DIRECTORIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EDUARDO MEDINA MORA ICAZA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

JOSÉ LUIS SANTIAGO VASCONCELOS SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES

VÍCTOR CORZO CABAÑAS SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO

NOÉ RAMÍREZ MANDUJANO SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

FELIPE DE JESÚS MUÑÓZ VÁZQUEZ SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES

JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

RAFAEL IBARRA CONSEJO OFICIAL MAYOR

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ VISITADOR GENERAL

CLAUDIA RUÍZ MASSIEU SALINAS TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

FERNANDO CASTILLO TAPIA DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

CONSEJO EDITORIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EDUARDO MEDINA MORA ICAZA PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Presidente JOSÉ LUIS SANTIAGO VASCONCELOS SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES VÍCTOR CORZO CABAÑAS SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO NOÉ RAMÍREZ MANDUJANO SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA FELIPE DE JESÚS MUÑÓZ VÁZQUEZ SUBPROCURADOR DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO SUBPROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES RAFAEL IBARRA CONSEJO OFICIAL MAYOR ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ VISITADOR GENERAL CLAUDIA RUÍZ MASSIEU SALINAS TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL FERNANDO CASTILLO TAPIA DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ROBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD ROBERTO PÉREZ ARÉIZAGA DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO ALFONSO MANCERA SEGURA TITULAR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL ALFONSO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES COORDINADOR DE ASESORES DEL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA GERARDO LAVEAGA RENDÓN DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES AGUSTÍN GONZÁLEZ GUERRERO DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA PGR

FISCALÍA ESPECIATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

INFORME DE ACTIVIDADES 2006

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ FISCAL ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

ALFONSO PÉREZ DAZA DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

JORGE IVÁN CASTILLO ESTRADA DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE PROCESOS Y AMPARO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

LUIS RAÚL FLORES ARREOLA DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

HÉCTOR DÍAZ SANTANA DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

Informe Anual de Actividades 2006 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Boulevard. Adolfo López Mateos, número 2836, Colonia Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, México D.F. http://www.pgr.gob.mx/index.asp?section=fepade

Procuraduría General de la República Paseo de la Reforma No. 211-213, Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. http://www.pgr.gob.mx

El Informe Anual de Actividades 2006 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se imprimió en febrero de 2006, su edición consta de 1,000 ejemplares.

Su coordinación estuvo a cargo de Héctor Díaz Santana, Rubén Rivera Rodríguez, Octael Nieto Vázquez y José Omar Sánchez Molina. Además, se contó con la colaboración de César Augusto Peniche Espejel, Álma Érika Barrera Sánchez, Edith Otamendi Santillán, Éber Betanzos Torres y Víctor Jesús Ocadiz de la Rosa.

Primera edición: febrero de 2007

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

13

1.

INFORME DE ACTIVIDADES 2006

19

1.1.

19 19 22 23 25 26 27 29 30 35 36 37 38 38 39 40 41 43 43 44 45 47 47

1.2.

1.3.

1.4.

Atención a las denuncias en materia de delitos federales electorales 1.1.1. Averiguaciones Previas 1.1.1.1. Averiguaciones previas atendidas 1.1.1.2. Averiguaciones previas determinadas 1.1.2. Actas circunstanciadas 1.1.2.1. Actas circunstanciadas atendidas 1.1.2.2. Actas circunstanciadas determinadas Actuación del Ministerio Público ante órganos jurisdiccionales 1.2.1. Consignaciones 1.2.2. Mandamientos judiciales 1.2.2.1. Mandamientos judiciales cumplidos 1.2.2.2. Mandamientos judiciales pendientes de ejecución 1.2.3. Procesos penales 1.2.3.1. Procesos penales en trámite 1.2.3.2. Sentencias dictadas en primera instancia 1.2.3.3. Recursos 1.2.4. Amparos 1.2.5. Diligencias ministeriales según su distribución territorial Desarrollo de la actividad jurídico-consultiva 1.3.1. Atención a dictámenes 1.3.2. Atención a consultas jurídicas 1.3.2.1. Consultas internas y externas 1.3.3. Interacción con órganos legislativos 1.3.4. Formulación y revisión de instrumentos competencia de la FEPADE 1.3.4.1. Convenios 1.3.4.2. Acuerdos, instructivos y circulares 1.3.5. Atención a quejas y procedimientos administrativos 1.3.6. Participación de la FEPADE en órganos colegiados 1.3.6.1. Comité de Valores de la FEPADE 1.3.6.2. Consejo Editorial de la PGR 1.3.6.3. Consejo de Profesionalización 1.3.6.4. Labor Docente Política criminal y prevención de delitos electorales 1.4.1. Política criminal 1.4.1.1. BANCINF 1.4.1.2. Banco de datos de FEPADETEL 1.4.1.3. Análisis de información 1.4.2. Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales 1.4.2.1. Blindaje electoral 1.4.2.2. Capacitación en materia electoral 1.4.2.3. Diseño, impresión y distribución de materiales

48 48 49 49 49 49 50 50 50 52 52 53 54 56 63 64 66 71

ÍNDICE

1.5.

2.

UNA VISIÓN DESDE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES 2.1.

3.

1.4.2.4. Sistemas de atención ciudadana 1.4.3. Acceso a la información 1.4.4. Atención a medios de comunicación Modelo de administración y calidad en la FEPADE 1.5.1. Sistema de Apoyo Integral a la Democracia 1.5.2. Jornada electoral concurrente del 2 de julio del 2006 1.5.3. Modelo de calidad 1.5.3.1. Carta Compromiso al Ciudadano (monitoreo ciudadano) 1.5.3.2. Percepción ciudadana 1.5.3.3. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 1.5.3.4. Capacitación 1.5.3.5. Seguridad y control de la información 1.5.4. Administración de recursos 1.5.4.1. Capital humano 1.5.4.2. Bienes y servicios 1.5.4.3. Presupuesto 1.5.4.4. Control y desarrollo administrativo 1.5.4.5. Sistematización de procesos

Atención telefónica en materia de delitos electorales federales 2.2. Atención ministerial en materia de delitos electorales federales 2.2.1. Inculpados en materia de delitos electorales 2.2.2. Denunciantes en materia de delitos electorales

LA EXPERIENCIA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA FEPADE: A SEIS AÑOS DE GESTIÓN 3.1. 3.2. 3.3.

3.4.

Diagnóstico de la FEPADE en el 2001 3.1.1. Definición de estrategias Visión, Misión y Objetivos de la FEPADE 3.2.1. Reestructuración orgánica de la FEPADE La transformación y quehacer jurídico institucional de la FEPADE 3.3.1. Programa de Abatimiento del Rezago 3.3.2. Programa de Atención a Mandamientos Judiciales 3.3.3. Programa Específico de Prevención del Rezago en la Integración de Averiguaciones Previas 3.3.4. Programa de Atención al Archivo de Reserva de la Fiscalía 3.3.5. Mesas de Trabajo Celebración de Convenios, Programas de Trabajo, Circulares y Acuerdos 3.4.1. Convenios 3.4.2. Programas de Trabajo

72 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 88 90 92 92 95 95 104 104 109

115 106 116 118 119 119 122 122 123 123 124 124 124 124 128

ÍNDICE

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.4.3. Acuerdos 3.4.4. Circulares Trabajo en materia de reformas electorales 3.5.1. Proyecto de Reformas al Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal 3.5.2. Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero Programas y acciones en materia de prevención del delito electoral 3.6.1. Programa para el establecimiento del Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal Electoral 3.6.2. Sistema Informático FEPADETEL, FEPADENET Y FISCAL EN LÍNEA 3.6.3. Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales Federales (PNPDE) 3.6.4. El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones 3.6.5. Convenio de Bases de Colaboración Interinstitucional 3.6.6. Blindaje Electoral 3.6.7. Programas de Trabajo con las Entidades Federativas 3.6.8. Programa de Acceso a la Información en Materia de Delitos Electorales 3.6.9. Publicaciones FEPADE 3.6.10. Jornada Nacional "To2 contamos por la legalidad y una mejor calidad de vida" 3.6.11. Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales (Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia) 3.6.12. Otras acciones coordinadas 3.6.12.1. Con la Lotería Nacional 3.6.12.2. Tarjetas Ladatel Programas estratégicos electorales 3.7.1. Programa Estratégico de Cara a las Elecciones Federales del 2003 3.7.2. Jornada Electoral 2003 3.7.3. Programa Estratégico para el Proceso Electoral Federal 2005-2006 3.7.4. Jornada Electoral 2006 Implementación del sistema de calidad en la FEPADE 3.8.1. Sistema de Gestión de la Calidad 3.8.2. Sistema de Alineación Estratégica Digital "DAS-G" 3.8.3. Modelo de Calidad INTRAGOB Programa de Seguridad y Control de la Información 3.9.1. Otras bases de datos de control de las acciones realizadas en FEPADE 3.9.2. Programa de capacitación 3.9.3. Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 3.9.3.1. Código de Valores 3.9.3.2. Reconocimiento en la integridad del servidor público 3.9.3.3. Carta Compromiso del Ciudadano 2005

131 132 132 132 133 134 134 134 135 137 138 140 142 142 142 144

145 146 146 147 147 147 148 149 151 153 153 153 154 155 157 158 160 163 163 164

INDICE

3.9.4.

3.10.

3.11.

4.

5.

Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en Elecciones Locales 3.9.5. Percepción Ciudadana sobre la Fiscalía y satisfacción de cliente 3.9.6. Cooperación internacional El proceso de reingeniería del área administrativa 3.10.1. Recursos humanos 3.10.2. Recursos financieros 3.10.3. Recursos materiales Análisis del desempeño 2001-2006 3.11.1. Averiguaciones previas 3.11.2. Procesos judiciales 3.11.3. Actividad Jurídico-Consultiva 3.11.4. Prevención del Delito Electoral y Política Criminal 3.11.5. Innovación Gubernamental

164 168 169 170 170 170 171 172 172 173 174 176 177

REFORMA PENAL ELECTORAL

181

4.1. 4.2.

182

Antecedentes Propuestas presentadas para modificar los delitos electorales vigentes. 4.2.1.1. Propuesta del Titular del Ejecutivo del año 2003 4.2.1.2. Propuesta del Titular del Ejecutivo del año 2004 4.2.1.3. Reforma propuesta por la Comisión Especial de Reforma del Estado 4.2.1.4. Propuesta de la Comisión de Gobernación 4.2.1.5. Reforma Penal Electoral del Voto de los Mexicanos en el Extranjero 4.2.1.6. Propuesta de Reforma Constitucional para la Designación del Fiscal Electoral 4.2.1.7. Nueva propuesta penal electoral 4.2.1.8. Propuesta de reforma al Código Penal Federal 4.2.1.9. Propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales

184 184 184 185 186 187 188 188 189 196

AGENDA PENDIENTE 2007

199

5.1.

200 201 202 202 204 204 205

Reforma Penal Electoral 5.1.1. De la investigación de los delitos electorales 5.1.2. Del proceso penal electoral 5.1.3. Programas de prevención del delito electoral 5.1.4. Convenios, acuerdos y programas de trabajo 5.1.5. Innovación y calidad 5.1.6. Administración de recursos

INTRODUCCIÓN

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

INTRODUCCIÓN La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, entrega el presente informe anual de actividades a la ciudadanía, a los poderes públicos, órganos de gobierno, instituciones de educación superior y organizaciones sociales con el propósito de que cada persona pueda conocer los resultados alcanzados durante el año 2006. Al mismo tiempo, el lector podrá encontrar una visión general del esfuerzo institucional realizado en los últimos seis años que dan cuenta de los logros de FEPADE, entre los que destacan: la modernización estructural; la implantación del sistema de gestión de calidad (se alcanzó el Premio INTRAGOB 2003 y 2006, Reconocimiento Innova 2005 y 2006, y el Premio al Lenguaje Ciudadano 2006); la profesionalización al personal ministerial de la institución; la creación de los Programas de Apoyo a Elecciones Locales, y de Prevención de Delitos Electorales; así como la creación de diversos mecanismos de atención ciudadana, como son: FEPADETEL, FEPADENET, Fiscal en Línea y el sistema PREDEF. Del 2001 al 2006 la FEPADE ha atendido cien procesos electorales federales y locales, ordinarios y extraordinarios, mediante el diseño e implantación de acciones estratégicas enfocadas a la procuración de justicia penal electoral de manera pronta y expedita. Para la última elección se elaboró y realizó el Programa Estratégico para la Elección Federal 2005-2006, en el que también fueron atendidas 10 elecciones concurrentes. En 2006 inició el programa de Blindaje Electoral, con la participación de 237 Unidades del Gobierno Federal; se creó el folleto "El ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones", cuya distribución a nivel federal llegó a 2.6 millones de ejemplares. En 2006, se firmó la Carta Compromiso al Ciudadano, a través de la cual la institución se ha comprometido ante la ciudadanía a disminuir los tiempos de la atención de una denuncia desde su recepción hasta su determinación en un tiempo máximo de seis meses, algo inédito para la institución del Ministerio Público. De esta forma, la FEPADE en estos seis años ha logrado el 98 por ciento de sentencias condenatorias y ninguna determinación de no ejercicio de la acción penal ha sido revertida por el Poder Judicial. Este Informe, producto de las responsabilidades de las direcciones y áreas que integran la FEPADE, expone en primer término su quehacer esencial, es decir, la facultad legal de recibir y determinar las denuncias que presentaron los ciudadanos ya sea ante la Fiscalía o ante otras instituciones, dando respuesta a las demandas ciudadanas a través del inicio y sustanciación de las averiguaciones previas y actas circunstanciadas que son las herramientas jurídicas a través de las cuales la institución lleva a cabo el quehacer fundamental de procurar justicia. En este sentido, la FEPADE en 2006 atendió más de 503 actas circunstanciadas, de las cuales resolvió 468. Se recibieron 129 propuestas de Ejercicio de la Acción Penal provenientes de la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales, de las cuales se aprobaron 92, se devolvieron 40 y quedaron 3 en trámite. De las Averiguaciones

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

Previas en que se aprobó el Ejercicio de la Acción Penal, se elaboraron 92 pliegos de Consignación para ser presentados ante la autoridad judicial. En este sentido, el informe da cuenta de la superación del número de procesos concluidos. Lo anterior es consecuencia directa de la labor de los agentes del Ministerio Público de la Federación. En el año que se informa se han resuelto 117 juicios de amparo directo e indirecto, de éstos en 37 casos se negó el amparo, en 66 se sobreseyó el juicio de garantías, en siete se concedió para efectos y sólo en seis casos se amparó de forma plena. En el periodo también se desechó una demanda de amparo. Las condiciones políticas y sociales que motivaron la incorporación de los delitos electorales en 1990 son diferentes a las que se asiste en México hoy en día. El actual sistema de justicia penal electoral federal ha sido en parte superado por la realidad de las contiendas políticas, por lo que ha dejado de cumplir con algunas de las expectativas sociales respecto a la procuración de justicia en los procesos democráticos. En esas coordenadas y en función de la experiencia de la FEPADE, se ha observado que la norma penal electoral en ocasiones resulta insuficiente para sancionar las conductas que dañan el desarrollo de la contienda electoral. Por lo que la FEPADE ha manifestado durante cinco años en diversos foros y presentaciones públicas, la necesidad de incorporar nuevos elementos a la norma penal que garanticen el derecho inalienable del pueblo a elegir a sus legítimos representantes. Atribuir un derecho no es lo mismo que garantizarlo, dice la doctrina jurídica en la actualidad. Ante las evidencias de conductas que puedan afectar negativamente el marco legal electoral, la FEPADE definió como línea de acción el acercamiento con el Poder Legislativo para argumentar la necesidad de reformar el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, así como para ofrecer estudios y análisis que sustentaran las propuestas. Cabe decir que, en abril de 2004, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a partir de la propuesta generada desde la FEPADE, trabajos que continuaron impulsándose durante todo el año 2006. Empero, por diferentes razones, los acuerdos necesarios no se alcanzaron en el H. Congreso de la Unión, por lo que sigue siendo parte de una agenda pendiente la modernización del marco legal que rige la procuración de justicia en la materia. Por otra parte, al seno del Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales, la FEPADE trazó la celebración de Convenios de Colaboración y de Programas de Trabajo con otras autoridades federales y locales, con el fin de unir esfuerzos y recursos para desarrollar acciones encaminadas a difundir el conocimiento sobre los delitos electorales y para fortalecer una cultura de la legalidad e impulsar la prevención del delito electoral. En la ejecución de esta estrategia, se establecieron vínculos con organizaciones representativas del sector social, lo que permitió involucrar a la sociedad civil en las tareas de prevención. En 2006 se suscribieron programas de trabajo con casi todos los gobiernos de las entidades federativas, lo cual equivale a la formalización de 31 nuevos compromisos jurídicos para capacitar y difundir los delitos electorales en todo el territorio nacional.

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INTRODUCCIÒN

Aunado a lo anterior, la FEPADE mantuvo esquemas de prevención en los que la información a la ciudadanía, la participación de la comunidad, la colaboración de aliados gubernamentales y sociales, y los esquemas de rendición de cuentas, formaron un conjunto de respuestas institucionales más efectivas para hacer frente al delito electoral. Un pilar del trabajo de prevención radica en la capacitación sobre delitos electorales, cultura de la legalidad y la denuncia, temas específicos de investigación ministerial y diversos tópicos relacionados con la justicia penal electoral. En 2006, la Fiscalía siguió una estrategia orientada a incrementar la información con que cuentan los servidores públicos; por ello, se dio continuidad a la estrategia de distribución de El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones, iniciada en 2005. Como parte de su Programa Estratégico 2005-2006, la FEPADE implementó un conjunto de acciones dirigidas a grupos vulnerables, como son los pueblos y comunidades indígenas; los adultos mayores; las personas que viven con alguna discapacidad o necesidad especial, y los jóvenes. En general, el presente informe da cuenta de las acciones de prevención del delito, y con ello, de la entrega de materiales; la estrategia de comunicación social de prevención del delito electoral mediante spots de radio y televisión, que en su conjunto impactaron significativamente en la ciudadanía al fomentar el conocimiento de sus derechos políticos y electorales. Durante 2006, la FEPADE se preparó para atender la jornada electoral del 2 de julio que involucró un proceso electoral federal y diez procesos electorales locales (Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, así como en el Distrito Federal). Adicionalmente, la FEPADE atendió los procesos electorales del 20 de agosto en Chiapas y del 15 de octubre en Tabasco, donde se renovaron los poderes ejecutivos locales. Asimismo, a partir del año 2001, la FEPADE comenzó a materializar una estrategia de Prevención del Delito y Blindaje; sin embargo, es hasta finales de 2005 y de cara al inicio del proceso electoral del 2 de julio de 2006, cuando se articuló una estrategia de mayores dimensiones en materia de Blindaje Electoral por parte de las instituciones que componen la Administración Pública. En el lapso que se informa, se consolidó el Modelo de Calidad implementado en la FEPADE desde el 2001. El haber desarrollado los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 potenciado con referencia de la Norma ISO 9004, inició la cultura de calidad en el servicio en un enfoque a procesos, donde la eficiencia se sustenta en la innovación y la mejora continua. Este hecho se ha visto fortalecido con apropiación de los principios del Modelo de Calidad Nacional para la Calidad Total y del INTRAGOB. Un resultado por demás alentador del Modelo de Calidad FEPADE, radica en que ha contribuido a consolidar la presencia de la institución entre la ciudadanía; baste señalar que en el proceso electoral del año 2006 el mayor número de denuncias por delitos electorales se generó precisamente desde los ciudadanos.

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

La democracia es la única forma de gobierno en el tiempo y en la historia que ha mostrado disponer de las virtudes y del diseño necesario para garantizar la igualdad en el acceso a los derechos, la equidad social y las libertades sustanciales de los diferentes grupos sociales. En la modernización política, jurídica e institucional del Estado mexicano, el sistema de justicia electoral, y por tanto el marco que define la procuración de justicia penal electoral, son temas decisivos que demandan el talento individual y colectivo para edificar una sociedad de hombres y mujeres libres que desde su autonomía se apropian y defienden los principios de toda democracia que se cifran precisamente en la libertad y la igualdad. Queda el presente documento como testimonio del esfuerzo realizado por un equipo de trabajo que tuvo su premisa en cumplir y hacer cumplir la ley para servir a la ciudadanía y, al mismo tiempo, para contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, en particular para garantizar a cada persona el libre ejercicio del sufragio.

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CAPÍTULO 1 INFORME DE ACTIVIDADES 2006

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

CAPÍTULO 1 INFORME DE ACTIVIDADES 2006

1. INFORME DE ACTIVIDADES 2006

1.1. Atención a las denuncias en materia de delitos federales electorales 1.1.1. Averiguaciones Previas La FEPADE tiene la facultad legal de recibir y determinar las denuncias que presenten directamente los ciudadanos ante la institución, así como aquellas que sean enviadas por otras autoridades, por encontrarse en el ámbito de competencia. Las averiguaciones previas y actas circunstanciadas son las herramientas jurídicas a través de las cuales la institución lleva a cabo el quehacer fundamental de procurar justicia.Las facultades de investigación y persecución que tiene la FEPADE y que las realiza por medio de Ministerios Públicos especializados es fundamental, ya que como representante social,tiene la obligación de garantizar que los intereses de la víctima u ofendido, así como con el interés colectivo del mantenimiento del orden social se garanticen en pleno respeto a la ley. Por disposición legal a la FEPADE le corresponde la función investigadora de delitos y la persecución de los delitos se realiza a través de la "averiguación previa" (artículos 18, fracción I, y 45, fracción I,del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) que consiste en el procedimiento para investigar con minuciosidad un hecho denunciado que se presume delictivo y que,en el caso de competencia de la Fiscalía,pudiera constituir un delito electoral federal. El ejercicio para el desarrollo de la averiguación previa implica llevar a cabo una serie de diligencias que se concatenan para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad;como también,si no existen los elementos constitutivos de los tipos penales,resolver sobre la inculpabilidad o no responsabilidad de los presuntos implicados. El Ministerio Público cumple sus funciones respetando las garantías relativas al hecho jurídico y a la legalidad. Para este proceso, son realizadas un sinnúmero de actuaciones como: toma de declaración al probable responsable, al denunciante, apoderado legal del Instituto Federal Electoral (IFE), a los testigos, e incluso a los peritos; igualmente, el Ministerio Público ordena realizar peritajes y, en algunos casos, pide intervención de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para cumplimentar en forma exhaustiva algún detalle de la indagatoria o culminar la localización y la presentación de personas que han de comparecer bajo diversas calidades ante el órgano ministerial. Finalmente, se emite una resolución concluyendo con la existencia o no de algún delito electoral federal y resolviendo, en su caso, quién o quiénes lo cometieron. A continuación se presentan los datos de indagatorias iniciadas, atendidas y determinadas en el periodo de 1997 al 2006.

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

Las cifras anualizadas muestran una clara tendencia de incremento, al triplicarse el número de las averiguaciones iniciadas en 1997, en los años de 2003 y 2006. El mayor volumen de denuncias recibidas y sustanciadas se registra en los años electorales federales: 2000, 2003 y 2006. En los años intermedios se muestra la misma tendencia -aunque en proporciones inferiores-, el número de indagatorias pasó de 286 en 1998 a 423 en 2001 y a 614 en 2005. Un dato que es importante resaltar es el aumento del número de averiguaciones previas del año 2000 al 2006, en un 38 por ciento. Este aumento no debe interpretarse como un incremento sustantivo de los delitos electorales; podría ser más bien como consecuencia de una mayor presencia pública de la FEPADE y por ende de los delitos electorales, como también de una mayor conciencia, responsabilidad o cultura de la legalidad electoral.

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CAPÍTULO 1 INFORME DE ACTIVIDADES 2006

En cuanto al número de averiguaciones atendidas,1 se advierte un incremento sostenido durante los 10 años del reporte. Uno de los datos más significativos es la tendencia a la baja en los años preelectorales. Sin embargo, en años en los que no se celebra proceso electoral federal, el número de denuncias tiene correlación con el número de procesos electorales locales, en los cuales también se pueden presentar delitos federales, como puede ser utilizar recursos públicos federales a favor de partido político o candidato.

Los datos de indagatorias resueltas, a partir de 2002 y hasta 2006, tienen correspondencia con las averiguaciones previas atendidas en el mismo periodo; este comportamiento explica la inexistencia de rezago en la atención de averiguaciones;2 al mismo tiempo, muestra etapas de acumulación por rezago (1999-2001) y los periodos de abatimiento (2001). Una de las prioridades de la actividad institucional ha sido la determinación oportuna de las averiguaciones. La tramitación de la averiguación previa implica múltiples actividades, que se llevan a cabo con arreglo a las leyes de procedimientos penales. Se puede citar como sustanciales: las declaraciones ministeriales de denunciantes, testigos, peritos e indiciados, la realización de inspecciones, cateos, aseguramientos, localización y citación de testigos y el requerimiento de material probatorio a peritos, e informes y documentos a instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su conocimiento y competencia. La brevedad en las investigaciones tiende a garantizar el derecho a una justicia pronta, preservando exhaustividad y eficiencia que debe prevalecer en cada asunto. Ello ha mantenido la calidad del trabajo que desarrolla el área de investigación, además de la percepción positiva de la ciudadanía. 1 El rubro de averiguaciones previas atendidas alude a las indagatorias que tuvieron gestión durante cada anualidad, con independencia del año de su inicio. No se trata de un dato acumulable, por lo que muchas indagatorias son contabilizadas en más de un periodo. 2 El retraso en los tiempos de atención de las averiguaciones en un periodo, ocasiona el incremento en el número de atención de los periodos siguientes, tal es el caso de los años 1997 a 2001.

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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006

El tiempo de resolución de las indagatorias se explica con la gráfica siguiente, destaca que al finalizar el 2006, no hay indagatorias en trámite que provengan de años anteriores.

El mayor porcentaje de indagatorias en trámite se inició en el mes de julio;al cierre de este informe éstas tienen menos de seis meses de investigación; al mismo tiempo, las averiguaciones iniciadas en mayo y los meses anteriores representan tan sólo el 5.81 por ciento del total. Cabe apuntar que la mayoría de estos casos tienen diligencias pendientes que requieren de mayor tiempo para su realización dada su especial complejidad o la dificultad en el acceso a las fuentes de información. 1.1.1.1. Averiguaciones previas atendidas En este año,las indagatorias iniciadas -que no incluye reingresos- es de mil 179.Por lo que hace a la distribución mensual de los inicios, los cuatro meses previos y los cuatro posteriores a julio presenta homogeneidad en el número de indagatorias; en cambio, los meses intermedios (mayo, junio, julio y agosto) muestran una importante desviación cuyo mayor punto es el mes de julio.

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El número de averiguaciones previas se incrementó exponencialmente,pasando de un promedio mensual de 61 indagatorias a 407 en el mes de julio. Las averiguaciones previas iniciadas en los meses de mayo a agosto representan el 69 por ciento del total de averiguaciones iniciadas en el año. Este incremento guarda relación directa con la celebración del proceso electoral federal y los procesos electorales concurrentes celebrados en julio de 2006. Los meses de octubre y noviembre tienen un repunte vinculado con los procesos de elección de nivel estatal que tuvieron lugar en estos meses.

Las averiguaciones previas atendidas incluyen los reingresos más la existencia del año inmediato anterior. Este año se iniciaron mil 179 indagatorias, se reingresaron 183 y se atendieron 130 del año 2005, las cuales al sumarse dan un total de mil 492 indagatorias atendidas en el año. 1.1.1.2.

Averiguaciones previas determinadas

En la resolución de asuntos competencia de la FEPADE, el tiempo de atención se ha reducido a un plazo máximo de 5 meses 15 días. La gráfica siguiente muestra que durante el 2006 se resolvieron en total mil 175 indagatorias.

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Los últimos cinco meses del año son los que presentan mayor número de resoluciones, como respuesta al gran volumen de inicios durante la jornada electoral del 2 de julio. La gráfica siguiente representa de manera porcentual la relación entre averiguaciones previas atendidas y resueltas. El porcentaje de cumplimiento bajó en los meses de junio, julio y agosto, debido a la recepción de denuncias derivadas de la jornada electoral, sin embargo, repuntó en los meses posteriores.

La resolución de las averiguaciones pueden tener cuatro sentidos básicos: ejercicio de la acción penal, incompetencia, reserva y no ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción penal procede en aquellos casos en que las pruebas reunidas en la investigación del Ministerio Público son suficientes para sostener legalmente la probable comisión de un delito y que existan datos suficientes para afirmar la probable responsabilidad penal de alguna persona en su comisión; en oposición, el agente investigador determinará el no ejercicio de la acción penal cuando, tras la obtención de diversos elementos de prueba, quede en evidencia que los hechos de la denuncia no constituyen un delito, o bien, que existiendo éste, aparezca acreditada alguna causa de exclusión del delito o alguna que haya extinguido la responsabilidad penal de los acusados. Por otro lado, es procedente determinar una reserva cuando apareciendo como posible comisión de un delito, existan causas que impidan a la autoridad continuar con la investigación. En cada caso, el sentido está determinado con base en los medios de prueba que se incorporaron a los expedientes. En lo que respecta a ejercicios de la acción penal, el promedio mensual de consignaciones es de 8 expedientes; los meses con mayor número de ejercicios de la acción penal fueron marzo, abril y mayo.3 3

Para mayor información véase 1.2.1. Consignaciones, p. 30 de este informe.

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La declinación de competencia permite a la autoridad ministerial federal o local, previo estudio de las constancias, conocer en definitiva únicamente de los casos que están en el ámbito de sus facultades legales. En el caso específico de la FEPADE, en diversas indagatorias se determinó remitirlas por incompetencia a otras áreas de la Procuraduría General de la República o a las procuradurías estatales, al advertirse la posible comisión de delitos cuya investigación corresponde a esas instancias.

Otra forma de resolver la indagatoria es el desglose por incompetencia, el cual consiste en el envío a otra autoridad ministerial homóloga o del fuero común, e incluso de otro orden, como el Derecho de menores, copias certificadas o algunos originales para que ésta investigue algún hecho de su competencia. Tal certificación o documentos originales han de ser sustento a la investigación que se turna a diversa autoridad, atendiendo desde luego a las facultades competenciales y que son ajenas a esta institución, ya sea por especialidad o por materia. A diciembre se han iniciado 73 desgloses.

Para 2006, el promedio mensual de ejercicios de la acción penal se ha mantenido constante, en tanto que debido a la funcionalidad y el actuar ajustado a legalidad de la FEPADE, se han incrementado las propuestas de no ejercicio de la acción penal; consecuencia de ello, se ha reducido la cantidad de indagatorias que se encuentran en trámite. 1.1.2. Actas circunstanciadas En los casos en que la conducta o hecho no pueden ser considerados constitutivos de delitos, la autoridad ordena el inicio de acta circunstanciada, con apoyo en el Acuerdo A/201/06 del C. Procurador; específicamente para la intervención de la FEPADE, cuando esa conducta o hechos inciden en el ámbito electoral federal.

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La resolución en esos expedientes tiene dos alternativas: el archivo definitivo o la elevación para el inicio de averiguación previa. Durante 2006, el número de actas circunstanciadas alcanzó 400 por ciento más que el año inmediato anterior, registrando también el máximo histórico. El incremento de las actas circunstanciadas fue como consecuencia de una mayor denuncia por parte de la sociedad que utilizó los medios de atención a la ciudadanía de FEPADE como son: FEPADETEL, FEPADENET, FISCAL EN LÍNEA y PREDEF.

El inicio objetivo del acta circunstanciada y la ponderación de hechos sometidos a conocimiento de esta unidad administrativa, permiten resolver las mismas con imparcialidad y justicia, lo que desde luego, por un lado, atiende la inquietud ciudadana y, por otro, no distrae las investigaciones que se llevan a cabo en averiguaciones previas.

1.1.2.1. Actas circunstanciadas atendidas Las actas circunstanciadas se inician y tramitan por denuncia en comparecencia de los interesados, o bien por presentación de escrito que alguna autoridad, persona o representante realiza sobre alguna conducta o hecho que no tiene aún calificación legal de delito. Hasta diciembre de 2006, se atendieron 503 actas circunstanciadas, mismo número que corresponde a los inicios dado que en el 2005 se terminó sin rezago en la tramitación de este instrumento. Como se puede observar en la gráfica, el mayor número de actas circunstanciadas se recibió en el mes de la celebración del proceso electoral federal.

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1.1.2.2. Actas circunstanciadas determinadas En el 2006 se resolvieron 468 actas circunstancias. En estos expedientes los agentes del Ministerio Público de la Federación determinaron el destino legal del acta, ya sea para dar la categoría de averiguación previa, u ordenar el archivo como asunto concluido de la misma. En las actas circunstanciadas procede el archivo definitivo, cuando de las diligencias practicadas se advierte que los hechos que motivaron su inicio carecen de veracidad o que habiéndose probado, no constituyen delito.La elevación a averiguación previa sobreviene cuando a partir de nuevos elementos de prueba se corrobora que los hechos de la denuncia pueden probablemente constituir algún delito.

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Como se ha afirmado anteriormente, los objetivos programáticos de la FEPADE están delineados por las metas presidenciales, respecto a actas circunstanciadas. Los resultados en el 2006 fueron de un 93.04 por ciento de eficiencia, tomando en meta mínima el 73 por ciento, satisfactoria en 75.50 por ciento y sobresaliente para 78.00 por ciento. La gráfica que sigue expone los resultados del indicador mensual de eficiencia acumulada durante el 2006, en el rubro de actas circunstanciadas.

