Director: Carlos Ramírez

Lunes 16 de Mayo de 2011

Número 3

La silla embrujada Rumbo al 2012

Reforma laboral: líderes, principal obstáculo a la modernización Por Gustavo Ramírez

Escriben: Samuel Schmidt, Roberto Vizcaíno, Mauro Jiménez Lazcano, Jorge Sánchez Tello, Angel Viveros, Rafael Abascal, Gustavo Ramírez, José Luis Rojas, Eduardo López Betancourt, Rami Schwartz, Alberto Carbot

18 Brumario Lunes 16, Mayo

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E

ditorial Carlos Ramírez Sin reglas

A

rrancado con bastante anticipación, el proceso de las elecciones presidenciales del 2012 entró en la fase de posicionamientos. A poco menos de un año de las votaciones, lamentablemente los partidos y actores políticos están pensando más en la elección que en atender los problemas del país.

Tres asuntos están a la espera de decisiones políticas: las reformas estructurales, la reforma de la seguridad nacional y la reforma económica. Pero como se ven las cosas, ninguna de ellas saldrá porque a ninguno de los tres partidos le interesa. Y las que se aprueben no van a

resolver problemas sino que van a beneficiar a algunos pequeños grupos de poder. El problema de largo plazo es que el partido que gane las elecciones se va a encontrar con una presidencia acotada, una acumulación de crisis en todos los rubros y una sociedad sin expectativas. Pero ya para entonces será demasiado tarde porque la fractura electoral en tres tercios impedirá el logro de alguna mayoría estable en el Congreso y en la toma de decisiones presidenciales. Al final, los precandidatos anhelan la Silla Embrujada, no la posibilidad de conducir al país hacia un mejor nivel de desarrollo.

Índice No. 3

Que actúe la justicia Samuel Schmidt

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Marcha de Sicilia Luis Arellano

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Brújula del Cambio Rafael Abascal

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¡Vaya herencia! Roberto Vizcaíno

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Cómo en el 68 Mauro Jiménez Lazcano

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Cartelera Política Ángel Viveros

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¿Cuba, hacia el capitalismo de Estado o libre mercado? Jorge Sánchez Tello 22 Entre comillas Alberto Ábrego

25

Agenda Mexiquense José Luis Rojas

26

Abu Dhabi Eduardo López Betancourt

27

Los mexicanos somos letra muerta Rami Schwartz

28

La Imagen del Poder Ernesto Morán

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Concatenados Martín Rodríguez

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Margarita ¿La perla escondida? Ramón Zurita Sahagún

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Café para todos Alberto Carbot

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Lo que costó la consulta en el Estado de México y quiénes salieron ganando (los intelectuales democráticos) Primitivo Rodríguez 36 Facebook y la soledad virtual Javier Sánchez Galicia

Tips

Directorio Carlos Ramírez

([email protected]) Director José Luis Rojas ([email protected]) Coordinador Editorial

Roberto Vizcaíno ([email protected]) Coordinador de Opinión

Rafael Abascal ([email protected])

Coordinador de Análisis Político

Ana Karina Sánchez López ([email protected]) Coordinadora de Producción Editorial

Luis Barjau Diseño

Raúl Urbina Fotografía

www.grupotransicion.com.mx [email protected]

18 brumario es una revista política semanal editada por Grupo de Editores del Estado de mexico y el Grupo Editorial Transición. Las opiniones son responsabilidad de sus autores. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández.

FAMOSAS ULTIMAS PALABRAS: “Lo que veo es que los actores políticos siguen manteniendo una actitud de oportunismo político que se traduce en el hecho de que a nivel estatal hemos visto que cuando les conviene aceptan los resultados, y cuando no les conviene, acusan incluso de fraude, y eso no ha sido solamente una actitud de miembros del PRD como lópez obrador, sino incluso de candidatos del PAN que han perdido, así que el oportunismo político no es exclusivo de un partido”: luis Carlos ugalde, presidente del IFE en el 2006. EL PEINE. Todo indica que el inusitado apoyo de Javier Sicilia y sus marchistas a la reforma política del PRI en el Senado para que se apruebe en la Cámara de Diputados busca utilizar las

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candidaturas independientes para lanzar a un representante de la disidencia radical. ¿Marcos? ¿lópez obrador? O el propio Sicilia. El asunto es que la macha ya se enfiló a un asunto electoral del 2012. SALINAS OTRA VEZ. El ex vocero salinista José Carreño Carlón y el ex intelectual salinista Héctor aguilar Camín fueron impuestos por Televisa para el organismo de observación del cumplimiento del acuerdo para suavizar la información sobre violencia criminal. De nuevo la alianza Salinas-Televisa. Y el acuerdo servirá para la campaña del PRI. ES PREGUNTA. ¿Deveras marcelo Ebrard le cree a lópez obrador que irá a dos debates y que respetará los resultados de la encuesta de resultados y que permitirá que Ebrard sea el primer candidato salinista del PRD?

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Reforma laboral: Mitos y Realidades Otro ejemplo es, también en la propuesta de reforma, el pagar salario vía transferencia electrónica, pero la Fracción X del 123 Constitucional dice, “el salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal…”. En el rubro de sindicatos, los puntos clave que proponemos lograr son:  Democracia sindical. Votación secreta y no reelección; cumplimiento cabal de los estatutos.  Transparencia y rendición de cuentas. Cuentas claras y cero opacidades; desglose de la aplicación de las cuotas sindicales, clarificar fideicomisos y propiedades del sindicato.  Honestidad y credibilidad absoluta. Cumplir con todo lo que se dice y se pacta; apego a la verdad.  Compromiso e integridad. Obligación contraída, palabra dada. Actuar con entereza y probidad. El viejo modelo de revisar indicadores ya se agotó y proponemos nuevos esquemas salariales:

Por Gustavo Ramírez

P

ara la revisión, discusión y posible aprobación de la reforma laboral, los legisladores proyectaron –en primera instancia– como fecha límite para la elaboración de un predictamen de la reforma laboral el 18 de abril. Se instaló la subcomisión de Trabajo el 28 de marzo de 2011, se diseñaron siete sesiones de trabajo, iniciando el 29 de marzo y se integró por 16 legisladores encabezados por el líder obrero estatal de la CTM del Estado de México, Armando Neyra y por Isaías González, líder nacional de la CROC, así como por Tereso Medina, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. El PAN ya presentó su iniciativa de reforma; también el PRI presentó su iniciativa. El PRD, a través de Francisco Hernández Juárez hizo ya lo propio. Bueno, hasta AMLO presentó la suya. Por propuestas no paramos, ya que si sumamos las más de 335 propuestas congeladas a lo largo de casi 20 años, hay y de sobra. Muchos han olvidado que el verdadero enemigo de los verdaderos trabajadores, no son los patrones, a veces ni las autoridades, sino los conocidos como líderes sindicales que ostentan los sindicatos como patrimonio propio susceptible de heredar y de esos hay muchos casos actuales y vigentes, vgr.: Napito. Todos coinciden en que es necesario e indispensable modificar la LFT. El cómo hacerlo es el problema, ya que existen muchísimas propuestas, algunas coincidentes, pero que su aceptación se venderá con sangre sindical como capital político. La obsolescencia de varios factores laborales son evidentes, como el esquema de prestaciones económicas, los aumentos salariales tradicionales, las viejas formas de negociación colectiva; todos ellos han quedado atrás y ahora hay que definir nuevas acciones para impulsar a los recursos humanos como una auténtica y real ventaja competitiva. La modernización laboral es una forma de supervivencia productiva donde se requieren factores eficaces que respondan a las condiciones del siglo XXI, donde debe conciliarse con

equidad la competitividad con la eficacia productiva y el cumplimiento de metas de bienestar social y remuneración justa. La modernización de las relaciones laborales implica el plasmarlo en la reforma laboral de una manera simple y efectiva. Implica además rebasar la forma tradicional de confrontación entre el sindicato, la empresa y las autoridades. Los líderes se alimentaron y se solidificaron con los usos y costumbres del poder político:  La simulación como fuente de poder y la impunidad como coto.  La prerrogativa como título nobiliario.  El corporativismo como forma de vida.  La paz laboral como moneda de cambio. Hoy existen condiciones esenciales para arribar a la modernización laboral a través de una reforma laboral profunda revisando el 123 Constitucional, fusionando los apartados A y B del mismo y segmentando la LFT en Derecho Colectivo, Derecho del Trabajo y Derecho Procesal. Pero el objetivo es no tocar el 123 Constitucional, y eso significa no modificar las jornadas de trabajo, la edad mínima para trabajar, condiciones óptimas en seguridad e higiene, capacitación, tripartismo, seguridad social, etc. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), liderada por el Ing. Francisco Hernández Juárez, se pronunció “por una reforma profunda a la Ley Federal del Trabajo” y dijo que el Artículo 123, “no es intocable”. Su propuesta se basa en que la actual legislación laboral” contradice varios convenios internacionales suscritos en esa materia (laboral) con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No revisar el Art. 123 Constitucional generará controversias constitucionales. Por ejemplo: La reforma propuesta por la STPS se inclina por flexibilizar la jornada laboral reconociendo medias jornadas, jornadas por hora o jornadas por semanas, que hoy se dan, pero fuera de la ley, pero… en el 123 Constitucional, Fracción I, dice “la duración de la jornada máxima será de 8 horas”.

 Política salarial de largo plazo, que implica definir el costo laboral y proyectarlo anualmente; que sirva para base de presupuesto y revisable cada 5 años.  Revisión bianual, donde se acuerda un monto fijo para 2 años con aplicación anual, de tal manera que el monto acordado no sea el factor de inflación, sino de estabilidad presupuestal.  Salario mínimo diferenciado, es decir, que el SMG no sea por zona geográfica, sino un salario mínimo basado en la escolaridad. Ejemplo: Un SMG para personal con educación primaria, dos SMG para secundaria, tres SMG para preparatoria y cuatro para recién egresados de carrera profesional, alineados con los salarios mínimos profesionales. El enfoque es alinear los tabuladores a la educación formal e incentivar la misma.  Redefinición de 5 zonas geográficas, zona norte, zona sur, centro, oriente y occidente.  Definir el salario mínimo de inflación, es decir, el salario será ajustado al indicador de inflación, otro salario mínimo por desempeño y otro salario mínimo contractual para controlar los efectos en cascada.  Eliminar el impuesto a la nómina y aplicarlo al SMG.  Establecer SMG fijos y variables, en función de resultados.  Monetización de prestaciones.  Redefinir tabuladores matriciales por área de control vs. tabuladores lineales.

