentados criminales contra el medio ambiente lo incorporan dentro de los costes de producción, previendo ya cuáles van a ser las multas que se les van a imponer por parte de la Administración pública–, pues en este caso es muy posible que si este tipo de situaciones tan desproporcionadas se siguen repitiendo, pues alguna persona que no tenga en cuenta el ordenamiento jurídico, algún constructor que no tenga en cuenta el ordenamiento jurídico o alguna otra persona en cualquier otro ámbito, pues ya incorpore dentro de los costes de producción la cuantía de la multa. En el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se pide una licencia, no se responde y cuando la institución pide un informe respecto a ese hecho, la respuesta es que no existe el expediente en la Administración. Y cuando se habla con el secretario de la corporación, lo que responde es que no sabe nada de cualquier cosa acontecida antes de la llegada de ese secretario. En el ámbito de la Consejería de Trabajo y Función Pública, en el apartado de subvenciones, teníamos quejas en relación con lo que estaba aconteciendo con las subvenciones, tanto las de natura-

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leza financiera como las de rentas de subsistencia, y lo que hicimos fue encargarle a un asesor, de los dos asesores que tiene la institución, encargarle a un asesor que fuera a hacer una inspección directa de esos expedientes. Y nos encontramos con que se tramitan, se estaban tramitando, sin trámite alguno en función del orden de registro; un viejo aforismo jurídico prior tempore, potior iure, sin embargo, eso no se respetaba y se tramitaban las peticiones de subvención sin orden y sin contemplar el registro. Retrasos en el abono, diversidad de criterios para tramitar unas o tramitar otras e incluso unos criterios se aplicaban en la oficina en Gran Canaria y otros criterios se aplicaban en la oficina en Tenerife. Pero no sólo eso, sino que los expedientes que estaban en poder de una de las dos oficinas, cuando se remitió a la otra, se perdieron. Pérdidas o extravíos temporales, pero el hecho cierto es que no estaban. Cuando nosotros pedimos el informe, la respuesta que se nos da es que los responsables políticos de esa consejería habían cambiado y no sabían qué funcionarios eran los que tramitaban este asunto. Les narro sólo algunos asuntos, sin entrar en evaluación, porque a mí me parece que son suficientemente expresivos. Hay ayuntamientos como el de Adeje, como el de Arafo o como el de Haría, que ponen dificultades, incluso en ocasiones impiden que los concejales de formaciones partidarias distintas a aquéllas que ejercen el gobierno puedan acceder a toda la información necesaria para desempeñar su labor. Y en ocasiones también encontramos asuntos de una especial gravedad que reflejan una especial descoordinación entre lo que podíamos llamar la Administración autonómica y la Administración local, como es el supuesto de la calidad del agua que beben los hombres y mujeres que habitan en el término municipal de Telde. Algunos de estos supuestos, Señorías, son suficientemente expresivos, y si los traemos a colación en este pleno... –pueden leerlo en el informe anual, en las 453 páginas del informe del 93–, pero sí parece conveniente que en cada informe hagamos un esfuerzo por intentar ser lo más comunicativos posibles y poder trasladar lo que siente la población que se dirige a nosotros. Nosotros entendemos que no recogemos toda la patología que hay en la cosa pública canaria o toda la insatisfacción o todo el malestar de la población respecto a la cosa pública canaria. Entendemos que sólo recogemos una parte de esa patología. Entendemos que la patología es aún superior, pero no hemos conseguido traducirla en términos de queja concreta y un expediente concreto. Pero como quiera que todo no va a ser análisis crítico y exposición crítica, porque lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, y punto y final –lo haga quien lo haga–, he empezado agradecien-

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do la diligencia a la Presidencia del Parlamento y a la Mesa de Parlamento por la edición en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias del informe del 93. Yo creo que es un precedente nuevo, sienta ya un precedente hacia el futuro, nunca se había hecho, y menos con esta agilidad. Por eso hay que empezar diciendo eso, porque se pierde fuerza moral si sólo se está a las duras; también hay que estar a las maduras. Y dentro de este capítulo de las maduras, antes comenté el piropo de la velocidad de respuesta en Viviendas Municipales en Santa Cruz de Tenerife, también hay que decir que en lo que se refiere al ámbito de la comunidad autónoma, nos encontramos con una especial sensibilidad a las sugerencias que hemos estado haciendo en los últimos años respecto de la necesidad de nuevas actitudes, nuevos criterios, nuevas disposiciones para ensayar, métodos distintos de trabajo. En el acto que se celebró en el Teatro Guimerá hace pocos días, el maestro Buero Vallejo hablaba de que no se pueden condenar las tentativas que se hacen por mejorar las cosas. Bueno, lo de la gestión integrada, o de la gestión transversal –es decir, poner en comunicación Administraciones que desarrollan su trabajo en vertical, o si quieren ustedes en horizontal, pero que no se conexionan, no se conectan en foros concretos, como puede ser una reunión específica–, pues bien, eso que en la terminología de la LOGSE, lo que ya en alguna ocasión hemos hablado de la gestión transversal, los ejes transversales educativos, y que algunas de sus Señorías saben muchísimo mejor que yo, porque son profesionales de la educación, hemos encontrado una especial receptividad en algún gestor de la vida pública. Y yo creo que es bueno decirlo, porque es así, y es parte de la verdad. En el caso del Director General de Servicios Sociales, cuando hemos planteado gestión integrada, cuando hemos planteado técnicas de trabajo transversal, de comunicación entre unas administraciones y otras, no sólo lo ha entendido perfectamente, sino que lo ha desarrollado. Puede que al principio, a impulso, a sugerencia, o por la lata que da la institución en algunos asuntos –que para eso está, entre otras cosas–, pero luego el impulso ha sido autónomo, la institución ha seguido participando, pero ya con una iniciativa propia por parte del Director General de Servicios Sociales. En concreto, en lo que se refiere a las barreras –a las barreras que tienen las personas con limitaciones físicas para acceder a los edificios públicos o edificios privados de pública concurrencia–, alguna de sus Señorías aquí presente participa de esta experiencia. No sólo están todos los grupos parlamentarios de las Cortes, sino también todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias, representantes de las asociaciones de personas afectadas directamente por el asunto, están

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participando ahí. Está también la ONCE, la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos, la dirección general, los grupos parlamentarios, también está el Consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife y la institución del Diputado del Común de Canarias. A nosotros nos parece ésa una técnica de trabajo ejemplar y a copiar, a copiar sin complejo ninguno. ¿Por qué razón? Pues porque hay gente que de diferentes Administraciones públicas, de diferentes orientaciones partidarias, con diferentes responsabilidades, incluso los afectados, se sientan a trabajar de qué manera en Canarias podemos avanzar en este terreno. Hay un proyecto de norma, elaborado por la Dirección General de Servicios Sociales, y luego trabajado, ampliado, corregido, modificado... Trabajada, porque no hay celos de quién se arraya el millo entre los técnicos de la Dirección General de Servicios Sociales o los técnicos del Cabildo de Tenerife. Un proyecto enorme en relación con barreras –antes yo decía barreras arquitectónicas, pero ya ellos me han enseñado que no son sólo arquitectónicas, sino de muy diversa naturaleza, y por lo tanto ya uso solamente la expresión de ellos, porque ellos así me lo han enseñado–. Pues bien, hay un proyecto de norma en que intentamos recoger los análisis, las propuestas, las sugerencias de todos los afectados, de todas las Administraciones con competencias en el asunto, a ver si en septiembre podemos hacer una reunión aquí en Tenerife para aquellas cosas que no han sido recogidas por los técnicos que han elaborado la norma, discutirlas allí, sin especiales debates respecto a quien va a estar, quien no va a estar. Van a estar todas las Administraciones y todos los afectados, porque la intención es ver –y eso se nos enseñó en esa reunión–, la intención es ver, no sé si –en la terminología parlamentaria– lo de en lectura única cuando un texto ha sido bien trabajado por todos los grupos y la intención es que luego no se retrase con las enmiendas, sino que pueda salir en lectura única, y eso nos parece que va por muy buen camino. Pero no sólo ha sido eso, sino que en una última reunión se llamó al director del Instituto Canario de Empleo, y en ese sentido acordamos en esa reunión aprovechar esta oportunidad de que el Diputado del Común comparecía en el Pleno para hablar de dos proyectos en los que estábamos trabajando. Uno de ellos de un coste aproximado de 50 millones de pesetas para la toma de datos y elaboración del censo de barreras, que serían los cabildos –todos ellos–, coordinados por la Dirección General de Servicios Sociales, en este caso concreto así lo acordaron el Director General y los Consejeros de Asuntos Sociales allí presentes, y se trata de acogerse al programa territorial de apoyo al empleo y formación en acciones que respondan a necesidades colectivas, el antiguo Plan Canario de Empleo.

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Y luego, a su vez, no sólo es hacer el censo de barreras, sino la ejecución de acciones de supresión de barreras con cargo al plan de choque contra el paro que el Gobierno –es una chuleta que me escribió el propio director general–, que el Gobierno pretende aprobar a través de una ley de crédito extraordinario. Ésta es la propia letra, la propia expresión del director general, porque lo que tratábamos era de que esta línea de trabajo, no sólo por la materia, que es relevante, sino por lo que supone de forma distinta de hacer las cosas, pudiera seguir caminando y a ver si de alguna manera el ejemplo puede ir cundiendo en otros ámbitos. Sus Señorías pueden pensar: bien, todos los años comparece aquí y, de alguna forma, da la impresión que repite lo ya dicho en el informe del 91 y repite lo dicho en el informe del 92 –como que es algo recurrente–. A nosotros nos parece que es importante hacer un esfuerzo de continuidad de todo el trabajo que ha hecho la institución en estos años, tratando de ir integrando lo hecho con anterioridad. No se trata de que cada año en sí sea una especie de cajón sin continuidad con otros años, sino que haya una línea de trabajo. Recordarán sus Señorías que en el primer informe hablamos –en esta exposición oral ante el Pleno– del principio de colaboración y coordinación. En el segundo año, sobre todo, trabajamos el principio de la eficacia. Decíamos eficacia versus, eficacia contra legalidad. Esa especie de ideología a lo Rambo que se iba desarrollando y que consistía en algo así como que la legalidad es un estorbo y que la eficacia está por encima de ella. En este año, ¿sobre qué querríamos trabajar?: fundamentalmente lo que podríamos calificar como la parte evaluativa de conjunto que hace la institución después de los números y las concreciones que he expuesto. Nosotros no es que digamos que ya se ha solventado el cumplimiento exacto del principio de colaboración y coordinación. Ese principio lo mantenemos, creemos que todavía hay que hacer mucho en la colaboración y la coordinación, y creemos también que todavía hay que hacer mucho en lo que se refiere al principio de eficacia y legalidad. Pero a nosotros nos parece que integrando estos dos apartados, si tuviéramos que calificar la exposición ante este Pleno, podríamos calificarla como la crisis de lo público. Señorías, la patología que recibimos nosotros no es toda la patología que existe. Hace años que vamos yendo por un montón de centros de educación, tanto primaria, secundaria como universitaria, y nos reunimos con todo tipo de colectivos vecinales. Trabajamos con todas las Administraciones públicas, no sólo municipales, no sólo insulares, no sólo regionales, sino también la Administración general del Estado que está en Canarias, y de las ocho islas pobladas. Y nosotros estamos

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convencidos de que la bolsa de frustración, de que la bolsa de indefensión en que se encuentra alguna gente, no hemos conseguido traducirla en términos de razonabilidad, en términos de queja, en términos de reclamación. La institución actúa como una especie de observatorio que escucha y que recibe lo que siente, y reitero lo que siente porque a veces ni siquiera es lo que piensa, porque no se consigue articular en ideas abstractas, sino lo que siente gran parte de la población, una especie de censor que recoge información y trata de trasladársela, en la medida de sus posibilidades, a las 60 personas que representan al millón y medio de almas que están en Canarias. Y Señorías nos preocupa especialmente no sólo la indiferencia de gran parte de la población hacia lo público, sino el desprecio que gran parte de la población siente hacia lo público. Nos preocupa especialmente esto. Nos preocupa la incomunicación entre el mundo público y el conjunto de la población. Nos preocupa la distancia que en ocasiones observamos entre las cosas reales que a la gente le están preocupando y lo que se está planteando en otros ámbitos. Nos preocupa sobre todo la desconfianza, la desconfianza por parte de sectores de la población; nos preocupa muchísimo porque modestamente –desde luego no es la labor del Diputado del Común–, pero, modestamente, con el esfuerzo que hacemos en el programa o en el proyecto de Escuela de Ciudadanía, en ese contacto y en ese esfuerzo por intentar que la población vaya teniendo más conocimiento de cuáles son sus obligaciones y sus derechos, no sólo sus derechos, sino también cuáles son sus obligaciones, en ese esfuerzo por estimular la participación de las personas en la vida pública, en la dirección de los asuntos públicos, no sólo votando sino participando regularmente, a través de sus instrumentos participativos más cercanos o con los que tienen una mayor identificación. Nos preocupa esto, nos preocupa esta distancia. No es el Diputado del Común el más indicado para decirle a sus Señorías qué cosas se pueden hacer al respecto. No va a tener el Diputado del Común la osadía de decirle a ningún parlamentario que es conveniente, pues, una vez al mes o una vez cada dos o tres meses ir a un instituto a dar una charla o ir a una asociación de vecinos a explicar cuál es el sistema de convivencia que estamos construyendo, cómo funcionan las cosas para que cuando se sientan insatisfechos ante algo sepan por dónde canalizarla, siempre con educación, pero siempre también con firmeza. No somos nosotros los que tenemos que decir tales cosas, pero sí querríamos que de alguna forma sus Señorías reflexionaran sobre estos hechos, porque nos parece muy preocupante y forma parte de nuestra obligación moral trasladarlo a la Cáma-

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ra. En la medida de las posibilidades nosotros lo que intentamos es interesar a sus Señorías que aprovechen el material que está a su disposición, que rentabilicen al máximo la inversión que el Parlamento hace para que funcione –que hace la comunidad autónoma–, para que exista una institución de esta índole. Nosotros modestamente tratamos de hacer lo de la Escuela de Ciudadanía; tratamos también, en la medida de nuestras posibilidades, de reformar la ley nuestra y remitir a la Cámara un proyecto de reforma –como ya anuncié en la Comisión de Gobernación, después de una ronda con todos los grupos, porque también querríamos que fuera un asunto previamente consensuado entre todos los grupos parlamentarios–. Intentamos poner fórmulas para que se garantice la independencia del trabajo de la institución; intentamos, por ejemplo, que no se pueda reelegir indefinidamente al Diputado del Común, tratar de agotar a dos mandatos, por ejemplo, la responsabilidad del Diputado del Común. Hemos colaborado con los grupos parlamentarios cuando así nos ha sido posible en la reforma del artículo 13 del Estatuto de Autonomía, porque pensábamos que estaban sucediendo aconteceres en la vida pública española que no parecía bueno que, de alguna forma, se diera la impresión de que se quería debilitar los instrumentos de supervisión, sino que, al contrario, la intención, yo creo que de todas sus Señorías –como así nos lo han hecho saber– es la de fortalecer los instrumentos, vigorizar los mecanismos de supervisión. Estamos intentando reafirmar la confianza de nuestra gente en nuestras capacidades, en general, como pueblo; de ahí que hagamos un esfuerzo siempre de explicar a través de todos los medios y en todas las charlas que cuando salimos fuera del archipiélago siempre vamos con ponencias, siempre explicamos, siempre intervenimos, y a su vez tratamos de traer reuniones internacionales para el archipiélago para que comprueben en general el conjunto de los canarios que no tenemos motivo alguno para tener actitudes de inferioridad ante pueblo alguno del mundo. Tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de cambiar algunas de estas cosas. Tratamos de colaborar en la necesidad de recuperar el crédito de lo público, de su importancia, de su prestigio. Pensamos, incluso, que eso es algo que a todos nos viene bien, porque sea cual fuere la política que se haga –y que decidirá siempre la población en función de su voto–, sea cual sea la política que se haga siempre es bueno que lo público tenga el prestigio y el realce que se merece en función de la relevancia general de los asuntos que se ventilan en él. Hemos intentado reflexionar sobre retos nuevos que nos vienen delante. Son retos nuevos para la comunidad autónoma, son retos nuevos para el

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Gobierno de Canarias, y también es un reto nuevo para nosotros, para la institución del Diputado del Común de Canarias en lo que se refiere, por ejemplo, a las transferencias de Sanidad. Estamos recibiendo las reclamaciones que tienen que ver con el servicio público sanitario y nos parece bien establecer una fórmula de enlace entre la oficina, que en el servicio público sanitario recoja las reclamaciones que tienen que ver con la Sanidad, y la institución del Diputado del Común de Canarias. La sugerencia que se nos ha planteado por el señor Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales referente a que sea la propia institución del Diputado del Común quien designe a un funcionario de esa consejería para llevar a cabo esas tareas de enlace con arreglo a los criterios que se establezcan en la institución del Diputado del Común de Canarias nos parece que es una buena sugerencia. Evidentemente, Señorías, yo no puedo acabar sin decir que la institución querría contar con un equipo técnico para poder desarrollar las tareas de supervisión de las Administraciones públicas, incluida esta última de Sanidad. Pero en cualquiera de los casos la institución tiene lo que el Parlamento así decida. Si el Parlamento decide un presupuesto, eso es lo que tiene el Diputado del Común, y si no quiere, pues, dejarlo que ya otras personas podrán desempeñar su tarea. Pero en cualquiera de los casos yo no puedo transmitirles a ustedes que estoy satisfecho, porque no estoy satisfecho, pero sí hay una expresión que no dejo de leer, porque si lo dijera de memoria no lo haría bien. Nosotros, yo en concreto –que asumo los errores, todo el trabajo del informe es un trabajo colegiado, pero quien asume los errores, las insuficiencias y los defectos soy yo, y exclusivamente yo; pero, insisto, el informe es un trabajo, en términos generales, colegiado–, nosotros estamos orgullosos de los avances que hemos hecho y los números que hice al comienzo de la exposición yo creo que pueden ser representativos. Estamos orgullosos de los avances que hemos hecho a lo largo de estos años de gestión, del conjunto de los años de gestión en que existe la institución en el archipiélago, pero estamos todavía muy insatisfechos de los resultados que hemos obtenido. A nosotros no nos complace en nuestra vanidad decir: en el 60% de los asuntos archivados hemos conseguido una solución. A nosotros eso no nos complace en la vanidad, a nosotros nos preocupa el 40% de los asuntos que, teniendo amparo jurídico, teniendo protección en el ordenamiento jurídico y que no requiere más recursos, no se han solucionado. Eso es lo que nos atormenta, porque pensamos que hay todavía un conjunto de asuntos que, insisto, no requiere más recursos, sino lo único que requiere es un cambio de criterios, un cambio de actitudes: establecer métodos de trabajo distintos y mayores

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esfuerzos de conexión, mayores esfuerzos de conexión con el conjunto de aspiraciones y sentires de la población. Insisto, no estoy orgulloso de los resultados que hemos obtenido, hemos avanzado, pero nos queda mucho todavía para poder garantizar a sus Señorías que no hay razón alguna para que siga existiendo la institución, porque ya el millón y medio de personas se sabe perfectamente defender y sabe perfectamente argüir cuáles son sus derechos ante las Administraciones públicas. Todavía es necesario que exista la institución y todavía es necesario que el Parlamento de Canarias tenga un alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la superrevisión de las Administraciones públicas canarias. Yo espero, Señorías, que progresivamente en la medida en que nosotros mejoremos –porque tenemos que mejorar todavía muchísimo–, que los avances tengan que ser todavía muchísimo más sustanciales de lo que creo modestamente que lo son, pero sobre todo en la medida en que sus Señorías sintonizan con las preocupaciones que tratamos de trasladarles, para ver de qué forma entre todos, entre todos los que tenemos cariño por lo público en Canarias, podemos recuperar el prestigio y la dignidad que supone estar colaborando con los destinos, con los intereses generales del conjunto de nuestro pueblo, yo pienso que podríamos hacer un serio esfuerzo en tal sentido. Los mecanismos a adoptar para que estas cosas puedan cambiar son mecanismos que sus Señorías tendrán que decidir. Intento cumplir con la conciencia nuestra trasladándoles a ustedes este sentir que yo creo que es representativo de gran parte de nuestro pueblo. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Diputado del Común. Se abre un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? El señor Chocho. El señor CHOCHO GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. En primer lugar, agradecerle al señor Diputado del Común la información amplia que nos ha traído a esta Cámara en cumplimiento del trabajo desarrollado por dicha diputación en el año 1993. Del informe que nos ha sido facilitado y de la información que en esta Cámara acaba de darnos se puede comprobar, se puede desprender el buen o mal funcionamiento –dicho entre comillas– de las distintas instituciones de la Administración pública canaria.

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Es de destacar, en dicho informe, desde la liquidación del presupuesto y la ejecución del presupuesto al 100% de dicha institución, así como la intervención y las actuaciones que ha tenido el Diputado del Común, no solamente en los distintos estamentos y la vida social de Canarias –en conferencias, reuniones y sugerencias a las distintas instituciones para el mejor desarrollo y atendimiento a los vecinos–, sino, además, las intervenciones que ha tenido en las instituciones tanto nacionales como de ámbito internacional. Es de destacar que año tras año de las quejas que van dirigidas al Diputado del Común tienen una especial relevancia –él mismo lo ha dicho– en cuanto a las áreas de Justicia, Vivienda, Educación, Trabajo, Política Territorial y Sanidad. Asimismo, de las comunicaciones que ha enviado a distintas instituciones públicas de Canarias en el año 93 se puede comprobar que durante el mismo año –durante el año 93– han sido contestadas en orden al 90% de dichas comunicaciones, con lo cual entiendo que las instituciones públicas cada vez colaboran más con nuestro Diputado del Común. Asimismo, de las recomendaciones que han sido sugeridas han sido atendidas y aceptadas en el 50%. Es de destacar que cada vez los ciudadanos canarios, aparte de las quejas a las que anteriormente hacía referencia, en cuanto a las corporaciones locales, se insiste mucho en cuanto a las actuaciones de las actividades clasificadas; y asimismo los grupos que normalmente están en las corporaciones en la Oposición incrementan las denuncias o las quejas ante el Diputado del Común, porque las corporaciones gobernantes no les facilitan el material suficiente para desarrollar su trabajo desde la Oposición. A mí solamente me caben hacer los siguientes interrogantes: yo no sé si por las denuncias o por las quejas, por su importancia, que se han presentado a la Diputación del Común, alguna de ellas –repito– por su importancia ha valido la pena o el señor Diputado del Común entiende que, aparte de las recomendaciones que hace a este Parlamento y las recomendaciones que hace a las propias Administraciones públicas, es necesaria la actuación de la Diputación del Común en otras esferas, llámese Administración de Justicia, por la gravedad del tema, que no lo sé si efectivamente eso es recomendable o no. Ya solamente me resta una vez más agradecerle la información que nos da y entre todos colaborar para que la Administración pública de Canarias, llámese Administración autonómica o Administración local, la eficacia cada vez sea mayor y cada vez sea más efectiva en beneficio de los ciudada-

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nos más desfavorecidos, que son los que realmente y normalmente demandan la actuación y la intervención del Diputado del Común. Nada más. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo I.CAN, el señor Sanjuán. El señor SANJUÁN HERNÁNDEZ: Señor Presidente. Señorías. Señor Diputado del Común y sus adjuntos. Me corresponde como portavoz de Iniciativa Canaria en este punto fijar la posición de mi grupo con respecto al informe que nos acaba de presentar la institución del Diputado del Común. En primer lugar, hemos de destacar que las quejas aumentan, y es así, y será así: las quejas irán aumentando año tras año. ¿Por qué? Porque la institución del Diputado del Común por su simplicidad, por su gratuidad y por la ligereza a la hora del procedimiento es punto de referencia y es objetivo del ciudadano cuando se considera mal tratado o mal atendido en su queja. Ir a unos tribunales supone, precisamente, un engorroso procedimiento que, incluso, está entre las quejas más numerosas las de la Justicia. Pero, indudablemente, la Administración pública por la sola existencia ya hoy en día de la institución del Diputado del Común éste se convierte ya en punto de referencia consciente o inconscientemente en la actuación de la Administración a sabiendas de que una queja puede venirle a través de la institución del Diputado del Común. Hemos de destacar que, precisamente, siguen siendo las mismas áreas de siempre las que más quejas producen o se presentan a la institución del Diputado del Común: Justicia, Vivienda, Educación, Trabajo, Sanidad, Política Territorial. Efectivamente. Sin embargo, tenemos que resaltar una mayor respuesta de la Administración puesta de manifiesto en el informe, donde asciende incluso al 91%, y –cosa importante que hay que resaltar– con casi 20 puntos más con relación al año anterior de 1992. En las recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias que hace el Diputado del Común ha sido aceptado un 42%, pero no aceptado o aceptado a medias un 63 o un 60% de esas recomendaciones. Hay una cuestión que a nosotros desde que formamos parte de la ponencia que elaboró la Ley del Diputado del Común nos preocupó y nos sigue preocupando, y es ¿dónde está la frontera de las sugerencias, recomendaciones de deberes legales y sugerencias que hace el Diputado del Común? Esa frontera que ha de ser sensible con que el contenido de esas sugerencias o resoluciones no lleven implícito, de una manera tácita o expresa, un fallo o una resolución propia de

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los tribunales. Es una cuestión muy delicada que produce y provoca que muchas veces en la Administración haya una reacción contraria a esa sugerencia o a esa recomendación. Y es importante porque, incluso, en quejas que he tenido la oportunidad de examinar, en materias de fondo... –que es muy dudoso que pueda ser objeto de una queja, como es la materia fiscal, porque yo puedo tener una queja en el tema del procedimiento, de la actitud de la Administración frente al administrado, pero no en el fondo–. Es una cuestión muy delicada cuando ya en una queja concreta se mete en el procedimiento de obtención de las bases de liquidación o la cuota tributaria, cuando precisamente la Ley General Tributaria concede al sujeto pasivo una amplia gama, un abanico para acudir en defensa de sus derechos a través del recurso de reclamaciones en la vía administrativa o en el contencioso. Es decir, a veces hay que tener sumo cuidado en que esa sugerencia o esa recomendación no encierre en el fondo un fallo o una resolución, porque entonces, en este sentido, indudablemente puede haber una yuxtaposición de las dos funciones de los tribunales y del Diputado del Común. Y repito que no lo estoy haciendo en función del informe actual, sino que es una sugerencia o una preocupación que este diputado siempre ha tenido desde que como ponente de la ley tuvo la oportunidad de contribuir a redactar el contenido y concretamente el articulado, porque si llegamos a ese punto, indudablemente al aumentar las quejas, mayor va a ser el costo del Diputado del Común, indudablemente: a mayor cantidad de quejas la Administración, los funcionarios que dependan del Diputado del Común, cada vez serán mayores. Por tanto, es conveniente, quizás por la propia voluntad de la institución o porque la ley así lo pueda establecer, establecer esos límites a partir de los cuales la queja ya no puede seguir adelante o no puede seguir invadiendo los campos de otras instituciones, como son los tribunales ordinarios. Yo quiero ser breve y termino aquí. No obstante, nosotros felicitamos al Diputado del Común por la preocupación que la institución ha mostrado atendiendo a los quejosos, porque su propia existencia ya es una garantía para la Administración y, sobre todo, porque cada vez más –y eso se palpa en la vida ciudadana– el ciudadano, el Juan canario –como decía el anterior Diputado del Común–, cada vez está teniendo más fe y más confianza en la institución. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Popular, el señor Bravo de Laguna.

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El señor BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ: Señor Presidente. Señorías. La posición del Partido Popular respecto a la figura del Diputado del Común y a la tarea que las personas que están en la oficina del Diputado del Común desarrollan ha sido siempre una posición positiva de apoyo a esa institución, de respaldo a la labor que realiza como alto comisionado, como delegado –digamos– del Parlamento de Canarias para las funciones que le están encomendadas por ley y, por tanto, nosotros nos unimos a quienes desde esta tribuna han felicitado al Diputado del Común por el informe que se ha emitido y por la labor desarrollada. El contar con un número reducido de personas –28 personas–, el contar con un presupuesto que siempre resultará insuficiente –152 millones de pesetas, concretamente, para el ejercicio del 93– y realizar una tarea como la que aquí se ha expuesto resumidamente es digno de elogio. Vaya por delante, por tanto, estas palabras de felicitación por parte del Grupo Popular. Ahora bien, ese respaldo, evidentemente, no quiere decir ni ha de significar identificación y apoyo total y absoluto a todas las cosas que se hagan. Nosotros entendemos que la figura del Diputado del Común ha adquirido arraigo en nuestra tierra y efectivamente es una institución útil para el sistema democrático. Y en esos parámetros de utilidad debe seguirse moviendo: parámetros de utilidad, de eficacia, de austeridad y de modestia en los medios. Lo decimos con absoluta sinceridad, no sólo referido al Diputado del Común, lo decimos siempre con respecto a las distintas Administraciones públicas de Canarias, a las distintas manifestaciones del poder público en Canarias. Desde este punto de vista, nosotros creemos que hay que seguir por parte del Diputado del Común una política –como decimos– de austeridad y de modestia. El año pasado los asuntos tratados por la oficina –según se nos informó en Comisión y hoy se nos ha reiterado aquí– aumentaron un 5’3% en relación con los del ejercicio anterior y, en cambio, los presupuestos subieron un 10’8%. Quiere decirse que la Comunidad ha hecho un esfuerzo presupuestario importante y que no podrá ser sostenido indefinidamente en el futuro por mucho que queramos mejorar todas las instituciones. Todos lo queremos. También, en ese sentido, nosotros queremos hacer un llamamiento a la propia institución de acotar muy claramente lo que son viajes, reuniones, congresos, etcétera, etcétera, en relación con esta figura. Aquí siempre es muy difícil saber dónde está el justo equilibrio, dónde está la necesidad de los contactos y las comunicaciones entre distintas instituciones similares en el resto del mundo, pero se nos quedó grabado algo que dijo el Diputado del Común en la Comisión: que en la próxima

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reunión en Canarias no sabía él hasta qué punto las razones climáticas habrían influido en que figuras de otras comunidades autónomas o de otros países se reúnan en Canarias. ¿Es esto también extrapolable a cuando el Diputado del Común viaja a otros sitios para intercambiar opiniones y criterios? Es decir, aquí –y lo decimos con toda sinceridad– nosotros creemos que hay que hacer un enorme esfuerzo de racionalidad y de eficacia, y de que el tema en absoluto se convierta o se pueda convertir –porque hay algún riesgo de que eso pueda ser así– en una cosa de tipo más o menos folclórica o que suene a algún tipo de figuras que no saben muy bien qué hacer y lo que hacen es reunirse continuamente para cambiarse experiencias, que tampoco en lo que es la esencia de la propia institución, de la propia figura, tampoco parece que el intercambio continuo de experiencia sea lo más aconsejable. De todas maneras esto lo decimos, por supuesto, siempre en los términos de cordialidad y de apoyo a la institución que el Partido Popular ha manifestado siempre en relación con esta figura. Y luego lo que nos preocupa, evidentemente, es el aspecto que tiene el informe del Diputado del Común en relación con las Administraciones públicas –el funcionamiento de las Administraciones públicas–, la colaboración que el Diputado del Común ha dicho de todas las instituciones con la figura... pero que en unos casos cabría clarísimamente mejorar, y, en definitiva, que con ello se contribuya a mejorar los servicios públicos para el ciudadano canario. En la Comisión se nos repartió un escrito –por cierto, del año 92– en relación con un llamamiento que hacía el Diputado del Común a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias –lamento haber interrumpido la salida del señor consejero y le agradezco... (El señor Consejero de Economía y Hacienda regresa a su escaño.) simplemente porque hace referencia a algo que, evidentemente, le afecta de manera más directa–. Se decía en aquel escrito –de marzo del 92, insisto, y si se nos repartió en la Comisión hace muy pocos días debe ser, sin duda, porque este problema continúa de alguna manera vivo– que recordaba el Diputado del Común al señor consejero –al Gobierno, pero al señor consejero como responsable fundamental de la ejecución de las sentencias, en los aspectos financieros o económicos–, la recomendación de la adopción de las medidas necesarias de orden presupuestario para hacer efectivos en cada ejercicio y de modo puntual los pagos a que pudiera ser condenada la Administración autonómica, y por tanto una mayor celeridad en la ejecución y una respuesta concreta al Diputado del Común acerca de la eficacia de esa ejecución de sentencias.

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Por tanto, nosotros, y teniendo en cuenta que el Diputado del Común es –como decía antes– un comisionado del propio Parlamento, sus informes no deberían de caer en el vacío de decir: bueno, pues un trámite que se ha cumplido, unos informes que quedan más o menos bien encuadernados para lucirlos en la biblioteca de turno y aquí se acabó la historia. ¡No!, nosotros deberíamos, evidentemente, una vez recogido el informe del Diputado, sacar las conclusiones y las consecuencias políticas de todo ello, que ése es el funcionamiento normal de las instituciones. Por tanto, nosotros en este sentido recogemos también la preocupación del Diputado del Común y hacemos ya una apelación de carácter más político, más directo, al consejero si –y lo ponemos en condicional– en estos momentos se estuviera también todavía produciendo desfases, retrasos no justificados en lo que es la ejecución de sentencias que condenen a la Administración autonómica, sobre todo, al pago de cantidades para evitar que dilaciones injustificadas hagan, evidentemente, mucho más débil el derecho del ciudadano que tenga la facultad, el derecho al cobro de una indemnización, de una cantidad por cualquier concepto. En definitiva, Señorías, nosotros creemos que, evidentemente, la institución tiene un papel útil que desarrollar. Lo queremos enmarcar en ese contexto de austeridad y de modestia de medios y de no hacer, en absoluto... Sé que no se hace, pero tal vez se podría incurrir en algún riesgo –y queremos advertirlo con toda sinceridad– de exceso de medios hacia el exterior ante una sociedad que, evidentemente, es muy sensible a cualquier gesto excesivo. Nos preocupa también, evidentemente, que no haya un filtro previo muy claro sobre los escritos que se reciben por la institución referidos a Administraciones públicas que no pueden o no deben ser controladas o supervisadas por la institución. Por ejemplo, se habla con frecuencia de los temas de la Administración de Justicia, si son de la Administración del Estado. Ahí se está produciendo, sin duda, un exceso de burocracia quizás a corregir, porque, en definitiva, no queda claro para el administrado a qué institución se deben dirigir: al Diputado del Común, al Defensor del Pueblo... Hay en ese sentido o puede haber una devaluación de la propia institución también ante la propia administración requerida, si no es de la competencia de las instituciones autonómicas. Y con ello, señor Presidente, concluye esta toma de posición del Grupo Popular con respecto al informe al Parlamento de Canarias del Diputado del Común referido al ejercicio de 1993. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias. Seguidamente, por el Grupo Centrista, el señor Morales.

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El señor MORALES MORALES: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Diputado del Común y adjuntos. Quiero, en primer lugar, en nombre el Grupo Parlamentario Centrista, agradecer la amplísima exposición que en relación con la memoria del año 1993 ha hecho su Señoría, tanto en la Comisión de Gobernación, Justicia e Interior celebrada la pasada semana como en esta sesión plenaria. Como ya es habitual desde el año 1986, año en que se presentó por primera vez el informe de gestión realizado por el Diputado del Común ante esta Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Centrista quiero expresar asimismo el agradecimiento por la labor realizada por la Institución del Diputado del Común durante el año 1993 tanto en sus funciones de defensa de los derechos fundamentales como de las libertades públicas de los ciudadanos canarios. Han transcurrido ya nueve años desde que iniciara su andadura la institución del Diputado del Común, y hoy podemos afirmar con absoluta seguridad que si hace unos cuantos años, en algunos sectores o en algunos círculos, podía planear alguna sombra de duda o cierto escepticismo sobre la conveniencia o la eficacia de esta institución –cosa lógica, por otra parte, cuando surge una nueva institución a la vida–, esto ha quedado hoy felizmente superado. La eficacia de la institución del Diputado del Común, a nuestro juicio, está sobradamente acreditada, como lo demuestra, en primer lugar, el aumento significativo de quejas y reclamaciones que por parte de los ciudadanos canarios se han producido en el año 1993. Considero, asimismo, como una gestión eficaz, que de los 2.239 expedientes gestionados en 1993 el 60% de los mismos hayan sido resueltos, lo que supone un incremento de las quejas solucionadas de casi un 25% respecto del año 92. Considero, además, como una gestión eficaz que el archivo de los expedientes haya pasado de un 47% en el 92 a un 63% en el 93. Y, por último, es sin duda una gestión eficaz por parte de la institución que se haya alcanzado ese grado de colaboración en un 93% por parte de las Administraciones radicadas en Canarias. Por otra parte, Señorías, me parece oportuno resaltar el alto grado de conocimiento que los ciudadanos actualmente tienen de la institución del Diputado, conocimiento que es debido fundamentalmente a la labor de difusión –yo diría que también a la labor pedagógica– que ha llevado a cabo la propia institución. Pero hay un dato –y no creo que sea una apreciación subjetiva, y me gustaría resaltar–, y es que la institución del Diputado del Común a lo largo de estos años se ha ganado, se ha hecho acreedora del respeto de los ciudadanos canarios.