El Acta Circunstanciada es auxiliar jurídico importante en el quehacer ministerial, de forma tal que todo órgano procurador de justicia y cada área que lo conforma hacen uso de ella. El Acta Circunstanciada, por una parte, atiende el reclamo ciudadano de investigar cualquier indicio de probable delito, y por otro, sólo se causará acto de molestia al señalado como autor del hecho, si existe causa fundada para ello. Debido al criterio que como órgano técnico-jurídico tiene el Ministerio Público de la Federación, para evaluar de primera mano la denuncia por hechos o conductas delictivas lo lleva a iniciar Acta Circunstanciada. La resolución de Archivo en cada una de ellas confirma esa inicial apreciación jurídica de encontrarse ante conducta o hecho que en realidad no se constituye en aspecto penal. Tal acontecer confirma la necesidad de instrumentar Acta Circunstanciada en asuntos donde de inicio no se desprende objetivamente evento delictivo, por lo que en análisis global del esquema, nos lleva a concluir válido que la mayoría de Actas Circunstanciadas tengan como determinación final el Archivo. El sentido y porcentaje de las determinaciones de Actas se presentan en el siguiente esquema.

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1.2. Actuación del Ministerio Público ante órganos jurisdiccionales La FEPADE tiene conferidas, entre otras atribuciones, las previstas en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dispone como sus funciones la investigación y persecución de los delitos previstos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. Ante los Órganos Jurisdiccionales, de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º fracción I apartado B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta actividad comprende: el ejercicio de la acción penal, el aportar pruebas y promover diligencias para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal, formular conclusiones, impugnar las resoluciones judiciales y, en general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y su acusación. En la FEPADE, la propuesta de ejercicio de la acción penal es presentada por la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales, quien finalmente decide si se consigna o no; lo que permite establecer un sistema de revisión que garantiza la suficiencia del material probatorio en las indagatorias, para poder considerar a una persona como probable responsable y así mantener los índices de calidad y efectividad en las secuelas del procedimiento. La Dirección General de Control de Procesos y Amparo se integra por una Directora General, dos Directoras de Área y tres Subdirectores: subdivididas en dos áreas que son la Dirección de Procesos y la Dirección de Consignaciones; a través de esta última se realiza el estudio de propuesta de ejercicio de acción penal y, en su caso, la elaboración del pliego de consignación, así como su posterior presentación ante los juzgados en materia penal. Asimismo, tiene a su cargo el seguimiento y atención de los mandamientos judiciales que se encuentran pendientes de ejecutar. Por su parte, la Dirección de Control de Procesos y Amparo tiene a su cargo la atención y seguimiento de los procedimientos penales consignados ante la autoridad judicial en materia de delitos electorales,así como la de los Juicios de Amparo relacionados con el quehacer de la Fiscalía. Entre los objetivos estratégicos de la FEPADE ante los órganos jurisdiccionales sobresalen los siguientes: Mantener el número de mandamientos judiciales librados, conforme al ejercicio de la acción penal realizado por la FEPADE para lograr que la conclusión judicial coincida con los criterios de la Dirección de Consignaciones de la FEPADE, lo que implica certeza en el proceso, manteniendo un gran acercamiento entre ambas instituciones, la primera procuradora de justicia y la segunda impartidora de la misma; que se traduce en una eficiente administración de justicia en beneficio de la sociedad, siendo pertinente señalar que los indicadores vigentes evidencian la interrelación eficiente de ambas instituciones, siendo necesario el continuo esfuerzo para mantener dicho indicador. Destacando que también resulta benéfico a la sociedad que no se consigne por consignar; sino que se consigne cuando verdaderamente exista un delito electoral.

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Fortalecer la pretensión punitiva de la institución durante el proceso, ofreciendo las pruebas conducentes y objetando las de la defensa. El proceso, si bien tiene su fuerza de lo recabado en la averiguación previa, tiene como objeto el presentarle y fortalecer ante el juzgador las evidencias para lograr arribar a la verdad jurídica. De donde, si el Ministerio Público no continúa su labor de acusación y la fundamenta, el inculpado puede salir absuelto. Debiendo considerar que en materia penal existe el principio "In dubio pro reo"; que implica que en caso de duda se actuará en beneficio del reo, por lo que la labor de acusación debe ser no sólo legal, precisa y continua, sino fundada técnicamente. Mantener un alto porcentaje de eficiencia en la obtención de sentencias condenatorias. El hecho de acusar debe tener un claro concepto legal, que pueda traducirse en un efectivo castigo para los culpables y un ejemplo para aquellos que pretendan ejecutar un delito electoral. El continuar con el alto nivel de sentencias condenatorias es un claro ejercicio de la prevención general para la sociedad y prevención especial para el sentenciado. Continuar con un alto porcentaje de sentencias condenatorias en la tramitación de recursos de apelación. La función de la Dirección no termina en una primera instancia, implica igualmente llevar la acusación a sus últimos fines, de ahí que el seguimiento acucioso de la segunda instancia sea una consecuencia natural de la función profesional que ésta realiza. Preservar el número de sentencias de amparo favorables a la representación social. El juicio de amparo es trascendente en nuestro sistema jurídico penal, de tal forma que aunque se hubiera ganado primera y segunda instancia, un mal seguimiento del mismo proceso en amparo puede implicar la pérdida total del asunto. Continuar en este rubro con los porcentajes obtenidos, garantiza a la sociedad que la acusación sea fundada y se logre un castigo a los sentenciados, evitando la impunidad y al mismo tiempo previniendo la comisión de delitos electorales.

1.2.1. Consignaciones La FEPADE tiene entre sus atribuciones el ejercicio de la acción penal, mediante la consignación de la averiguación previa ante la autoridad judicial. Una averiguación previa se consigna ante la autoridad judicial cuando se encuentra acreditado el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del sujeto o sujetos que participaron en su realización, siempre que no exista alguna excluyente de responsabilidad probada en la indagatoria. La Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales, al concluir su investigación propone el ejercicio de la acción penal a la Dirección General de Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, quien tiene a su cargo la revisión, y de estimarlo procedente, lleva a cabo la elaboración del pliego de consignación; mismo que señalará los hechos de forma concreta y precisa, así como la hipótesis delictiva.

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Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2006 se recibieron 129 propuestas de ejercicio de la acción penal provenientes de la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales, habiendo quedado pendientes del año anterior 6; de este total se aprobaron 92, se devolvieron 40 y quedaron 3 en trámite. De las averiguaciones previas en que se aprobó el ejercicio de la acción penal, se elaboraron consecuentemente 92 pliegos de consignación para ser presentados ante la autoridad judicial. El total de 92 pliegos de consignación autorizados involucran a 109 personas en contra de quienes se ejerció la acción penal, los que fueron presentados ante Jueces de Distrito distribuidos en 27 entidades de la República Mexicana, a quienes correspondió conocer de cada asunto en razón de la competencia (federal y territorial), quedando pendientes de resolver a la fecha que se informa, por los juzgados, 14 expedientes que involucran a 22 indiciados del año 2006. Un punto que puede resultar extraordinario es por qué en los años 2003 al 2005 existieron más consignaciones que en el 2006 que se celebró proceso electoral federal. Ello se explica por dos circunstancias. La primera es que muchos de los delitos electorales son consignados por alteración del padrón electoral o la credencial de elector; la segunda es que algunos de los posibles hechos delictivos del proceso electoral de julio del 2006 se encuentran en investigación.

El análisis de los expedientes con propuesta de ejercicio de la acción penal por parte del área de consignaciones, tiene como propósito el constatar la acreditación de los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados. Cabe destacar que este análisis se realiza por agentes del Ministerio Público diferentes a quienes integraron la averiguación previa (pues los primeros pertenecen a la Dirección General de Averiguaciones Previas y los segundos a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo; concretamente la Dirección de Consignaciones), lo que garantiza la objetividad en las determinaciones, al basarse únicamente en las constancias que integran el expediente; de esta forma, no existe posibilidad de aplicar criterios subjetivos en la comprobación de los elementos que integran los diversos delitos electorales: lo que sin duda

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se refleja en el alto porcentaje de órdenes de aprehensión libradas, que históricamente ha sostenido la Fiscalía y que este año se reitera. Una vez que la Dirección de Consignaciones recibe la averiguación previa con propuesta de ejercicio de la acción penal, se turna a un Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha área para que realice el estudio del expediente y, con base en los autos, emita un dictamen en que concluirá si existen o no elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o de los indiciados, de conformidad con el Artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Es importante mencionar que a cada expediente corresponde un dictamen en que el Ministerio Público concluirá si es procedente ejercitar la acción penal o, bien, si la indagatoria requiere de otras diligencias para su perfeccionamiento. Lo anterior implica que la propuesta de ejercicio de la acción penal del Ministerio Público debe estar precedida del agotamiento de la fase cognitiva, en donde se han practicado todas las diligencias idóneas para tener por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del implicado. Toda actuación en el Estado de Derecho implica que es requisito primordial la verificación de la hipótesis acusatoria para emitir un acto de autoridad penal que tenga como finalidad poner a disposición del Juez al probable responsable, con ello se asegura cumplir los principios constitucionales y las reglas derivadas de la ley penal, tanto sustantivas como adjetivas. Tan es así, que el Juez verifica, en todos los casos, si está satisfecha la acreditación de las citadas categorías procesales. En las consignaciones es fundamental la eficiente actividad de investigación del Ministerio Público de la Federación, así como su interactuar con las diferentes instancias, lo que permite mayor agilidad en las tareas institucionales; aunado a ello permite que la ciudadanía confíe más en nuestra institución, favoreciendo la denuncia de hechos que ahora conocen como delictivos. Esa comunicación permite al mismo tiempo cerrar criterios, reflejándose tanto en el número de expedientes como en el de inculpados consignados, además de haberse logrado un acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación y la FEPADE, permitiendo la comprensión e identificación de los tipos penales electorales.

Habiéndose realizado y aprobado el pliego de consignación, el personal ministerial adscrito a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales se traslada a la entidad federativa que corresponda, para ejercer la acción penal por medio de la consignación de la averiguación previa ante los órganos jurisdiccionales. Cabe mencionar que la gran mayoría de las consignaciones se efectúa sin detenido, debido a que al no tratarse de delitos graves, los indiciados alcanzan la libertad bajo caución, así como al hecho de que la mayoría de los inculpados no son sorprendidos cometiendo el delito en flagrancia. Resulta conveniente que nuestros agentes del Ministerio Público se trasladen a cada entidad federativa donde se va a consignar, porque se realiza un primer contacto con los titulares de los Órganos Jurisdiccionales, a quienes primero se les presenta jurisprudencia que

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sostenga la acusación; esto obedece a que los delitos electorales no son necesariamente conocidos por todos los jueces, que en algunos de los casos encuentran su primer causa penal por delito electoral y por tanto resulta importante hacer saber el criterio de la FEPADE, así como de diversas autoridades judiciales que apoyen al mismo, con el objeto de lograr que se libre la orden de aprehensión solicitada. La organización de la FEPADE implica que todas las consignaciones a nivel nacional se realicen desde esta institución; así, en el año que se informa, los estados que presentaron consignaciones se enlistan:

Una vez que se consigna el expediente, la FEPADE (a través de un estrecho contacto con el Ministerio Público adscrito) permanece atenta ante el órgano jurisdiccional al que toca conocer conforme a la competencia para la radicación del asunto, para saber del libramiento o negativa de la orden de aprehensión solicitada, de conformidad con la pretensión expresada en el pliego de consignación. Para lograr los objetivos propuestos, la comunicación con los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los diversos juzgados en todo el país, se realiza con base a la circular C/002/05 expedida por el Procurador General de la República; instrumento legal que ratifica y asegura la interacción y cooperación entre las delegaciones de la PGR y la FEPADE, al señalar que en todos los asuntos que tengan que ver con delitos electorales se deberá informar inmediatamente a la FEPADE. Para este fin, el personal de la FEPADE, una vez consignada la averiguación previa, entrega a los AMPF adscritos a los órganos

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jurisdiccionales copia de la circular, así como copia certificada de la indagatoria, a través de oficio dirigido al Delegado de la PGR en la entidad federativa correspondiente.

Como se observa en la gráfica anterior,durante el año 2006 el mayor número de ejercicios de la acción penal fue por el Artículo 411 del Código Penal Federal,lo que se explica si consideramos que los procedimientos para la actualización del Registro Federal de Electores y la expedición de la credencial para votar con fotografía son de carácter permanente y sólo son suspendidos excepcionalmente; aunado a que, atendiendo al proceso electoral, existió mayor interés en actualizar o solicitar la credencial para votar (aunque no todas las veces legalmente); por otra parte, se debe destacar que en este año se diversificaron las consignaciones de otros delitos electorales, como son los cometidos en relación al apoderamiento o destrucción de documentos electorales, por funcionarios partidistas y servidores públicos,resaltando que el proceso electoral no ha arrojado los últimos datos en cuanto a todos los delitos que se pudieran haber cometido. Cada pliego de consignación es una solicitud para que el Juez Penal libre una o varias órdenes de aprehensión contra las personas que aparecen como probables responsables. Durante 2006 se obsequiaron 86 resoluciones, de las cuales 81 han sido acordes con la solicitud de la Fiscalía y que han dado como resultado órdenes de aprehensión en contra de 89 personas. Eso implica que este año se ha mantenido un alto porcentaje de efectividad por órdenes de aprehensión giradas, que fue de 94.18 por ciento.

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Las resoluciones que recaen a los pliegos de consignación efectuados por esta Fiscalía Especializada, es uno de los conceptos que se tienen comprometidos a nivel de indicadores para medir su eficiencia; la autoridad judicial sólo negó las órdenes de aprehensión solicitadas en cinco expedientes que involucran a siete indiciados. Como se puede apreciar, desde el 2001 se mantiene una efectividad superior al noventa por ciento, lo que es resultado de diversos factores que confluyen en una actividad fundada en la responsabilidad pública. Entre estos factores están la cooperación de las áreas competentes para conocer de los casos, la constante capacitación del personal, la difusión de los derechos políticos de los ciudadanos, el encadenamiento de todas las partes que fundan la representación de la Fiscalía ante los órganos jurisdiccionales y la construcción de indicadores precisos que permitan evaluar el desempeño de la institución. 1.2.2. Mandamientos judiciales Como parte de la dinámica del proceso penal, el Ministerio Público puede solicitar diversos mandamientos judiciales, que son expedidos por un Juez o Magistrado (según el caso) siempre que se encuentren acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, los cuales tienen como propósito fundamental que éste se sujete a la jurisdicción del órgano jurisdiccional que lo reclama. Una de las líneas estratégicas previstas por el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 para evitar la impunidad, consiste en abatir el rezago, tanto en la integración de las averiguaciones previas como en el cumplimiento de los mandamientos judiciales, estos últimos pueden consistir en una orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o presentación, atendiendo a la pena que para cada delito electoral en específico contempla el Código Penal Federal. Durante el año que se informa se continuó la estrategia marcada para abatir el rezago en el desahogo, a través del cumplimiento del Programa de Atención a los Mandamientos Judiciales que contempla los siguientes objetivos: Disminuir el número de mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar. Incrementar la participación de la FEPADE en las actividades de atención a mandamientos judiciales. Realizar estudios y recabar información que faciliten el desahogo de los mandamientos judiciales. Coordinar acciones con la Agencia Federal de Investigación. Como consecuencia de todo lo anterior; aumentar el número de procesos penales. El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 establece la necesidad de evitar la impunidad que se genera cuando, no obstante haberse ejercitado acción penal, no se logra presentar a los indiciados ante el juez que los reclama. Es por ello que desde el 2001 se cuenta con una estrecha colaboración con la Agencia Federal de Investigación (AFI) para apoyar con la realización de operativos, tanto en el Distrito Federal como en las entidades federativas, en que se verifican domicilios de personas que cuentan con mandamiento judicial pendiente de cumplir, para su ejecución o en su caso para descartar domicilios falsos y, en algunos otros, recabar información que aporte nuevas líneas de investigación.

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En lo relativo a los mandamientos judiciales por delitos electorales, la Unidad de Atención a Mandamientos Judiciales ha implementado un sistema de comunicación permanente con el personal de la Agencia Federal de Investigación de las delegaciones de la PGR, lográndose contribuir al abatimiento del rezago de los mandamientos judiciales pendientes de cumplir en el territorio nacional. Parte de la labor que desarrolla la Unidad de Atención a Mandamientos Judiciales, es la elaboración de un estudio que reúne toda la información que obra en la averiguación previa, como nombres, fotografías, alias, huellas digitales; con la finalidad de que sean útiles para localizar al indiciado. Esta actividad se complementa con la solicitud de información a los archivos públicos, con lo que constantemente se busca actualizar los estudios, que en su mayoría tienen fotografía para identificar con mayor facilidad a los probables responsables y cualquier otra información. El reporte elaborado por esta Unidad es entregado a la AFI para que, en el ejercicio de sus atribuciones, proceda a la búsqueda, localización y captura del probable responsable. En el periodo que se informa, se efectuaron un total de 84 estudios sobre mandamientos judiciales por indiciado, lo que ha permitido, gracias al buen desempeño de esta Unidad, incrementar el número de mandamientos judiciales ejecutados. 1.2.2.1. Mandamientos judiciales cumplidos Durante el presente año, el personal de la Unidad de Atención a Mandamientos Judiciales se trasladó a diversas poblaciones del país, para ubicar y corroborar los domicilios de los inculpados, así como para obtener otros datos de localización en oficinas públicas y privadas, dando aviso a la AFI para llevar a cabo la aprehensión ordenada.

Esta gráfica muestra el desglose del número de mandamientos judiciales cumplimentados.

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1.2.2.2. Mandamientos judiciales pendientes de ejecución No obstante la labor conjunta realizada por la Unidad de Atención a Mandamientos Judiciales y la AFI, existe un gran número de órdenes de aprehensión pendientes de cumplir. Una razón que explica este hecho es que varios de los mandamientos judiciales que se libran son contra extranjeros que ingresaron ilegalmente al país con la finalidad de dirigirse a los Estados Unidos y, en muchos casos, fueron expulsados por las autoridades migratorias, y en otros, simplemente al no tener residencia en territorio nacional continuaron su viaje hacia su meta o son de difícil localización al no contar con rastro en nuestro país. Es importante resaltar, nuevamente, que los delitos electorales no son graves, por lo que en todos los casos los inculpados tienen derecho a la libertad provisional, lo que implica que en otras ocasiones, no obstante estar sujetos a proceso, los indiciados se sustraigan de la acción penal. Al cierre de 2005 se encontraban pendientes de cumplir un total de 223 mandamientos judiciales, de los cuales 93 involucraban a extranjeros. Al 31 de diciembre del presente año se encuentran pendientes de cumplir 221 mandamientos judiciales, de los cuales 87 involucran a extranjeros y el resto a nacionales; lo anterior demuestra que en el presente año se logró reducir el número de mandamientos judiciales pendientes de ejecutar, si al número anterior le restamos el de consignaciones y que queda pendiente el compromiso de cumplimentar más órdenes de aprehensión.

Al 31 de diciembre de 2006 el número de mandamientos judiciales presentó los siguientes resultados:

En el año que se informa se cumplió la meta de que no prescribieran un número considerable de mandamientos judiciales, en relación proporcional con mandamientos librados, cumplimentados y pendientes de ejecutar; aun reiterando el hecho de que es difícil la cumplimentación de mandamientos judiciales para extranjeros.

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1.2.3. Procesos penales En términos de lo previsto por el Artículo 4, párrafo I, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público de la Federación interviene como parte acusadora ante los órganos jurisdiccionales, aportando pruebas y promoviendo diligencias, así como interponiendo los recursos que resulten conducentes. La labor de la FEPADE como parte en el proceso penal se rige bajo las características de un sistema acusatorio, como son el derecho de contradicción, la imparcialidad del juez respecto de las partes en conflicto penal, la obligación del agente del Ministerio Público de motivar correctamente su acusación en la pluralidad de instancias jurisdiccionales, que no son más que aquellas reglas que aseguran los principios de profesionalismo, legalidad, honradez y eficiencia que caracterizan la función institucional de la FEPADE.

Como se observa en el cuadro anterior, se ha logrado superar el número de procesos concluidos atendidos por la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales en el año; esto es consecuencia directa de la ardua labor de los agentes del Ministerio Público de la Federación; así, tenemos que con relación al cierre al año anterior existe una diferencia de 58.3 por ciento en el número de procesos penales concluidos por expediente. 1.2.3.1. Procesos penales en trámite Los procesos penales en trámite son aquellos considerados como activos y que se encuentran en alguna etapa del procedimiento, sin que exista mandamiento judicial pendiente de ejecutar o cualquier otra causa que los tenga suspensos y, desde luego, previo a que cause ejecutoria una sentencia o resolución definitiva. Los procesos penales en trámite son parte del quehacer institucional diario de la Fiscalía Especializada en el ejercicio de las atribuciones. La FEPADE está ocupada en generar acusaciones adecuadas y oportunas que posibiliten sentencias condenatorias en contra de los procesados, evitando con ello la impunidad en razón de la prohibición constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le absuelva o se le condene.

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En el cuadro anterior se puede observar el aumento constante y regular del número de procesos penales en trámite; cabe señalar que este aumento en el número de causas penales en trámite no ha provocado aumento en el personal y recursos materiales para su debido seguimiento y trámite y que inclusive se ha logrado el término de varios asuntos, pero el flujo continúa. 1.2.3.2. Sentencias dictadas en primera instancia El Ministerio Público procura justicia y en el caso de los Ministerios Públicos adscritos a la FEPADE procuran justicia en materia penal electoral. Durante esta administración se ha logrado 100 por ciento de sentencias condenatorias. Lo anterior es producto de la consistencia de las investigaciones, el fundamento técnico-jurídico de nuestros pliegos de consignación, la eficiencia en el seguimiento y trámite de nuestras causas penales y la contundencia de las acusaciones en nuestros escritos de conclusiones; pues sin estos últimos, el esfuerzo de la FEPADE no lograría cumplir con los objetivos institucionales, en agravio de la sociedad en su conjunto. Lo anterior se corrobora con el siguiente cuadro comparativo:

El rubro de sentencias condenatorias es uno de los indicadores de calidad y desempeño comprometidos ante la Presidencia de la República por la FEPADE. Como ha venido sucediendo durante la presente administración, en el año que se informa, se rebasó en un 20 por ciento la meta comprometida.

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Debiendo destacar que en el presente año, se logró la condena por la reparación del daño más cuantiosa en la historia de la Fiscalía, al requerir a una sentenciada el pago al IFE por $1,658,589,135.62 (un mil seiscientos cincuenta y ocho millones, quinientos ochenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 62/100). 1.2.3.3. Recursos Parte importante del proceso penal lo constituye la tramitación de los recursos interpuestos por la representación social y la defensa de los procesados. En este rubro, la FEPADE interpuso los recursos que estimó necesarios, a fin de defender los intereses de la sociedad en su lucha contra la delincuencia electoral. Las resoluciones recaídas a los recursos de apelación interpuestos por las partes son de tres tipos: confirmación, revocación o modificación. En el 2006 la Fiscalía interpuso 18 recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Distrito en Materia Penal; mientras que la defensa lo hizo en 2 ocasiones. De ese total, sólo en un caso las resoluciones de los jueces fueron contrarias al interés del Ministerio Público de la Federación; de donde se concluye que en el 95 por ciento de los casos, incluyendo a las ocasiones en que el recurso fue interpuesto por la defensa, la FEPADE obtuvo resoluciones a su favor.

La actuación persecutoria del Ministerio Público no se agota con la sentencia condenatoria de primera instancia, pues muchas veces aun obteniendo una resolución de esa naturaleza, el representante social se ve obligado a promover los recursos necesarios para aclarar la sentencia o buscar que una resolución se modifique y se encauce hacia la legalidad. En diversas ocasiones la FEPADE ha interpuesto recursos de apelación, cuando el Juez indebidamente niega a los sentenciados la sustitución de la multa por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, en el caso de que el encausado demuestre su insolvencia; lo anterior en ejercicio del principio de buena fe que rige nuestra función institucional, además de que al tratarse de una pena, para que el órgano jurisdiccional conceda esta sustitución, la debe pedir el Ministerio Público. Aunado a que en ocasiones existen inconsistencias entre el tipo delictivo y la pena correspondiente, por lo que se apela para aclarar el índice de culpabilidad y la sanción adecuada. Las resoluciones de segunda instancia favorables a la Fiscalía conllevan el que el Tribunal de apelación confirme, modifique o revoque una determinación de un Juez de primera instancia; es decir, existe ya un criterio judicial respecto de un asunto en concreto, que el Ministerio Público debe combatir inicialmente y convencer a la Alzada en una fase posterior, con el escrito de expresión de agravios; mismo que es inclusive catalogado por infinidad de

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Magistrados como destacado, ya que desgraciadamente muchos agravios ministeriales en general (no los de esta institución en mayoría) se declaran inoperantes; al ni siquiera rebatir los argumentos del juzgador, provocando la impunidad. 1.2.4. Amparos Por disposición constitucional en materia de Amparo, la FEPADE interviene como parte permanente en todos los juicios y/o como autoridad responsable en aquellos en que ha sido señalada con esa calidad por el quejoso. En coordinación con la Dirección General de Amparo de la Procuraduría General de la República se tuvo intervención en 114 juicios de garantías iniciados en el presente año, en 42 de ellos se actuó en calidad de autoridad responsable. En el presente año se han resuelto 117 juicios de amparo directo e indirecto, en los que en 37 casos se negó el amparo al quejoso, en 66 se sobreseyó el juicio de garantías, en 7 se concedió para efectos y sólo en 6 casos se amparó de forma plena. En el periodo también se desechó una demanda de amparo. De donde el porcentaje negativo para la FEPADE es de 5 por ciento; resultando por tanto que la efectividad de la misma es de 95 por ciento. El Artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo, faculta al Ministerio Público Federal para interponer los recursos señalados en la propia ley, esto significa que la legislación justifica la intervención del Ministerio Público, de conformidad con las facultades que le han sido conferidas en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicha representación social está legitimada para interponer los recursos que sean necesarios, incluso el de revisión en contra de las sentencias dictadas por los jueces federales. En el periodo de este informe se interpusieron 10 recursos de revisión y 1 de queja, encontrándose dos pendientes de resolver a la fecha.

Este rubro resulta importante, ya que conforme a la Jurisprudencia emitida por nuestro máximo Tribunal en el año 2003, los órganos jurisdiccionales carecen de legitimidad para promover el recurso de revisión contra sentencias constitucionales, dictadas en los juicios en que han sido señalados como autoridad responsable, en los cuales se concede el amparo al quejoso. En estas condiciones, el recurso de revisión interpuesto por la representación social, constituye el único medio legal para lograr la revisión de dichas sentencias por una instancia de mayor jerarquía. Al comparar los datos de los amparos en trámite por mes durante los años 2000 a diciembre de 2006 (información con la que se cuenta) resulta el siguiente cuadro comparativo.

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En el cuadro se muestra un aumento anual en el número de amparos promovidos. Al realizar la comparación de los datos de amparos directos e indirectos por año y lo que toca a su resolución, ya sea sobreseído,4 concedido, negado y concedido para efectos, los resultados son los que se muestran a continuación.

Los amparos sobreseídos se basan en las causales de improcedencia hechas valer por esta Fiscalía, a través de los agentes del Ministerio Público adscritos con escritos preparados en esta Dirección; de igual forma, en los amparos negados se tomaron en consideración los puntos de constitucionalidad de los actos reclamados, resaltados por el Ministerio Público en sus pedimentos ministeriales; los cuales en todos los casos de juicio de garantías promovidos en relación con delitos electorales, son elaborados y supervisados por el Área de Amparo de la FEPADE. A los juicios de amparo tramitados en el lapso que se informa se les dio la atención y el seguimiento de forma oportuna, presentando los informes previos y justificados dentro de los plazos legales e interponiendo los recursos procedentes en tiempo y forma. Los juicios de amparo en trámite al finalizar el mes de diciembre de 2006 son los que se muestran a continuación:

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Es una determinación judicial en donde el juez da por concluido el expediente en función de las hipótesis expresamente previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales como causales de conclusión anticipada del proceso.

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1.2.5. Diligencias ministeriales según su distribución territorial Para el debido trámite y seguimiento de los procesos penales, juicios de amparo, cumplimiento de mandamientos judiciales y trámite de los procedimientos especiales, se han realizado las comisiones en cada entidad federativa, las que se detallan a continuación.

1.3. Desarrollo de la actividad jurídico-consultiva La actividad jurídico-consultiva se entiende como el conjunto de acciones de análisis y resolución de las propuestas de no ejercicio de la acción penal, de reserva y de incompetencia de averiguaciones previas formuladas por la Dirección General responsable de la investigación ministerial en la FEPADE. Asimismo, tiene como fin el desahogo de consultas que, en materia de delitos electorales, formulan las áreas de la FEPADE, el Instituto Federal Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos, los organismos políticos e instituciones públicas y privadas, al igual que los particulares.

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Dentro del desempeño de la actividad jurídico-consultiva, se respetan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la función ministerial y se manifiesta a través de una serie de tareas específicas.

1.3.1. Atención a dictámenes La facultad para autorizar los dictámenes de no ejercicio de la acción penal, de reserva y de incompetencia de las averiguaciones previas se encuentran reguladas en el Artículo 4º, fracción I, apartado A, incisos j, k y l, de la Ley Orgánica de la PGR, en relación con los artículos 18, fracciones I y II y 44, fracción I de su Reglamento. Por un lado, el no ejercicio de la acción penal opera cuando habiéndose realizado todas las diligencias conducentes, la conducta o los hechos no sean constitutivos de delito, se acredite que el inculpado no tuvo participación, resulte imposible la prueba de la existencia del delito, la responsabilidad se haya extinguido legalmente, o bien, esté excluida la responsabilidad penal del inculpado. Por su parte, la reserva de la indagatoria procede cuando de las diligencias practicadas no resultan elementos suficientes para la consignación y no puedan practicarse otras, pero que, en su caso, pudieran encontrarse nuevos datos para proseguir la averiguación. Finalmente, la incompetencia se presenta cuando, derivado de las diligencias, se determine que la facultad para resolver la indagatoria corresponde a otro órgano del Ministerio Público, de fuero, materia o especialidad federal, común, o a un consejo de menores. Es importante destacar que esta actividad de autorización interna de las determinaciones ministeriales responde a la atribución de Autonomía Técnica otorgada a la FEPADE, de conformidad con lo previsto por el Artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica y por el cual no se cuenta con la figura de agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador para el dictamen de la averiguación previa. El Ministerio Público de la Federación debe pronunciarse de acuerdo a los elementos que se encuentren agregados en cada investigación para cumplir con la garantía de seguridad jurídica, resolviendo lo conducente según sea el caso. La Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales recibe las propuestas de determinación de las averiguaciones previas formuladas por los agentes del Ministerio Público para su estudio y análisis a fin de proceder con la autorización o devolución del expediente respectivo. Como lo muestra la siguiente gráfica, la atención a dictámenes mensual durante 2006 refleja un comportamiento estable en relación con el año anterior. Cabe señalar que en ella se incluyen los dictámenes de Reserva, de No ejercicio de la acción penal y de Incompetencia.

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Por otra parte, el siguiente cuadro presenta la distribución mensual durante el 2006 de cada una de las categorías jurídicas arriba descritas y muestra un total de mil seis dictámenes por parte de la Dirección General Jurídica coincidentes con la cantidad de resoluciones emitidas por la Dirección General de Averiguaciones Previas:

Es importante señalar que tanto en la gráfica como en el cuadro anterior no se contabilizaron los dictámenes emitidos por la Dirección General Jurídica en que no se autorizó la determinación formulada por los agentes del Ministerio Público y, por consiguiente, fueron devueltos para realizar nuevas diligencias o bien para rectificar algunas omisiones identificadas en el estudio técnico jurídico. 1.3.2. Atención a consultas jurídicas La atención a consultas jurídicas tiene como función generar estudios y análisis sobre delitos, reformas y asuntos electorales a partir de peticiones consultivas que pueden ir, desde la ciudadanía hasta órganos e instituciones públicas o privadas. Estas consultas pueden recibirse de igual manera

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por diferentes conductos: correo electrónico, vía telefónica, por conducto de la oficina de enlace de acceso a la información, o bien por escrito. En todos los casos, para la emisión de una consulta, sigue el proceso interno certificado bajo la norma de calidad que rige a la FEPADE. De acuerdo al manual de calidad, internamente la Dirección General Jurídica revisa la opinión para ofrecer una respuesta más consistente al solicitante. Entre los temas de consulta destacan la redacción de anteproyectos de iniciativas de reforma en materia electoral, penal electoral, sistema de justicia penal federal y local, así como emisión de opiniones en materia de ley de amparo o la Constitución,acuerdos emitidos por órganos electorales u órganos colegiados de PGR en los que participa la FEPADE. El siguiente cuadro muestra la distribución mensual de consultas jurídicas durante 2006. Como puede observarse, el mes de junio registró el valor más alto con 94 consultas y el mes de marzo el valor más bajo con 20 de ellas.