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4 Conclusiones  Equilibrio y justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.  El objetivo de la Reforma laboral debe estar orientado a una visión de futuro, de tercer milenio, y ésta debe establecer las bases del cambio mental.  Debe estar enfocada a generar competitividad permanente y duradera, pero sobre todo adecuarse a las nuevas reglas de la globalización mundial.  Es urgente cambiar los “actores”, tanto patronales como sindicales.  Romper con paradigmas, paradogmas, mitos y tabúes, en transformación, flexibilización y modernización que nos lleve a un trabajo productivo y equilibrado, deberá convertirse en la razón de ser del proceso.

¿Entonces cuál debería de ser la estrategia? Para tener una reforma laboral válida, se debe de impulsar como eje central y sin duda, una revisión profunda del artículo 123 Constitucional. Si no se hace así, el resultado sería muy cuestionable, no hay que simular, hay que trans-

Escenarios Escenario 1.

¡Nada para nadie! Una vez más se archivan los proyectos de reforma.

Escenario 2.

¡No corre prisa! Se pasa la estafeta de la decisión a la siguiente legislatura.

Escenario 3.

¡Lo mínimo! Se realiza otro simulacro de micro reformita.

Escenario 4.

¡Lo facilito! Se revisa la reforma sobre la actual, rasurándola.

Escenario 5.

¡Lo que esperamos todos! Abordar con profundidad y profesionalismo una revisión desde el Art. 123 Constitucional, pasando por una reforma laboral legal.

DATOS DUROS SOBRE LA LFT ACTUAL  La

última revisión a la LFT se realizó en 1970.  La primera LFT fue publicada en 1940 y es resultado del Congreso Constituyente.  Está integrada por 16 títulos; tres se refieren a las autoridades laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sus procedimientos y representatividad.  Otros tres títulos se refieren a los métodos y prácticas de Derecho Procesal.  Y 10 títulos se refieren al Derecho del Trabajo que incluye 522 artículos.  La actual LFT padece de “articulitis” aguda, ya que la integran 1010 artículos, cuando la de Estados Unidos tiene 41 artículos, el código laboral alemán tiene 60 artículos y el de Japón tiene 120 artículos.

formar; la simulación genera evasión hasta de la realidad. La reforma laboral debe de ir más allá y convertirse en una reconversión laboral; debe ser integral, productiva y benéfica para todos los sectores involucrados. Para los patrones, que no sea costosa la contratación, para los trabajadores que sea remuneradora, para las autoridades que sea expedita; que empecemos a hablar de mente de obra y no sólo de mano de obra. Deben establecerse las bases de un cambio mental. Habrá que romper con los mitos geniales, los paradigmas y los paradogmas. ¿El proceso de negociación ha sido el adecuado? La deformación del proceso de negociación de la reforma laboral está viciada de origen, en donde sólo las cúpulas corporativas participaron en este dizque debate, aislando a los trabajadores, investigadores, académicos y consultores que bien

PROPUESTA RESUMIDA DEL PAN  Limitar a sólo un año los litigios laborales por despido.  Certeza jurídica a inversionistas.  Flexibilización en contratación y despido de personal.  Regulación del outsourcing.  Pago por productividad y capacitación.  Nuevas modalidades de contratación.  Voto libre y secreto.  Eliminar cláusula de exclusión.  Salario multihabilidades.

PROPUESTA RESUMIDA DEL PRI  Regular el outsourcing.  Libertad sindical intacto.  Derecho de huelga intacto.  Contratos a prueba, no mayor a 30 días.  Obligación patronal de pago de la capacitación. (sic, ya está en el artículo 153 de la LFT)  Proteger la contratación colectiva, el derecho de huelga y la autonomía sindical.  Nuevas modalidades de contratación.  Modifica 188 artículos de la LFT.  Limitar a un año los litigios.

PROPUESTA AMLO… “Mejor ahí lo dejamos”.

podrían haberle dado algo de validez al proceso. Negociar una reforma laboral con los mismos actores no generará resultados; es urgente cambiar a los actores sindicales y patronales y regresar al origen, es decir, con los verdaderos trabajadores.

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LO QUE NO VIENE:  Revisar

el 123 Constitucional.  Eliminar 48 horas vs. 45 ó 40 de jornada laboral.  Cláusula de exclusión, reglamentar.  Transparencia de recursos.  Democracia sindical.  Fiscalización de recursos sindicales.  Sindicatos intocables.  Certidumbre financiera al inversionista (montos en los casos de despidos y juicios largos).  Rendición de cuentas claras.  Distribución de la riqueza.  Corrupción sindical.  Impartición equitativa de la justicia laboral.  Contratos de protección.  Estatutos sindicales.  Seguro de desempleo.  Bajos costos de contratación y despido vs. mejores salarios.  Monetización de prestaciones (PTU, aguinaldo, antigüedad, días festivos).  Regulación de los contratos colectivos de protección.  Eliminación de sindicatos fantasma.  Regular la detentación e infiltración sindical.  Registros contables de ingresos sindicales.  Regulación de derecho de huelga sin chantaje sindical.  Eliminación de huelgas solidarias.  Eliminación de Contratos - Ley.  Eliminación de sindicatos oligopólicos y monopólicos. Condicionar la reelección sin límite de dirigentes sindicales.   Eliminar líderes sindicales–políticos.  Flexibilidad operativa de la materia de trabajo y su avance tecnológico.  Promoción de nuevas formas de empleo (autoempleo; emprendedores).  Jornadas laborales limitadas para jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, contratos de interinidad, de relevo, etc.).  Tabuladores salariales matriciales por área de control.  Eliminación del impuesto sobre nómina.  Desgravar el tiempo extra.  Eliminar la cuota IMSS de salario variable.  Capacitación dirigida a nuevos roles de competencias laborales.  Capacitación en sitio vía tecnología de red.  Capacitación más por calidad que por cantidad.  Capacitación alineada a la productividad vía la evaluación de desempeño.  Polifuncionalidad vs. escalafón ciego.  Promoción por conocimiento, no por antigüedad.

La LFT no es de ideologías, de izquierda o de derecha, no es de tendencias ni de caprichos, no es botín de nadie, no es de conquistas, la Ley es de derechos. La falta de una consulta nacional planeada, a cambio de una simple aprobación en una mesa de trabajo integrada por organismos cúpula tanto patronales como sindicales, limita la visión de la ley a una simple aprobación corporativa que apoya compromisos políticos en lugar de beneficiar a todos los factores de la producción. ¿Propondría un cambio de estrategia? Por supuesto, en un proceso de reforma laboral, nada es intocable y debe profundizarse los análisis, definir en forma certera en dónde se requieren los cambios y dónde son realmente ne-

 Jornada laboral flexible.  Tiempo extra no como prolongación de la jornada. Semana laboral de 4 días de 10 horas.   Federalización de la justicia laboral.  Seguridad jurídica para el trabajador y para el empleador inversionista.  Transparencia en las JCA.  Reconversión laboral.  Desmantelamiento de los contratos de protección.  Flexibilización de los CCT.  Optimización de estructuras organizacionales, es decir, minimizar niveles y enriquecer funciones, reconociendo el logro.  Esquemas salariales participativos.  Compensación salarial variable.  Sistemas de control anticorrupción sindical para la JFCA, autoridades, empresarios, líderes, etc.  Eliminación de las viejas prácticas sindicales de “guardar” los recursos sindicales en fideicomisos.  Corporativismo sindical.  Usos y costumbres de control sindical (comedores, desfiles, uniformes, transporte).  Empleo digno para adultos mayores.  Política salarial de largo plazo y recuperación salarial.  Sindicatos generadores de estabilidad en el empleo.  Prima de antigüedad anualizada y pagada por año.  Revisiones salariales bianuales.  Registro Público Nacional de Sindicatos y Contratos Colectivos.  Eliminación de tajo de marchas, paros y plantones como instrumento de chantaje sindical.  Certificación laboral y sindical.  Una sola red de oferta de trabajos.  Comités regionales de generación de empleos.  Incorporar el voto libre, directo y secreto para el desahogo de la prueba de recuento.  Reglamentar el pago salarial vía Bancos.  Privilegiar a toda costa la conciliación. Registro de trabajadores “conflicto”.   Política laboral de Estado o de largo plazo, revisable en la LFT por quinquenios.  Modernización de las JFCA.  Modernización del sindicalismo.  Eliminación de dictaduras sindicales.  Eliminar subterfugios en la contratación (honorarios asimilables a salarios, asociados en participación, cooperativas, ventas por catálogo; a saber: Tarjeteros TELMEX, periódico Reforma, AVON, Omnilife, gasolineras, cerillos, etc.).

cesarios, sin escrúpulos de ninguna índole para matizar prebendas. Los cambios son necesarios, urgentes y profundos. No se puede negociar con sutilezas mal entendidas; el cambio debe ser profundo y de cirugía mayor si queremos salvar la vida del paciente, representado por los trabajadores, pero sobre todo la vida de las empresas que son las que generan empleo. Hay que desmantelar la actual estructura laboral que fue creada por un sistema de Estado, antes de desmantelar la planta productiva. Hay otro tipo de vicios de origen, pero el vicio más grande es la corrupción y la simulación laboral. Hay que reglamentar la nueva realidad laboral con una reforma profunda, empezando por la del artículo 123 Constitucional, sin rollos,

sin tabúes, sin mitos. O hay una reforma laboral que siente las bases legales para la libertad y democracia sindical y en consecuencia nos permita pactar los cambios en los CCT, inclusive la flexibilidad laboral, o nos quedamos con una reforma que siga dando respiración boca a boca al viejo y anquilosado corporativismo sindical. ¿Qué queremos? O hay cambio de fondo o seguimos igual, “nadando de muertito”.