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Creo, Señorías, que cada año en el informe de gestión del Diputado del Común se hace un chequeo o una radiografía o yo diría que un examen de las distintas Administraciones públicas establecidas en Canarias –desde la Administración central a la local pasando por la autonómica–, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos que tienen los ciudadanos con respecto a esas instituciones como el grado de colaboración con el Diputado del Común. En este año como en el anterior la Administración de Justicia con un 14’56% de las reclamaciones obtiene la más baja calificación o –dicho de forma coloquial– obtiene un suspenso. Y esto, sin duda, es un motivo de preocupación porque, precisamente, en nuestra comunidad autónoma existe mucha sensibilidad y mucho respeto con todas las cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia, y resulta preocupante que exista tal número de disfunciones, que, en definitiva, producen una sensación de indefensión, indefensión que perciben los ciudadanos y que todos tenemos o debemos lamentar. También tendrán que examinarse en septiembre áreas de la Administración autonómica como Vivienda, Educación, Trabajo y Política Territorial. Pero, sin duda, hemos detectado en este informe, Señorías, que áreas de tanta importancia y trascendencia social como la Sanidad y los propios Asuntos Sociales de la comunidad autónoma, que el año pasado tenía un alto número de quejas, sin embargo, nos congratula que en este año haya descendido. Y tratándose de una parcela tan importante para Canarias como son los Servicios Sociales, creo que es digno de resaltar. Y en definitiva, señor Diputado del Común, señores adjuntos, en nombre de mi grupo parlamentario, sólo me resta animarles a proseguir en la noble tarea de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos canarios como objetivo primordial de esta institución. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, el señor Belda. El señor BELDA QUINTANA: Buenos días, Señorías. Como ya es habitual en la comparecencia anual del señor Diputado del Común, pues saludamos tanto al señor Diputado como a su equipo que se encuentra aquí presente, y a la vez que le agradecemos, evidentemente, la labor que realiza y que continúa realizando en defensa de los ciudadanos frente a los –que podríamos denominar– abusos o cuando menos no funcionamiento correcto de la Administración en todos sus ámbitos, bien sea la

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Administración del Estado en Canarias, bien sea la Administración de la propia comunidad autónoma, o bien sean las distintas Administraciones locales. Y esta labor, desde nuestro punto de vista, lógicamente incide en una mejora en la gestión de estas propias Administraciones a través de las recomendaciones que efectúa el señor Diputado del Común. Hemos visto que en el informe de este año, pues la tónica viene siendo, pues, prácticamente la misma que en años anteriores. Los puntos negros –como ya se han manifestado aquí anteriormente– vienen a ser prácticamente los mismos, las mismas áreas, aquellas áreas sociales más dificultosas para el ciudadano, como son, pues, la Justicia, la Educación, el área de Trabajo y Función Pública e incluso la Vivienda. En relación con la primera de las áreas mencionadas –en relación con el área de Justicia–, nosotros hemos detectado –y así lo ha manifestado el señor Diputado del Común– dos problemas fundamentales. Uno se refiere a la dificultad que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia gratuita en aquellos procedimientos civiles en que no es preceptiva la intervención de abogado, con la dificultad que conlleva para las personas que además de tener escasos medios no pueden, frente a la parte oponente, que normalmente tiene esos medios y va provista de abogado, pues, no puede acceder a esa justicia gratuita, a tener un abogado que les defienda, porque en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto no se establece como preceptiva u obligatoria la presencia del abogado en las actuaciones. Sería el caso de los juicios verbales, que son aquellos de hasta 80.000 pesetas –cuya cuantía es hasta 80.000 pesetas–, e incluso lo más preocupante son los juicios de desahucio. El problema que hay de vivienda viene agravado con esos juicios de desahucio que, salvo los referidos a falta de pago de la renta de los locales de negocios, en los demás no es preceptiva la intervención de abogado. Y esto yo creo que no se entiende, puesto que tampoco los abogados de oficio cobran unas cantidades desorbitadas, por lo cual a la Administración tampoco le supone un incremento notable. El otro aspecto relativo a la Administración de Justicia, pues pensamos –o así lo dice el señor Diputado del Común– es la lentitud de los procedimientos. Lentitud de los procedimientos que nosotros achacamos –y así lo ha manifestado, pues el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias– a la necesidad evidente de dotación de los medios adecuados. Y nosotros creemos –y yo creo que éste es el momento para otra vez volver a insistir en ello– que es necesario abordar de una manera global la solución a la situación de la Administración de Justicia en Canarias a través, en principio, de dos soluciones, como serían, en pri-

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mer lugar, que se efectuara la transferencia en materia de Administración de Justicia a nuestra comunidad autónoma con las dotaciones de medios económicos. Este Parlamento ya ha aprobado resoluciones en ese sentido. Y, por otra parte, que se realice una convocatoria descentralizada en Canarias de aquellas oposiciones para cubrir las plazas de funcionarios de la Administración de Justicia, así como de secretarios judiciales e, incluso, magistrados y jueces con carácter territorial. Y en ese sentido ya aprobamos también en esta Cámara una proposición no de ley instando al Gobierno del Estado a que se realizaran estas oposiciones en Canarias, pero, frente a esto, sorprendentemente, en los últimos días nos hemos encontrado con una oposición prácticamente frontal por parte del Ministerio de Justicia e Interior contradiciendo lo que aquí hemos acordado todos los grupos políticos en este Parlamento. Otra de las áreas en las cuales hay mayor número de quejas se refiere a la de Educación, lo que es el derecho a la educación en sí, referido bien a los problemas derivados de la jornada continua o bien los problemas derivados de las no admisiones en los centros educativos y aquellos problemas relativos también a las becas y a las ayudas. En el área de Trabajo y Función Pública destacamos, pues, la poca claridad en las bases de las convocatorias y los problemas que para acceder a los concursos tienen los funcionarios de Administración local en los concursos que convoca la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Y en lo que se refiere, evidentemente, a los problemas de Vivienda, pues, destaca la carencia de viviendas sociales, los problemas en los procedimientos de adjudicación y los problemas relativos a la reparación de los defectos, pues, de construcción –podíamos decir– que se observan en algunas viviendas sociales. Una vez analizados o expuestos los puntos o las áreas más importantes que nosotros hemos visto, tras la intervención del señor Diputado del Común y tras la lectura del informe, no nos queda sino que reconocer el esfuerzo y la mejora de la gestión que hemos observado en la propia institución del Diputado del Común. Y ese esfuerzo también lo reconocemos respecto a la necesidad y al esfuerzo que se ha realizado en cuanto a abrir oficinas en islas que no disponen ahora mismo de oficinas de esta institución, como es el proyecto –que ya está en camino– de abrir una oficina del Diputado del Común en la isla de Lanzarote. También, por otra parte, reconocemos la labor divulgativa que ha realizado sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas esta institución a través de los distintos actos públicos, así como a través de la proyección exterior de esta institución acudiendo a congresos o reuniones in-

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ternacionales de instituciones similares o relativas a derechos humanos, incluso en otros países como Austria, Brasil, Nigeria o Túnez. En ellos ha quedado constancia de la presencia de nuestra institución canaria. Lo que no nos deja de sorprender, evidentemente, es que incluso se haya podido mejorar la gestión aumentándose el número de quejas resueltas a pesar de estas asistencias a estos cursos, a estos congresos internacionales, incluso presentando ponencias en los mismos. Desde nuestro punto de vista, para nosotros esto significa o es una muestra más de la eficacia del señor Diputado del Común, esto es, del rendimiento que es capaz de sacar el equipo que lleva esta institución a los escasos medios de que dispone y que continuamente –si me lo permite– nos lo repite cada año o en cada ejercicio presupuestario. Y ya, para finalizar, pues únicamente animamos al señor Diputado del Común a continuar en la labor, que, en definitiva, lo único que hace es resolver problemas de los ciudadanos. Y hacer referencia también a que en la próxima reforma –que está ya en camino– de nuestro Estatuto de Autonomía, hemos abordado, precisamente, en uno de los puntos, la institución del Diputado del Común para poder darle una mayor estabilidad a la institución. Es decir, donde decíamos “el Parlamento podrá crear un Diputado del Común”, ya decimos que “el Diputado del Común es el alto comisionado de este Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas”. Y también aludimos a su necesaria coordinación con el Defensor del Pueblo para dar cobertura estatutaria a los convenios de colaboración que tiene ya establecidos con el Defensor del Pueblo y que le permiten supervisar incluso la Administración del Estado en nuestra comunidad autónoma. Nada más, y agradecemos y reiteramos al señor Diputado del Común por su labor. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista Canario? Señor García Camacho. El señor GARCÍA CAMACHO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Diputado del Común y señores adjuntos. Fiel a la cita que la Ley 1/85 le impone, ha dado usted cuenta a esta Cámara de su gestión correspondiente al año 1993. Este informe sirve al Parlamento para valorar el trabajo de las 28 personas que componen la institución que usted representa. Al propio tiempo resulta ser un magnífico análisis del funcionamiento de nuestras Administraciones públicas, y en muchos aspectos un estudio sociológico de la realidad canaria.

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A la vista del contenido del mismo, resulta sumamente grato valorar una gestión en la que anualmente se aprecian mejoras. No es cuestión de pormenorizar aquí dichas mejoras, pero sí de reconocer que se ha producido una racionalización del trabajo que mejora la eficacia de la institución en su conjunto. En este sentido, las cifras que arrojan los cuadros estadísticos son contundentes y son elocuentes en cuanto al índice de archivos se refiere o en cuanto al número de gestiones realizadas en el año 92 comparadas con el año que estamos informando. Es destacable igualmente el esfuerzo realizado en la investigación, promoción y difusión de los derechos humanos, que tal vez pueda ser resumido bajo el epígrafe de Escuela de Ciudadanía y que define, sin duda, la función más hermosa a la que cualquier institución puede aspirar. Y, desde luego, valoramos muy positivo, y especialmente, el esfuerzo que viene haciendo la institución para mejorar la opinión que nuestra sociedad tiene de lo público y por recuperar el prestigio de todos los que, de alguna forma, tenemos que ver con la administración de esta sociedad. Lamentablemente, no podemos hacer la misma valoración del funcionamiento de nuestras Administraciones públicas. “Poco hemos avanzado con respecto a la situación descrita en el informe de 1992” es una frase que inicia el informe de la mayor parte de las áreas analizadas. Descoordinación entre las Administraciones, entre departamentos del Gobierno e incluso entre órganos de una misma consejería; falta de colaboración en la emisión de informes de diversas instituciones que usted en su intervención ha citado con nombres y apellidos; sistemática revisión al alza del presupuesto de ejecución de las obras públicas; carencia de viviendas sociales; inejecución de las sentencias; demora en el abono de cantidades debidas por la Administración; funcionamiento antidemocrático de determinadas corporaciones locales; proliferación incontrolada de actividades molestas e insalubres; desequilibrio entre oferta y demanda de servicios docentes; graves irregularidades en los procesos de selección del personal funcionario y laboral, son algunas de las deficiencias más llamativas denunciadas en este informe. Sin embargo, señor Diputado del Común, Señorías, no cabe aquí ponerse a llorar sobre la leche derramada. Hacer de este informe un instrumento positivo para la corrección de las deficiencias observadas es un reto del Gobierno y de este Parlamento que nuestro grupo, el Grupo Socialista, asume con todas sus consecuencias. Erradicar de nuestras ventanillas el “vuelva usted mañana”, lograr que Juan canario pierda su anonimato y deje de ser un número que tutela la tramitación de un expediente y se convierta en una persona que siente y que padece, en una persona

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que tiene rostro humano; evitar que caiga en la frustración o en la impotencia o –en lo que usted ha dicho– desconfianza y distanciamiento o –en lo que es peor todavía– en el escepticismo, cáncer social que ataca el fundamento mismo de las instituciones, son tareas a las que todos estamos convocados, usted y nosotros, señor Diputado del Común. Por eso le pedimos más esfuerzo para seguir mejorando su labor, para supervisar más y mejor nuestras Administraciones y, en justa correspondencia, le pedimos a esta Cámara que se haga eco de este esfuerzo. Felicitamos la iniciativa de difundir el conocimiento sobre los derechos y libertades fundamentales, actuando sobre el sector de la población que por sus características está en mejor disposición para ser receptivo a este mensaje; nos referimos, lógicamente, a la población escolar en todos sus niveles. Le animamos a que siga trabajando en este campo con el fin de conseguir que los ciudadanos de nuestra región estén en condiciones de ser potenciales quejosos, si a ello hubiere lugar, por el conocimiento que tienen de sus derechos y por el conocimiento que tienen de la institución que usted representa. Abundando en esta idea, las autoridades educativas deben colaborar para incluir en los programas y actividades que desarrollan estos conocimientos, de tal suerte que el esfuerzo que hace el Diputado del Común no se quede en una relación esporádica, en una charla que libra el alumno de una clase para acudir a un acto novedoso, sino que el contacto con la institución se sistematice y sedimente en el trabajo escolar de cada día. Sin embargo, el conseguir la plena efectividad de la institución requiere actuar más decididamente en la actividad de supervisión. Nos preocupa la frase de las conclusiones de su informe, donde dice textualmente: “El análisis de las quejas que hemos presentado, así como las cifras objetivas del estudio estadístico, señalan el problema y definen una línea de trabajo, pero no representa el mecanismo operativo para la solución”. He aquí el nudo gordiano de la cuestión. Usted apunta como solución al problema la dinámica de la transversalidad o la gestión integrada. Nosotros pensamos que mejorar la accesibilidad o incluso profundizar en el seguimiento de la solución de las quejas puede ayudar a resolver el problema. En cualquier caso, nuestro grupo está dispuesto a apoyar cualquier medida que sirva a la solución del mismo. Usted ha hablado de nuevas tentativas. Pues bien, respaldamos estas nuevas tentativas, incluso la modificación de la Ley del Diputado del Común si ello fuere preciso. En este esfuerzo nos encontrará siempre. Contará con nuestro apoyo, simplemente porque estamos convencidos de que su institución es un instrumento eficaz para mejorar el

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funcionamiento de nuestras instituciones, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, en suma, para mejorar nuestra sociedad. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor Diputado del Común. El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Díaz Tejera): Señor Presidente. Señorías. Lo primero, vaya por delante el agradecimiento de las 28 personas que trabajamos en la institución del Diputado del Común de Canarias por las evaluaciones que han hecho del trabajo desempeñado en el año 93. En nombre de todos ellos y todas ellas, muchas gracias; sesenta exactamente, sesenta gracias a los miembros de la Cámara. En el año 1993 los dos asesores jurídicos que tiene la institución del Diputado del Común de Canarias llevaron a cabo 194 documentos de fondo, es decir, no documentos de trámite de dos paginitas: 194 documentos de fondo. Y los señores consejeros aquí presentes, que lo son o lo han sido, y los señores directores generales que lo son o lo han sido habrán comprobado si eso se improvisa o si eso es producto de un trabajo muy serio y muy riguroso por parte de esos dos asesores. En una institución como la del Defensor del Pueblo andaluz –por sólo citar un ejemplo– hay 19 asesores; en el año 93 hubo 200 documentos de fondo. A mí particularmente esto me resulta espantoso decirlo, y no crean ustedes que no tengo problemas de pudor para decirlo y hasta me pongo colorado, porque que lo diga uno es hasta feo, pero es que si no lo digo yo, que no soy el autor de esas documentaciones, que no soy el autor de esos escritos, sino que son estos dos asesores, a los cuales no se les puede pedir más esfuerzo, pues difícilmente otra persona lo debe decir, y yo creo que es mi obligación moral decirlo. Yo les agradezco las evaluaciones que han hecho sobre la institución. A las 28 personas que están ahí –exceptuándome a mí, que soy el responsable de los errores y de las insuficiencias–, al conjunto de personas que están ahí, sinceramente, moralmente no les puedo pedir más, no les puedo pedir más. Y crean ustedes que el conjunto de evaluaciones, el conjunto de valoraciones positivas que se han hecho en este pleno acerca de ese informe, es fruto de que todos ellos y todas ellas no sólo tienen en cuenta la prestación de servicio en la institución como un trabajo más, sino que están identificados y enamorados de lo que están haciendo. La media de vuelos que hace el Diputado del Común durante la semana entre todas las islas –todas las semanas está en tres islas– es de cuatro a cinco vuelos semanales. Cuando se nos invitó a Brasil, dado que el ombudsman de Finlandia no podía ir –y lo digo con toda honestidad, los

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latinoamericanos llamaron al ombudsman de Finlandia, porque en cierta medida el modelo nórdico, pues, es el modelo que se ha ido desarrollando en el conjunto de países–, cuando, a pesar de esta media de vuelos semanales –y todos los que volamos sabemos del placer que sentimos cuando estamos permanentemente volando entre todas las islas–, cuando el ombudsman de Finlandia no pudo ir porque estaba enfermo, y los latinoamericanos no buscan a ningún otro ombudsman del norte de Europa ni a ningún otro ombudsman nacional, sino que llaman a la institución del Diputado del Común de Canarias, porque ya lo había oído en otras ponencias, y le dicen: “vente a la conferencia”... O sea, te metes en un avión, estás no sé cuántas horas, llegas a un sitio, expones una conferencia; luego subes, vas al hotel, te metes en el avión y vuelves... Nosotros entendíamos que eso era algo bueno para la institución del Diputado del Común de Canarias y que era algo bueno para Canarias. Era una manera de decir que en Canarias no sólo tenemos geografía, no sólo tenemos clima, no sólo tenemos un tipo de acento y un tipo magnífico de gente –de todo hay, pero en términos generales–, sino que también tenemos cosas que decir en relación con los derechos humanos. O sea, en Canarias tenemos un sistema de convivencia y se ha recuperado de la historia de nuestro pueblo desde el siglo XVI experiencias como la del Diputado del Común en las islas de realengo –en La Palma, Tenerife, Gran Canaria–. Y a su vez, luego, cuando venimos aquí, le decimos al conjunto de nuestro pueblo, a través de los medios de comunicación, a través de la comparecencia en este pleno: “no tenemos motivo alguno, los canarios, para ir a cualquier lugar del mundo, el que fuere, y sentir otra cosa distinta más que aprender de lo que recibimos, que aprendemos, y siempre lo hacemos, y también enseñamos, y generalmente también enseñamos”. Pensamos en la institución del Diputado del Común que este viaje a Brasil, pagado por los latinoamericanos, pensamos que era bueno para la institución del Diputado del Común de Canarias. Naciones Unidas suele convocar exclusivamente a los representantes de los Gobiernos o a los Defensores del Pueblo del conjunto de un Estado: no suelen tener en cuenta y no suelen invitar a los regionales. El Consejo de Europa tampoco, el Consejo de Europa tampoco. Y sé que esto... ¡pues a mí me da vergüenza decirlo, pero es que tengo que decirlo!, si hemos conseguido que el Consejo de Europa sepa que existe en España, que existe en Canarias una institución cuya función es defender los derechos fundamentales y libertades públicas y supervisa a las Administraciones públicas, si hemos conseguido que no sólo se tenga en cuenta a la figura, por ejemplo, al Mediateur de Francia o el Comisionado británico o la de Israel, sino que Ca-

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narias está ahí, tiene esta institución y tiene estas ideas –no tendremos recursos, pero tendremos una gente y tenemos ideas–, pues pensamos que era bueno asistir. Cuando a su vez, por primera vez –siempre decimos aquello de que Canarias está a 100 kilómetros, el faro de La Entallada de Fuerteventura a la costa africana está a 100 kilómetros, que tenemos que tener en cuenta no sólo la cultura europea y la vocación latinoamericana, sino tener en cuenta nuestra condición geográfica africana–, por primera vez en una reunión de las personas –porque sé que en alguna ocasión alguno se me ha sonreído cuando le he dado esta información–, pero sepan que en África hay instituciones... por ejemplo, en los países francófonos se tiene más la experiencia del Mediateur francés y los países más anglófonos tienen más la imagen del Comisionado parlamentario británico. Y ahí hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y pensamos que no sólo era bueno para Canarias como región y para el Parlamento de Canarias, sino que tampoco era malo para España, y éstas han sido cosas que no sólo hemos hablado con las autoridades canarias, sino que también hemos hablado con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando hemos ido a estos eventos, para decirles: “hay esta invitación, está este compromiso, está esta ponencia y lo vamos a hacer, porque entendemos que es algo bueno”. En esa reunión en Nigeria, pues estábamos representados los canarios. Producto de este esfuerzo y de estas ponencias, ha sido que en Berlín hayan aceptado hacer la reunión del conjunto de los defensores e instituciones similares de Europa, hacerla, en Canarias. Y ciertamente en la Comisión, por aquello de no aparecer como un fantasma de mucho cuidado diciendo: “mire, esto es un millo que nos arrayamos los de la institución del Diputado del Común de Canarias porque lo hemos trabajado durante años”, e ir a algunos eventos –ir, hablar y volverte, y hacerlo en idioma que no es el tuyo, y que, encima, como buen canario, pues en general no dominamos, con alguna excepción como puede ser la Adjunta o también Paco Tovar en algunos idiomas–, pues pensamos que producto de ese trabajo era esa aceptación, el usar Canarias como plataforma para derechos humanos en Europa y también para el evento de Canarias 95, que ahora les voy a explicar. A su vez también en Berlín, donde hay defensores de ámbito nacional –está el Mediateur francés, está el de España, etcétera–, pues un regional está, en este caso la institución canaria, de vicepresidente primero de todos los ombudsmen de Europa. Bien, nosotros pensábamos que esto era bueno, por razones de falsas modestias, y yo creo que eso hay que arrumbarlo, como dice la exposición de motivos de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, “arrumbaran unas prácticas”; pues bien, eso hay

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que arrumbarlo y manifestar que pensábamos que eso era bueno para el archipiélago. A su vez también, como estamos convencidos, como en esta Cámara se ha dicho muchas veces que es bueno hacer uso de la ubicación, de lo que llaman la renta de situación –la ubicación geográfica del archipiélago–, el hacer este esfuerzo de convocarlos al archipiélago, pensábamos que esto era bueno. Con toda libertad, si sus Señorías, si la Cámara entiende que eso no hay que hacerlo y que sobra, sinceramente, no hay ningún inconveniente en dejar de hacerlo, porque eso lo único que va a suponer es mayor sobreesfuerzo y mayor trabajo; como el Programa de la Escuela de Ciudadanía y como muchas otras cosas más que estamos haciendo, que la ley no nos lo exige que lo hagamos, pero pensamos, sinceramente, que dormimos mejor si así lo hacemos. El proyecto de Canarias 95 es tratar de reunir en el archipiélago a Defensores del Pueblo o instituciones similares de los tres continentes. Y donde no hay Defensor del Pueblo o institución similar, de estos continentes, asociaciones cívicas que están ahí con crédito, con seriedad, con rigor –no chafalmejas, sino gente seria que está peleando por derechos humanos en estos países–, para que usen Canarias como lugar de encuentro; y que cuando algún pibe en el conjunto del mundo pueda decir adónde ir a estudiar la relación de desarrollosubdesarrollo –que es uno de los asuntos hoy de más relieve entre los problemas que aquejan a la humanidad– sí, ¡hombre!, pues en Canarias, allí es un lugar que por su ubicación geográfica y por su historia, sus relaciones, su cultura, etcétera, pues allí hay un fondo de documentación, producto de que se han ido reuniendo las personas que en estos tres continentes están vinculadas, instituciones públicas o instituciones cívicas vinculadas a la defensa de derechos humanos. Pero es que no es sólo eso. Cuando estamos hablando con las Cámaras de Comercio y con las confederaciones de empresarios diciéndole que no sólo pretendemos decirle a las autoridades canarias “comprométanse”, –que, en este sentido, yo tengo que manifestar que por parte de la Presidencia del Gobierno está la disposición de siete millones y medio para las actividades de trabajo en esa dirección–. Y de igual forma supongo que les constará, y conviene que les conste que, cuando antes he tenido que hablar de alguna consejería del Gobierno de Canarias, también lo he hecho. Pero cuando hay que decir que esto es así, también hay que decirlo porque es parte de la verdad. Pues bien, cuando nos estamos planteando este esfuerzo, no sólo de comprometer a las autoridades canarias, no sólo de comprometer a las autoridades del Gobierno central o del Gobierno de la nación con la expresión que se quiera, porque como tenemos dificultades en hacerlo en abril porque nos

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plantean dificultades por la proximidad de las elecciones –se disuelve el Parlamento, hay otros compromisos internacionales de los que van a ser los ponentes, del finlandés, del mexicano, del tunecino–, decir “bueno, pues entonces ya en verano no puede ser”, se nos está planteando lo de octubre o noviembre para aprovechar que es el semestre en que España preside la Unión Europea a ver si de ahí comprometemos también al Gobierno de la nación. Pero no sólo al Gobierno de la nación. ¿No hay una Comisaría de Desarrollo en la Unión Europea? Pues a ver si los comprometemos también. Y esto sólo, lo de vender la geografía –vender no, usar la geografía canaria o usar el clima canario o usar la hospitalidad canaria–, es algo también que le afecta al conjunto del empresariado, no sólo a hostelería sino al conjunto del empresariado. Y la intención es que también se mojen, también se comprometan. Y hasta ahora la receptividad que han tenido por la explicación que les he hecho ha sido magnífica. En cualquiera de los casos, ésta es una actividad que entendemos que es importante, y que lo estamos haciendo porque lo hemos ido así diciendo en todos los plenos de la Cámara y hasta ahora todas las evaluaciones han sido de carácter positivo. No obstante, si la Cámara acuerda que esta actividad se deje de hacer, no con sumo gusto, francamente, porque es despilfarrar una energía acumulada durante tiempo, pero en cualquier caso evidentemente el Diputado del Común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias y, por lo tanto, si el Pleno del Parlamento así lo dice, así lo hará el Diputado del Común de Canarias. Nosotros también entendíamos que era bueno, que era bueno que si en Canarias una persona tenía una queja en relación a la Justicia o en relación al servicio público sanitario, antes incluso de ser transferido, contimás , como se dice por aquí, contimás si ha sido transferido. Pero en general, en lo que se refiere a Administración general del Estado, el año pasado les dijimos que la Administración que más ágil y más colaboradora había sido con la institución del Diputado del Común de Canarias había sido la de los militares, los militares. Y si ésa es la verdad, eso se dice; los militares..., ya quisiéramos nosotros que todo el mundo se copiara del estilo-relación que tienen con nosotros y nunca nos han planteado problemas jurídicos de: “¡hombre!, ¿hasta qué punto es el Diputado del Común y no tenía que ser otra institución?” Porque hay otras cosas, por ejemplo, lo que dice el artículo 21 apartado 2, creo que es, del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo de la máxima proximidad al ciudadano. Y si en vez de esperar que un escrito recorra 12.000 kilómetros mientras que aquí con una conversación, con una visita o incluso con un escrito que luego nos responden rápida y ágilmente, podemos solucionar los

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problemas de las personas, lo vamos a seguir haciendo, salvo que la Cámara diga lo contrario. Si así lo dice lo dejaremos de hacer. Nosotros entendemos que una insatisfacción, una frustración, una impotencia que no se canalice debidamente en términos de razonabilidad, en términos de sentido común, en términos de escucha, en términos de ponderación y en términos de rigor jurídico es malo, eso es un fracaso para nuestro sistema de convivencia. El límite, el límite de nuestro contraste de nuestras recomendaciones, sugerencias o recordatorios legales, puede lindar, puede acercarse a poder ser una resolución judicial. En ocasiones, es verdad que el aspecto que tiene por antecedentes de hecho, exposición, fundamentos de derecho puede dar esa impresión, pero lo que lo motiva de fondo es una actitud distinta. Mientras que el Poder Judicial va a decir: esto se ajustó al principio de legalidad, punto y final. Lo que intenta hacer la institución del Diputado del Común es: “mire, señor consejero” –o señor presidente, o señor director general o señor alcalde o señor concejal-delegado, lo que fuere, señor presidente del cabildo, lo que fuere–, “está este problema, el ordenamiento jurídico le permite a usted esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad”. Cualquiera de estas posibilidades contempladas en el ordenamiento jurídico lo decide VI o VE, no se lo decimos nosotros, dentro de este abanico que permite el ordenamiento jurídico; lo que sí le decimos en alguna ocasión es, ésta otra cosa no lo permite el ordenamiento jurídico; ésta otra cosa no tiene usted título habilitante para hacer eso; ésta otra cosa es arbitrariedad; eso no es discrecionalidad, no contempla usted un elemento reglado previsto para adoptar esa resolución. Es decir, el límite de lo que hacemos es lo que está establecido en el ordenamiento jurídico, en el sentido más amplio de la expresión, que no sólo es el derecho positivo –no sólo son los decretos, leyes, etcétera–, sino que es la jurisprudencia como fuente también de creación y recreación del Derecho. Ése es el contraste que hacemos; hasta tal punto que, por ejemplo, en los países no desarrollados, es evidente que los derechos civiles, políticos y religiosos las instituciones como ésta están preocupándose porque no se mate a la gente. Ahí derechos civiles, políticos y religiosos, pero en todo el primer mundo, en todos los países desarrollados, el grueso del trabajo de ediciones como ésta son las prácticas de mala administración. Por ejemplo, ahora el 9 de marzo del 94 el Parlamento Europeo aprobó una... publicó, perdón, una decisión que regula el Defensor del Pueblo europeo y no menta para nada si derechos civiles, políticos o religiosos, sólo habla que es una institución para supervisar a las Administraciones públicas, para supervisar la mala administración. De ahí el que cuando he hablado con sus Señorías lo que les he plantea-

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do es que el 90% de lo que hacemos es supervisar la Administración pública. Derechos civiles, políticos y religiosos son una práctica ya consolidada y que todas las personas en Canarias, sean o no sean funcionarios, o sean o no sean representantes, tienen que estar velando permanentemente por ellos. En la reforma de la ley que nos estamos planteando, no sólo es la limitación del mandato del Diputado del Común para no eternizar, porque estas funciones, tal cual las planteamos en términos de accesibilidad, asequibilidad –de ahí lo de las oficinas en Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera–, sino en los términos en los que los planteamos requiere un grado de frescura y de ilusión que en más allá de 10 años, lo que no has dado en 10 años ya no lo vas a poder dar para esta institución, y mejor que ya que lo haga otra persona. Pues bien, lo que nos planteamos con la reforma de la ley no es sólo la limitación del mandato, sino que también nos estamos planteando el que los funcionarios no abusen de la institución. Es decir, hay algún sector del funcionariado –yo no digo todo el funcionariado, tengo la condición de funcionario, ahora no, estoy en servicios especiales, pero tengo la condición de funcionario. Esto no es ninguna vendetta con nadie, ¡por Dios! Cuando acabe mi función de Diputado del Común, me reincorporo a mi plaza de funcionario. Bien.–, algunos funcionarios expertos en decretos y órdenes que están todo el día obsesionados con el decreto y la orden y su categoría y su sueldo, nos envían y remiten miles de quejas para un asunto solo, eso es una sola queja. Serán miles de personas, pero es una sola queja. En el caso del Defensor del Pueblo, de las 22.000 reclamaciones 11.000 han sido de funcionarios; y de esas 22.000 reclamaciones, 13.000 de la Comunidad de Madrid. De ahí el esfuerzo que estamos haciendo en lo de las oficinas, en la cercanía con la gente, porque a veces hay mucha gente que si no es en persona no se atreve a explicar las cosas, no se fía del papel enviado a través del correo. Entonces, el esfuerzo que nos estamos planteando es: no parece bueno que una institución como ésta esté para hacer de una especie de sindicato especial del que ya tiene unos bienes culturales, porque para ser funcionario hay que tener unos bienes culturales, y el que tiene unos instrumentos específicos para su defensa que son los sindicatos. Entonces, recogiendo la redacción del artículo 8 de esta decisión del Parlamento europeo publicada el pasado 9 de marzo, donde dice que para que el funcionario acceda al Defensor del Pueblo europeo, en este caso al Diputado del Común de Canarias, antes tiene que agotar no sólo todos los recursos administrativos sino, incluso, se hayan agotado los plazos para resolver esos recursos por parte de las Administraciones públicas.

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Es decir, lo que nos estamos planteando es: la institución tiene ocho años de experiencia como institución regional; como tiene esa experiencia, conviene que honestamente la institución se la comunique al Pleno de la Cámara. Si luego el Pleno de la Cámara la quiere tener en cuenta, bien; y si no la quieren tener en cuenta, también, que para eso sus Señorías son los que legislan y son los que representan al conjunto del pueblo canario. En relación al artículo 13 lo que nos hemos permitido es sugerirle, colaborar, comunicar a sus Señorías unos materiales porque no contribuye, creemos, a la recuperación de la dignidad de lo público el que alguien pueda interpretar un debilitamiento de las instituciones de supervisión; y por eso es bueno tener en cuenta que las instituciones de supervisión no hay que debilitarlas sino, muy al contrario, es un reflejo de la fortaleza del propio sistema el que las instituciones de supervisión, tanto de control externo como ésta del Diputado del Común de Canarias, como las de control interno –intervención, inspecciones generales de servicio, etcétera–, pues tengan un mayor relieve y estén fortalecidas. Yo sé que al estar como Diputado del Común no tengo autoridad moral para decir esto, porque es aquello... “bueno, como ahora está del Diputado del Común”, eso es lo importante y por eso lo dice. Sé que cuando pase el 21 de abril del 96 y haya acabado mi responsabilidad como Diputado del Común, entonces podré decir con mayor autoridad moral que sí que es importante que los mecanismos de contrapeso en nuestro sistema democrático, los mecanismos de contrapeso, estén debidamente contemplados, y que, más que adelgazarlos en términos de debilitamiento, habría en todo caso que fortalecerlos para que desempeñen bien sus tareas de supervisión. Algunos aconteceres de la vida pública española en los últimos meses, yo creo que lo que reflejan más bien es eso, y no lo contrario. Por último, Señorías, tan solo una cosa: tenemos intención de seguir reformándonos a nosotros mismos, no sólo en la ley, sino también este método de trabajo. Nosotros observamos a veces..., no hemos querido hacer uso de las inspecciones de oficio sino esperar, tratar de estimular a la ciudadanía para que la ciudadanía presente sus reclamaciones. En alguna ocasión, hay algún sector de la Administración pública que yo creo que lo que hace conveniente es que hagamos alguna inspección de oficio, y nuestra intención es hacer ese tipo de trabajo para el próximo año con los medios que tenemos, con los medios que tenemos. El Diputado del Común no se queja de los medios que tiene, transmite lealmente –y la lealtad no es fidelidad perruna, la lealtad no es servilismo, la lealtad es decir con honestidad, con claridad, con cariño siempre, con cordialidad siempre, por decir siempre con claridad lo que piensa–, lealmente tenemos que decir que

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siendo el Defensor que más reclamaciones... el Defensor autonómico que más reclamaciones tiene en toda España y con dos asesores hace esas 194 reclamaciones, yo creo que situaciones como ésta que ha pasado de la transferencia del servicio público sanitario, digo yo que, de alguna forma, es una realidad a tener en cuenta. Y no lo digo en términos de queja, lo digo en términos de demostración y aclaración leal a quien es mi comisionante, que son las 60 Señorías que están aquí sentadas. Disculpen esta ampliación de la intervención y les agradezco a todos y a todas las evaluaciones que han hecho. Se los agradezco en nombre de los Adjuntos –de Pilar y de Paco– del Secretario General Luis Camino y del conjunto de personas que están ahí arriba que gran parte de ellas, no todas, porque hay algunas caras que yo desconozco, pero la gran parte de las personas que están ahí son personas de la institución del Diputado del Común de Canarias, esas 28 que antes les estaba diciendo y que haremos las jornadas este año aquí en Tenerife porque siempre las hacíamos en La Palma; y, claro, los palmeros lo que nos han dicho: “¡hombre!, también vamos a hacer las jornadas alguna vez fuera de La Palma para tener la oportunidad de conocer cómo es la oficina, porque no sabían cómo es la oficina en Tenerife ni cómo era la oficina en Gran Canaria. En nombre de todos ellos y también en el mío, muchas gracias por sus evaluaciones. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Arcadio Díaz Tejera. AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS. RENOVACIÓN DE MIEMBROS: DESIGNACIÓN. El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo. Audiencia de Cuentas de Canarias. Renovación de miembros: Designación. La señora Secretaria primera va a leer las normas por las que se va a regir esta designación. Tiene la palabra la señora Secretaria primera. La señora SECRETARIA PRIMERA (Noreña Salto): Gracias. “En cada votación se podrá incluir en las papeletas tantos nombres como puestos a cubrir. La Mesa proclamará elegidos a los dos candidatos que obtengan mayor número de votos siempre que éste equivalga, al menos, a los tres quintos del número de Diputados de la Cámara. Si en la primera votación no resultase elegido ningún candidato, se repetirá limitándose a los cuatro que hayan obtenido mayor número de votos. A medida que vayan cubriéndose los puestos, las votaciones siguientes se realizarán a los candidatos más votados, que no podrán ser más del doble de los puestos que resten por cubrir.

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La igualdad de votos entre candidatos más votados que hayan obtenido el número de votos al que se refiere el apartado anterior se dirimirá en nueva votación. Si tras la tercera votación persistiera el empate, se declarará sin efecto todo lo actuado, reiniciándose el procedimiento para la designación. De igual modo se procederá en el caso de que no resultare cubierta la totalidad de los puestos sobre los que debe recaer la elección. De este acuerdo se dará traslado a los grupos parlamentarios, lo que se comunica para su conocimiento y efectos.” El señor PRESIDENTE: Se han presentado las siguientes candidaturas: Por el Grupo Parlamentario Popular, don José Manuel González Pérez. Por el Grupo Parlamentario Centrista, don Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala. Como ya ha leído, según las normas, la señora Secretaria primera, se podrán poner en la misma papeleta hasta dos nombres. Va a comenzar la votación, y la votación será por llamamiento, en papeleta. Por favor, la señora Secretaria primera que comience. (La señora Secretaria primera de la Cámara, Noreña Salto, procede a dar lectura a la relación de diputados de la Cámara, quienes se dirigen a la Presidencia para la entrega de la papeleta correspondiente para ser depositada en la urna establecida al efecto.) (La Mesa procede al escrutinio de las papeletas.) (Pausa.) El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es: don José Manuel González Pérez 59 votos, don Baltasar de Zárate 35. Ambos han llegado a los tres quintos, por lo tanto han sido designados consejeros de la Audiencia de Cuentas. (Ocupa un escaño en la sala el señor Vicepresidente segundo, Cabrera Montelongo.) PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE INTEGRAN EN EL CUERPO DE AGENTES DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DETERMINADOS FUNCIONARIOS DE GUARDERÍAS FORESTALES, TRANSFERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: PROPUESTA DE TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA. El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero. Proyectos de Ley. Por el que se integran en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias determinados funcionarios de guarderías forestales, transferidos por la Administración del Estado: Propuesta de tramitación en lectura única.

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Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, a petición del Gobierno... Por favor, Señorías. Por acuerdo de la Mesa del Parlamento, a petición del Gobierno, oída la Junta de Portavoces, se propone a este Pleno la tramitación en lectura única de este proyecto de ley que he leído. ¿Está de acuerdo el plenario en que se tramite por lectura única? (Asentimiento.) Hay consenso, por lo tanto pasamos a su debate. En primer lugar, por parte del Gobierno, el señor Consejero, el señor Redondo. El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Redondo Rodríguez): Gracias, señor Presidente. Buenos días. El Real Decreto del año 85 en que se traspasaron por primera vez los medios materiales y personales en materia de conservación de la naturaleza, tanto los funcionarios de las guarderías de ICONA como del Ministerio de Agricultura, tenían la misión fundamental limitada a la conservación de la riqueza forestal. Esta concepción, que hoy día está superada, se intentó corregir y completar con la Ley 8/89 que creó el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. El proyecto de ley que hoy presentamos viene a completar y perfeccionar la decisión que la Cámara adoptó por unanimidad en 1989 con la aprobación de la Ley de Creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha ley creaba un cuerpo especial de funcionarios, cuyo germen estaría formado por esos funcionarios transferidos a finales del 85, que procedían de las guarderías de ICONA y Ministerio de Agricultura. Funcionarios que, con la más absoluta profesionalidad y dedicación, vienen desempeñando un amplio elenco de tareas de vigilancia y conservación ambiental que iban, ya desde ese momento y hoy mucho más, más allá de la exclusiva función de custodia y policía de la riqueza forestal y cinegética de Canarias. La Ley 8/89 integró en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, en el Grupo C de la clasificación establecida por la legislación estatal básica, por lo que se dispuso que para el ingreso en el cuerpo era preciso contar con la titulación de Bachiller Superior, BUP o FP2. Sin embargo, la integración de los funcionarios de estas guarderías forestales, prevista en la disposición adicional segunda, no hacía ninguna distinción en cuanto a título académico y por ello el Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad, y por esta razón la disposición adicional segunda se halla suspendida actualmente. El proyecto de ley que hoy presentamos, por tanto, intenta completar y perfeccionar la decisión unánime que la Cámara tomó en 1989, porque introduce el criterio de la titulación como requisito para ingreso en el cuerpo, garantizando la homolo-

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gación funcional y retributiva de aquéllos que no puedan integrarse por carecer de la misma, previendo un sistema de integración mediante la superación de un curso que requiere la homologación del Ministerio de Educación y Ciencia. Señorías, creemos que ésta es una ley necesaria y oportuna. Necesaria porque resuelve una situación injusta de un colectivo de funcionarios que, siendo actualmente mayoritario en el cuerpo –son aproximadamente unas 60 personas–, están en la Administración canaria en una situación en la que no deben pasar más tiempo, porque contamos que conviven con otro colectivo, que contamos que antes de final año sean unos 40, que, cumpliendo similares funciones, hay una diferencia fundamental retributiva y de concepción dentro de la misma escala. El coste por aplicación de la ley asciende a unos 40 millones máximo, de los cuales 24 millones serían de forma inmediata por la aplicación de la ley y el resto, unos 16 millones, cuando se cumplan los cursos de homologación. En definitiva, creemos que esta es una ley necesaria, y en el sentido estricto de la palabra, de justicia. Es paradójico que una ley que sólo contiene tres artículos y tres disposiciones adicionales, nosotros entendemos que, a pesar de su sencillez, es una ley fundamental para nuestra consejería y para la política del Gobierno en el ámbito del control medioambiental, porque soluciona una situación de injusticia que lleva demasiado tiempo existiendo en la consejería. En segundo lugar, es una ley que completa la que unánimemente se aprobó en este Parlamento en el año 89; y, en tercer lugar, porque no prejuzga el sentido de la decisión del Tribunal Constitucional. Habremos de seguir insistiendo en la necesidad de la formación permanente de quien tiene la responsabilidad de ser la policía ambiental de Canarias, y a ello nos comprometemos. Contamos que la comprensión de esta Cámara permita la aprobación unánime de esta ley. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se abre un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Iniciativa Canaria? El señor SANJUÁN HERNÁNDEZ: Señor Presidente. Señorías. Es indudable que la oportunidad de esta ley viene ya prefijada en la Ley 8/89, de Creación de los Agentes de Medio Ambiente, precisamente en su exposición de motivos. Después del traspaso de medios materiales y personales a Canarias de los agentes y funcionarios de la escala de guardería de ICONA y del Cuerpo de Guardería Forestal del Ministerio de Agricultura, era

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necesario equiparar y homologar dichos funcionarios a aquellos agentes de medio ambiente creados en virtud de la ley que acabamos de mencionar. Hoy día es indudable que la idea moderna de defensa de medio ambiente es algo más compleja, algo más importante, sobre todo en Canarias, donde nos encontramos con que el territorio canario, en más del 40% del mismo, está protegido, y, por consiguiente, la vigilancia de esos agentes de medio ambiente que abarque no solamente, como decía el consejero, la conservación de la riqueza forestal sino mucho más, en el tema de urbanismo, en el tema de costas, en el tema de problemas que surgen y problemas que de alguna manera están interfiriendo en la normal vida de la vida canaria. Entonces, es necesario que una ley, como la que ahora nos ocupa, tenga como finalidad la equiparación de estos funcionarios, de estos dos colectivos que, de hecho, realizan la misma tarea. Por otra parte, la Ley de la Función Pública Canaria hay que tener en cuenta que no integró a los funcionarios referidos en ninguno de los cuerpos y escalas, ya que la creación de dicho cuerpo especial era algo no contemplado, por consiguiente, en la función pública. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Presidente del Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley 8/89, recurso que se halla pendiente de su tramitación y resolución. La toma de posesión de los nuevos funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente ha venido a paliar las deficiencias que los problemas planteados en nuestro archipiélago venían ofreciéndose, o venían presentándose, por la escasez de personas especializadas. Sin embargo, como dije antes, de hecho, el personal transferido por la Administración central estaba realizando las mismas tareas que estos agentes de medio ambiente que se crearon en virtud de la Ley 8/89. Esta idea... por consiguiente, perdón, al tener las mismas atribuciones, es indudable que han de remunerarse de igual manera, puesto que lo que no podemos es que, dada esta concepción moderna que tenemos de la situación del medio ambiente, dicho personal, proveniente de la Administración central, solamente se dedique a tareas que hasta ahora venían realizando mientras dependían del Gobierno central, o de la Administración central, que eran simplemente de la vigilancia de la riqueza forestal. Los efectos de esta ley indudablemente entrarían en vigor inmediatamente de que se apruebe por este Parlamento y que se publique en el Boletín Oficial de Canarias. Los problemas o dudas que podían plantearse en el artículo 2 de esta ley han quedado perfectamente superados, ya que la equiparación, en aquellas personas que no tengan el título adecuado

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para la Escala C, es decir que no tengan Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo Grado, se podría completar con un complemento personal transitorio con base en las retribuciones básicas –perdonen la redundancia–, y que de alguna manera ya hay antecedentes en la ley del Estado, como la Ley 50/84 y 37/88, que adoptaron ese mismo tipo de complemento específico, complemento especial, para equiparar esas situaciones. Por último, hay una novedad que introduce la ley, que, de alguna manera, quedó fuera de la Ley 8/89, y es la calificación de agentes de la autoridad que se hace a este tipo de personal, con todas las prerrogativas que ello encierra, como dotación de armas, etcétera, etcétera, que es necesario para la eficacia de la vigilancia de todos los problemas que, como agentes de medio ambiente, han de cubrir en Canarias. Por consiguiente, nuestra posición es favorable a esta ley y precisamente reconocemos el hecho de que por lectura única se ponga rápidamente en funcionamiento, porque así lo reclama la sociedad canaria. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Popular? (Pausa.) ¿El Grupo Centrista? El señor Cabrera Montelongo. El señor CABRERA MONTELONGO: Señor Presidente. Señorías. Para manifestar, en nombre de mi grupo parlamentario, el apoyo a este proyecto de ley que, a pesar de su sencillez, intenta cubrir un vacío legislativo en nuestro ordenamiento jurídico, que además ha creado y está creando incertidumbre en lo que es el encuadre administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias al personal perteneciente a la guardería forestal del Estado y transferido a nuestra comunidad autónoma. Este vacío que se produjo en la Ley de la Función Pública canaria intentó ser corregido a través de la Ley de Creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Ley 8/1989, y que fue recurrida por el Presidente del Gobierno la disposición adicional segunda de dicha ley, invocando el artículo 161.2 de la Constitución española por parte de la Presidencia del Gobierno del Estado. Creemos que con esta ley, que es una ley sencilla y que únicamente trata de cubrir este vacío existente, se cubren los objetivos que nos habíamos propuesto en la Ley 8/1989, y por tanto mi grupo parlamentario manifiesta su apoyo a este proyecto de ley y a que sea en lectura única. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Grupo AIC, el señor Bello.