A su vez, la siguiente gráfica muestra que 2006 registró menor actividad consultiva que el año anterior, con un total de 746 consultas. Comparativamente con 2005, la actividad consultiva decreció en más de un cuarenta y tres por ciento, lo que se explica por las actividades dedicadas al apoyo de las elecciones federales del 2006.

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1.3.2.1. Consultas internas y externas Las consultas internas refieren a las solicitudes o peticiones de opinión realizadas por las distintas áreas de la PGR en relación con proyectos de ley o reglamentos, circulares y acuerdos. En este sentido, cabe decir que la FEPADE cuenta con mecanismos de coordinación con las unidades responsables del quehacer jurídico de la Procuraduría, para desarrollar análisis y opinión de distintas propuestas sobre nuevas normatividades institucionales, así como diversos proyectos de reformas en materia penal. A la fecha, este tipo de consultas asciende a 427. Las consultas externas son aquellas solicitudes o peticiones de opinión jurídica calificada que se reciben de otras instancias gubernamentales federales o locales, de legisladores federales o locales, así como de diversos sectores sociales y educativos, para conocer la opinión o el criterio que adopta la FEPADE sobre algún tema o materia en específico. Dentro de este rubro se emitieron un total de 319. 1.3.3. Interacción con órganos legislativos Como parte de la actividad de la Dirección General Jurídica, se encuentran las propuestas de reforma en materia electoral, por ello resulta sustancial la interacción de la FEPADE con órganos legislativos para impulsar normas penales electorales que respondan a las necesidades que nuestra sociedad demanda. Las condiciones políticas y sociales que motivaron la incorporación de los delitos electorales en 1990 no son las mismas que México vive hoy en día. En este sentido, en función de la experiencia de la FEPADE, se ha observado que nuestra norma penal en ocasiones resulta insuficiente para sancionar aquellas conductas que dañan el desarrollo de la contienda electoral. La realidad política reclama estructuras legales que garanticen el ejercicio de los derechos democráticos, figuras penales que regulen cualquier desviación de programas sociales o asistenciales dentro del servicio público. Por ello, las necesidades sociales inducen hacia la modificación y actualización de las normas jurídicas. Las sociedades contemporáneas exigen que las instituciones públicas respondamos con efectividad a esas necesidades. El actual sistema de justicia penal electoral federal ha sido superado por la realidad de las contiendas políticas, ha dejado de cumplir con algunas de las expectativas sociales respecto a los procesos democráticos. A partir de la experiencia acumulada en la FEPADE se ha manifestado, dentro de diversos foros y presentaciones públicas, la necesidad de incorporar nuevos elementos a la norma penal que garanticen el derecho inalienable del pueblo a elegir a sus legítimos representantes. Ante esta nueva realidad, en la FEPADE trazamos como línea de acción el acercamiento con el Poder Legislativo para argumentar entre los legisladores la necesidad de reformar el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, así como para ofrecerles estudios y análisis que sustenten las propuestas. Cabe decir que en abril de 2004, el Ejecutivo Federal envió una

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iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a partir de la propuesta generada desde la FEPADE, mismos trabajos que continuaron impulsándose durante todo el 2006.5 Entre los aspectos que se debaten actualmente tanto en el Congreso Federal como en algunos congresos locales, se encuentran temas como el ajuste de las penas aplicables a delitos electorales con el fin de equipararlas con otros órdenes de delitos; la incorporación de tipos penales referentes a usurpación de funciones electorales; sanciones a quienes pretendan evitar la correcta fiscalización de las aportaciones a los partidos políticos o candidatos, sanciones al financiamiento irregular, ya sea por aportar recursos cuando exista prohibición legal o en montos superiores a la ley; la regulación de las precampañas y los precandidatos, normas para sancionar a quien obstaculice las facultades de fiscalización y rendición de cuentas solicitadas por el IFE; sancionar a quien atente contra la confidencialidad de información reservada; conductas relacionadas con bienes adquiridos por partidos políticos que han perdido su registro; la utilización de fondos o bienes de un partido para fines distintos de su ejercicio público; el apoderamiento de cédulas de identidad ciudadana y de credenciales para votar, de equipos o insumos para su elaboración; la comercialización de credenciales para votar y archivos computarizados del Registro Federal de Electores; sanciones a quien utilice fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de candidatos o partidos políticos; entre otros. Otro de los temas que merece mencionarse y que ya se debate en varios congresos locales, es la creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales en las entidades federativas, pero sustancialmente aspectos estructurales como sus autonomías de los ejecutivos. En este sentido, conviene destacar que la FEPADE ha otorgado asesoría, información estadística y opiniones jurídicas a distintos congresos locales. 1.3.4. Formulación y revisión de instrumentos competencia de la FEPADE 1.3.4.1. Convenios Como parte del Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales,la FEPADE ha trazado la celebración de convenios de colaboración y de programas de trabajo con otras autoridades tanto federales como locales como una de sus principales estrategias, con el fin de unir esfuerzos y recursos para desarrollar acciones encaminadas a difundir el conocimiento sobre los delitos electorales para fortalecer una cultura de la legalidad e impulsar la prevención del delito electoral. Cabe decir que en la revisión jurídica y la formulación de estos convenios y programas, se contó con el apoyo de la Dirección General de Normatividad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como de la Coordinación de Asesores del Procurador General de la República. En la ejecución de esta estrategia, se ha logrado establecer también vínculos con organizaciones representativas del sector social, lo que permite involucrar a la sociedad civil en las tareas de prevención. Sólo en 2006, se suscribieron programas de trabajo con casi todos los gobiernos de las entidades federativas, con excepción del estado de Tabasco, lo 5

La propuesta de Reforma Penal Electoral se presenta en el capítulo cuarto de este informe.

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cual equivale a la formalización de 31 nuevos compromisos jurídicos para capacitar y difundir los delitos electorales.6 1.3.4.2. Acuerdos, instructivos y circulares La formulación de propuestas de nuevos acuerdos, instructivos y circulares, es otra de las tareas que involucra la actividad jurídica en materia electoral, a través de ello se busca hacer más eficiente el funcionamiento del Ministerio Público y permitirle cumplir con las obligaciones que le han sido conferidas.7 1.3.5. Atención a quejas y procedimientos administrativos En 2006, la FEPADE tramitó procedimientos administrativos en contra de dos agentes del Ministerio Público de la Federación por la probable responsabilidad administrativa en el manejo de un vehículo propiedad de la Federación, y de un servidor público administrativo por la probable comunicación externa con personas ajenas a la institución, filtrando información de carácter confidencial. Resulta importante señalar que lo anterior se fortalece por el hecho de que en el presente ejercicio también se logró cumplir con las metas institucionales y objetivos trazados y se conservó la norma de calidad en los procesos certificados. 1.3.6. Participación de la FEPADE en órganos colegiados La FEPADE participó en la toma de decisiones institucionales, así como la definición de sus líneas de acción, a través de su intervención en órganos colegiados, que se ha instaurado en los distintos niveles para atender los temas que requieren de deliberaciones colectivas. 1.3.6.1. Comité de Valores de la FEPADE Con el fin de fortalecer internamente a la FEPADE, se creó el Comité de Valores como un órgano colegiado interno integrado por el personal de la FEPADE, que tiene la función de promover el respeto al Código de Valores recogido como modelo de actuación de quienes integran la FEPADE. En ese sentido, el Comité emite resoluciones declarativas con autonomía respecto de los asuntos que son puestos a su consideración a partir de los comunicados y quejas formuladas por su personal. Así, el Comité de Valores es un mecanismo para estimular al respecto al código de ética de los servidores públicos de la FEPADE. El Comité de Valores se integra por representantes de las direcciones generales, uno de los cuales es el presidente ; sus miembros son electos de forma directa por el propio personal de la FEPADE, con el objeto de dar legitimidad a sus recomendaciones. Durante el ejercicio que se informa, el Comité ha sesionado en once ocasiones de manera ordinaria y en dos ocasiones de manera extraordinaria.Las quejas que se han tramitado en algunos casos ha permitido establecer medidas preventivas y/o correctivas en temas de interés común 6 7

La relación completa de convenios suscritos y programas de trabajo pueden consultarse en la página 124 de este documento. La relación completa de acuerdos, instructivos y circulares pueden consultarse en la página 131 de este documento.

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y,en otras ocasiones,a pesar de no constituirse una queja desde el punto de vista formal, orientó al personal, o bien el tomar algunas decisiones en el ámbito de su competencia. 1.3.6.2. Consejo Editorial de la PGR La FEPADE, como parte de la PGR, es miembro de este Consejo, que es el encargado de formular y preparar el programa editorial de la Institución. En 2006, la FEPADE formó parte de la Comisión de Estudio del Consejo Editorial de la PGR, en el análisis de las propuestas planteadas por las unidades administrativas, así como en formulación de propuestas editoriales de la FEPADE en el cumplimiento y ejecución del Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral. Durante este año, la FEPADE participó en tres sesiones ordinarias de dicho Consejo y en igual número de reuniones de la Comisión de Estudio.Esta última tiene como finalidad el discutir y analizar previamente los temas que deberán presentarse al Consejo Editorial, y en cuyos trabajos se revisa y valora la pertinencia de las propuestas formuladas por las Unidades de la institución, y desde luego, la factibilidad de acuerdo al presupuesto asignado a la partida presupuestal para publicaciones. 1.3.6.3. Consejo de Profesionalización El Consejo de Profesionalización es el órgano colegiado que, por disposición de la Ley Orgánica de la PGR, es rector del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal que se compone de tres ramas y que son la rama ministerial, la pericial y la policial. En este órgano colegiado se discuten acuerdos, convocatorias de ingreso al Servicio de Carrera, los programas de formación y profesionalización del personal, los lineamientos de evaluación y, en general, cualquier tema relacionado con algunas de las etapas de ingreso, desarrollo, profesionalización y terminación de este servicio. Respecto a la participación de la FEPADE, en su calidad de miembro de la Comisión de Estudio, ha impulsado proyectos y ha trabajado en la discusión y opinión de diversos acuerdos, que tiene como principal función discutir y tratar anticipadamente los temas que serán sometidos a la atención del Consejo de Profesionalización. En este año, se asistió a once sesiones ordinarias y a dos sesiones extraordinarias. Asimismo, se participó también en once reuniones ordinarias de la Comisión de Estudio y se asistió a diversas reuniones extraordinarias y de trabajo para el tratamiento de temas específicos. De igual forma, se formó parte de diversos grupos de trabajo para el seguimiento de temas específicos, como la incorporación del personal de designación especial al servicio de carrera, o para definir los perfiles del personal sustantivo, entre otros. 1.3.6.4. Labor Docente Debido a la especialización que ha requerido la FEPADE y a la necesidad de difundir la cultura de la legalidad y la denuncia en materia de delitos electorales, para ello, diversas instituciones educativas han solicitado apoyo en la elaboración y formulación de diversos instrumentos pedagógicos, los cuales se describen a continuación:

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1.- Análisis de la Especialidad en Derecho Penal Electoral, tenía como objetivo proporcionar los elementos necesarios para que los participantes del mismo comprendan los conceptos jurídicos y políticos electorales fundamentales, los principios básicos, los ordenamientos legales y las instituciones que componen la estructura, vigencia y validez del Derecho Electoral en nuestro país. 2.

Análisis del Taller Teórico-Práctico en Delitos Electorales para agentes del Ministerio Público de la Federación, el cual tenía como objetivo proporcionar los elementos necesarios para que los participantes del mismo, comprendan los conceptos jurídicos y político-electorales fundamentales, los principios básicos, los ordenamientos legales y las instituciones que componen la estructura, vigencia y validez del Derecho Electoral; asimismo, se desarrollaron los delitos electorales, la averiguación previa y las determinaciones del Ministerio Público.

3.- Revisión al contenido del "Taller de Delitos Electorales sobre el voto de los mexicanos que residen en el extranjero". 4.- Análisis de la propuesta para crear el Consejo para Prevenir los Delitos Electorales en la Secretaría de Economía (SE), tiene como objetivo crear el Consejo para Prevenir los Delitos Electorales de la Secretaría de Economía (CODESE), el cual tenía como objetivo conocer, vigilar y generalizar la defensa de la legalidad en materia electoral en las tareas públicas encomendadas a la Secretaría de Economía, asegurando la objetividad, imparcialidad y transparencia en el otorgamiento y ejercicio de los recursos de los programas de apoyo a cargo de la referida dependencia, con el fin de prevenir la comisión y fomentar la denuncia de delitos electorales durante el proceso electoral federal 2006. 5.- Revisión al contenido de la Carpeta Normativa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 6.- Análisis del Decálogo por la Transparencia y Legitimidad de la Contienda Electoral, documento suscrito por la iglesia, asociaciones y tradiciones religiosas el 10 de enero de 2006, en el que se comprometieron a participar de manera responsable y ética en el proceso electoral del 2006. 7.- Curso en "Derecho Electoral Mexicano", se centró en la organización y atribuciones de las autoridades electorales federales, como son: el Instituto Federal Electoral; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la FEPADE (curso de capacitación, 2006). 8.- Seminario: "Los Delitos Electorales Federales a través de un análisis dogmático y su funcionalidad", proporcionó los elementos necesarios para que los participantes comprendieran los conceptos jurídicos electorales fundamentales; los principios básicos, los ordenamientos legales y la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos electorales federales en nuestro país; los tipos penales actuales en materia electoral federal; así como reflexionar sobre los problemas estructurales y operacionales de los delitos electorales federales, con un enfoque de formación permanente e integral (curso de capacitación, 2006).

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9.- Seminario sobre "La Acción de Inconstitucionalidad en Materia Electoral", se centró en el estudio de los Medios de Control Constitucionales y en específico el alumno conoció la acción de inconstitucionalidad, así como qué sujetos se encuentran legitimados para interponer dicho medio de control constitucional, materia y efectos del instrumento de control e identificar las reglas procedimentales que rigen su trámite (curso de capacitación, 2006). 1.4. Política criminal y prevención de delitos electorales En la comunidad de procuración de justicia y la académica, existe un consenso en que las estrategias de política criminal meramente punitivas se mostraron ineficientes como único mecanismo de disuasión del delito.Tal mecanismo basaba su despliegue y resultados una vez ocurridos los hechos delictivos, donde se presentaba una oportunidad para que las autoridades intervinieran a través del sistema de justicia penal sancionando al sujeto responsable, en el caso de probar ante el juez la responsabilidad de la persona. Dicho modelo dejaba en una situación de desprotección a las víctimas, a pesar de que el margen de sanción pudiera llegar a ser alto, porque no prevenía la victimización del delito y sus efectos. Por esta causa, la FEPADE asumió que la protección de los derechos político-electorales, adicionalmente a los esquemas de organización institucional para investigar y perseguir el delito, requieren esquemas de prevención en los que la información a la ciudadanía, la participación de la comunidad, la colaboración de aliados gubernamentales y sociales, así como los esquemas de rendición de cuentas, forman un conjunto de respuestas institucionales más efectivas para hacer frente al delito electoral. La FEPADE presupone que un principio de información o de conocimiento en materia de política criminal es fundamental para que las personas conozcan las conductas prohibidas en el régimen penal electoral, y con ello, generar una cultura de la denuncia y de la legalidad. Bajo este principio, la FEPADE se adscribió dentro del sistema de justicia electoral como un órgano preventor, además de investigador y perseguidor. 1.4.1. Política criminal La política criminal es la actividad que se desarrolla en la administración pública para disminuir las incidencias delictivas, se refiere al conjunto de criterios empleados o a emplear en el tratamiento de la criminalidad. En este sentido, la política criminal no es una disciplina teórica, sino una orientación eminentemente práctica. Inscrita en el contexto de las políticas públicas, la política criminal opera, en buena medida, a través de las instituciones públicas encargadas de procurar justicia. Estas instituciones deben actuar en congruencia con esta política a través del desarrollo de programas y estrategias de trabajo que la concreticen. La definición de las políticas específicas para el combate a la criminalidad electoral ameritó la identificación de los ejes rectores que, a través de un enfoque garantista, se ha definido para enfrentar la ilicitud penal, al mismo tiempo que se identifican las características del fenómeno delincuencial a través de estudios empíricos que mostraron el perfil del delincuente y del delito como acto singular y como fenómeno colectivo.

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El despliegue del capital humano,la implantación de infraestructura tecnológica,el desarrollo de las actividades bajo procesos estandarizados y la cultura de rendición de cuentas son elementos importantes dentro de un esquema de política criminal. En la actualidad las instituciones con mayor éxito son las que han sabido adaptarse a las ventajas de la tecnología y el uso de la información. Para el diseño de la concreta política criminal, la FEPADE trabaja con procesos de generación de valor en la información que,bajo la premisa fundamental de que a mayor conocimiento hay mayores probabilidades de prevenir el delito electoral, permite mejorar el desempeño institucional. Además, este desempeño depende en buena medida del aprovechamiento de los datos disponibles para generar conocimiento que sirva para mejorar continuamente los procesos institucionales. 1.4.1.1. BANCINF La información oportuna, confiable y veraz, fue una premisa fundamental de actuación, tomando en cuenta que en el proceso de diseño de políticas públicas es de suma importancia la calidad de la información en que se sustenta la toma de decisiones. Un primer segmento del aprovechamiento de la información tiene que ver con el control de los datos que genera la FEPADE en torno a la actividad ministerial y procesal en materia de delitos electorales. El Banco Central de Información (BANCINF) es un sistema informático que permite capturar y almacenar registros de información de las averiguaciones previas iniciadas en la FEPADE, la situación jurídica de dichas indagatorias y, en su caso, información general del proceso penal del probable responsable. A partir de la experiencia acumulada de varios años de trabajo del BANCINF, en el 2005 se determinó mejorar y actualizar el sistema a fin de contar con mayor y mejor información. Derivado de esto, se logró la reestructuración hacia una nueva versión BANCINF "V 2.0", cuya finalidad fue optimizar la eficiencia en la sistematización y procesamiento de información estadística en materia de delitos electorales federales. Dicha estructura informática permitió que, en el 2006, la FEPADE contara con datos sobre la actividad ministerial y procesal penal del proceso electoral 2005-2006, además de una serie histórica de los inicios de las averiguaciones previas. A continuación se muestra en la gráfica la incidencia delictiva en materia de delitos electorales por entidad federativa de 1994 a la fecha.

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En este año, el sistema incrementó a 6 mil 800 sus registros de averiguaciones previas, de los cuales mil cien corresponden solamente al 2006 generando, en los casos solicitados, documentos estadísticos básicos sobre la actividad penal electoral, que sirvieron a distintas áreas de la FEPADE para tomar decisiones institucionales y a solicitantes externos para incrementar la cantidad de información disponible. La información estadística generada comprende datos sobre su incidencia delictiva, geográfica, educación, edad, género y calidad. Adicionalmente, se emprendió una tarea de actualización de los registros históricos del sistema. A continuación se muestra un ejemplo de inculpados por género.

1.4.1.2. Banco de datos de FEPADETEL El sistema FEPADETEL es un sistema de atención telefónica, que inició operaciones en 2002, brindando orientación legal al público en materia penal electoral, funciona las 24 horas, todos los días del año, en todo el territorio nacional. Desde que se puso en operación, se han atendido 8 mil llamadas provenientes de todo el territorio nacional. Sin duda, una de las principales necesidades del servicio de atención telefónica FEPADETEL para el día de la jornada electoral del 2 de julio del 2006 implicaba necesariamente el manejo de información veraz desde el momento mismo de su recepción. Para ello, se diseñó un nuevo sistema integral que incluyó desde un software hasta un script de atención, considerando aspectos fundamentales como por ejemplo el perfil del telefonista en el sentido que, a diferencia de otros servicios similares tales como IFETEL, FEPADETEL usualmente es atendido por agentes del Ministerio Público de la Federación. Respecto a la organización de FEPADETEL, se diseñó la operación de dos "Bases de Atención Telefónica" con 23 líneas de recepción simultánea donde se atendieron llamadas de forma directa e inmediata por un equipo capacitado en Materia Penal Electoral y expertos en la materia. Asimismo, se habilitaron 15 estaciones de trabajo nuevas. IFETEL asignó dos estaciones de trabajo en sus instalaciones, comisionándose a tres servidores públicos de FEPADE para atender las llamadas y brindar asesoría directa desde sus instalaciones y de igual forma se destinaron dos módulos de atención para llamadas formuladas desde LOCATEL. De tal forma que el servicio se integró de la siguiente manera: a) 10 Extensiones adicionales de FEPADETEL;

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b) Tres Extensiones para la atención a IFETEL; y c) Dos Extensiones para la atención a LOCATEL. Por otro lado, FEPADETEL contó con la participación de 63 servidores públicos distribuidos de la siguiente manera: a) 47 Servidores públicos capacitados en atención telefónica; b) Tres Coordinadores; y c) 14 Servidores públicos para captura. Todo el personal arriba señalado fue capacitado con el "Curso de Formación de Orientadores Telefónicos" que incluyó los siguientes módulos: Introducción al Plan de Atención FEPADETEL para el día de la jornada electoral; Sensibilización del Servicio FEPADETEL como servicio de atención ciudadana; Introducción a la ilicitud electoral y lineamientos básicos para la orientación a la ciudadanía; Interacción Telefónica FEPADETEL; y Manejo de la Aplicación de FEPADETEL. Se ajustó la aplicación de captura que manejaba el servicio, facilitando la captura en línea. Se implantó un nuevo Modelo de Interacción Telefónica que permitió a cada operador llevar orden en la llamada. Se desarrolló un rol de atención que estableció la rotación del personal en cuatro turnos distintos de 3 horas de atención. Todas las acciones de prevención del delito, de entrega de materiales, la estrategia de comunicación social de prevención del delito electoral mediante spots de radio y televisión, impactarían significativamente la cantidad de llamadas de orientación ciudadana, días antes y durante la jornada electoral.Los efectos de las acciones de prevención del delito fueron tales que, en junio del 2006 se recibieron mil 795 llamadas de la ciudadanía, una cifra histórica para ese sistema, cuya mayoría se recibió en los últimos días de ese mes, por su cercanía con la jornada electoral. La cifra de junio se superó en julio del 2006, cuando se atendieron 2 mil 449 llamadas, de las cuales, el 1° de julio 600, mil 643 el día dos y el día tres 45, para un total, en esos tres días, de 2 mil 288 comunicaciones, motivadas muchas de ellas por el conocimiento de la FEPADE a través de radio y televisión, según manifestaron los usuarios. Como se puede apreciar, el 2 de julio ameritó recibir casi la misma cantidad de llamadas que todo junio del 2006 y que incluso todo el 2005 (686 llamadas). Es decir, en un solo día se recibieron y atendieron más comunicaciones que en todo 2005.

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El 2 de julio, el comportamiento temporal de las mil 643 llamadas muestra una cierta relación con el desarrollo de la jornada electoral, en la medida en que es significativa la variación de las llamadas recibidas a las 8:00 horas -hora de la apertura de las casillas en todo el país- al compararlas con las que se recibieron a partir de las 7:00 horas, así como el hecho de que las llamadas tengan un descenso constante a partir de la hora del cierre de casillas (18:00 horas). En términos geopolíticos, sólo 6 entidades concentraron el 70 por ciento de las llamadas de julio de 2006 (Distrito Federal, México, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Puebla). El Distrito Federal alcanzó una tasa de participación del 30 por ciento y el Estado de México de 17 por ciento, y juntos representan casi la mitad de las llamadas del mes de julio del 2006. A las llamadas atendidas el día de la jornada electoral directamente a través de FEPADETEL, deben agregarse los siguientes mecanismos que complementaron la capacidad de atención de la FEPADE el día de los comicios: La atención de una centena de llamadas en las instalaciones del servicio IFETEL por parte de personal comisionado de la FEPADE. Este mecanismo de coordinación con el sistema de atención telefónica del IFE permitió atender de manera especializada las llamadas que en una primera instancia el personal de ese servicio telefónico consideró podría constituir un asunto de naturaleza penal electoral. Derivado de la firma del Programa de Trabajo Específico suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y la FEPADE en junio del 2006, el 2 de julio el servicio LOCATEL atendió cerca de 200 llamadas en las que la ciudadanía solicitó información sobre la competencia de la FEPADE, a las que deben agregar una veintena que fueron canalizadas a las dos líneas dispuestas particularmente para la atención de los usuarios de LOCATEL, en las instalaciones de la FEPADE. Con la empresa de radio Grupo Monitor,se atendieron cerca de medio centenar de llamadas recibidas por medio de su sistema de comentarios del auditorio, por correo electrónico y otros medios, en los que personal de la FEPADE informó a la ciudadanía sobre la competencia de la FEPADE y su relación con las incidencias ocurridas en la jornada electoral. A fin de prever contingencias de saturación del servicio de atención telefónico FEPADETEL el día de la jornada electoral, el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC-PGR) atendió cerca de 20 llamadas de la ciudadanía en que sus operadores dieron orientación básica sobre delitos electorales. 1.4.1.3. Análisis de información La utilización de la información por parte de las instituciones y organizaciones es un mecanismo que permite enfocar adecuadamente la dirección de las estrategias públicas. Una institución que carezca de mecanismos de análisis de información y que adicionalmente omita su aprovechamiento para definir planes y programas de gobierno, se encuentra en una situación crítica para hacer frente a los retos planteados por la administración. Durante el presente año, al interior de la FEPADE se realizaron diversos estudios de análisis de información cuyo objetivo consistió en contribuir a la toma de decisiones del nivel directivo de la institución. A la par de la ejecución de las acciones y programas de prevención del delito electoral, se analizaron los resultados hasta ese momento obtenidos para reflexionar sobre el desempeño institucional en la materia.

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Lo que se presenta a continuación son sólo unos bocetos de análisis de información, donde se describen algunos elementos que muestran la mecánica de preparación de la FEPADE para afrontar el reto de atender las comunicaciones de la ciudadanía en la jornada electoral del 2 de julio del 2006, cuáles fueron en general los resultados de los sistemas de atención y comunicación ciudadana y cuáles son los datos fundamentales de investigación del delito en el año 2006. Con la previa lectura del análisis de información, se estará en mejores condiciones para interpretar los resultados desglosados que se describen en el apartado de prevención del delito electoral. En primer lugar, para saber cómo desplegar los recursos humanos y materiales para atender el sistema FEPADETEL, se acudió a los datos disponibles de atención del proceso electoral intermedio del 2003, donde la FEPADE ya había tenido una experiencia de atención telefónica de las interrogantes ciudadanas sobre los delitos electorales. El análisis de los datos tuvo como objetivo informar cuál fue el desenvolvimiento de las llamadas recibidas a través de FEPADETEL en el proceso electoral del 2002-2003 y ser comparados con el proceso electoral del 2005-2006. Con el análisis de estos datos se obtuvieron algunas premisas de acción que la FEPADE tomó en cuenta a fin de mejorar sus procesos de atención ciudadana. El análisis de la información mostró que a partir de los meses de mayo y junio se podría esperar un incremento de las llamadas de la ciudadanía y que la atención de la jornada electoral sería la cúspide de esa atención. Adicionalmente al análisis realizado directamente a la fuente de atención telefónica FEPADETEL,

se acudió a otras fuentes de información de la FEPADE, entre las que destacan los datos de distribución de materiales impresos de difusión del delito electoral y los datos de eventos de capacitación en materia de delitos electorales. Conforme iba avanzando el proceso electoral, se advertía un incremento de esas fuentes, lo que implicaba un escenario probable en el que las llamadas telefónicas irían incrementándose en forma constante, máxime que en cada evento de capacitación y en cada entrega de ejemplares impresos, los agentes de capacitación de la

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FEPADE enfatizaban la disponibilidad de la institución para orientar a los ciudadanos a través de diversos mecanismos.

Nota: la utilización de logaritmos naturales obedece a la mejor representación gráfica de las diferentes cantidades de los tres rubros analizados.

El análisis de la información también permitió a la FEPADE acudir a otras fuentes de información cuyo formato de atención vía electrónica permite a la institución captar las comunicaciones de los ciudadanos sobre diversos incidentes en materia penal electoral. Análogamente, en los primeros meses del año, estas fuentes mostraban una tendencia de incremento de las atenciones, a pesar de que el acceso a estos mecanismos de comunicación e información no está totalmente garantizado para la población mexicana.

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En resumen, la información analizada mostró claramente el rumbo a seguir a fin de incrementar la capacidad de respuesta de la institución, particularmente para el día de la jornada electoral, disponiendo de más y mejores recursos tanto humanos como materiales y tecnológicos (al respecto, pueden revisarse las acciones que se describen en la sección de FEPADETEL). Bajo estas premisas, el éxito de la institución para atender diligentemente las peticiones ciudadanas dependió, en buena medida, del uso de la información disponible. Por lo que corresponde al análisis particular de los datos de averiguaciones previas, la información muestra que julio del 2006, mil 153 indagatorias, mes de realización de la jornada electoral y del cómputo de los votos, representó el 35 por ciento del total de este año, con 407 indagatorias iniciadas. Cabe resaltar que el 2 de julio sólo se recibieron 14 denuncias, mientras que los días 5 y 6 de julio se recibieron 195 indagatorias, lo que representa casi la mitad de las recibidas en todo el mes, motivadas la mayoría de ellas por el cómputo electoral. Con esta información se puso de manifiesto que fue en ese cómputo, y no en la realización de la jornada electoral, cuando la ciudadanía y las organizaciones en general presentaron las denuncias ante la FEPADE. Con base en un criterio geopolítico, la media de indagatorias iniciadas en el año por entidad federativa es de mil 153, con un máximo correspondiente al Distrito Federal (224) y un mínimo correspondiente a Nuevo León. Sólo Distrito Federal y Estado de México representan el 30 por ciento del total de las indagatorias iniciadas en el 2006.

Asimismo, en todo el 2006, las 370 indagatorias iniciadas por presuntas conductas cometidas por servidores públicos, es decir, por las cuatro fracciones del Artículo 407 del Código Penal Federal (que incluye el apoyo electoral con recursos humanos, el desvío de recursos públicos con fines electorales, el condicionamiento de programas sociales o recursos

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públicos y la coacción laboral con fines electorales), representan un 32 por ciento de las indagatorias. El incremento de esa modalidad delictiva en el reciente proceso electoral puede tener una relación con las acciones de prevención del delito enfocadas a los servidores públicos. Solamente en julio del 2006, el peculado electoral (Art. 407, fracción III del Código Penal Federal) ocupa el primer lugar de incidencia, seguido de recoger credenciales de elector sin causa legal (Art. 403, fracción V), la alteración de documentos electorales (Art. 403, fracción X), la expedición ilícita de credenciales de elector (Art. 411) y el condicionamiento de programas sociales o recursos públicos con fines electorales (Art. 407, fracción II).

En el siguiente cuadro se puede observar la concentración de las indagatorias en los meses de junio y julio del 2006, y la correspondiente distribución por entidad federativa. La

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mayor cantidad de indagatorias recibidas en un mes corresponde al Distrito Federal, con 43 en el mes de julio.

Si se agrupa la información de los inculpados por su calidad, las denuncias de 2006 muestran que conforme avanzó el año, la cantidad de servidores públicos denunciados y

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probablemente involucrados en la comisión de delitos electorales fue incrementándose, con un máximo mensual en junio y julio. La misma tendencia se presentó con los inculpados cuya calidad genérica permite agruparlos bajo el rótulo de particulares. Tratándose de los funcionarios electorales, julio fue el mes que alcanzó el máximo de denuncias, en gran medida por la realización de sus funciones días antes, durante y después de la jornada electoral.

Por lo que corresponde a la calidad del denunciante, cabe mencionar el incremento de denuncias de ciudadanos sin una calidad en particular, que tuvo una dinámica bastante similar a la presentada por los funcionarios partidistas, sobresaliendo nítidamente sobre los demás sujetos. En ese sentido, puede incluirse como una tendencia a la ciudadanización de la denuncia penal electoral.

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Con base en los datos y en los análisis de información presentados, es posible delinear algunos patrones de la incidencia penal en materia electoral, que sirva para sustentar la toma oportuna de decisiones en futuros procesos comiciales. El análisis de información permite a la FEPADE hacer algunas inferencias sobre cómo la gente percibe los problemas electorales, independientemente de que correspondan a tipos penales establecidos en el Código Penal Federal. Así, desde la perspectiva del ciudadano, algunas de las conductas puestas en conocimiento de esta autoridad son ilegítimas; sin embargo, con base en el marco jurídico penal electoral actual podrían no serlo. La estrategia pública que parece delinearse es la consecuente discusión y análisis de la fenomenología de los delitos electorales federales a partir de datos empíricos donde la hipótesis que se plantea es que la realidad parece haber rebasado a los tipos penales electorales previstos en 1994 en el Código Penal Federal. En una tercera instancia, la información disponible es una detonante que debe potenciarse para el diseño de las acciones institucionales de prevención del delito, como se muestra con los resultados que se exponen a continuación.