[email protected] www.mundolaboral.com

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2012: la lucha que viene

Por Carlos Ramírez (*)

L

as elecciones presidenciales del 2012 no serán la madre de todas las batallas sino la última oportunidad de la generación 1968-2012 para dirimir el verdadero dilema bicentenario: la democracia madura, moderna, institucional o la vieja carga histórica de un país fluctuante y dominado por las pasiones de los grupos. El país vivió rupturas decisivas pero sin consolidar la verdadera modernidad. La independencia del reino de España en 1808, el frustrante Imperio Mexicano de Iturbide, la constitución federalista de 1824, la lucha contra centralistas, el ahistórico Segundo Imperio, la consolidación de una república sin republicanos, el largo periodo porfirista 1872-1911, la Constitución orgánica de 1917, la lucha por el poder entre las facciones dominantes, el larguísimo periodo de hegemonía de un partido 1929-2000 y la alternancia sin destino del 2000. Todas esas fracturas históricas se dieron –se hicieron– en nombre de la democracia, pero todos los resultados comenzaron alejándose del sistema democrático. Lo grave fue que el concepto mismo de democracia quedó en el aire, aunque logró definirse en 1917 en el artículo 3 de la Constitución: “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Lo malo del asunto es que el país logró en el siglo XX sus mejores años de mejoramiento económico social y cultural, pero bajo un régimen de político autoritario, unipartidista, con una estructura jurídica dependiente del poder ejecutivo y un sistema presidencialista de carácter absolutista. En el 2000 terminó un largo ciclo de dominación de una idea progresista de gobierno, la misma que animó a independentistas, federalistas, liberales, desarrollistas, revolucionarios y priístas: la de ejercer el poder en nombre y

como garantía de ejercicio de un compromiso político. La alternancia derivó en una transición a medias o en una media transición: el cambio de partido en el poder sin traumas conflictivos. Pero faltó la otra mitad, la que señala Leonardo Morlino como complemento de un verdadero proceso de cambio democrático: abandonar un viejo régimen en términos de Tocqueville pero “instaurar” un sistema democrático. El docenato panista transcurrió en la cómoda decisión de Vicente Fox de buscar una alianza de estabilidad y gobernabilidad con el PRI a cambio de no realizar los cambios democráticos necesarios y las dificultades de Felipe Calderón para consolidar su gobierno ante el embate poselectoral de Andrés Manuel López Obrador. El PRI logró mantener una sólida presencia legislativa y con el control de la mayoría de gobiernos estatales, pero el PAN careció de un verdadero programa integral de instauración democrática. Los doce años de gobiernos panistas fueron de flotación, con reformas limitadas, algunas prefiguradas pero sin consolidación legislativa y el efecto nocivo de inestabilidad social por la desarticulación de la estructura de poder del régimen priísta. Las transiciones tienen dos fases decisivas. La primera tiene que ver con la alternancia sin conflictos ni ilegitimidades y con continuidad institucional; la segunda tiene que ver con la construcción de un Estado democrático. La transición mexicana muestra también dos fases: la liberalización del régimen para reconocer la capacidad de representación de las minorías y corre de la instauración de los diputados de partido a los primeros diputados de partido en 1964 –representación minoritaria proporcional por porcentaje y no por distritos, cuya doctrina venía desde la Constitución de Cádiz de 1812– a la conversión en 1997 del Instituto Federal Electoral como organismo autónomo ya no controlado por el gobierno federal; y la segunda, la

de construcción de un régimen democrático, ha avanzado con pocas posibilidades con la alternancia en el 2000. El país ha vivido una democracia fluctuante, para tomar prestado el término del tomo II de El liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles; el historiador consideraba la sociedad fluctuante al periodo de principios de la segunda mitad del siglo XIX como “un estado revolucionario permanente y, por consiguiente, siempre se tuvo que elegir entre inconvenientes, a veces de extrema peligrosidad y de máxima responsabilidad histórica para quienes tenían que elegir”. El decir, la sociedad fluctuaba, en los términos del Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “vacilar sobre las aguas por el movimiento agitado de ellas(…), correr el riesgo de perderse y arruinarse;(…) vacilar o dudar en la resolución de algo;(…) oscilar(…), crecer y disminuir alternativamente”. La historia ha querido que México haya logrado empujes sociales determinantes con objetivos de democratización, pero sus resultados hayan sido tan magros, con casos tan singulares como el de Porfirio Díaz, quien se levantó en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada con el Plan de Tuxtepec en 1876 y bajo la bandera de la “no reelección” y haya permanecido en el poder real desde ese 1876 hasta su renuncia en 1911, treinta y cinco años. La Revolución Mexicana también fue antireeleccionista y se consolidó con el reeleccionismo de un partido en el poder por setenta y un años, además de pugnar por una democracia que le tuvieron que arrancar a base de conflictos y movilizaciones callejeras. La democracia fue una bandera y no un objetivo de gobierno o de grupo en el poder. La categorización de los periodos históricos es diversa pero aquí importa ensayar una propia para la historia de México: el siglo XIX fue el siglo maquiavélico, de las disputas por el poder, de la consolidación del Estado y sus razones para

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18 Brumario Lunes 16, Mayo sobrevivir, de la fría ciencia política: el siglo XX fue el siglo hobbesiano, del Estado como centro del acuerdo social; y el siglo XXI se apunta como el siglo rousseauiano, el del contrato social constitucional y con división de poderes. En este contexto, el itinerario secreto de la democracia mexicana ensayo ciclos dictatoriales pero todos ellos sucumbieron ante la oleada la resaca de reacciones sociales por la democratización, aunque luego se dieran periodos de autoritarismo, en un juego perverso dinámico. México ha vivido fracturas históricas democráticas en torno a la definición del régimen de gobierno. 1.- La crisis de la monarquía española de 1808 derivó en el conflicto decisivo de Agustín I con el Congreso y derivó en la Constitución federalista y republicana de 1824 y la aceptación de la soberanía en la nación y el pueblo. 2.- La disputa federalistas-centristas se dinamizó con las invasiones francesa y estadunidense y el segundo imperio de Maximiliano y terminó con la victoria republicana de Juárez y la secularización del Estado. 3.- La lucha por el poder por parte de Díaz fue corta y victoriosa y terminó con una especia de monarquía personal y una revolución popular sin objetivos claros. El Estado se había reducido a una estructura de dominación autoritaria. 4.- El largo periodo de autoritarismo de partido único-hegemónico-mayoritario terminó en el 2000 con una alternancia estimulada por la crisis económica y el autoritarismo, aunque tampoco con un programa definido de alternancia. 5.- La alternancia llegó por la acumulación de contradicciones, el agotamiento de los mecanismos de control y sobre todo la desarticulación de la estructura de control de los hilos de poder, además –tesis de Palavicini– del debilitamiento del orden socio-político. A lo largo de su historia, México ha enfrentado varias fases de transición democrática, pero ninguna pudo derivar en la creación de un sistema-régimen democrático. Las movilizaciones y revoluciones se han hecho en nombre de la democracia y las triunfantes no pudieron encaminarse hacia sus fines y se agotaron en relevos autoritarios. El largo periodo priísta quiso asentar como tesis teórica el hecho de que el bienestar social y económico podía darse en un régimen autoritario –la primera doctrina de Díaz–, aunque la presión social modernizadora se encargó de demostrar la dinámica dialéctica de las relaciones sociales, políticas y de poder.

El problema histórico ha sido la ausencia de una sociedad organizada, aunque muchas veces movilizada. Las victorias políticas de las grandes rupturas –tesis de Palavicini– han estado localizadas en las coordenadas de conflictos de gobernabilidad y de ruptura del orden sociopolítico previos a los cambios. La sociedad ha estado detrás de las rupturas pero sin contar con una participación en los partidos. La novedad de la fractura política del 2000 radicó en el hecho de que fue pacífica, institucional, sin violencia; pero al mismo tiempo, se trató de una movilización alrededor del candidato que ofrecía menos seguridades en su oferta política. En el fondo, la alternancia del 2000 fue típica de sistemas autoritarios agotados, sin condiciones revolucionarias, con un escenario internacional adverso para el partido en el poder, con un presidente de la república sin compromisos con el PRI y con un partido, el PAN, que ofrecía las mejores garantías de transformaciones pacíficas. La campaña presidencial del 2000 ofreció las posibilidades del cambio de partido en la presidencia de la república: el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, venía de un proceso anticlimático en su partido, a pesar de la novedad de una elección interna entre cinco aspirantes, pero con un priísmo aún dominado por los tradicionalismos presidencialistas. El PRD presentó por tercera ocasión a un Cuauhtémoc Cárdenas ya sin la aureola de 1988, con un PRD metido en conflictos de radicalismos y la sombra de las movilizaciones de López Obrador como candidato a la jefatura de gobierno. Fox, en cambio, llegaba con la aureola del ranchero que se le enfrentaba al PRI con declaraciones dicharacheras. El factor norteamericano fue determinante. La Casa Blanca había decidido desde 1985, bajo la presidencia de Ronald Reagan, impulsar la alternancia partidista en México y al lado del PAN, toda vez que entonces la alternativa a la izquierda era el Partido Socialista Unificado de México, una alianza de partidos y organizaciones nucleadas alrededor del Partido Comunista Mexicano. El operador de esa nueva Santa Alianza fue el embajador norteamericano John Gavin, quien promovió varias reuniones en el

norte del país entre la iglesia católica, los empresarios y el PAN y con los EU como garantes. La historia, conocida como Operación Gavin, fue producto de un cambio estratégico en los escritorios de asuntos mexicanos de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de los EU. Hasta entonces, los Estados Unidos habían tomado la decisión de delegarle al PRI el manejo de México y con el apoyo de Washington, toda vez que a la Casa Blanca le costaba mucho trabajo romper con la muralla que rodeaba al sistema político priísta. Reagan había ascendido a la presidencia de los EU por los sectores más conservadores del Partido Republicano y su proyecto de nación estaba enmarcado en una lucha contra la Unión Soviética. Por tanto, México fue sometido a una severa operación de inteligencia y seguridad nacional para ablandarlo y someterlo a los intereses de Washington. El año de 1985 fue decisivo para la toma de decisión de los EU sobre México: pasar de la alianza con el PRI a la determinación de trabajar en favor de la alternancia con el PAN. Hasta esas fechas, los EU eran considerados como un sector invisible del sistema político priísta. Pero las radicalizaciones populistas decidieron a los estrategas de Washington a trabajar a favor de la alternancia. La presidencia de Carter había sido tolerante con las simpatías de México y el presidente López Portillo hacia Cuba y la revolución nicaragüense y México había dado un salto cualitativo en el sexenio 1977-1982 por los crecientes ingresos del petróleo. La decisión estadunidense se había basado en un artículo publicado durante la campaña de Reagan en el diario San Diego Union por el académico Constantine Menges, entonces analista de asuntos latinoamericanos de la CIA y recomendado del senador ultraderechista Jesse Helms. El artículo, “México: Iran next door”, advertía la posibilidad de una revolución populista-religiosa como la de Irán con el Ayatola Jomeini. De ahí la tesis de adelantarse a los acontecimientos. La tarea fue encomendada a la CIA, dirigida durante Reagan por William Casey, un duro ex empresario. Casey giró órdenes a los analistas de la CIA sobre temas mexicanos para que sus reportes enfatizaran el caos inevitable y con ello apuntalar las decisiones de un mayor intervencionismo. El asunto se convirtió en un escándalo dentro de la CIA cuando el analista John Horton,