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EL señor BELLO ESQUIVEL (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, para mostrar el apoyo de nuestro grupo parlamentario al proyecto de ley que se trae hoy a esta Cámara, felicitar al consejero por su oportunidad y especialmente por el fin que pretende dicha ley. Como ya se ha dicho por los anteriores portavoces, se trata de resolver una situación anómala en la que dos cuerpos, dos tipos de colectivos, con idéntica función, tenían diferentes categorías; se trata de dar salida a esta situación. La ley introduce el criterio de la titulación para integrarse en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, y establece además, como sería lo justo, las posibilidades de integrarse para los que no tengan la titulación mediante unos cursos específicos que se darían por la propia consejería y tendrían que tener la homologación del Ministerio de Educación. Para finalizar, nos gustaría destacar, como puntos importantes de la ley, la categoría que se les da ahora mismo a estos agentes del medio ambiente como agentes de la autoridad, con todo lo que ello lleva consigo, y, lo que es más importante, la homologación salarial entre ambos colectivos. Todo ello para hacer justicia y para hacer cumplir el principio general del Derecho que establece claramente que a igual trabajo, igual salario. Y por lo tanto, lo que pretende hacer esta ley es hacer justicia. Por ello, nuestro apoyo a la misma y felicitar al consejero, como ya hemos dicho, por el trámite que se le ha dado. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Grupo Socialista Canario, don Carmelo Padrón. El señor PADRÓN DÍAZ: Señor Presidente. Señorías. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de este proyecto de ley porque comparte lo sustantivo, que es, en definitiva, resolver un problema que la Ley 8/1989, de 13 de julio, cuando creó el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, no lo resolvió. Sí que le hubiese gustado al Grupo Parlamentario Socialista que este proyecto no hubiese venido a finales de este mes de junio, y ya entrado en una situación claramente de urgencia, dado que un proyecto de ley de las características del que hoy estamos debatiendo es necesario que se resuelva antes del verano por contribuir a mejorar las condiciones en las cuales se han de afrontar una serie de tareas. Pero veremos, no sólo en este proyecto de ley sino en otros, que compartiendo lo conceptual nos parece que el momento hay que elegirlo más adecuadamente. Y ello ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a aceptar una vía en la tramitación que di-

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ficulta corregir algunas de las deficiencias técnicas de este proyecto de ley. Este proyecto de ley no completa la Ley 8/1989, sino que la modifica. Y a los socialistas nos hubiese gustado que este proyecto de ley, más allá de ser autónomo en los términos que se plantea, se hubiese planteado técnicamente como corrección, como modificación de la Ley de Creación de los Agentes de Medio Ambiente. Tal como ha formulado el Gobierno este proyecto de ley, vamos a tener dos textos normativos que me parece que habría que buscar la vía para que este Parlamento hiciese un texto refundido –el propio Gobierno–, por los términos que voy a explicitar. Al Grupo Socialista, desde luego, no le convence desde el título. No es de promoción y homologación funcional de los funcionarios de guardería forestal ni le convence buena parte del contenido –insisto– en los términos que vamos a plantear. Dadas las dificultades que tuvimos con la Ley 8, que llevó al Gobierno a recurrirla, y que antes de que se produzca la resolución del Tribunal Constitucional, este Parlamento se predispone a reformarla; es de alguna manera asunción de que los planteamientos que se hicieron en aquella ley del año 89 llevan a una situación que, en definitiva, contradice los intereses en presencia en el ámbito de regular todos aquellos responsables en materia de medio ambiente que van a hacer una tarea similar. En consecuencia yo creo que resolver este problema ha debido merecer otro procedimiento, otro procedimiento que iba desde haber establecido un anteproyecto de ley mucho más nítido sobre el cual pronunciarse el propio Consejo Consultivo –hay que decir que en una situación similar en aquel entonces hay un informe del Consejo Consultivo que discrepa de algunos aspectos sustantivos de este proyecto de ley, incluso con el planteamiento de votos particulares–. Yendo ya a lo sustantivo, creemos los socialistas que es enormemente razonable esta equiparación entre los agentes forestales y los agentes de medio ambiente, y que, por lo tanto, en un futuro no lejano, podamos hablar sólo de agentes de medio ambiente. Pero es notorio que cuando en la Ley 8/1989 se plantea, pues, una homologación con independencia de los títulos... –también será cuestión de refrescar que cuando la comunidad catalana plantea un proceso similar, crea los agentes rurales de esa comunidad autónoma, pero los plantea no en el nivel que lo planteó la Comunidad Autónoma de Canarias con nivel C, sino que lo plantea con nivel D, con lo cual las facilidades de integración eran notorias–. A los socialistas, que nos parece enormemente razonable lo que en aquella ley se hizo de cara a poner en el grupo C los agentes de medio ambiente, se sabía que iba a tener las dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de este tiem-

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po. De hecho ya se tienen los primeros agentes de medio ambiente y coexiste personal que realiza funciones similares y, sin embargo, tiene retribuciones distintas. Pero la fórmula de resolverlas... que el Grupo Socialista comparte en la integración de los agentes forestales que hayan adquirido el nivel de titulación exigido por la Ley 8/1989. Eso parece enormemente razonable. De igual manera parece razonable que se vayan incorporando aquellos agentes forestales que con el tiempo vayan adquiriendo la titulación suficiente. Y en relación con lo que creemos que es uno de los mayores inconvenientes, es poder igualar las retribuciones de los agentes forestales que no tienen esa titulación y que a lo largo del tiempo tampoco la pueden adquirir, porque, en definitiva, este proyecto de ley dice que las funciones van a ser idénticas y, sin embargo, desde el punto de vista retributivo –no sólo en este tiempo, sino en el de su jubilación–, difícilmente lo vamos a poder solucionar. Pero me parece que superando los inconvenientes de la Ley 8/1989, este proyecto de ley la mejora. Pero cuando decíamos que a nosotros nos hubiese gustado que este proyecto de ley se hubiese planteado como una reforma de la del 89, porque se centra fundamentalmente en la disposición adicional segunda, si bien incorpora algunas cuestiones –que nosotros compartimos–, como es darle carácter de agente de la autoridad a los agentes de medio ambiente... Dicho eso, nos va a ser difícil que algunas cuestiones técnicas puedan ser resueltas por la vía del procedimiento que ha elegido el Gobierno. En concreto, si nos referimos al artículo 3 –hablamos de un proyecto de ley que sólo tiene tres artículos–, el propio enunciado del artículo 3, que habla de la extinción de las plazas de la guardería forestal, ese título se corresponde con el anteproyecto que presentó el Gobierno, porque en aquel momento sí que se refería a la extinción de la plaza de guardería forestal, pero en ese trámite –y en la documentación que se remite al Parlamento se nota que es con una tipología de letras distinta– es cuando se habla de que los créditos disponibles –de las plazas que en definitiva estén vacantes– sean para financiar nuevas plazas de agentes de medio ambiente. Pues bien, cuando se hace el proyecto definitivo, el artículo 3 coge el contenido sólo de ese apartado y se elimina lo que decía el anteproyecto: “que se declaraban a extinguir las plazas actualmente ocupadas por los funcionarios de las guarderías forestales a medida que vayan quedando vacantes”; con lo cual hay una contradicción entre el título y el contenido. Cierto que este artículo sería en buena medida innecesario si el Gobierno de Canarias, a la hora de elaborar sus presupuestos, fuese coherente con

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el mandato de este Parlamento en la Ley 8/1989, que se establece, pues, un cuerpo con 130 agentes de medio ambiente como mínimo. Los únicos que hasta ahora ha habido fueron los del anterior Gobierno, cuando se crean las 40 plazas –quedan ahora vacantes porque se quedaron algunas desiertas–. Pero a nosotros nos hubiese gustado que en lugar del contenido de este artículo, que ha quedado contradictorio con su propio enunciado, que el Gobierno dijese aquí que al menos en el ejercicio presupuestario próximo –porque en éste no lo han hecho– se dediquen... al menos, al esfuerzo –que se hizo desde el año 92– de incrementar el número de agentes de medio ambiente. De esas establecidas, de 130 sólo para el año 1990, sólo se pudo plantear la financiación para 40 plazas en el año 92. Entonces ésta es una especie de brindis al sol, porque ahí tienen ustedes un mandato del Parlamento del año 89, de la creación de 130 plazas. Luego también vemos algunas incorrecciones de carácter técnico –además de las añadidas en la propia disposición adicional segunda–, que es lo referente a una modificación de la propia Ley 8/1989, cuando se establece que “tanto los agentes de medio ambiente como los funcionarios de guardería forestal a los que se refieren los artículos 1 y 2”... Desde que se dice lo que se dice en el artículo 1, los agentes forestales ya no son agentes forestales, son agentes de medio ambiente. O sea, que poniendo en marcha este proyecto de ley los agentes forestales que adquieran la titulación o que tengan la titulación suficiente serán agentes de medio ambiente. Por lo tanto, también aspiramos algunos a que con el tiempo desaparezcan los agentes forestales, en la medida en que todos han podido adquirir la titulación suficiente. Por lo tanto, yo creo que en el futuro las referencias a los agentes forestales serán para aquéllos que no se hayan podido incorporar en el cuerpo. Por lo tanto, perdamos también el hábito de llamarlos, a los antiguos agentes forestales que se incorporan a agentes de medio ambiente, agentes forestales, porque yo sí que comparto el planteamiento que ha hecho el propio Consejero de Política Territorial, de que las funciones de un agente forestal son distintas a las de un agente de medio ambiente, mucho más peculiar en un ámbito territorial como el nuestro. Por lo tanto, habrá que fundamentar en esa cultura en relación con el trabajo de agentes forestales, que me consta, al menos el tiempo que estuvimos, que las cuestiones eran así. Pero hay –y al consejero no se le esconde– algún inconveniente también que estaba en el anteproyecto de ley, pero que desapareció en el proyecto definitivo, y es en relación con una duda, una deuda, pendiente en relación con la vigilancia en prevención de incendios, que ustedes incorporaban en la disposición adicional cuarta del ante-

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proyecto que la memoria del Secretario General Técnico dice que en contacto ...(Ininteligible.) agentes de medio ambiente, pues que compartían el anteproyecto de ley, pero que no compartían esta disposición adicional cuarta. Como esta disposición adicional cuarta, porque se ha elegido otro tipo de procedimiento, no nos da posibilidades, sí que nos gustaría conocer cómo se va a resolver también esa cuestión histórica, que aquí intentamos resolverlo por la vía del texto de la norma, pero que me imagino que en función de esos planteamientos sea eliminado. En definitiva, concretamos que el Grupo Socialista va a votar a favor, pero que le hubiese gustado que se hubiese tramitado unos meses antes –para no estar ya en tiempos de verano–, y que en un proyecto de estas características que intenta resolver algunos inconvenientes de la ley del año 1989, hubiese posibilitado que los grupos parlamentarios planteásemos enmiendas que mejorasen el texto. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor consejero. El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Redondo Rodríguez) (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, primero para agradecer la intervención de todos los grupos, que yo creo que han explicado, incluso mejor que lo que yo había explicado, el contenido de esta ley, la finalidad y cuál es el objeto. Yo creo que se ha entendido perfectamente. En cuanto a algunos de los comentarios que ha hecho el representante del Partido Socialista, pues, lo único que le puedo decir es que no era el objeto de esta ley. Yo tomaré nota de las observaciones. En algunos casos me parecen muy lógicas y que no pretendía resolver este tema y que evidentemente quedan pendientes. Es cierto que entre el anteproyecto... nosotros hemos dado toda la información que tenemos, hemos dado todos los antecedentes en esta ley, y a los grupos también les hemos remitido, últimamente, el coste, las personas a quienes afecta; hemos intentado dar toda la información suficiente como para que se conociera que no hay nada detrás de esta ley. Efectivamente, después del informe del Consejo Consultivo y de reuniones con las representaciones de los trabajadores, hemos modificado el proyecto, es un proyecto que está consensuado. Y, efectivamente, la disposición adicional cuarta se ha quitado, porque hemos llegado a un acuerdo de buscar otras fórmulas, y lo que hemos intentado es resolver un problema que llevaba bastante tiempo, y creo que esta ley lo fundamental lo resuelve.

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Hay algunas observaciones que, evidentemente, quedan sin resolver. ¿Qué ocurre –por eso en el artículo tercero...– con las plazas de guarderías forestales de aquellas personas que, efectivamente, no pasen a ser agentes de medio ambiente? Por eso es por lo que no se extingue el cuerpo, sino se extinguen las plazas. Yo creo que el título está de acuerdo con el texto; es decir, lo que desaparecen son los créditos que se irán conformando en agentes de medio ambiente. No va a desaparecer el cuerpo, seguirá existiendo un cuerpo de guarderías forestales en la medida que vayan tardando y se vayan incorporado. Por lo tanto, la disposición adicional segunda por eso recoge los dos. La idea de todos –y yo creo que es la ley del 89– es que, efectivamente, sólo exista un Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, y ésa es la finalidad que todos estamos persiguiendo. Nada más y muchas gracias.

En el trámite administrativo que siguió el Gobierno al objeto de poner en marcha el instituto, órganos que tenían que informar sobre el decreto que regulaba reglamentariamente el desarrollo de la ley pusieron obstáculos al entender que la ley en sí necesitaba de un crédito extraordinario al objeto de poder avanzar en el trámite administrativo de puesta en marcha del Instituto de la Mujer. Siendo voluntad política del Gobierno que el instituto empiece a funcionar a la mayor brevedad posible, por eso se ha traído ante esta Cámara esta ley de crédito extraordinario en lectura única. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Por favor, cierren las puertas. Vamos a votar en una sola votación la integridad de la ley. Los que estén a favor, que levanten el brazo. (Pausa.) Gracias. ¿Hay alguna abstención, algún voto en contra? (Pausa.) Queda aprobado, entonces, por unanimidad. (La señora Secretaria primera, Noreña Salto, ocupa un escaño en la sala.)

El señor GONZÁLEZ VIÉITEZ (Desde su escaño): Muy brevemente. Yo creo que este proyecto de ley, que viene a resolver un problema que quedó pendiente, cuando el conjunto de esta Cámara, por unanimidad, aprobó en el mes de enero el Instituto Canario de la Mujer, resulta que en términos de carácter legislativo, ese presupuesto de cualquier organismo autónomo, tiene que ser aprobado por ley, que es lo que acaba de expresar el señor consejero. Por lo tanto, éste es el procedimiento para dotar al instituto a que se ponga en práctica y se ponga en funcionamiento. Yo creo que en este sentido la expresión unánime de haber aceptado la lectura única no es otra cosa que apoyar con urgencia lo que puede representar la puesta en marcha de este instituto, que además tiene presupuestos que los puede seguir gastando, en mayor o menor medida, en función de su eficiencia, y lo único que queda pendiente, en este caso prácticamente, es el nombramiento de la directora del instituto, que esperamos que sea a la mayor brevedad.

PROYECTO DE LEY DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER: PROPUESTA DE TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA. El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente proyecto de ley: de crédito extraordinario para el funcionamiento del Instituto Canario de la Mujer. Igualmente en este proyecto de ley el Gobierno solicitó lectura única. No ha habido enmiendas a la totalidad y la Mesa, después de haber oído a la Junta de Portavoces, acordó someter al Pleno la posibilidad de esta tramitación por lectura única. Queda, entonces, sometida al Pleno la solicitud de lectura única. ¿Hay consenso? (Asentimiento.) Muy bien. Entonces pasamos al debate, que tiene la palabra por el Gobierno en su presentación el señor Bonis. El señor CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (Bonis Álvarez): Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos. Éste es un proyecto de ley muy sencillo para el cual la Cámara acaba de aprobar su lectura única, que tiene como objetivo la puesta en marcha del Instituto Canario de la Mujer, al intento de dar cumplimiento a los plazos que establecía la ley que fue aprobada por este Parlamento de Canarias en el mes de enero.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se va abrir un turno de intervención de los diferentes grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿I.CAN? Señor González Viéitez.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupo Popular? Señor Bravo de Laguna. El señor BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ (Desde su escaño): Sí, señor Presidente. Nosotros, en línea con lo manifestado en su momento cuando la creación del Instituto de la Mujer, vamos a abstenernos en este proyecto de ley, porque ya dijimos en su día –cuando hicimos las manifestaciones oportunas– que nos parecía que no era un organismo necesario, desde el punto de vista de la organización administrativa ni tampoco –evidentemente– un organismo que ayude a superar los problemas de discriminación que existan en la sociedad.

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Por otra parte, en concreto este proyecto de ley, que lo único que trata es de superar un cierto olvido, una omisión en aquel proyecto original y que, en definitiva, lo que hace es prever el gasto del director del Instituto de la Mujer y que se le pueda pagar el sueldo, pues, no tiene una enorme trascendencia, sino que está íntimamente ligado al primero. Por ello, para ser coherentes con nuestro planteamiento en su día, así lo hacemos. No hemos presentado una enmienda de totalidad a pesar de que tiene incluso informe negativo de la Intervención de la comunidad autónoma por los problemas que puedan surgir como consecuencia –dice el informe– de que dotaciones que figuran en el anteproyecto no recogen los créditos necesarios para financiar los gastos de personal y la infraestructura administrativa, contable y de tesorería del instituto, lo cual –concluye el Interventor General– generará importantes problemas de gestión. Yo quiero decir que cuando hay un informe negativo de la Intervención General, el Gobierno debe ser extraordinariamente cauteloso. En nuestro país nos hubiéramos ahorrado muchos problemas en relación con los fondos públicos si hiciéramos más caso a las observaciones de las intervenciones de los distintos organismos públicos. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Centrista? Señor Morales. El señor MORALES MORALES (Desde su escaño) : Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. El Grupo Parlamentario Centrista quiere expresar la satisfacción porque el Gobierno, consciente de la realidad y de la importancia y del papel que puede desarrollar en la sociedad canaria el Instituto Canario de la Mujer, haya traído a este pleno el proyecto de ley con el fin de poner en funcionamiento dicho instituto. Quiero recordar que la disposición transitoria de la ley que aprobamos el 13 de enero de este año habla de un periodo de seis meses para su puesta en funcionamiento, periodo que se cumplirá el 13 de julio. Si hoy se aprueba definitivamente este proyecto de ley de crédito extraordinario, pues, posiblemente, esos plazos puedan cumplirse y la mujer canaria pueda ver realizada una de sus aspiraciones, que es la puesta en funcionamiento del Instituto Canario de la Mujer. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, el señor Ucelay.

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El señor UCELAY SABINA (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Simplemente, igual que el resto de los compañeros portavoces, en algunos casos, explicitar lo que es el apoyo de las Agrupaciones Independientes de Canarias a la Ley de Creación del Instituto de la Mujer. Este proyecto de ley lo que viene a realizar es la puesta en funcionamiento del mismo, dar cumplimiento a los plazos que en él se establecían, y por tanto lo entiendo como una norma que tiene sentido casi diría yo de mero trámite, aunque queremos reiterar nuevamente nuestra posición de apoyo al instituto como grupo político y al Gobierno en el proyecto de ley que lo desarrolla. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El Grupo Socialista Canario, doña Teresa Noreña. La señora NOREÑA SALTO: Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Es indudable que el Instituto de la Mujer es un proyecto muy vinculado al Grupo Socialista. Por eso he hecho hasta este gesto de salir aquí. Se presentó por el Gobierno cuando estaba el Partido Socialista gobernando, decayó y hubo que hacerse a través de una proposición de ley. Una proposición de ley que se aprobó con el consenso de esta Cámara: todos y todas nos felicitamos. Pero me parece que muy pocos grupos parlamentarios creen que el Instituto de la Mujer es un instrumento, y debe ser un instrumento, de avance social; una herramienta importante para una sociedad que pretenda avanzar como dijo nuestro grupo, y que necesita la colaboración de todos sus miembros. Urgencia dadas las peculiaridades canarias, ¡dadas las peculiaridades de la sociedad canaria!, que necesita un plan de igualdad que considere nuestra realidad social, urbana y rural, nuestros niveles culturales, nuestros niveles políticos y participativos. El señor Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales terminaba en diciembre su intervención con estas palabras: “Por lo tanto, darnos todos la enhorabuena, porque por fin va a salir de esta Cámara la creación del Instituto Canario de la Mujer, y hacer la reflexión del trabajo que tenemos que hacer para que realmente este instituto, que prácticamente lo tienen el resto de las Administraciones públicas del Estado, sea realmente el mecanismo y sea lo efectivo que todos deseamos para que el principio de igualdad sea ese principio que la sociedad incorpore a sí misma sin necesidades de que los legisladores lo incorporen a la norma”. ¡Es indudable que los discursos parlamentarios aguantan todo y que el Diario de Sesiones también! El plazo para poner en marcha la ley era de seis meses, pero perdonen, como máximo, seis meses máximo. ¿Qué se ha hecho en estos seis meses? ¡Absolutamente nada! Y encima se tramita ¡la pri-

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mera norma! con trámite de urgencia. En estos seis meses ¿por qué no se ha procedido a nombrar a la directora?, ¿por qué no se ha estudiado con más detalle el presupuesto del instituto? La Intervención General –como nos recordaba el señor Bravo de Laguna– señala, sobre este asunto en la documentación que acompaña al proyecto de ley, lo siguiente: “Estas dotaciones que figuran en el anteproyecto no recogen –más claro no puede ser, no creo que haya interpretaciones–, no recogen los créditos necesarios para financiar los gastos de personal, la infraestructura administrativa, contable y de tesorería del instituto”. Por si no fuera suficientemente claro, la Intervención General sigue diciendo: “lo cual generará –futuro– agotamiento del plazo, trámite de urgencia –y futuro–, lo cual generará importantes problemas de gestión”. Miren, este proyecto de ley que el Gobierno solicita en trámite de urgencia me atrevería a calificarlo como un plan de igualdad de una de las cosas en las que se nota la marginación por las políticas sobre la mujer y los temas de la mujer, o de las mujeres si prefieren. Y me parece una auténtica –nos parece al Grupo Socialista– una auténtica chapuza. ¿Qué diferencia hay entre las buenas palabras y una política de gestión? Hay un abismo entre las declaraciones públicas y la gestión en un tema de tanto interés social para hombres y mujeres. No entendemos –no entendemos los socialistas– por qué no se han cumplido las disposiciones finales primera y segunda de la ley, y esperamos que se cumplan para que la falta de medios no signifique un retraso en la organización de esta nueva institución canaria, de tal forma que el Gobierno pueda dictar las disposiciones necesarias –como dice la disposición primera– en desarrollo de la presente ley, urgentemente, pero no con el carácter tan peculiar que tiene este proyecto de ley. Y que “por la Consejería de Economía y Hacienda se realicen las modificaciones presupuestarias precisas en orden a la habilitación de los créditos necesarios para el cumplimiento de la presente ley”. Es decir, para que no se cumpla lo que dice el interventor, no ahora sino de cara al futuro. A pesar de todos estos aspectos señalados, ¿el Grupo Socialista va a votar afirmativamente este proyecto de ley?, ¿por qué? Pues miren, como muestra de nuestro interés, como muestra del apoyo socialista a la puesta en marcha, de la forma más rápidamente posible, y también la mejor posible, del Instituto de la Mujer; para que no haya aparentes obstáculos para iniciar su andadura, que bastante se ha retrasado. El Grupo Socialista intentará siempre que el Instituto de la Mujer funcione, que cumpla los fines y objetivos para los que ha sido creado y además que no se puedan utilizar argumentos falaces para esconder incapacidad sobre las políticas aplicables a las mujeres y a

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la sociedad. Para que no se retrasen aún más diversas medidas fundamentales que no se están produciendo, como por ejemplo la orden de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, y no se están produciendo estas políticas ya existentes porque hay que esperar a que se ponga en marcha el Instituto de la Mujer; argumentos, verdad... unas disquisiciones un poco excesivas. Y también, señor Bonis, para que usted no pueda justificar su escaso interés por los temas de la mujer, como ha demostrado hasta en la intervención de hoy al presentar este proyecto de ley. Gracias, Señorías. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor consejero tiene la palabra. El señor CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (Bonis Álvarez): Gracias, señor Presidente. No tenía previsto intervenir al objeto de dar una mayor agilidad en el trámite parlamentario, pero el discurso de la portavoz socialista hoy en este debate del Proyecto de Ley de crédito extraordinario yo creo que ha estado fuera absolutamente de contexto. Estamos, Señoría, debatiendo lo que estamos debatiendo, y estamos debatiendo un proyecto de ley que nos va a permitir poner en marcha el Instituto Canario de la Mujer dentro del plazo que establece la ley por el cual se creó, que es de seis meses. La ley –como saben sus Señorías– entró en vigor el día 13 de enero y el plazo termina el día 13 de julio. Pero sí que ha dicho algo su Señoría que evidentemente me ha dolido, me ha dolido porque le ha intentado usted adjudicar al Gobierno y al consejero que en este momento le está hablando un calificativo que sólo se lo podían haber adjudicado ustedes a sí mismos. Cuando han hablado ustedes de chapuza, chapuza fue la que ustedes hicieron cuando presentaron la proposición de ley, que no tuvieron en cuenta que había que dotar de los medios materiales y presupuestarios al instituto al objeto de ponerlo en funcionamiento. Por lo tanto... (Rumores en la sala.) El señor PRESIDENTE: Por favor, Señorías. El señor CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES (Bonis Álvarez): ...en ese nivel de responsabilidades la primera fue la de ustedes, que ustedes presentaron la proposición de ley, y desde luego no tuvieron en cuenta lo que determina la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, que en su artículo 6.3 prevé esta necesidad. La voluntad del Gobierno –como dije al final de mi primera intervención, y vuelvo a decir ahora, y como dije cuando cerré el debate en el momento en que se aprobó la Ley de Creación del Instituto

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en este Parlamento– sigue siendo la misma, y el Gobierno cumplirá los plazos. Y el intentar utilizar este debate de un proyecto de ley de crédito extraordinario, que lo único que persigue es poner en marcha el instituto en los términos que establece su propia ley de creación, me parece –como mínimo– inadecuado. Pero para tranquilizarla, Señoría, tenga usted presente que cumpliremos esos plazos. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Gracias. (La señora Noreña Salto solicita intervenir.) Sí, sí. Brevemente, Señoría. La señora NOREÑA SALTO (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Mire, señor consejero, esto es simplemente por alusiones. Yo simplemente le pregunto: si no se hubiera admitido el trámite de urgencia o hubiera habido problemas, ¿se hubiera aprobado este presupuesto del Instituto de la Mujer antes de los seis meses de tiempo máximo?, ¿habilitando julio?, ¿pidiendo un pleno extraordinario? Hoy es el último día de junio, hoy y mañana. Por favor, un poco de respeto... un poquito, ¿eh? Gracias. El señor PRESIDENTE: Bien. Vamos, entonces, a votar. Los que estén a favor de este proyecto de ley, que levanten el brazo (Pausa.). Gracias. ¿En contra?, por favor (Pausa.). ¿Abstenciones? (Pausa.) Gracias. Queda aprobado este proyecto de ley por 50 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DEL PLAN DE INVERSIONES UNIVERSITARIAS DE CANARIAS. El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Debates de primera lectura. En primer lugar, Proyecto de Ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias. Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Consejero de Educación, el señor Mendoza. El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (Mendoza Cabrera): Gracias, Presidente. Buenos días, Señorías. Entramos en el debate de un proyecto de ley que entendemos viene a dar respuesta a uno de los aspectos básicos de nuestra sociedad, cual es el de la formación de sus universitarios. En nuestra comunidad en apenas cuatro años –es decir, desde el año 90 al año 94– el número de estudiantes de nues-

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tras universidades ha pasado de 29.000 a más de 40.000. Quiere decirse, por tanto, que existe, sigue existiendo en nuestra sociedad una demanda de los estudios universitarios. Pero es más, las prospecciones que hemos hecho nos indican que las medias de alumnos universitarios que existen en Canarias en comparación con las medias del Estado aún siguen estando a notable diferencia. Así, por ejemplo, en la población entre 18 y 30 años, mientras que en Canarias existe un 19’4% de alumnos que cursan estudios universitarios, la media del Estado supera el 26%. Quiere ello decir que no sólo ha existido un crecimiento de la demanda de oferta universitaria en estos últimos años, sino que previsiblemente en los próximos esa demanda va aún a seguir creciendo. Hay otros motivos en los que yo no voy a entrar por no cansar a sus Señorías, pero es obvio que, sobre todo, en momentos de crisis social, en los momentos en los que crece el paro, la población tiende a mejorar sus niveles de cualificación y, por tanto, éste puede ser un vector que haga prever que en los próximos años la demanda de estudios universitarios en Canarias va a seguir creciendo. Por tanto, hay, de una parte, un elemento objetivo, que es el crecimiento de esa demanda. Pero, por otra parte, hay que decir que la costumbre seguida en los últimos años en Canarias ha sido la planificación, prácticamente, anual de cuáles deberían de ser las inversiones en materia universitaria. Ello planteaba un panorama de incertidumbre permanente a ambas universidades que hacía imposible la planificación de sus inversiones, renglón que entendemos es básico dentro de la planificación global universitaria. Digo que ésta ha sido la tradición, ésta ha sido la costumbre en los últimos años. Desde el año 1990 no se aborda un plan plurianual de inversiones en materia universitaria y a nuestro juicio –insisto– eso ha tenido consecuencias negativas en cuanto, pues, a que faltaban objetivos a medio plazo respecto de las prioridades que deberían de abordarse en cuanto a inversiones universitarias, obras que comenzaban sin tener previstas las asignaciones presupuestarias para los ejercicios siguientes y, por supuesto, discusión de las inversiones en el conjunto de la Ley de Presupuestos y, por tanto, sin dedicarle la atención que merece, de forma particularizada, un renglón tan importante como el de las inversiones universitarias. De ahí que desde que asumimos la responsabilidad en esta materia, entendíamos que un elemento básico para la planificación de la política universitaria era precisamente definir un horizonte que garantizara cuáles son las inversiones universitarias en ambos campus, necesario y además garantizar los recursos suficientes para afrontar esas inversiones y superar el hecho de que se pueda cernir cualquier sombra de duda respecto de las garantías de culminar esas inversiones.

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De ahí que los objetivos que nos hemos propuesto han sido o son, de un lado, definir el marco de necesidades objetivas del sistema universitario canario para la demanda actual y para el previsible incremento en los próximos cinco años. Por otra parte, dotar de la infraestructura básica para cubrir, con un nivel de calidad suficiente, las exigencias en materia de enseñanza superior. Y, por último –y entendemos que es una novedad destacable–, establecer los mecanismos de seguimiento y control que den la máxima transparencia a la inversión realizada, con el fin de que la sociedad pueda evaluar de forma clara y precisa cómo se gasta el dinero público en materia universitaria. En definitiva, los objetivos de este plan, traduciéndose en las inversiones a nivel concreto, pretenden, por una parte finalizar obras ya iniciadas, de tal manera que se pueda hacer frente a los compromisos confiados por las universidades; completar la estructura urbana de ambos campus; dar un salto cualitativo y cuantitativo respecto del número de plazas en residencias universitarias y acometer las obras nuevas que se requieren como consecuencia de la demanda de plazas en determinadas titulaciones. En definitiva, Señorías, entendemos que el proyecto de ley que traemos a consideración de esta Cámara es un proyecto, en primer lugar, realista en la medida en que no sólo define unos objetivos y unas prioridades, sino que al mismo tiempo garantiza con un plan plurianual que esos objetivos y esas prioridades van a poder ejecutarse. Es un proyecto que entendemos equilibrado en la medida en que se atienden las necesidades básicas de ambas universidades, y por ello va a definir –insisto– un panorama de serenidad, un panorama de confianza en este sentido. Por último, insistir en el aspecto, que de alguna forma recalqué antes, y que me parece un avance importante en cuanto a que en el plan de inversiones que estamos definiendo a cinco años se introducen los mecanismos de control suficientes por parte de la comunidad, por parte del Gobierno de Canarias, pero además por parte de este Parlamento, en la medida en que anualmente el responsable de Educación tendrá que dar cuenta de cuáles han sido las obras ejecutadas, cuáles sus posibles desviaciones, y por tanto tendrá este Parlamento el máximo control de este programa de inversiones. Creo que, por tanto, planificación plurianual, definición de objetivos a medio plazo, cubrir las necesidades básicas y transparencia y control de las inversiones definen un plan que se estaba haciendo absolutamente necesario, que yo me atrevería a decir que cuenta con un alto grado de consenso en ambas universidades y que, por tanto, va a permitir dar un salto cualitativo en la política universitaria de Canarias.

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No es lo único que queda pendiente. Obviamente tenemos pendiente la definición de las plantillas universitarias; tenemos pendiente el mapa de nuevas titulaciones, somos conscientes de ello, pero, tal y como hemos hecho en este plan de inversiones, era preciso traer al Parlamento una propuesta suficientemente analizada y que respondiera –insisto– a las necesidades que plantea la educación superior en Canarias. Por otra parte, insistir en algo que he venido repitiendo desde un principio, y es que es la voluntad de este Gobierno que en políticas tan decisivas como ésta exista el máximo grado de consenso. Por ello, a pesar de que hemos solicitado el trámite de urgencia, porque es preciso que cuanto antes comiencen a afrontarse fundamentalmente aquellas obras ya ejecutadas, insisto, aunque hemos planteado el trámite de urgencia, no hemos planteado el de lectura única, porque es la voluntad del Gobierno que este Plan de Inversiones Universitarias salga de esta Cámara con el máximo grado de consenso y de apoyo por parte de la mayoría del arco parlamentario. Este es nuestro deseo y si prospera hoy este proyecto de ley, tendremos oportunidad de demostrarlo tanto en los debates en ponencia como en el Pleno. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En tiempo de presentación de enmiendas, se ha recibido una de devolución de totalidad del Grupo Socialista Canario, que para su defensa se le concede la palabra al señor García Déniz. El señor GARCÍA DÉNIZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Subo una vez más a esta tribuna para hablar de las universidades canarias. Lo he hecho ya en multitud de ocasiones: apoyando al Gobierno, desde el Gobierno, desde la Oposición... y yo creo que intentando mantener unos criterios que estimamos de verdad y de justicia en todos aquellos asuntos en que me ha encomendado el Grupo Socialista portar su palabra aquí. Podrían preguntarse inicialmente el porqué de una enmienda de totalidad con petición de devolución al Gobierno si el propio Gobierno había planteado una oferta de consenso, y es cierto, en llamada personal. Pues simplemente porque sospechábamos que pudiera presentarse, si no había enmienda de totalidad, por un lado, la lectura única, y no creíamos adecuado –era un proyecto de 20.000 millones de pesetas y un plan plurianual a cinco años– que eso se hiciera así y, en segundo lugar, porque el Gobierno nunca llegó a llamar. Es decir, la enmienda se presentó a media hora de culminar el plazo para la presentación de enmiendas de totalidad a la vista de que no se había llamado. Posteriormente,

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hemos hablado con el Gobierno: está en disposición de pactar, nosotros también. Pero, sobre todo, nos inclinaba –y lo argumentábamos así– a la hora de poder consensuar, de poder hablar, tener mayor información. Si uno analiza la memoria del proyecto de ley –que es la información complementaria, para uno hacerse un poco a la idea siquiera aproximada de qué ha estado pasando con las inversiones de las universidades canarias–, así como la memoria de la Universidad de Las Palmas especifica precios de adjudicación, plazos, grado de ejecución, dinero aportado por la comunidad autónoma, la memoria que redacta el Gobierno sobre las obras de la Universidad de La Laguna era bastante oscura y confusa, sobre todo porque era difícil cuadrar las obras. Con posterioridad el Gobierno nos ha dado alguna información de la que el Gobierno tiene de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, suministrada por la propia Universidad de La Laguna, y nos ha aclarado algunas cuestiones. En los temas de fondo de la ley, yo creo que de los objetivos que se proponen y que nos ha leído el consejero, pues, resumido de la exposición de motivos, hay al menos dos que no se cumplen: completar la infraestructura universitaria, porque las propias universidades dicen que no se completa –de hecho se pone menos dinero que el solicitado en alguna de la obras, o se recorta el presupuesto de la obra o bien quedará dinero por pagar, y a mí me preocupa–, y, en segundo lugar, lo del salto cualitativo y cuantitativo importante respecto al número de plazas de residencias universitarias, porque en la ley sólo aparece terminar una obra que está casi acabada –136 plazas en la Universidad de La Laguna, Colegio Mayor San Agustín, la ampliación– y 300 de nueva creación en la residencia de Tafira de Las Palmas de Gran Canaria. Total 436 plazas para un montante de alumnos... –no todos potenciales usuarios–, pero de 40.000, donde hay varios miles procedentes de islas menores o que cambian entre las islas mayores para estudiar. Por tanto, es una oferta, desde luego, todavía insuficiente. Bien. Pero esta ley además modifica la Ley del Plan Universitario, y de los Consejos Sociales, en algo que yo creo que no es adecuado hacerlo en una ley de financiación, sino afrontar el problema si existe –que yo creo que realmente existe–, y además crea de facto –en lo que ya es rizar el rizo– dos centros superiores en las universidades canarias: uno por transformación en la Universidad de La Laguna, otro es un centro superior –con todas las de la ley– en la Universidad de Las Palmas, y se dice que el año que prevé la Ley 6/84 para que entren en funcionamiento no se va a aplicar en estos casos. Quizá en un caso pudiera entenderse razonable, hacer transformación de un estudio superior que ya existe, no requeriría grandes cosas para

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echarlo a andar; en el otro supone la posibilidad de impartir titulaciones superiores en el Centro Superior de Formación del Profesorado, con carácter superior. Parece un poco arriesgado y, desde luego, no encaja en lo que debe ser una ley que no es una ley tranvía, es una ley de financiación de las universidades básicamente. Bien. Y hablamos de una cantidad a cinco años de 20.000 millones, y yo les digo que 20.000 millones sí ma non troppo: no son 20.000 millones nuevos que ponemos a disposición de las universidades, en el sentido de que hay mucha inversión que ya está hecha. Ya lo ha dicho el propio consejero, que se han empezado obras sin financiación. ¡Alguien las habrá autorizado!, me imagino. Si no, no lo sé, tampoco tienen derecho en ese caso a reclamar, pero parece que hay obra hecha, mucha, está terminada –yo trabajo en alguno de esos edificios para los que se pide dinero que falta para pagar, en la Universidad de La Laguna, por ejemplo–. Luego, de aquí tienen que cubrir –digamos que se cubre– la transferencia de crédito 203, del año 93, que detrajo para cubrir el déficit en la concertada 1.144 millones de las inversiones de la Universidad de Las Palmas, que deben estar aquí, porque es dinero que estaba comprometido, que la obra se estaba ejecutando, y que... ¡bueno! Por tanto, no hay tanto desequilibrio entre universidades –como alega algún medio de comunicación– y, además, pues lo construido en el año 93 y 94, sobre todo una vez que se produjo el anuncio de que iba a haber un plan de 20.000 millones. La prudencia política aconseja en estos casos que cuando se pone un tope es porque es pequeño y que se puede aumentar para negociar, pero si se ofrece una cantidad bastante por encima de lo que se preveía hace dos años que fueran las necesidades de infraestructura de las dos universidades y se ofrecen 20.000 millones, pues es posible que la gente se ponga a construir rápido para alcanzar la parte del león o llegar a la mitad de esos 20.000 millones como argumento de peso, sólido, de muchos cientos de millones de pesetas para que se compense lo que ya está hecho. Yo creo que fue una imprudencia anunciar la cantidad, porque dio lugar posiblemente –al menos en la Universidad de La Laguna yo me temo que así es, con los datos que tengo– a una aceleración de las construcciones y a un encarecimiento de las mismas, porque había 20.000 millones de donde tirar. Construir para gastar es la peor política que se puede hacer –el Consejero de Hacienda me mira, y seguro que está de acuerdo–; es gastar en lo que es necesario, en esa cantidad, pero no comprometer el gasto para luego obtener el dinero. Vamos, por tanto, a pagar deudas que se tienen con las empresas de construcción. Parece bien, si había un compromiso y una autorización por el Gobierno, pero me preocupa que la ley aparece