1.4.2. Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales El Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales comprende dos estrategias centrales. Por un lado, un programa de acciones permanentes de capacitación y difusión orientadas directamente a la ciudadanía y, por el otro, una serie de tareas para apoyar los procesos electorales locales. Tales acciones tienen la finalidad de fortalecer la cultura de la legalidad y la denuncia fundada en la autonomía ciudadana, en el ejercicio de los derechos políticos y en su exigibilidad ante las autoridades competentes. La prevención del delito electoral es una tarea fundamental como parte de las políticas públicas desarrolladas por la FEPADE a fin de cumplir el deber del Estado de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Tales acciones se despliegan en todo el territorio nacional y a diversos sectores de la población mexicana. Durante el 2006, la FEPADE se preparó para atender la jornada electoral del 2 de julio del 2006, jornada que involucró un proceso electoral federal y diez procesos electorales locales (Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, así como en el Distrito Federal). Adicionalmente, la institución atendió los procesos electorales locales y las jornadas comiciales del 20 de agosto en Chiapas y del 15 de octubre en Tabasco, donde se renovaron los poderes ejecutivos locales. Como en años anteriores, la FEPADE asumió el reto de prevenir el delito electoral más allá de la competencia local o federal. En el 2006 se realizaron más de mil 471 eventos, en cuya mayoría la institución ha distribuido el catálogo de publicaciones que refuerzan gráficamente las ideas transmitidas

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por los capacitadores de la FEPADE. Es oportuno resaltar que el mayor número de eventos realizados en el Distrito Federal se motiva en gran parte por la demanda de entidades gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, órganos electorales, partidos políticos, entre otros, que se asientan en la capital del país. En este tiempo, las acciones de prevención del delito tuvieron como finalidad dotar a la ciudadanía de los elementos informativos básicos para distinguir las conductas que constituyen delitos electorales y cómo denunciarlos. Esta información es un insumo fundamental para la construcción de una ciudadanía con cultura de la legalidad, pero sobre todo del ejercicio libre del derecho al voto.

1.4.2.1. Blindaje electoral A partir de 2001, la FEPADE comenzó a materializar una estrategia de Prevención del Delito y Blindaje Electoral la cual se articuló en dos frentes. Por un lado, trabajó con dependencias claves en el manejo de recursos públicos y programas sociales; y por el otro, emprendió tareas con autoridades electorales a nivel federal y local. Sin embargo, es hasta finales de 2005 y de cara al inicio del proceso electoral, cuando se articuló una estrategia de mayores dimensiones en materia de Blindaje Electoral por parte de las instituciones que componen la Administración Pública. Para ello, diseñaron todo un conjunto de políticas y acciones de Blindaje Electoral8 para garantizar que en procesos electorales (locales y federales) todos los recursos públicos (humanos, materiales, financieros e informáticos) y los programas sociales se ejercieran de manera transparente y con probidad, a fin de evitar que éstos fueran destinados para apoyar a institutos políticos, candidaturas, campañas y cualquier otro tipo de eventualidad relacionada con actividades político-electorales. 8 Si bien este término es un neologismo dentro de la jerga político-electoral, la connotación de la palabra viene de la Economía, cuando el ahora Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría acuñó el término de blindaje económico para articular una serie de acciones para prevenir las posibles turbulencias en variables macroeconómicas que se pudieran suscitar con el cambio del sexenio 1994-2000.

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Así, la política pública de Blindaje Electoral teniendo como punto de partida el Cuarto Acuerdo sobre la materia tomado en la Décima Primera Sesión de la CITCC, la cual fue realizada el 7 de noviembre de 2005, acordó: "… brindar el máximo apoyo y atención a las acciones preventivas y correctivas necesarias para transitar la elección del 2006, con estricto apego a la ética y a las leyes que rigen la actuación del Gobierno Federal". A partir de este Acuerdo, en el contexto de esta política pública se derivaron un sinfín de recomendaciones, lineamientos y componentes para monitorear, dar seguimiento y evaluar las acciones de Blindaje Electoral por parte de las instituciones del Gobierno Federal, siendo el principal referente el Indicador de Blindaje Electoral (IBE). Con el IBE, 237 dependencias de la Administración Pública Federal implementaron una serie de políticas enfocadas a impedir la utilización de los recursos públicos y los programas sociales en apoyo a partidos políticos, candidatos o coaliciones en el proceso electoral 20052006, bajo las siguientes premisas básicas: La construcción de instituciones de gobierno sustentadas en una ética pública. La interacción del ciudadano con los poderes públicos a través de la transparencia y rendición de cuentas. La probidad y responsabilidad como referentes del cambio y compromiso democrático. La acotación de prácticas en el uso indebido de recursos que son de la sociedad. Evitar la reproducción de fenómenos como el clientelismo y corporativismo. Para efectos de análisis del IBE se consideraron dos variables. La primera, denominada Acciones Preventivas (PRE) cuyo propósito fue el control de los recursos federales con fines político-electorales. Y la segunda, definida como Acciones Preventivas para Programas Sociales (PRO), tuvo como objetivo verificar el nivel de cumplimiento del programa de carácter social de las instituciones. De ese modo, todas las unidades administrativas que se contemplaron en el IBE fueron evaluadas por el PRE, y únicamente aquellas que tuvieron en su ámbito de responsabilidades el manejo de programas sociales debían reportar, además del PRE, la variable PRO. Por su parte, y conforme fue avanzando el diseño e implementación de la estrategia de Blindaje Electoral, se consideró necesario ofrecer a la sociedad una imagen completa e integral de los esfuerzos que el Gobierno Federal estaba realizando para prevenir el uso político-electoral de los recursos públicos y programas sociales. Así, el 6 de abril de 2006 se puso en operación el portal de Internet www.blindajeelectoral.gob.mx donde bajo diez categorías, 29 dependencias dieron cuenta a la sociedad mexicana, una visión integral acerca de las acciones que las instituciones federales realizaron para "blindar" sus programas sociales y evitar que sus recursos se usaran con fines político-electorales.

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1.4.2.2. Capacitación en materia electoral Uno de los pilares del trabajo de prevención del delito electoral es la capacitación sobre delitos electorales, cultura de la legalidad y la denuncia, temas específicos de investigación ministerial y diversos tópicos relacionados con la justicia penal electoral. La heterogeneidad de la población mexicana motiva que los beneficiarios de la capacitación penal electoral sean diversos sectores de la población con quienes se tocan diversos temas, entre los que destacan los que se describen a continuación. a) Servidores públicos En todo el año, la FEPADE siguió una estrategia de incremento del nivel de información con que cuentan los servidores públicos considerando la integración de tres factores de la esfera pública: el desarrollo y organización de los procesos electorales, el marco legal de responsabilidades de la función pública (régimen de servidores públicos) y la actualización de los derechos sociales referidos a las atribuciones en el manejo y aplicación de recursos públicos y programas sociales. Por ello, se dio continuidad a la estrategia de distribución de El ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones,iniciada en el 2005.En términos de información,el documento tiene como objetivo presentar el régimen de responsabilidad penal y administrativo al que están sometidos los servidores públicos y que impacta su actuación dentro de los procesos electorales, bajo el apego a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia. Dicha estrategia de información fue importante porque permitió describir el marco de ponderación de valores esenciales del régimen democrático: la libertad de expresión y asociación que la Constitución Política Federal reconoce a todos los ciudadanos y el deber de imparcialidad, lealtad y neutralidad al que están sometidos estos sujetos cualificados. Con base en este esquema de ponderación, dadas las condiciones de competencia partidaria, de neutralidad política sustentada por el propio IFE, las experiencias anteriores de suspensión de la obra pública, los programas y recursos sociales, era razonable el deber de imparcialidad y neutralidad, sin que ello significara la anulación de las libertades señaladas. En el 2006, del ABC fueron distribuidas en todo el territorio nacional las siguientes cantidades de ejemplares:

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Adicionalmente a la versión impresa del ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones, la Secretaría de la Función Pública en conjunto con la FEPADE, aprovechando las ventajas de las tecnologías de información y la comunicación, pusieron en funcionamiento en marzo del 2006 una versión electrónica del documento que permitió llegar a un mayor número de servidores públicos, adicionales a los capacitados a través de modalidades presenciales. b) Indígenas Como parte del programa estratégico 2005-2006, la FEPADE implementó un conjunto de acciones dirigidas a grupos vulnerables, como son los pueblos y comunidades indígenas, a fin de fortalecer la cultura de la denuncia y legalidad, a través de su Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral. En este marco, se firmó, el 22 de julio de 2005, un Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para emprender trabajos conjuntos de cara al proceso electoral de 2006. Para ello, en enero del 2006, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional entre el Instituto Federal Electoral (IFE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se estableció trabajar en tres líneas de acción: 1) Campaña interinstitucional para promover la participación electoral, la prevención y la denuncia de los delitos electorales federales; 2) Capacitación en zonas indígenas y; 3) Seguimiento y documentación del proceso electoral federal 2006, en seis distritos electorales federales con mayoría de población indígena. Asimismo, en coordinación con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) de la CDI, se realizó una campaña de difusión interinstitucional de abril a junio (entrevistas, cápsulas y cintillos) dando cobertura a más de 20 millones de personas, de los cuales 5.5 millones pertenecen a algún grupo indígena de los 950 municipios con esta población.Los programas abarcaron temas como la cultura de la denuncia, promoción del voto, blindaje electoral, observación electoral y prevención de la compra y coacción del voto.También se elaboró material de difusión ex profeso para la población indígena: Carteles (Náhuatl, Ch'ol, Yoko t'an, Tzeltal), Dípticos y el Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales,tanto en español como en Náhuatl,ejemplo de ello fue la distribución de 20 mil carteles de CONAPRED y 20 mil Manuales en 24 estados de la República Mexicana a través de 110 Centros Coordinadores del Desarrollo Indígena, Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 20 Radiodifusoras Culturales, 28 Centros Regionales (CRID) y mil 85 Albergues Escolares, todos pertenecientes a la CDI. En cuanto a la capacitación, de febrero a diciembre de 2006, se realizaron 80 eventos sobre prevención del delito electoral federal y fortalecimiento de la cultura de la denuncia y la legalidad. Se dio cobertura a 17 estados de la República y a 21 distritos electorales con mayoría poblacional indígena. Esto se tradujo en la instrucción de aproximadamente 34 grupos etnolingüísticos, entre los que destacan: mame, maya, mayo, mixe, náhuatl, otomí, purépecha, tarahumara, totonaca, tzotzil, zapoteco, entre otros. Cabe mencionar que en 2005 se realizó un diagnóstico cultural y político-electoral de los distritos indígenas en donde participaron el IFE, CDI, TEPJF, PNUD y FEPADE, lo que dio pie a la

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investigación sobre el Proceso Electoral 2006 en Distritos Uninominales con mayoría de Población Indígena, coordinado por la CDI y la FEPADE. El objetivo fue analizar la participación electoral de los indígenas para elegir a diputados federales en seis distritos electorales con mayoría de esta población y su conocimiento sobre conductas vinculadas con la comisión de los presuntos delitos electorales. Para complementar el estudio se celebraron dos seminarios: el primero realizado el 14 de junio, que se denominó "Participación de los Pueblos Indígenas en Procesos Electorales", celebrado en el Colegio México. El segundo realizado el 4 y 5 de octubre, sobre "Participación de los Pueblos Indígenas en el Proceso electoral 2006: Los retos de la democracia y la participación indígena en México", efectuado en el Palacio de Minería. De la misma manera, se trabajó en la difusión y capacitación con la Secretaría de los Pueblos Indios de Chiapas, la Secretaría de Asuntos Indígenas de Guerrero, la Coordinación Interinstitucional para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Con la radio "La voz de los Campesinos" de Huayacocotla, Veracruz, se enviaron spots en materia de delitos electorales en español para que se produjeran y difundieran en lengua Náhuatl, Tepehua y Otomí. Por su parte, en el proceso electoral en Chiapas del 20 de agosto del presente año, se diseñó y aplicó una campaña gráfica piloto sobre la prevención de los delitos electorales enfocada específicamente a los habitantes del Ejido "El Laurel", Municipio de Jitotol ubicado en la Sierra Norte de este estado. Para ello, se llevó a cabo el trabajo de campo a fin de desarrollar una campaña gráfica con base en los elementos representativos comunitarios. Como resultado, se imprimieron dos mil ejemplares del Manual Ciudadano referentes a delitos electorales en Tzotzil y mil en español. Para medir el impacto de la campaña se aplicaron cuestionarios cuyo objetivo fue conocer el nivel de información sobre los delitos electorales y la aceptación de la campaña. Sin duda, esta acción fue relevante en cuanto a los contenidos y a la aceptación de la misma en las comunidades indígenas sin afectar los llamados Usos y Costumbres. Finalmente, la FEPADE en alianza con el (INALI), organizó en septiembre del 2006 un taller celebrado en la ciudad de Villahermosa, mismo que tuvo como objetivo fomentar la cultura de prevención y denuncia de los delitos electorales. Los asistentes a dicho evento fueron traductores de las etnias con mayor presencia en el estado: Chontal, Ch´ol, Tzeltal y Náhuatl. En ese taller se tradujeron las conductas delictivas que ocurren con mayor frecuencia para exhibirlos en carteles, apoyándose con fotografías cuyo propósito fue sustentar visualmente el diseño e impresión de los mismos, para establecer un matiz de identidad que permitió facilitar el aprendizaje de los conceptos de legalidad y procesos electorales generados al interior de estas comunidades. c) Adultos mayores Otro de los programas estratégicos de la FEPADE dentro del marco de prevención del delito electoral consiste en las acciones dirigidas a evitar la victimización de personas adultas mayores.

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El proceso de envejecimiento de la población mexicana, la alta participación electoral de los adultos mayores comparada con otros grupos poblacionales, el condicionamiento de programas sociales y servicios públicos, aunados a su analfabetismo, motivaron el despliegue de esas acciones. Cabe recordar que la PGR, a través de la FEPADE, el 26 de octubre del 2004 firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la Secretaría de Desarrollo Social a fin de promover, entre los adultos mayores, la información necesaria para prevenir la comisión de delitos electorales y evitar que sean presa de la inducción ilegítima del voto. Por esa razón, y considerando el crecimiento de la población adulta mayor y su posible victimización con fines electorales a través de la compra y/o coacción del voto y del condicionamiento de programas sociales de los que son beneficiarios, la FEPADE en coordinación con el INAPAM realizaron una "Campaña Nacional de Información y Protección para las Personas Adultas Mayores", cuyo objetivo fue realizar acciones de información y protección al adulto mayor en materia de delitos electorales a fin de que conocieran sus derechos como ciudadanos y tuvieran una mayor participación democrática responsable en el actual proceso electoral. Asimismo, el objeto del programa de prevención sobre este tema consiste en informar y al mismo tiempo fortalecer la autoestima de los adultos mayores, como también que sean los interlocutores directos con sus descendientes por medio de las prácticas de un buen ciudadano y de ética pública. Además de los eventos de capacitación, se construyeron materiales didácticos consistentes en una radionovela (Una Nueva Vida) y un video informativo que tratan de las relaciones entre delitos electorales y ser adulto mayor, que el INAPAM produjo en distintos formatos y que distribuyó en sus delegaciones estatales así como en los clubes del Distrito Federal. Por su parte, la FEPADE distribuyó ejemplares del "Manual Ciudadano de Delitos Electorales" entre la población adulta mayor.

d) Personas con capacidades diferentes La FEPADE, en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), puso en marcha una campaña dirigida a grupos vulnerables con capacidades diferentes, entre los que destacan las personas con preferencias sexuales diferentes, los indígenas y personas con capacidades físicas diferentes, campaña que estuvo basada en el apego a los derechos de los ciudadanos de acuerdo con los principios y reglas establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo fin consiste en promover la igualdad de oportunidades y trato. Para lograr el objetivo anterior, las instituciones se abocaron al diseño de carteles en cuya elaboración se conjugaron la experiencia de la FEPADE en materia de delitos electorales y la de CONAPRED en materia de discriminación y trato diferenciado. Dicha fórmula permitió enfocarse en aquellas conductas que impactan el ámbito de la violación de la libertad y de la igualdad político-electoral. En total se tiraron 50 mil ejemplares de los carteles, los cuales fueron distribuidos en todo el país.

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e) Jóvenes La Encuesta Nacional de la Juventud del 2000 en el rubro de participación social menciona que "De los jóvenes con edad para votar, 83.1 por ciento posee credencial de elector; del mismo total casi ocho de cada 10 han votado alguna vez; y, el 67.8 por ciento votaron en las últimas elecciones". Estos datos, por sí mismos, parecerían sugerir una condición mayor de participación social juvenil, empero, los jóvenes están desencantados con los procesos democráticos, lo cual se refleja en que el nivel de confianza de los jóvenes en las instituciones es muy bajo y más tratándose de instituciones políticas. "La confianza que los jóvenes tienen en las diversas instituciones es en general baja; la familia y la iglesia absorben los mayores porcentajes (alrededor de una tercera parte confía en ellas); las menos confiables según ellos, son los partidos políticos y el Congreso". Razones por las cuales las acciones en materia de prevención del delito electoral deben tomar en cuenta que el nivel de confianza de los jóvenes en las instituciones políticas se muestra muy bajo al ser comparado con los demás grupos de población.9 Igual de importante que los anteriores, es el dato arrojado por el Informe de Resultados del Estudio de Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2003, según el cual los jóvenes asisten menos a las urnas que la población de mayor edad. Según el estudio, en el 2003, en los grupos de edades que comprende de 20-24 y 25-29 apenas 1 de cada 3 votó. Por estas razones, la FEPADE participó activamente en la Campaña "Tu Rock es Votar", con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes la temática de los delitos electorales. Para ello, se realizaron artículos promocionales diseñados exclusivamente para el sector juvenil con el objetivo de captar su interés en el desarrollo de los procesos electorales y los delitos vinculados con los comicios. En el evento de clausura de dicha campaña, en el Palacio de los Deportes, la FEPADE instaló 6 módulos itinerantes con el objetivo de ofrecer información sobre delitos electorales. Igualmente, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, y como parte de las acciones específicas derivadas del convenio de colaboración interinstitucional, se realizó el diseño, impresión y distribución de un tríptico de delitos electorales enfocado exclusivamente para la población juvenil del país. Asimismo, se realizó la distribución de la Tarjeta "Poder Joven" con una calcomanía autoadherible, la cual incluía un mensaje de la FEPADE, se realizó un tiraje de 230 mil tarjetas aproximadamente; también se publicó en la Revista Poder Joven un artículo acerca de las funciones de la FEPADE, la importancia de la participación de los jóvenes para combatir los delitos electorales, cómo y dónde denunciar; y se envió el audiovisual sobre delitos electorales el cual se distribuyó por correo electrónico a todos los contactos inscritos al portal del instituto, alrededor de 211 mil 709 usuarios, así como a estudiantes por medio de enlaces con universidades públicas y privadas a lo largo de la República Mexicana. 9 Programa Nacional de Juventud 2000-2006, Secretaría de Educación Pública-Instituto Mexicano de la Juventud. Primera reimpresión de la 1ª edición. México. 2003. p. 113.

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Con la finalidad de dar a conocer la temática de los delitos electorales entre los jóvenes, aprovechando sus formas de expresión, el día 26 de octubre en las instalaciones de la FEPADE se realizó la premiación del Concurso de Caricatura sobre Derecho Electoral, Ciudadanía y Democracia, la premiación del Cuarto Certamen sobre Justicia Penal Electoral, así como la entrega de reconocimientos a aquellas instituciones que apoyaron de manera importante a la FEPADE en el desarrollo del proceso electoral concluido oficialmente en los primeros días del mes de septiembre. 1.4.2.3. Diseño, impresión y distribución de materiales Entre más informado esté un ciudadano se reduce el riesgo de cometer conductas contrarias a Derecho y al régimen electoral. Por esta razón, la FEPADE instrumentó diversas estrategias de información para llegar a un mayor número de ciudadanos a fin de que conozcan los delitos electorales y sepan cuáles son los diversos medios por los que se puede denunciar ante las autoridades competentes. Una de las herramientas esenciales para la prevención del delito electoral consiste en la elaboración de materiales especializados cuyo diseño toma en cuenta diversas variables focalizadas, como lenguaje aplicado al grupo social dirigido, ilustración y didáctica.

La entrega de materiales de difusión es fundamental dentro de las estrategias de prevención del delito.En 2006,la FEPADE distribuyó más de un millón 350 mil ejemplares de distintos materiales. Del total de éstos, alrededor de 9 de cada 10 fueron entregados a servidores públicos de los tres niveles de gobierno,mientras que los restantes grupos poblacionales beneficiados se diversificaron en gente discapacitada, jóvenes, indígenas, mujeres y adultos mayores, así como otros grupos (que incluye medios de comunicación, agrupaciones civiles y políticas, en ferias y congresos, etc.). Al respecto, cabe destacar el diseño, impresión y distribución de la Revista FEPADE Difunde, una publicación periódica para la difusión de ensayos y artículos del sistema de justicia electoral, los procesos electorales, la cultura política y la legalidad, el Estado de Derecho, el derecho penal electoral, entre otros temas, con el fin de fortalecer los valores

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democráticos entre los mexicanos. En el 2006, editó los números 10 relativo al tema de Blindaje Electoral, 11 relativo a las tareas pendientes del proceso de democratización en México, y 12 relativo al Informe Final de Blindaje Electoral, tirando 2 mil ejemplares del primero, 5 mil del segundo y 5 mil del tercero. 1.4.2.4. Sistemas de atención ciudadana De acuerdo con el Programa de Trabajo 2005-2006, se cumplió la meta de incrementar la cantidad, oportunidad, eficiencia y calidad de los canales de comunicación con la ciudadanía, como una tarea fundamental para la institución que procura justicia penal en materia federal electoral. a) Página web Como parte de los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia, la FEPADE puso a disposición de la ciudadanía su sitio Web http://www.pgr.gob.mx/fepade donde el público puede encontrar información referente a delitos electorales, informes mensuales que se rinden ante el Consejo General del IFE, estadística sobre averiguaciones previas, consignaciones, amparos y sentencias en materia penal electoral, así como versiones electrónicas de documentos de difusión (Revista FEPADE Difunde, Manual Ciudadano y Trípticos e información relativa al modelo de calidad, voto de los mexicanos en el extranjero, reforma penal electoral, sistema de predenuncias, entre otros temas). b) FEPADETEL En todo el 2006, los datos de llamadas atendidas por mes son los siguientes:

En el 2006 se observó que la participación de la ciudadanía se incrementó conforme se acercaba la jornada electoral; se pudo brindar orientación e información, así como atender las denuncias de manera pronta y expedita realizadas a través de este servicio especializado, el cual es atendido por agentes del Ministerio Público los 365 días del año, las 24 horas del día.

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c) FEPADENET Mediante este sistema de comunicación vía correo electrónico por el cual se explotan las ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación, los ciudadanos cuentan con un mecanismo más que les permite recibir orientación e información sobre delitos electorales y temas afines. En este sentido, FEPADENET fue una herramienta adicional de atención en línea mediante el cual se proporcionaba información y orientación, quejas y denuncias sobre los delitos electorales, de manera eficiente y profesional.

Durante este periodo electoral, pudimos presenciar que el uso del correo electrónico viene siendo de gran utilidad para aquellos que requieran información y respuesta inmediata,con ello, una vez más la FEPADE se adecua a las necesidades de una sociedad en constante cambio y modernidad. d) Fiscal en línea Fiscal en Línea es un servicio electrónico que permite a la ciudadanía comunicarse directamente con la titular de la FEPADE a través del hipervínculo http://www.pgr.gob.mx/mail/mailfepa.htm. Como se puede notar en la tabla siguiente,durante junio y julio del 2006 hubo un incremento de las comunicaciones motivadas por el desarrollo de la jornada electoral.

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e) PREDEF El Sistema de Predenuncias de Delitos Electorales Federales (PREDEF) tiene por objeto brindar a la ciudadanía un instrumento de denuncia ágil y eficaz, a través de Internet en el sitio Web de la FEPADE, con el fin de registrar hechos que pudieran constituir un delito electoral;10 la información registrada en el sistema es analizada por agentes del Ministerio Público de la Federación especializados en delitos electorales, quienes califican el hecho, y en caso de constituir un delito electoral, se le da el rango de averiguación previa o acta circunstanciada según corresponda, iniciando así la formalidad de la denuncia considerada en la ley. PREDEF Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Total

Predenuncias 3 19 4 11 355 744 38 11 18 18 17 1,238

f) Módulo de atención a la ciudadanía El módulo de atención a la ciudadanía recibió en el 2006 un total de 4 mil 478 visitas. Desde abril del 2006 hubo un incremento constante de las visitas a la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales,motivadas por la presentación de denuncias por delitos electorales. Es importante señalar que gracias al compromiso realizado con las organizaciones de la sociedad civil al firmar la "Carta Compromiso al Ciudadano", se pudo brindar atención de primera desde el momento de llegada a la Fiscalía así como hasta su momento de salida. g) Módulo itinerante La FEPADE asumió un papel muy importante al dar una atención personalizada a la ciudadanía a través del Módulo Itinerante, el cual reportó cerca de 90 mil personas a través de la asistencia en plazas públicas, conferencias magistrales, talleres y seminarios, donde se repartió material alusivo al tema penal electoral. La FEPADE definió como estrategia ubicar el módulo itinerante en distintos puntos de la República Mexicana, con la finalidad de proporcionar información por medio de las diversas publicaciones sobre delitos electorales y su prevención, el ser y quehacer de la FEPADE, y sobre la cultura de la legalidad y la denuncia. Derivado de estas acciones, el Módulo Itinerante estuvo presente en eventos enfocados para jóvenes, servidores públicos y la ciudadanía en general; dentro de este marco, se contó con la 10 PREDEF fue puesto en operación en febrero del 2006, a través de la página http://www.pgr.gob.mx/fepade/predef/predef.asp recibió en el 2006 un total de mil 238 predenuncias.

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colaboración de algunos aliados estratégicos en eventos tales como el Encuentro Plural de la Cultura en Chiapas apoyados por la Fiscalía Electoral de ese estado, eventos juveniles como "Enlace Noroeste 2006,Tu voto lo decides tú", en Mazatlán, Sinaloa, y previo al día de la elección se realizó una Jornada Electoral "Prevención del Delito" en el Zócalo de la Ciudad de México,sólo por mencionar algunos.

1.4.3. Acceso a la información Durante 2006, la FEPADE atendió 12 nuevas solicitudes de la ciudadanía de acceso a la información pública gubernamental, cuya coordinación y enlace corrió a cargo de la Unidad de Enlace de la PGR. Dicha unidad solicitó que la institución se manifestara respecto de la calidad de la información (reservada, parcialmente reservada, confidencial o pública), y la viabilidad de entregar al peticionario la misma. En todos los casos, esta Unidad motivó y fundó las respuestas emitidas.

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1.4.4. Atención a medios de comunicación El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, establece como una línea estratégica la prevención del delito con el "propósito de crear una cultura de la legalidad y de la responsabilidad…". En tal virtud,precisa que se "deberán promover el empleo de medios alternativos culturales y recreativos para la difusión de mensajes en materia de prevención del delito…" En este marco, la FEPADE realizó diversas acciones en materia de comunicación, difusión y relaciones públicas, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la PGR, a fin de informar de manera permanente, oportuna y oficial las actividades encaminadas a procurar justicia penal electoral, con motivo del Proceso Electoral Federal 2005-2006 y las 13 elecciones locales celebradas en este año. De esta forma, la Fiscalía diseñó y operó, en concordancia con el Programa estratégico para las elecciones federales, el Programa Integral de Comunicación 2006, mediante el cual, además de contribuir a la difusión de qué son los delitos electorales, se informó oportunamente de los temas relacionados con: 1) el despliegue ministerial; 2) blindaje electoral; y 3) atención a denuncias relacionadas con el Proceso Electoral Federal. El 20 de junio, la FEPADE realizó una conferencia de prensa nacional para informar cada una de las acciones previstas para atender la jornada electoral del 2 de julio, tales como el despliegue ministerial en los 300 distritos electorales federales, acciones coordinadas con la AFI, la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales y la Dirección General de Servicios Aéreos y otras áreas de la PGR, encaminadas a garantizar la pronta atención de las denuncias presentadas en el marco de las elecciones. Asimismo, se elaboraron y difundieron 32 comunicados de prensa para dar a conocer las acciones mencionadas por entidad federativa. Con el fin de facilitar una adecuada cobertura mediática y apoyar las necesidades de carácter técnico y operativo de los representantes de los medios de comunicación durante la jornada electoral del 2 de julio,se instaló en la sede de la FEPADE una sala de prensa que inició su operación a partir de las 7:00 horas, donde se ubicaron los representantes de medios de comunicación nacionales y extranjeros. Se realizaron dos conferencias de prensa: la primera para informar sobre el despliegue ministerial y las acciones que se prepararon para atender las denuncias de la ciudadanía;la segunda,para difundir los resultados en materia de atención a denuncias y consultas de la ciudadanía a través de los diversos mecanismos implantados para ello. A fin de proporcionar información relativa al avance en la investigación, persecución y determinación de las denuncias iniciadas con motivo del Proceso Electoral Federal 2005-2006 a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, la Fiscalía realizó cinco informes los cuales, a partir del mes de agosto,se difundieron a través de comunicados de prensa y han sido actualizados cada 30 días, información que puede ser consultada en el portal de Internet de la FEPADE. En este año, la titular de la FEPADE atendió 203 entrevistas a medios locales, nacionales y extranjeros y se realizaron cinco conferencias de prensa a nivel nacional. Asimismo, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral, se atendieron a los medios locales de comunicación, a través de conferencias, comunicados de prensa y entrevistas.

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Asimismo, y previo a la jornada electoral, se diseñó el espacio de opinión "El Comentario Electoral con…María de los Angeles Fromow", el cual se transmitió al aire, de manera semanal , de febrero a junio de este año, en el noticiero de Televisión por Cable (TVC), que se transmite en el Valle de México por el canal 28 y en 600 ciudades de 31 entidades federativas. El objetivo fue, a través de segmento de opinión de un minuto 30 segundos, informar qué son los delitos electorales, cómo se previenen y combaten, además de posicionar un mensaje de respeto y confianza ciudadana en el proceso electoral de este año. En síntesis, de enero a septiembre de 2006, se atendió de forma permanente y oportuna los requerimientos de los medios de comunicación con respecto al proceso electoral federal, como también en las entidades federativas en las que FEPADE realizó actividades de prevención de los delitos electorales. 1.5. Modelo de administración y calidad en la FEPADE 1.5.1. Sistema de Apoyo Integral a la Democracia Con base en el Acuerdo de Colaboración Interprocuradurías, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero del 2000, se creó "El Programa de Apoyo a Elecciones Locales" en 2001, con la finalidad de brindar atención inmediata a las denuncias formuladas por delitos electorales, tanto del fuero común como del fuero federal, así como llevar a cabo acciones de difusión y prevención en coordinación con aliados estratégicos. Con este programa, entre 2001 y 2006 se coadyuvó en 95 procesos electorales locales.

Particularmente, en el 2006, la FEPADE atendió 13 elecciones ordinarias y 3 extraordinarias, tal y como se muestra en los siguientes dos cuadros:

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Un punto central del Programa de Apoyo a Elecciones 2006 fue la atención a la ciudadanía en los estados donde se celebraron comicios, mediante la orientación para conocer conductas delictivas en materia electoral, así como asesoría en la debida integración de la averiguación previa, a los Ministerios Públicos de las Procuradurías de Justicia de los estados. y atención a denuncias por delitos electorales presentadas durante las jornadas electorales. Para brindar este apoyo, se llevaron a cabo una serie de acciones, entre las que destacan: Se supervisó el "Sistema de Apoyo Integral a la Democracia" (SINADE), con objeto de contribuir a la cultura de la denuncia y la legalidad en la ciudadanía, cuyas funciones inciden en los procesos electorales locales, a través de acciones de prevención y difusión, la capacitación especializada a los agentes del Ministerio Público y el apoyo ministerial antes, durante y después de las jornadas electorales locales. Dicho sistema cumple con los requerimientos de la Agenda del Buen Gobierno implantada en esta Administración Pública Federal. Se comisionó a 11 mandos medios y a 52 agentes del Ministerio Público de la Federación especializados en delitos electorales para prestar apoyo a las autoridades de las entidades federativas, para orientar a la ciudadanía y recibir denuncias por posibles delitos electorales, quienes estuvieron días antes de la jornada electoral y permanecieron hasta después de los comicios en las sedes y subsedes de las delegaciones estatales de la PGR. Se programaron guardias con personal ministerial y administrativo capacitado para recibir denuncias y orientar a la ciudadanía, quienes permanecieron antes de iniciada la jornada electoral en la sede de la FEPADE ubicada en la Ciudad de México. Lo mismo ocurrió con personal de las delegaciones estatales de la PGR en las sedes y subsedes. Se solicitó el apoyo de personal de la AFI, así como de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, con el objeto de comisionar personal también en las sedes y subsedes de las delegaciones de la PGR en las entidades federativas y auxiliar al personal ministerial de la Federación en la atención de denuncias. Se contó, en coordinación con la Dirección General de Telemática de la PGR, con sistemas y comunicaciones eficaces para mantener en óptima operación el "sistema de voz y datos" de la PGR, en las sedes y subsedes delegacionales donde se llevaron a cabo jornadas electorales. 1.5.2. Jornada electoral concurrente del 2 de julio del 2006 La FEPADE llevó a cabo una serie de acciones de coordinación interinstitucional para atender la jornada electoral del 2 de julio, entre las que destacan las siguientes:

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Se realizó el despliegue ministerial de mandos medios y de agentes del Ministerio Público especializados en delitos electorales, sumando un total de 72 servidores públicos, quienes se comisionaron en las sedes y subsedes de las delegaciones estatales de la PGR, con la finalidad de orientar a la ciudadanía y atender las denuncias que por delitos electorales se les presentaron. Se publicó en la página de Internet de la FEPADE para servicio a la ciudadanía, la información correspondiente a los domicilios de las Agencias del Ministerio Público del Fuero Federal o del Fuero Común más cercanas a las 300 Juntas Distritales del IFE, con los datos personales de los agentes del Ministerio Público de la Federación que estuvieron de guardia para orientar a la ciudadanía y recibir denuncias de delitos electorales en los citados domicilios. Se estableció una red de comunicación directa a través de radios "Matra", dividiendo el país en 3 regiones para concentrar a nivel central de manera inmediata la información enviada por el personal ministerial desplegado respecto al desarrollo de los comicios. Se realizaron dos enlaces con los delegados estatales de la institución, mediante el sistema de videoconferencia, con el objeto de recibir la información de cada uno de los delegados respecto a los incidentes suscitados tanto en la apertura como en el cierre de la jornada electoral. Para el 2 de julio, el Sistema de Atención de Denuncias de Delitos Electorales (SADDE),11 instalado en cada una de las delegaciones estatales de la PGR, inició su operación con cero registros a las 7:00 A.M. culminando con el registro de 63 averiguaciones previas y 43 actas circunstanciadas al cierre de las 7:00 A.M. del día 3 de julio. El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia "CENAPI", comisionó a un equipo de trabajo, mismo que se instaló en la FEPADE, con el que se realizó el intercambio de información respecto al desarrollo de la jornada electoral en todo el país. Se contó en las instalaciones de la FEPADE con el apoyo de un grupo de agentes federales investigadores, con peritos en las especialidades de traducción, medicina legal y grafoscopía, así como con médicos y elementos de la brigada de protección civil de la institución, quienes permanecieron de guardia durante y después de la jornada electoral. 1.5.3. Modelo de calidad El 2006 fue el principio de la consolidación del Modelo de Calidad, implementado en la FEPADE desde el 2001. El haber desarrollado los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 potenciado con referencia de la Norma ISO 9004, inició la cultura de calidad en el servicio con enfoque a procesos, donde la eficiencia se sustenta en la innovación y la mejora continua. Este hecho se ha visto fortalecido con apropiación de los principios del Modelo de Calidad Nacional para la Calidad Total y del INTRAGOB. 11

El Sistema de Atención de Denuncias de Delitos Electorales (SADDE), se diseñó para obtener de primera mano la información sobre las denuncias iniciadas por delitos electorales en cada entidad federativa durante el proceso electoral federal y la jornada electoral del 2 de julio, para conocer de las hipótesis delictivas más recurrentes en el territorio nacional y poder determinar así la incidencia delictiva en materia de delitos electorales.