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que había sido jefe de la estación de la CIA en México, se negó a “fabricar” reportes y renunció y más tarde publicó un artículo en el The Washington Post para revelar cómo se hacían reportes a contentillo en la agencia de inteligencia. EN 1985, sobre el caso del secuestro, tortura y asesinato por narcos del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, Gavin organizó presiones sobre México: • Notas inducidas en el The New York Times en el sentido de que los servicios de espionaje político de México–la Federal de Seguridad que había sido fundada por la CIA y estaba a su servicio– habían sido copados por el KGB soviético y sobre todo por la Stasi de Alemania Democrática. • Declaraciones de que policías de la Federal de Seguridad y de la Policía Judicial Federal protegían a los principales narcotraficantes y por tanto eran corresponsables del asesinato de Camarena. • Audiencias públicas en el Senado de los Estados Unidos, promovidas por el senador republicano Jesse Helms, para meter en la sociedad estadunidense el argumento de que México era un sistema político corrompido hasta los huesos. • Y como acción interna en México, la promoción de reuniones privadas en ciudades del norte del país entre empresarios-PAN-obispos. Lo significativo de toda esta vasta operación de Washington tenía como objetivo final la alternancia partidista en la presidencia de la república. Sin embargo, las elecciones presidenciales de 1988 beneficiaron a Carlos Salinas y el candidato panista Manuel J. Clouthier quedó en tercer lugar. Las irregularidades electorales le habían quitado votos a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato de grupos de centro-izquierda. El debate fue tenso y estuvo a punto de derivar en un violento conflicto poselectoral, pero operadores de Salinas lograron la alianza con el PAN para la calificación de la elección presidencial, además de las negociaciones secretas de Salinas con la comunidad estratégica de Washington. Cárdenas, un candidato surgido de

los sectores progresistas del PRI y candidato de organizaciones de centro-izquierda, no estaba en los planes de la Casa Blanca. Además, Salinas representaba la continuidad de proyecto económico neoliberal de Miguel de la Madrid. Al iniciar su gobierno, Salinas pactó con el gobierno republicano de George Bush padre y negoció tres puntos concretos: la aplicación del Consenso de Washington como paso para la apertura comercial y la integración de mercados, las negociaciones de un tratado de comercio libre con los EU y Canadá y una distensión política a través de una reforma electoral. El fracaso en la reelección de Bush padre y el arribo del demócrata William Clinton no varió los planes estratégicos. Salinas cumplió sus compromisos. Pero la crisis financiera de 1995, producto de la devaluación de diciembre de 1994, heredada por Salinas, y la decisión de Ernesto Zedillo –un presidente que arribó al poder sin las complicidades tradicionales porque fue el relevo en la candidatura priísta por el asesinato de Luis Donaldo Colosio– de subir las tasas de interés para evitar la fuga de capitales, condujo a una negociación secreta de México con el Departamento del Tesoro. Además de los temas económicos de política neoliberal y de petróleo, salió la agenda de la alternancia en México. La forma en que Zedillo operó la nominación de Labastida, su decisión de no financiar como antes la campaña priísta y su negativa a intervenir el día de las elecciones para modificar el resultado en el 2000 derivaron en la derrota del PRI y la victoria del PAN. La transición a la democracia ha sido un tema de debate casi permanente. Los diputados provinciales protestaron en 1812 porque la representación a las Cortes de Cádiz se basaba en el territorio y no en la población. El Congreso enfrentó a Iturbide para instaurar un Congreso con un monarca al estilo Benjamin Constant –un rey como poder neutro: “el rey reina pero no gobierna”–, la Constitución de 1824 pugnó por un federalismo como sinónimo de democracia, el Supremo Poder Conservador fracasó por la disputa democrática entre ejecutivo y legislativo, Porfirio Díaz se alzó contra Lerdo en nombre de una democracia no reeleccionista, Díaz habló de madurez por la democracia en

1908 y Madero le tomó la palabra, la Constitución de 1917 fijó el criterio de que la democracia era sinónimo de desarrollo social, el PRI se desarrolló como un espacio de administración de la democracia, la rebelión obrera de finales de los cincuenta y principios de los sesenta se hizo en nombre de la democracia, el movimiento estudiantil del 68 tomó la bandera de la democracia, Cuauhtémoc Cárdenas fracturó al PRI pidiendo una democracia interna y por tanto externa, el EZLN encabezó una guerrilla mediática en nombre de la democracia y Fox catapultó su espacio electoral al tomar la bandera de la transición a la democracia. Al final, cada estación de avance democrático molecular se convirtió en una expectativa frustrada. A cada presión democratizadora correspondió una concesión política pero sin un cronograma integral. Las principales reformas democratizadoras estuvieron articuladas a crisis internas en el PRI, a un fortalecimiento circunstancial de la oposición o a estallidos represivos, aunque siempre con una trayectoria de quitarle al sistema de Estado priísta los principales hilos del control autoritario: los diputados de partido en 1964, la reforma política de López Portillo en 1977 para legalizar al Partido Comunista y romper con la hegemonía absolutista del PRI en el Congreso y la reforma electoral 1993-1996 que le quitó al poder ejecutivo el control de los procesos electorales, contribuyó a conformar un sistema de partidos y le hizo perder al PRI el control del gobierno del DF. Como factor de democratización contribuyó el paquete de reformas económicas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en función de tres efectos: la desestatización económica con efectos en la desestatización política, la globalización que provocó la observación crítica internacional sobre las elecciones y la reforma ideológica del PRI que terminó con la dictadura de la historia oficial como aparato de control político. El concepto de transición democrática dejó de ser el concepto aglutinante de la lucha política: la liberalización de la política se haría por parcelas y no en bloque como lo pidió un grupo amplio y plural de intelectuales en 1994 a raíz del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. México tuvo momentos estelares de democratización, casi siempre marcados por la violencia y la ruptura. Pero han sido progresos determinados por las élites políticas, no por movimientos sociales ni menos aún como derivación de una madurez en la educación política de los ciudadanos.

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La primera ola democratizadora ocurrió en 1823 en la lucha contra el Imperio Mexicano de Iturbide y con la intención de convertir al Congreso en el espacio real y activo de la representación política. La derrota de Iturbide llevó a la Constitución de 1824 con la definición del primer piso de la democracia: el Estado federal, la soberanía para la nación, la república y los estados libres y soberanos. La segunda ola democratizadora ocurrió en la lucha de federalistas contra centralistas iniciada en 1835. Fue una disputa sangrienta y dolorosa, no sólo por la guerra civil implícita sino por la mutilación del territorio nacional. El saldo de esta guerra derivó en la Constitución de 1857 y la consolidación del grupo de liberales que tuvieron a su cargo la apertura de espacios democráticos en el Congreso y en la prensa. El país tuvo que pasar por la segunda y traumática experiencia monárquica que terminó por siempre con los sueños cortesanos de mexicanos, con el auge y la caída del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. La tercera ola democratizadora tardó bastantes años en consolidarse. En el periodo 1872-1876 estalló una disputa por el poder, derivada del estilo autoritario de ejercer el poder de Benito Juárez –gobierno a base de poderes especiales, a pesar de las existencia de la Constitución–, entre el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y el general victorioso de la lucha contra Maximiliano, Porfirio Díaz. Díaz enarboló la bandera de la democracia y la no reelección, pero derivó en un gobierno autoritario y reeleccionista. Las limitaciones políticas incubaron la rebelión de las élites y prendieron en un país con graves desigualdades sociales. La democratización cristalizó en la Constitución de 1917, la consolidación del Estado social y las primeras reglas del equilibrio de poderes. La cuarta ola democratizadora ocurrió en el 2000 con la alternancia partidista en la presidencia de la república. Las “aperturas demo-

cráticas” en el largo periodo de hegemonía priísta no tuvieron el objetivo de reconocer las reglas de la democracia sino de distensión política y social para reforzar el control institucional del PRI y del Estado priísta. Ocurrió, sin embargo, que el efecto de las reformas fue liberalizador de la dinámica democratizadora de sectores políticos decididos a no incorporarse al PRI. Sólo que en esta ocasión el avance de la mola democrática no cristalizó en avances constitucionales sino que la ola se convirtió en una resaca de tamaño tsunami que ha abierto la posibilidad de que el PRI regrese a la presidencia de la república y restaure el viejo régimen. La única forma que existe para que los avances democratizadores se conviertan en piso y no techo es con la gran reforma constitucional que impida la reconfiguración del Estado priísta. En el 2000 se dio una alternancia sin consolidación democrática. La transición fue una etapa fugaz: el proceso electoral que le dio la victoria al PAN y sin reclamos violentos del PRI. Toda transición de gobierno de un partido a otro debe derivar en la instauración de un sistema-régimen democrático, basado en reglas lo suficientemente claras –según Morlino– como para dejar en claro que será el juego electoral el que decidirá los resultados. Asimismo, Morlino ha dejado muy en claro cuáles serían las cinco características adicionales de una “buena democracia”, más allá del solo respeto a las reglas electorales: 1. El respeto a la ley –rule of law–. 2. La rendición de cuentas –accountability–. 3. La reciprocidad o respuesta ciudadana en cuanto a satisfacción democrática –responsiveness–. 4. Respeto pleno a los derechos. 5. Mayor igualdad política. Este modelo de Morlino se puede complementar con el de Robert Dahl y que va más allá de los esquemas tradicionales de tipo procedimental –Joseph Schumpeter, por ejemplo– y coloca el grado de democracia entre las coordenadas debate político sin restricciones –liberali-

zación– y derecho a participar en elecciones y gobierno –representación–, con cuando menos ocho formas de la libertad política-democrática. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Libertad de asociación. Libertad de expresión. Libertad de voto. Elegibilidad para el servicio público. Debate político en busca del voto. Diversidad de fuentes de información. Elecciones libres e imparciales. Instituciones que garanticen que el gobierno dependa de los votos.