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como una ley de pactos de punto final; es decir, hemos acabado con el desmadre, a partir de aquí vamos a hacerlo ordenadamente. Y ello se refleja, yo creo, en que de los ocho artículos de la ley, seis de los artículos más dos transitorias, más una disposición final, introducen cautelas y controles del Gobierno sobre las universidades, que van desde los proyectos, la recepción definitiva, pasando por los pliegos de condiciones administrativas, particulares, las mesas de contratación, actas de replanteo, programas de trabajo, modificaciones o ampliaciones de las obras. ¿Por qué tanta desconfianza? –pregunto–. Parece que el Gobierno no confía en que las inversiones se encaucen adecuadamente. Pero al mismo tiempo la memoria de la ley ocultaba esa información que daba pie a esas posibles –estoy hablando de posibles– desconfianzas del Gobierno, porque ahí no había datos que hicieran prever que había que desconfiar. Y gracias a la enmienda de totalidad, pues hoy el Grupo Socialista tiene algunos elementos más de juicio, alguna información más que ha suministrado la propia consejería sobre todo en lo tocante –repito– a la memoria de la Universidad de La Laguna que estaba muy inconcreta, muy difusa, bastante oscura. Y basta comparar y resaltar algunas cifras de las que se prevén en la información que ha dado el Gobierno y la que está en la ley de financiación universitaria. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el coste de Económicas y Empresariales en Las Palmas sale el metro cuadrado a 79.000 pesetas –cifra asumible– y en La Laguna a 93? (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora Secretaria primera, Noreña Salto.), ¿por qué las diferencias? –el suelo en Las Palmas tiene bastantes más problemas de construcción por pilotajes y arcillas expansivas–; ¿que una cama de residencia universitaria en Las Palmas –en el proyecto como viene– cuesta –en estimación de la Universidad de Las Palmas– dos millones de pesetas por cama y que en La Laguna, en la información que me da el Gobierno, va a costar –la residencia San Agustín– seis millones por cama? Dos y seis: ¿a cuánto sale un apartamento? Seis millones por cama. Bien. Hay diferencias. Pero es que además el coste final de edificios, con respecto al presupuesto inicial, refleja la indefensión del Gobierno y del Parlamento de Canarias frente a las universidades, aunque también en diverso grado, y hay que decirlo. Si comparamos la propuesta de obras que hizo el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas el 8 de mayo del 92 a la consejería, con la memoria de esas mismas obras dos años más tarde observamos que hay una desviación de presupuesto que podemos estimar razonable. Entre un 10 y un 20%, dos años más tarde, puede ser razonable; se da en muchas obras públicas ese incremento de coste, pese a las dificultades de suelo de Tafira –repito–

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y a un coste por metro cuadrado, que se planteaba entonces y se mantiene ahora, que oscila entre 60 y 80.000 pesetas/m2 de construcción útil. Bien, eso también entra dentro de los parámetros normales de la construcción ahora. Sin embargo en el caso de La Laguna, hay que decirlo, –y el Gobierno debiera decirlo también– que las cautelas tienen razón de ser; nos encontramos que el precio por m2 de construcción de los edificios va desde 80.000, a 90, a 100.000 y hasta a 179.000 pesetas/m2 de construcción, construcción y equipamiento. No creo que haya razones para tan gran diferencia o estamos haciendo edificios de lujo asiático. No lo sé, pero esa diferencia debe hacernos reflexionar a todos, no sólo al Gobierno. Pero además, según los datos suministrados por el propio Gobierno de Canarias al diputado que les habla, de acuerdo con el incremento en algunas obras de La Laguna, con respecto al gasto proyectado, ha duplicado y casi triplicado las cifras iniciales. Por ejemplo, Facultad de Químicas: el presupuesto inicial era 1.066 millones, se está pidiendo ahora, como coste total por La Laguna 2.157 –el 102% de incremento, obras iniciadas hace dos años–; departamental Ciencias de la Información: el coste inicial estaba en 588 –según proyecto de la propia universidad, 588 millones–, hoy está el coste en 1.328 millones, es decir, un 126% más –una obra a punto de acabar–. O el caso de Ciencias Económicas y Empresariales: un coste sobre proyecto, total honorarios, de 855 millones y que se estima que costará 2.284, el 167% más –datos que me da la propia consejería; sobre ellos recae la certeza o no, pero ésos son datos–. Como ven, debemos ser cautos, tanto el Gobierno como el Parlamento, porque resulta que aquí estamos autorizando año tras año en presupuestos, en revisiones del Plan Universitario una serie de gastos que luego se pierde el control de lo que realmente se ejecuta, de las adjudicaciones, de las revisiones de precios, reformados, del equipamiento... ¡de todo! Y se inicia una espiral endemoniada que pone a los sucesivos gobiernos entre la editorial periodística y la pared. Cada vez que hay cambio de gobierno sucede algo parecido: aparece una supuesta deuda histórica que hay que saldar, que hay que cerrar. Bien. Hace dos años fue la consolidación del capítulo de personal y de gasto corriente de la Universidad de La Laguna, que se hizo, ahora es la consolidación del gasto en inversiones a la Universidad de La Laguna, que se va a hacer –borrón y cuenta nueva–. Lo que tenemos claro los socialistas es que, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, el equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna no podrá hablar nunca más ni de despojo ni de agravio. Todo lo contrario: ni despojo ni agravio, ¡nunca más! Se ha consolidado lo que han gastado, en gasto corriente y en inversión,

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sin autorización, tomando decisiones autónomas que luego no han afrontado autónomamente, sino han demandado, han exigido normalmente que el Gobierno de Canarias y el Parlamento lo suministre. La sociedad canaria, a través de su Parlamento, ha sido muy generosa con las universidades canarias, y dentro de unos días estoy convencido de que volverá a serlo. Sin duda más con las universidades que con otras etapas educativas, ¡sin duda!, y a los proyectos y a los presupuestos me remito, las diferencias en cantidades que hay. La Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria son respectivamente hoy por hoy –con datos en la mano– la primera y la segunda de España en dotación económica por alumno –hoy–, y además son la tercera y la cuarta de España –con dos excepciones, que son excepcionales, Pompeu Fabra o Carlos III–, la tercera y la cuarta de España en mejor relación profesor-alumno, y hay facultades que tienen dos alumnos por profesor, y dentro de poco si siguen descendiendo las matrículas, tendremos dos profesores por alumno. Y creo que ha llegado la hora de valorar también aquí los éxitos del sistema y ver si es razonable que un titulado de grado medio –en Empresariales– en cualquiera de las dos universidades nos esté costando –grado medio, tres años– la friolera de 18 millones de pesetas (Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores). O un licenciado en arquitectura, 20 millones. ¿Eso lo soporta la sociedad canaria?, ¿es un buen producto del sistema universitario?, ¿nos está devolviendo a la sociedad lo que la sociedad pone en ellos?... Es la hora de reclamar resultados, de reclamar calidad y rigor en la educación y en la investigación, de reclamar también transparencia y rigor en la gestión de los cuantiosos recursos públicos puestos a disposición de las dos universidades. Y por eso el Grupo Socialista Canario solicitará, en la Comisión de Hacienda de este Parlamento, una auditoría, a realizar por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que se encarga de estas cosas por encargo del Parlamento, sobre cada una de las obras y equipamientos contemplados en los anexos del presente proyecto de ley. Sobre cada uno: presupuesto inicial, lo que se ha gastado, las revisiones de precios, a qué se han debido... ¡todo!, para que todos tengamos la conciencia tranquila del buen fin de los recursos que vamos a destinar. Estoy convencido de que no pondrán ningún obstáculo. Una vez más vamos a destinar estos recursos a nuestras universidades, pero con la conciencia tranquila. Con estas reflexiones, señor Presidente, y dentro de estos límites, los socialistas enmarcamos nuestra disposición a acordar el proyecto de ley. Y para que no haya la posibilidad de un retraso indeseado en la ejecución de las inversiones –que sé que preocupan a las propias universidades–, en este momento anunciamos, señor Presidente, la retirada de nuestra enmienda de totalidad.

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El señor PRESIDENTE: Al retirarse la enmienda a la totalidad de devolución, va a continuar el debate, pero como primera lectura. Por lo tanto, ahora el Grupo Mixto tiene la palabra. En primer lugar, el señor Chacón. El señor CHACÓN NEGRÍN: Gracias, señor Presidente. Señorías. Es un tema, el de las universidades canarias, que ha traído larga historia después de nuestra autonomía, y principalmente en los años que he llevado en esta Cámara. Y, desde luego, quiero anunciar que nuestro apoyo va a existir a este proyecto de ley, pero al mismo tiempo quiero anunciar que nuestro grupo cree que en la realidad de este proyecto en su límite presupuestario, en su límite global de 20.000 millones, Independientes de Fuerteventura, no van a entrar sus diputados en el tema de si tanto de acá o tanto de allá. Yo creo que ese tema ya bastante se ha explotado aquí, que lo vamos a apoyar, pero tiene que haber un nuevo concepto de las cosas. La realidad es que yo sacando el porcentaje, por ejemplo de inversión, cuando hablamos de 40.000 estudiantes y hablamos de una mejora importante en el nivel de preparación de los hombres y mujeres de Canarias –en todas las islas, pero evidentemente en las islas periféricas, donde es el tema mucho más problemático por su coste real para cada estudiante–, observamos que estamos en una inversión de un 3% para residencias y un 4% –no llega– para residencias. Esto, desde luego, nosotros –ya lo anunciamos, señores diputados, y, especialmente, señor Consejero de Educación–, vamos a presentar unas enmiendas que espero que por todas las fuerzas políticas sean apoyadas, porque no justifica... Y aquí no estamos hablando sólo de islas periféricas o islas... lo que quieran llamarlas, sino también los habitantes de Tenerife y los habitantes de Gran Canaria, que viviendo en poblaciones alejadas de Las Palmas-Telde –ese conjunto de áreas metropolitanas o lo que se las quiera llamar– o Santa Cruz-Laguna, le están impidiendo a muchas familias, yo no sé si el acceso, pero desde luego graves sacrificios en las necesidades familiares para poder que ese hijo o esa hija esté ahí. Por lo tanto, ahí está claro. Al mismo tiempo queremos anunciar que creemos –y sin contestar, por supuesto, a ninguna intervención– que todos los controles que hagan falta hay que hacerlos en dinero de esta comunidad autónoma, en universidades o donde sea. Yo no creo en la autonomía universitaria tal como lo plantean los rectorados o los órganos de dirección de las universidades. Yo creo que el dinero público de que dispone esta comunidad y que el Gobierno tiene que destinar tiene que estar con los controles necesarios, llegar hasta donde sea. Por lo tanto, en

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este proyecto también vamos a presentar algunas enmiendas en ese aspecto, ampliando mucho más los controles. Y creemos, porque lo hemos estudiado y hemos conocido por la intervención anterior y otras informaciones que nos han llegado, que es necesario llegar a un módulo con un diferencial, puede ser del 5 o el 10, pero desde luego lo que no podremos de ninguna manera admitir y pagar con dinero, con esfuerzo de toda la sociedad canaria en carencias de otros temas... –y puedo hablar de vivienda, de agricultura... de lo que quieran, me da igual–, donde un coste de una obra valga en un lado 60.000 y en otro 90 o 180 o 200. Desde luego eso no. Todos sabemos –yo por mi responsabilidad personal en unos años en el Gobierno– que las obras pueden dispararse, pero evidentemente edificios con demasiadas cosas y carencias –por otro lado– básicas no creemos que se puedan admitir. Por lo tanto, en esa línea también presentaremos alguna enmienda al objeto de que realmente podamos saber que en Canarias el dinero de todos los canarios, que tenemos que disponer aquí, estemos obligados, este Parlamento y el propio Gobierno, no sólo a controlar sino a que se cubran unas necesidades con un nivel, al menos, muy igual para todos los canarios. Y si una universidad tiene carencias que la otra ya ha cubierto, pues, ¡señores!, cubramos esas carencias y buscamos realmente la respuesta, que no puede ser otra sino que tengamos cada día una universidad mejor –que para mí es básico y creo que no tuve la suerte de tener títulos de ningún tipo–, que es unos hombres y mujeres muchísimo más preparados, porque ésa es la verdadera riqueza de esta comunidad autónoma. Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Continúa el turno del Grupo Mixto. Ahora el señor Chocho. El señor CHOCHO GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Con el Proyecto de Ley del Plan de Inversiones Universitarias que se nos presenta hoy, entiendo que se intentan paliar las grandes diferencias en infraestructura en las universidades canarias, fijando, por una parte, un plan plurianual, 94-99, y al mismo tiempo fijar medidas de control, calendario de presupuesto y ...(Ininteligible.) de obras en marcha y otras que se inicien. Por otra parte, se cubre la demanda del incremento de alumnos en Canarias, que ha pasado del año 90 al 94 de 29.000 a 41.000 alumnos, y el incremento de los puestos docentes. Se establecen, asimismo, mecanismos de control de las inversiones por el Gobierno, que hasta ahora no estaban puestas en práctica.

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Se da respuesta a necesidades tan perentorias, como es en la Universidad de Las Palmas, por poner algún ejemplo, como son los centros de Veterinaria y de Ciencias Jurídicas. Por otra parte, se completan las obras puestas en marcha en la Universidad de La Laguna, que entiendo que fueron autorizadas y consentidas por alguien que no es el consejero actual de Educación. Con el plan se pretende financiar centros necesarios –repito– para que el sistema canario universitario pueda desarrollar la docencia y la investigación con niveles de calidad. En definitiva, entiendo que es de urgente necesidad, y por ello mi partido político, Asamblea Majorera, presta el apoyo a este plan universitario, que al propio tiempo anuncia que, bien de forma conjunta o individual, presentará las enmiendas necesarias para corregir y solucionar en parte el problema de las residencias universitarias para alumnos de las diferentes islas que cursan estudios en lugares diferentes a los que residen. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Iniciativa Canaria, el señor Sanjuán. El señor SANJUÁN HERNÁNDEZ: Señor Presidente. Señores diputados. Nuestro posicionamiento de apoyo al proyecto de ley presentado por el Gobierno se basa en las siguientes consideraciones. Por primera vez, después de más de cuatro años, se presenta un proyecto de ley que acomete una planificación de las inversiones en materia universitaria. El último Plan Universitario de Canarias fue revisado en 1990, contemplando anualidades hasta 1994. Después de ese año, 1990, no se ha procedido a la revisión anual. Segundo. Dar cobertura presupuestaria a obras realizadas por las universidades en los dos últimos años al constituir un fondo global que cada universidad distribuía en función de sus criterios. Al no disponer de un mecanismo de planificación, se ha procedido a la contratación de obras sin tener el correspondiente apoyo presupuestario plurianual por parte de la comunidad. Tercero. Consideramos que, básicamente, se atienden las necesidades de ambas universidades. De hecho las manifestaciones habidas hasta el momento no son críticas a la globalidad del proyecto. Se persigue completar la infraestructura universitaria de Canarias; se trata de realizar las construcciones de centros necesarios para el cumplimiento de los fines de docencia e investigación. Se define la forma de financiación adecuada que evite el deterioro en las relaciones entre la universidad y la consejería.

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Cuarto. Cubrir con este plan la demanda universitaria de Canarias. Concretamente centros de Veterinaria y Derecho, entre otros, de Las Palmas de Gran Canaria, Ciencias de la Información y Empresariales de La Laguna. Se dedican partidas importantes a dotar a los campus universitarios de un número mayor de plazas universitarias, lo cual constituirá una notable mejora respecto a la situación actual. Quinto. El texto articulado presenta importantes novedades respecto a garantizar la eficacia de las inversiones proyectadas. Se establece por primera vez un mecanismo de seguimiento de las inversiones con un mayor control, sin que ello suponga atentado a la autonomía universitaria, sino un mayor control de los dineros públicos, con el mismo tratamiento de otras inversiones del Gobierno de Canarias. En el artículo 8 del proyecto de ley el Gobierno se obliga a remitir al Parlamento de Canarias, cuando finalice el ejercicio presupuestario, un informe en el que conste el estado de ejecución de las inversiones programadas, así como el estado del endeudamiento, en base a los informes que las universidades faciliten al Gobierno, a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Séptimo. El consejero ha mostrado su disposición a un consenso en una ley tan importante como esta de proyecto de ley de inversiones universitarias, que no debe ser bandera de ningún grupo, sino la bandera a enarbolar por toda la sociedad canaria. Por consiguiente, yo estoy seguro de que a nivel de ponencia y a nivel de comisión va a haber un consenso total en cuanto al texto definitivo que se vaya a traer a este Parlamento en su momento oportuno. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupo Popular? Señor Bravo de Laguna. El señor BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ: Señor Presidente. Señorías. Tal vez el error que cometió el Gobierno inicialmente al titular a este proyecto “Proyecto de Ley de Plan Universitario de Canarias” y que luego se rectificó, porque se envió una modificación en el título de la ley, que se ha de denominar “Proyecto de Ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias”, quizás ese error –digo– del Gobierno, ese error inicial en cuanto a la titulación de la ley, haya podido hacer que alguno de los portavoces haya confundido este debate con un debate sobre política universitaria. Nosotros no queremos llevarlo a ese terreno, porque no creo que sea el que corresponda ni siquiera al debate –por otra parte interesante– de cuál es el esfuerzo inversor que hace la Comunidad Autónoma de Canarias en materia universitaria, porque ese debate ya lo tuvimos al discutir los Presupuestos de la comunidad autónoma para 1994.

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En definitiva, este proyecto de ley no es más que el desarrollo de la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos, donde se autorizaba un endeudamiento a la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de un mecanismo de avales, de hasta 20.000 millones –no de 20.000 millones, sino de hasta 20.000 millones– por el próximo quinquenio y que respondía a una serie de requisitos o características. Y la primera de ellas –según la disposición adicional decimoséptima– era, justamente, realizar inversiones a ejecutar, pero las incluidas en el programa de inversiones aprobado por el Parlamento de Canarias a instancias del Gobierno. Y eso es lo que, en definitiva, venimos hoy a considerar aquí. A considerarlo, además, desde el punto de vista de primera lectura, y no, por tanto, de enmiendas parciales, que queda reservado a los distintos grupos las observaciones sobre el listado de obras que, en definitiva, constituyen la parte esencial o anexos de la ley, pero que, en definitiva, son los que pueden dar lugar a algún tipo de polémica. Dicho esto, nosotros desde el primer momento –desde el primer momento– nos planteamos el no presentar una enmienda de totalidad. La enmienda de totalidad tiene por objeto rechazar el proyecto, devolverlo al Gobierno. Nosotros entendíamos –y nos congratulamos también de que algún grupo que ha presentado enmienda de totalidad la haya retirado– que la oportunidad, la necesidad del proyecto es evidente. La urgencia del mismo también, tampoco en ese sentido nos hemos opuesto a las solicitudes de tramitación por el trámite de urgencia, a fin de que antes de que finalice el mes de julio, este proyecto de ley pueda ser una ley aprobada por el Parlamento. Dicho esto, sin embargo, tenemos también que felicitar la intervención del portavoz socialista, porque yo creo que éste es un tema en el que muchas veces el propio Gobierno, los grupos parlamentarios, al amparo de algún tipo de pudor, de miedo a esa política de editoriales o de prensa, no señalan suficientemente y con valentía los temas que se han de suscitar respecto al tema universitario. Que el esfuerzo universitario de Canarias es importantísimo, lo demuestran las cifras; que en ese esfuerzo hemos de perseverar, también me parece claro –desde luego mi grupo parlamentario mantiene la política de que ha de persistirse en el esfuerzo, porque todo lo que se haga en esta comunidad autónoma en favor de la educación y la formación de la gente es una prioridad del gasto público–, pero que al mismo tiempo eso tiene que ser compatible con una fiscalización y un control de ese gasto para que no sea superfluo, también lo tenemos muy claro. Anunciamos, desde luego, nuestro apoyo –si el Grupo Socialista, como ha dicho, presenta una iniciativa– a que la Audiencia de Cuentas fiscalice, en definitiva, cómo se invier-

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te el dinero público, sea en las universidades o sea en cualquier otro ámbito, pero en este caso estamos hablando de las universidades, y nosotros, desde luego, apoyaremos las iniciativas que otros grupos –o el propio Gobierno– adopten sin perjuicio de las propias que podamos tomar respecto a ese control. Nosotros, en definitiva, Señorías, entendemos que éste es un proyecto de ley importante, que es un proyecto de ley urgente y que es un proyecto de ley que debe ser aprobado pronto. No quizás en los mismos términos, nos reservamos naturalmente nuestro derecho a presentar enmiendas parciales. Hay un problema –lo sabemos– de residencias universitarias, fundamentalmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que afecta no solamente a los habitantes de la isla de Gran Canaria, sino esencialmente a aquellos habitantes de otras islas o de fuera, que vengan a estudiar a esa universidad. Y por tanto, yo creo que ahí quizás todavía quepa, en el trámite de enmiendas parciales, hacer un esfuerzo adicional, buscar alguna solución que permita –dentro de lo que son los equilibrios necesarios y adecuados en nuestra comunidad– no echar leña al fuego de un tema de rivalidades o de planteamientos provincianos que, en definitiva, son tan propios de la forma de hacer política en Canarias durante el pasado y que yo creo que tenemos que ir superando entre todos. Ahora que empieza la temporada de los incendios forestales, procuremos entre todos echar poca leña al fuego, pero en todo caso eso no debe evitar en absoluto la necesidad de que por este Parlamento se controle efectivamente la eficacia del gasto público. En definitiva, Señorías, ésta es nuestra disposición ante este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupo Centrista? Señor Morales. El señor MORALES MORALES: Gracias, señor Presidente. Señorías. Con brevedad para fijar la posición del Grupo Parlamentario Centrista respecto del Proyecto de ley del Plan de inversiones universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias para los próximos cinco años. Mi grupo considera que el Plan de Inversiones Universitarias que hoy presenta el Gobierno ante esta Cámara tiene como objetivo fundamental completar la infraestructura universitaria de Canarias, de tal manera que las universidades canarias cuenten con los centros necesarios para que el sistema universitario pueda desarrollar la docencia y la investigación con el nivel de calidad que la sociedad canaria de finales del siglo XX le exige.

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Por otra parte, y como segunda consideración, entendemos que se trata de definir la forma de financiación más adecuada, de tal manera que se despejen las incertidumbres que suponían los presupuestos anuales referidos a la infraestructura universitaria. Y eso conllevaba además otro problema, y era un cierto deterioro en las relaciones –que se evidenciaba cada año– entre las propias universidades, entre sí y con la propia consejería. Creo que con este proyecto de ley se da estabilidad, se da tranquilidad y se da sosiego al sistema universitario de Canarias a corto y medio plazo, y no se cuenta con esa espada de Damocles que la enseñanza superior en Canarias tenía que afrontar en cada ejercicio de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que en los últimos cuatro cursos las universidades canarias, las dos universidades, han incrementado su número de alumnos nada más y nada menos que en 10.000 –ha pasado de 29.000 alumnos en el curso 1990 a 40.000 en 1994–. Esto nos da una idea, bueno, de la gran demanda universitaria que existe en nuestros jóvenes, cosa que yo creo que nos debe alegrar a todos, y es de suponer que habiendo incrementado en esta proporción en estos últimos cuatro años es de suponer –digo– que en los próximos años también la juventud canaria se incorpore a los estudios universitarios. Por eso creo que el Gobierno, con este proyecto de ley, ha puesto las previsiones suficientes para garantizar que los alumnos canarios puedan tener la infraestructura adecuada para cursar sus estudios. Aquí se ha dicho –yo creo que prácticamente por la totalidad de los portavoces– un tema que ya habíamos comentado en el día de ayer distintos representantes de los grupos que apoyamos el Gobierno en el sentido de que encontrábamos la partida que va destinada a la construcción de las residencias universitarias bastante diezmada. Y por ello ya, también, en el día de ayer adquirimos el compromiso de presentar las correspondientes enmiendas para que prosperen a través del trámite parlamentario. Y –cómo no– expresar nuestra disposición para que los grupos parlamentarios de la Oposición, en el trámite de ponencia y comisión, podamos alcanzar ese consenso que –yo creo– siempre ha caracterizado a las políticas que desde este Parlamento han emanado hacia las universidades canarias. Por tanto, expresar nuestra satisfacción porque durante los próximos cinco años estas necesidades perentorias se van a ver cubiertas y, en definitiva, alegrarnos también por ese incremento de jóvenes que progresivamente se van incorporando a los estudios universitarios. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, el señor Sicilia.

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El señor SICILIA HERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero de Educación, en el Grupo Parlamentario AIC valoramos positivamente, de verdad, porque lo que usted ha expuesto hoy es diferente a lo que estábamos acostumbrados con las sucesivas revisiones del Plan Universitario, porque, en definitiva, desde nuestro punto de vista con este Plan de Inversiones Universitarias de Canarias lo que se ha traído al Parlamento es la creación de un marco, un marco adecuado desde nuestro punto de vista para algo que ya han mencionado los diferentes portavoces, que usted mismo ha hecho alusión, pero que yo no me voy a resistir a mencionarlo también. En primer lugar, la cobertura del aumento de alumnos universitarios. Evidentemente, se hacía necesario esta previsión que se contempla en el plan de inversiones y, de alguna manera, que se correspondiese también con inversiones allí donde el aumento de los estudiantes fuera más necesario en cada momento. En segundo lugar, porque se asume el establecimiento de un control a través de la Consejería de Economía y Hacienda y de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes de los dineros públicos. Y éste hay que reconocer que siempre ha sido un asunto controvertido hasta, incluso, poco debatido aquí en el seno del Parlamento de Canarias y que, bueno, de una manera yo creo que inteligente se asume por el Gobierno, y desde nuestro punto de vista, en el que la relación entre las universidades canarias y el Gobierno de la comunidad autónoma puede comenzar, incluso, una relación muchísimo más fluida que la que existe hasta el momento y, sobre todo, mucho más exquisita. Por otro lado, señor consejero, se le da salida a una de las justificaciones del propio trámite de urgencia de este proyecto, que es el de la cobertura legal. Cobertura legal tanto de las inversiones que se prevén como de aquellas inversiones que ya están realizándose o a punto de finalizar y que, evidentemente, pudiera ocasionar determinados problemas concretos y determinados de carácter legal. Yo creo que es importante por eso que este plan de inversiones se haya traído aquí y en el que, evidentemente, no se da cobertura total a lo que es el plan de universidades, pero no es menos cierto que –como usted mencionaba antes– el procedimiento de revisión de los planes de estudio o las posibilidades de nuevas titulaciones o de plantillas de profesorado aún en marcha no debe ser obstáculo para lo que usted mencionaba como la urgente definición del marco de financiación de las obras que estén en marcha y por definición de aquellas que puedan comenzar a corto y medio plazo, y en el que, incluso, usted en una comisión no hace mucho tiempo mencionaba o manifestaba su compromiso de que, una vez estas situaciones se fuesen aclarando, ir acometiendo las correcciones necesarias y que correspondiesen.

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Reiteramos, por tanto, el posicionamiento del Grupo Agrupaciones Independientes de Canarias de apoyo de este proyecto de ley; nos alegramos sinceramente de la retirada de la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, sobre todo por lo que pudiera significar mantener una enmienda a la totalidad, incluso no presentando proyecto alternativo, en lo que se podía llegar a una serie de acuerdos y entendimientos. Creo yo, vamos, estoy satisfecho de ello, incluso por las propias manifestaciones del portavoz socialista –y quiero que se me interprete bien–, entendía que los argumentos que estaba manifestando, como los idóneos para lo que podía ser la política del plan de inversiones, era, precisamente, la que estaba manifestando el consejero o así lo quise entender. Esto, evidentemente, sin que signifique... –como ya lo han manifestado otros compañeros portavoces de los diferentes grupos parlamentarios– el hecho de que, tras un proceso de reflexión lógica, nosotros podamos plantear, tanto las Agrupaciones Independientes de Canarias como los grupos en su conjunto que apoyan al Gobierno, que en el trámite correspondiente planteemos modificaciones que pudiesen mejorar el texto. Para finalizar, señor Presidente, nosotros no negamos que las partidas presupuestarias asignadas pudieran no ser suficientes en función de las demandas de los consejos sociales de las dos universidades, como corresponde, por otro lado, por parte de los consejos sociales de las universidades. Quiero, incluso, agradecer al equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas que se haya dirigido también, por lo menos a este grupo parlamentario, haciéndole llegar una serie de inquietudes y demandas acerca de este plan de inversiones, que, evidentemente –alguien lo ha mencionado aquí con anterioridad–, tiene un déficit de residencias escolares importante la Universidad de Las Palmas y desde mi punto de vista incluso hay algunas facultades, como pudiera ser la facultad de Veterinaria, que está siendo modelo de facultad dentro del conjunto de la universidad española, pues, quizás, pudiera ser conveniente adelantar lo que fuera su inversión. En cualquiera de los casos, nosotros nos reservaríamos para el periodo de enmiendas parciales al proyecto de ley, pero no sin dejar de reconocer el esfuerzo inversor importante, muy importante, hecho por la Consejería de Educación; que la distribución desde nuestro punto de vista pretende equiparar las infraestructuras de ambos establecimientos universitarios en Canarias, y por último que yo creo que existe una fluidez de diálogo que es evidente y de lo que nosotros nos alegramos mucho. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor consejero.

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El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (Mendoza Cabrera): Gracias, Presidente. Señorías. Brevemente, en primer lugar, para agradecer la toma en consideración del proyecto por parte del conjunto de los grupos parlamentarios; en segundo lugar, para comentar algunos extremos que quizás resulten interesantes. Creo que lo referido a política universitaria en esta tierra ha sido siempre motivo de confrontación, de heridas que han tardado en cicatrizar, de aprovechamiento por parte de los grupos de la Oposición frente a las posiciones del Gobierno como un elemento de desgaste. Creo que por primera vez estamos empezando a marcar política universitaria y lo estamos haciendo con el máximo grado de consenso, con el máximo talante de diálogo que lo hace viable, y eso me parece que entraña felicitar a todos los grupos. Es decir, no quiero hacer una actitud patrimonialista de este logro, sino quiero felicitar al conjunto de la Cámara por esta posición. Quiero felicitar, por supuesto, al Partido Socialista por la retirada de la enmienda a la totalidad. Entiendo que no tenía sentido. Nuestra disponibilidad al diálogo siempre ha sido evidente, lo que pasa es que el diálogo había que comenzarlo en esta Cámara con el proyecto de ley y yo, desde luego, hace una semana que manifesté al portavoz de su grupo que no tenía intención de plantear la lectura única, y son testigos los demás portavoces de los grupos parlamentarios. Por tanto, en cuanto a las formas, no existía justificación de ningún tipo. En cuanto al conjunto del marco. Nos critica que es una imprudencia el que hayamos definido la cifra total. Bueno, en primer lugar, decir que esto fue aprobado por esta Cámara en el debate de la Ley de Presupuestos y que, obviamente, para poder ir a un plan de cinco años necesitamos contar con una cifra, que luego lo difícil era distribuirlo, y distribuirlo además con el menor número posible de confrontaciones, y, por el contrario, con el mayor número posible de anuencias y de apoyos. Y esto está conseguido. Independientemente, insisto, de que acepto que la propuesta sea una propuesta mejorable, porque, y aquí entiendo que hay otro elemento de novedad, y es que la política universitaria comienza a ser planificada, por supuesto, con una propuesta del Gobierno, pero por este Parlamento. Y este Gobierno no tiene dificultad ninguna en traer su proyecto de ley y debatirlo con el resto de las fuerzas políticas, porque entiendo que es la forma de empezar a entrar en la vía de la planificación, en la vía de la corrección de los errores del pasado. Y que, por tanto, la política universitaria tenga el máximo aval de esta Cámara. Creo que ése es un elemento importante y novedoso.

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Desde luego entiendo que no es que este Gobierno tenga desconfianza, no es que este Gobierno tenga desconfianza hacia las universidades, pero sí es cierto que se ha creado una cultura política que nosotros entendemos que ha llevado a determinadas desviaciones y que, por tanto, si estamos hablando de recursos públicos y estamos hablando de recursos públicos de 20.000 millones de pesetas, es preciso que se introduzcan elementos de control, y este Gobierno en este proyecto de ley, por primera vez en Canarias, dice: “no sólo hay que destinar recursos a las universidades, sino que, además, dado que son recursos públicos tienen que tener el máximo grado de control y el máximo grado de transparencia”. Y eso lo hemos hecho, sin ningún tipo de problemas. Es decir, hay una herencia que yo comparto, que es negativa, que hemos recibido, pero estamos entrando en la senda de la racionalización y estamos entrando al menor coste posible en un tema que sus Señorías saben que siempre ha sido conflictivo en esta comunidad. Yo, desde luego, no voy a entrar en los matices que se han aportado por parte de los diferentes grupos en cuanto a posibilidades de enmiendas concretas. Reiterar nuestra voluntad al diálogo en este sentido, y que, por tanto, hay aspectos que pueden ser mejorables y yo estoy convencido de que lo van a ser en el trámite de ponencia y de comisión. En definitiva, quiero recalcar lo siguiente: en Canarias comienza a haber política universitaria marcada desde este Parlamento a propuesta de un Gobierno. Y esto parece, a lo mejor, cuestiones nimias. Pues no lo son, no lo son. Hasta ahora las políticas universitarias venían marcadas desde otro foro y había que dar este paso. Si quieren ustedes, en un extremo como es la política de inversiones, pero que es un extremo importante que sienta un precedente importante. Segundo. Insisto, esa política universitaria nos lleva a todos a definirnos –al Gobierno con sus propuestas y a la Oposición con sus propuestas–, lo cual es sano para el sistema democrático. Tercero. Superamos una situación de inestabilidad y de incertidumbre de ambas universidades de no saber qué es lo que va a pasar con el presupuesto del año siguiente y hacemos una planificación plurianual que impide cualquier tipo de sobresalto. Cuarto. Garantizamos los elementos de transparencia y de control público de esas inversiones. Quinto. Definimos las prioridades que deben de tener las inversiones en ambos campus. Y sexto. Esto se obtiene –insisto– con el máximo grado de apoyatura, con el máximo grado de debate y con el máximo grado de consenso. Creo que, por tanto, estamos dando un salto cualitativo, salto cualitativo que este Gobierno, a pesar de que ha llevado la iniciativa, no se lo quie-

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re apropiar en exclusiva. Insisto en eso porque me parece obligado. Y, por último, quisiera destacar algo que también se ha dicho: la Comunidad Autónoma de Canarias reitera con la aprobación de este proyecto de ley, con la toma en consideración de este proyecto de ley, y por tanto de su marco financiero de los 20.000 millones –ya aprobado en la Ley de Presupuestos–, un tremendo esfuerzo yo creo que necesario y justificado de cara a las universidades. Obviamente –y tal como se ha dicho aquí por parte de algún portavoz– las demandas de ambas universidades superaban este marco. Por supuesto, este Parlamento marcó un techo y dentro de él tendrá que marcar sus prioridades, porque también hay que decir que en esta comunidad, y estrictamente en lo que se refiere a la enseñanza, hay otras prioridades, prioridades que posiblemente estén creando dificultades para que el número de alumnos que accedan a las universidades sea mayor, y, por tanto, en los próximos años también tendremos que hacer esfuerzos importantes en este renglón. Y creo que eso lo haremos, desde luego, también con el máximo grado de consenso por parte de todos. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha terminado el debate de primera lectura del Proyecto de ley del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias. Se suspende la sesión hasta esta tarde a las cuatro y media de la tarde.

(Se interrumpe la sesión a las catorce horas y doce minutos.) (Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y ocho minutos.) El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión. (Ocupa un escaño en la sala el señor Vicepresidente segundo, Cabrera Montelongo.) DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE DETERMINADAS DISPOSICIONES LEGALES AUTONÓMICAS. El señor PRESIDENTE: Debate de primera lectura. Proyecto de Ley de autorización al Gobierno de Canarias para la adaptación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de determinadas disposiciones legales autonómicas. Por parte del Gobierno tiene la palabra el señor Consejero de Hacienda, el señor González.

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El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández): Gracias, señor Presidente. Señorías. Me cabe el honor de hacer la presentación de este proyecto de ley que como ustedes saben la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas introdujo unas modificaciones en la normativa básica, fundamentalmente en el régimen jurídico del silencio administrativo. Es una regulación que, como tal normativa básica, se impone a la normativa comunitaria y es necesario que procedamos de entre esta comunidad a tomar las medidas oportunas para que la propia normativa comunitaria tenga aplicación... –de la comunidad, me refiero–, tenga aplicación directa y no se utilice, al existir un vacío, la normativa estatal como norma sustitutoria. Desde un punto de vista jurídico formal... El señor PRESIDENTE: Espere un momentito, Señoría, perdón, Señorías, por favor, ruego silencio, ¿eh? Continúe. El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández): Desde un punto jurídico formal, la adaptación de la norma autonómica al nuevo precepto a la nueva ley básica se podría hacer de un modo puntual y específico por una normativa legal para todos y cada uno de los puntos; pero, por un principio de seguridad legal y de claridad en la difusión, y por otro, por el hecho mismo de que en gran parte de las modificaciones corresponden más bien a preceptos de carácter reglamentario, parece lógico optar por un procedimiento de delegación al Gobierno de Canarias para poder desarrollar posteriormente por decreto estas modificaciones reglamentarias. Por otro lado, el propio Estado, mediante la habilitación, hizo una habilitación al Gobierno en la disposición adicional tercera de la propia Ley 30/92, para adaptar mediante disposiciones reglamentarias con rango de decreto la normativa estatal ya legal y reglamentaria de la nueva ley. Bajo el punto de vista de su sentido, por lo tanto, podemos decir que la finalidad de la ley no es otra que acometer una mera adaptación formal y puntual de la normativa autonómica al régimen de silencio administrativo o actos presuntos que tenía la Ley 30/92, sin pretender con ello realizar innovaciones en el sentido estricto de la normativa autonómica, sino simplemente acoplar dicha normativa a la nueva legislación, una vez transcurrido el plazo de 18 meses de adaptación que la propia Ley 30/92 había establecido para que entrara en vigor la nueva norma. En principio, estas modificaciones afectarían a tres grandes temas. Por un lado, la supresión de la serie de referencias expresas a la denuncia de la mora, que es una figura que, como ustedes saben,

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ha desaparecido de la nueva regulación de la Ley 30/92; la fijación de los plazos máximos de la resolución de la denuncia de mora al haber desaparecido la propia institución, como hemos dicho; y, luego, la fijación para la acción del procedimiento atendiendo al tiempo necesario, según sea el procedimiento más o menos complicado, y en caso contrario prever la aplicación de los plazos residuales que establece la propia Ley 30/92. Y, por último, el de limitación del sentido que hay que dar a los positivos o negativos, a los actos presuntos, teniendo en cuenta, precisamente, esos criterios básicos que la propia ley que estamos utilizando, la 30/92, de 26 de noviembre, había establecido. Por lo tanto, el objeto de esta ley, bajo su punto de vista de finalidad o teleológico, es autorizar o habilitar expresamente al Gobierno de Canarias a acometer dicha adaptación cuando para ello fuera necesario la modificación o derogación de disposiciones con rango legal. Es lógico que se proceda a la habilitación por el Parlamento de Canarias ya que con ello se constituye un acto de pleno reconocimiento a la autonormativa, a la normativa de nuestra comunidad, y se entiende que es insuficiente, claramente insuficiente lo que hace la disposición adicional tercera de la ley, cuando lo que hace es delegar en el Gobierno del Estado, en el Gobierno de la nación, la normativa, precisamente el establecimiento por decreto de las normas que han sido afectadas por la modificación sustancial que ha provocado la propia ley. Por otro lado, la habilitación es respetuosa con la reserva constitucional de ley. Y, por último, la adaptación de la ley tiene un ámbito de proyección cuantitativo y cualitativo a unos pocos casos. Son escasos los temas, y fundamentalmente reglamentarios, a los que tiene que afectar la modificación que se pretende. Por último, y reiterando el carácter formal de todas estas modificaciones, es preciso adaptar la normativa legal al nuevo régimen de recursos. En la Ley 30, ustedes saben que ha desaparecido un recurso y, por lo tanto, es sustituir la supresión del recurso de reposición común previo al contencioso administrativo y al recurso común de alzada. Señorías, la ley es tan concreta y tan breve, casi en la exposición que he hecho está explicado por qué se establece el artículo primero y el artículo segundo, lo cual creo que me releva de cualquier explicación posterior. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En el período habilitado para ello, dentro de la tramitación de urgencia, no se ha presentado ninguna enmienda de totalidad, de devolución. Por lo tanto, se abre un turno de intervenciones para fijación de posiciones de los diferentes grupos políticos. En primer lugar el Grupo Mixto. (Pausa.) ¿I.CAN? (Pausa.) El señor Sanjuán.