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Los resultados se evidencian con los sistemas que soportan las estrategias, generando valor para el personal, la institución y la sociedad, así como por la clara tendencia positiva de los niveles de competitividad. De los hechos sobresalientes en el periodo de informe destacan: Obtención del Reconocimiento "INNOVA 2006", con la práctica denominada "La Evaluación Ciudadana en la Gestión de los Procesos Sustantivos". Obtención del "Premio INTRAGOB 2006", al demostrar en la visita de campo, que realizaron expertos evaluadores, el nivel de competitividad que tiene la FEPADE en su operatividad. Obtención del "Reconocimiento al Lenguaje Ciudadano 2006", otorgado por la SFP, reconociendo la transformación documental, física, verbal y escrita que tuvo la FEPADE en la difusión de los delitos electorales, creando la cultura de la legalidad y la denuncia en la sociedad nacional. Haber mantenido el certificado FS-61750, expedido por Business Information (BSI), bajo la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000, "con cero No Conformidades". Crear, conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, el "Día Ciudadano", en donde grupos organizados de la sociedad civil visitaron a la FEPADE para un intercambio de conocimientos y observaciones, "Cara a Cara", con los dueños de los procesos operativos y crear la mejora con la ciudadanía.

1.5.3.1. Carta Compromiso al Ciudadano (monitoreo ciudadano) Con el establecimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano "CCC" de la FEPADE, la cual fue concebida para el trámite de la Averiguación Previa en materia de delitos electorales federales, y toda vez que se fijaron compromisos de servicio y de mejora; acordes con las demandas legítimas de la ciudadanía, bajo el principio de transparentar la procuración de justicia en materia penal electoral; se tuvo que buscar un mecanismo de supervisión para crear un círculo virtuoso donde la ciudadanía evaluara la gestión administrativa y propusiera oportunidades de mejora. En virtud de que corresponde a la SFP el seguimiento y verificación de los compromisos de la "CCC", se diseñó e implantó una metodología para que Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) evaluaran el cumplimiento de lo comprometido a través de monitoreos periódicos, sin más restricciones que los que marcan las disposiciones legales. Se realizaron monitoreos ciudadanos de forma trimestral, por las organizaciones: Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A. C.; Centro de Estudios e Implantación de Políticas Públicas, A. C. y Movimiento PROVECINO, A. C. Los resultados fueron 25 oportunidades de mejora, las cuales, a la fecha, han sido atendidas en tiempo y forma. Asimismo el nivel de cumplimiento de los estándares de la Carta Compromiso se publicó en el portal de servicios de calidad de la SFP, los cuales se describen a continuación:

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1.5.3.2. Percepción ciudadana En relación con el nivel de conocimiento que la población tiene de la FEPADE, puede verse que este indicador no ha sufrido modificaciones entre septiembre de 2004 y noviembre de 2005, pues se mantuvo en 26 por ciento, es decir, que poco más de 1 de cada cuatro mexicanos conoce o ha escuchado hablar de la Fiscalía. Este dato es valioso si consideramos que la FEPADE no cuenta con presencia sistemática en medios masivos de comunicación ni desarrolla grandes campañas de publicidad. En relación con la opinión que la población tiene de la FEAPADE, puede apreciarse que para septiembre de 2004, el 59 por ciento los encuestados declararon tener una opinión encasillada entre "muy buena" y "buena"; 14 meses después (noviembre de 2005) este mismo indicador creció 10 puntos porcentuales (69 por ciento). Asimismo, en 2004 el 24 por ciento de los encuestados declararon tener una opinión entre "mala" y "muy mala", dato que para noviembre de 2005 decreció 6 puntos (18 por ciento).

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Según la encuesta 2005, del segmento de personas que declararon conocer la FEPADE, 7 de cada 10 manifestó una opinión favorable, atribuyendo dicha respuesta a los resultados ofrecidos por la institución en términos de que "trabajan bien" (29 por ciento); de que "ya no hay fraudes" (15 por ciento); y "al control que se tiene de las elecciones" (11 por ciento). De igual forma, el segmento de población con opinión desfavorable, atribuye buena parte de sus opiniones a que "cree que son corruptos" (27 por ciento); a que "no trabajan bien" o "les falta preparación" (19 por ciento); a que "no se han visto resultados" (15 por ciento); y a que "continúa habiendo fraudes electorales" (14 por ciento). Por otro lado, en términos regionales, se muestra que la zona Centro-Occidente registró el mayor índice de percepción positiva (75 por ciento), contrario a lo reflejado en la región Centro (63 por ciento). Asimismo, es fundamental destacar que de septiembre de 2004 a noviembre de 2005 todas las regiones presentaron incrementos en la percepción positiva, algunos de ellos importantes como los casos de las zonas Noreste y Centro. Opinión regional sobre la FEPADE

1.5.3.3. Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción En el ejercicio 2006, la FEPADE participó en la instrumentación del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) de la PGR, en el que se establecieron indicadores de resultados y se elevó el factor de reto, quedando en el siguiente esquema: Proceso crítico: Integración de averiguación previa. Unidad responsable del proceso: Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales.

De enero a diciembre, de las mil 491 averiguaciones previas sin detenido que se atendieron, en este ejercicio no se detectó irregularidad alguna que trascendiera para fincar responsabilidad penal y/o administrativa a los servidores públicos que las integraron.

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1.5.3.4. Capacitación En este 2006 la capacitación se sustentó en el "Programa de Capacitación FEPADE", cuyo sistema tuvo como objetivo medir la efectividad del avance del conocimiento técnico-jurídico de nuestro personal ministerial, a través de la evaluación técnico-jurídica que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) aplicó a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la FEPADE; con dicha evaluación se logró detectar las áreas relacionadas con los temas en los que nuestro personal ministerial presentó debilidad, lo que conjugado con la evaluación del desempeño que el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano (CEDH) aplicó al personal, nos permitió enfocar la capacitación especializada, logrando así mayor eficiencia al programar los cursos para nuestro personal ministerial. De enero a diciembre de 2006, hemos logrado capacitar al 100 por ciento del personal, incluyendo mandos medios y superiores,así como personal ministerial y administrativo,acumulando un total de 14 mil 429 horas de capacitación, dividido en cursos, talleres, especialidades y posgrados, que en su conjunto sumaron un total de 77 eventos. 1.5.3.5. Seguridad y control de la información La FEPADE realiza acciones en materia de seguridad, las cuales se desdoblan en dos ejes: seguridad en el trabajo y seguridad de la información. Estos ejes se articulan con un programa de seguridad que en el año 2006 arrojó los siguientes resultados. Acciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo: Reuniones mensuales de la Unidad Interna de Protección Civil y de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene,en las que interviene un representante de cada una de las áreas de la FEPADE. Revisiones y adecuaciones a la sección 6.4 del manual de calidad de la FEPADE, así como de las normas mexicanas de calidad,haciéndolo del conocimiento de todos los integrantes de la unidad. Las revisiones mensuales al Programa de Seguridad, Orden, Limpieza y Ecología (S. O. L. E.), con las correcciones correspondientes, en cuanto a los hallazgos durante las mismas. La entrega de diversos trípticos informativos al personal de la FEPADE, con información puntual sobre estos temas de seguridad. A lo largo del presente año, el personal que integra ambas comisiones participó en diversos cursos, tales como "Curso de respiración autónoma", "Curso para el Registro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, para la certificación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado", "Curso sobre Cobertura de Pensiones y Riesgos de Trabajo, Subsidios y Enfermedades de carácter general", impartido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, "Curso sobre Prevención y Combate de Incendios en el centro de capacitación "La Posta", en el municipio de Temazcalapa,estado de Hidalgo,"Conceptos Básicos de Seguridad e Higiene",impartido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, curso relativo al "Programa de Prevención de Riesgos" impartido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, entre otros. Se realizaron las verificaciones trimestrales de las Comisiones Auxiliares Mixtas por centro de trabajo, de acuerdo a los lineamientos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

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Se participó en la "Primera Semana de Protección Civil", del 7 al 10 de agosto de 2006, convocada por la Dirección de Protección Civil y Seguridad Institucional de la Procuraduría General de la República. Se participó en la auditoría de campo "Intragob 2006", dentro del subcriterio 3.3 Calidad de Vida, en el que se encuentran contempladas la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Unidad Interna de Protección Civil, con lo cual se obtuvo el premio otorgado por la Presidencia de la República. Se participó en la auditoría al Sistema de Calidad para la recertificación de la FEPADE, practicada por la empresa BSI, en la cual se revisó el procedimiento de la Unidad Interna de Protección Civil, con resultados favorables. En torno al tema de la seguridad informática se desarrollaron las siguientes acciones: Como una acción permanente, se llevó a cabo de manera mensual, el cambio de contraseñas en los equipos conectados en la red interna de la FEPADE, con el objeto de proteger la información resguardada en las computadoras. En cumplimiento a la circular C/001/2003 de la FEPADE, se llevaron a cabo revisiones en todos los equipos de cómputo que conforman su red, con la finalidad de detectar y eliminar archivos no autorizados. Se llevó a cabo una exploración en cada equipo de cómputo para rastrear posibles virus, motivo por el cual se actualizó, en cada uno de éstos, el software de erradicación (McAffe), así como el detector de espías (Anti Spy ware). Se realizó la descarga en los equipos de cómputo del Agente ePolicy Orchestrator, el cual es un programa que sirvió para llevar a cabo la instalación del Antivirus de McAfee, del software contra programas espía y de la evaluación de parches de Microsoft, lo anterior en cumplimiento a lo previsto en la Circular FEPADE C/001/2003. Asimismo, y como medida complementaria, se identificaron los niveles de usuarios y se realizó el mantenimiento preventivo en la infraestructura informática de la FEPADE. Para atender la jornada electoral del 2 de julio de 2006, se implementaron dos servidores de respaldo,uno para el "Sistema de Atención de Denuncias de Delitos Electorales" y uno más para el servidor de usuarios, con la finalidad de crear réplicas de la información que se generó en dichos sistemas y así respaldar la información para enfrentar cualquier tipo de contingencia. Con el objeto de mantener a salvo la información que se generó durante la jornada electoral del pasado 2 de julio, se conectaron los principales equipos de cómputo a la energía eléctrica alterna de nuestras instalaciones. Se restringió la apertura a correos comerciales, para evitar la proliferación de correos spam o virus que ponen en riesgo los sistemas de la FEPADE. Se modificaron las directivas de seguridad respecto de las cuentas de correo institucionales, para controlar la recepción y envío de correos con archivos adjuntos en formatos de imagen, video y presentaciones .pps, ajenos a la función del personal. 1.5.4. Administración de recursos La FEPADE, comprometida con los principios rectores de un gobierno productivo, honesto y transparente, así como hacer frente a los retos exigidos por el Proceso Electoral 2006, desarrolló estrategias directamente relacionadas con el uso de los recursos materiales,

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financieros y humanos que permitieron llevar a cabo acciones que lograron agilizar su empleo, así como brindar un servicio de calidad a sus clientes. En medio de la complejidad del incremento de la demanda de sus clientes, la experiencia a lo largo de esta gestión permitió que esta unidad orientara sus esfuerzos en fortalecer a las áreas sustantivas, a efecto de que éstas cumplieran y superaran sus expectativas, estableciendo la cultura del esfuerzo, organización, planeación y calidad. 1.5.4.1. Capital humano El capital humano de la FEPADE ha demostrado estar preparado para hacer frente a las transformaciones de su entorno, ya que ha logrado con éxito la adaptación en distintos equipos de trabajo, lo cual se traduce en que contamos con personas comprometidas con la dinámica de las necesidades actuales y con las expectativas de sus clientes, como lo demuestra el fortalecimiento de la estructura organizacional en sus distintas áreas que la integran:

a) Distribución El empleo de una filosofía relacionada con el desarrollo de modelos que permitan alcanzar los más altos rendimientos y estándares de calidad requiere de una estructura que permita formar equipos de trabajo relacionados entre sí, por lo cual en el ejercicio 2006 las diversas áreas que conforman la FEPADE se integraron en un sistema funcional encaminado a satisfacer la demanda de sus clientes.

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La estructura ocupacional se vio fortalecida gracias al apoyo de la Oficialía Mayor para el ejercicio 2006, actualmente contamos con 306 personas que laboran en la FEPADE, entre los cuales se encuentra personal de tipo presupuestal, temporal y de honorarios de los cuales estos dos últimos recursos permitieron fortalecer principalmente las áreas de carácter sustantivo, cabe señalar que sirvieron para contratar personal con mayor capacidad profesional, es por ello que la estructura de esta unidad se encuentra actualmente conformada por el 27.71 por ciento del personal de Mando medio y superior, el 33.12 por ciento personal ministerial y 39.17 por ciento personal administrativo.

b) Control de Personal El incremento de la demanda de los servicios exige la transformación de las herramientas informáticas y el enlace de información con las diversas áreas que integran la Coordinación Administrativa, para lo cual se cuenta con un sistema informático que permite simplificar el servicio y procesar información en un menor tiempo, así como simplificar la administración de los recursos humanos e incrementar la calidad del servicio.

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Los dinámicos cambios sociales requieren contar con personal que tenga la capacidad de analizar y estudiar las necesidades de sus clientes, para lo cual la FEPADE actualmente mantiene una estructura ocupacional de 306 servidores públicos de los cuales el 55.38 por ciento son profesionistas, eso permite tener una organización preparada para cubrir las expectativas de sus clientes y a orientarlos a la mejora continua de sus procesos.

La Oficialía Mayor de la PGR, a través de la Dirección General de Telemática y la Dirección General de Recursos Humanos, ha proporcionado a la FEPADE una gama de cursos que busca dotar de herramientas al personal con la finalidad de eficientar el desempeño de sus actividades y su relación interpersonal en la institución; esta unidad cuenta con una programación de capacitación que busca de una forma organizada y planeada que el personal de esta Unidad aproveche los cursos que se encuentran a su alcance, es por ello que hasta el día de hoy se ha contribuido con 450 horas de capacitación, formando un equipo de trabajo exitoso. c) Prestaciones al personal Bajo este rubro se otorgaron, por su desempeño y productividad en el trabajo, mil 440 dotaciones en vales de alimentación al personal técnico administrativo por un monto de 150 pesos cada una, beneficiando a 102 empleados por mes en promedio. Dentro del rubro del empleado del mes, fueron entregadas 12 dotaciones en vales de despensa por un total de 300 pesos cada una, beneficiando a un empleado por mes y como estímulo al personal de base por el día del empleado de la PGR se otorgaron 10 dotaciones en vales de despensa por un monto de 243 pesos cada una. En el concepto de prestaciones institucionales, se otorgaron para el festejo del Día de Reyes, 10 regalos y 252 boletos para la función del Circo Atayde Hermanos; para el Día del Niño se entregaron 93 regalos y 374 boletos para La Feria de Chapultepec; en la celebración

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del Día de las Madres fueron entregados 24 artículos electrónicos y 27 dotaciones en vales de despensa por un valor de 292 pesos cada uno, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102,Fracción XXXIV de las Condiciones Generales de Trabajo de la Institución,se entregaron 7 paquetes de útiles escolares a nivel primaria y secundaria a los hijos de los trabajadores. Dentro del Programa Anual de Estímulos y Recompensas Civiles, se otorgó una recompensa económica por un monto de 7 mil 315 pesos, adicionalmente fue beneficiado un empleado con estímulos consistentes en 10 días de vacaciones extraordinarias; es importante destacar que en este periodo tres empleados adscritos a la FEPADE cumplieron 15 y 20 años de servicio a nivel federal haciéndose acreedores a tres estímulos de 2 mil 190 pesos y uno de 3 mil 18 pesos, respectivamente, en vales de despensa y una presea alusiva a su vocación de servicio. 1.5.4.2. Bienes y servicios d) Infraestructura El edificio sede de la FEPADE que se encuentra ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos N° 2836, colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, ha sido dotado con mobiliario y equipo de vanguardia, de tal forma que todo el personal cuenta con espacio y equipo de cómputo. La adecuada distribución de los espacios permite que el inmueble albergue cubículos para la toma de declaraciones en la integración de averiguaciones previas, salas de espera, salón audiovisual, salas de juntas, biblioteca, archivos de concentración y comedor. e) Equipamiento Por lo que corresponde al mobiliario y equipo, se encuentran individualmente resguardados y durante el periodo que comprende el presente informe se realizó el levantamiento físico de inventario de los 4 mil 254 bienes muebles y equipo asignado a la FEPADE. Es importante destacar que la FEPADE cuenta con vehículos, máquinas de escribir mecánicas y eléctricas, cámaras fotográficas, cámaras de video, cañón proyector, pantallas, proyector de acetatos, grabadoras, cámaras digitales, computadoras e impresoras, entre otros, los cuales son utilizados para el desarrollo de comisiones en todo el país. A la fecha se cuenta con un parque vehicular de 37 unidades para el desempeño de mil 664 comisiones locales y foráneas, que oscila entre modelos 1997 a 2006. Para el efecto, se recibieron de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 14 mil 875 vales de gasolina por valor de 50 pesos cada uno, lo que representa 743 mil 750 pesos, dotación que fue distribuida y ejercida de acuerdo a la normatividad vigente. El servicio de mantenimiento vehicular se ha llevado a cabo en los talleres designados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Derivado de lo anterior se realizaron 92 servicios de mantenimiento, siendo en su mayoría de índole preventivo y se está llevando a cabo la verificación de emisión de gases contaminantes de las unidades vehiculares. Asimismo, la Dirección de Transporte y

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Armamento realizó la revista anual de los vehículos asignados a la FEPADE; sin observaciones negativas. f) Servicios generales Uno de los principales servicios que derivado del Proceso Electoral 2006 incrementó su demanda y que además es proporcionado por el Departamento de Servicios Generales y Almacén es el de mensajería, en donde hasta el mes de diciembre se repartieron 5 mil 486 piezas, lo que representa más del 6.8 por ciento con respecto al año anterior; aunado a esto se realizaron 793 servicios de notificación con la finalidad de apoyar al incremento de cargas de trabajo de las diversas áreas que integran la FEPADE, es por ello que para dar cumplimiento a estos servicios y mantener el grado de satisfacción de los clientes con el mismo número de servidores públicos, fue necesario hacer uso de la planeación estratégica en nuestros servicios, mejorar la competitividad entre el capital humano de esta área y simplificar los procesos internos, lo que se tradujo en un mejor aprovechamiento de los recursos y la generación de economías dentro del ejercicio presupuestal. Referente al servicio de fotocopiado, se ha reducido de manera importante la reproducción en un 16.5 por ciento, en relación al año anterior, por lo que a diciembre del año en curso se han fotocopiado 2 millones 550 mil documentos.

g) Inventarios Se cuenta con el programa de bienes muebles asignados a la FEPADE para el desempeño de las funciones encomendadas y es por conducto de éste que se controla y actualiza el resguardo de los bienes asignados al personal de manera permanente, tales como: las estaciones de trabajo, sillas, equipo de cómputo, etcétera; así como los que son entregados temporalmente, computadora portátil, cámara fotográfica, impresora, vehículo, etcétera; para el desempeño de las comisiones que se desarrollan en la integración de las averiguaciones previas, capacitación, consignaciones, seguimiento a procesos penales, conferencias y prevención del delito, entre otros, en toda la República.

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1.5.4.3. Presupuesto En concordancia con el primer punto de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno que indica como estrategia el establecimiento de un gobierno que cueste menos, las cinco direcciones generales adscritas a la FEPADE, Staff y oficina de la C. Fiscal Especializada, con el apoyo de la Coordinación Administrativa, dieron cumplimiento a este punto de la agenda. a) Asignación de recursos A partir del año 2000 la asignación presupuestal ha presentado variaciones que reflejan un incremento sustancial, mismo que ha permitido cumplir con la misión de la FEPADE.

Derivado del Proceso Electoral Federal, la FEPADE tuvo un incremento en el presupuesto asignado del orden del 35 por ciento con respecto al 2003, que también fue un año electoral federal, con el apoyo oportuno de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, dependiente de la Oficialía Mayor de PGR, las metas proyectadas fueron cumplidas. b) Aplicación de recursos Del presupuesto autorizado en 2006 se ejerció un importe de 11 millones 34 mil 216 pesos lo que representó el 100 por ciento, mismo que se destinó a cubrir las actividades sustantivas de la FEPADE, enfocándose principalmente al Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales, al Proceso Electoral Federal, la integración de averiguaciones previas y el seguimiento de los procesos ante los órganos jurisdiccionales. A continuación se presentan los principales rubros en los que se ejercieron los recursos:

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Una de las políticas establecidas para obtener economías fue racionalizar el gasto en pasajes aéreos proporcionados a los agentes del Ministerio Público de la Federación y demás personal para el desarrollo de los programas sustantivos. Se ejercieron recursos que permitieron llevar a cabo el despliegue ministerial a toda la República Mexicana para hacer frente al Proceso Electoral Federal del 2 de julio en viáticos y transportación aérea y terrestre, recursos para el personal que realizó guardia previo, durante y después del proceso electoral, en la instalación del sistema FEPADETEL para recibir las denuncias y orientación a la ciudadanía;recursos para la actualización y mejora del "Sistema de Gestión de la Calidad" para que la FEPADE continúe con un enfoque de calidad total,así como para peaje,mensajería,papelería,material para equipo de cómputo, alimentos para el personal que cubrió guardia los fines de semana en que se celebraron procesos electorales en los diversos estados de la República. Se desarrollaron sesiones y reuniones de trabajo derivados de los acuerdos y convenios de colaboración donde se determinaron las acciones a seguir en el marco del Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales; se llevaron a cabo la primera y segunda Reuniones Nacionales de Enlaces en las cuales se establecieron las líneas estratégicas de acción para hacer frente al proceso electoral; el evento denominado Evaluación y seguimiento al Programa de Trabajo en Materia de Fomento de Participación Ciudadana de Cara al Proceso Electoral Federal 2006; la participación de la FEPADE en el Proceso Electoral Federal 2006, el cual tuvo como objetivo la prevención del delito electoral y en su caso la persecución del delito electoral, además de la mesa redonda denominada "Reflexiones sobre las elecciones del 2 de julio de 2006" en el marco del 12° Aniversario de la FEPADE. Lo anterior fue posible con la ejecución de recursos con cargo a la partida presupuestal 3804 "Congresos y Convenciones". Como parte de la mejora continua se ejercieron recursos que permitieron que el "Sistema de Gestión de la Calidad" continuara con un enfoque de calidad total y se obtuviera la recertificación de la Norma ISO 9001:200, en este concepto. En coordinación con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la administración responsable del mantenimiento del edificio se ejercieron recursos que permiten mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la FEPADE realizando principalmente mantenimiento preventivo y en muy contadas ocasiones el mantenimiento correctivo.

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Existen otros rubros como son papelería, insumos de cómputo, mantenimiento vehicular, servicio postal y peaje, que fueron necesarios para el logro de los objetivos de las direcciones generales que integran la FEPADE. 1.5.4.4. Control y desarrollo administrativo Para llevar a cabo las prácticas administrativas con transparencia en el manejo de las finanzas, el pago a prestadores de bienes y servicios se realiza a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), que permite que el pago a proveedores se realice a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, vía transferencia bancaria que efectúa la Tesorería de la Federación. La FEPADE actúa de manera responsable cumpliendo con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, normas y lineamientos que rigen la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, destinados a la consecución de los objetivos y metas que le han sido encomendados. Bajo este contexto, se implementaron los procedimientos y registros que han permitido fortalecer los sistemas de control conforme a las recomendaciones del Órgano Interno de Control, logrando que en la última revisión efectuada no se realizaran observaciones. 1.5.4.5. Sistematización de procesos Los avances tecnológicos han permitido que las instituciones y organismos se transformen radicalmente al desarrollar nuevos y mejores procesos de administración y comunicación; en este sentido, la FEPADE puso en marcha el "Sistema de Administración", que nos permite planificar el ejercicio de los recursos destinados a los procesos administrativos, aprovechando la información para agilizar y hacer rentable la toma de decisiones. En la actualidad, el sistema está interconectado entre las aplicaciones de recursos humanos, comisiones/viáticos, bienes muebles y vehículos. Una de sus aplicaciones se refiere a comisiones oficiales del personal adscrito a la Fiscalía, "CODEVI" (comisiones/viáticos), la cual por sus características tiene muchas virtudes, entre las que destacan: la identificación a detalle de cuántas ocasiones se ha comisionado al personal ministerial para la integración de una averiguación previa, el tipo de transporte utilizado en las comisiones desempeñadas en cada estado, por mes, por programa, por área de adscripción, etcétera.

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2. UNA VISIÓN DESDE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES El objetivo de la presente sección es presentar un análisis de los datos de información con que cuenta la FEPADE en dos vertientes: la atención de llamadas a través del Sistema FEPADETEL, y la atención a las denuncias presentadas en materia de delitos electorales federales. Las afirmaciones y premisas deben ser ponderadas en el contexto de la información disponible y el uso local que la FEPADE puede dar a la misma, sin que ello nos conduzca a conclusiones generales ni a explicaciones causales del fenómeno delictivo.12 En todo caso, esto permitirá al lector tener un panorama general de información sobre incidencias, patrones y tendencias en materia de delitos e incidentes electorales, a la vez que permitirá formar criterio sobre la fenomenología penal electoral de cara a próximos comicios federales a realizarse en nuestro país y frente a las discusiones que se avecinan sobre la pertinencia de una reforma constitucional y legal electoral integral, entre la que se incluye el tema de los delitos electorales. 2.1. Atención telefónica en materia de delitos electorales federales Como se menciona en el presente Informe, el sistema FEPADETEL inició operaciones en el año 2002, con el fin de orientar a la ciudadanía en materia penal electoral. Los datos que aquí se analizaron corresponden a 6 mil 34 registros, desglosados en 943 para el lapso de octubre del 2002 a julio del 2003 (periodo electoral 2002-2003) y 5 mil 91 para los meses de octubre del 2005 a julio del 2006 (periodo electoral 2005-2006). Como se nota, esta información por sí misma significa un crecimiento entre los periodos en términos reales del orden del 440 por ciento, debido en su mayor parte al esfuerzo institucional por dotar a la ciudadanía de capacitación y materiales de prevención del delito electoral y por aumentar la capacidad de respuesta instalada en el sistema de atención telefónica. La gráfica que sigue muestra un comparativo del comportamiento mensual de las llamadas en los dos periodos mencionados. A partir de su lectura, es posible advertir dos condiciones: el enorme crecimiento en la cantidad de llamadas atendidas en el segundo periodo de análisis y el patrón similar de comportamiento cronológico de las agrupadas por mes, independientemente de la cantidad de llamadas presentadas en los periodos. 12

Las fuentes de datos para el análisis son BANCINF y FEPADETEL.

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Por otro lado, si se analizan las llamadas atendidas con cortes al año, a fin de advertir en qué lapso se concentra la carga de trabajo, puede observarse que de octubre a diciembre del 2002 se atendieron 61 llamadas,cuando de enero a julio del 2003 se atendieron 882,con una variación porcentual entre esos periodos de mil 345 por ciento; mientras que las 186 llamadas atendidas de octubre a diciembre del 2003 y las 4 mil 905 de enero a julio, equivalen a una variación porcentual de llamadas en esos periodos del orden de 2,537 por ciento. Esto muestra que la institución ha dispuesto la mayor capacidad de recursos humanos y materiales para atender las llamadas en la recta final del proceso electoral, que incluye la jornada electoral. Es importante hacer notar que las mujeres tuvieron una mayor participación en el proceso electoral 2005-2006 si se compara con su participación en el periodo 2002-2003, donde 4 de cada 10 llamadas eran hechas por mujeres. Por el contrario, en el proceso recientemente concluido su participación ha rebasado la mitad de las comunicaciones que la FEPADE atiende en materia de orientación telefónica a la ciudadanía, como puede darse cuenta en el siguiente gráfico.

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La gráfica que sigue muestra un patrón de comportamiento de las llamadas según las edades de las personas que llamaron a FEPADETEL, que es interesante en la medida que se identifican tres bloques de información (sin distinguir los periodos electorales): el primero corresponde al grupo de mujeres jóvenes de 18 a 34 años que tuvieron una ligera mayor participación que los hombres; el segundo corresponde al grupo de hombres jóvenes adultos de 35 a 44 años que invirtieron el patrón, y el tercer grupo corresponde a las personas adultas a partir de los 45 años y adultas mayores, quienes retomaron la mayor cantidad de llamadas hechas por mujeres.

Al separar la información de las llamadas según grupos quinquenales de edad para cada uno de los procesos electorales, se aprecia aún más el crecimiento respecto al proceso electoral 2002-2003 que han tenido las mujeres al utilizar el servicio de atención telefónico FEPADETEL, pues en el proceso electoral 2005-2006, salvo el caso evidente del grupo quinquenal de los 40 a los 44 años, en todos los demás, son las mujeres quienes mantienen una mayor proporción de llamadas, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

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De acuerdo con el tipo de atención que la FEPADE proporciona (orientación e información, queja y denuncia, criterio administrativo, que por cier to ha presentado algunas variaciones en estos años), las llamadas se pueden agrupar del siguiente modo:

La mayor cantidad de atenciones en el proceso electoral 2002-2003 le corresponde a la denuncia (de acuerdo con la clasificación en esa etapa donde la sola manifestación del ciudadano para denunciar era suficiente para clasificarla de ese modo), mientras que la mayoría de atenciones en el proceso electoral 2005-2006 le corresponde a la orientación e información a la ciudadanía (de acuerdo con el diseño de una política institucional según la cual se denuncia sólo la que reúna requisitos mínimos de procedibilidad en materia penal y donde el mayor requerimiento de los ciudadanos es obtener información sobre los delitos electorales y algunas otras incidencias electorales tangenciales). En términos geopolíticos, pueden advertirse las siguientes situaciones: En primer lugar, en el marco nacional, mientras que en el periodo 2002-2003 el Distrito Federal representaba 20 de cada 100 llamadas, para el proceso electoral 2005-2006 pasó a 24 de cada 100. Si bien esta información puede ser significativa, lo es aún más que, en segundo lugar, Oaxaca pasó de un 1.9 por ciento de las comunicaciones a un 6.2 por ciento. En tercer término, en el plano internacional y con motivo del voto de los mexicanos en el extranjero, el proceso electoral 2005-2006 significó para la FEPADE recibir más de una decena de comunicaciones allende las fronteras, específicamente de Estados Unidos de América y Canadá.