En este contexto, las transiciones mexicanas han sido incompletas, con algunos avances y no pocos retrocesos. Por ejemplo, la reforma electoral de Salinas de Gortari de 1993 desapareció a la Comisión Federal Electoral que dejaba en la estructura de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones e introdujo el Instituto Federal Electoral con consejeros ciudadanos pero aún bajo la presidencia del titular de la Secretaría de Gobernación. Zedillo permitió un mayor debate político pero sin diversificar las fuentes de información. Y todos los presidentes de la república del reinado priísta convirtieron los avances democráticos en dádivas de un Estado priísta. Se trataba, en palabras de César Cansino, de la diferencia entre transición y liberalización: la primera “es un proceso que con duce de una situación autoritaria a una democracia pluralista”, en tanto que el segundo “indica sólo una apertura controlada del pluralismo y la competencia” que no finaliza necesariamente en el tránsito del autoritarismo a reglas democráticas. Y no siempre la acumulación de liberalizaciones con duce a la democratización sino que puede inclusive consolidar el autoritarismo. Las liberalizaciones mexicanas fueron producto de conflictos internos en la legitimidad política del régimen. Los diputados de partido siguieron a las represiones obreras, la legalización del PCM estuvo estimulada por la guerrilla, la reforma electoral de 1993-1996 partió del polémico resultado electoral de 1988 y la reforma electoral de 1996 fue provocada por la severa

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crisis social que dejó la devaluación de diciembre de 1994 y el alza de las tasas de interés que hizo perder no sólo nivel de vida sino propiedades y automóviles a los deudores de la banca. En el siglo XIX, los avances democratizadores resultaron de la hegemonía de grupos liberales. Y en la primera mitad del siglo XX, las concesiones democratizadoras derivaron de la conciencia revolucionaria de algunas de las facciones que combatieron el porfirismo y porque justamente esas aquiescencias formaron parte dialéctica de la legitimación revolucionaria. La presión democratizadora consolidó en una estrategia de tensión con el autoritarismo y fue prefigurando avances en la liberalización política del régimen priísta. A partir de las experiencias históricas, el régimen priísta, el sistema político priísta y el Estado priísta eludieron el error histórico de experiencias pasadas: la imposición de un modelo de nación y la liberalización a través de concesiones, aunque al final la sumatoria de las liberalizaciones produjeron el salto democrático de la alternancia partidista en la presidencia de la república sin conflictos de ingobernabilidad, sin violencia y sobre todo sin revoluciones. Sin embargo, la alternancia no derivó en una reconfiguración integral del régimen, del sistema y del Estado. Los gobiernos panistas no tuvieron tiempo de definir el proyecto alternativo de nación y se dedicaron a administrar las crisis políticas, económicas, sociales, ideológicas y culturales. De no tener ahora mismo la presión del regreso del PRI a la presidencia de la república, el gobierno panista de Calderón hubiera seguido con la táctica de la administración del conflicto político y de gobierno. La urgencia por las reformas estructurales tiene que ver con la reconfiguración del Estado priísta, de tal manera que la posibilidad del regreso del PRI a la presidencia de la república no encuentre el camino fácil de reactivar al viejo régimen. Pero Fox dejó pasar la oportunidad de la sorpresa política y Calderón desgató el arranque de su gobierno en la recuperación de la legitimidad política menguada por la movilización poselectoral de López Obrador y su “gobierno legítimo”, con todo y el circo de una “toma de posesión” en el Zócalo de la ciudad de México y la recepción de una “banda presidencial” con todo y “silla del águila” más gestatoria que de poder real.

El desafío del PAN para el 2012 se mueve en cuando menos dos escenarios: 1. Mantener el poder para impedir la restauración del Estado priísta y la revalidación del sistema de ejercicio absolutista del poder. 2. Pero diseñar ahora sí un proyecto de construcción de una democracia moderna, con contrapesos de poder y desvinculada del Estado. Sin embargo, en la víspera del inicio del proceso electoral del 2012, el PAN carece de una propuesta integral de --ahora sí-- alternancia del proyecto de nación alejado de la dicotomía liberales-conservadores y comprometido más bien con el proyecto original de edificar una democracia. El problema de desarrollo del país no tiene que ver con la dialéctica liberales-conservadores sino con la ausencia de un modelo de producción-distribución-consumo adecuado a las necesidades de los mexicanos y dentro de las coordenadas de equidad y justicia. Los escenarios partidistas para el 2012 han excluido el 2000: el PRI quiere regresar al modelo del Estado asistencialista y al ejercicio de la política sólo para capitalizar votos; el PAN apenas ha esbozado algunas reformas que buscan consolidar la privatización productiva pero sin atreverse a apostar por un Estado democrático que el PAN y lo demás partidos no puedan ponerlo a su servicio; y el PRD se ha agotado con una propuesta de gobierno que regresa no al modelo social corporativo de fuerzas sociales determinantes de Lázaro Cárdenas sino apenas al populismo echeverrista sin reforma presupuestal y que conduciría, como a Echeverría, a una severa crisis inflación-devaluación y sin modificar la estructura de distribución de la riqueza. El modelo integral de transición debe comprender dos escenarios: 1. La instauración de un régimen-sistema democrático que garantice los objetivos de Morlino, Dahl y Cansino en cuanto a reglas equitativas para la competencia. 2. La reforma del Estado aún priísta para despartidizarlo y convertirlo en un espacio de reglas y compromisos ajenos a la capitalización partidista.

La elección presidencial del 2012 podría ser la última oportunidad para democratizar al país y al Estado. Sin embargo, el escenario carece de indicios y argumentos para alimentar el optimismo: partidos, precandidatos y escenarios quieren convertir la elección presidencial en un campo para la madre de todas las batallas, es decir, la lucha cuerpo a cuerpo para mantener, reconquistar o hacerse del poder, pero sin proyecto alguno que gire en torno a los tres pivotes de una transición-instauración democrática: modelo de desarrollo, régimen político y Constitución normativa de las nuevas reglas. La elección presidencial del 2012 tampoco será una competencia de carismas ni de encuestas, sino una disputa por el poder. Pero a menos de un año de las votaciones, el escenario prefigura ya sus referencias y hasta ahora ninguna deja claro que exista alguien preocupado por reconocer que el país terminó un ciclo político histórico y que es hora de la siguiente etapa. (*) Adelanto de un libro en preparación. www.grupotransicion.com.mx [email protected]

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Que actúe la justicia Por Samuel Schmidt Nedvedovich DEDICADO A: Baltasar Garzón POR: Promover la justicia a costa de su bienestar

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ratando de llamar la atención sobre un problema grave, tuve la oportunidad de comentarle a uno de los operadores del gobernador de un estado especialmente afectado por la violencia: - Hay que empezar a trabajar en la salida de este problema porque hay un deterioro severo de las instituciones, entre otras cosas, la afectación de la credibilidad. - Tiene usted razón, llamó a otro colaborador y le encargó que se convocara a una reunión de análisis, a lo que este contestó: - No te preocupes ya tenemos una comida concertada. Yo no buscaba que me invitaran a comer, pero ni la comida se realizó y mucho menos la sesión de análisis para analizar las acciones debía realizar el gobierno para recuperar la confianza social y apoyar a la consolidación social. Ante la inacción gubernamental la violencia fue en ascenso, supongo que ante la pasividad gubernamental los criminales vieron un espacio propicio de expansión, incluido su propio sistema de justicia. Mientras esto sucedía era notoria la nula presencia de las autoridades federales. Agregando el factor corrupción, tenemos que las fuerzas policiales se agregaban a la depredación y por las múltiples evidencias anecdóticas, se hacían cómplices del crimen. Cuando la policía se corrompe –siempre que detienen

bandas de secuestradores aparece un policía involucrado- es el gobierno que agrede a su sociedad. Cuándo Felipe Calderón se equivoca al militarizar un problema delincuencial, los factores perversos se potencian, la corrupción avanza, los abusos contra la sociedad se extienden y llegamos a una cantidad de muertos que tienen crispada a la sociedad. Las respuestas del gobierno son erráticas, la falta de investigación es irritante, y se nota acción cuándo personajes notorios son directamente golpeados: hijos de empresarios, escritores o agentes del gobierno de Estados Unidos, entonces sí aparecen culpables –algunas veces fabricados- y hasta algunas de las muchas fosas clandestinas que existen en el país. El presidente llama a la guerra y no a la reconciliación, mientras que toda sociedad requiere de paz y concordia. Dentro de la guerra de Calderón son notorios y denunciados los abusos de las tropas armadas que se encuentran a su mando, al ser el comandante el jefe de las fuerzas armadas, condición que el ratifica al ponerse la casaca militar. Más de mil quejas sobre abusos militares han sido ignoradas por el gobierno, la jerarquía militar, designada por el, frena la acción penal respecto a las denuncias presentadas. En cambio Calderón ha propuesto ampliar el poder y fuero militar con lo que se amplía el marco legal para los casos de abuso. Dadas las graves circunstancias de los excesos militares, dado el elevado número de víctimas civi-

les, es pertinente entablar un juicio acusando a Felipe Calderón y a los generales bajo cuya jurisdicción se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Se debe exigir que se dé cause a las demandas que hoy están congeladas por decisión de la jerarquía militar, y consecuentemente se debe proceder contra esa jerarquía. Me adelanto al argumento sobre la presunta culpabilidad de los que murieron. Aquí no se trata de juzgar a priori a las decenas de miles de muertos, a quienes el gobierno debió haber protegido, se trata de juzgar a los responsables de esas muertes, y a los acusados en el ejército y las policías de muertes y desapariciones. Las víctimas tienen derechos y ante las desapariciones el delito no prescribe. Es particularmente serio que el gobierno haya permitido y facilitado la descomposición del tejido político, que por su omisión o complicidad el crimen organizado haya impuesto sus reales, pero más grave ha sido la tolerancia y complicidad ante la putrefacción de los cuerpos

policíacos y militares. El gobierno ha generalizado sobre la condición de corrupción de las policías sin asumir que asegurar la limpieza del aparto represivo del Estado es su responsabilidad, las policías no son entes autónomos, posiblemente sea cierto como aduce el gobierno que no todos los militares sean malos, no se propone juzgar al ejército sino a los militares que delinquieron y con ellos a sus protectores; el abuso no castigado de algunos militares es un mensaje de tolerancia a la iniquidad de otros. México no cerró las heridas del 68 por la protección a los responsables de matar estudiantes inocentes, de la desaparición de activistas políticos que fueron cremados, se ignoró la guerra sucia; a Echeverría, después que se burlara de las comisiones de la verdad, se le encontró culpable de genocidio, Calderón ha superado aquel momento negro, hoy la justicia tiene que actuar y si no hay un solo juez con agallas para actuar, acudamos, ya, a los tribunales internacionales.