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El señor SANJUÁN HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Simplemente, señor Presidente, para mostrar nuestro apoyo a la autorización al Gobierno de Canarias para la adecuación a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto que responde a la necesidad de adaptar los procedimientos de la Administración autonómica de Canarias al nuevo marco de la Ley 30/92, sobre todo, en lo referente a los efectos de actos presuntos y los plazos para dictar resoluciones. Nada más, gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Popular? (Pausa.). ¿El Grupo Centrista? (Pausa.). Don Luis Hernández. El señor HERNÁNDEZ PÉREZ (Desde su escaño): Bien. Al Grupo Centrista le parece oportuno que el Gobierno por decreto adapte lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cuanto ello sería un procedimiento mucho más ágil en un laborioso proceso de adaptar todas y cada una de las normas a ese decreto que se publicaría por el Gobierno. Entendemos que la norma básica del Estado acaba un poco con la prepotencia y el predominio de la Administración frente a los administrados, y que, bueno, desaparecen algunas figuras como el silencio administrativo, la mora, etcétera, lo de recurso de reposición y el de alzada, y el procedimiento en adelante pues sería más ágil y más beneficioso para los administrados. Por tanto, estamos conformes con esta proposición de ley y que sea el Gobierno el que por decreto la adapte. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo AIC, el señor Belda. El señor BELDA QUINTANA: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Yo espero que esta brevedad de intervenciones no sea como consecuencia de la urgencia de la ley. Yo creo que esta ley, este proyecto de ley, es una necesidad puesto que lo que trata, como ya se ha dicho, es de adecuar nuestra legislación a la legislación básica estatal, en concreto a la disposición adicional tercera de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 30/92, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en la redacción que dio el Real Decreto 14/93, aprobado en agosto del año pasado, presentado por... Cuando el señor Saavedra estaba ya ocupando la cartera, fue de las primeras cosas de las que se ocupó. ¿Y qué razones fueron las que dio para poder ampliar, proceder a ampliar este plazo de adaptación hasta el 27 de agosto de

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este año? Pues, en primer lugar, se constató la existencia nada menos que de 1.893 normas heterogéneas que contienen reglas procedimentales. Y, en segundo lugar, también se apreció la necesidad de apreciar no sólo las peculiaridades derivadas de la adecuación procedimental, sino también de realizarla en sintonía con el régimen de distribución de competencias previsto en el bloque de la constitucionalidad, puesto que en esos momentos, en concreto esta ley se tramitó paralelamente a la Ley Orgánica 9/92, que era el LOTRACON, que ampliaba las competencias a las comunidades autónomas de régimen común. Y se aludía también a los traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Y recordemos, pues, que Canarias está ahora mismo inmersa en pleno proceso de traspaso de competencias en materia de Sanidad y las que pudieran derivarse después de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. No vamos a ocultar que a nuestro grupo no le hubiera disgustado que se hubiera utilizado la técnica de la Ley de Bases de delegación en el Gobierno para esta adecuación, de manera similar a como se ha efectuado en la Ley 2/94 del Parlamento de Cataluña. Sin embargo, por contra, otras comunidades autónomas o bien ni han entrado en adaptar los procedimientos administrativos o han adaptado los procedimientos autorizando al Gobierno mediante ley, como es este caso –es la técnica que ha utilizado la Comunidad de Madrid y la técnica que utiliza también la propia ley básica estatal–, o bien se han limitado a dictar instrucciones y resoluciones de carácter general de aplicación de la Ley 30/92, como es la mayoría del resto de las comunidades autónomas –Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, País Vasco, etcétera–. O, incluso, desde nuestro punto de vista se han cometido barbaridades técnicas aborrecibles, como que mediante decreto se han regulado los plazos de resolución y efectos que la falta de dicha resolución tiene en los procedimientos regulados, incluso, por ley, sin previa autorización legal, como es el caso de un decreto de la Junta de Castilla-La Mancha. Nosotros entendemos que la técnica empleada en la elaboración del proyecto de ley es correcta y se autoriza con una norma con rango de ley, con un proyecto de ley a modificar para adaptar a la legislación básica las normas de procedimiento administrativo que tienen rango legal en nuestra comunidad autónoma. Y es una técnica, que como ya he dicho, ha sido empleada también por el legislador estatal en la redacción que dio a esta disposición adicional tercera el real decreto del ministro Saavedra. Y, además, en este proyecto de ley se añaden unos límites, se añaden unos límites que están en el apartado..., en el artículo segundo enumerado exactamente en qué va a consistir esta adaptación:

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la supresión de los recursos derogados, el establecimiento del recurso ordinario cuando proceda, la supresión de la denuncia de la mora porque ha sido suprimida con carácter general, la modificación de los plazos máximos de resolución o la modificación del sentido estimatorio o desestimatorio de los actos presuntos. Y, además, se añade una garantía complementaria, que es que se tiene que dar cuenta al Parlamento de las disposiciones de aquellas modificaciones que tienen rango de ley. Como ya he dicho, ésta es la técnica que emplea el legislador estatal, y quizás es la que se ha empleado porque el número de disposiciones reglamentarias que contienen normas procedimentales que pueden resultar afectadas es mucho mayor que el número de normas legales. En definitiva, quizá lo de menos es la técnica y lo más importante, creo yo, es que la habilitación al Gobierno se hace mediante ley y con unos límites y garantías adicionales, y, como dice el propio preámbulo del proyecto de ley, “la adaptación que se requiere afecta a elementos puntuales que precisan de una mera corrección formal en la que no incide ninguna actuación normativa de carácter innovador sino de mera adaptación a la legislación básica estatal”. Nada más, muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El Grupo Socialista Canario, don Augusto Brito. El señor BRITO SOTO: Señor Presidente. Señorías. Voy, evidentemente, a saltarme toda la parte relativa a los antecedentes, los ha expuesto el consejero, los ha vuelto a reiterar el anterior interviniente, cometería yo, evidentemente, pues una imprudencia si volviera a reiterar los antecedentes. Pero sí me gustaría comenzar diciendo lo siguiente: señor Belda, el decreto del que usted habla de la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene informe favorable del Consejo de Estado. Mire, un Gobierno que ha traído esta norma sin informe favorable del Consejo Consultivo, que ha incorporado una norma hace tres semanas, que la volvió a sacar y volvió a meter otra, debería tener por lo menos la humildad –no en este caso el Gobierno sino su grupo–, ¡hombre!, de no ponerse a criticar a quien tuvo el cuidado de que su decreto pasara primero por el Consejo de Estado, tuviera informe favorable del Consejo de Estado y, efectivamente, luego lo publicaron. Una mera acotación al hilo del comentario que usted ha hecho. Mire, estamos, estamos ante una necesidad, en definitiva, de adaptar las normas que unas con rango de ley, otras con rango de reglamento regulan procedimientos administrativos en Canarias de adaptarlos a la ley básica, Ley 30/92, del Régimen

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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Gobierno nos trae una norma de deslegalización para la adaptación de los procedimientos administrativos con rango de ley –por esa razón nos trae una ley–, a la Ley 30/92, nos lo trae con dos o tres características que a mí me gustaría comentar. En primer lugar, al filo del cumplimiento del plazo. El plazo vence el 27 de agosto del 94 y nos lo trae en el último pleno ordinario hábil, si no ya no hubiera podido salvo que se incluyera en uno extraordinario, no hubiera podido plantearse, y al filo del cumplimiento del plazo. Y, además, con un proyecto, como digo, que fue primero presentado, en nuestra opinión muy defectuosamente, luego retirado, y llega finalmente un proyecto que, en nuestra opinión, es perfectible, pero que evidentemente ya tiene otras características desde el punto de vista de su presentabilidad. Todos estos elementos, el llegar al límite último, el cómo ha funcionado el procedimiento de presentación, retirada, nueva presentación, etcétera; y el hecho final, que me ha sorprendido hoy, de que salga a defender el Consejero de Economía esta cuestión, es algo claramente de un, digamos, absoluto corte jurídico, me lleva a la convicción de que este Gobierno carece de Consejería de la Presidencia. Eso para empezar a hablar. Desde luego, si alguien tiene que traer aquí esta cuestión, defenderla, no en el último pleno, el último día, al filo justo de cumplirse el plazo, la Consejería de la Presidencia ha debido prever todo esto, y luego venir hoy aquí, explicar qué razones le han llevado a llevar al último día de plazo este asunto y, desde luego, defender su política. Yo me he sorprendido, desde luego, tanto con el procedimiento como ha funcionado, como con el hecho de que hoy venga el Consejero de Economía. Yo, desde luego, le felicito porque es clarísimo que es un todoterreno: se ocupa de temas económicos, de temas jurídicos; en fin, yo le felicito que el Presidente del Gobierno pueda tener una persona de esa ubicuidad, pero, desde luego, por lo menos, es extraño lo que ha ocurrido; bueno, no es extraño, es comprensible lo que ha ocurrido, es comprensible. Bien, y nos trae un poco a la memoria lo que ocurrió ya hace un año y pico con los decretos de reestructuración del Gobierno, los errores, contradicciones, etcétera, que superaron, que rodearon aquella situación que nos confirma, el hecho de que desde la Consejería de Presidencia, en definitiva, desde la planificación del despliegue jurídico de la acción del Gobierno está habiendo defectos claramente graves: ésta es una manifestación, aquélla fue otra manifestación, el hecho de que hoy salga el Consejero de Economía a defender este tema es otra manifestación. En fin, se podrían poner, en mi opinión, múltiples manifestaciones de lo que estoy afirmando.

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Paso ya directamente al marco de la norma. Se pudo optar por una de dos vías. O por una delegación legislativa al Gobierno para que, en definitiva, a través de decreto legislativo abordara la adaptación, es el modelo que siguieron los catalanes, en mi opinión el más perfecto, es sin duda el modelo más perfecto. Los catalanes, además, lo hicieron de una forma aún más interesante, estableciendo el anexo de normas que resultaban afectadas, lo cual da una seguridad jurídica al Parlamento extraordinaria. O se pudo haber seguido –cuestión que es perfectamente posible también, no voy a hacer crítica del asunto, digo que el otro modelo es más perfecto únicamente–, se pudo haber hecho lo que han hecho ustedes, que es producir una deslegalización de la materia. Fue lo que hizo también el Gobierno de la nación o el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hizo también una deslegalización de la materia. La deslegalización de la materia es una técnica con menor nivel de control parlamentario. Inicialmente ustedes metieron un planteamiento de deslegalización genérico, por eso lo retiraron y ahora han planteado una segunda versión de deslegalización sujeta a determinados límites. Es más presentable lo que han hecho en segundo lugar, es más correcto lo que han hecho en segundo lugar. Hubiera sido conveniente, en nuestra opinión, en cualquier forma incluir el anexo de normas afectadas, hubiera sido conveniente, tampoco se hizo en el Gobierno de la nación, tampoco se hizo en la Comunidad de Madrid. En el Gobierno de la nación por razón claramente comprensible se optó por la deslegalización y se optó por no incluir el anexo: había 1.900 normas afectadas, 1.900 procedimientos. Hubiera sido imposible una técnica de decreto legislativo como hubiera sido imposible, prácticamente, establecer el anexo. Yo creo que en el caso del Gobierno de la nación es claramente comprensible el que se haya optado por esa técnica. En el caso de las comunidades autónomas, las que han tenido mayor celo, lo han hecho en el modelo catalán, que creo que es el más perfecto; las que han tenido menor celo lo han hecho en este modelo, que es perfectamente legal, que es perfectamente legal, que es perfectamente acomodado. Por otra parte, el segundo texto de esta comunidad autónoma no es de los peores. Hay que decir que los hay peores, no es de los peores y, por consiguiente, bueno, pues, no están en el grupo de los mejores, pero tampoco están ustedes en el grupo de los peores. Nos parece, en cualquier caso, que la norma debe ser corregida, y por esa razón no hemos dado nosotros nuestro visto bueno a la posibilidad de que se pudiera llevar por lectura única. No la hemos dado, porque nos parece que puede ser a través del trámite de enmiendas parciales, y así lo anuncié yo, incorporadas algunas menciones –unas materiales, las menos; otras formales, las más–, que perfeccionen la norma.

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Me parece que podría o que debería establecerse algún tipo de indicación respecto de qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa, que es una mención que debiera incorporarse a este texto. En segundo lugar, me parece que debiera aclararse, se deduce de lo dicho, pero debiera aclararse, en cualquier caso, y dejarse absolutamente manifiesto que la autorización o deslegalización que se produce se concede por una sola vez, que en definitiva se concede para un solo decreto, que no se trata de que si dentro de ocho meses quieren ustedes modificar un procedimiento lo vuelvan a hacer por decreto por virtud de esta deslegalización o autorización. Eso debe quedar perfectamente aclarado. En tercer lugar, debe establecerse, en nuestra opinión, que el decreto que resulte precisará de dictamen del Consejo Consultivo como si se tratara de un decreto legislativo de los previstos en el artículo 10.2 de la Ley del Consejo Consultivo, que prevé el informe del Consejo Consultivo para los decretos legislativos. ¿Y eso por qué razón? Esta ley no ha tenido informe del Consejo Consultivo y se ha razonado por parte del Gobierno, diciendo que no lo ha tenido porque no era una ley que modificara procedimientos o que produjera..., sino que puramente autorizaba al Gobierno a hacerlo. Muy bien, si la ley de deslegalización o de autorización no ha sido sometida a informe del Consejo Consultivo por esa razón, que pudiera ser –es discutible el tema, pero pudiera ser razonable–, en ese caso por pura racionalidad el decreto que modifique los procedimientos administrativos, en virtud de lo dispuesto en el 10.3 g) de la Ley del Consejo Consultivo, sí que tiene que ser sometido entonces al Consejo Consultivo. Y como eso no queda perfectamente claro ni en el texto de la ley ni de la aplicación inmediata y directa de la Ley del Consejo Consultivo hay que incorporar una previsión en el sentido de que el decreto, al igual que si hubiera sido un decreto legislativo, sea sometido al informe o al dictamen del Consejo Consultivo, precisión que hay que incorporar, en nuestra opinión, necesariamente a la norma. Y, finalmente, hay que incorporar una última previsión, en el sentido de completar la disposición final primera de la ley, en el sentido de que del decreto que resulte, del decreto que finalmente resulte, dice la norma que se dará cuenta al Parlamento, hay que añadir, en nuestra opinión, que se dará cuenta al Parlamento mediante comunicación del Gobierno, que es la forma que posibilita una propuesta de resolución, si fuere necesaria, por parte de este Parlamento para garantizar el control parlamentario efectivo de ese decreto legislativo y que, en definitiva, la autorización por vía de deslegalización producida por este Parlamento es cumplida por el Ejecutivo en los términos en que ha sido acordada, autorizada por el Legislativo. Nada más, señor Presidente y muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor consejero tiene la palabra. El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández) (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. Pues, agradecer el tono de todas y cada una de las intervenciones. Entiendo que todos compartimos la necesidad de plantear y tener la disposición a tiempo. Se pudo y se ha criticado que si realmente se ha llevado en el último pleno, puedo asegurarle a su Señoría que ha sido precisamente porque hemos estado intentando ver cuál era la mejor de las opciones ofrecidas. No es que esto se haya decidido al final, pero había varias opciones y se estuvo estudiando las implicaciones jurídicas y las dificultades y posibilidades que voy a plantear, y por eso realmente ha llegado en este tema. Y, por supuesto, alguna me parece que el Gobierno está totalmente conforme que, a través del procedimiento de las enmiendas, se introduzcan todas aquéllas que perfeccionen el sentido que se va buscando con la norma. El señor PRESIDENTE: Ha terminado el debate de primera lectura del Proyecto de Ley de autorización al Gobierno de Canarias para la adaptación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de determinadas disposiciones legales autonómicas. DEBATE DE PRIMERA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DE TRANSFERENCIA, SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO. El señor PRESIDENTE: Pasamos al Proyecto de Ley número 27, el punto 4.3 del orden del día. Proyecto de Ley de transferencia, suplemento y crédito extraordinario para financiar el Plan de Acción Especial en materia de Enseñanza Secundaria, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo. Tiene la palabra en nombre del Gobierno, el señor Consejero de Economía y Hacienda, señor González. El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández): Gracias, señor Presidente. Señorías. En primer lugar, quisiera decir que, aunque el título de la ley corresponde a su contenido técnico, –efectivamente, es una transferencia, un suplemento y un crédito extraordinario para financiar el Plan de Acción Especial en materia de Enseñanza Secundaria, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo–, es un proyecto de ley que lo que pretende es tomar medidas de carácter urgente en un plan de lucha

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contra las dificultades que se plantea a gran parte de su población y por el paro. Por ello incluye, por un lado, una serie de medidas que pretenden y tienden a conseguir una mayor capacitación de, precisamente, de nuestra juventud. La aplicación gradual de la LOGSE nos obliga a tomar medidas rápidas para poder disponer en plazo breve, en el plazo necesario –si es posible para el curso no inmediato sino el siguiente–, de una serie de centros que atienden a la Enseñanza obligatoria Secundaria. Ustedes saben, perfectamente, que la LOGSE modifica profundamente el sentido de funcionamiento de estos centros y que, si bien la adaptación de los centros ordinarios se hace a través de los procedimientos de reforma y modificación y, por supuesto, el cambio de actividades y curricula, es necesario disponer –por lo menos, en las áreas metropolitanas donde se concentra la mayor parte de nuestra población y donde el paro incide en mayor magnitud–, de una serie de centros que estén perfectamente adecuados a la nueva normativa. Es decir, esta medida que es la construcción de 13 centros, la puesta en funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas en Las Palmas de Gran Canaria, algunas modificaciones en programas de centros de Formación Técnico-Profesional, perdón, estos últimos, en principio, completan también, dentro de la adecuación informal, la adecuación que no está arreglada, la formación, la formación de la juventud. Se pretende, por un lado, a través de la creación de los 13 centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y la Escuela Oficial de Idiomas atender a la demanda de la educación reglada y, por otra parte, habilitar a través de una inversión de 2.000 millones, a llevarse a cabo en tres ejercicios, al menos cuatro centros donde se puedan dar los cursos de Formación Técnico-Profesional que completan y complementan dentro de esa necesaria coordinación entre la enseñanza reglada y no reglada. Es decir, la primera medida que se pretende en este proyecto de ley, y por eso tiene carácter extraordinario, es habilitar los recursos para iniciar inmediatamente un proceso de construcción de esos 13 centros, más 4 centros, más la escuela de idiomas que permitan disponer, como quería decir, para el próximo curso no, sino para el siguiente, los centros necesarios para poder paliar o atender la demanda que significa la expansión de la enseñanza media obligatoria con su corrección de cursos y su amplitud o crecimiento de curricula. Por otro lado, también, además de la habilitación de estos centros, se pretende, por otro lado, atender a fomentar la inversión en aquella actividad donde se entiende que incide más directamente en la creación de puestos de trabajo. Y por otro lado, también, se resuelve una demanda social más integrada, que es, concretamente, el Plan de Vivienda.

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Como ustedes saben, el Plan de Vivienda, que planteaba la preparación por parte de la comunidad autónoma de 3.000 viviendas en rentas, o en 1.172, 4.172, estaba complementada con la aparición de 4.500 viviendas que había en régimen de ventas que debían ser preparadas por los ayuntamientos, o por los promotores privados. Dificultades que todos conocen han hecho que ésta no se haya materializado en la realidad, y se pretende con este proyecto de crédito extraordinario incrementar las ayudas necesarias para que la promoción de viviendas se materialice. Como ustedes saben, todas y cada una de las viviendas, las 4.500 viviendas, tienen por un lado 600.000 pesetas de subvenciones en suelo, 2.700 millones; pero con esta ley se pretende habilitar 400.000 pesetas más a los adquirientes, de tal manera que la subvención que vaya para las viviendas de protección oficial en régimen de venta asciende a un millón de pesetas por unidad. Esperamos que con esta medida, los ayuntamientos que eran sus principales destinatarios actúen de promotores, y si no la iniciativa privada los complemente. Además de eso, se establecen recursos necesarios para 2.500 viviendas de autoconstrucción. Eso lleva a que los programas que en esta ley se prevén, son, exactamente, los siguientes: la habilitación de 1.800 millones en suelos de rentas, es decir, la habilitación de 600.000 pesetas para cada una de las 3.000 viviendas en rentas, 1.800 millones; la habilitación de las 600.000 mil pesetas por suelo para cada uno de las 4.500 en rentas, 2.700 millones; la habilitación de 600.000 pesetas por cada una de las unidades de autoconstrucción, 2.500, a 600, o sea, 1.500 millones; y luego, la habilitación de las 400.000 pesetas por 4.500, que son 1.800 millones, para las viviendas en venta. Es decir, en el Plan de Vivienda lo que este crédito extraordinario pretende es la habilitación de 7.800 millones de pesetas, que se fijarían 3.837 en el 94 y 3.972 en el 95, con lo que se podía atender el suelo para las 7.500 viviendas más las 2.500 para 10.000 viviendas: 2.500 de autoconstrucción, 3.000 en renta y 4.500 en venta, y la habilitación también de las unidades de ayuda para, precisamente, para los adquirientes de las viviendas en venta: 1.800 millones. Pero también, la ley pretende dar contestación inmediata a la creación de actividad de contratación de personal de un modo urgente, y que permita no solamente conseguir intentar paliar el paro a través de la formación –primera parte– o a través, de la repercusión que la construcción de viviendas tiene, que siempre tiene un cierto desfase temporal, sino la contratación inmediata. Todos ustedes tienen en su poder un documento, que es el Plan de Acción Medioambiental del Gobierno de Canarias, que fue elaborado y distribuido, no es un documento formal total, pero ahí se establecen los criterios generales de orienta-

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ción de una serie de medidas que tienden a mejorar las condiciones medioambientales que, como ustedes saben, está diseñado como uno de los ejes de desarrollo –es el primero de desarrollo– del Programa de Desarrollo de Canarias, que es la coordinación entre las acciones medioambientales y el turismo. A través de la memoria que obra en el proyecto de ley, conocen ustedes que lo que se pretende es una serie de actividades que tiendan a corregir disfunciones puntuales que existen en estos momentos en el territorio; fundamentalmente, la lucha contra la contaminación, la eliminación de basura, la eliminación de residuos, la eliminación de chatarra y, también, la mejora de los medios urbanos en las áreas turísticas. Todo ello se hace a través de la habilitación de los créditos correspondientes. En resumen, el proyecto de ley implica, por un lado, y es la fuente de financiación para la adaptación de la Enseñanza Secundaria y régimen especial, la anualidad correspondiente a este ejercicio son 940 millones, que se financian con cargo a los incrementos de participación de ingresos del Estado. Quiero decirles a ustedes, Señorías, que esta participación tiene su causa en el hecho concreto de que en las estimaciones iniciales de la recaudación del ITE que se hizo por el Gobierno del Estado en el primer descuento, recordarán ustedes que se hizo a base de descontar un coste de gestión del 2’5 y no del 6%, como se pactó posteriormente; y, también, con base en un crecimiento teórico que en aquel momento estimaba el Estado de lo que iba a ser el presupuesto del Producto Interior Bruto, hablaban de unos crecimientos del cuatro y pico o del cinco en crecimiento real, cuando, desgraciadamente para el país, el ejercicio ha sido de crecimiento negativo; con lo cual, la deducción que se opera sobre los créditos habilitados a la comunidad es inferior a la que se había programado y, por lo tanto, existen unos incrementos en la participación de los ingresos del Estado. Esa es la primera parte del programa. El artículo segundo son transferencias de crédito más un crédito extraordinario; transferencias de crédito por 337 millones de pesetas que, en el fondo, no es sino habilitar los recursos que en el presupuesto actual, de un modo más o menos descoordinado, iban a servir las mismas operaciones o similares actividades de las que se pretende en esta ley, más 3.500 millones que se operan del endeudamiento: un incremento del endeudamiento de la comunidad. Quiero decirles a ustedes que la comunidad está en la senda de convergencia totalmente, dentro de la senda de convergencia. Incluso con estos 3.500 millones, hay una desviación hacia arriba de aproximadamente el 1’5%, cuando el Estado desgraciadamente se ha desviado en el ciento y pico por ciento.

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Y por último, la habilitación correspondiente al Plan de Acción Medioambiental son 2.000 millones: 1.300 millones corresponden a este crédito extraordinario, y 700 a las transferencias de crédito y el crédito extraordinario también se financia con cargo a ingresos del Estado. En resumen, Señorías, vuelvo a insistir que esta ley, aunque tiene el nombre técnico de lo que significa, es, en realidad, una ley de medidas urgentes para la lucha contra el paro. Por un lado, mejorando las condiciones de formación de la población para hacer frente a los desafíos que la nueva actividad económica demanda; por otro, habilitando los recursos necesarios para agilizar la construcción de viviendas que, por un lado, resuelve un grave problema social al financiarse a través de estos créditos aquí previstos 10.000 viviendas: 3.000 en alquiler, 2.500 en autoconstrucción y 4.500 de promoción de municipios y de iniciativa privada. Por otro lado, se habilitan recursos para establecer contrataciones inmediatas que permitan contratar personal actualmente en paro, y, a la misma vez, incidan de un modo favorable en las condiciones medioambientales de las islas y, por lo tanto, sea una inversión que tenga el doble efecto de mejorar nuestro ambiente, mejorar las condiciones en las áreas turísticas, fundamentalmente, y, a la misma vez, incrementar el empleo público y, por lo tanto, disminuir el paro. Muchas gracias, señores. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Dentro del tiempo hábil, se han tramitado dos enmiendas de devolución a la totalidad, de devolución, una del Grupo Popular y una del Grupo Socialista Canario. En primer lugar, el Grupo Popular, que se le concede la palabra al señor Bravo de Laguna. El señor BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ: Señor Presidente. Señorías. Este pleno, que es el último del período ordinario de sesiones, se ha de caracterizar, sin duda, por ser un pleno de las urgencias del Gobierno. Todo, hoy, es urgente; todo es perentorio; todo es de lectura única; todo es de limitación de los trámites parlamentarios; y todo es de rectificación, incluso de los títulos de las leyes que se traen aquí. Ya vimos esta mañana con el tema de lo que se denominó inicialmente Plan Universitario, y que era el programa de inversiones universitarias. Hoy nos dice el señor Consejero de Economía y Hacienda que, aunque el proyecto de ley se denomina de transferencias, suplemento y crédito extraordinario para financiar el Plan de Acción Especial en materia de Enseñanza Secundaria, Vivienda, Medio Ambiente y Turismo, en realidad, es un programa para luchar contra el paro en Canarias. Pero luego, se lee uno la exposición de motivos de la

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ley, y no hay ni una sola palabra, ni una sola mención a que este proyecto de ley sea para combatir el paro. Qué duda cabe que si rebuscamos los argumentos, cualquier inversión que se haga podrá paliar algo el paro de las personas que trabajen en la inversión correspondiente. Si se hace más inversión en Vivienda, pues sí, evidentemente, los que trabajen en la construcción de esas viviendas ya no estarán en paro, y así sucesivamente. Pero, ¡hombre!, yo creo que un mínimo de respeto al Parlamento indica que cuando el Gobierno presenta –por muchas que sean sus prisas–, un proyecto de ley, y luego trata de decir que es un programa para luchar contra el paro, lo menos que se puede hacer es pedir que en la denominación y en la exposición de motivos, se justifique esa finalidad del Gobierno, que sólo se ha dicho aquí verbalmente. Y, ¡claro!, es fácil, cuando un grupo presenta una enmienda de devolución, decir ¡hombre, claro!, es que ese grupo no quiere luchar contra el paro. Eso sería demasiado sencillo. Este proyecto de ley, señor Presidente, Señorías, es un proyecto de prisas, yo diría que de prisas electorales, a 10 meses de las próximas elecciones autonómicas, y donde –eso sí se dice– la exposición de motivos comienza diciendo: “Esta ley tiene como finalidad complementar los esfuerzos que ya está realizando la Administración autonómica en cuatro áreas de vital importancia”. Es decir, que el Gobierno, a seis meses de la aprobación de los Presupuestos de la comunidad autónoma, decide –y es lícito que lo decida– complementar los esfuerzos que está ya realizando en unas áreas que se olvidó, por lo visto, de complementar suficientemente, al presentar unos Presupuestos de más de 300.000 millones de pesetas; ahora hay que complementarlos. Áreas diversas y finalidades equívocas. Un proyecto de ley, además, Señorías, que cuenta nada menos que con informe negativo del Consejo Consultivo de Canarias, a quien se le dio exactamente cuatro días para emitir dictamen, cuatro días para emitir dictamen, y que cuenta con informe negativo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ¡claro!, es que las prisas son malas consejeras, y este proyecto de ley es un compendio de lo que podíamos llamar una chapuza presupuestaria. Porque en materia presupuestaria, Señorías, todos estaremos de acuerdo en que es tan importante determinar el gasto público que se pretende realizar como consignar exactamente de dónde van a salir los recursos para atender a ese gasto nuevo que se pretende que el Parlamento apruebe. Y entonces nos encontramos, Señorías, con que en la primera de las materias la finalidad de crear centros de enseñanza por 940 millones de pesetas, la previsión del ingreso es algo tan etéreo, que la propia Intervención lo señala como previsi-

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ble aumento de la participación de los ingresos del Estado. Esto parece más voluntarismo que otra cosa. En todo caso, no consta en ningún sitio que ese aumento en la previsión de los impuestos del Estado o en los recursos del Estado esté garantizado. En materia de viviendas, Señorías, no hace muchos meses hemos asistido a un debate políticamente importante en este Parlamento, sobre el fracaso del Plan de Vivienda de Canarias; fracaso que, tal fue así, que incluso, costó el puesto al Viceconsejero de Vivienda correspondiente. De manera que más fracaso, imposible. ¿Y dónde estribó el fracaso, fundamentalmente? En que se perdió financiación del Estado para la construcción de viviendas, del orden de 3.000 millones de pesetas. ¿Y qué es lo que nos dice ahora el Gobierno? Ya que hemos perdido 3.000 millones de pesetas del Estado, vamos a endeudar a los canarios con 3.500 millones de pesetas para poder hacer las viviendas. Y ahí está otra financiación, digamos, que ahora el Gobierno se saca de la manga un mayor endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ya el colmo de lo que puede ser la improvisación y la chapuza presupuestaria es en el tercer capítulo que se pretende incluir en esta ley: el llamado Plan de Acción Medioambiental. Yo me he leído toda la documentación remitida a este Parlamento con las urgencias y las prisas correspondientes, y entonces, en la exposición de motivos se habla de, efectivamente, “un desarrollo sostenido para diseñar un Plan de Acción Medioambiental”. ¿Y dónde está el Plan de Acción Medioambiental? –pregunto–, ¿en qué consiste ese plan? Entonces, nos vamos al anexo tres de la ley, que es dónde se especifican los gastos que se han de realizar con el Plan de Acción Medioambiental, y pone: “Anexo tercero: Plan de Acción Medioambiental”. Entonces aparece aquí: “Servicio, Programa, Plan de Acción Medioambiental. Isla: varios. Municipio: varios. Gastos en 1994: 2.000 millones de pesetas” ¿Eso es el Plan de Acción Medioambiental? Pues, la verdad es que el plan no aparece por ningún sitio ni sabemos en qué se van a gastar 2.000 millones de pesetas, aunque en la exposición de motivos habla de que “se concreta en un plan de recogida de residuos sólidos y adecentamiento de parajes naturales y áreas urbanas en grave situación de deterioro, especialmente los situados en zonas turísticas”. ¡Ah!, aquí está lo del turismo, porque en el título de la ley aparecía el turismo que no sabía muy bien qué pintaba aquí. Y entonces, resulta que la única conexión que hay en la ley con el turismo es lo que dice la exposición de motivos, donde habla de que el adecentamiento de los parajes naturales y áreas urbanas en grave situación de deterioro han de ser especialmente situados en las zonas turísticas. Esto es toda la conexión que tiene esta ley con el turismo. Se lo digo, por si

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el señor consejero creía, de verdad, que aquí había algo que mejorase realmente el turismo. No, es solamente para ponerlo en el título. Financiación de esos 2.000 millones de pesetas; financiación, sin saber muy bien a qué van a ir destinados. Pues, se dice en el proyecto de ley que hay, por una parte –artículo tercero–, 700 millones en transferencias de crédito y 1.300 millones en mayor endeudamiento –un crédito extraordinario que se financia con mayor endeudamiento–; o sea, aumenta todavía más la preocupante situación de endeudamiento público de esta comunidad, que, como vimos cuando se discutieron los Presupuestos de la comunidad autónoma, ha pasado en dos años a duplicarse: de sesenta y tantos mil millones de pesetas que teníamos a finales del 92, al final del 94 tendremos aproximadamente el doble, 120, 130 mil millones de pesetas de endeudamiento en nuestra comunidad autónoma; y ahora, se pretende hacer un mayor endeudamiento en la comunidad autónoma. ¿Qué dice la Intervención General respecto a esta forma de financiación de un plan que no se especifíca en qué consiste? Pues dice algo muy sólido, a mi juicio, que el Consejero de Economía y el Gobierno en realidad, tienen que tener muy en cuenta: la transferencia de crédito tiene que ser entre programas ya creados. La transferencia, por su propia consideración, tiene que ser de un programa que hemos aprobado en el Parlamento a otro programa que no estaba suficientemente dotado o que no estaba dotado. Pero es que aquí no hay un programa previo elaborado. El plan medioambiental no es un programa que hayamos aprobado en presupuestos, y la Intervención General dice con acierto que no se puede en la misma ley crear la obligación del gasto y a su vez la transferencia dentro de programas, porque no estaba previamente creado el programa. Eso por lo que se refiere a los 700 millones. Con respecto a los 1.300 millones, tampoco aparece claramente justificada la necesidad de este endeudamiento adicional. Por ello la Intervención dice que el expediente no contiene documentación suficientemente acreditativa del exceso de ingresos por los 940 millones; que la propuesta de transferencia de crédito que se contiene en el proyecto no requiere aprobación por ley del Parlamento; que la propuesta de transferencia de crédito que se concreta en otras aplicaciones presupuestarias debe ser aprobada por el Parlamento, dado que la ley de la comunidad autónoma, la Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma, no autoriza al Gobierno para la aprobación de modificaciones y que, en definitiva, los programas medioambientales no han sido previamente creados y no se puede hacer transferencia de un programa a otro si no está previamente aprobado.

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En definitiva, Señorías, nosotros creemos que este proyecto de ley no tiene justificación en estos momentos; es un proyecto hecho de aluvión, con distintas cosas, ideas sueltas fundamentalmente, yo creo que con función claramente electoralista para contar el Gobierno con 12 o 13.000 millones de pesetas adicionales al gasto aprobado por los presupuestos. Esta comunidad autónoma tiene, a nuestro juicio, un exceso de endeudamiento que no permite elevar más el endeudamiento de la comunidad, y es rigurosamente falso que cuando se aumenta el gasto público aumenta el empleo o se lucha contra el paro. Por esa filosofía se podría aumentar indefinidamente el gasto público y tendríamos resuelto el problema del desempleo. Cada vez que se aumenta indebidamente el gasto público, probablemente lo que estamos haciendo es generando más paro, porque si no, por este procedimiento tan sencillo de que aumentando el gasto se soluciona el paro, pues estaría todo el mundo colocado, todo el mundo colocado con cargo a los presupuestos, que es muchas veces lo que se pretende desde la órbita de los poderes públicos. Es evidente, Señorías, que está más que justificada nuestra enmienda de devolución al Gobierno para que se lo piensen un poco más despacio. Es posible que este proyecto de ley, desde un punto de vista de la finalidad que se persigue, por ejemplo, en lo que es la creación de los centros de Enseñanza Secundaria, podríamos aceptarlo, pero no incluido en un proyecto global con cosas que no tienen nada que ver unas con otras. Qué tiene que ver las necesidades en materia de Enseñanza Secundaria, que ustedes tuvieron que tener en cuenta ya al aprobarse los presupuestos, porque, señor Consejero de Hacienda, ¡la LOGSE no es de ayer!... Me dice usted que eso está en función de las necesidades de la LOGSE. ¿Qué pasa?, ¿que la LOGSE se aprobó antes de ayer? La LOGSE estaba vigente cuando se aprobaron los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Qué fue?, ¿que se les olvidaron a ustedes estos centros secundarios? Pero, en todo caso, estos centros podrían, si son objeto de un proyecto de ley específico, podrían ser contemplados como una necesidad extraordinaria que la comunidad autónoma pudiera abordar, igual que esta mañana hemos aceptado un plan extraordinario de inversiones en materia universitaria. Pero mezclar churras con merinas y tratar aquí de sacar al Parlamento además 2.000 millones de pesetas para políticas medioambientales, cuya programación no está específicamente definida, con mayor endeudamiento de la comunidad autónoma, nos parece ciertamente negativo y por eso hemos presentado la enmienda de totalidad. Gracias, señor Presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Para defender su enmienda de totalidad de devolución, por el Grupo Socialista Canario, don Augusto Brito. El señor BRITO SOTO: Señor Presidente. Señorías. Decía yo en el planteamiento inicial que hacía, previendo ya... –porque, evidentemente, el esquema lo traía desde antes de la intervención inicial del señor consejero–, decía yo que “el proyecto de ley carecía de la base informativa suficiente para saber de qué estábamos hablando, porque desconocemos en definitiva –decía– si estamos ante un plan de empleo”... –ante el Plan de Empleo del que nos habló el señor Hermoso en el pleno de abril, que hablaba yo que lo traía como cortina de humo para tapar las vergüenzas, en aquel momento, de la política de Vivienda. Desde luego, si estamos ante el Plan de Empleo al que se refería el señor Hermoso en el pleno de abril, hay que decirle que este proyecto de ley carece de la estructura de un plan de empleo, ¡no tiene la estructura de un plan de empleo!: no hay objetivos de empleo, no hay medios relativos a política de empleo... ¡Esto no es un plan de empleo!–. Decía: “pero cabe la duda de si estamos ante aquello que anunció el señor Hermoso o si estamos ante una ley de crédito extraordinario con finalidades específicas”. Si estamos ante una ley de crédito extraordinario con finalidades específicas, carece de los planes y programas que debieran fundamentarlo, y no sólo –que ya lo señalaré también– en materia medioambiental, sino también en materia de Vivienda. Donde único hay una programación –digamos– rigurosa, que sí se puede aceptar como buena es en el área educativa, en las otras dos materias se carece –y más grave incluso en nuestra opinión se comenten ilegalidades–, se carece de los planes y programas que le dieran especialidad al gasto –que es uno, digamos, de los cumplimientos legales que hay que efectuar, la especialidad del gasto–, que le dieran especialidad al gasto correspondiente a esa ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito con finalidades específicas. Desde ahora, señalar, por lo tanto, que tanto desde la perspectiva de los ingresos como desde la perspectiva de los gastos, el proyecto es oscuro, el proyecto carece de la información suficiente que permita enjuiciarlo en profundidad. Ni lo he podido hacer desde la perspectiva de los ingresos ni lo he podido hacer, obviamente, desde la perspectiva de los gastos. Proponemos, por tanto, su devolución al Gobierno. La inmensa mayoría de las finalidades que se contienen en él son finalidades que nosotros suscribimos, son finalidades positivas. Pero el Gobierno tiene que ofrecer al Parlamento, como

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primer elemento para que podamos debatir respecto de esas finalidades, la base informativa suficiente en la estructura de ingresos y en la estructura de gastos. Además el propio informe de la Intervención General en el apartado siete reconoce que no se da la información suficiente como para –en el proyecto de ley–, como para que el Interventor General pueda decir si efectivamente los ingresos que se determinan están justificados o no. Desde la perspectiva de la estructura de gastos, es necesario el desarrollo de los planes y programas que fundamenten, que desarrollen tal estructura de gastos y que permitan debatir en profundidad esas finalidades que se persiguen. La estructura de ingresos tiene un triple origen en el planteamiento que se hace en el proyecto de ley: transferencia de crédito, incremento de los recursos provenientes de la participación en los ingresos del Estado –en el PPI– y endeudamiento. Vamos a ir analizando, en la medida en que hemos podido, que no ha sido mucha; incluso alguna de las hipótesis es probable que me la destruya usted, porque he tenido que irla cogiendo, evidentemente, pues como podía, porque aquí no hay base informativa suficiente como para determinar que las hipótesis que se pudieran construir fueran las que realmente son. Bien. Pero, digo, analicemos brevemente cada una de ellas. Transferencias de crédito. Hay dos: 337,4 millones de pesetas, 700 millones de pesetas. En primer lugar, hay que clarificar que no se trata de nuevo dinero, sino de cambios de destino de dinero. Alguno de ellos –(Ante los comentarios del señor Consejero de Economía y Hacienda.) sí, sí, eso es indiscutible, forma parte de la propia estructura de lo que es una transferencia de crédito, es obvio–, pero alguno de esos cambios de destino tan extraños como: se saca dinero del Plan de Empleo y del Plan de Formación Profesional para meterlo en el Plan de Acción Medioambiental. Entonces, se saca dinero de un plan de empleo, que sí tiene una cobertura de plan definida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que sí tiene una programación del gasto por tanto, para meterlo en una bolsa innominada, en una bolsa que el Gobierno ya verá cómo se ejecuta. Entonces, sacamos dinero de un plan perfectamente definido para meterlo en un cheque en blanco. Sacamos dinero además del Plan de Empleo, que resulta que es una de las finalidades –la finalidad medioambiental, y de limpieza, recogida de residuos, adecentamiento de fachadas, etcétera–, una de las finalidades principales que le otorgan las corporaciones locales destinatarias del Plan de Empleo. Por ejemplo, Cabildo de Tenerife, Plan de Embellecimiento; Cabildo de Gran Canaria, Plan de Embellecimiento; municipios igualmente colaborando con ambos cabildos en esos planes de