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Por todo lo anterior, hemos advertido que la información de FEPADETEL arroja algunos patrones y tendencias significativas, que no son óbices para que ella pueda cruzarse con otras fuentes de información de actividad electoral. En la gráfica de abajo se puede advertir la relación existente entre la cantidad de atención a las llamadas que se reciben a través del sistema FEPADETEL y el volumen de actividad electoral en el país (con información de los órganos electorales locales y federales). Simbólicamente, cuando hay un tiempo crucial en el desarrollo del proceso electoral 2002-2003 se percibe un aumento en la cantidad de llamadas atendidas, tendencia que se mantiene en el segundo trimestre del 2006; la tendencia para el tercer trimestre del 2006 se tonifica porque la histórica cantidad de llamadas recibidas en julio del 2006 (donde se

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encuentra el mes de la jornada electoral) alcanzó el volumen de cargos en disputa, cuando en el 2003 quedó por debajo, debido en parte al desconocimiento del servicio de atención telefónica.

Si se analiza únicamente la información que corresponde al comienzo y al fin de los periodos electorales la tendencia descubierta se mantiene. En este caso se analizan: 1) las llamadas atendidas a través de FEPADETEL, 2) la cantidad de elecciones ordinarias, y 3) los cargos electorales en disputa, información agrupada en tres periodos electorales.13 Los resultados muestran que hay una cierta correspondencia entre la actividad electoral y las llamadas que se atienden a través de FEPADETEL, y que en el periodo abril-julio del 2006,

13 Un primer periodo correspondiente al último trimestre de los años 2002 y 2005, cuando hay actividad electoral estatal para Guerrero, Coahuila e Hidalgo, un segundo periodo que agrupa el primer trimestre de los años 2003 y 2006, cuando también está en marcha el proceso electoral en el Estado de México, y un tercer periodo que abarca los meses de abril a julio del 2003 y del 2006, significativo porque ahí se encuentra la recta final del proceso electoral federal.

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la cantidad de llamadas atendidas alcanzó su máximo histórico, tal y como se muestra en la gráfica inferior (en escala logarítmica). Por otra parte, el análisis de FEPADETEL también permitió construir ciertas categorías a partir de las cuales es posible analizar las llamadas reportadas al sistema en términos sustantivos de conducta. Dicho análisis debe ponderarse por la ductilidad y maleabilidad de conductas que como tales rebasan la mayoría de las veces los tipos penales previstos en el Código Penal. El análisis de la información ahora se agrupó en tres categorías: 1) Incidente electoral (IC), que atañe a aquellos incidentes donde los ciudadanos pusieron en conocimiento de la FEPADE conductas que en su percepción alteraban significativamente la libertad del voto, o en general el proceso electoral o la jornada electoral, sin que dicha percepción corresponda necesariamente con los tipos penales previstos en el Código Penal Federal; 2) Incidente institucional (IT), que corresponde a todas aquellas llamadas donde, independientemente de la pretensión subjetiva de queja o denuncia del ciudadano, a éste se le brinda algún tipo de información, orientación o canalización a alguna autoridad competente sobre el tema puesto en conocimiento; e 3) Improcedente (IM), relativo a las llamadas que se clasificaron como improcedentes al no haberse comprobado la pertinencia de la solicitud, ser llamadas falsas, o cancelarse la comunicación. Como se puede notar en el cuadro inferior, algunas conductas no fueron aplicables al proceso electoral 2002-2003 (NA), en razón del cambio de criterio de clasificación y quizá porque una mayor cantidad de conductas puede impactar en un mayor número de criterios de categorización para el proceso electoral 2005-2006. Ello no impide obtener algunas notas comunes que se describen a continuación. Los 10 incidentes electorales que más se repiten en los dos procesos electorales fueron los siguientes (sombreados en color en el cuadro siguiente): 1) La compra del voto, que incluye todas aquellas conductas mediante las cuales de palabra o mediante actos concretos se realizó, prometió, negoció, acordó, o cualquier otra conducta realizativa, 14 el intercambio de bienes o servicios por el voto; 14 Los filósofos analíticos Austin y Searle a principios del siglo XX, dividieron los actos de habla en actos constatativos y actos realizativos. En los primeros, el sujeto que realiza un acto de habla sólo describe o constata una situación de hecho (la expresión "llueve" como constatación del hecho de que en realidad esté lloviendo o la expresión "la nieve es blanca" como descripción del hecho de que la nieve siempre guarda esa propiedad). En los segundos, el sujeto no pretende constatar una situación de hecho, sino que, en términos coloquiales, pretende con las palabras realizar actos (la expresión "prometo" "apuesto" o "los declaro marido y mujer" como ejemplos de actos realizativos, donde el sujeto, bajo ciertas circunstancias y utilizando una cierta fórmula, produce un cambio en el mundo). En materia penal electoral, la compra del voto es un buen ejemplo de acto realizativo, pues el sujeto que dice "compro el voto" en el tiempo de ocurrencia del proceso electoral y ante posibles electores (la importancia de las circunstancias y la fórmula es tal que si alguien dice "compro el voto" fuera de proceso electoral o ante niños menores de 11 años, en realidad no produciría cambio alguno), independientemente de la concreción y efectividad del intercambio, ha modificado el mundo, quedando sujeto a las reglas jurídicas relativas al caso.

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2) El recoger credenciales de elector, conducta que ocurre principalmente días antes de la celebración de la jornada electoral para obstaculizar o impedir a los ciudadanos el ejercicio del derecho al voto; 3) El desvío de recursos y programas sociales con fines electorales, mediante el cual servidores públicos de distintos órdenes de gobierno manipulan los bienes o programas que tienen a su disposición para beneficiar a un partido político o candidato, o bien perjudicar a otro; 4) Proselitismo al teléfono de los electores, donde se incluyen todas aquellas conductas reportadas por los ciudadanos mediante las cuales ciudadanos u organizaciones realizan propaganda electoral vía telefónica; 5) Acarreo de votantes, que incluye todas aquellas situaciones donde en forma colectiva, interesada o desinteresada por un candidato o partido, se organizaba el transporte para acudir a votar a las casillas; 6) Condicionamiento de programas sociales y servicios públicos, como una conducta a través de la cual los servidores públicos manifestaban o realizaban de hecho el condicionamiento de la prestación de programas sociales, recursos públicos u obra pública a cambio de que los ciudadanos ejercieran su voto para apoyar a un candidato o partido político o bien perjudicar a otro; 7) Proselitismo domiciliario, mediante el cual diversos ciudadanos reportaron la visita a sus domicilios con fines electorales, muy cerca de los días de celebración de la jornada electoral; 8) Votación, impiden a los ciudadanos realizar la votación, como una modalidad de conducta a partir de la cual los ciudadanos tuvieron una percepción de ilicitud cuando los funcionarios electorales les comentaron el día de la jornada electoral que no tenían derecho al voto, cuando les recogieron su credencial de elector aparentemente falsa, sin que se puedan distinguir los casos en que se hizo justificadamente (porque efectivamente muchos ciudadanos no revisan previamente estar incluidos en la lista nominal de electores) o bien injustificadamente (en el caso de funcionarios electorales que dolosamente impidieron a los electores ejercer su voto); 9) Proselitismo o propaganda en las casillas, que incluye aquellas conductas reportadas por ciudadanos en los casos de expresiones verbales, corporales, gráficas, auditivas o cualquier otra, en la que presumiblemente hubo una intención de inducir el voto el día de la jornada electoral, en el lugar en que se encuentran formados los electores o en lugares adyacentes; y 10) Solicitud del número de folio o copias de la credencial de elector, que corresponde a conductas de cuyo fin era solicitar a los ciudadanos el número de folio o una copia de la credencial de elector a fin de gestionar diversos trámites incluyendo los de tipo electoral.

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Con base en el análisis, es posible sostener que sólo algunas de las conductas señaladas tienen una adecuación plausible a los tipos penales previstos en el Código Penal Federal (seis de ellas: 1, 2, 3, 5, 6 y 9), cuando hay otras conductas que pudieran impactar a otros órdenes jurídico-normativos (administrativos, laborales o civiles), o bien dejar en la consideración jurídica de las conductas en la tenue línea de lo ilícito o lícito (cuatro de ellas: 4, 7, 8 y 10). Con la información analizada de FEPADETEL, pueden derivarse algunas directrices de acción. Se puede preparar la capacidad de respuesta para la atención telefónica en los próximos procesos electorales, así como se puede discutir la realidad de la fenomenología de los incidentes electorales de cara a un marco de actualización penal electoral cuya mediación sea proporcional entre la percepción ciudadana de ilicitud electoral. 2.2. Atención ministerial en materia de delitos electorales federales Para el análisis de la actividad ministerial en materia de delitos electorales, se tomaron los datos de inculpados y de denunciantes que arroja el sistema BANCINF, cuya finalidad es recopilar y procesar los datos básicos de la actividad ministerial y procesal en materia de delitos electorales. El periodo de análisis de los datos de inculpados comprende los meses de octubre a agosto de los años 1999-2000, 2002-2003 y 2005-2006 y un total de 3 mil 872 registros (909 para el primero, mil 371 para el segundo y mil 592 para el tercero) y para el caso de denunciantes, en los mismos periodos, corresponde a 3 mil 173 registros (802 para el primero, mil 43 para el segundo y mil 328 para el último). 2.2.1. Inculpados en materia de delitos electorales En la siguiente gráfica se muestra el volumen total de inculpados por proceso electoral. El crecimiento en la cantidad de denunciantes es constante, de forma tal que el aumento del primero al segundo es de 33.7 por ciento, mientras que del segundo al tercero es del orden de 13.9 por ciento.

Con base en los datos analizados, prácticamente la participación promedio de las mujeres como inculpadas en los delitos electorales corresponde a un 23.1 por ciento, siendo la más

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baja la del proceso electoral intermedio con un 21.5 por ciento y la más alta la del reciente proceso 2005-2006 con una participación de 26.0 por ciento, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

El promedio nacional de inculpados por entidad federativa en el proceso electoral 1999-2000 fue de 28.4, en el de 2002-2003 se incrementó a 42.8 y en el de 2005-2006 fue de 49.8. En promedio en cada uno de los tres procesos es del orden de 40.3 inculpados.

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Si se toman globalmente los datos de los inculpados en las entidades federativas de los hechos, se puede advertir que la entidad con mayor participación es Distrito Federal que concentra el 18.5 por ciento de las participaciones, mientras que la entidad con la menor participación es Baja California Sur con apenas el 0.5 por ciento. El promedio nacional de inculpados para todo el periodo es de 121, donde 8 entidades están por encima de la media y 24 por debajo. Esas 8 entidades concentran casi el 60 por ciento de la participación (Distrito Federal, México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Oaxaca y Michoacán).

La siguiente gráfica nos permite notar una probable mutación de los delitos electorales, según los tipos penales de inicio de las averiguaciones previas, agrupados por los artículos del Código Penal Federal. Por esta causa, se puede afirmar que: 1) En el proceso electoral 1999-2000 el principal artículo de inicio era el Artículo 403 (relativo a la calidad genérica del inculpado electoral), seguido de las averiguaciones

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2)

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en las que no se especificaba artículo y en tercer lugar el Artículo 407 (relativo a los servidores públicos). En el proceso electoral 2002-2003, se repite el mismo patrón de inculpados por artículo, pues el primer lugar corresponde al Artículo 403 -con un crecimiento significativo respecto al periodo anterior-, seguido de los que se iniciaron sin determinar y, en tercer término, los servidores públicos. Por el contrario,en el proceso electoral del 2005-2006,los factores se invierten pues el primer lugar lo ocupan las indagatorias iniciadas contra servidores públicos, seguidas de los inculpados por el Artículo 403 y,en tercer lugar,los inculpados a cuya averiguación previa no recae un artículo del Código Penal Federal en el inicio de las investigaciones ministeriales.

Los demás artículos del código sustantivo penal muestran el mismo patrón, sin que haya variaciones significativas entre los periodos de análisis. Desde esas coordenadas, es significativo que a los inculpados a quienes se les imputó la comisión de un delito electoral en su calidad de servidores públicos, en el proceso electoral 1999-2000 concentraban el 19.3 por ciento del total de inculpados, tasa que cambió en el proceso presidencial del 2000 cuando fue de 15.6 por ciento, y lo es más si tomamos en cuenta que la participación en el reciente proceso electoral alcanza 31.7 por ciento. Lo anterior equivale a que en un lapso de seis años los inculpados con calidad de servidores públicos pasaron de 2 de cada 10 a casi 32 de cada 100.

En los tres periodos electorales, al interior de los datos de inculpados con calidad de servidores públicos, es posible advertir que de los 894 inculpados, 20 acusados corresponden a la fracción I del Artículo 407 del Código Penal Federal -obligar a los subordinados a apoyar con fines

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electorales- (2.2 por ciento),251 inculpados a la II -condicionamiento de programas sociales- (28.1 por ciento), 515 a la fracción III -peculado electoral- (57.6 por ciento) y 108 a la IV -prestar apoyo a través de los subordinados con fines electorales- (12.1 por ciento). En consecuencia de lo anterior, más de la mitad de ellos estuvieron presuntamente vinculados con el peculado electoral.

En los tres periodos analizados, la fracción III del Código Penal permanece con una tendencia constante, en tanto que en el primer periodo ocupa una tasa de participación del 58.3 por ciento, en el segundo de 59.3 por ciento y en el tercero de 56.6 por ciento. Cabe destacar que los datos del primer al tercer periodo sólo presentan variaciones significativas en la fracción I,donde hay un decremento de 5.1 por ciento a 1.8 por ciento, mientras que en la IV se advierte un incremento al pasar de 6.3 por ciento para el proceso electoral 1999-2000 a 12.5 por ciento en el proceso 20052006. En ese sentido, el planteo de una hipótesis de trabajo a partir de la cual sea necesario discutir la modificación de la manipulación electoral de los subordinados en términos directos, frontales, explícitos (como implica el verbo "obligar") hacia términos indirectos, sugeridos, implícitos (como sugiere cualquier otra palabra) no debiera descartarse. Por lo que toca a la nacionalidad de los inculpados, BANCINF arroja las siguientes cifras. Descontando los datos en los que no se consigna la nacionalidad del probable inculpado, la nacionalidad predominante es la mexicana con un 77.2 por ciento de los inculpados. Le siguen la guatemalteca, la hondureña y la salvadoreña, cuya mayoría radica en la alteración del Registro Federal de Electores o por alterar documentos electorales, como la credencial de elector.

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CAPÍTULO 2 UNA VISIÓN DESDE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES

2.2.2. Denunciantes en materia de delitos electorales Ahora toca analizar los datos disponibles en el BANCINF sobre los denunciantes. Al respecto cabe señalar que en los tres procesos electorales ha habido un incremento constante del número de denunciantes, de modo que la variación porcentual del primer al segundo periodo es de 23.1 por ciento, y de éste con relación al tercero del 21.5 por ciento, como se ejemplifica en el siguiente gráfico.

La proporción de mujeres que en diversas esferas del ámbito público, privado o social ha decidido realizar una denuncia en materia de delitos electorales se ha incrementado en cada uno de los procesos electorales, al pasar las denunciantes mujeres de un 14.2 por ciento en el proceso electoral 1999-2000 a un 33.1 por ciento para el 2005-2006. El promedio en los tres periodos es de 24.6 por ciento.

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Tomados los datos generales de denunciantes en los tres periodos se obtiene una media de 99.2 denunciantes por entidad federativa. Sólo siete entidades federativas rebasan esa media (Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Veracruz y Oaxaca), y las restantes se encuentran por debajo. Las primeras nueve entidades del siguiente cuadro (del Distrito Federal a Hidalgo) concentran el 60.5 por ciento de los denunciantes.

Cabe recordar que cuando se analizó la información de los inculpados no fue posible analizar los datos de edad por la significativa cantidad de registros en los que no se consigna esta categoría (la mayoría de ellos debido a que algunas averiguaciones se inician contra "quien resulte responsable", QRR), caso diferente para los denunciantes, donde, con base en la información disponible, se puede observar que en los procesos electorales de 1999-2000 y 20022003 la mayor concentración de denunciantes fue en el grupo quinquenal de 40-44 años de edad, mientras que en el proceso electoral del 2005-2006 fue en el grupo quinquenal de 30-34.

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CAPÍTULO 2 UNA VISIÓN DESDE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES

La calidad del denunciante en estos procesos electorales arroja datos que por sí mismos son de la mayor importancia. Hay que notar que los denunciantes servidores públicos representaban en el proceso electoral 1999-2000 un 30.7 por ciento del total de ese periodo, en el proceso 20022003 el 43.3 por ciento, mientras que en el proceso 2005-2006 recién concluido solamente el 21.5 por ciento. Por el contrario, el patrón de comportamiento de los denunciantes particulares, y por ello sin una calidad específica, sólo alcanzaron en el proceso 1999-2000 el 13.8 por ciento de las denuncias,cuando para el proceso 2005-2006 llegan a un 33.3 por ciento;lo anterior equivale a que en este proceso, 1 de cada 3 denuncias fue hecha por un particular. Plantear una hipótesis de trabajo de investigación sobre un mayor conocimiento de los delitos electorales y los mecanismos para realizar la denuncia por parte de la ciudadanía, más allá y superando la dinámica grupal de partidos políticos y organizaciones, resultaría un planteamiento plausible, considerando las estrategias públicas de la FEPADE para, adicionalmente al trabajo de investigación y persecución del delito, acercarse a la ciudadanía presentando a las normas jurídicas penales no como razones prácticas perentorias para la acción, sino como razones teóricas de información.

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Al final, este tipo de análisis puede servir para animar el aprovechamiento de la información obtenida mediante las labores de investigación, persecución y prevención del delito, para orientar la planificación, aplicación y evaluación de los programas en materia de procuración de justicia penal electoral, donde además de contar con datos transformables en información, pueda seguirse un camino para utilizar el conocimiento institucional en un mayor beneficio político-social de la ciudadanía.

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CAPÍTULO 3 LA EXPERIENCIA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA FEPADE: A SEIS AÑOS DE GESTIÓN

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CAPÍTULO 3 LA EXPERIENCIA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA FEPADE: A SEIS AÑOS DE GESTIÓN

3. LA EXPERIENCIA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA FEPADE: A SEIS AÑOS DE GESTIÓN

En los últimos años, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) realizó una transformación estructural para atender con eficacia las labores normativamente establecidas y afrontar así los retos institucionales de su competencia derivados de los procesos electorales. El principal objetivo ha sido procurar la justicia penal electoral, fomentar en la ciudadanía una cultura de legalidad y de prevención de los delitos electorales, como también promover los valores para el respeto del voto libre y secreto, y de responsabilidad pública, para denunciar las posibles conductas que constituyan un delito electoral. El camino emprendido que inició a principios de 2001 fue largo y satisfactorio. El objetivo era muy claro, hacer de la FEPADE una institución que respondiera con eficacia y legitimidad a las demandas que la ciudadanía y los actores políticos le solicitaban. Para ello, se requería de un cambio sustancial que le permitiera tener mayor presencia pública e incorporarse, como una institución horizontal, a la trilogía electoral del país. En esas fechas, tanto la Fiscalía, como los delitos electorales, eran muy poco conocidos en el ámbito social. El primer paso se dio por medio de un proceso de reingeniería de la institución, en el que se reestructuraron las diversas áreas y se crearon nuevas direcciones generales que hacían más dinámica la atención de delitos electorales. El segundo paso fue trabajar en el posicionamiento público e incorporar acciones específicas para la prevención de los delitos electorales. Para prevenir era necesario exponer qué eran los delitos electorales y posteriormente, sumar a la ciudadanía a una cruzada nacional en donde todos teníamos que hacernos responsables, desde nuestro ámbito de ejercicio, de no cometer conductas que violaran el voto libre y secreto. El cambio de la FEPADE fue constante y gradual, en seis años se realizaron numerosas acciones que permitieron una transformación total. Los logros alcanzados son producto de todos los servidores públicos de la institución y de la colaboración constante de instituciones públicas federales, estatales y municipales, organismos electorales federales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, sector privado e instituciones de educación, que fueron permanentemente aliados estratégicos.

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Los resultados obtenidos a la fecha son satisfactorios, prueba de ello son las acciones de procuración de justicia penal electoral, en las que las consignaciones realizadas tienen un alto grado de efectividad, como también las sentencias condenatorias, que son superiores al 95 por ciento. En lo que respecta a la prevención, la FEPADE ha realizado múltiples acciones por medio de campañas informativas, algunas de ellas dirigidas a grupos que por su condición socioeconómica son propensos a la compra y coacción del voto. Adicionalmente, del 2001 a la fecha se han realizado más de 4 mil 800 eventos (cursos, talleres y conferencias) con temas relacionados con los delitos electorales y su prevención. En materia de innovación gubernamental, la FEPADE afrontó el reto de la transformación total de la Institución, incorporando sistemas de calidad total y de seguridad, como también respondió a las nuevas disposiciones democráticas de la transparencia y combate a la corrupción. Los resultados fueron permanentes, desde finales del año 2001 se han recibido reconocimientos y premios por la labor realizada; para referir algunos de ellos, en el año 2006 se mantuvo la certificación ISO 9001-2000, se obtuvo el Premio al Lenguaje Ciudadano, el reconocimiento INNOVA 2006 y el INTRAGOB 2006. El trabajo fue arduo y constante, la experiencia acumulada desde 2001 se manifiesta en la participación de dos procesos electorales federales y 95 locales, ordinarios y extraordinarios. En todo el país se firmaron convenios de colaboración institucional que nos permitieron sumar esfuerzos y al mismo tiempo contribuir al mejor desarrollo de los procesos electorales. Con las presentes líneas damos muestra de todos los esfuerzos realizados, ahora será tarea del lector evaluar nuestro desempeño. Por parte de la FEPADE, estamos complacidos por las acciones desarrolladas, que siempre fueron en el marco de la legalidad, con sentido de responsabilidad pública y contribuyendo al proceso de consolidación democrática del país.

3.1. Diagnóstico de la FEPADE en el 2001 La FEPADE tiene su origen en razón de un derecho del Presidente de la República, que reformó diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de junio de 1994, mediante el cual se establece en el Artículo 1° de dicho ordenamiento la existencia de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales precisando en los artículos 6° y 6° bis sus atribuciones. Esta reforma fue motivada por el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 1994, por medio del cual el Presidente de dicho Consejo solicitó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), la creación de una Fiscalía Especial para investigar los delitos electorales. De conformidad con el decreto de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica, se atribuye a la FEPADE el conocimiento de los delitos contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal (Delitos Electorales y en contra el Registro Nacional de Ciudadanos).

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A partir de entonces, el Reglamento de la Ley Orgánica ha sido reformado en diversas ocasiones, habiendo permanecido desde entonces como una unidad fundamental en el quehacer de la institución. La FEPADE, al inicio de la administración, se enfrentó a diversos escenarios entre los que podemos enunciar: La observancia en relación a su quehacer institucional, que hacía dudar sobre la necesidad de mantener su estructura en la procuración de justicia. Su posicionamiento en la sociedad era bajo, la mayor parte de la población no sabía de la Fiscalía o de los delitos electorales, debido esencialmente a que la actividad de la FEPADE se centraba en la atención de las averiguaciones previas, sin realizar actividades de prevención del delito electoral, no obstante que la ciudadanía poco conocía los tipos penales establecidos en el Código Penal Federal. Adicionalmente, al realizar un diagnóstico respecto de la estructura con la que operaba la Fiscalía, se obtuvo lo siguiente: A nivel estructural: a)

La Fiscalía, en virtud de su Manual de Procedimientos publicado en el Diario Oficial de fecha 14 de noviembre de 1996, debía contar con una Coordinación General, tres Direcciones Generales (Averiguaciones Previas, Control de Procesos, Amparo), tres coordinaciones de zona y agentes del Ministerio Público de la Federación en cada entidad de la República. b) En la realidad, la FEPADE operaba con una Coordinación General y con Cuatro Direcciones Generales (Averiguaciones Previas, Control de Procesos de Amparo y de Administración) con lo que la disposición legal no se ajustaba a la realidad operativa. En materia de Averiguaciones Previas: a)

Había un amplio rezago en la integración y tramitación de las Averiguaciones Previas, con un importante número de indagatorias acumuladas correspondientes al proceso electoral federal del 2000. b) Las atribuciones de resolución de la Averiguación Previa recaían en su totalidad en el titular de la Fiscalía, quien era la persona que debía suscribir las determinaciones. Esto obligaba a un interminable proceso de revisión de las actuaciones que finalizaban en la firma del propio Fiscal. c) En lo que respecta al recurso humano y material de la Fiscalía, se trabajó en la reubicación del personal. En el rubro de desempeño institucional: a)

No se llevaban a cabo actividades de prevención del delito electoral, mucho menos de difusión de la materia penal electoral. b) Las cargas de trabajo en las diferentes unidades no encontraban una similitud ni

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proporcionalidad; de tal manera que la Dirección General de Amparo, como ejemplo, por acuerdo de la Fiscal, llevaba a cabo actividades de integración de Averiguación Previa. En materia de recursos: a)

Los recursos materiales con los que contaba la Fiscalía no eran suficientes y los que tenía se encontraban en un estado de deterioro; se carecía de escritorios, sillas y computadoras, lo que en parte se soportaba porque algunos miembros del personal traían sus propias computadoras para poder trabajar. b) Aunado a lo anterior, el edificio presentaba daños estructurales que disminuían los índices de seguridad que deben tener los edificios públicos. En consecuencia, la Fiscalía presentaba deficiencias que urgían una redefinición de estrategias y una reestructuración de sus esquemas de operación.

3.1.1. Definición de estrategias El primer paso se tradujo en definir los objetivos de la FEPADE. Para ellos fue necesario precisar a dónde se le quería ubicar. Decidir si el objetivo inmediato y único era la atención de las Averiguaciones Previas o si los alcances de la misma eran contribuir de una manera más eficaz a la consolidación del sistema de elecciones. La decisión se orientó a ampliar la acción institucional de la FEPADE no sólo a través de la persecución del delito, sino de su prevención. Lo anterior, acorde a los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y con las directrices del Programa Nacional de Procuración de Justicia que constituyeron los ejes rectores de la PGR. El siguiente paso fue fijar la misión y la visión para orientar el rumbo institucional, aun y cuando se consideraba en algunos sectores que dichas definiciones eran propias del sector privado, se trabajó con el convencimiento de que la calidad debe ser afín a cualquier institución pública o privada. Las estrategias que finalmente se determinaron y a las que correspondían acciones específicas fueron las siguientes: a) Llevar a cabo la transformación de la Fiscalía a través de su reestructuración orgánica. b) Definir los objetivos por Unidad, dando suficiencia de atribuciones a cada una de ellas de acuerdo a los objetivos institucionales. c) Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. d) Lograr operatividad inmediata para la atención de los asuntos que se encontraban rezagados y en trámite. e) Implantar un sistema de gestión de calidad para mejorar los sistemas y lograr la confianza ciudadana. f ) Profesionalizar al capital humano.

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3.2. Visión, Misión y Objetivos de la FEPADE En el contexto de lo anterior, la FEPADE conformó su misión, objetivos, visión institucional y su política de calidad. En el ámbito de las atribuciones que le han conferido y ante las expectativas de la ciudadanía, se identificó como Misión: Procurar justicia penal en materia electoral federal, con apego a los principios constitucionales y autonomía técnica, para asegurar la legalidad y credibilidad en los procesos democráticos. La visión 2006 establece que: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es una institución de procuración de justicia imparcial, creíble y confiable, que actúa con eficacia para el fortalecimiento de la democracia en beneficio de la sociedad. A partir de la visión a largo plazo, se establece que: La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una organización de clase mundial en la procuración de justicia penal electoral federal, autónoma e imparcial al servicio de la ciudadanía, que contribuye a la consolidación de la democracia. Sus objetivos son: Atender las denuncias que se presenten con motivo de la probable comisión de delitos electorales federales y realizar, en consecuencia, todas las diligencias necesarias para integrar las indagatorias correspondientes. Ejercitar la acción penal ante los tribunales federales y participar en los procesos penales hasta su conclusión. Prevenir la comisión de delitos electorales federales mediante una política criminal integral que oriente acciones estratégicas. Consolidar el nuevo modelo de procuración de justicia aplicado al combate de los delitos electorales. La política de calidad de la FEPADE busca brindar a la ciudadanía una pronta y expedita procuración de justicia penal en materia electoral federal, así como garantizar eficiencia, legalidad e imparcialidad en el servicio; con el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad. 3.2.1. Reestructuración orgánica de la FEPADE Para llevar a cabo la reestructuración orgánica de la Fiscalía, se tomó la decisión de reorganizar las unidades de Coordinación General y las Direcciones Generales, partiendo de un principio de costos compensados para evitar incrementar el gasto. En el siguiente esquema se muestra esta reorganización y redefinición de áreas.

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Estructura orgánica de la FEPADE en el 2000

Estructura orgánica de la FEPADE en el 2001

De seis unidades existentes, la reorganización dio como resultado cinco unidades al haber redefinido con base a los resultados y a las actividades a las unidades consideradas como sustantivas. Coordinación General (Desaparece) La entonces Coordinación General no justificaba su existencia, pues al no haberse creado las coordinaciones de zona, sus funciones pasaban a ser un filtro más en el camino de autorización de las indagatorias previo a la autorización final por parte del Fiscal. Al asumir cada unidad sustantiva su responsabilidad en la tramitación y autorización de las indagatorias resultaba innecesaria una estructura tan vertical, además de no tener definición en sus atribuciones. Dirección General de Desarrollo Administrativo (Desaparece) Después de analizar el contenido de sus actividades y de sus atribuciones, se concluyó en que había una clara duplicidad de funciones con la Coordinación Administrativa, por ello se procedió a optimizar recursos, por lo que se reasignó el personal a otras áreas sustantivas. Por lo que respecta a la Dirección General, ésta se convirtió en Coordinación Administrativa. Dirección General de Amparo (Desaparece) Se suprimió de la estructura a la Dirección General de Amparo. Previamente, se revisaron los estadísticos de ejercicios anteriores y las cargas de trabajo existentes hasta entonces, habiéndose llegado a la conclusión de que la estructura que tenía rebasaba sus necesidades y por tanto no se justificaba la existencia de una Dirección General que finalmente realizaba funciones de investigación del delito en razón de un acuerdo del entonces titular de la Fiscalía, que sólo generó dispersión de la actividad investigadora y de integración de la Averiguación Previa, por ello, se decidió fusionar esta área con la Dirección General de Procesos.

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Dirección General de Averiguaciones Previas (Se reestructura) Su transformación se dio a partir de la reorganización a través de la creación de las Mesas de Trámite para facilitar la organización y el control de las indagatorias, buscando mejorar las funciones de coordinación y supervisión apoyándose en los titulares de Mesa.Además,se crearon áreas de apoyo directamente vinculadas con la función investigadora, tanto en la rama pericial como en el área de la Policía Federal Investigadora y con el propio Instituto Federal Electoral. Dirección General de Control de Procesos y Amparo (Se reestructura) Se decidió vincular las actividades en materia de amparo en una misma Dirección General, para lo cual se sumaron éstas a sus atribuciones. Con lo anterior se logró una unidad de elementos procesales de la actividad del Ministerio Público, facilitando la definición de criterios en la consignación a través de la experiencia obtenida en los procesos y en los juicios de amparo, conservando bajo una misma dirección la atención de los procedimientos instaurados por delitos electorales, optimizando los recursos de la entonces Dirección General de Control de Procesos y reorientando los de la desaparecida Dirección General de Amparo. Dirección General Jurídica (Se redefine) Se definieron sus atribuciones, se precisaron sus objetivos para lograr la consecución de sus metas, mediante una reestructuración paulatina. Su involucramiento se dió a través de dos vertientes, por un lado, en la resolución y autorización de los dictámenes de las averiguaciones previas, asumiendo la responsabilidad de fungir como el equivalente de la figura de Ministerio Público auxiliador del Procurador y, por otra parte, como órgano consultivo de la Fiscalía con atribuciones en materia de servicios legales, cumpliendo funciones de consulta y elaboración de los instrumentos legales en los que interviene la FEPADE. Dirección General de Coordinación, Desarrollo e Innovación Gubernamental (Se crea) Se crea esta Dirección con el objetivo de llevar a cabo la coordinación de las relaciones interinstitucionales para establecer vínculos definidos de comunicación para la consecución de objetivos. En esta vertiente debían fortalecerse los canales de comunicación con las delegaciones de la PGR, con las Procuradurías de Justicia de los estados y con autoridades de los tres niveles, lo que habría de generar el adecuado entorno para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía. Además, se fijó como parte de sus objetivos, el lograr la transformación de la Fiscalía a través del diseño e implementación de prácticas administrativas y de operación modernos y vanguardistas como la instauración y mantenimiento del sistema de calidad.Por otra parte,esta Dirección asumió la responsabilidad de implementar y vigilar los programas institucionales que se implementaron en la PGR y desarrollar los propios. Dirección General de Información y Política Criminal (Se crea) Esta Dirección fue creada con el objeto de realizar acciones de prevención del delito y de difusión de la Fiscalía, de sus atribuciones y de los delitos electorales a partir de la sistematización y reunión de los datos estadísticos generados.

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A través de esta Dirección General, la Fiscalía decidió llevar a toda la República las actividades de difusión de la cultura de prevención del delito electoral, la elaboración de materiales focalizados a diversos grupos sociales que, por su condición de marginalidad, pueden ser actores pasivos en prácticas de compra y coacción del voto. Una de las acciones fundamentales es desarrollar acciones específicas para contribuir al respeto de los procesos electorales, informar sobre delitos electorales y generar una cultura de la legalidad electoral y la cultura de la denuncia. Además, también tiene como objetivo diseñar estrategias de capacitación entre autoridades de los tres niveles y entre la ciudadanía.