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Marcha al diálogo Por Luis Arellano Mora

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on cinco minutos de silencio, en los que se recordaron a los más de 40 mil muertos que ha quedado como secuela de la lucha anticrimen emprendida por la Presidencia de la República desde 2006, concluyó la jornada que se inició el jueves 5 de mayo, en Cuernavaca, Morelos, y que finalizó el domingo 8 en el Zócalo capitalino con una exigencia de Javier Sicilia: la renuncia de Genaro García Luna. La Marcha de la Paz con Dignidad y Justicia, que se replicó en varias partes del país y en algunas partes del extranjero, fue una medida de presión para que las autoridades de justicia pongan un alto a lo que llaman interminables jornadas sangrientas en el país. El escritor Javier Sicilia exaltó la necesidad de que los gobernantes y las fuerzas políticas se den cuenta de que “están perdiendo la representación de la nación”, y que de no hacerlo las instituciones quedarán vacías y los comicios del próximo año serán los de “la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país”. Concluida la manifestación, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que el gobierno federal reiteró su respeto a los participantes de la Marcha por la Paz. Insistió en que la seguridad es una tarea de todos, principalmente de los tres órdenes de gobierno en cumplimiento de la obligación de perseguir y castigar a la delincuencia organizada. Segob destacó que “los efectivos militares, navales, de la Policía Federal no generan violencia” y que “su compromiso y desempeño permiten la reconstrucción de las instituciones locales de seguridad”. A partir de entonces, la Marcha del Silencio, como también se le nombró, ha merecido ya varios comentarios y opiniones por parte de diversos medios de comunicación, así como reacciones políticas de la más variada naturaleza. Y no podía ser de otra manera en este país en el que todo tipo de expresiones políticas han tendido a interpretarse de una manera dual o, incluso, de una manera polarizada. Así, la marcha pareció exhibir un hartazgo genérico contra la clase política y su incapacidad para procesar transformaciones. Y a pesar de la heterogeneidad ineludible de asistentes y convocantes, pareciera existir también cierta pretensión de darle continuidad programática e incluso organizativa a lo ocurrido el

pasado domingo. La virtud que tal operación podría tener es constituir en efecto un espacio para la construcción de propuestas sistemáticas en materia del combate a la inseguridad, pero el defecto es que inevitablemente se politizará el tema. Acciones y sobrerreacciones Una novedad de esta nueva marcha, escribió el consultor Rodrigo Morales Manzanares en Excélsior (mayo 10), es el contexto en el que se da. “Llega cuando en el gobierno federal parece haber cierto agotamiento por no poder ofrecer resultados, y cualquier señalamiento crítico merece sobrerreacciones. Cualquier planteamiento que pide revisar la estrategia hasta ahora seguida es señalado como si de lo que se tratara fuera de capitular con la delincuencia organizada”. El también presidente de Concertar abundó: “peor aún, pareciera que la única garantía de éxito en la guerra sería la continuidad del partido en el gobierno, pues cualquier otro escenario sería impensable y significaría el triunfo de los delincuentes. Parece complicado imaginar algún punto de encuentro, sobre todo si de ambos lados de la ecuación hay fanatismos: ni el presidente Calderón es el autor o único responsable del incremento de la violencia; así como tampoco creo que sea infalible”. Tal pareciera ser el sentido del mensaje a la nación que dirigió el presidente Felipe Calderón para defender su política antinarco, el miércoles 5 de mayo, en la víspera de la partida de la Marcha de la Paz del Zócalo de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. Reiteró que la única forma de combatir al crimen organizado es con los cuerpos de seguridad federales e insistir en que no dará marcha atrás en materia de seguridad. “Yo también quiero un México sin violencia”, sentenció entonces. En el mensaje presidencial transmitido la noche del miércoles, Calderón Hinojosa comentó que la meta de un país sin violencia no se alcanzará con salidas falsas, sino con el alto a los criminales, por lo que pidió el apoyo y el respaldo ciudadano. “No se trata de pedirles a los ciudadanos que hagan lo que corresponde a la policía o al Ministerio Público, pero lo que sí es indispensable es tu comprensión y tu apoyo, el apoyo de toda la sociedad. Porque hay quienes, de buena o de mala fe, buscan detener la acción del gobierno”, manifestó. Refirió que en las últimas semanas hemos sido testigos “de una se-

rie de indignantes actos criminales”, como es el caso de decenas de personas en San Fernando, Tamaulipas, o el asesinato de siete jóvenes (en referencia al hijo de Sicilia) ocurrido en Temixco, Morelos, hechos que, enfatizó, han enlutado al país. “Sé bien que hay mexicanos que sienten desánimo e incluso temor por lo que está ocurriendo. Todos nos sentimos entristecidos y ofendidos por la agresión de los criminales. Probablemente tú, como otros mexicanos, te preguntas si esto puede cambiar. Y la respuesta es: sí”, aseveró. Precisó que ningún gobierno debe “hacerse de la vista gorda” ante los problemas de seguridad pública, porque esa omisión fue precisamente lo que trajo como consecuencia la violencia. “No es opción retirarse de la lucha. Al contrario. Hay que redoblar el esfuerzo, porque si dejamos de luchar, ellos van a secuestrar, a extorsionar y matar por todo el país. Porque dar marcha atrás significa empeorar las cosas. Si nos retiramos, vamos a dejar que gavillas de criminales anden impunemente en todas las calles de México, agrediendo a la gente y sin que nadie los detenga”, advirtió el primer mandatario. En ese contexto es que urgió a los estados a depurar a sus policías y enalteció las acciones de la Armada de México en sus acciones contra la delincuencia organizada. Y ese es el punto para el especialista Rodrigo Morales Manzanares, que la marcha coincide también con algún giro discursivo: “donde antes se exaltaba la colaboración entre niveles de gobierno, hoy se denuncia precariedad institucional; donde antes había fuerzas federales en cooperación con fuerzas locales en virtuosa operación, hoy hay rezagos en la modernización y el compromiso de los diversos niveles de gobierno”. Pareciera, acotó, que podemos estar inaugurando una ruta peligrosa. “De entrada parece un diagnóstico institucional, por decir lo menos, tardío. Si hasta ahora fue develada la realidad policiaca en las entida-

des, por qué se declaró una guerra en la que aquéllas tendrían que jugar un papel un poco más que relevante. No puede ser que ahora cualquier acción de fuerza federal sea exitosa y cualquier operativo distinto tenga que ser visto bajo sospecha”. Calderón rectifica y abre espacios Un día después de la Marcha por la Paz, el lunes, el presidente Felipe Calderón ofreció a los promotores exponer sus razones de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y ordenó a su gabinete abrir todos los espacios necesarios para un diálogo franco y honesto. El presidente pidió a la población no quitar el dedo del renglón en cuanto a sus demandas de justicia y dejó entrever la posibilidad de “dialogar, escucharnos y entendernos para trabajar por lo que sea mejor para el país”. Manifestó su interés en exponer las propuestas, “que se conozcan las razones que el gobierno que encabezo está en esta lucha por conquistar la seguridad de los mexicanos, lo cual debe ser tarea de todos. Por ello he girado instrucciones para que estén abiertos los espacios de un diálogo franco y honesto y se busque un encuentro con los principales promotores de la Marcha por la Paz”. En un mensaje a los medios de comunicación, Calderón Hinojosa garantizó que los mexicanos cuentan con “mi compromiso inquebrantable no sólo por dialogar sino para apoyar a los ciudadanos que se encuentran indefensos y seguir trabajando con entereza. Seguiremos cumpliendo con la obligación de hacer valer la ley, combatir la impunidad y el crimen, así lo seguiré haciendo hasta el final de mi mandato”. Dijo ser un presidente que cree en el poder ciudadano. Por ello ha impulsado reformas para dotarla de mejores herramientas para exigir resultados. En ese sentido, aprovechó para saludar a la Marcha por la Paz que simboliza “un ánimo legítimo y justo para poner un alto a la inseguridad

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que padecemos, además de que es una clara muestra de que tenemos una sociedad activa, vigorosa que se expresa en favor de las mejores causas”. Desde la residencia oficial de Los Pinos, reconoció que México vive un complejo momento en materia de seguridad. Dijo compartir, como presidente y padre de familia el enojo, el dolor y la indignación que prevalece contra la criminalidad. “Yo también quiero un México en paz, sin violencia, yo también quiero un México liberado del azote y opresión de criminalidad”, reiteró. En ese sentido, sostuvo, que trabaja con ahínco para liberar a la sociedad de la opresión de criminales con firmeza clara y mesura a la hora de gobernar pero requiere de la solidaridad de parte de la sociedad. Sin abordar el tema de la posibilidad de remoción del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió a la población no quitar “el dedo del renglón para que todos los gobiernos avancemos en la implementación de políticas y que el ciudadano exija a los gobiernos, de todos los niveles que ejerzamos los recursos con transparencia y eficiencia para jerarquizarlos de acuerdo con la importancia de este problema”. Consideró fundamental que todos los mexicanos participen en el fortalecimiento del tejido social definiendo los valores que nos definen y sustituir la cultura de la violencia y la muerte, por la del respeto a la vida, a los demás, la honestidad y la legalidad. Reconoció que si bien “podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en algunos de los puntos que se expresan, pero eso no excluye la posibilidad de dialogar”. Pero que sea público, emplazan Desde esa fecha, organizadores de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad mantienen contactos con la Presidencia y la Segob para sostener una reunión con

el jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, con la finalidad de discutir los puntos del pacto que promueven, el cual se prevé se suscriba el 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los grupos de la sociedad civil también sostienen reuniones en las que buscan construir los términos en los que se efectuaría la reunión con el titular del Ejecutivo, así como con representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Una de las principales propuestas que discutían la noche del miércoles contemplaba que se buscara pedir que la reunión cumpla con cuatro requisitos: que sea pública, que no se celebre en Los Pinos, sino en otra sede que le dé un carácter republicano, que las discusiones tengan como marco el pacto de seis puntos presentado el día de la marcha y que participen también representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Emilio Álvarez de Icaza, ex Ombudsman del DF y uno de los organizadores de la marcha, aseguró que el camino hacía Ciudad Juárez debe culminar con un gran alianza, primero entre la sociedad y después con las instituciones. El jueves, en conferencia de prensa, se confirmó de parte de los organizadores de la marcha que entregaron a las autoridades un formato con esas condiciones para la reunión. Ahí, Javier Sicilia criticó que los medios se hayan “focalizado demasiado” en el asunto de la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, puesto que desde su punto de vista la discusión debe centrarse en la necesidad de que las políticas de seguridad tengan un enfoque ciudadano. La salida del funcionario sería un avance, pero, insistió, no es lo fundamental. Al ser cuestionado sobre una posible ruptura en el movimiento porque la renuncia de García Luna no era propuesta colectiva, señaló: “En efecto, no era demanda del colectivo la renuncia, pero luego de escuchar los testimonios, las complici-

dades y la ineficacia de la policía, yo demandé la renuncia de García Luna, pero, insisto, no se cierren en una hoja, hay mucho bosque y son seis puntos la demanda central que queremos que sea atendida”. En la misma conferencia, Eduardo Gallo reclamó: “Pedimos el cambio de estrategia en el combate al crimen organizado, porque esta ha fallado: miles de secuestros, más de 10 mil desapariciones, 40 mil muertos, 92.8 por ciento de impunidad, aumenta el consumo de drogas, ¿qué más quieren?”. Gallo y Sicilia enfatizaron en una mayor participación no sólo por parte del Ejecutivo Federal, sino también los partidos políticos, gobernadores, diputados y legisladores locales. “Los ciudadanos ya están hasta la madre de la sordera de los legisladores que antepones sus intereses personales y políticos al de los ciudadanos que solamente exigen justicia”, anotó el poeta Sicilia. Durante la presentación del Movimiento Nacional por la Paz, Sicilia estuvo acompañado del ex ombudsman del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza y Clara Jusidmann, y Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido contra la Delincuencia. La sordera de los políticos está haciendo daño a la so-

ciedad, alertaron. Al final, Álvarez Icaza destacó como una buena señal que la Presidencia del país haya formulado la idea de una posibilidad y responsabilidad del diálogo. “Como normalmente se sabe, puede haber coincidencias y diferencias”, indicó en entrevista radiofónica. Al informar el acuse de recibido del formato con las condiciones para una posible reunión, el gobierno federal refrendó su compromiso a debatir con los organizadores de la Marcha por la Paz y Justicia, encabezados por el poeta Javier Sicilia, en un diálogo “serio e inteligente”. Alejandro Poiré, el vocero de seguridad, apuntó que el gobierno federal refrenda una vez más, como lo ha hecho desde el inicio de su administración, su apertura y disposición permanente para construir y propiciar espacios útiles con los diversos sectores de la sociedad y en particular con este grupo. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional informó en conferencia, el mismo jueves, que el gobierno está convencido de que “la soluciones a los desafíos en México serán más efectivas si se toman de manera conjunta” en el marco de un debate democrático, transparente, serio e inteligente.

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El rostro doloroso de la crisis en México: la pobreza • Con el presidente Felipe Calderón, por primera vez en 10 años, aumentó la pobreza extrema, llegando al 70% de la población y para el 2011 se incrementa la tendencia • La crisis generó 8.3 millones de nuevos pobres en América Latina, más de la mitad corresponden a México, según el Banco Mundial Por Dr. Rafael Abascal y Macias *

E

l año 2010 es un año emblemático en sentido negativo, que pasará a la historia del país, porque el número de pobres llegó al nivel más alto en toda la década, considerando que ya en el 2008 había ya más de 80% de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad, habrá que esperar los análisis y estudios del impacto de la crisis de 2009 y la nula recuperación del ingreso en el tercer cuatrimestre del 2010. Este es el amargo rostro de la realidad mexicana, a pesar del exceso de optimismo del presidente Felipe Calderón y su equipo, planteando que lo peor de la crisis ya ha pasado y estamos en franca recuperación económica, como se puede constatar en la mayoría de los indicadores; pero que no corresponde a la realidad que enfrentan la gran mayoría de los mexicanos día a día, por el brutal incremento de los básicos, de los servicios y energéticos, especialmente las gasolinas, que han subido cinco veces en lo que va del 2011. La explicación del optimismo de la administración del presidente Calderón se debe al intento de mejorar las percepciones de los mexicanos ante los procesos electorales que tendrán lugar este año, donde en cuatro de ellos se renovarán 4 gubernaturas, destacando la del Estado de México, que gobierna el priista Enrique Peña Nieto, quien se encuentra muy arriba en las preferencias electorales de los mexicanos hacia el 2012; esta misma estrategia la impulsó desde Los Pinos durante el primer semestre del 2009, ante los comicios intermedios federales para cambiar la Cámara de Diputados. Es decir, antes de julio del 2009 todo marchaba bien, teníamos una economía blindada contra la crisis financiera global, los problemas de Estados Unidos, si acaso nos causaría “un catarrito”, los indicadores eran alentadores y presupuestos históricos para infraestructura, su principal motor los programas anticíclicos; pero después de la elección, donde la mayoría de los ciudadanos lo reprobaron a la administración de Calderón en las urnas; vinieron los grandes problemas, recortes presupuestales a

los estados, el hoyo fiscal de cerca de 400 mil millones de pesos, la necesidad de subir los impuestos, servicios y energéticos. La dura realidad y las perspectivas electorales El presidente Calderón pasó del optimismo desmedido >y hasta irresponsable< al pesimismo y duro realismo, donde el peso de la crisis recayó >como siempre< sobre los más desprotegidos: los pobres; fenómeno que desafortunadamente se puede repetir este año, después del 2 de julio próximo, en que se llevaran a cabo 4 elecciones estatales, donde se renuevan tres gubernaturas, la de Coahuila, Nayarit y Estado de México, así como la intermedia de Hidalgo, donde de mantenerse las tendencias electorales de las encuestas, el gran perdedor seguramente va a ser el PAN, como partido en el gobierno. Por todo lo anterior, sería ingenuo pensar que no impactará en los niveles de pobreza del país los incrementos fiscales, del gas doméstico, el peaje en carreteras, el diesel agropecuario y los cinco incrementos a los precios de las gasolinas que llevamos en lo que va del 2011, así como de los alimentos básicos.

La crisis de 2009, el pobre y desigual crecimiento del 2010, así como los magros resultados al primer cuatrimestre del 2011 nos ponen en un nivel de desprotección ciudadana, donde hay que sumar los efectos negativos de la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado; especialmente a los más pobres, ante las graves condiciones económicas y sociales que seguramente ya incrementaron la vulnerabilidad y la pobreza en el país. Por lo que es urgente que el Gobierno acelere, e incluso adelante, la actualización de la información con que contamos los mexicanos, a fin de diseñar decisiones más inteligentes y reestructurar urgentemente la política social, con miras al 2012. En sentido estricto nadie puede hoy dar una cifra acertada sobre el número de personas que viven en pobreza en México, a pesar de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha presentado una nueva y más completa medición de la pobreza, los datos con que contamos provienen de 2008, pero los efectos de la crisis de 2009 y el impacto de la inflación y el incremento de precios en este 2010 afectará severamente a las personas más vulnerables del país; ya que aun-

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Pobreza multidimensional méxico, 2008 Indicadores de incidencia

Porcentaje millones de personas

Pobreza multidimensional Población en situación de pobreza multidimensional Población en situación de pobreza multidimensional moderada Población en situación de pobreza multidimensional extrema Población vulnerable por carencias sociales Población vulnerable por ingresos Población no pobre multidimensional y no vulnerable

44.2 33.7 10.5 33.0 4.5 18.3

47.19 35.99 11.20 35.18 4.78 19.53

Privación social Población con al menos una carencia social Población con al menos tres carencias sociales

77.2 30.7

82.37 32.77

Indicadores de carencias sociales1 Rezago educativo Acceso a los servicios de salud Acceso a la seguridad social Calidad y espacios de la vivienda Acceso a los servicios básicos en la vivienda Acceso a la alimentación

21.7 40.7 64.7 17.5 18.9 21.6

23.16 43.38 68.99 18.62 20.13 23.06

bienestar Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar

16.5 48.7

17.64 51.97

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Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

que los resultados del primer cuatrimestre de 2011 son relativamente positivos, estos no han revertido estas tendencias. De acuerdo con el Coneval creado en el 2004 para medir la pobreza, en el 2000 había 24.1 millones de personas en condición de pobreza alimentaria; en el 2002, 20.0 millones; en el 2004, 17.4 millones; en el 2006, 13.8 millones, pero en el 2008 eran 18.2 millones. Pero del 2006 al 2008, tiempos del blanquiazul en Los Pinos, por primera vez en los últimos 10 años, el número de las personas en pobreza alimentaria, el equivalente a la pobreza extrema del Banco Mundial (BM), creció y pasó de 13.8 a 18.2% de la población del país. Aumentó pues, en 32 % según el Coneval. Lo ganado en ese tiempo, de manera particular entre el 2004 y el 2006, se revirtió, ampliando la brecha de la pobreza. El Banco Mundial asegura que en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres producto de la crisis mundial del 2009; de éstos, poco más de la mitad corresponde a México; en este sentido el número de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria podría ser, de 22.3 millones; pero de acuerdo a sus proyecciones esta cifra llega a finales del 2010, a más de 25 millones de pobres, que se suman al enorme ejercito de mexicanos que se encuentran en niveles de fragilidad social.

taria, 20.7 en pobreza de capacidades y 42.6 millones en pobreza de patrimonio. Al final de la administración zedillista el 53.7% de mexicanos se encontraba en alguno de los distintos niveles de pobreza y al término del gobierno foxista llegaba a 47%, que es el porcentaje más bajo en la historia del país. De esta forma, el número total de mexicanos en esta condición sumaba 48.9 millones, según el Coneval.