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embellecimiento. Entonces, sacamos dinero de una finalidad –Plan de Empleo–, que entre otras cosas y fundamentalmente se destina a eso, que está programado el gasto, para meterlo en una bolsa que dice que va a destinarse a eso. La verdad, no entiendo el tema. Por otra parte, los 337,4 millones de pesetas no precisaban ser incorporados a esta ley, porque podían haber sido perfectamente autorizados por el Gobierno. Pero... ¡en fin! Primero, por tanto, transferencia de crédito. Segundo: incremento de los recursos del PPI –el porcentaje de participación en los ingresos del Estado–. Empezar diciendo que carecemos de información suficiente para poder enjuiciar esta cuestión, pero en fin. El propio Interventor General dice: “el expediente no contiene documentación suficiente acreditativa del exceso de ingresos del concepto 400.00, PPI”. Por tanto, es el propio Interventor General de la comunidad autónoma el que dice eso, no soy yo solo. Y entonces yo he empezado a construir hipótesis sobre la documentación que he podido manejar. Debe estarse usted refiriendo a la liquidación del PPI de 1993, que es la que se va a cobrar en octubre de 1994 –¿Vamos bien? (Asentimiento del señor consejero.). Bien–. Segundo. Si efectivamente se está refiriendo a eso, en los presupuestos canarios de 1993 en PPI usted presupuestó 126.337 millones de pesetas; el Estado presupuestó en sus presupuestos –Presupuestos del Estado– 101.900 millones de pesetas. La presupuestación de PPI que hace el Estado –como usted sabe mejor que yo, sin duda– es el 95% del total –no presupuesta el 100%, sólo presupuesta el 95 para poder tener un colchón sobre el que jugar. Por tanto, los 101.900 millones de pesetas hacen referencia al 95%–. Bien. Las transferencias efectuadas a esta comunidad autónoma a lo largo del 93, si mi información no es errónea, han importado 102.625 millones de pesetas sin la liquidación –102.625 millones de pesetas–. Y yo he hecho la siguiente cuenta, que quiero que usted me aclare. Yo he supuesto luego que 15.900 millones de pesetas han de ser sumados a los 102.625, que es el ITE –15.900–. Aunque le digo también: en la estructura de gastos del presupuesto del 93 no he visto presupuestada esa salida de 15.900 millones de pesetas –yo no la he visto, y la he buscado, y no la he visto–, pero no quiero pensar que usted construyó un presupuesto en el 93 con un déficit de veinte y pico mil millones de pesetas. Quiero pensar que aquí están los 15.900 millones de pesetas. ¿Pienso bien? (Ante la aclaración del señor consejero.). ¡Perfecto! La información de que dispongo me indica que la liquidación de octubre del 94, correspondiente al PPI del 93, puede comportar que lleguen a Canarias entre 8.000 y 8.500 millones de pesetas aña-

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didos al dinero que ya ha venido. Eso suma 127.025 millones de pesetas. Como usted presupuestó 126.337, hay una diferencia de 688 millones de pesetas, que es el neto del que usted puede estar hablando cuando está hablando de incremento del PPI –688 millones de pesetas–. Pero es que usted presupuesta en exceso 2.400 millones de pesetas. Explíquenos eso, y entonces yo resolveré efectivamente esa duda. Bien. Decía yo, si se está refiriendo al PPI del 94, ya el tema es incluso más complicado, porque usted sólo presupuesta 119 –salvo que yo haya leído incorrectamente–, y el Estado presupuesta 129. Supongo que ya estará entonces deducido el ITE, la deducción del ITE ya estará deducida en el presupuesto del 94. Como cambia de mecanismo en cada presupuesto para confundirnos un poco, pues, tiene uno que ir rastreando, tiene uno que ir rastreando el tema e ir haciendo hipótesis, ir diciendo: “bueno, pues seguro que aquí hizo esto, seguro que aquí hizo esto otro”. Porque, desde luego, como uno no haga hipótesis se pierde seguro, ¡se pierde seguro! Pero, en fin, forma parte de las técnicas del Consejero de Hacienda. A mí me parece que no, que la información económica debe ser mucho más transparente, pero hay que estar, pues eso, con muchos ojos e ir así construyendo hipótesis y haber tenido ya algunos años de haberse chupado presupuestos en esta comunidad autónoma construidos por don José Miguel González para, efectivamente, saber un poco, pues, seguir e ir construyendo hipótesis de seguimiento del tema. Bien. Como está claro que es la del 93, pues usted nos explica ahora esa diferencia entre los 628 y los 2.400 millones y entonces yo me quedo más tranquilo. En relación con el endeudamiento, hay que valorar dos supuestos en relación con el endeudamiento: tope de endeudamiento convenido por la comunidad autónoma con el Estado en el campo de los escenarios del plan de convergencia y nivel de endeudamiento. Vamos a ver cómo está eso. En el 93 el tope de endeudamiento convenido por la comunidad autónoma fue de 103.544,8 millones de pesetas y del nivel de endeudamiento tengo dos cifras –usted me aclara ahora cuál es–. Tengo una cifra que me dice que fueron 96.017 y otra cifra que me dice que fueron 100.917 millones de pesetas. En cualquier caso me van a valer las dos para el esquema que voy a construir. En el 94 –si mis datos no son erróneos– el tope de endeudamiento que ustedes han convenido es de 117.713,8 millones de pesetas y el nivel de endeudamiento sería los 100.917, o 96.017; más 16.000 millones autorizados en la Ley de Presupuestos; 3.000 millones autorizados en la Ley de Presupuestos y 20.000 millones autorizados para el Plan Universitario a través de aval, que la propia comunidad autónoma se compromete a pagar

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en esa estructura el principal y los intereses –¡usted me dirá si eso no es deuda!; un aval del que la comunidad autónoma dice que se compromete a pagar el principal y los intereses, ¡usted me dirá si no es deuda!–; pero los 20.000 no los computamos, computamos una quinta parte, 4.000 millones. Por tanto, o 123.900 millones de pesetas de nivel de endeudamiento o 119.000, según que el endeudamiento de base en el 93 haya sido 96.000 o 100.000. En cualquier caso, cualquiera de las dos cifras, 123.900 y 119.900, superiores a los 117.000 millones de pesetas aproximadamente convenidos por ustedes. Ello nos lleva, en definitiva, a una hipótesis que usted baraja en el proyecto de ley de crédito extraordinario, que es que hay que tener en cuenta el endeudamiento, el incremento de endeudamiento que puede derivarse de las nuevas competencias del Insalud. Y yo le digo: “don José Miguel, ¿no sería bueno reservar el endeudamiento del Insalud para las propias necesidades de endeudamiento que van a derivar de la Sanidad en Canarias?” Si hay un sector que objetivamente está probado que necesita de una estructura de déficit relativamente cubierta es precisamente la estructura sanitaria, y no conviene gastarse el incremento de endeudamiento que deriva de las competencias del Insalud, gastárselo en otras finalidades, porque nos podemos ver en serias dificultades. Todas estas dudas por lo que hace relación a la estructura de ingresos, vayamos a la estructura de gasto. Estructura de gasto educativo. En general, el planteamiento que se efectúa nos parece correcto, en general la finalidad que se persigue nos parece correcta. Echamos en falta una cosa: mientras que se programan centros –y, obviamente, líbreme Dios de cualquier hipótesis de insularismo por mi parte–, pero mientras que se programan centros de Enseñanza Secundaria en el sur de la isla de Gran Canaria, no se hace lo mismo en el sur de la isla de Tenerife. Y, mire, las necesidades de Enseñanza Secundaria o Formación Profesional en el sur de la isla de Tenerife son muy altas, al igual que en el sur de la isla de Gran Canaria. Echamos en falta, por tanto, que eso sea complementado, que eso sea complementado. Y luego, respecto de la red de centros de Formación Técnico-Profesional, dado que ya no está en la hipótesis de la LOGSE, pensamos que es una especie de bolsa que ustedes se crean ahí –no nos parece mal, que conste– para poder enganchar con fondos europeos. Pero, bueno, entonces díganlo ustedes y explíquenlo, porque, mire, a mí la finalidad me parece lógica: ustedes enganchan así con fondos europeos y en lugar de construir centros de Formación Técnico-Profesional van a construir realmente, digamos, centros derivados de la aplicación de la LOGSE. Dígalo, porque lo grave de

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ese asunto es que lo que se crea es una bolsa de 2.000 millones de pesetas innominada, sin ningún tipo de destino, sin saber a dónde va. Si usted explica la finalidad y nos pone a dónde va, pues, mire, pues podríamos ya compartir la finalidad, porque si se trata de enganchar dinero europeo nos va a tener usted siempre brazo con brazo, y lo que sí queremos es que se programe ese dinero también y que se diga a dónde van esos centros también, que se diga también a dónde van. En materia de Vivienda –voy avanzando–. En materia de Vivienda se dice en la memoria que lo que se hace en realidad es reprogramar el Plan de Vivienda; se dice así, “se está reprogramando el Plan de Vivienda”. Una reprogramación del plan es un cambio del plan, es un cambio del Plan de Vivienda. Y entonces, claro, entonces ocurre –y antes ya lo anunciaba– que hay una situación de ilegalidad en esta cuestión. ¿Por qué hay una situación de ilegalidad en esa reprogramación? Porque la Ley 11/89, de Viviendas de Canarias, de 13 de julio, en su artículo 2 dice que “el Gobierno de Canarias elaborará un plan de viviendas de carácter plurianual con el fin de atender las demandas existentes en esta materia, que será sometido a la aprobación del Parlamento de Canarias”. Y, claro, aquí no se nos ha traído ninguna modificación del plan, lo que se trae es una breve explicación, en el ámbito de una exposición de motivos, que no significa en absoluto ninguna modificación del plan en términos como lo prevé la ley; o sea, con plan aprobado por el Parlamento de Canarias. Haría falta que ustedes hubieran traído complementariamente a esta ley una comunicación del Gobierno, expresiva de la reprogramación (Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores.), o una reprogramación pormenorizada incorporada a esta ley, cuestión que no se ha traído. Se han traído cuatro datos en el ámbito de una exposición de motivos. Eso no cumple lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Viviendas de Canarias, no lo cumple en absoluto. Porque haría falta una reprogramación con el mismo nivel de detalle que el plan del 92, con el mismo nivel de detalle que el plan del 92. Mire, en los meses de enero y abril se aprobaron sendas mociones sobre política de vivienda en este Parlamento. Mociones donde se sitúan como objetivos, entre otros, pero como uno de los objetivos fundamentales de la política de vivienda que iba a hacer el Gobierno, porque así se lo requería este Parlamento, recuperar los objetivos del plan inicial de vivienda. Eso dicen las dos mociones. ¿Y qué ocurre? Que en esta reprogramación se abandonan objetivos establecidos en el plan del 92. ¿Qué objetivos se abandonan? Pues mire, en régimen especial había previsto inicialmente

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10.000 viviendas y se reprograma confusamente de la siguiente forma: 3.000 más 4.500 más 1.300 que ya estaban financiadas y que, por consiguiente, no están incluidas ahí. O sea, 3.000 más 4.500, esas 1.300 más que están ya financiadas correspondientes a Plan de Vivienda, régimen especial, las sumamos. Suman en total: 8.700 actuaciones. Se pierden respecto de las 10.000 viviendas que preveía el Plan de Vivienda 1.300 actuaciones. (Ante los gestos del Consejero de Economía y Hacienda, señor Hernández González.) Sí, porque usted me va a hablar de la autoconstrucción, eso no es régimen especial, eso no es régimen especial eso es otra línea de actuación. Y las 10.000 objetivo eran 10.000 objetivos de régimen especial, de régimen especial. Con el agravante, además, de que la gran mayoría, 4.500 actuaciones, se envían a los ayuntamientos en régimen de venta; se dice a los ayuntamientos o a particulares, con las dificultades financieras que sabemos que ello comporta para los ayuntamientos y la dificultad que tienen los ayuntamientos de cubrir ese objetivo. Lo lógico en una reprogramación hubiera sido incrementar el volumen de viviendas o de actuaciones en régimen de alquiler, porque tanto por razón de la propia posibilidad de ejecución –porque el Gobierno tiene mayor posibilidad de ejecución que los municipios–, como en razón del destino final de las mismas, de que esas son aquellas viviendas que van destinadas a personas con rentas inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional y que no tienen –está demostrado–, que no tienen posibilidad de adquirir una vivienda en régimen de ventas. Hay que proporcionarles viviendas en régimen de alquiler. El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo, por favor. El señor BRITO SOTO: Voy concluyendo, señor Presidente. En Canarias hay 19.500 necesidades de viviendas ya baremadas en régimen especial. Lo lógico sería acercar a esas 19.500 necesidades la posibilidad de adquirir una vivienda o de disfrutar de una vivienda en régimen de alquiler porque no pueden hacerlo en régimen de venta. En definitiva, se pretende por parte del Gobierno en la reprogramación desplazar el fracaso del plan a los ayuntamientos. ¿Las 2.500 actuaciones de autoconstrucción significan un incremento o una disminución sobre las previsiones del plan? No lo sabemos, no se explica, no lo podemos saber. Las ayudas de 600.000 y 400.000 pesetas. Miren, si las aplicamos a las 4.500 viviendas en régimen de venta, que es donde hay que aplicarlas, eso suma, eso suma, tengo por aquí hecha la suma, 4.500 millones de pesetas, 4.500 millones; en el Presupuesto del 94 hay previsto para suelo, sin dis-

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criminar si es para alquiler o para venta, 828 millones de pesetas; ¿ustedes, con 3.837 que meten en este Plan de Acción Especial más 828 millones de pesetas, piensan cubrir 4.500 millones de pesetas para subvenciones más hacer las viviendas de régimen especial en alquiler, las viviendas de régimen especial en venta, la autoconstrucción y las subvenciones?. Francamente, francamente no sé cómo van hacer todo eso. En fin, voy acabando y acabo con el tema del Plan de Actuación Medioambiental. Nos parece, sin duda, el elemento más grave incluido en el proyecto de ley, al menos en la estructura de gasto del proyecto de ley. Mire, no hay ni plan detrás, porque el libro ese que se distribuyó en el Parlamento, eso no es un plan, eso no es un Plan de Acción Medioambiental, eso es un libro que se nos distribuyó, pero eso no tiene la estructura parlamentaria de un plan de acción... El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, perdón... El señor BRITO SOTO: ...un plan tiene que ser... El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, Señoría, por favor, guarden silencio, ¿eh? El señor BRITO SOTO: ...un plan tiene que ser aprobado por el Parlamento y, evidentemente, aquello fue un libro que se distribuyó aquí, que es una cosa completamente distinta. Por consiguiente, no hay detrás ni plan ni programa, y hay una nula especificación. Antes ya lo leyó el anterior interviniente: municipio cero; ninguna especificación, cero: 2.000, 2.000, 2.000. Por consiguiente, lo que se pretende es que se le dé un cheque en blanco al Gobierno de 2.000 millones de pesetas, además, en una línea de actuación fácilmente instrumentalizable desde el punto de vista electoral, fácilmente a ocho meses... El señor PRESIDENTE: Concluya, Señoría, por favor. El señor BRITO SOTO: Concluyo. ...a ocho meses de unas elecciones, hasta tal punto que el propio Consejo Consultivo considera ilegal tal proceder, y lo dice así con todas esas palabras, que tal proceder es ilegal. El Gobierno tendría, en definitiva, que enviar un verdadero plan o programa con especificación del gasto a este Parlamento para que nosotros pudiéramos otorgarle su confianza. Nos parece, por otra parte, que es el clásico programa de cooperación con las corporaciones locales. Hasta ahora ese tipo de programa siempre se ha hecho en cooperación con las corporaciones locales. No se dice si se va a hacer así o si no se va

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a hacer así; pero es más, no se dice ni qué parte va a inversión ni qué parte va a gasto corriente, no se dice nada. En definitiva, los cabildos..., como ya decía, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria ya realizan esas actuaciones; y sería mucho más lógico que que las haga el Gobierno paralelamente, que se coadyuvara a esos planes que ya tienen en marcha los dos cabildos de las islas principales y múltiples ayuntamientos de las islas. Señor Hermoso, ¿en esto es en lo que queda su Plan de Empleo? Humo, humo. Y no me resisto finalmente a comentar lo que dicen –y acabo– las disposiciones adicionales..., la disposición adicional primera apartados a) y b): “a) con cargo a los créditos previstos en la presente ley, podrán imputarse los gastos originados por las campañas de mentalización, divulgación y promoción de las diferentes actuaciones contenidas en la misma”. La b) dice que no se programará este asunto desde el punto de vista municipal para quedar libre en la programación municipal. Eso, por si alguien tenía alguna duda de que estábamos ante una actuación presidida, fundamentalmente, por intereses de carácter electoralista. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Se abre un turno de los grupos parlamentarios a favor de las enmiendas de devolución (Pausa.). Se abre un turno en contra de las enmiendas de devolución. Por el Grupo I.CAN, el señor González Viéitez, estamos en el turno en contra. El señor GONZÁLEZ VIÉITEZ: Buenas tardes. Yo creo que era absolutamente lógico y, por lo tanto, legítimo y absolutamente previsto y previsible que los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Grupo Socialista enmendasen a la totalidad el Plan de Acción Especial. Y es lógico, porque se trata de una reacción del Gobierno de Canarias que fue planteada aquí, si no me equivoco, en el mes de abril por parte del señor Presidente diciendo: constatamos, sentimos que los elementos que tenemos delante se están deteriorando y hay que insuflar medidas urgentes o un plan de acción especial. Y yo creo que cuando en un momento determinado un escenario como el que tenemos, que comienza a repuntar la actividad económica, que comienza a repuntar la actividad económica, pero que todavía la actividad económica no se desborda en lo que representa el empleo, lo lógico, es decir, lo que hubiesen dicho los partidos de la Oposición es qué hace el Gobierno que no reacciona. Como es lógico cuando el Gobierno reacciona lo que se le dice es que, ¡claro!, está reaccionando por motivos de carácter electoral.

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Y yo, en este sentido, creo que es el normal juego de lo que representa el Gobierno y la Oposición. La Oposición ha argumentado una serie de cuestiones, algunas de las cuales son razonables, algunas de las cuales son simplemente posiciones de carácter político, pero yo creo que la base es dónde se detectó y cómo el Presidente del Gobierno y su Gobierno en conjunto han traído el actual proyecto de ley, que es mejorable, sin duda, que es mejorable sin duda. Pues, se trae a partir de una situación en la que los elementos que se detectan son, primero, el nivel de paro sigue subiendo, rotundamente; segundo, el Plan de Vivienda en Canarias tiene dificultades, lo estuvimos viendo todos aquí; y, tercero, lo que representa el inicio del nuevo ciclo turístico merece la pena; y fuimos todos prácticamente aquí en este escenario, desde luego, yo, el que estuvo abogando por establecer mecanismos en los cuales el medio natural canario fuera básicamente en vez de un producto o de un recurso sobre el cual edificar, un bien económico y social sobre el cual generar calidad para los que nos visitan. Y yo creo que en este escenario es cuando se comienza a detectar por parte del Gobierno y se reacciona. Y se reacciona en el sentido, es verdad, es un sentido keynesiano, pero también es un sentido de Jacques Delors. El Libro Blanco de Jacques Delors, a poco y, desde luego, en la limitadísima perspectiva que desde una región como la comunidad autónoma canaria se puede prever, establece mecanismos e instrumentos que vayan destinados a la formación y a la ocupación; que vayan destinados, fundamentalmente, en este caso, a lo que representan las actividades de carácter público. Y en segundo y en tercer lugar, mecanismos e instrumentos que estén tremendamente conectados con el medio ambiente y con la naturaleza, entre otras cosas porque, como ha dicho muy sagazmente el portavoz del Grupo Socialista, se pretende, sin duda, pescar recursos europeos y recursos comunitarios para seguir refinanciando todo este proyecto y que el plan pueda revisarse al alza en lo que representan los próximos años. Y en relación con esto ¿qué es lo que se hace? En primer lugar, todo el mundo que conoce de enseñanza, y, desde luego, los dos portavoces que han hecho su enmienda a la totalidad de devolución lo han reconocido, en lo que se refiere al tema de la enseñanza, dijeron los dos y yo recuerdo bien, en un caso, ¡hombre!, si hubiera estado aparte, yo no hubiera tenido ningún inconveniente, exactamente esta mañana lo tuvimos; y en el caso del portavoz del Grupo Socialista, se indicó, exactamente, más o menos las mismas cuestiones, porque se dijo que era el programa como más amarrado, con las limitaciones, las apreciaciones y las correcciones que se hiciesen.

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¿Qué es lo que estamos nosotros intentando? Pues, nosotros, en la actualidad, y el Consejero de Educación lo ha expresado aquí en un montón de ocasiones, y los anteriores consejeros de Educación también, la segunda enseñanza es un escenario en el cual todavía y en el corto plazo y en el medio plazo en los próximos años va a seguirse incrementando notablemente en el número de las cohortes que llegan y el volumen de personas que están en cada una de las cohortes correspondientes. Al mismo tiempo se dice: está la Ley Orgánica del Sistema Educativo, por lo tanto, se establece un mecanismo de impulso de acción especial destinada a la LOGSE, destinada a la Formación Técnico-Profesional y destinada fundamentalmente al tema de los idiomas, donde también está el turismo. Y, en relación con todo eso, se hace un desarrollo a partir del cual se prevé que exista un total, en el primer año, de 940 millones; en el conjunto de los tres años, de 6.798 millones de pesetas. ¿Qué es lo que se quiere hacer con todo esto? Pues, créditos extraordinarios y suplementos de crédito como aplicación; y cobertura, la participación en los ingresos del Estado: 940 millones de pesetas. De la participación de los ingresos del Estado hablaremos después y de las posibilidades de su incremento, que entre otras cosas el señor Consejero de Hacienda indicó exactamente de dónde provenía. No hacía falta en este caso hacer las hipótesis realmente trabajosas, sudadas y trabajadas por parte del portavoz del Grupo Socialista, porque yo creo que simplemente en la primera mención que hizo al respecto el Consejero de Economía y Hacienda citó exactamente de dónde procedían los casos. Segundo tema. Es verdad que en el segundo tema, en el tema de la Vivienda no aparece con la misma claridad que en el primer tema –y yo creo que hay que reconocerlo–, lo que puede representar el conjunto de las apreciaciones, de las precisiones y de las correspondientes adaptaciones. ¿Pero qué se dijo aquí cuando todos discutimos del Plan de Vivienda? Nosotros, entre todos, había matices, pero detectamos que había problemas especialmente en algunos de los programas, en el régimen especial; y dijimos, y yo recuerdo aquí cuando el Presidente del Gobierno planteó su propuesta de acción especial, que, desde luego, fue descalificada como ha sido hoy cuando se presenta el proyecto de ley, se indicó que fundamentalmente había un compromiso, un compromiso por parte de este Gobierno de intentar mejorar al máximo, es decir, modificar las circunstancias en las cuales estaba actuando el Plan de la Vivienda y hacer los esfuerzos y los complementos, y los complementos y las ayudas imprescindibles para sacar adelante un programa de Obras Públicas, que no es de carreteras, que es de viviendas, que, al mismo tiempo, genera empleo. Todo el mundo sabe lo

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que en esta ocasión puede representar el sector de la construcción, todos sabemos cómo está indicando cuáles son sus problemas, ésta es una manera de resolverlo; y, además, por si fuera poco, somos capaces de intentar dar respuesta a uno de los problemas probablemente más necesitados por parte de las capas más desfavorecidas de la sociedad canaria. Y ahí hay una propuesta, una propuesta que, fundamentalmente, se financia con endeudamiento; y hay 3.500 millones de pesetas de un total de 3.837, que es verdad que la transferencia de crédito no era imprescindible que se estableciese en este proyecto de ley, pero el que aparezca ese conjunto de 3.837 millones aquí, explicita perfectamente qué es la cantidad que se expresa con respecto a este tipo de propuestas y de proyectos. En relación con el tema de la financiación y, por lo tanto, también con lo que representa el endeudamiento, que hay algún partido político que tiene la enorme preocupación –legítima–, pero que en otras ocasiones, incluso hoy mismo lo veremos, que es más light en lo que puede representar el incremento del gasto público a la Comunidad Autónoma de Canarias, y lo veremos dentro de un rato. Lo que en este momento se indica aquí que es el vade retro, dentro de poco veremos que es venit sanctus spiritus; y, por lo tanto, entre lo uno y lo otro, lo lógico sería plantear especímenes de lo que pueden ser como mínimo elementos de coherencia de carácter de política económica. Y luego está el tercer programa que es el menos expresado. Y con toda cordialidad, señor Consejero, le digo que son verdad algunas de las reflexiones que han hecho los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista, y no me duelen prendas en decir que es verdad que hay un documento que se entregó al conjunto de los miembros de esta Cámara en donde estaba previsto un plan de desarrollo medioambiental. Y que, además, que yo creo que es lo más importante, lo más importante no es si ese documento estaba expresado en términos de plan, o si no estaba expresado en términos de plan. Es un documento que fundamentalmente pretende que en el próximo año y los próximos tres años el turismo –que todo el mundo cuando hablamos de turismo, dentro de poco veremos también las posibilidades de una comisión de análisis y de estudio sobre él–, que es la locomotora de la actividad productiva de Canarias, pues, el Gobierno de Canarias ha constatado que el medio ambiente en las zonas turísticas y en el conjunto de Canarias está en sentido y en estado absolutamente deplorable; y que lo que ha pasado en el Palmeral de Asudera, y que todo el mundo conoce la desgracia que eso puede ocurrir, entre otras cosas está porque el patrimonio natural y el medio ambiente está en unas condiciones prácticamente de estado penoso porque no hay un conjunto de recursos que se destinen a ello.

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¿Y qué es lo que en este momento se plantea con ese objetivo? Empleo. Básicamente, exclusivamente, casi –diría yo–, ¿cuál es el gasto destinado a la política de mejora y defensa medioambiental? Empleo. Si alguien dice que por ningún lado ve lo que puede representar directamente... Porque no hablemos de lo que pueden ser los trabajadores directos e indirectos de la construcción, tanto de las viviendas como de los centros escolares y de los centros de segunda enseñanza y de técnica profesional, sino veamos también, y sustantivamente, lo que puede representar algo que la totalidad de los portavoces y no portavoces, todos, los 60 diputados y la sociedad canaria en su conjunto, cuando discutíamos hace dos meses y medio la primera aproximación del Plan de Acción Especial, todo el mundo dijo: “estamos de acuerdo; el paro es la lacra más desagradable y más monstruosa que tenemos en las islas, vamos a intentarle dar salida”. Y si con mayor o menor fortuna –en algunos casos con mayor, en otros con menor–, se plantea todo un dispositivo, consecuencia: política electoralista. Y, por lo tanto, a partir de ahí, pues como es política electoralista, yo me pongo en la banda de enfrente, cojo los argumentos –algunos sesudos, algunos insensatos– que podamos traer el conjunto de las personas que estamos aquí y comenzamos a colocarlos en este sentido. Vamos a ver lo que representa la financiación. La financiación del conjunto del programa 94/96, del Plan de Acción Especial que es para el trienio, representa 22.000 millones; y la de este año 6.777 millones de pesetas, que están, en un primer término, lo que ha dicho el propio Consejo Consultivo, que ni hacía falta que viniese, pero que se ha hecho fundamentalmente para diseñar las políticas y completar el conjunto de los recursos que se van a destinar, transferencias de crédito: 1.037 millones de pesetas. En segundo lugar, incremento del porcentaje de participación de los ingresos del Estado: 2.240 millones de pesetas. Y en vez de repetir yo aquí el trabajo sesudísimo que el portavoz del Grupo Socialista hace un momento planteó aquí, yo recuerdo, simplemente, la explicación que dio el señor consejero: es que se trata de que lo que representaban los gastos de gestión de los correspondientes tributos ha pasado del 2 al 6. Y pasar del 2 al 6 significa que en este año tenemos exactamente las posibilidades de 2.240 millones de pesetas. Es verdad que el Interventor dice que no está del todo precisado de dónde puede venir todo eso, pero con la explicación que se nos da, porque ha habido una modificación, efectivamente, para el año 1994 yo creo que no hacía falta llenarnos los seretos de cálculos, de hipótesis y de elementos jocosos en relación con las veleidosidades financieras y presupuestarias del señor Consejero de Hacienda.

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Y, en tercer lugar, los 3.500 millones de pesetas de endeudamiento. Yo creo que es sustantivo también lo que explicó el señor Consejero. Estamos desfasados del escenario y de la senda de la convergencia, ¡ojo!, de la de in illo tempore de la que nadie habla ya, de la que nadie habla ya y el primero el Consejo de la Unión, del que nadie habla ya para 1994, pues, está establecido por encima en 1’5%, cuando todos sabemos –y también lo ha reiterado el señor consejero– cuáles son las circunstancias y los condicionamientos en el conjunto de las Administraciones públicas en este momento aquí. Pero es que además en 1994 repunta la actividad económica y el conjunto de los ingresos de la comunidad autónoma en 1994 va a exceder, afortunadamente, de las previsiones que se hicieron en los Presupuestos. Y digo afortunadamente porque es síntoma del incremento de la actividad productiva. Problema angustioso en la sociedad canaria es que esos incrementos de actividad productiva no se desbordan al empleo, se quedan metidos en las actividades productivas. Y una forma de distribuir riqueza en el sentido de bienestar social es destinar los correspondientes recursos a lo que puede representar la generación de empleo. Y es verdad que también se indica por parte del Interventor General que hay que respetar los límites establecidos en el plan de endeudamiento, pero es que el Interventor General tiene la obligación de decir que dos y dos son cuatro, al margen de lo que ocurra en la actividad económica. Y aquí nosotros, que estamos en estos momentos en condiciones de poder aprobar –o no– este proyecto de ley, estamos diciendo que interesa a la sociedad canaria algo de keynesianismo; que hay algunos sectores que lo denuestan, hay algunos sectores que en estos momentos dicen, pues, en fin, lo contrario, que lo que hay que hacer es no poner impuestos, lo que hay que hacer es no sé qué y no sé cuanto... Nosotros creemos –y el Gobierno cree– que no y que fundamentalmente por una razón: porque en la actividad productiva –queridos compañeros de la Cámara– el enorme elemento de gravedad que tiene la sociedad canaria es que repunta, a veces no solamente repunta, sino que crece, y en muchísimas de esas ocasiones no genera empleo, y ésa es una asignatura pendiente que tenemos, que no resuelve este proyecto de ley, que no resuelve este proyecto de ley. ¡Sin duda! Porque es un Plan de Acción Especial, porque es un plan de acción que dice: estamos en condiciones de poder tener más posibilidades, la situación está degradándose en términos sociales, actuemos. Yo creo que cualquier gobierno que se precie está absoluta, moral y políticamente obligado a reaccionar en circunstancias de ese tipo, y que cuando no se reacciona tiene todo el mundo el derecho legítimo de decir: “¿qué hacen ustedes de brazos cruzados?” (Se enciende la luz roja en la tribuna

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de oradores.) Que cuando se reacciona –y es verdad que algunas de las reflexiones que se han hecho tienen sentido por parte de los grupos de la Oposición–, pero cuando se reacciona en términos globales, creo, y quiero decir, que acusar estrictamente de clientelismo a este planteamiento es querer que el Gobierno se cruce de brazos y que no haga responsabilidades, y que no actúe, porque se espera sustituirlo fundamentalmente porque no hace nada. El señor PRESIDENTE: El Grupo Centrista. El señor Cabrera Montelongo. El señor CABRERA MONTELONGO: Señor Presidente. Señorías. Las enmiendas a la totalidad que se han presentado, tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista, a mi juicio transmiten o llevan consigo una preocupación y una perplejidad al mismo tiempo. Preocupación y perplejidad porque dos grupos parlamentarios como el del Partido Popular y el Partido Socialista, que tienen la aspiración de gobernar, a estar en el banco azul, no entiendo de ninguna manera cómo no presentan –ante un proyecto de ley de esta naturaleza– alternativa alguna, sino que se limitan a presentar una enmienda de totalidad de devolución de dicho proyecto de ley cuando es precisamente un proyecto de ley que va dirigido contra la pobreza y la marginación; un proyecto de ley –yo diría que único en esta Cámara– que va a luchar contra la pobreza y la marginación. Yo esperaba que en la tarde de hoy algunos de los portavoces trajeran aquí argumentos que no exponen en la literalidad de la enmienda presentada a la totalidad, pero veamos cuáles son los argumentos que utiliza el Partido Popular. Dicen que no entienden la urgencia del Gobierno para traer este proyecto de ley. No es la urgencia del Gobierno, Señoría, es la urgencia de la sociedad, la urgencia de los parados, los que demandan este proyecto de ley, medidas concretas que acaben con la situación en la que se encuentra una cantidad de parados en las Islas Canarias, que requieren de medidas concretas. No habla del paro, dice usted. ¡Bueno!, pues yo le voy a leer un párrafo, porque parece ser que no ha querido usted leerlo. En el primer párrafo de la exposición de motivos dice: “las acciones previstas en este Plan de Acción Especial tendrán un impacto inmediato en la generación de empleo, tanto directo como indirecto”, y usted dice que no habla en absoluto del paro. Segundo. Lo acusa usted de chapuza jurídica, porque es que no tienen otros argumentos, lo acusan de chapuza jurídica porque la Intervención General... –y a mí me extraña que lo haya hecho un

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técnico como es el señor Bravo de Laguna, por el cual yo siento un gran respeto, por él y por su profesionalidad–. Porque ha dicho que la Intervención General... ha dicho que “claro, que no está el dinero”. ¡Efectivamente!, pero usted sabe, Señoría, que en el mes de junio es suficiente como para predecir cuáles son los recursos que van a venir –o los que quedan por venir– en función de lo recaudado con anterioridad. Es más que suficiente para hacer un análisis profundo de cuáles son las previsiones de ingresos, porque por esa teoría suya utilizada no realizaríamos nunca los presupuestos en el ejercicio anterior, que se hacen en función de unas previsiones presupuestarias también. Y luego dice que no sabe en qué consiste el Plan de Acción Medioambiental y que en ningún momento se ha hablado de él. ¡Bueno!, sí se ha hablado: ya hubo un gran debate aquí. Al margen de que en abril el Presidente del Gobierno anunció medidas como éstas, también aparece en los subejes del PDCAN; aparece también, por ejemplo, en una partida presupuestaria, en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, que dice: “Plan territorial de saneamiento ambiental. Convenio con cabildos” –Cabildo en concreto de Fuerteventura–, que ya estaba ejecutando el Plan territorial de saneamiento ambiental, marcado por las directrices y los subejes del Plan de Desarrollo Canario. Dice usted que habla del turismo, pero que no le ve ninguna conexión con el turismo. ¡Bueno!, mire usted, en la Formación Profesional, en la Escuela de Idiomas, en la mejora de la cualificación profesional para destinarla al turismo. Además, ¿qué es lo que es el Plan territorial de saneamiento ambiental? Lo que todos hemos criticado, lo que critica cualquier ciudadano cuando visita nuestras islas y dice: “qué sucia está esa ciudad, es conveniente adecentarla...” Ése es el Plan territorial de saneamiento ambiental, que no es otra cosa que la limpieza, el ornato, la recuperación paisajística y medioambiental de Canarias. Ése es el Plan de desarrollo medioambiental, que no sabía usted lo que era. Y dice que no ha sido aprobado el Plan de Acción Medioambiental a pesar de haber traído aquí el PDCAN, en una ocasión, diciendo que si aquello ...(Ininteligible.) con su aprobación tanto en comisión como en pleno. ¡Bueno!, yo no sé si todos los proyectos hay que traerlos para aprobarlos o no. Yo creo que no, porque yo no he visto en los proyectos, cuando se va a hacer una inversión –por ejemplo– en carreteras, se aprueba la inversión, pero no se aprueba el proyecto. En cualquier caso éste es un programa que vamos a aprobar y que están aprobados en los Presupuestos de la comunidad autónoma en el año 1993. En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, yo creo que terminamos antes, en la intervención

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del portavoz del Grupo Socialista... si el Consejero de Hacienda coge una calculadora y se sienta con el compañero Augusto, ¡seguro que acaban antes!, porque en las discrepancias estábamos aquí intentando sacar e intentando seguirlos, y podría estar en torno a las 100 a 150.000 pesetas el desfase de los unos a los otros. No lo sé exactamente. Pero habría que traer una calculadora e intentar llegar a un acuerdo. Porque en las otras dos cuestiones, una interpretación meramente jurídica de que si el Plan de Viviendas que nosotros intentamos llevar a cabo, de poner las 10.000 viviendas en manos de los ciudadanos canarios que las necesitan es una reprogramación –y entiende el señor Brito que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Viviendas para Canarias había que traer la reprogramación al Parlamento de Canarias para modificarla–. Una interpretación meramente jurídica que yo no entro a valorar si tiene o no tiene razón, exactamente igual que con el Plan de saneamiento medioambiental, que como no es un plan meramente definido –según él–, pues no se pueden destinar 2.000 millones de pesetas para algo que, según usted, no existe. Y sí existe –estamos diciendo–, existe tanto en los Presupuestos de la comunidad autónoma como en los programas o en los subejes del Plan de Desarrollo de Canarias. Por consiguiente, un plan que trae este Gobierno como plan de choque para luchar contra la pobreza y la marginación, en cuatro áreas concretas, que yo pensé que, posiblemente, algún partido de la Oposición en este caso pudiera tener preferencias por otras áreas concretas. Pero es que no han definido cuáles son sus preferencias, nosotros ya hemos expuesto que son estas cuatro áreas concretas las preferencias que tenemos. Pero es que nos falta a alguno de los portavoces de la Oposición que nos diga cuáles son sus preferencias, cuáles son las preferencias del modelo que quieren desarrollar para la sociedad canaria. No han traído ninguna, se han limitado a presentar una enmienda a la totalidad diciendo: “esto no nos gusta, traigan otro, porque no han contado con nosotros”. Simple y llanamente han cogido eso. No quieren reconocer... no les gusta que el Gobierno de Canarias diga: “ponemos en tres años 10.000 viviendas para los canarios, vamos a ir a una recuperación paisajística y medioambiental de Canarias, vamos a hacer unos centros de Formación Profesional Ocupacional, vamos a hacer unos centros de Formación Técnico-Profesional”... ¡No les gusta! Pero si no les gusta, digan que no les gusta, digan que no les gusta. Y entonces, a lo mejor, podemos –si ustedes nos muestran sus preferencias–, a lo mejor, logramos llegar a un acuerdo en un plan de choque contra la marginación y la pobreza, que es en definitiva las pretensiones de este Gobierno con este plan. Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, el señor Ucelay. El señor UCELAY SABINA: Gracias, señor Presidente. Yo quisiera definir el programa que hoy se nos plantea, el plan especial, como una actuación más dentro de lo que son las previsiones del Gobierno, los compromisos que este Gobierno ha adquirido. Y adelanto desde ahora que nosotros apoyamos –mi grupo político– el plan especial del Gobierno. En las grandes líneas venía definido, justamente, por lo que se dio en llamar el pacto social, el pacto institucional, el pacto de Estado y el pacto medioambiental. Yo creo que esto entra dentro del pacto social y del pacto medioambiental, porque lo que se hace es definir unas políticas concretas y absolutamente cuantificadas. Pero también me sorprende mucho que, a pesar del impulso que el Presidente del Gobierno definió en esta Cámara en el mes de abril, todavía estemos cuestionando el carácter, que se ha convertido en un esquema muy central hoy, el carácter electoralista, porque creo que eso define perfectamente el papel que desarrolla en el debate de hoy la Oposición. Cuanto que a cualquier programa o a cualquier ley se le da el carácter de electoralista, entonces me da la impresión de que se cambia la visión de la realidad y se llega a desvirtuar esa propia realidad en la que el Gobierno tiene que actuar. Se pretende, entonces, opino de manera muy concreta, en el sentido de que la pretensión se establece no en función de esa realidad, sino, básica y fundamentalmente, en una serie de razones o motivos que pretenden desvirtuar cuestiones que son generalmente aceptadas. Decir que este Plan de Acción Especial va a trazar sobre los ejes maestros de la política del Gobierno, como son la Enseñanza, la Vivienda, el Medio Ambiente y el Turismo, esto es difícilmente desmontable. Se podrá recurrir a matices, a enmiendas, pero una devolución al Gobierno esto no lo entiende nadie ni lo entenderá nunca. Y se pueden emplear los argumentos que se quieran o decir que realmente el carácter de creación de empleo no se define, y se lee una parte de la exposición de motivos y se para justo en el punto donde continúa esa exposición diciendo: “Asimismo, las acciones previstas en este Plan de Acción Especial tendrán un impacto inmediato en la generación de empleo –inmediato en la generación de empleo–, tanto directo como indirecto”. Yo no sé si existe algún empleo mediopensionista y se pudiera incluir en la exposición de motivos, pero en principio cualquier clase de actividad, acción sobre el empleo, desde luego, queda perfectamente definida.