3.3. La transformación y quehacer jurídico institucional de la FEPADE 3.3.1. Programa de Abatimiento del Rezago En concordancia con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, en el 2001 la Fiscalía estableció un programa específico de abatimiento del rezago en las investigaciones, con la finalidad de concluir las averiguaciones previas y las actas circunstanciadas iniciadas en años anteriores a 2001. Dentro del Programa de Abatimiento del Rezago se atendió de manera prioritaria la integración de averiguaciones previas y actas circunstanciadas iniciadas en los años 1998, 1999 y 2000, mediante las siguientes líneas de acción: Se expidió el Acuerdo FEPADE A/01/01 con vigencia a partir del 20 de marzo de 2001, en el que se dispuso la creación de mesas de trámite en la Dirección General de Averiguaciones Previas. Se reasignaron recursos humanos y materiales para crear 15 mesas de trámite con 3 agentes del Ministerio Público cada una. Se incrementaron los recursos financieros para el desarrollo de las comisiones del personal ministerial en las distintas entidades. Se crearon enlaces con el IFE, el Instituto Nacional de Migración (INM), las áreas de Servicios Periciales y la antigua Policía Judicial Federal, a fin de volver eficiente la relación inter e intrainstitucional relativa a la integración de averiguaciones previas y actividades conexas. Se reordenó la competencia territorial de las direcciones de área y se asignó a cada mesa de trámite una demarcación, a efecto de mejorar la atención de las denuncias y equilibrar las cargas de trabajo. Se unificaron los criterios para integrar averiguaciones previas y actas circunstanciadas, lo que permitió abatir los tiempos de investigación. Se depuraron los procedimientos de revisión de las determinaciones, lo cual disminuyó los lapsos necesarios para la autorización de los dictámenes. Con estas acciones se abatió el rezago en 100 por ciento respecto a los años 1998 y 1999, y al 31 de diciembre de 2001 un 90.49 por ciento de las averiguaciones del año 2000, así como el 94.66 por ciento de las actas circunstanciadas de ese periodo.

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CAPÍTULO 3 LA EXPERIENCIA DEL CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA FEPADE: A SEIS AÑOS DE GESTIÓN

3.3.2. Programa de Atención a Mandamientos Judiciales A efecto de atender con oportunidad los mandamientos judiciales, y con el objeto de apoyar el programa institucional de atención a mandamientos judiciales, la FEPADE implementó en el mes de junio de 2001 un Programa de Atención a Mandamientos Judiciales. El objetivo fundamental de este programa fue disminuir el número de mandamientos judiciales pendientes de cumplir, lo que permitió combatir la impunidad a través de la oportuna tramitación de los juicios penales derivados de las consignaciones por esta Fiscalía. Para el cumplimiento del objetivo de este Programa, se diseñaron las siguientes acciones: Se designó personal ministerial y administrativo para incorporarse al Programa de Atención a Mandamientos Judiciales. Se elaboraron estudios de las averiguaciones previas con mandamiento judicial pendiente de ejecución, de donde se obtenían datos que facilitaran la captura del procesado. Se solicitó a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR el material fotográfico que pudiera existir en sus archivos de averiguaciones previas pendientes de ejecución y que permitieran identificar plenamente a los procesados. Se establecieron vínculos de comunicación directa con la Dirección General Adjunta de Aprehensiones de la Policía Judicial (ahora Agencia Federal de Investigaciones) a quien se entregaban los estudios realizados y el material fotográfico para dar seguimiento a los mandamientos judiciales. La atención brindada por el personal designado consistió en la elaboración de estudios en los que se extrajo de cada una de las averiguaciones previas toda la información que pudiera conducir a la localización y aprehensión del encausado. En la mayor parte de los casos se obtuvo, con apoyo de la Dirección de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, material fotográfico que permitió identificar plenamente a la persona buscada. Una vez realizados los estudios, éstos se entregaron a la Dirección General Adjunta de Aprehensiones de la Policía Judicial (ahora Agencia Federal de Investigaciones), quien designaba elementos para su ejecución. 3.3.3. Programa Específico de Prevención del Rezago en la Integración de Averiguaciones Previas En 2002 esta Fiscalía estableció el Programa Específico de Prevención del Rezago en la Integración de Averiguaciones Previas, con la finalidad de anticiparse a las posibles cargas de trabajo que se originaran del proceso electoral del 2000 y evitar la formación de rezago respecto de los asuntos de 2002 y 2003. Este Programa contempló las siguientes acciones: reducción del tiempo en la integración de las averiguaciones previas, mediante la incorporación de equipo informático actualizado; incremento del personal ministerial y administrativo en el área, así como su capacitación y especialización; mejoramiento de los procesos y aplicación de incentivos y estímulos económicos para fortalecer la productividad.15 15 Es conveniente señalar que no se concluyó la totalidad de las investigaciones iniciadas en 2001, quedando pendiente una. Esto se debe a la naturaleza y complejidad del asunto, que requirió otras diligencias.

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3.3.4. Programa de Atención al Archivo de Reserva de la Fiscalía El archivo de reserva se conforma con las averiguaciones previas que tuvieron que suspenderse temporalmente, hasta en tanto puedan allegarse nuevos datos para proseguir con las investigaciones. El 31 de enero de 2002 se estableció el Programa que regula cuatro supuestos para extraer un expediente de la reserva, bajo los siguientes criterios: Que existan nuevos medios probatorios que permitan continuar la investigación. Se acuerde la expedición de una copia certificada o devolución de documentos o valores, cuando así proceda. Se decrete la acumulación de otra indagatoria anterior, relativa a los mismos hechos. La posible responsabilidad penal se haya extinguido por prescripción de la presunta acción penal inherente. 3.3.5. Mesas de Trabajo A partir de mayo de 2003 se instrumentó el funcionamiento de Mesas de Trabajo, en las que participan los cinco Directores Generales de la FEPADE y el Secretario Técnico, con el objeto de analizar y fijar directrices respecto a la aplicación de algunas disposiciones legales con relación a determinados casos concretos que suelen resultar confusos, adoptándose esquemas de tratamiento que contribuyan a la resolución de los asuntos y al logro de las metas programadas. 3.4. Celebración de Convenios, Programas de Trabajo, Circulares y Acuerdos Las acciones de procuración y prevención de los delitos electorales es una labor compleja que requiere de una estrategia integral en la que diversos actores políticos y sociales participen. Estamos hablando de establecer una serie de compromisos en los que cada institución adquiere una responsabilidad que le permite comunicar y desarrollar acciones focalizadas que tienen mayor impacto y precisión. Por tal motivo, la FEPADE firmó diversos convenios y programas de trabajo en los diversos sectores y en los tres niveles de gobierno. El objeto era sumar esfuerzos desde los ámbitos gubernamentales, autoridades electorales, universitarias, sociales, empresariales e internacionales dedicadas al fortalecimiento de los valores democráticos. Adicionalmente, para optimizar la labor que realiza la FEPADE fue necesario emitir una serie de circulares y acuerdos que permitieron hacer más efectivas las acciones de procuración de justicia penal electoral y prevenir los delitos electorales. En síntesis las acciones referidas son las siguientes: 3.4.1. Convenios Convenio General de Colaboración entre el TEPJF y la PGR del 22 de agosto de 2001. El objetivo de este Convenio fue establecer las bases generales de colaboración para la planeación y desarrollo de proyectos académicos específicos, capacitación, asesorías, intercambio de información e investigación que contribuyan a la formación del personal especializado en la materia de derecho electoral y penal federal.

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Convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 19 de septiembre de 2001. Este Convenio establece acciones conjuntas en materia de capacitación,difusión,divulgación y atención de denuncias sobre delitos electorales a fin de evitar que los programas sociales que impulsa el Gobierno Federal sean utilizados con fines político-electorales. Convenio de Colaboración y Apoyo entre el IFE y la PGR del 13 de diciembre de 2001. Este Convenio fortalece y modifica el convenio celebrado el 23 de marzo de 2000, para rediseñar acciones preventivas en materia de capacitación, divulgación y difusión de los delitos electorales federales, orientación a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, así como en materia de atención especializada a las denuncias que presente el IFE. Convenio Modificatorio de Concertación entre la PGR, FEPADE, SEDESOL, el Estado de Durango y las OSC's del Estado de Durango del 9 de abril de 2002. A través de este Convenio se modifica el Convenio del 22 de junio de 2001, en torno a las acciones conjuntas de transparencia y combate a la corrupción. Convenio Modificatorio de Concertación entre la PGR, FEPADE, SEDESOL, el Estado de Baja California y las OSC's del Estado de Baja California del 8 de mayo de 2002. A través de este Convenio se modifica el Convenio del 21 de junio de 2001, en torno a las acciones conjuntas de transparencia y combate a la corrupción. Convenio de Apoyo y Colaboración entre la PGR, la FEPADE y con los Institutos, Comisiones y Consejos Electorales de 28 entidades del 29 de noviembre de 2002. El objetivo de este Convenio es instrumentar de manera conjunta trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia de delitos electorales. Convenio de Apoyo y Colaboración entre la PGR, la FEPADE y el Instituto Electoral del DF del 29 de noviembre de 2002. El objetivo de este Convenio es instrumentar de manera conjunta trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia de delitos electorales. Convenio de Apoyo y Colaboración entre la PGR, la FEPADE y el Instituto Electoral de Guanajuato del 29 de noviembre de 2002. El objetivo de este Convenio es instrumentar de manera conjunta trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia de delitos electorales. Convenio de Apoyo y Colaboración entre la PGR, la FEPADE y el Instituto Electoral de Veracruz del 29 de noviembre de 2002. El objetivo de este Convenio es instrumentar de manera conjunta trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia de delitos electorales. Convenio denominado Bases de Colaboración con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); Gobernación (SEGOB); Desarrollo Social (SEDESOL); Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Economía (SE); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Educación Pública (SEP); Salud (SSA); Trabajo y Previsión Social (STPS); Función Pública (SFP) como testigo de honor y la PGR con intervención de la FEPADE del 13 de mayo de 2003. El objeto de Convenio es promover las acciones de las bases en relación con programas sociales de cada dependencia; realizar acciones de difusión y capacitación en materia de transparencia para la prevención de delitos electorales, y prevención del uso de recursos públicos en campañas.16 16

En las páginas 138-140 del presente documento se desarrollan de manera específica las actividades y resultados de este Convenio.

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Convenios de Colaboración celebrados con 28 Tribunales Electorales de las entidades federativas de la República Mexicana17 del 13 de junio de 2003. El objetivo de estos convenios fue instrumentar de manera conjunta trabajos de difusión, divulgación y capacitación en materia de delitos electorales. Convenio de Concertación y Coordinación con la Sociedad Mexicana de Caricaturistas del 25 de junio de 2003, mediante el cual se pretende establecer los mecanismos e instrumentar acciones conjuntas para apoyar el desarrollo y ejecución de los trabajos de divulgación, difusión y capacitación en materia de educación cívica, valores democráticos, fomento a la cultura de la denuncia y respeto a al legalidad, participación ciudadana y prevención de delitos electorales. Convenio de Apoyo y Colaboración con la Comisión Especial de Vigilancia para los Recursos Públicos del Proceso Electoral 2003 del H. Congreso del Estado de Guerrero del 27 de junio de 2003, con el fin de realizar el encausamiento y seguimiento a las denuncias presentadas en contra de servidores públicos del estado de Guerrero. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Coahuila y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 27 de agosto de 2003. El objetivo de este convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a Programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Baja California Sur y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 25 de septiembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a Programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Yucatán y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 12 de noviembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a Programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Nuevo León y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 19 de noviembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a Programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Puebla y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 25 de noviembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a Programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Concertación entre la SEDESOL Sinaloa y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 25 de noviembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. 17 Los Tribunales Electorales son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

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Convenio de Concertación entre la SEDESOL Morelos y Organizaciones de la Sociedad Civil de ese estado (FEPADE fue Testigo de Honor) del 5 de diciembre de 2003. El objetivo de este Convenio es que la SEDESOL establezca acciones de supervisión, control y seguimiento a programas a su cargo y capacitación de las organizaciones civiles para impulsar la transparencia. Convenio de Colaboración entre la PGR y la Universidad Autónoma Metropolitana del 29 de enero de 2004. Este Convenio está dirigido a estudiantes, empleados y académicos de la UAM y tiene como objetivo establecer acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de prevención de los delitos. Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el IFE y la SEDESOL del 16 de marzo de 2004 (la FEPADE fue Testigo de Honor). El objetivo de este Convenio es instrumentar programas de educación cívica, participación ciudadana y desarrollo social para divulgar la cultura política democrática. Convenio específico de Colaboración entre el Instituto Electoral de Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila (FEPADE fue Testigo de Honor) del 3 de mayo de 2004. El objetivo de este Convenio es colaborar en el funcionamiento del Centro de Investigación y de Estudios Estratégicos en Materia Electoral. Convenio de Colaboración entre la PGR y la ANFADE del 21 de septiembre de 2004. El objetivo de este Convenio es realizar acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de prevención de delitos dirigido a estudiantes, empleados y académicos de las universidades asociadas. Convenio de Colaboración entre la PGR y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) del 26 de octubre de 2004. El objetivo de este Convenio es establecer acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de prevención de delitos, dirigidos a empleados del INAPAM y de los adultos mayores. Convenio de Colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) del 18 de julio del 2005. Este Convenio busca establecer acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de participación ciudadana y prevención de delitos, así como en materia de prevenir prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) del 22 de julio del 2005. El objetivo de este Convenio es el instrumentar acciones conjuntas de divulgación, difusión y capacitación en materia de participación ciudadana y prevención de delitos electorales federales debidamente dirigidos a las comunidades indígenas. Convenio de Colaboración entre la PGR y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) del 27 de julio de 2005. Este Convenio establece realizar acciones de difusión entre proveedores y consumidores aprovechando las delegaciones de la PROFECO en todo el país, además de realizar acciones de capacitación a sus servidores públicos en materia de delitos electorales. Convenio de Colaboración entre la PGR y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 2 de agosto de 2005. El objetivo de este Convenio es instrumentar acciones de divulgación, difusión y capacitación en materia de prevención de delitos electorales; asimismo, a través de este instrumento se capacitó a los servidores públicos de dicho sistema, con el objeto de orientarlos para evitar que los programas sociales de dicha institución se utilicen con fines

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electorales y con ello vigilar que los programas sociales se apliquen sin condicionamiento alguno. Convenio de Colaboración entre la PGR y la LIV Legislatura del Estado de Querétaro del 6 de septiembre de 2005, orientado a la promoción, difusión y capacitación de servidores públicos respecto a los delitos electorales. Convenio de Colaboración entre la PGR y el IFE del 20 de septiembre de 2005, mismo que tiene por objeto desarrollar estrategias de apoyo y colaboración para el cumplimiento de sus objetivos, intercambio de información, cursos, divulgación, estudios y análisis, así como atención de denuncias. Convenio entre la FEPADE y la Cámara de Diputados del 16 de enero de 2006, el cual tiene como objetivo instrumentar acciones conjuntas en materia de delitos electorales federales. Convenio entre la FEPADE y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) del 19 de enero de 2006, el cual tiene como objetivo establecer trabajos conjuntos que garanticen la transparencia del gasto electoral. Convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores del 28 de febrero de 2006. El objetivo de este Convenio es determinar las acciones de las partes para concientizar, capacitar y divulgar la prevención del delito electoral federal en relación al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Convenio entre la FEPADE y la Fiscalía General del Estado de Chiapas del 5 de abril de 2006, el cual tiene como objetivo facilitar la atención de los asuntos que se originen con motivo de denuncias formuladas con respecto a la probable comisión de delitos electorales tanto del fuero federal como del fuero común. 3.4.2. Programas de Trabajo Programa de Colaboración entre la FEPADE y la Universidad del Valle de Tlaxcala del 16 de diciembre de 2004. El objetivo de este Programa es instrumentar acciones de planeación y difusión de proyectos para propiciar la capacitación en materia de prevención de delitos electorales dirigido a estudiantes. Programa de Trabajo entre la PGR, la FEPADE y el estado de Hidalgo del 29 de agosto de 2005 el cual tiene como objetivo capacitar a los Ministerios Públicos de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, respecto a la jornada del 13 de noviembre de 2005. Pronunciamiento por la Civilidad Democrática entre la FEPADE, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el IFE y la SEGOB del 14 de noviembre de 2005, a fin de coadyuvar a la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral del 2006. Programa de Trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito el 15, 17 y 18 de noviembre de 2005, mismo que tiene por objeto incidir en la cultura democrática en lo general y en una cultura de la prevención del delito electoral en lo particular. Asimismo, este Programa tiene como objetivo realizar acciones de fortalecimiento de la Fiscalía mediante la realización de estudios sobre compra y coacción del voto. Programa de Trabajo entre la FEPADE y las Organizaciones de la Sociedad Civil firmado el 29 de noviembre de 2005. Este Programa de Trabajo está orientado a fomentar la participación ciudadana, fortalecer la confianza en los procesos electorales, la prevención de delitos electoral y el respeto del proceso electoral 2005-2006.

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Programa de Trabajo con el Gobierno del Estado de Oaxaca, celebrado el 6 de diciembre de 2005. El objetivo de este Programa fue instrumentar acciones de difusión y capacitación que fortalezcan el buen uso y adecuada aplicación de los programas sociales en el estado durante el proceso electoral federal 2006, así como difundir entre los servidores públicos aspectos relacionados con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Asimismo, en el 2005 se estableció un proyecto conjunto de "Fortalecimiento a la democracia en comunidades indígenas", elaborado por la FEPADE, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto Federal Electoral (IFE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual consiste en la elaboración de diagnósticos sociopolíticos y electorales que aportan la información necesaria para diseñar contenidos, estrategias y planes de capacitación y de observación electoral, culturalmente adecuados, en los que se reconozca la diversidad de los pueblos indígenas y la complejidad de sus formas de organización. Programa de acciones específicas con el Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL del 2 de junio de 2006. El objetivo de este Programa es instrumentar acciones de difusión y capacitación que contribuyan a promover la transparencia y la legalidad del actuar de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006. Programa de Trabajo con el Instituto Nacional de la Juventud del 14 de junio de 2006. El objetivo de este Programa es instrumentar acciones de divulgación, difusión, capacitación e intercambio de información en materia de prevención de delitos electorales federales, para fomentar la participación juvenil y estimular la cultura de la denuncia en los jóvenes. Programa de Trabajo con el Sector Agrario del 26 de junio de 2006. El objetivo de este Programa es establecer los mecanismos específicos mediante los cuales los participantes instrumentarán acciones de educación cívica, de participación ciudadana, de desarrollo social y de servicio social, en sus diversas vertientes, con la finalidad de divulgar entre la ciudadanía la cultura política democrática indispensable para la convivencia pacífica y el desarrollo social y político, para evitar que los programas sociales se utilicen con fines político-electorales. Programa de Trabajo con el Instituto Federal de Acceso a la Información del 28 de junio de 2006. El objetivo de esta Programa es instrumentar acciones de difusión y capacitación que contribuyan a promover la transparencia y la legalidad del actuar de los servidores públicos estatales, durante el proceso electoral federal, así como remitir la información relacionada con el posible desvío de recursos económicos públicos federales para las campañas. Asimismo, en el 2006 se llevaron a cabo firmas de Programas de Trabajo Específico con 31 estados de la República, los cuales tuvieron como objetivo instrumentar acciones de difusión y capacitación que contribuyan a promover la transparencia y la legalidad del actuar de los servidores públicos estatales, durante el proceso electoral federal del 2006; a saber: Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Aguascalientes firmado el 7 de abril de 2006.

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Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Baja California firmado el 17 de febrero de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Baja California Sur firmado el 7 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Campeche firmado el 8 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Coahuila firmado el 27 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Colima firmado el 10 de abril de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Chiapas firmado el 8 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Chihuahua firmado el 21 de febrero de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Distrito Federal firmado el 24 de abril de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Durango firmado el 3 de febrero de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de México firmado el 5 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Guanajuato firmado el 10 de abril de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Guerrero firmado el 25 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Hidalgo firmado el 4 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Jalisco firmado el 22 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Michoacán firmado el 15 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Morelos firmado el 2 de marzo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Nayarit firmado el 30 de marzo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Nuevo León firmado el 21 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Puebla firmado el 26 de mayo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Querétaro firmado el 15 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Quintana Roo firmado el 28 de abril de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmado el 8 de marzo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Sinaloa firmado el 3 de febrero de 2006.

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Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Sonora firmado el 7 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Tamaulipas firmado el 12 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Tlaxcala firmado el 13 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Veracruz firmado el 2 de junio de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Yucatán firmado el 22 de marzo de 2006. Programa de Trabajo específico con el Gobierno del Estado de Zacatecas firmado el 27 de febrero de 2006. 3.4.3. Acuerdos Acuerdo FEPADE A/01/01 del 20 de marzo de 2001, mediante el cual se dispone la creación de mesas de trámite en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía. Entre los objetivos del Acuerdo se encuentran disminuir la discrecionalidad en la asignación de indagatorias a agentes del Ministerio Público; mejorar los mecanismos de control de los expedientes relativos; distribuir las indagatorias con criterios territoriales y fomentar la actuación constante en las averiguaciones previas. Acuerdo FEPADE A/02/01 del 5 de noviembre de 2001, por el que se establecen algunos lineamientos de actuación de las Direcciones Generales que Integran la FEPADE. Se señala que será facultad de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales autorizar las propuestas por incompetencia formuladas por la Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales. Acuerdo FEPADE A/03/01 del 7 de diciembre de 2001, por el cual se establece que la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales actuará con auxilio de las demás áreas sustantivas de la FEPADE en la integración de los expedientes relativos a los procedimientos administrativos de responsabilidad que se inician en contra del personal para efectos de que los directores generales estén en aptitud de imponer la sanción que a su juicio, en su caso, corresponda, conforme a lo dispuesto en la sección II de la Ley Orgánica de la PGR. Acuerdo FEPADE A/01/02 del 16 de enero de 2002, por el que se crea el Consejo de Publicaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el cual se encarga de analizar y proponer, por conducto de su Titular, al Consejo Editorial de la PGR, las publicaciones relativas al quehacer de la Fiscalía y en apoyo del Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral Federal. Acuerdo FEPADE A/02/02 del 2 de mayo de 2002, por el cual se crean las Unidades de consignaciones y de Atención a Mandamientos Judiciales, en la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales para mejorar el seguimiento y la atención de los asuntos que tiene encomendados. Acuerdo FEPADE A/01/03 del 25 de julio de 2003, por el que se establece la normatividad interna vigente de la Fiscalía. Acuerdo FEPADE A/02/03 del 14 de octubre de 2003, por el que se establece el Código de Valores y se crea el Comité de Valores de la FEPADE.

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3.4.4. Circulares Circular FEPADE C/01/01 del 27 de abril de 2001, mediante la cual se establece la forma de notificar a los denunciantes y ofendidos las propuestas de reserva de la averiguación previa y de no ejercicio de la acción penal. Esta circular fue emitida para que además de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, de hacerle saber a los interesados el sentido de la resolución formulada, en su caso, éstos cuenten con los elementos necesarios para proceder a la impugnación que corresponda, permitiendo con ello agilizar el servicio de procuración de justicia electoral federal. Circular FEPADE C/01/02 del 4 de abril de 2002, por la que se fija el horario de servicio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Circular FEPADE C/02/02 del 19 de junio de 2002, por la que se establece la estructura, el contenido y la forma de manejo de los libros de registro y control de la FEPADE. Circular FEPADE C/01/03 del 4 de junio de 2003, por la que se establecen los lineamientos internos para el uso y control de equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas, con el objeto de fortalecer la cultura de los servidores públicos adscritos a la FEPADE, sobre la confidencialidad, uso correcto, cuidadoso y prudente de los equipos de cómputo y de la información registrada en los mismos, así como sobre el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de programas de cómputo. Circular FEPADE C/02/03 del 25 de julio de 2003, por la que se establecen las reglas para la formación y manejo de triplicados y cuadernos sucesivos, desgloses y acumulaciones de averiguaciones previas, así como para la formación y manejo de actas circunstanciadas y la expedición de copias certificadas de constancias y actuaciones. En 2004 se realizó una revisión a la circular FEPADE C/02/02 en la que se establece la estructura, el contenido y la forma de manejo de los libros de registro y control de la Fiscalía. En coordinación con la Dirección General de Normatividad y de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, se presentó al C. Procurador General de la República un proyecto para actualizar la Circular C/02/2000, para establecer las reglas a las que deberá sujetarse el personal sustantivo de la institución cuando tenga conocimiento de un asunto relativo a un delito electoral.El 14 de octubre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular del Procurador General de la República número C/002/2005, misma que responde a las necesidades operativas de la FEPADE, y que fija las reglas en el manejo de las indagatorias relativas a un delito electoral con lo que se lograrán mejores elementos de coordinación con los agentes del Ministerio Público de la Federación que no están adscritos a esta Fiscalía, pero que conocen o apoyan las labores de persecución de los delitos electorales en diversos momentos. 3.5. Trabajo en materia de reformas electorales 3.5.1. Proyecto de Reformas al Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal 18 Con este proyecto de reforma, impulsado por la Fiscalía desde 2003, se pretendió esclarecer los tipos penales y terminar con las interpretaciones de la norma que han 18

El tema de la reforma penal se aborda con mayor profundidad a partir de la página 181 de este documento.

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originado, en ocasiones, que quienes realizan conductas que contravienen el orden jurídico no lleguen a sancionarse, propiciando así la impunidad en materia penal electoral. El objetivo de esta reforma es alcanzar un mejor marco regulatorio que fortalezca el sistema democrático, que responda a los cuestionamientos que se han hecho patentes en las múltiples denuncias públicas sobre la equidad en la contienda electoral, el costo de las elecciones y sobre todo el respeto al Estado de Derecho. Especificamente, esta iniciativa de reformas se estructuró en tres apartados encaminados a dar una mayor congruencia y claridad, al atender los siguientes aspectos: Incremento en la penalidad. Modificar la punibilidad de algunos artículos, toda vez que, en tipos penales genéricos como el robo y la falsificación de documentos, se establecen mayores penalidades en comparación con los tipos penales electorales, como el apoderamiento y la alteración de documentos electorales, respectivamente. Incorporación de nuevos tipos penales. Se propone sancionar a quienes reciban o utilicen fondos provenientes del extranjero para apoyar a un candidato o partido político; así como a quienes obtengan o gestionen fondos provenientes de actividades ilícitas y a quienes posean sin ningún fin lícito credenciales para votar o formatos utilizados para su elaboración. Reordenar y precisar los tipos penales. Se pretende eliminar las ambigüedades de la redacción de los tipos penales que suelen dar lugar a interpretaciones encontradas sobre la norma, y que han dado pie a discusiones jurídicas, propiciando una imagen de impunidad entre la sociedad. Con esta reforma se pretende adecuar la norma penal a la realidad, de tal forma que se garantice el derecho inalienable de los ciudadanos a manifestar sus preferencias políticas. 3.5.2. Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero En 2005 la FEPADE participó en diversos foros, conferencias y paneles en donde se discutió la iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudiesen votar en las elecciones para Presidente de la República. Así, una vez aprobada la iniciativa de reforma del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, la Fiscalía se dio a la tarea de unir esfuerzos para promover la cultura de prevención del delito electoral, para lo cual ha realizado reuniones de trabajo con diversas autoridades, entre las que destacan: Instituto Federal Electoral (IFE) Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) Instituto Nacional de Migración (INM) Agregadurías Legales de la PGR en Estados Unidos de América

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Adicionalmente, se conformó una red de cooperación con los municipios de los estados con mayores índices de población migrante de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía y que concordaron con estimaciones e información del INM, así como con algunas instituciones del sector privado, con el objeto de que, una vez concluida la fase de registro de mexicanos residentes en el extranjero con intención de voto, se llevaran a cabo estrategias focalizadas a dicho sector para prevenir el delito electoral. Conviene señalar que para este fin, la FEPADE diseñó y distribuyó una serie de materiales de difusión y de divulgación, y a partir del mes de octubre de 2005. 3.6. Programas y acciones en materia de prevención del delito electoral 3.6.1. Programa para el establecimiento del Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal Electoral Como una aportación en el ámbito de la procuración de justicia federal se estableció el Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal Electoral (SNIECE) cuyo objetivo es posibilitar que se orienten acciones y estrategias en la prevención y, en su caso, investigación y persecución del delito electoral federal. Las líneas estratégicas que abarca este programa son: 1. 2. 3.

4. 5.

La concentración de flujos de información generada en las distintas Direcciones Generales de la FEPADE. El diseño de bases de datos que conforman el Banco Central de Información (BANCINF) del SNIECE. La puesta en marcha de mecanismos con las distintas instancias de la PGR, dependencias y entidades federales y locales para obtener información relativa al fenómeno delictivo en material electoral federal. El establecimiento para la discriminación de la información que habrá de alimentar las bases de datos del BANCINF. La construcción de modelos de índices delictivos en relación con perfiles delincuenciales, frecuencias delictivas y zonas criminógenas.

A partir de la experiencia del BANCINF, en el 2005 se determinó mejorar y actualizar el sistema. Derivado de esto, se logró la reestructuración de la versión BANCINF hacia una nueva versión denominada "V.2" que tiene como finalidad optimizar la eficiencia en la sistematización y procesamiento de información estadística. 3.6.2. Sistema Informático FEPADETEL, FEPADENET Y FISCAL EN LÍNEA Como ya se mencionó en 2002 fueron establecidos un conjunto de servicios a la comunidad con el objetivo de ofrecer una atención más oportuna, así como orientar a la población sobre la procuración de justicia electoral federal. Al mismo tiempo, se tenía la intención de captar la percepción social de los delitos electorales y posibles incidentes. Estos servicios se pusieron en marcha a través de una línea telefónica gratuita (FEPADETEL, 01800 833 7233 para el interior del país y el 53 46 31 03 para el área metropolitana, las 24 horas y los

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365 días del año) y por Internet (FEPADENET, [email protected], y FISCAL EN LÍNEA,19 [email protected]). La efectividad de estos servicios se muestra en el incremento anual de llamadas y correos, lo que habla de una mayor presencia y de la confianza que la ciudadanía tiene en ellos. A continuación se muestra una tabla ilustrativa:

3.6.3.Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales Federales (PNPDE) La Fiscalía ha promovido conjuntamente con la Dirección General de Delitos y Servicios a la Comunidad de la PGR, líneas de acciones conjuntas para fomentar la cultura penal electoral y establecer programas que incidan en la sociedad y que permitan rescatar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia, promoviendo así la participación de la sociedad. Dentro de los objetivos de este Programa se encuentran promover cursos y talleres de capacitación en materia penal electoral, así como desarrollar estrategias de comunicación y divulgación en la materia dirigida a los diversos actores involucrados en el proceso electoral federal y a la ciudadanía en general; celebrar convenios, acuerdos, bases de colaboración y demás instrumentos jurídicos a través del titular de la PGR y capacitar a los agentes del Ministerio Público de la Federación y de los estados, en materia de investigación de delitos electorales, entre otras. En esta tesitura, en 2001 se llevaron a cabo 65 eventos, como conferencias, talleres, diplomados y pláticas; en tanto que en el año 2002 se tuvieron 127. Ante las condiciones imperantes del proceso electoral federal, locales y concurrentes del 2003, la Fiscalía realizó también 168 conferencias, 2 teleconferencias, 563 cursos de actualización, 1 diplomado, 123 eventos relevantes (presentaciones de libros, mesas redondas, firma de convenios), 38 pláticas de casuísticas relevante en documentoscopía, 168 talleres de capacitación, 4 convenios de apoyo y colaboración. Además, el 4 de junio de 2003, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se convocó a las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN's); el 16 de octubre se realizó una 19

Fiscal en Línea se incorpora a los servicios de atención a la ciudadanía en abril del 2005 y es atendido directamente por la oficina de la Fiscal, como una forma de dar mayor confianza al público usuario.