Para Rodolfo de la Torre, director de la oficina que realiza el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (ONU), en México los niveles de pobreza se empezaron a incrementar a finales del 2007 con el alza generalizada de los granos básicos a nivel mundial que elevó el precio de los alimentos y el incremento de los niveles de inflación, así como un deterioro acumulado del entorno económico.

Política calderonista

Los impactos de la crisis hacia el 2011, se recrudecen las condiciones

Por lo que, el aumento en los índices de pobreza durante la administración del presidente Felipe Calderón interrumpe un periodo de 10 años (1997-2006), en los que se había registrado una disminución real y sostenida del número de pobres; donde los niveles de pobreza, como parte de ese esfuerzo de carácter nacional, se habían reducido de 70% a poco más de 40%. Dicho de otra manera, una disminución de 30% en sólo 10 años.

Con los datos que ahora se conocen sobre la pobreza no contemplan los efectos de la crisis del 2009 y con los magros crecimientos del 2010, pero todo indica que los números van a ser todavía más graves cuando se haga la medición del 2011, la cual realizará el Coneval con una nueva metodología que va a registrar ya no sólo el ingreso, sino también los niveles de carencias.

Evolución de la pobreza por ingresos 1992-2008

Del sexenio zedillista al foxista A partir de 1996, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, empiezan a bajar los niveles de los distintos tipos de pobreza, para ese año había 37.4 millones de personas en condición de pobreza alimentaria, 46.9 en pobreza de capacidades y 69 millones en pobreza de patrimonio. Para el gobierno del presidente Vicente Fox se continuó la tendencia de reducción de los niveles de pobreza que llegaron a su punto más bajo cuando se contabilizaron 13.8 millones de personas en condición de pobreza alimen-

Fuente: INEGI y elaboración de Prospecta Consulting

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16 Evolución de la pobreza por ingresos 1992-2008

En el rubro de educación, el INEGI reportó que en 2005 había 5.74 millones de personas mayores de 15 años analfabetas, es decir, hubo apenas una reducción de 200 mil personas en esta condición respecto del año 2000; para 2007 sólo 85.7 millones de personas tenían protección en salud por algún sistema, ya sea federal, estatal o municipal, lo que significa que 21.3 millones no tenían cobertura en salud en ese año. La caída del ingreso Fuente: INEGI y elaboración de Prospecta Consulting

Las que se van a medir a partir del nuevo modelo son: 1. 2. 3. 4.

Rezago educativo Acceso a servicios de salud Acceso a seguridad social Calidad y acceso a servicios en la vivienda 5. Calidad y espacios de la vivienda 6. Acceso a la alimentación. Será en ese momento en que se va a conocer con precisión el efecto de la crisis mundial del año pasado que afectó de manera severa a México cuando tuvo un crecimiento negativo de 6.5 % del PIB. El responsable del Programa Oportunidades en el sexenio pasado, Rogelio Gómez Hermosillo, considera que en el nuevo sistema de medición es mejor y más exacto porque asume un enfoque de derechos sociales que no estaba contemplado en el modelo anterior; planteando que los nuevos datos abren oportunidad para revisar y mejorar los programas y las políticas sociales. Pero se deben sumar programas económicos, especialmente las acciones encaminadas a la generación de empleo, la competitividad de las zonas marginadas y el acceso a servicios básicos >educación, salud, alimentación, entre otros< con calidad y no sólo los programas de “combate a la pobreza”. El Coneval, junto con otros muchos especialistas, reconoce que la estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza, pasa necesariamente por: hacer crecer la economía, crear empleos bien remunerados, impulsar una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda. De esa dimensión es el reto para la sociedad mexicana y los distintos niveles del gobierno. Asimismo, los expertos e investigadores de diversos centros o grupos han planteado que es de la mayor importancia que todos los programas sociales, bajo el programa para Vivir Mejor, deben blindarse para usos electorales; que desvirtúan los principios fundamentales que los han creado, dentro de una filosofía de justicia social.

• 35.99 millones eran consideradas como pobres moderados • 11.20 millones como pobres extremos • 35.18 millones fueron clasificados como vulnerables por carencias sociales • 4.78 millones como vulnerables por ingreso Estas cifras muestran que sólo 19.53 millones de mexicanos no eran pobres ni vulnerables por carencia social o por ingreso, al finalizar 2008. Por otra parte, si se analizan los datos disponibles respecto de la carencia de servicios sociales básicos, en el tema de acceso al agua potable en las viviendas se encuentra que la cobertura reportada por el INEGI en 1995 era de 83.6% de la población; en 2006, de 89.6%, y en 2007 fue de 89.9%. En 12 años se logró abatir sólo seis por ciento el rezago, sin considerar la mala calidad del agua, las fugas, la disponibilidad y la escasez en amplias regiones del país. De igual manera, el alcantarillado, ha tenido mayores avances, aunque el rezago es todavía muy significativo, pues aun cuando se avanzó de una cobertura de 66.6% a 86.1%, cuando estos porcentajes se traducen en números absolutos significa que 10.7 millones de personas carecían de servicios de agua potable y 14.8 millones, de alcantarillado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2008), los deciles de población con menos ingresos tuvieron menos recursos en 2008 respecto de 2006. Por el contrario, los deciles de más ingreso fueron los únicos que mantuvieron en promedio los recursos que perciben; de esta forma, mientras que el primer decil (el más pobre) tuvo un ingreso trimestral de seis mil 651 pesos en 2006, para 2008 la suma disminuyó a seis mil 116 pesos. En sentido contrario, el decil 10 (el de mayor riqueza) logró mantener un ingreso de 133 mil pesos trimestrales en el mismo periodo. Esto implica una diferencia de 21.7 veces entre los que más ganan y los de menos ingresos; aunque esta tendencia que se agudizó en el 2009, se mantenga así en 2010, pues los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que el número de personas ocupadas que perciben menos de un salario mínimo, y entre uno y dos salarios al día se ha incrementado de 2.1 a 2.58 millones entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2009 para el primer caso, y de 6.62 a 7.27 millones para el segundo. Las limitaciones y/o distorsiones del método La medición multidimensional de la pobreza aún no ha sido suficientemente valorada en sus alcances e implicaciones, ya que hay que asumir que una medición de esta complejidad, el diseño de la política pública y de los programas sociales no puede seguir siendo simplemente el

Producto Interno bruto (PIb) (Primer trimestre 2005 – Cuarto trimestre 2009)

Las cifras y el tamaño del fenómeno El Coneval registra que en 2008 había 47.19 millones de personas en pobreza multidimensional, de las cuales:

Fuente: INEGI y elaboración de Prospecta Consulting

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Indicador Global de la actividad Económica (Enero 2005 – Enero 2010)

Fuente: INEGI y elaboración de Prospecta Consulting mismo, porque ahora el Gobierno tiene la responsabilidad jurídica, y sobre todo ética, de actuar en consecuencia. Por lo que, el seguir presentando datos aislados sobre crecimiento económico, inflación, afiliaciones al IMSS, etcétera, resulta una mera estrategia propagandística porque no da cuenta de los avances que de manera agregada debieran generarse si de verdad se quiere incidir en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad, como las define el Coneval. Mientras no haya un efecto combinado de recuperación del poder adquisitivo, un incremento sustantivo en la cobertura y calidad de los servicios de salud y educativos, crecimiento económico sostenido con creación de empleos dignos, así como reducción de la marginación, entonces la pobreza y la vulnerabilidad se verán reducidas sólo marginalmente y no con la velocidad que se requiere. Es por ello, que resulta paradójico que el Gobierno aplicara para el 2011 medidas que van en sentido contrario de lo que la realidad indica, reduciendo la toma de decisiones a un proceso gradual de enorme lentitud y generando desaliento sociales. De esta forma, Si el gobierno federal reconoce, vía el Coneval, que menos de 20 millones de mexicanos viven fuera de la vulnerabilidad y la pobreza, entonces resulta incomprensible que se incrementaran los impuestos, especialmente el IVA a 16%, generando con ello una tendencia regresiva del ingreso, vía el aumento de precios; que desincentive la creación de empleos, vía el incremento a ISR, y que controle la inflación a costa del crecimiento económico y la no creación de empleos suficientes ni dignos. Impulsando rápidamente el crecimiento de la economía informal. La ENOE nos da una clara muestra de la tendencia hacia la precarización de los empleos y los salarios en los últimos años, por lo que las expectativas para este 2011 respecto de la pobreza, sólo indican una cosa: el número de pobres, lejos de disminuir, podría incrementarse hasta en cinco millones con respecto a la escandalosa cifra de 2008. Si no es así, el resultado más optimista es que el número de pobres no disminuya. Otras visiones Diferentes organismos internacionales han desarrollado instrumentos de medición de la pobreza, el método de línea de pobreza, se refiere al nivel de ingreso que un hogar necesita para

satisfacer necesidades de alimento y no alimentarias, existen otros desarrollados por Organismos especializados de la ONU, que toman en cuenta el nivel de ingreso y la obtención de medios adecuados para el desarrollo como la alimentación, la educación, y la salud. La pobreza en México afectará directamente a 60 millones de personas, es decir, al 55% de la población, debido a que la crisis ha ocasionado un aumento catastrófico en los índices de desempleo, ya que en el último trimestre perdieron su trabajo 250 mil mexicanos. En el 2010 hay más de 2.5 millones de desempleados >según cifras oficiales< y más de dos millones de mexicanos van a necesitar trabajos nuevos en el 2011. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social considera que 54% de los mexicanos >alrededor de 58 millones< vive en pobreza de patrimonio, lo que indica que vive con menos de 4 dólares diarios, ($53.00) mientras que el 32% >unos 35 millones)< lo hace con menos de 2.5 dólares ($33.00), y 24% (25.7 millones)

con menos de 2 dólares ($27.00). En este sentido los estados de mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango, donde habitan altos porcentajes de población indígena. La pobreza se encuentra directamente relacionada con la capacidad para generar fuentes de empleo, y el potencial de desarrollo basado en educación, profesionales, técnicos e investigación que dotan a una región de medios para la creación de productos y servicios e infraestructura que permita a la región relacionarse económica y laboralmente con otros sectores. A manera de conclusión Finalmente, durante los sexenios panistas de Fox y Calderón, el número de pobres se incremento del 2000 >39 millones< al 2009