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Y no se limita solamente a esta actuación, sino que continúa diciendo: “La adecuación de la oferta laboral a las necesidades futuras de las empresas requiere un esfuerzo en la mejora de la cualificación profesional de los jóvenes canarios que, en definitiva, serán los que en el futuro se inserten en el mercado laboral”. Primero y segundo párrafo de la exposición de motivos de este proyecto de ley de crédito extraordinario. Por tanto, se circunscribe a un intento de mejora del nivel de empleo y de la creación de empleo en nuestra región y lo demás son ganas de intentar desvirtuar la realidad por ese pretendido carácter electoralista que se le quiere dar a la ley. Y en consecuencia, definirse como un problema auténticamente legislativo en relación con si una norma determinada define o no la posibilidad de que se modifique o no se haya modificado el Plan de Viviendas, cuando el Plan de Viviendas es algo que yo creo que en este caso en Canarias estaría –aunque está dentro de ellas– por encima, incluso, de las normas. Esta concreta actuación del Gobierno es un compromiso adquirido formalmente en este Parlamento por el Presidente del Gobierno de resolver el Plan de Viviendas. Yo no voy a plantear nuevamente un debate por enésima vez sobre el Plan de Viviendas; esto es consecuencia de los debates que aquí se produjeron. Y realmente yo no sé si habrá que insistir mil veces diciendo que el Plan de Viviendas de Canarias no contemplaba ningún compromiso formal de 3.000 viviendas, que el compromiso eran 7.500 viviendas, y si se conseguía por parte de todos los responsables –Gobierno, ayuntamientos y agentes sociales–, que se incrementara esa cantidad y llegara hasta gastos para 10.000 viviendas, que eso es una realidad, y ése es el límite exacto donde estaba contenido. Desgraciadamente los problemas financieros no permitieron ni que se llegara a esos niveles y, por tanto, el incumplimiento del Plan de Viviendas se definió aquí y se asumió por parte del Gobierno. Pero los problemas que en ese momento se habían producido sabemos todos cuál era su origen: el problema de suelo era un problema manifiesto que impedía a los ayuntamientos cumplir con sus compromisos en ese plan. Los problemas de financiación, por parte de las entidades financieras, también quedaron perfectamente definidos y por un motivo o por otro lo que se hace en este plan de crédito extraordinario es intentar solucionar, en la medida de las posibilidades financieras de la comunidad autónoma, esos dos problemas ofertando un suelo más barato e incrementando la cantidad correspondiente a los adquirientes. Por ello –yo creo– que en ese sentido se podrán emplear o decir o definir 40.000 normas que son interpretativas y que, en ningún caso, van a solucionar el problema de la vivienda. Ahí desde

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esa perspectiva lo que se podrá decir es que se haga más vivienda, pero no “retiren ustedes el proyecto” y aquí no ha pasado nada. En cuanto a la definición de los programas en los términos en que hasta ahora se han venido estableciendo aquí, yo creo que el de educación está perfectamente definido. No creo que ese proyecto haya sido rechazado de manera clara por ninguno de los grupos y muchísimo menos podrá entenderse que estaba ya definido también en los presupuestos que en su fecha se realizaron. Y ello es como una consecuencia lógica –de la que luego hablaremos en el estado de ingresos–, y es que las previsiones tienen que ser realistas, y en aquel momento en los presupuestos que se hicieron no había más cera que la que ardía. La situación de la modificación, tanto de la estructura económica, como de la estructura recaudatoria, como de la estructura financiera, permiten –o cree el Gobierno, y yo estoy conforme con él–, permiten establecer este nuevo impulso a la actuación decidida en la política que el Gobierno ha establecido. Por todo ello, la definición en cuanto al establecimiento, en los niveles de Enseñanza Secundaria, de la Escuela de Idiomas y también, y de manera especial, sobre la Formación Técnico-Profesional, constituyen un objetivo, un objetivo clarísimo, que se ha definido mil veces en esta Cámara, y en el que todo el mundo ha estado de acuerdo, y el ponerle algún pero se debe al carácter de debate que esta ley y que esta norma tienen. Finalmente, en cuanto a lo que hace referencia al plan de medio ambiente, muchas veces me da la impresión de que, desde el punto de vista político y administrativo, salimos de la realidad. Es decir, el reglamentarismo absoluto y definitivo en determinados aspectos hace que muchas veces los proyectos, tanto de inversión como los planes que se establezcan, se convierten en inviables. Al final los dineros no se gastan o no se distribuyen o no se pueden repartir. Y esto es algo fundamental, sobre todo cuando no hace referencia a que los gastos correspondan a, bueno, entidades administrativas o entidades oficiales, porque éste es el ejemplo y esta queja es constante y permanente en todo lo que hace referencia a las ayudas y subvenciones al mundo de la empresa, que es, en definitiva, el que tira de la actuación económica. Pero en este caso es excesivo –me parece a mí– el pretender que un programa que tiene como objetivos... –y hablando claro–, es recoger los vertederos que existen, dónde están tiradas las cajas de cigarros y las botellas de no sé qué, dónde está el vertedero que no se conoce perfectamente, por qué está sucia esta parte de Las Palmas sí o esta parte de Las Palmas no o esta zona de Santa Cruz o la entrada de playa de Las Américas... Eso no se puede situar en un plan en términos cuantitativos que aquí se presenten.

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En otra ocasión se hizo en este Parlamento destinar 300 millones de pesetas al embellecimiento o al pintado o encalado de las casas. Pues el programa no se hace fácil, y tampoco creo yo que el planteamiento del Gobierno en este momento sea, justamente, el de poder definir con un listado exhaustivo dónde va cada peseta. Creo que ésta es una labor que se puede, incluso, presentar o si se quiere dar cuenta después al Gobierno, y no es lo mismo plantear una inversión o crear un fondo para actividades que a esto se refieren que, desde luego, los dineros estén perfectamente controlados. Por todo ello, me da la impresión de que tiene más carácter político el que se rechace esta proposición ...(Ininteligible.) y, sobre todo, que se entre, en la forma que se ha hecho, en los planteamientos de los gastos. Los ingresos, por otra parte, creo que no ha significado un retraso en esta ley el que se traiga en el último pleno. Da la impresión de que siempre se está al límite en este Parlamento, el último pleno, porque se planteó desde el mes de abril y había que buscar los dineros. Y, desde luego, las dificultades que tiene esta comunidad para encontrar financiación –a pesar de su estructura financiera–... pues, desde luego, no son nada fáciles, Y vienen en el último pleno por ese motivo y por otro, que es que se había previsto que este pleno tuviera una serie de actuaciones que correspondían a cuatro meses y cuatro meses, y parece ser que los criterios que el Gobierno o el Estado o las Cortes en su momento tuvieron en el funcionamiento de los parlamentos desde luego no preveían –me da la impresión a mí– la densidad de trabajo y de actuaciones que aquí se están realizando, que empieza desde luego por las leyes, acaba por las comparecencias y continúa con una actividad que significo –yo por lo menos aquí– bastante intensa. En su consecuencia el Gobierno viene en el momento oportuno, cuando cree que puede tener la solución a los problemas financieros, y desde esa perspectiva presentar el proyecto aquí. Por otra parte, la definición o las transferencias que se realizan no creo yo que tengan mayor contestación que la que se ha definido aquí como actuación del interventor. El interventor lo que no puede es definir o certificar que haya determinada cantidad de ingresos. Estamos en un esquema en el que hay que políticamente analizar la tendencia hacia la que se va; pensar que efectivamente esos ingresos se van a producir en buena lógica, con prudencia y determinar a través de ellos cuáles pueden ser los objetivos finales que a través de esos ingresos se pretendan conseguir. Y en cuanto al endeudamiento, bueno yo creo que está perfectamente claro que estamos dentro del marco de los acuerdos de la Comisión de Política Económica y Fiscal; que estamos situados den-

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tro de los problemas de la convergencia y que en ese sentido el esfuerzo que realiza el Gobierno con este endeudamiento responde más que nada a una actuación necesaria. Y nosotros pensamos que, desde luego, muy difícilmente, muy difícilmente se puede rechazar este proyecto de ley sin pensar en el resultado que pudiera tener en relación con los objetivos que se pretenden. Éstos no pueden ser, desde luego, en ningún caso rechazados por ningún grupo político, el plantear problemas de criterios de política económica en la situación en que está Canarias en este momento y, sobre todo, insisto –como ya se dice en sus dos primeros párrafos–, cuando el objetivo principal, cuando el objetivo fundamental que se pretende es la generación de empleo. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Estaba pendiente una fijación de posiciones del Grupo Mixto. (Pausa.) El señor consejero tiene la palabra. El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández): Gracias, señor Presidente. Yo no quería entrar en polémica y entiendo que todo texto de ley es perfeccionable, pero en la intervención del portavoz del Partido Popular me sorprendió el tema que dijera que, primero, que era el pleno de las urgencias del Gobierno. ¡No!, yo creo que no, era la respuesta del Gobierno a un tema urgente, que son temas diferentes. Que había cambio de nombre. Yo no he dicho que el nombre sea diferente –el nombre es el que es, el nombre técnico–, lo que he dicho es que debajo de él lo que hay son unas medidas, un Plan de Acción Especial, de lucha contra el paro. Bueno, no creo que eso sea cambiar nada. Y, por supuesto, el Gobierno tiene gran respeto por este Parlamento. Habla del informe negativo del Consejo Consultivo, pero olvida que hay una manifestación, hay un voto personal donde disienten profundamente con el informe del Consejo Consultivo y también está un informe de los Servicios Jurídicos de la comunidad diciendo que es conforme a Derecho, lo cual quiere decir que –como todos sabemos– en Derecho las posiciones son diferentes. Por otra parte, la posición del Consejo Consultivo en lo que incide es en un hecho realmente sorprendente que privaría a cualquier gobierno de presentar un crédito extraordinario, porque entiende que los créditos extraordinarios sólo son para resolver gastos realizados. Es decir, como si fuera una respuesta o una obligación, y eso, realmente, no es la aplicación de los créditos extraordinarios. Usted que ha trabajado en la Administración general del Estado en el tema presupuestario conoce de

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sobra que los créditos extraordinarios muchas veces a lo que responden es a necesidades políticas extraordinarias y no a gastos realizados. Eso es el uno partido por mil de los casos. Es decir, cuando se acude a un crédito extraordinario es porque ya hay un gasto realizado. Lo normal es que haya una actividad que realizar y para ello se busquen los créditos ordinarios, y ésa es la opinión negativa del Consejo Consultivo, de lo que hay un voto particular que disiente totalmente de esa interpretación. Insisto, hay un informe de los Servicios Jurídicos que dice que es totalmente conforme a Derecho. Bien, opiniones de abogados hay, usted puede optar por la que quiera, pero, desde luego, hay dos contra una. Por otro lado, dice usted que por qué ha aparecido –creo que fue usted y si no perdone–, que cómo es que ha aparecido de repente esta obligación –hablaba usted de la formación de los centros de formación– y que no lo habíamos tenido en el presupuesto. Pues, sencillamente, porque no teníamos recursos, pero da la casualidad de que la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo ha puesto a disposición de la comunidad autónoma la posibilidad de cofinanciar, no sólo los centros de Formación Técnico-Profesional, sino los centros de Formación Profesional reglada. Es decir, ahora tenemos la oportunidad que no teníamos en el mes de septiembre, porque no solamente no estaba aprobado el Marco Comunitario de Apoyo, no teníamos el marco, sino ni siquiera teníamos la posibilidad de incluir centros de formación educativa, que ahora sí que podemos. Habla usted de que tiene una preocupante situación de la comunidad autónoma por el endeudamiento. Bien, yo entiendo que para alguna mentalidad el endeudarse es malo. Yo, personalmente, procuro evitar endeudarme, pero la deuda todo depende para lo que se destine. Si usted se endeudara para gastos superfluos, sería una actitud negativa; si se endeuda usted para una construcción, para una edificación, para algo que va a beneficiar a las generaciones futuras y que la generación futura pagará, eso es el recto sentido del endeudamiento. Por otra parte, difícilmente puede entenderse que por la situación de la comunidad estamos en esa situación tan complicada, cuando estamos aproximadamente en el 6’7% de los ingresos corrientes y la LOGSE nos permite llegar al 25, cuando estamos en un nivel de endeudamiento de los más favorables y estamos en los mejores rating de todas las comunidades autónomas. Por otra parte, cuando el Estado –y lo dije antes– se ha ido, desgraciadamente, muy lejos de los objetivos de endeudamiento, nosotros con este crecimiento de la deuda –porque si no estaríamos por debajo– estamos exactamente en 1’5% desviados de las perspectivas cuando otros se han desviado al 100%.

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Con ello quisiera explicarle también a don Augusto Brito que en el tema del endeudamiento hay que tener en cuenta las amortizaciones, porque es la deuda anterior más la deuda que se adquiere menos las amortizaciones. Nosotros estamos exactamente con ésta. Con las 3.500 de deuda, exactamente superaríamos en 2.100 millones el presupuesto inicial de ese proyecto de convergencia en el que desgraciadamente ...(Ininteligible.) nadie cree ya, porque, claro, ninguna comunidad la ha podido mantener y el Estado mucho menos. No es que hayamos recurrido –que también podríamos– al 40% del gasto corriente derivado de la Sanidad, que serían 40.000 millones más. No se nos ha pasado por la cabeza meter esa posibilidad de endeudamiento, que es real dentro de este contexto. Estamos jugando dentro del 40% de los ingresos corrientes previstos, ordinarios, sin tener en cuenta el presupuesto de Sanidad, recientemente incorporado, que hay que esperar realmente hacia dónde va y cómo va a evolucionar. Voy a referirme al tema de la Vivienda. Se ha interpretado la palabra... –exactamente voy a utilizar la que dice aquí para que no tenga duda–, bueno, habla de reorganización o reprogramación en un sentido diferente. Aquí lo que se reprograma son las anualidades del dinero. Es decir, el programa de viviendas, señor portavoz del Partido Socialista, por ejemplo, yo le he oído a usted decir una cosa que me ha sorprendido, que se pretende pasar las viviendas en venta a los ayuntamientos recargando la... (Ininteligible.) ¡No!, es que eso es lo que dice el plan que aprobó usted. Lo dice exactamente así, léalo. Eso es lo que dice. El programa de viviendas era exactamente –dicho en cifras muy generales–, era 4.178 viviendas con ese ...(Ininteligible.) de promoción pública en venta; 4.172 viviendas en arrendamiento y unas 2.000 viviendas en autoconstrucción. Y se decía que la comunidad autónoma haría 3.000 viviendas en renta más 1.172 que eran del programa de Las Palmas que estaban unidos y que haría 2.500 viviendas –2.000 o 3.000 unidades de viviendas de autoconstrucción–, y que había 4.500 viviendas en venta y se decía que lo harían los ayuntamientos y la comunidad privada, y eso lo dice el documento que se aprobó en esta Cámara. Otra cosa es –y ahí es donde responde... lo que significa este proyecto de ley– la habilitación de recursos para hacer más viable ese objetivo. Por otro lado, el portavoz del Partido Popular dice: “es que se perdieron 3.000 millones de dinero del Estado y ahora se endeuda a la comunidad autónoma para lo mismo”. ¡No señor!, está totalmente equivocado. Lo que se financia aquí en este programa es el suelo –para lo que no hay ayudas del Estado– y se habilitan –que el Estado no lo daba– 400.000 pesetas más por unidad de vivienda en venta. Pero el objetivo de la vivienda es el mismo, el mismo que

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programó Ildefonso Chacón hace unos años. Lo que se cambia son las anualidades, porque, como es lógico, la anualidad de este año era muy baja para poder hacer esos objetivos. Estaba hecha, precisamente, al ritmo de lo que estaba ocurriendo, pero este Parlamento decidió dar énfasis, reforzar la actividad para poder hacer viables las 4.500 viviendas en venta. Y por eso el Gobierno –decreto que está hoy en el Boletín de la comunidad autónoma– ha establecido un proceso de ayuda o subvención de 400.000 pesetas a los adquirentes de las viviendas en venta, y es la única novedad de incremento. Otra cosa es que se incremente el ritmo. Y las cifras que usted maneja no sé de dónde las sacó. Decía qué cómo podíamos hacer con ese dinero tanto; ¡pero es que yo creo que usted no ha manejado las cifras que están en el proyecto!, porque las cifras que hay en el proyecto son 7.800 millones de pesetas, 7.800. En el suelo en rentas parece que es evidente que si son 3.000 viviendas por 600.000 son 1.800 –es lo que hay aquí, está todo–; para el suelo en venta 4.500 por 600.000 pesetas son 2.700 –es lo que pone aquí–; para el suelo de construcción 2.500 por 600.000 son 1.500 –es lo que pone aquí–; para la vivienda en venta, como se habilitan 400.000 pesetas más que ya no son del suelo, 400 por 4.500, 1.800. Total, 7.800, es exactamente lo que pone aquí. Es decir, que lo que prevé este proyecto es el suelo necesario para las viviendas que estaban previstas y además 1.800 millones para que los particulares, promotores particulares o los ayuntamientos, cuando hagan las viviendas que estaban previstas en el plan inicial, tengan un acicate más, que ya no son sólo las 600.000 que se da al promotor, sino 400.000 pesetas al adquiriente. Y sigue existiendo la financiación del Estado y la financiación que está prevista, porque esto no afecta para nada a la financiación del programa, porque parece que se ha confundido, y es que cada vivienda tiene una ayuda del Estado, ya sea por la vía de la subvención, ya sea por el apoyo a los créditos hipotecarios. Luego, la reprogramación es una reprogramación que sólo tiene como objetivo incrementar la anualidad que había en este ejercicio para hacer viable ese programa en el año 94/95 si responden todos los interesados y simultáneamente dar un mayor acicate a su ejecución. Pero nada significa que estemos sustituyendo con dinero de la comunidad dinero del Estado; no tiene nada que ver. No se nos olvidó –como dije antes– incluir, ni mucho menos, el tema de la construcción de los centros, lo que pasa es que no teníamos recursos. Ahora, viendo que son susceptibles de apoyarse en los créditos europeos, que está así planteado a nivel de Europa, que nos lo admiten, lo ponemos, y lo ponemos con urgencia hoy, porque lo queremos acoger al Presupuesto del 94 de fondos europeos. ¡Así de claro!

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Respecto al plan medioambiental, bueno, efectivamente, este Plan de Acción Medioambiental es un plan que aprobó el Gobierno, no ha sido sometido oficialmente al Parlamento. Pero si ése es el objeto, yo estoy convencido de que no hay en absoluto inconveniente en que se plantee como plan para discusión. Pero lo que sí está es una memoria de lo que se pretende con este objetivo. Y dice lo siguiente –debe estar en el proyecto porque se incluyó–: “El Gobierno de Canarias aprobó un Plan de Acción Medioambiental, cuyas líneas se encuentran vinculadas íntimamente al Plan de Desarrollo general de Canarias. Ha desarrollado un modelo territorial Canarias en el que la interdependencia en medio ambiente y economía no es sólo evidente, sino también una de las más estrechas en el marco del territorio nacional. Este modelo ha tenido como eje básico el turismo en torno al cual se organiza la mayor parte de las demás actividades productivas como la construcción, el comercio, los transportes, la producción de alimentos. El desarrollo en el turismo canario se ha apoyado tanto en el atractivo de su clima como en la presencia de recursos de alto valor paisajístico y ecológico, pero la escasa atención prestada en la planificación y protección del entorno han provocado un notable deterioro medioambiental que comienza a perjudicar seriamente el atractivo actual y futuro del archipiélago como producto turístico. El presente plan especial se enmarca en este sentido por la oportunidad del momento actual donde se vislumbra una recuperación económica y es necesario una acción extraordinaria que garantice la estabilidad del sector turístico, que se caracteriza por su especial sensibilidad al medio ambiente”. Los objetivos son, por lo tanto, la protección y restauración del paisaje como componente integrador, e inmediata perfección de la calidad ambiental, educación ambiental y formación del personal para las nuevas necesidades que demandan dichas actividades. Las actuaciones se centrarán en las áreas naturales y urbanas en grave deterioro, con especial atención a las áreas de mayor atracción turística. La actual sobreextracción de los recursos es inviable como modelo de desarrollo, que habla del PDR 92-94, y como eje prioritario el siguiente –en el 3–: la preservación y elevación de la calidad medioambiental con especial atención a las zonas turísticas, la mejora de la calidad. Y el programa de acción dice: “son en gran medida complementarios los iniciados por el Gobierno de Canarias y otras instituciones locales y cabildos insulares”. La novedad estriba en su intensidad y en el carácter global del mismo, donde aúnan esfuerzos globales para dar, de una forma definida, cambiar

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la impresión ambiental, dándole un carácter ejemplizador y demostrativo con el componente educacional que esto lleva. Por ello es importante el apoyo de una campaña de divulgación y mentalización que logre ser el elemento de transmisión a todos los sectores canarios de identidad, naturaleza, forma de comportamiento y defensa de los valores ambientales. Protección y restauración del paisaje. Primer punto: plan de choque de limpieza regional con especial incidencia en los espacios protegidos, recogida de chatarra, limpieza de cauces, travesías y palmerales, escombreras, recuperación de vertederos, recuperación de afecciones producidas por obras de infraestructuras, completar la red de recogida de vidrios, pilas, cartón, papel usado, etcétera. Punto 1.2: mejora de la calidad ambiental en zonas urbanas con especial referencia a las turísticas; plan de limpieza de plazas, campaña de formación y concienciación de los nuevos productos turísticos; restauración de elementos ...(Ininteligible.) del paisaje, áreas recreativas y de descanso, retirada de la publicidad no autorizada, vallas, banderolas, etcétera; intervenciones puntuales del paisaje urbano con especial dedicación a los elementos más degradados; restauración del paisaje urbano, enfoscado y pintura de fachadas; restauración y mejora de plazas y su entorno; recuperación de ambientes urbanos de interés; repoblación y lucha contra la erosión; plan de Formación Profesional medioambiental, y aquí se explica por qué parte de los fondos de formación ha ido aquí, porque hay un plan de formación de personal medioambiental. El programa se complementa con la formación de especialistas en medio ambiente, así como con un programa de trabajo en prácticas que permita dotar a los desempleados de los conocimientos, habilidades y destreza, que domine los instrumentos y las herramientas propias de las actividades laborales y que se desarrolla en programas anteriores. Entre otros se propone guía e intérprete de espacios naturales, capataces para la restauración de espacios naturales, gestores y los vinculados a las distintas ramas de ingeniería y construcción. Las actuaciones se realizarán primordialmente a través de cuadrillas de personas dotadas de operatividad autónoma, verdadera flexibilidad y creación de empleo mayoritario. Señorías, yo entiendo –y creo que puede ser una medida que el Gobierno aceptaría– que se intentara precisar dentro de este ejercicio... –porque qué duda cabe que para los ejercicios posteriores va a estar plenamente definido en los Presupuestos cuáles son las actividades a desarrollar dentro de cada ejercicio–, que se intentara precisar más este programa medioambiental, pero creo que los objeti-

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vos son claros. Las pretensiones también lo son, y realmente no entiendo cómo se puede pensar o se puede poner en cuestión en el momento actual un proyecto que lo que pretende es resolver una demanda urgente de la sociedad canaria. Por un lado, el tema evidente de la necesidad de preparar con urgencia, ahora que tenemos los recursos, que podemos acogernos a los fondos europeos, centros para la formación de nuestra gente. Se decía que era indefinido la formación técnico-profesional. El objetivo está claro: es crear en las áreas metropolitanas cuatro centros de formación técnico-profesional, donde se puedan dar los cursos de formación a la formación no reglada, con independencia de que pueda usarse para la reglada en caso necesario. Que se reprogramen las anualidades, que no el programa, el programa es el mismo que existía. Se hacen las mismas viviendas que estaban previstas, lo único que pasa es que se habilitan recursos este año para que puedan responder los promotores privados y los ayuntamientos a esas 4.500 viviendas –eran 4.500 más 1.372, y que sólo se han hecho esas 1.300–. Luego, cómo se puede decir que esto no es urgente, cómo se puede pensar que un plan que lo que pretende es mover con agilidad recursos, empezar a poner en marcha un plan de restauración medioambiental... Creo que es una demanda total de la sociedad canaria, de los sectores turísticos, del propio ciudadano considerar que esto es electoral. Bien, es una manera de desacreditar un programa, Señorías, pero yo creo que la verdad se impone. Lo que se pretende son objetivos reales que la sociedad demanda, con recursos fácilmente admisibles, porque, por ejemplo, una de las intervenciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista... Yo le pude haber expuesto a ustedes como financiación el incremento de la recaudación tributaria. A efectos de finales de mayo hemos recaudado 2.000 millones más en impuestos de transmisiones que en el ejercicio anterior; que existe realmente un incremento del PPI –como expliqué en mi primera intervención– como consecuencia de que ha modificado el Estado el coeficiente de participación de Canarias en los fondos del PPI al haber retirado ese descuento del 6% en base a un hipotético... que no solamente incidía como componente, sino incidía también en la base al suponer que el presupuesto del Estado iba a crecer en términos reales 4’5% cuando desgraciadamente lo que ha hecho es decrecer 1’2%, cuando eso era una cantidad que nos detraían de nuestros PPI y que ahora nos han restituido modificándose el coeficiente. En resumen, Señorías, yo entiendo que el proyecto responde a una demanda de la sociedad, que es perfeccionable, pero en ustedes está el voto.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El Grupo Popular, el señor Bravo de Laguna. El señor BRAVO DE LAGUNA BERMÚDEZ: Señor Presidente. Señorías. Ya dije antes en mi intervención que las prisas no son buenas consejeras, las urgencias no son buenas consejeras y los nervios que pueda tener el Gobierno tampoco son buenos consejeros. No se puede insistir en un planteamiento que en estos momentos ocupa a la sociedad canaria de que eso de la legalidad es una cosa que se puede uno saltar cuando se quiere; de que eso de que los tribunales de oposición, pues, no se le hace mucho caso; de que no hay una obligación legal reconocida, aceptada por el Parlamento pero que si se quiere se puede traer aquí un documento que se dice repartido en una comisión. ¿Pero adónde vamos a llegar Señorías en los límites de las tragaderas de este Parlamento en lo que se quiere hacer desde el Gobierno? Yo, con toda sinceridad, creo que el debate hoy, en la opinión pública y en la calle, no está en este punto. Y probablemente algunos ya lo han calificado de exceso de formalismo y de exceso de pretensiones formales. Yo creo que es algo mucho más serio lo que aquí estamos debatiendo. Se nos ha traído un proyecto de ley donde se nos pide, al Parlamento, que es quien tiene la facultad de autorizar un gasto extraordinario, 2.000 millones de pesetas que se denomina para un plan medioambiental, y se incorpora un anexo tercero donde teóricamente está desarrollado ese plan medioambiental, y el señor Consejero de Economía y Hacienda viene aquí y descalifica al Consejo Consultivo de Canarias diciendo que “bueno, total, los Servicios Jurídicos del Gobierno han dicho lo contrario, qué más da, son opiniones jurídicas”. El Consejo Consultivo de Canarias es el máximo órgano consultivo de la comunidad. La Intervención General de la comunidad autónoma algo tendrá que decir respecto a ingresos y gastos. ¿Pero qué desprecio, qué menosprecio es éste ya, a las normas jurídicas de las que nos hemos dotado? Para descalificar además enmiendas que presenta la Oposición en base a un derecho perfecto que tiene. ¿Cómo se nos puede decir que no se puede calificar este pleno de un pleno de urgencia, cuando ustedes nos traen la Ley del Instituto de la Mujer a punto de vencer el plazo; la Ley de adaptación de la Ley de Procedimiento Administrativo, que quiero recordarles a ustedes que entró en vigor el 27 de febrero del 93, nos lo traen un año y medio después de adaptación de la legislación de la comunidad autónoma a esa legislación? ¿Y nos dicen ustedes que este no es un pleno de urgencia? Y nos traen ustedes un crédito extraordinario que el Consejo Consultivo, por mayoría –los órganos deciden por mayoría–... Éste es el informe del Consejo

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Consultivo, si hay un consejero que hace un voto particular, pues, allá él, pero el Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo dice que esto no se tiene en pie; habla de posible vulneración de preceptos constitucionales, de preceptos del Estatuto de Autonomía y de normas de la Ley de la Hacienda Pública Canaria. Y ustedes, por ejemplo, aprueban gastos de inversiones para campañas de mentalización y no sé qué, que no son gastos de inversiones. El endeudamiento, como ustedes saben muy bien, en caso de autorizarse, tiene que ser para gastos de inversiones. Ustedes cometen flagrantes ilegalidades en este proyecto de ley. Apruébenlo ustedes con su mayoría de 30 Diputados, da igual. Contiene graves ilegalidades. Y ustedes harían bien en no seguir transmitiendo la sociedad canaria que vale cualquier tipo de ilegalidad, que los requisitos formales y jurídicos y las normas, pues están, pues, para saltarse el uso alternativo del Derecho que tan mal resultado ha dado a nivel nacional en muchas políticas del Gobierno central. Señores del Gobierno y señores de la mayoría o de los grupos que apoyan al Gobierno, nosotros, el Grupo Popular, ha mostrado siempre su disposición y su colaboración a aceptar lo que es razonable. Un crédito extraordinario, en un momento determinado, ante las prisas, las premuras, eso lo entendemos todos. Esta mañana hemos dado prueba de ello, con la ley universitaria, con las otras leyes incluso teníamos prevenciones sobre el tema del Instituto de la Mujer, etcétera, no hemos presentado enmiendas de totalidad, pero este proyecto en concreto sobrepasa los límites de cualquier persona que tenga mínimos conocimientos en materia de Hacienda Pública, señores. Esto no se puede hacer, no se puede hacer aunque ustedes lo impongan por mayoría. La mayoría no siempre significa tener la razón, y ustedes en este punto no tienen razón. Ustedes lo que deberían hacer es retirar el proyecto, traerlo fragmentado. El tema de las inversiones en materia de enseñanza, que está especificado en qué se va a gastar, nosotros hemos dicho que podríamos estar dispuestos a apoyarlo, porque entendemos que puede ser una necesidad. Si fuese tan urgente y tan perentorio, ustedes son unos insensatos o unos irresponsables, porque resulta que ahora de repente se dan cuenta de la enorme trascendencia y urgencia de traer eso en lugar de traerlo antes. Dice usted que es que no había dinero. A ver si se aclaran ustedes, ahora resulta que sí hay dinero, porque se recaudan más impuestos públicos, porque se puede endeudar, etcétera, etcétera. Miren ustedes, en cualquier caso, traigan ustedes ese proyecto troceado; traigan ustedes, previamente, el llamado plan medioambiental (Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores.), lo discu-

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tiremos. ¡Si nosotros estamos por supuesto a favor de una política medioambiental! Pero no hagan esto. Ustedes no pueden decirnos seriamente, al Parlamento: “aprobemos los 2.000 millones y si ustedes quieren, luego traemos un papelillo aquí para que se sepa qué es un plan medioambiental”. ¡Por favor!, esto es mucho más serio que todo esto. Estamos jugando con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de los ciudadanos. Usted dice que no le preocupa endeudar más a la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahí podemos discrepar. Usted dice que no le preocupa, a mi me preocupa que usted, en dos años, haya duplicado el endeudamiento público de esta comunidad autónoma. Usted dice que eso se puede hacer, pues muy bien. Con políticas así estamos con cuatro millones de parados. Ustedes dicen es imprescindible hacer esto porque el paro aumenta en Canarias. Ése es el reconocimiento del fracaso de una política económica. Usted lleva de consejero de esta área durante seis o siete años. Bueno, de Economía y Hacienda no, de Hacienda, y de Economía y de superconsejero, de todo, ha sido usted consejero en esta comunidad autónoma. Y si no pregúnteselo usted al señor Batllori que le pregunte a ver quién le pone las pegas en los accesos a la Función Pública. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, el señor Brito. El señor BRITO SOTO: Gracias, señor Presidente. Decía el primer interviniente: “bueno, es lógico, es lógico –decía–, que la Oposición plantee una enmienda de totalidad a este asunto”. Pues no es lógico, no es lógico. Esta mañana ha habido otros proyectos de ley y no hemos presentado enmienda de totalidad, y en un caso donde la presentamos para que hubiera un debate en relación con asuntos que entendimos que tenían que ser necesariamente debatidos en esta Cámara y puesto, digamos, un límite a determinadas actuaciones públicamente, para no entorpecer el objetivo que entendíamos razonable, retiramos la enmienda de totalidad. Por tanto, no es lógico, no es lógico. Lo lógico, me parece a mí, es que vista la cantidad de argumentos que se han expresado, visto el informe del Consejo Consultivo, vista la posición de la Intervención General, lo lógico sería que usted dijera, hombre, que el Gobierno retire el proyecto de ley. Eso sí me parece a mí más lógico, sí me parece a mí más lógico. Pero no se puede descalificar una posición política de la Oposición diciendo: “bueno, es lógico que la Oposición presente una enmienda de totalidad”. Unas veces es

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lógico, y se demuestra, otras veces no es lógico y no se presenta. Y en ocasiones la presenta la Oposición y es ilógico también, en ocasiones. Pero, en este caso, yo creo que lo lógico era que fuera usted el que rectificara, y no nosotros. Yo, en relación con este tema, le digo únicamente una cuestión. Miren, si ustedes traen un plan serio, en torno a estos mismos objetivos, desarrollados y programados, y programados, nosotros apoyamos este proyecto de ley. Pero programados, programados, seriamente especificada la estructura de gasto, no lo que han traído, y seriamente demostrados los datos de ingreso. Si eso se hace, nosotros lo apoyamos, porque creemos que las finalidades, en términos generales, son positivas. Y ya de paso le contesto al Consejero de Hacienda. Señor Consejero de Hacienda –y también al representante de las AIC, que también hizo una intervención de este tipo–, mire, en democracia lo formal es sustancial, en democracia lo formal es sustancial. Lo formal es muy importante en democracia, y no se pueden descalificar los argumentos de la Oposición diciendo.... Hay una expresión, dijo en un momento determinado el representante del grupo parlamentario izquierda canaria, dice, bueno, es que la Oposición ha dado argumentos meramente políticos. Dijo en otro momento el representante del Grupo Centrista, la Oposición ha dado una interpretación meramente jurídica. Bueno, es que por lo visto ni los datos o los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos valen aquí. ¿Entonces qué argumentos son los que valen? Porque claro, en un Parlamento se dan argumentos políticos y argumentos jurídicos. Si uno descalifica, pues eso son argumentos políticos; y otro descalifica: pues eso son argumentos jurídicos. Pues no sé qué hacemos nosotros aquí, no sé qué hacemos nosotros aquí. Bien, yo tengo un montón de cosas que quiero comentar, voy a ceñirme a las más sustanciales. Miren, cualquier parecido entre el Plan de Acción Medioambiental que se propone y lo que dice el Libro Blanco del señor Delors es pura coincidencia, es pura coincidencia. Esto es un cheque en blanco, lo que se pretende. Y el Libro Blanco del señor Delors habla de acciones, de inversión, en el área del medio ambiente, como habla de grandes infraestructuras... Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo le diría, por ejemplo, lo que está pasando en La Gomera hoy ya con el Plan de Acción Medioambiental: hay un señor de un grupo político que tiene representación en esta Cámara que está recorriendo los caseríos de la parte alta de Vallehermoso diciendo a todos los vecinos “miren, que a partir del mes que viene les contratamos por el plan medioambiental de Canarias para limpiar las palmeras que están un poco más abajo”. Eso está ocurriendo en la isla de La Gomera en este

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momento, está ocurriendo eso. Vamos, ha ocurrido en las semanas anteriores. Eso está ocurriendo. Eso es el Plan de Acción Medioambiental. Cualquier parecido entre eso y lo que el señor Delors dice en el Libro Blanco... usted verá, usted verá... usted verá. Bien, al señor consejero. Yo no he dicho que las viviendas en venta se pretendan pasar a los ayuntamientos, eso es lo que dice el Plan de Vivienda que aprobamos hace año y medio, en el 1992, que dice que las construirán los ayuntamientos y los particulares, los promotores privados. Lo que yo he dicho, que es una cosa distinta, es que se están pasando actuaciones de régimen especial, alquiler, a actuaciones de régimen especial, venta. Eso es lo que he dicho, que es una cosa distinta. ¿Y por qué está haciendo eso el Gobierno? Porque las actuaciones régimen especial, alquiler, las tiene que construir el Gobierno con sus propios recursos, y las actuaciones de régimen especial, venta, las traslada a los particulares o las traslada a los municipios. Eso es lo que he dicho. Y eso sí está ocurriendo. Y lo que debiera ocurrir es precisamente lo contrario. Se ha demostrado en la práctica que los particulares con menos de 2,5 veces del salario mínimo interprofesional no tienen posibilidad de adquirir una vivienda, y por tanto el segmento que hay que potenciar es el de régimen especial, alquiler, y no el de régimen especial, venta. Y ustedes hacen justo... Es lo que dice además la moción. Y ustedes hacen justo lo contrario, lo que hacen es incrementar el segmento régimen especial, venta, para trasladarlo a los ayuntamientos y trasladarlo a los particulares (Se enciende la luz roja en la tribuna de oradores.). Y de hecho, 4.500 frente a 3.000 de régimen especial, alquiler. Es el segmento que se protege, que se potencia en mayor medida. Segundo lugar. Sí se produce reprogramación, ya antes lo demostré. Las actuaciones en régimen especial que ustedes plantean suman 8.700 actuaciones. Se pierden en régimen especial 1.300 actuaciones, para completar las 10.000. Y, señor Ucelay, el plan decía 10.000 actuaciones, no decía 7.500, decía 10.000. ¿Que nos equivocamos? Es posible, pero el plan decía 10.000, y las mociones que se han aprobado en enero y abril relativas al plan dicen: objetivo número uno, recuperar, mantener los objetivos iniciales del plan. Por consiguiente, no ya es que el plan se equivocara es que las mociones que aprobamos hace dos meses y hace cuatro meses vuelven a ratificar ese objetivo, y se pierden 1.300 actuaciones en esta reprogramación. Ha hecho un esfuerzo... Bueno, en materia de las subvenciones, que usted ha hecho una serie de cuentas, mire, yo las cuentas que me salen es que con un dinero ustedes plantean cuatro objetivos. Plantean construcción de viviendas régimen especial, construcción de viviendas de régimen general, plantean subvenciones y plantean autoconstrucción, cuando las cuentas sólo para la materia

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de subvenciones suman aproximadamente el dinero que ustedes destinan a viviendas en esta ley de acción especial. Por consiguiente, será que el resto de las actuaciones, el resto de la actuación en materia de viviendas, pues, no sé de qué otro fondo la van a financiar. Voy acabando. Usted ha hecho un esfuerzo... El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya concluyendo. El señor BRITO SOTO: ...en materia de Plan de Acción Medioambiental leyéndonos aquí una serie de objetivos y medios. Pero, vamos a ver, planificar es establecer un plan y luego programar en relación con ese plan, ¿cuánto se destina a cada objetivo o a cada eje de esos que usted nos ha leído, a cada actuación? Eso no se hace, porque no se ha planificado y programado ese Plan de Acción Medioambiental. Es un cheque en blanco de 2.000 millones de pesetas. En una línea de actuación que además han desarrollado tradicionalmente, perfectamente, cabildos y ayuntamientos, que lo siguen haciendo, y que lo lógico es que ustedes lo que hagan sea concertar esa actuación con cabildos y municipios. Pero no, ahora el Gobierno quiere a siete meses, ocho meses de las elecciones aparecer gastándose 2.000 millones de pesetas en un plan que yo no dudo de su bondad, pero que desde luego tiene un componente electoralista que ¡vamos! es la primera observación que te hace cualquier diputado. Cuando se adjudicó en el grupo quién iba a llevar este asunto la primera observación que me hacían todos los diputados es: “muchacho, esto tiene un tufo electoralista total” –lo del Plan de Acción Medioambiental–. Porque claro, un cheque en blanco en materia de actuación medioambiental, de limpieza y restauración de fachadas y tal a siete meses de las elecciones, usted verá. Y, luego, con los antecedentes que hemos conocido que se están dando en La Gomera usted verá la línea en la que eso parece deslizarse. En fin, culmino con esta cuestión. Y vuelvo a reiterar meramente diciendo, traigan ustedes, en torno a estos mismos objetivos, un planteamiento definido desde la perspectiva de los ingresos y definido desde la perspectiva..., y con explicaciones suficientes, con explicaciones suficientes, y programado desde la perspectiva de los gastos y no tengan duda que al menos en nuestro caso tendrán nuestro apoyo, no tengan ustedes duda. ¿Y que una parte de ese plan se puede financiar con endeudamiento? Ciertamente. No somos, y hay que reconocerlo, una comunidad especialmente endeudada, no lo somos, es que hay que ser honestos en ese sentido, no lo somos, y, efectivamente, el nivel de endeudamiento en nuestra comunidad puede soportar esos 3.000 millones de pesetas, seguramente, perfectamente.

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El señor PRESIDENTE: Señor consejero. El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (González Hernández)(Desde su escaño): Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, intentaría empezar, quizás un poco distensionado, que yo... supongo que esa información de las elecciones de aquí a siete meses será información interna del Partido Socialista. Es decir, ¿va a haber unas elecciones dentro de siete meses? Pues es una información interesante. Porque hasta ahora, desde luego, no serán en la comunidad autónoma, quizás sea a nivel general del Estado. Es una información de la que tomamos nota. En cuanto al tema de planificación y programación. Planificar es planificar y programar es programar, parece que es algo contradictorio, parece que usted entendía que planificar es programar. Son dos cosas diferentes. Voy a intentar aclararle el tema de la Vivienda, ya en serio, porque, sinceramente, está usted equivocado. Y como está usted equivocado, pues lo voy a explicar. En primer lugar aquí no está todo el Plan de Vivienda, ¡pues bueno fuera! Por ejemplo, no están las mil ciento... El plan dice: vivienda en renta, 4.172. Que son las 1.172 en Las Palmas, que aquí no están, pues ya están financiadas completas, más las 3.000 que aquí se financian, son las 4.172. Viviendas en venta: 4.500 más 1.300. Y las 1.300 tampoco están porque ya están financiadas. Luego... aquí lo que está es lo que está sin financiar. Son 3.000 más 1.172, 4.500 más 1.300 más 2.500. Luego no falta ni una, lo único que ocurre que no se va a poner aquí en el plan de financiación lo que ya tiene financiación. Por otra parte, le diría, y es hora que lo diga aquí, porque yo he oído reiteradas veces cuando se habla de las entidades financieras que se niegan... el Banco Hipotecario de España. El Banco Hipotecario de España en una reunión en la que estábamos presentes el señor Chacón y el consejero que suscribe dijo que los préstamos a la comunidad autónoma para viviendas en renta habían quedado eliminados al nivel de 20.000 o 21.000 millones. Y que solamente se lo darían a los ayuntamientos, uno a uno. Y que no iba a dar más, en absoluto, ni una peseta más a la comunidad autónoma. Ése es el banco que se ha negado, y por eso precisamente se ha derivado a lo que dice el plan: que lo hagan los ayuntamientos. Se ha ofrecido la oportunidad, creando las oficinas, de asesoramiento y de funcionamiento, no le cuesta nada al ayuntamiento hacer estas viviendas. Con un millón de pesetas de subvención, más lo que da el Estado, más el préstamo hipotecario, el coste es cero. Le cuesta gestión. Gestión política, pero cada uno está elegido para hacer frente a sus obligaciones.

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Usted debe saber –seguro que lo sabe– que el Plan de Vivienda del Estado no incluye en ningún sitio el coste del solar. ¿Sabe usted por qué? Porque las promociones las hacen los ayuntamientos y los ayuntamientos ponen su suelo. Así está diseñado el plan por el Estado. El que la Comunidad Autónoma de Canarias ha hecho las viviendas en renta eso es una cosa excepcional a nivel nacional. Está diseñado para que los ayuntamientos promuevan viviendas, y por eso en el valor de la vivienda no se financia nunca el suelo porque, entiende el Estado, que cada ayuntamiento a través de los planes urbanísticos y de las acciones obligatorias tiene que tener suelo para hacer viviendas. Aquí, como sabemos que no ha funcionado bien, el Gobierno de Canarias ha previsto 600.000 pesetas para que el ayuntamiento prepare el suelo y 400.000 para que lo adquiera. No se está pasando en nada, es lo que decía el plan inicial, el número de viviendas es exactamente el mismo. Yo no voy a hablar de que si es el plan Delors o no es el plan Delors –bueno, será el plan de Felipe González, mañana, no lo sabemos–. Lo que sí voy a decir es lo siguiente: yo tengo absoluto respecto por lo formal, la formalidad. En absoluto estoy en contra ni soy ni tengo nervios –porque tengo nervios por otras cosas, no por ésta, evidentemente– ni tampoco entiendo que se debe ser contra los normas, creo que efectivamente el control democrático está en el control del cumplimiento de las leyes, pero lo que pasa es que lo que estamos en diferencia de opiniones es si se está o no se está cumpliendo la ley. En las viviendas se está cumpliendo a rajatabla. Y en cuanto al tema sobre el Consejo Consultivo, a mí me gustaría saber cuántos diputados han leído el informe, pero yo quería decir que la opinión disidente dice clarísimamente –y ahí basta ver lo que ha hecho el Estado y todas las comunidades autónomas– que no se halla congruente con la naturaleza política que el Gobierno tenga que esperar a que nazca la obligación financiera y la posibilidad de realizar el subsiguiente gasto, o que establezca norma oportuna, o se realice el negocio o actuación pertinente, para prever que ello va a ocurrir y que el gasto va a poder demorarse para el ejercicio siguiente al menos totalmente. Es decir, el argumento, otro argumento tiene usted razón, pero es que no es contradictorio lo que dice la ley. Se podrán realizar actividades de promoción ¡por supuesto! con los créditos no derivados de la deuda, porque ahí está mandando la Ley General Presupuestaria; sí, eso hay que advertirlo, se advierte, se le introduce una enmienda diciendo que se refiere a los créditos no procedentes de endeudamiento. Nunca se pretendió eso, pero es que diga lo que diga la ley está la Ley General Presupuestaria por detrás. No está contradictoria, pero eso es una enmienda totalmente admisible, y

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el Gobierno está dispuesto a admitir porque es el sentido de la norma. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Ha terminado el debate. Se va a someter a votación, en primer lugar, la enmienda de devolución del Grupo Popular. Los que estén a favor de la enmienda de devolución del Grupo Popular, que levanten el brazo (Pausa.). Gracias. Los que estén en contra, que levanten el brazo (Pausa.). Gracias. Queda rechazada la enmienda de devolución del Grupo Popular por 29 votos a favor y 30 en contra. Pasamos ahora a la enmienda de devolución del Grupo Socialista. Los que estén a favor, que levanten el brazo (Pausa.). Gracias. Los que estén en contra, que levanten el brazo (Pausa.). Gracias. Queda rechazada la enmienda de devolución del Grupo Socialista Canario por 29 votos a favor y 30 en contra. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor Vicepresidente segundo, Cabrera Montelongo.). DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. SOLICITUD DEL GOBIERNO DE ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA PRESENTAR, ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DE UN PARQUE NACIONAL EN GRAN CANARIA (PARQUE NACIONAL DEL NUBLO). El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día. Debate de toma en consideración. Solicitud del Gobierno de adopción de acuerdo para presentar, ante el Gobierno del Estado, Proyecto de Ley de Declaración de un Parque Nacional en Gran Canaria (Parque Nacional del Nublo). En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Consejero de Política Territorial, señor Redondo. El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Redondo Rodríguez): Gracias, señor Presidente. La petición que hoy trae el Gobierno de Canarias a este Parlamento, se fundamenta en el artículo 22.1 de la Ley 4/89, de Conservación de los espacios naturales, que exige que la declaración de los parques nacionales sea por ley de las Cortes Generales. Igualmente, en dicha ley, se establece que las comunidades autónomas podrán proponer al Estado la declaración de dichos parques. En este sentido es al Parlamento de Canarias a quien le compete el iniciar esta solicitud.

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Nos van a permitir, para no alargar excesivamente esta primera fase de toma en consideración de la ley, que no entremos en el detalle de todos los valores medioambientales, faunísticos, de flora, geológicos, etcétera, que justifican la declaración de parque nacional, ya que se le ha repartido a todos los grupos parlamentarios un primer informe –que es un resumen de lo que es la base del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que ya está terminado, por parte de la comunidad autónoma– y que yo creo que, de forma bastante clara y exhaustiva, justifica los valores extraordinarios que tiene dicho espacio natural. Asimismo, a través de toda una serie de negociaciones, que culminaron aproximadamente hacia el mes de abril, se llegó a un acuerdo con el Instituto de Conservación de la Naturaleza, con el ICONA, para tramitarlo a través de lo que nosotros hemos propuesto en la base cuarta. Es decir, que es un acuerdo al que hemos llegado también con la Administración, en el cual se utiliza el procedimiento extraordinario de la declaración previa y un plazo máximo de un año para realizar y aprobar el PORN, aunque ya digo que prácticamente está elaborado aunque a quien le compete su aprobación y tramitación es precisamente a la Administración central. Por ello, me voy a limitar, de forma muy breve, a tres aspectos que yo creo que son fundamentales y que justifican en parte la presencia hoy de este proyecto. En primer lugar, queremos entrar en el ámbito de delimitación. Nosotros hemos utilizado para la tramitación de este proyecto el procedimiento de unas bases. En la página cinco del documento que se les ha repartido yo creo que aparece, de una manera clara y terminante, cuál es el ámbito de delimitación y las circunstancias que hemos utilizado para hacer la propuesta. En primer lugar, nos interesaba incluir una unidad geográfica que tuviera coherencia. Cuando en diciembre del año pasado hicimos la primera comparecencia, a petición de un grupo de esta Cámara, dijimos claramente que estábamos buscando una fórmula –recordarán que el primer ámbito que se había hablado era de unas 26.000 hectáreas–, estábamos buscando que tuviera un sentido racional, que no fueran espacios que no tuvieran ningún tipo de relaciones o comunicaciones, y hemos estado buscando que el espacio tuviera una cierta coherencia interna en los aspectos geográficos. En segundo lugar, que incluyera aquello que realmente tuviera un valor, tanto por la biodiversidad como por las unidades de vegetación, y aquello que le faltaba en la red nacional, que es una de las novedades de la Ley 4/89, de la Red Nacional de Parques Nacionales. Es decir, que comprendiera los elementos fundamentales que justifican que este espacio se declarara parque nacional.

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En tercer lugar, que tuviéramos una representación que faltaba en la red nacional, no sólo del cardonal-tabaibal y de las formaciones geológicas sino de los pinares exclusivos de este espacio y todos los elementos que pudieran mantener un hábitat lo suficientemente amplio. En cuarto lugar, que tuviera los valores paisajísticos más importantes y en quinto lugar, que es uno de los aspectos que hemos recogido en la bases, que se evitaran en lo posible los núcleos de población de una cierta entidad, así como todos aquellos espacios que tuvieran un uso tradicional o que existiera una profunda transformación que lo hiciera no ser, por la presión humana, muy recomendable su inclusión. Ésta es, en primer lugar, la delimitación o el área que se propuso, en unas primeras reuniones, a principios de año, para el estudio de qué era la parte que debería incluirse en el parque nacional. La segunda parte, que yo creo que también es importante, y ya lo dije en su día, intentamos llegar a un consenso con las poblaciones afectadas y los ayuntamientos. Quiero aclarar que los consensos tienen un punto. Evidentemente, hay una parte de la población, afortunadamente mínima, muy mínima, que no quiere un parque. Nosotros ya manifestamos el año pasado, y lo hemos estado manifestando reiteradamente en todas las ocasiones y las reuniones que hemos tenido, que es voluntad de este Gobierno declarar un espacio que fuera con la máxima categoría de los espacios protegidos a nivel nacional, que es que tuviéramos un parque nacional en Gran Canaria. Ésta es la voluntad y ésta es la decisión que siempre hemos manifestado. Evidentemente, el consenso llega hasta el punto en donde una parte de la población no quiere un parque nacional. Evidentemente se pueden discutir los límites, los criterios; se puede entrar en una discusión más o menos opinática de qué elementos deben o no configurar, hasta el punto donde hay una parte que no admite un parque nacional. Hasta este punto es al que hemos llegado. La propuesta que nosotros traemos es una propuesta de consenso. Entendemos que no se deja fuera ninguno de los elementos importantes que justifican la existencia del parque nacional dentro de la red, aunque pueden existir, evidentemente, criterios de que pueda faltar un elemento emblemático o no, evidentemente por eso lo traemos al Parlamento y confiamos que en la tramitación de todo el procedimiento..., quiero advertir que esto no se trae por procedimiento de urgencia, se trae por el procedimiento normal y hoy sólo es la toma en consideración. Y, evidentemente, quien tendrá que aprobarlo son las Cortes Generales, que en ese momento será cuando se tome la decisión final. Esto es simplemente la voluntad del Gobierno de que tengamos un parque nacional.

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Y en tercer lugar, que también yo creo que no es ocioso volverlo a recordar, la importancia que tiene para las islas en general y para la isla de Gran Canaria el que con estas afirmaciones que sistemáticamente se hablan, y ya lo hemos comentado aquí que tenemos un territorio muy deteriorado con una gran presión, con una ocupación indiscriminada y con una cierta sensación moral en la isla de Gran Canaria de procesos irreversibles, el hecho de que podamos afirmar y declarar un parque nacional en la isla yo creo que puede ser un elemento importante de inyección y de este intento que hacemos de recuperación de nuestro medio ambiente. Creemos sinceramente que es una isla donde una sexta parte se encuentra en una situación envidiable, con unas condiciones únicas, y que debería ser refrendada con este aldabonazo de declararlo parque nacional. Y estos son los tres criterios importantes que hemos manejado a la hora de traer esta propuesta para que hoy se inicie, si se toma en consideración por este Parlamento, se inicie la tramitación de la delimitación del parque nacional. Yo quisiera rogarles a sus Señorías, porque yo creo que también los gestos son importantes en materia medioambiental, pero en general en todo, pero en este tema concreto yo confiaría en que hoy apareciera un respaldo unánime del Parlamento para que se declarara, y que fuera contundente esta decisión, el apoyo para que tuviéramos en la isla de Gran Canaria un espacio que se declarara parque nacional, que es la máxima categoría que existe internacionalmente en un espacio protegido. No es solamente la voluntad de las restricciones, porque a pesar de las múltiples reuniones que yo he ido teniendo con los distintos colectivos que se oponían, cuando hay alguien que no entiende que esto no va a suponer un mayor nivel de restricción ni un mayor nivel de limitación, sino todo lo contrario, que puede tener una fórmula de conseguir recursos adicionales, cuando hay alguien que no entiende que esto no va en contra de los usos tradicionales sino todo lo contrario; cuando hay alguien que no entiende que no se puede imponer la voluntad de una mínima parte de la población, aunque viva en esa zona, al resto de los ciudadanos de la isla, yo creo que la única forma de conseguir decir las propuestas políticas de manera clara es el respaldo unánime de que sí queremos un parque. Yo creo que la segunda parte que deberá recogerse y delimitarse exactamente cuando se apruebe y se finalice el PORN, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, debería ser el procedimiento normal que se inicia ahora en este Parlamento. Yo he estado sistemáticamente diciéndoles a los habitantes de la zona que se convenzan de que vamos a intentar que se declare el parque nacional. A

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partir de ese punto, que es el mínimo del consenso, podemos empezar a discutir el resto de los términos. Cuando todavía estamos, algunas personas, discutiendo el punto inicial de sí o no, yo creo que es difícil empezar a discutir la segunda fase. Yo creo que si las discusiones de si la raya del límite coge o no la cabecera de una presa, si entra o no por el borde de una carretera, o si deja fuera la finca de fulanito o menganito, yo creo que eso es una discusión que debería hacerse en la segunda fase. Nosotros nos comprometimos en la comparecencia en el mes de diciembre en que en el mes de abril tendríamos finalizada esta primera fase y eso lo hemos cumplido. Lo llevamos al primer Consejo de Gobierno del mes de mayo, y lo que ocurre es que la tramitación normal de los proyectos ha hecho que hoy, en una fecha bastante avanzado el verano, este proyecto llegue aquí. Pero yo creo que la única fórmula para que en esta legislatura pueda salir esta declaración es que hoy se tome en consideración. Si este tema lo dejamos para el mes de octubre, evidentemente ya no entraría en la programación de las Cortes Generales. El compromiso, por tanto, con la Administración central es que, lo más tardar en octubre, o a finales de octubre, o lo más tardar a principios de noviembre, se remitiera a las Cortes para que entrara en la tramitación normal y pudiera salir en el primer trimestre del año que viene, que era el compromiso que había. Nos habría gustado que este tema evidentemente podía haber salido en meses anteriores, pero hemos intentado agotar en todo lo posible las negociaciones con toda la población y los ayuntamientos afectados. Por lo tanto, yo creo que queda claro en la primera base que nosotros presentamos en este proyecto, lo que presentamos es un área. Un área que quisiera que no se entendiera como unos límites exactos y fijos, porque yo creo que eso no es misión en esta fase inicial; para eso abrimos el debate y confiamos en que cuando termine la tramitación en este Parlamento, hayamos llegado a un consenso exacto sobre cuál es el área que debe recoger este parque. Por último, quisiera volver a repetir que yo creo –y hay un cuadro muy gráfico que hemos reflejado en la página 18 del informe que le hemos presentado– que hay muy pocos sitios en España, y aquí en Canarias en concreto no hay ninguno, que tenga el grado y el nivel de endemismo, de valores de fauna y de flora, como los que se encuentran en el área del Nublo. Estamos a tiempo de recuperarlo. Estamos a tiempo, porque es una zona poco antropizada, de poder dar la llamada de atención y poderlo respetar. Yo quisiera recordar que no hay un ánimo..., y así lo hemos presentado en el propio proyec-

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to, en la propia propuesta que hacemos a este Parlamento, no hay un ánimo especial del Parlamento, del Gobierno de Canarias actual, esto es un proceso muy largo que lleva desde le época cuando se iniciaron en los Cabildos. Porque si yo les pregunto a cualquiera de sus Señorías –y el otro día estuvimos mirando todos los expedientes anteriores–, quién inició, quién redactó y quién aprobó el último parque que se aprobó, que fue el de Garajonay, yo creo que nadie se acuerda, o quién fue el que hizo el de Timanfaya, yo creo que tampoco nadie se acuerda. Yo creo que esto no es un tema de protagonismo ni es un tema de iniciativas personales; yo creo que esto es un tema muy serio que afecta a toda Canarias y estamos a tiempo de dar esa decisión unánime de intentar mantener este espacio, como mínimo, en la situación actual. La ilusión es que mejore. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Este proyecto de ley, por las condiciones especiales, que es de bases y que es para plantearlo ante el Gobierno de Estado, la Mesa ha decidido que se tramite como una proposición de ley, por eso en este momento se va a dar ahora un turno de intervención de grupos parlamentarios, y después habrá una votación, si se toma o no en consideración, y posteriormente ya, en el mes de octubre, se abrirá el periodo de enmiendas totales y parciales, de enmiendas de texto alternativo o parciales (El señor Fernández Martín solicita hacer uso de la palabra.). El señor FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde su escaño): Señor Presidente. Yo creo que su aclaración es pertinente, y voy a aclararle un añadido, porque es que llevo durante todo el curso del debate tratando de saber en base a qué situación, a qué iniciativa parlamentaria, en qué iniciativa, en qué tipo de iniciativa nos encontramos para tener este debate. Y tratando de atender a lo que se ha dicho y leyendo, lo que se detecta claramente es que hay una falta de correlación entre las competencias que el Estatuto atribuye al Parlamento y el Reglamento del Parlamento, que no regula esta especie de debate extraño en el que estamos. El señor PRESIDENTE: Efectivamente, había un vacío y la Mesa interpretando lo ha llenado, así que se abre... El señor FERNÁNDEZ MARTÍN (Desde su escaño): Pero en todo caso, yo creo que la pretensión que ha expresado el consejero de que hay que aprobarlo ahora, para que entre...

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El señor PRESIDENTE: No, no, no. Quizás ha habido un mal entendido. Lo que yo quiero decir es que se tome en consideración ahora para que se abra el periodo de presentación de enmiendas y que el 15 de octubre ya esté el periodo de enmiendas ya en marcha y se pueda aprobar, si se puede, a finales de octubre, y en los primeros días de noviembre se pueda enviar al Gobierno central. Esta es la cuestión. Así que se abre entonces la intervención de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿I.CAN? El señor González Viéitez. El señor GONZÁLEZ VIÉITEZ: Muy oportuna la última aclaración, porque tengo la impresión que conecta perfectamente con el último llamado, por decirlo así, que el señor consejero había dejado encima del tapete. A ello me referiré después porque sin información estadística, sin encuestas, etcétera, y, por lo tanto, diciendo una impresión que es fruto de las conversaciones que uno tiene con múltiples personas, sí que estoy convencido de que en el ámbito, como mínimo, de la sociedad de Gran Canaria, existe un tremendo deseo de contar con un espacio en la isla de Gran Canaria que sea considerado auténticamente en el máximo nivel de protección medioambiental, paisajística, de recursos, de biodiversidad. Y digo esto, y yo creo que a nadie se le puede esconder, especialmente a los compañeros diputados y compañeras diputadas de islas que sí que tienen –al menos, cuatro más– un parque nacional, porque digo que es mucho más, porque si hay una isla, en términos sociales, muy, muy maltratada, si hay una isla sociológicamente desarticulada, ésa, sin duda es, por las razones históricas que sean, la isla de Gran Canaria. Es más, su territorio y lo que hoy estamos comentando lo expresa. La isla de Gran Canaria es la isla, como ustedes saben, en la actualidad, más habitada del archipiélago. Y la isla de Gran Canaria, como ustedes saben también, es la tercera en dimensión del archipiélago. Pues en la isla de Gran Canaria, casi un tercio de la isla de Gran Canaria, puede decirse que está, en términos estadísticos, deshabitada. Yo creo que esa es la expresión también de un maltrato social histórico a la población de la isla de Gran Canaria que tuvo que huir y que tuvo que abandonar todo este tramo del oeste y del suroeste de la isla, y que, en este momento, prácticamente, desde todas las personas interesadas y desde todas las personas preocupadas, yo siempre he escuchado el deseo de un parque nacional. Y se hablaba de Pajonales, se hablaba de Inagua, se hablaba de

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Ojeda, se hablaba del Pinar de Tamadaba, se hablaba de Güigüí, se hablaba del Macizo Central de Tejeda... Y yo recuerdo que una intervención que hubo en este Parlamento, justamente en relación con este tema, si no me equivoco, planteada como una comparecencia por el Grupo Socialista, el señor consejero en aquel momento hablaba de tres posibles dimensiones o tres posibles ámbitos. Y en aquel entonces, señor consejero –quiero recordarle– usted se quedó corto, porque hoy en día usted plantea una posibilidad que en aquel entonces veía usted como tremendamente difícil de conseguir. Yo creo que esto no es otra cosa que felicitarnos de algo que parecía muy dificultoso, en este momento esté, digamos, blanco sobre negro, con los correspondientes acuerdos, incluido el Instituto Nacional de la Conservación de la Naturaleza, etcétera. Quiero decir con esto que el que toda esa superficie de la isla prácticamente haya sido deshabitada, es decir, haya tenido la gente que emigrar, pues, hoy en día permite que podamos –yo creo que con sentido común, con sensatez, con seriedad y mirando hacia adelante–, podemos hoy plantearnos aquí, en esta primera toma en consideración, donde yo sí quisiera reiterar algo que ha dicho el señor consejero. Hoy no vamos a discutir aquí –creo que no sería oportuno– hasta dónde llega, si entra tal monumento si no entra tal monumento, si tal espacio queda corto o alguna especie endémica queda fuera. Creo que el sentir general de la sociedad canaria choca, en este momento, con parte del sentir de la población que habita esa área. Y puede darse la sensación, por parte de las personas que habitan en esa isla, que el conjunto de los ciudadanos del resto de las islas estamos prácticamente haciendo un laboratorio en sus casas y un laboratorio de sus casas. Y es por eso por lo que algunas partes, desde luego limitadas, porque, como ha dicho también el señor consejero, hay consenso con el conjunto de los ayuntamientos afectados por la propuesta del parque nacional. Pero yo quisiera, en la medida en que sea capaz, transmitirles a todos los diputados, en especial a los que, por las razones que sean, no tienen esta tan inmediata sensación con respecto al medio, uno, que hay un profundo deseo y un profundo anhelo de tener un parque nacional, y otro que hay reparos serios por parte de la población directamente afectada, aunque sus ayuntamientos estén, en este sentido, digamos, apoyando la idea. Yo creo que si hoy –que presumo, por lo que todos nos conocemos, que puede hacerse así– se pudiera dar una toma en consideración con carácter muy amplio, si fuese unánime mejor, y al mismo tiempo lanzásemos un mensaje muy claro a las personas que viven ahí, que aunque sean pocas,

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son compatriotas nuestros y que piensan que los otros –que somos los domingueros– van a tener el lujo de todo el espacio donde ellos viven para gozar y disfrutar mientras que lo tenemos, prácticamente, como un laboratorio o como un sitio para nuestro ocio, yo creo que seríamos auténticamente capaces de ir construyendo una mentalidad en el conjunto de la población directamente afectada que, básicamente, recoge lo que dice la base tercera del proyecto de ley. Se establecen los ámbitos y se dice que “en ningún caso quepa la inclusión de núcleos urbanos o asentamientos rurales en el seno del mismo”. Con esto se quiere decir que todos los asentamientos tradicionales, que todas las personas que viven y disfrutan o malviven –ésa es otra cuestión–, pero que viven en ese sitio, que no vean al conjunto de este Parlamento, si toma este tema en consideración por unanimidad, como los domingueros cualificados; que vamos a meternos en su casa –en términos de intromisión– y que vamos a hacernos con su forma de ser, con su futuro, con su felicidad y con su manera de conformarse, sino que les demos, exactamente, el mensaje de que somos tremendamente conscientes de que no vamos a hacer de domingueros en su casa; que el conjunto del territorio canario es la casa de todos, que a ellos, que tienen la suerte de estar ahí y la desgracia de tener unos niveles de renta realmente diferenciados a la baja con respecto a la media, creo que debemos darles el mensaje de que van a encontrar, en lo que puede representar la toma en consideración de este proyecto de ley, o de esta ley enviada al Gobierno del Estado, y en los correspondientes instrumentos que a continuación se planteen, la garantía absoluta de que quienes no vivimos allí, quienes no somos de allí, sí que les vamos a comprender, sí que vamos a esforzarnos por su calidad de vida y porque sus condiciones de vida mejoren notablemente y que en el fondo, tanto ellos que están dentro como nosotros que no tenemos, al menos, esa suerte, pues, podamos ser capaces de ir construyendo un proyecto en donde el medio natural y la forma de ser de nuestro pueblo, desde las más tradicionales hasta las más cosmopolitas y urbanas, tengan que entrar en conflicto. Yo creo que si somos capaces hoy aquí –y es mi sugerencia, sencilla, humilde y modesta– de –simplemente estamos hablando del tema de la toma en consideración– no entrar en otras cuestiones, que en el mes de octubre podemos entrar en términos de discusión y debate sobre las mil y una particularidades, pero hoy, cuando discutimos si sí o si no al parque, si aquí fuésemos capaces de decir un sí rotundo a ese parque y al mismo tiempo dando el mensaje de que somos los primeros comprometidos en que sus condiciones de vida, desde luego, no van a empeorar por el proyecto del parque nacional, sino que van a mejorar, yo creo, de

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verdad, que los ciudadanos –todos de Canarias– tendríamos el inmenso lujo de tener toda la cuenca oeste de Tamarán como un sitio extraordinario para que podamos estar en ella disfrutando junto con el bienestar de la gente que allí vive. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Grupo Popular? El señor Rodríguez Martinón. El señor RODRÍGUEZ MARTINÓN: Señor Presidente. Buenas tardes. En relación con el Parque Nacional del Nublo que el Gobierno nos trae a colación hoy en el Parlamento, el Grupo Popular, después de una serie de reflexiones, quisiera hacer la siguiente salvedad. Esta proposición, señor consejero, en líneas generales tiene algún defecto, y el principal defecto que hemos visto es, concretamente, la falta de comunicación, la falta de información, precisamente, a los colectivos o personas que habitan –digamos– en las inmediaciones de este parque nacional, según los límites que usted nos ha comunicado. Y ahí vemos municipios como el de Tejeda, el de la Aldea de San Nicolás o el de Artenara, ven los ciudadanos –de esas rentas mínimas a las que antes aludía el anterior portavoz–, con unas condiciones de vida quizás más duras que la media del resto de los ciudadanos que habitan la isla de Gran Canaria, ven el peligro, ven todavía su modelo de vida precario, pero ven el peligro y no tienen seguridad para la actividad que están desarrollando. Hay que ser conscientes de que el cultivo tradicional, la forma de dedicarse a una agricultura tradicional y la ganadería, como se hace todavía al estilo del siglo pasado, que es coger el rebaño y tirarlo por esas laderas para que paste y luego recogerlo por la noche, al atardecer, para al día siguiente volver a hacerlo y tener todos esos montes a disposición de esa ganadería, hacen que esos ciudadanos y esos colectivos vean peligrar su actividad agrícola. Y hoy tenemos que ser conscientes, haciendo un verdadero canto a esa actividad, de que gracias a esa forma de haber desarrollado esa agricultura tradicional y esa actividad ganadera, mucho de ese espacio está hoy preservado. Y es un ejemplo de todos, cuando visitamos el término municipal de Tejeda –como ejemplo– y el de Artenara también ver qué forma de preservación de la naturaleza, qué equilibrio tiene con el paisaje, la no agresión que se ha desarrollado en ninguno de esos términos. Y hoy cuando este tema llega al Parlamento, el Grupo Popular –y concretamente el Partido Popular– ha sido testigo presencial de considerables colectivos –no hablo de numerosos, puesto que son localidades pequeñas, no hablo de numerosos porque son localidades muy pequeñas–. Han estado reivindicando, primero, que se les aclare si en

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un futuro van a poder seguir dedicándose a plantar esas papas o a sacar esas cabras u ovejas a pastar, qué lugares son los que van a poder tener y qué ofrece un parque nacional, porque si trasladamos la filosofía de cómo en Inglaterra se desarrolla un parque nacional y también en nuestra España, podría ofrecer grandes posibilidades y que esos ciudadanos son los que de forma –digamos– preferente van a poder tener oportunidad de acceder a eso que les ofrece un parque nacional, porque hoy, en este momento, la Unión Europea, con la enorme sensibilidad que hay sobre productos de carácter ecológico, el que determinadas zonas de ese parque, con un plan rector de uso y gestión del mismo, permitan una serie de actividades, como puede ser la producción de miel o como puede ser determinada agricultura ecológica o como puede ser también el desarrollo de determinada actividad ganadera, con esa denominación de origen, podría tener un mercado fenomenal en muchos países, que por el nivel de contaminación que ahí se padece –que es prácticamente nulo– y el nivel de calidades de agua, permitiría dar salida a un negocio que podría ser floreciente e interesante; y que esos municipios se podrían preservar. Pero, señor consejero, esos señores no tienen ni idea de esto que estamos hablando ahora o, por lo menos, no quieren entenderlo. Y lo que sí es triste es que en el transcurso de las conversaciones amenacen con posibles quemas de bosque, con posibles fuegos incontrolados que puedan surgir y que estén amenazando el lugar con los que ellos ...(Ininteligible.) Ahí conviene, señor consejero, que usted haga un esfuerzo, que intente poner en conocimiento de las bondades y virtudes que tiene un parque nacional para Canarias, y máxime cuando va a ser nuestro primer parque nacional, que va a ser casi el doble en superficie por lo que usted nos ha expuesto –porque el Parque Nacional del Teide tiene 13.000–, y que los endemismos que padecemos y lo que vamos a preservar es vital y de enorme importancia. Es casi el doble precisamente, también, de endemismos de lo que otros parques nacionales tienen. Considero que la ley que hoy se plantea y ese plan rector de uso y gestión tiene que agotar al máximo, en conocimiento de esos ciudadanos afectados, las posibilidades que tienen para desarrollarlo. Y Tejeda –los ciudadanos de Tejeda–, Artenara, Aldea de San Nicolás, inclusive Mogán y parte de Agaete tienen que estar siendo perfectos conocedores de esas posibilidades que se les ofrece. A lo mejor no lo ha negociado en la intensidad que debiera, puesto que hasta sus propios alcaldes están aterrorizados ante la presión popular que están padeciendo. Me obliga a decirle, señor conse-

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jero, que haga un esfuercito más, porque este proyecto es muy interesante y lo vamos a apoyar todos, va a recibir usted la satisfacción de que todos los grupos lo vamos a apoyar. Pero también hace falta que esos ciudadanos –los más sacrificados, los menos formados también, pero a la vez los más luchadores y los más tesoneros– tengan también, por otro lado, la compensación de que su futuro va a seguir siendo cierto. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿El Grupo Centrista? Don Luis Hernández. El señor HERNÁNDEZ PÉREZ: Señor Presidente. Señorías. Yo, en primer lugar, quería agradecer el tono del consejero al defender la proposición, por cuanto ha expresado que éste no es un tema de este consejero ni del anterior ni del anterior ni de este partido político ni del otro ni del otro, sino que es una labor un poco de todos. Y de igual forma que en algunos parques no se sabe quién lo inició, en este tema yo también diría que no se sabe quién inició la historia de proteger este trozo importante de la isla de Gran Canaria. Yo creo que el máximo nivel de protección que se quiera establecer para esta zona ha sido iniciado por todos los canarios desde hace muchos años y que, realmente, pues, la situación en la que se encuentra la zona, pues, demuestra que no ha sido erosionada ni maltratada en exceso. Incluso, yo diría aquí y rompería una lanza en favor del Cabildo Insular de Gran Canaria que desde hace unas cuantas décadas ha venido adquiriendo terrenos sin forzar mucho a los propietarios, sin hacer expropiaciones, al objeto de preservarlo lo más posible. (Fallo en la grabación por corte en el suministro de energía eléctrica.). El señor HERNÁNDEZ PÉREZ: ...se lleve a cabo y que acabe, pues, esta vieja polémica de si la zona del Nublo debe o no ser considerada como parque nacional. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por las Agrupaciones Independientes de Canarias, don Manuel González. El señor GONZÁLEZ DÍAZ (Desde su escaño): Gracias Presidente. Buenas tardes. Sólo para solicitar que haya la mayor anuencia posible en los criterios para enviar este texto al Gobierno central, y que, por fin, en la isla de Gran Canaria haya un parque nacional de España y que viene a conformar la red de parques nacionales del Estado.

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Desde las Agrupaciones Independientes de Canarias quisiéramos felicitar personalmente a don Fernando Redondo, que si bien es verdad que la iniciativa no ha partido de él, ha sido un impulsor importante en este proceso de declaración, de lo que puede ser la declaración definitiva del Parque Nacional del Nublo. Se han comentado las características del biotopo ese; es uno de los espacios menos degradados de la isla de Gran Canaria y puede tener unos usos importantes en cuanto a rendimientos económicos por el espacio que va a dedicar a lo que puede ser el ocio y la práctica del ocio en esa isla. Desde las Agrupaciones Independientes de Canarias vamos a apoyar el que se remita ese texto a Madrid y esperemos que a principios del próximo año ya esté declarado el Parque Nacional del Nublo. Nada más. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista Canario? El señor Padrón Díaz. El señor PADRÓN DÍAZ: Señor Presidente. Señorías. El Consejero de Política Territorial y el Gobierno de Canarias puede contar, para configurar esa amplia mayoría o hacer posible la unanimidad, con los parlamentarios del Grupo Socialista. Pero puede usted contar sabiendo que hemos estado defendiendo este proyecto cuando hemos estado en el Gobierno, cuando estamos en la Oposición; que lo defendemos aquí en el Parlamento, pero que lo defendemos también en Agaete, los socialistas lo defendemos también en Artenara, los socialistas lo defendemos en Tejeda, los socialistas lo vamos a defender también en el Parlamento del Estado. Por lo tanto, en relación con la preservación ambiental, en términos máximos, como es la declaración de parque nacional, no es nuevo. Desde el año 89 el Cabildo Insular de Gran Canaria inicia los estudios conducentes a que hoy podamos estar hablando aquí de este proyecto. Pero el consejero, que desde el año pasado, en concreto, en el mes de diciembre, cuando el Grupo Parlamentario Socialista tiene la iniciativa parlamentaria para pedir, en definitiva, la comparecencia del consejero, desde aquel momento le consta que ése era el talante del Grupo Parlamentario Socialista. Cuestión distinta es cómo el Gobierno, el Consejero de Política Territorial, en definitiva las fuerzas políticas que apoyan a este Gobierno, administra la predisposición del Grupo Socialista, no sólo en materia del parque nacional, sino en general aquella política ambiental que es vertebral para esta tierra. Y en términos del Proyecto de Ley de Espacios Naturales, también lo anunciamos, lo que

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sucede es que el Gobierno, en definitiva, no administra correctamente esta predisposición del Grupo Parlamentario Socialista. No lo está haciendo en el debate en comisión de la Ley de Espacios Naturales. Y en concreto, en relación con la propuesta de parque nacional, usted habla de consenso –habla de consenso al exterior–, pero es notorio que en los seis meses que han pasado no ha habido el más mínimo intento de aproximación entre el Consejero de Política Territorial –o el Gobierno– y el Grupo Parlamentario Socialista para que, en definitiva, usted administrara correctamente esa predisposición. Y hoy, en lugar de tener sólo la toma en consideración, cuando hemos visto un Pleno con diversos temas con lectura única, ésta era, posiblemente, una de las cuestiones también de lectura única. Al Gobierno no le hubiese costado, pues, aproximar posiciones en situaciones previas, porque, en definitiva, yo creo que estamos en la condición de poder aproximarnos en la delimitación y en el propio concepto. La propuesta que el Gobierno trae es, sustancialmente, la que, en definitiva, los técnicos y el propio cabildo han venido propiciando, si bien dejando fuera un ámbito importante de la caldera de hundimiento de Tejeda e incorporando Güigüí. Pero incluso en esos planteamientos que hace el Gobierno los socialistas los compartimos. En definitiva, sepa el Gobierno que si se hubiese predispuesto a incorporar el monumento natural del Roque Nublo, pues hoy estaríamos en condiciones, incluso en un trámite de lectura única, de decirle que sí al Gobierno. Porque entendemos que ni siquiera éstas son las fechas más adecuadas, con los calores que hace, para hablar de política ambiental, que tiene sus horizontes en los espacios naturales, y en concreto el parque nacional. No nos gusta ni el mes de julio ni el mes de septiembre ni el mes de octubre para presentar enmiendas puntuales. Y ya le adelantamos que vamos a hacer el esfuerzo de centrarnos única y exclusivamente en la incorporación de algo que ustedes también tenían in mente, porque de la documentación que ustedes nos han aportado le diríamos que estamos de acuerdo con la delimitación que entra en el Consejo de Gobierno, no tanto con la que sale. Por tanto, le debe a usted constar que con un mínimo de esfuerzo hoy podíamos tener ultimado el trámite en este Parlamento. Y cuando me refiero a la aproximación del Grupo Socialista también me refiero a las aproximaciones al Grupo Popular. Por tanto, el Gobierno –y usted, en concreto, señor consejero– no parece administrar correctamente esa predisposición de la que ha hecho gala el Grupo Parlamentario Socialista. También hemos de decirle que de las bases que usted plantea –que el Gobierno plantea–, en relación con hacer la declaración de parque nacional y

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después hacer el plan de ordenación de los recursos naturales, no nos parece la metodología más adecuada en función del clima que se ha generado en la isla de Gran Canaria. Si se había avanzado a los propios ciudadanos –no a los municipios que, en definitiva, pudieran estar incorporados en el parque nacional, sino, en definitiva, a toda la isla de Gran Canaria– que el plan de ordenación de los recursos naturales iba a ser el instrumento pacificador en todos los ámbitos, usted ha decidido –el Gobierno ha decidido– que se declare primero el Parque Nacional del Nublo y que, posteriormente, exista el plan de ordenación de los recursos naturales. Pero, incluso en esa cuestión –que los socialistas lo haríamos de otra forma–, estamos dispuestos a no hacer ninguna cuestión de fondo, en aras de ese consenso que en este tipo de proyectos es auténticamente fundamental. Y ya termino, señor Presidente, anunciando que en los meses próximos habrá esas enmiendas puntuales, las mínimas para no alterar esa línea de consenso; pero, efectivamente, el Gobierno también tendrá que hacer el esfuerzo, que yo me imagino que no le costará excesivamente, porque si hacemos lectura de la memoria del Consejero de Política Territorial –la memoria que él firma– en reiteradas ocasiones habla del parque y del Roque Nublo. Por tanto, en su idea inicial estaba la incorporación –que nosotros pretendemos– del propio Roque Nublo. En definitiva, no mucho le debe costar aceptar este tipo de enmienda que nos parece auténticamente mínima. Y que, por lo tanto, no nos haga entrar en una vía de presentar enmiendas no

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sólo en este ámbito, sino también en el Parlamento del Estado. Por lo tanto, señor consejero, señores del Gobierno, los socialistas queremos no tanto un parque a la “sombra del Nublo” como un parque donde el Nublo esté dentro. El señor PRESIDENTE: El señor consejero tiene la palabra. El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Redondo Rodríguez): Gracias, señor Presidente... (Fallo en la grabación por fallo en el fluido eléctrico.) . (El señor Consejero de Política Territorial, Redondo Rodríguez, renuncia al uso de la palabra.). El señor PRESIDENTE: ...que levanten el brazo. Gracias. ¿Hay alguna abstención, algún voto en contra? (Pausa.) Entonces queda aprobada por unanimidad la toma en consideración. Los señores portavoces se pueden acercar un momentito. (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia.). (Pausa.) (El señor Presidente se dirige a los señores diputados sin sonido de megafonía.). Se levanta la sesión. El Pleno continuará mañana a las nueve y media.

(Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos.).

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