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reunión de trabajo con la participación del Procurador de la PGR y la titular de la FEPADE. La finalidad fue establecer una comunicación permanente con estos organismos para la construcción de programas que permitan establecer seminarios de trabajo con otros grupos sociales, dicho plan de trabajo se acordó el 13 de noviembre de 2003. Como parte del PNPDE 2003, se estableció desarrollar un Módulo Itinerante en distintos puntos de la Ciudad de México, tales como: centros comerciales, plazas y parques públicos, universidades públicas y privadas. En este módulo se proporciona orientación e información impresa sobre delitos electorales federales. En este mismo año, la FEPADE, el IFE y el TEPJF, desarrollaron el programa denominado: "Jornadas de Divulgación Electoral: Jóvenes por la Democracia", llevando a cabo 28 visitas a escuelas secundarias privadas y públicas. En el 2004, la Fiscalía Especializada colaboró en la elaboración y en el estudio, así como la adecuación de diversos instrumentos legales, en los que participa la PGR, tales como convenios o programas de trabajo, entre los que destacan los concertados con: IFE, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigaciones Jurídicas (ANFADE), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, Universidad Veracruzana, Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT). En el 2004 la Fiscalía desarrolló acciones de difusión y prevención de delitos electorales en el Distrito Federal y los 31 estados de la República, 14 de ellos con procesos electorales locales, abarcando así la totalidad del territorio nacional. En algunas entidades, se estuvo más de una ocasión atendiendo a diversos sectores. En 2004 a través de las jornadas de divulgación "Jóvenes para la Democracia", se sensibilizó a los alumnos del último grado de secundaria, respecto de la importancia de las elecciones, la participación ciudadana, la generación de una cultura de la denuncia y la prevención del delito electoral, así como de la misión de las instituciones electorales para la renovación periódica y pacífica de los poderes Ejecutivo y Legislativo en nuestro país. En esta emisión fueron llevadas a cabo 85 visitas a escuelas secundarias públicas y privadas en el Distrito Federal. En, 2005 la Fiscalía instrumentó actividades de capacitación y de divulgación a diferentes sectores de la población y se realizaron mil 97 actividades de prevención de delitos. La concentración de eventos de difusión de la cultura de la denuncia y de la legalidad y de sus asistentes estuvo enfocada en aquellas entidades que celebraron elecciones locales. De estas actividades podemos señalar como las más relevantes las siguientes: teleconferencias, dos de ellas en coordinación con el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) "Certeza, legalidad y participación ciudadana como garante de los procesos electorales, acciones del gobierno y de la sociedad civil para los procesos electorales" y "Programa de capacitación a distancia para el desarrollo social 2005". Una tercera fue realizada en

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coordinación con la SEMARNAT: "Los servidores públicos, programas sociales y su relación con los delitos electorales". Por otro lado, como parte de la celebración del onceavo aniversario de la creación de la Fiscalía y de cara al proceso electoral del año 2006, en las instalaciones del INACIPE se llevó a cabo la mesa redonda "La elección federal del 2006: una visión política y social" donde participaron Carmen Aristegui como moderadora, Lorena Silvia Villavicencio Ayala, diputada del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada federal por el PRI, Ana María Salazar, analista, y la diputada federal del PAN, Janet Ovando Reazola. Los días 24 y 25 de noviembre de 2005, la Fiscalía participó en la organización del Seminario Internacional "Los nuevos retos de la democracia en México" con la colaboración de TEPJF; IFE; Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM); Instituto Estatal Electoral de Morelos (IEEM); Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Morelos; Gobierno del Estado de Morelos; Universidad Autónoma de Morelos (UAEM); Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), y PNUD. Como parte de las acciones de acercamiento hacia los jóvenes, la Fiscalía llevó a cabo el evento "Jóvenes y democracia, retos y perspectivas para el ejercicio de su ciudadanía" en Hidalgo el 12 de octubre, en coordinación con la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo. Además de los eventos de corte académico arriba señalados, la Fiscalía desarrolló diferentes acciones con actores políticos, entre las que destaca su participación en la XXVI Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la que se emitió un "Pronunciamiento por la Civilidad Democrática para coadyuvar en la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral federal 2006", donde la titular de la Fiscalía participó como testigo de honor. En el 2006, a través del PNPDE, se llevaron a acabo 100 conferencias, 198 cursos, 17 diplomados, 88 pláticas informativas y preventivas sobre delitos electorales, 3 pláticas para JOVDEM, 553 talleres y 7 teleconferencias. El Módulo Itinerante proporcionó información impresa y orientación verbal sobre delitos electorales federales en 49 puntos de la República Mexicana. Entre las acciones de difusión en materia de delitos electorales realizadas con procuradurías generales de justicia y con delegaciones de la PGR en los estados, se impartieron: 73 cursos de diligencias básicas, 5 conferencias, 5 cursos en materia electoral y 5 talleres de delitos electorales. 3.6.4. El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones El ABC de los Servidores Públicos tuvo sus orígenes en una propuesta hecha en la Octava Reunión de Bases de Colaboración, celebrada el 25 de febrero de 2005, donde se acordó

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constituir un grupo de trabajo con representantes de la SFP, SEMARNAT, SEDESOL y la FEPADE para diseñar un "Manual para Servidores Públicos". El documento representa un esfuerzo y un trabajo de sinergia interinstitucional por parte de todas las dependencias que firmaron las Bases de Colaboración. Este Manual tuvo como objetivo capacitar y orientar a los servidores públicos para evitar la comisión de delitos electorales o, en su caso, faltas administrativas. Asimismo, informa sobre varios aspectos que relacionan la gestión pública y los procesos electorales. Cabe señalar que también se cuenta con una versión interactiva, la cual permitió dinamizar el conocimiento y el aprendizaje de El ABC de los Servidores Públicos a partir de pantallas amigables y atractivas para los usuarios, donde se logró que un número significativo de servidores públicos de todas las dependencias del Gobierno Federal, a nivel central y delegacional, realizaron este ejercicio de acuerdo a los criterios de cada dependencia. La evaluación final de cada servidor público fue enviada a la SFP. Esta Fiscalía remitió a las Secretarías de Estado dos versiones de El ABC, una impresa y otra electrónica, a fin de que cada Secretaría de Estado la cargara en su página WEB. En total se imprimieron y distribuyeron alrededor de 2.6 millones de el ABC en todo el país en el ámbito federal y estatal. 3.6.5. Convenio de Bases de Colaboración Interinstitucional La firma de Bases de Colaboración Interinstitucional para contribuir a la Atención Eficaz y Oportuna de las Denuncias que se Formulen por la Ciudadanía en General, con Motivo de los Hechos Presumiblemente Delictivos por Conductas Ilícitas Relacionada con la Utilización Indebida de Programas Sociales con Fines Políticos, se constituyó bajo un conjunto de principios rectores encaminado a establecer las estrategias de Blindaje Electoral, en función de las siguientes líneas de acción: a)

Ejecutar tareas de capacitación en materia de delitos electorales a los servidores públicos, beneficiarios de los programas sociales, y a la ciudadanía en general para prevenir la comisión del mismo. b) Desarrollar acciones de difusión en materia de delitos electorales a los servidores públicos de las dependencias gubernamentales así como, también, a los beneficiarios de los programas sociales y a la ciudadanía en general como mecanismo de inhibición del mismo. c) Fomentar la cultura de la denuncia y la legalidad en materia electoral federal. d) Contribuir a la atención oportuna y eficaz de las denuncias que se formulen por la ciudadanía en general cuando exista la presunción de conductas delictivas realizadas por parte de servidores públicos y otros actores que estén relacionados con la utilización de recursos públicos (humanos, materiales y financieros) y programas sociales. Bajo este contexto, el 13 de mayo de 2003, nueve dependencias del Ejecutivo Federal: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),

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Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Salud (SSA), firmaron estas Bases de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), con la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y teniendo como testigo de honor a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el fin de emprender acciones encaminadas al combate a la corrupción, al mejoramiento de la cultura cívica y a la prevención de delitos electorales. Una de las primeras acciones de las Bases de Colaboración fue constituir el Grupo de Coordinación Nacional que se conformó por enlaces designados por cada una de las secretarías participantes. Los enlaces son personas con conocimiento pleno y con capacidad para gestionar al interior de su institución los programas de prevención del delito electoral y transparencia. Las primeras acciones se realizaron inmediatamente después de la firma de las Bases de Colaboración y tuvieron sus efectos positivos en las elecciones federales del 2003. En 2004 y 2005, los esfuerzos de Bases de colaboración se centraron en las elecciones locales, para este efecto se asignaron estados a cada una de las instituciones integrantes, las que tenían como objetivo realizar diversas estrategias para la prevención de los delitos electorales. En 2006 los esfuerzos se redoblaron para las elecciones federales. En síntesis podemos señalar las siguientes acciones: Se crearon Consejos Consultivos y Comités Delegacionales para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en materia de procesos electorales. Se capacitó y sensibilizó al personal de las delegaciones estatales sobre temas de delitos electorales y su prevención. Se organizaron múltiples teleconferencias transmitidas por la Red Satelital a las delegaciones de los estados informándoles sobre delitos electorales y exhortándolos a no utilizar recursos públicos a favor de partidos políticos o candidatos. Se establecieron medidas para salvaguardar el parque vehicular adscrito a las delegaciones federales a fin de evitar que circule o se estacione cerca de eventos políticos o partidistas. Se giraron instrucciones para suspender temporalmente la entrega de recursos provenientes de programas de apoyo en actos multitudinarios que puedan interpretarse como proselitismo electoral. Se solicitó a los servidores públicos que se abstuvieran de participar en actos de proselitismo electoral dentro del horario de trabajo. Se distribuyó material de difusión gráfico y audiovisual publicado por la FEPADE a las unidades administrativas dependientes de las nueve secretarías que conforman Bases de Colaboración. Se organizaron programas de contraloría social en los estados con la participación de la sociedad civil. Se ordenó no realizar actos masivos de promoción, concertación, vinculación, reclutamiento, selección o pago a beneficiarios de cualquier estrategia de programas sociales o asistenciales del Gobierno Federal. Se solicitó que evitaran difundir información sobre acciones o beneficios de programas gubernamentales que puedan interpretarse como apoyo para algún partido político o pertenencia al mismo. Se diseñaron programas de televisión en materia de delitos electorales, transparencia y responsabilidad pública que fueron difundidos por red satelital.

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Se realizaron campañas de difusión en medios masivos de comunicación dirigidas a los beneficiarios de los programas sociales y al público en general, con el objeto de fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y la denuncia. Se organizaron jornadas para la transparencia y la legalidad, las que tuvieron como finalidad informar, sensibilizar e involucrar a los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno y ciudadanía a participar en la vigilancia de la operación de los programas sociales durante los procesos electorales. Algunas secretarías reprogramaron la entrega de apoyos y la realización de eventos públicos, verificando con los titulares de los programas, el plazo conveniente para dichas medidas. Las reprogramaciones se realizaron sin afectar a beneficiarios de los programas sociales, cuidando particularmente aquellos que cubren necesidades alimentarias. Los servicios de atención telefónica de las secretarías integrantes de Bases de Colaboración, tenían la instrucción de brindar una mejor atención a la recepción de peticiones y quejas de la ciudadanía relacionadas con la comisión de delitos electorales o el desvío de recursos públicos. Se elaboraron diversos manuales sobre delitos electorales y el ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones. 3.6.6. Blindaje Electoral Los comicios federales celebrados en julio de 2006 exigieron la conformación de acciones que fortalecieran la legitimidad del proceso electoral. En este contexto, las instituciones que componen la Administración Pública Federal (APF) diseñaron todo un conjunto de políticas y acciones públicas enmarcadas en una estrategia denominada Blindaje Electoral para garantizar que en procesos electorales (locales y federales) todos los recursos públicos (humanos,materiales y financieros) y programas sociales se ejercieron de manera transparente y con probidad, a fin de evitar que éstos fueran destinados para apoyar a institutos políticos, candidaturas, campañas y cualquier otro tipo de eventualidad relacionada con actividades político-electorales.20 De esta forma,derivado de la 11ª Reunión de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC)21 la cual se realizó el 7 de noviembre de 2005, se definió que "La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción acordaba brindar el máximo apoyo y atención a las acciones preventivas y correctivas necesarias para transitar la elección del 2006, con estricto apego a la ética y a las leyes que rigen la actuación del Gobierno Federal". Esto se tradujo en la generación de mecanismos que permitieran evaluar el desempeño institucional en materia de blindaje electoral y del buen ejercicio de los recursos públicos y programas sociales. Así, la CITCC en colaboración con la FEPADE a través de su Dirección General de Información y Política Criminal, diseñaron un cuestionario donde las unidades administrativas del Gobierno Federal desagregado a nivel central y delegacional, darían cuenta de sus acciones preventivas y su manejo de programas sociales para el caso de las dependencias que los tuvieran.22 20

Las acciones pormenorizadas y el resultado de las prácticas de Blindaje Electoral se pueden consultar en la revista Fepade Difunde núm. 12. El Ejecutivo Federal emitió un decreto el 4 de diciembre de 2000 en el que estableció la CITCC con el objetivo de coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es presidida por el titular de la SFP y está integrada por los titulares de todas las Secretarías de Estado, el Procurador General de la República, y los directores de las diez paraestatales u organismos del Gobierno Federal que ejercen los presupuestos más amplios y cuentan con mayor número de personal. 22 Cabe señalar que el 19 de octubre de 2006 y con base en los compromisos asumidos en materia de transparencia y combate a la corrupción, la SFP y la FEPADE presentaron el Informe Final sobre Blindaje Electoral. 21

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En la evaluación y el impacto de las acciones para acotar el uso indebido de recursos públicos y programas sociales para apoyar candidatos y partidos políticos era necesario construir un instrumento en esta materia. En este contexto, nació el Indicador de Blindaje Electoral (IBE) para el proceso electoral 2005-2006. El IBE se constituyó como una de las acciones de mayor importancia que se puso en marcha de cara al proceso electoral federal 2005-2006, toda vez que su propósito fue instrumentar reglas claras y abiertas a fin de dar a conocer el rumbo institucional en coyunturas político-electorales y, por consiguiente, proporcionar certidumbre a todos los actores políticos en la disputa por los cargos de elección federal en un marco de transparencia, probidad y equidad. La elaboración del IBE se basó en cuatro premisas básicas: 1) La construcción de instituciones de gobierno sustentadas en una ética pública; 2) La interacción del ciudadano con los poderes públicos a través de la transparencia y rendición de cuentas; 3) La probidad y responsabilidad como referentes del cambio y compromiso democrático; y 4) La acotación de prácticas en el uso indebido de recursos que son de la sociedad; y evitar la reproducción de fenómenos como el clientelismo y corporativismo.El IBE es una herramienta gubernamental que permite construir un sinfín de indicadores para dar cuenta sobre la eficacia en los servicios que presta. Conforme fue avanzando el diseño e implementación de la estrategia de Blindaje Electoral, se consideró necesario ofrecer a la sociedad una imagen completa e integral de los esfuerzos que el Gobierno Federal estaba realizando para prevenir el uso político-electoral de los recursos públicos. El grupo de trabajo integrado por funcionarios de la FEPADE, SEDESOL y al SECITCC consideró que un portal de Internet dedicado en su totalidad al tema de Blindaje Electoral podía ser un herramienta para cumplir con este y otros fines. Dicho acuerdo se materializó en la posibilidad de establecer una "memoria electrónica" donde se diera cuenta de aquellas actividades que en materia de Blindaje Electoral realizan 29 dependencias de primer orden en el Gobierno Federal. Así, el órgano ejecutivo de la CITCC, la FEPADE y con el apoyo de la SEDESOL impulsaron la creación de la página Web www.blindajeelectoral.gob.mx. Con la puesta en operación de la página Web de Blindaje Electoral se buscaron 3 objetivos principales: a)

Ofrecer a la sociedad mexicana una visión integral de las acciones que las instituciones federales integrantes de la CITCC realizaron para "blindar" sus programas sociales y evitar que sus recursos se usaran con fines político-electorales. b) Crear un espacio en el que las instituciones federales no sólo pudieran dar a conocer sus acciones, sino que también pudieran enterarse y aprender de lo que otras instituciones realizaban en la materia. c) Documentar y rendir cuentas para organizar y sistematizar información que pudiera, a su vez, convertirse en un testimonio público y en punto de referencia para futuros ejercicios preventivos.23 23 La organización y sistematización de las aportaciones institucionales se realizó con base en 10 categorías: Participación ciudadana, noticias recientes y comunicados de prensa, links, preguntas frecuentes, acciones, material de capacitación, publicaciones, convenios y acuerdos, legislación y mejores prácticas.

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3.6.7. Programas de Trabajo con las Entidades Federativas Derivado de la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que tuvo lugar en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 14 de noviembre de 2005, se llevó a cabo la suscripción de un documento, que fue firmado por los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, denominado "Pronunciamiento por la Civilidad Democrática para coadyuvar en la legalidad, transparencia y equidad del proceso electoral federal de 2006". Con este documento, los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, se pronunciaron por coadyuvar en el buen desarrollo del proceso electoral federal. Firmaron además este documento, el Secretario de Gobernación, el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales. A partir de la suscripción del pronunciamiento, la Fiscalía se dio a la tarea de sugerir a los gobiernos estatales, la firma de un Programa de Trabajo para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del pronunciamiento. La coyuntura política manifestada por los titulares de cada uno de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, y la oportunidad de aprovechar esa disposición para la realización de las acciones de difusión y prevención del delito electoral, dando así un mensaje de confianza a la ciudadanía, fueron las principales razones que motivaron los programas.24 3.6.8. Programa de Acceso a la Información en Materia de Delitos Electorales Para dar respuesta a las demandas de información de la ciudadanía, la FEPADE en 2002 diseñó un Programa de Acceso a la Información en Materia de Delitos Electorales Federales que incluyó: crear instancias internas para atender las políticas de la PGR y poder satisfacer todos los requerimientos de información no clasificada como confidencial. 3.6.9. Publicaciones FEPADE El Consejo Editorial de la Procuraduría General de la República, en su sesión de fecha 19 de septiembre del 2002, autorizó el siguiente paquete de publicaciones de material de difusión y divulgación generados por esta Fiscalía, en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito Electoral: a) Revista FEPADE Difunde Con esta revista se inicia una importante política editorial interna mediante la cual la FEPADE busca dar a conocer a la sociedad su quehacer institucional en materia de procuración de justicia penal electoral federal. Hasta el cierre del 2006, han sido publicados 12 números. b) Revista Mexicana de Justicia En el marco de la participación institucional de la FEPADE en el Consejo Editorial de la PGR, le fue encomendada la tarea de coordinar tres números monográficos de la Revista 24

Los estados y objetivos de los Programas de Trabajo se desarrollan en las páginas 129-131 del documento.

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Mexicana de Justicia dedicado al tema del Derecho Penal Electoral. Esta revista es el órgano oficial de divulgación de la Procuraduría. c) Carpeta Normativa Tiene por objetivo dar a conocer el marco jurídico en Derecho Penal Electoral Federal. Busca contribuir a la cultura democrática para que los ciudadanos sean poseedores de valores, información, conocimientos, prácticas, actitudes y habilidades que les permita desenvolverse de manera activa en la defensa y promoción del interés público. d) Manual de Diligencias Básicas Este Manual busca presentar los elementos que integran los delitos electorales, las diligencias básicas en su investigación, así como la aplicación de las herramientas conceptuales en la solución de casos dirigido a Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a las delegaciones estatales de la PGR y de las procuradurías estatales, así como a abogados interesados en el tema. e) Trípticos y carteles Dando cumplimiento al PNPDE, se propuso generar de forma simple y concreta documentos en los que se promuevan las funciones y los servicios que se proporcionan a la ciudadanía, mismos que contienen mensajes que promueven la cultura de la denuncia del delito electoral. Lo anterior se concretó en la creación de carteles y de trece trípticos que describen sustancialmente la función de la Fiscalía, mismos que hemos denominado: Acuerdo de Colaboración PGR-FEPADE y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados. Tipos Penales en Materia Electoral Federal descritos en el Código Penal Federal Título Vigésimo Cuarto 1ª. Parte. Tipos Penales en Materia Electoral Federal descritos en el Código Penal Federal Título Vigésimo Cuarto 2ª. Parte. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Garantías del inculpado. Delitos electorales en que pueden incurrir los ministros de cultos religiosos. Garantías de la víctima u ofendido. Delitos electorales en que pueden incurrir los funcionarios partidistas y candidatos. Dónde, cómo y ante quién denunciar los delitos electorales. Delitos electorales en que puede incurrir cualquier persona. Delitos electorales en que pueden incurrir los servidores públicos. Delitos electorales en que pueden incurrir los funcionarios electorales. Cartel "Nuestras Acciones Cuidan tus Elecciones". Cartel "Fepadetel". Cartel "Fepadenet". Cartel "Nuestras Acciones Cuidan tus Elecciones" en ñanhu y náhuatl. (En coordinación con la Oficina de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo).

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Específicamente para las elecciones federales del 2006 se elaboraron los siguientes materiales: o o o o o o o o

ABC de los servidores públicos en relación con los procesos electorales; Tríptico de Blindaje Electoral; Tríptico del voto de los mexicanos en el exterior; Tríptico para jóvenes sobre delitos electorales; Tríptico sobre delitos electorales realizado conjuntamente con Alianza Cívica AC; Díptico de delitos electorales para los pueblos y comunidades indígenas; Poster con el CONAPRED con la temática de delitos electorales y discriminación Poster en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en materia de delitos electorales en lenguas Ch'ol, Yukut'an, Tzeltal y Náhuatl.

f) Manual Ciudadano de Delitos Electorales Federales Este Manual tiene la finalidad de informar a toda la población acerca de qué es la FEPADE y cuáles son los delitos electorales federales, de una manera sencilla trata de crear una conciencia ciudadana que nos lleve a la denuncia de irregularidades, para que esas conductas puedan castigarse y prevenir que se repitan. En el 2006 se editó un polidíptico del Manual Ciudadano en castellano y en Tzotzil. g) Compilación Legislativa Electoral 2002 El disco compacto Compilación Legislativa Electoral 2002 fue integrado en conjunto con el IFE y el TEPJF, como parte del quehacer originado en los convenios de apoyo y colaboración suscritos por la trilogía electoral.

1) 2) 3) 4) 5)

La legislación contiene cinco apartados: Legislación federal Jurisprudencia y tesis relevantes Legislación electoral local Delitos electorales federales y locales Normatividad interna del Instituto Federal Electoral.

En 2005 la Fiscalía, el IFE, el TEPJF, bajo la dirección del (PNUD, México), actualizaron el disco compacto interactivo para la observación electoral, que contenía legislación, preguntas frecuentes y orientación sobre el proceso electoral de México y que posteriormente fue distribuido por todo el país. 3.6.10. Jornada Nacional "To2 contamos por la legalidad y una mejor calidad de vida" Derivado de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2003 realizada por el IFE y atendiendo el llamado de los niños y jóvenes para sumar esfuerzos relativos a la formación integral y mejorar las condiciones de vida de la sociedad, la FEPADE diseñó e implementó un espacio de reflexión y discusión colectiva denominado "Jornada Nacional To2 contamos por

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la legalidad y una mejor calidad de vida". La FEPADE promovió conjuntamente con la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, eventos para reducir la discriminación y violencia que se ejerce en el sector infantil. Derivado de ello, se organizó un evento en el Distrito Federal con proyección nacional en el cual participaron instituciones públicas, privadas y sociales. 3.6.11.Semana Nacional de Educación Cívica,Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales (Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia) Con el objetivo de garantizar la legalidad, la transparencia y la equidad en los comicios federales, así como la confiabilidad de sus resultados en los procesos electorales el IFE, el TEPJF y la PGR, a través de la FEPADE, desarrollaron la Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales (SNECPCPDE). La primera tuvo lugar del 14 al 22 de octubre de 2002, en ella se realizaron: 86 eventos, entre los que destacan las conferencias impartidas en el territorio nacional, inauguraciones, clausuras, representación en los stands por parte del personal de la FEPADE; El Primer Concurso de Ensayo sobre "Justicia Penal Electoral", con 18 mil pesos en premios y participación a nivel nacional;25 Se elaboró la manta "Un Mensaje para la Democracia", con la participación de 155 mensajes del personal de la FEPADE; Se grabó el "mensaje en espera" en llamadas telefónicas recibidas en la PGR, y más de 11 mil personas participaron activamente en las conferencias y talleres de la FEPADE. En 2003, esta Semana Nacional se celebró entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre de 2003, logrando el 100 por ciento de cumplimiento de sus metas. Se llevaron a cabo 104 eventos en las 32 entidades de la República mexicana con la participación como ponentes de 27 servidores públicos adscritos a esta Fiscalía. De manera desagregada, se realizaron 74 conferencias, 4 talleres sobre Justicia Penal Electoral, Derecho Penal Electoral y Diligencias Básicas; se llevó a 4 estados conurbados la "caravana itinerante" para difundir el quehacer de la FEPADE y los delitos electorales; se realizaron 8 paneles; se llevaron a cabo 3 entrevistas de radio y televisión en los estados de Chihuahua, Oaxaca y Coahuila, difundiendo el mensaje de democracia y prevención de delitos electorales a la ciudadanía en general; se desarrollaron 9 eventos de carácter cultural y deportivo. Asimismo, se realizó la manta alusiva a la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia y el 1 de octubre se llevó a cabo la Reunión Nacional de Editores de Revistas Electorales. Asimismo, se llevó a cabo el Segundo Certamen de Ensayo sobre Justicia Penal Electoral; el 3 de octubre se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en donde se presentó el billete de Lotería alusivo a la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia; se envió la 25 Los premios se entregaron el 5 de diciembre de 2002, en el evento de la presentación del libro Los retos de la justicia penal electoral 2003, en el Auditorio "Alfonso Quiroz Cuarón" del INACIPE

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convocatoria al Concurso de Caricatura sobre Derecho Electoral, Ciudadanía y Democracia a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas para su difusión; igualmente, se mandó dicha convocatoria a la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado de Michoacán. Se recibieron 12 obras provenientes de diversos estados de la República. En el 2004 la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia (SNCD) se llevó a cabo del 6 al 10 de septiembre, ésta acentuó el papel de los ciudadanos en la democracia, con un marcado énfasis en el combate al abstencionismo y con una visión institucional del fortalecimiento de la vida democrática del país a través de la educación cívica, actividades culturales, de difusión, de capacitación sobre cultura democrática, justicia electoral y prevención de delitos electorales. La FEPADE organizó acciones en 31 entidades federativas, con excepción del estado de Veracruz, entidad que efectuó su jornada electoral en la misma semana, con un total de 265 eventos en los que participaron 23 mil 428 personas. Estas actividades implicaron movilizar a 43 servidores públicos de la Fiscalía. En el 2005, la FEPADE, el IFE y el TEPJF, con la participación específica del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), desarrollaron la cuarta edición de la "Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia", del 10 al 14 de octubre, con una orientación particular hacia los jóvenes, cuyo lema fue: "De tu casa a tu país, vive la democracia". De manera global se realizaron 2 mil 614 eventos en diversas entidades de la República, logrando captar las distintas formas de expresión y manifestación de los asistentes. De este total de eventos, la Fiscalía, en conjunto con la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, contribuyó con 269 de ellos, enviando a 31 entidades federativas a agentes del Ministerio Público de la Federación. De igual forma, en esta Semana Nacional, la Fiscalía logró distribuir 22 mil 200 ejemplares del Manual Ciudadano; 3 mil 150 a través del Módulo Itinerante; 13 mil 750 durante estos eventos y 5 mil 300 en el Distrito Federal. Cabe destacar que uno de los eventos más significativos fue la intervención de los caricaturistas políticos Daniel Camacho (Crónica), Antonio Helguera (La Jornada), y José Hernández (La Jornada) en la mesa redonda "Política, elecciones y delitos electorales: una visión de la caricatura política desde los jóvenes". 3.6.12. Otras acciones coordinadas 3.6.12.1. Con la Lotería Nacional Entre las actividades desarrolladas por la Fiscalía, se establecieron lazos de colaboración con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con la finalidad de plasmar mensajes alusivos a la prevención de delitos electorales federales en los billetes de Lotería Nacional de los siguientes sorteos: El 17 de mayo de 2002 se emitió el billete para el sorteo superior 1930, alusivo al servicio FEPADETEL, con la finalidad de fomentar la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales federales en la República Mexicana.

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El 16 de agosto de 2002 se emitió un segundo billete conmemorativo con motivo de la Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales, mismo que fue diseñado en conjunto con el IFE y el TEPJF. El 6 de diciembre de 2002 se diseñó un tercer billete de la Lotería Nacional para el sorteo superior 1954 alusivo a la Fiscalía, como medio de difusión en materia electoral. El 8 de junio de 2003 se emitió el billete parta el sorteo ZODIACO 734, alusivo a la FEPADE con el tema: Los programas y Servicios del Gobierno son Tuyos, no permitas su manipulación electoral. El 6 de julio de 2003 se imprimió un segundo billete para el sorteo ZODIACO 737, alusivo a la FEPADE con el tema: Que se Escuchen las Voces de la Democracia; Tu Voz Cuenta, DENUNCIA los Delitos Electorales. El 3 de octubre de 2003 se emitió un tercer billete para el sorteo Superior 1984, referente a la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, con la participación del IFE, TEPJF y la FEPADE. El 23 de abril de 2006 se imprimió un billete en el sorteo ZODIACO 869, de la campaña institucional de la FEPADE "El voto lo decides tú, no lo vendas". El 11 de junio de 2006, se realizó un billete en el sorteo ZODIACO 874, con la leyenda "Los recursos públicos no tienen partido. Tu voto es libre", con la participación de la FEPADE y la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC). El día 2 de julio se emitió un billete en el sorteo ZODIACO 876 en el cual la FEPADE, el IFE y el TEPJF invitaban conjuntamente a votar a la ciudadanía. 3.6.12.2. Tarjetas Ladatel Con la finalidad de difundir el quehacer de la FEPADE y los delitos electorales, se realizaron las gestiones pertinentes, así como las acciones necesarias para generar la tarjeta Ladatel de la Fiscalía, con cobertura a nivel nacional. Dichas tarjetas fueron distribuidas en los estados de la República próximos a tener elecciones locales en 2004. Para este fin se elaboraron un millón 500 mil tarjetas. 3.7. Programas estratégicos electorales 3.7.1. Programa Estratégico de Cara a las Elecciones Federales del 2003 Considerando la necesidad de establecer en forma clara y precisa la estrategia para afrontar los retos del proceso electoral de 2003, se elaboró un documento que contempló todas las acciones que se desarrollaron para optimizar las tareas que por norma la FEPADE tiene encomendadas, y con ello contribuir fielmente a la debida procuración de justicia en materia penal electoral federal. Entre las líneas de acción de este Programa destacan: La impartición de talleres sobre "Diligencias básicas en la investigación de delitos electorales federales", cuyo objeto fue actualizar a los agentes del Ministerio Público de la Federación y del fuero común, en la investigación de delitos electorales federales. La divulgación de la Circular C/002/2000 emitida por el Procurador General de la República, que describe en forma sucinta los actos procesales ministeriales que deben

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realizar los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los tribunales federales en las entidades federativas. La difusión del Acuerdo de Colaboración entre la PGR, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las procuradurías generales de justicia de los estados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2000, instrumento que establece las bases de colaboración en materia de procuración de justicia penal electoral, y prevención del delito electoral. Fortalecer los canales de comunicación y participación con el IFE, en el marco de los acuerdos de colaboración suscritos. Para dar a conocer este Programa se conformó y capacitó a un grupo de agentes del Ministerio Público de la Federación especializados en materia de delitos electorales, con amplia experiencia en la integración de averiguaciones previas, para impartir el Taller de Diligencias Básicas a nivel nacional. Se elaboró el Manual de Diligencias Básicas, el cual fue revisado por el INACIPE, así como el material de apoyo didáctico para la realización de los talleres mencionados. Acciones realizadas previas a la jornada electoral del 6 de julio de 2003: Se realizaron talleres de actualización sobre Diligencias Básicas en la Investigación de Delitos Electorales Federales en la totalidad de las entidades federativas. Se impartió, con el apoyo del IFE, el taller de Actualización sobre Casuística Relevante en Documentoscopía respecto de las credenciales para votar con fotografía. Con el apoyo de las delegaciones de la PGR y de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, se designó a un enlace para cada una. Con ello se coordinó antes, durante y después de la jornada electoral de 6 de julio de 2003 para dar cumplimiento a las estrategias previstas en el Programa Estratégico de Cara al Proceso Electoral 2003. El 19 de marzo de 2003, se realizó la primera Reunión Nacional de Enlaces en la que se presentó el Plan Estratégico para atender los comicios federales y se establecieron las acciones conjuntas a realizar antes de la jornada electoral. En la segunda Reunión Nacional de Enlaces el 20 de junio, se propusieron las acciones a realizar el día de la jornada electoral. 3.7.2. Jornada Electoral 2003 Durante la jornada electoral del 2003, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realizó las siguientes actividades: a) Despliegue ministerial: Se solicitó a las delegaciones de la PGR que el 6 de julio se comisionara, durante la jornada electoral, a un agente del Ministerio Público de la Federación en las agencias del Ministerio Público del fuero federal o del fuero común más cercanas a las juntas distritales del IFE, para orientar a la ciudadanía e iniciar denuncias por delitos electorales. Un total de 300 agentes del Ministerio Público de la Federación permanecieron de guardia durante la jornada electoral en

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las agencias ministeriales más cercanas a las juntas distritales, con lo cual se estructuró la base de datos denominada Despliegue Ministerial. Asimismo, se comisionó a personal especializado en delitos electorales de la FEPADE, quienes se trasladaron a la sede de las delegaciones de la PGR en las entidades federativas donde se celebraron elecciones concurrentes. b) Despliegue policial y pericial: Con el apoyo de la AFI se implementó un despliegue policial en todas las entidades federativas para auxiliar al personal ministerial de la Federación durante la jornada electoral; fueron un total de 2 mil 472 agentes federales, distribuidos en toda la República Mexicana. De igual manera, con el apoyo de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, se contó con peritos en Grafoscopía, Documentoscopía y Criminalística. c) Atención especializada a la ciudadanía el día de la jornada electoral: Con atención especializada de agentes del Ministerio Público de la Federación FEPADETEL atendió 333 llamadas telefónicas durante la jornada electoral del 6 de julio. Se dio atención a la ciudadanía no sólo en material penal electoral, sino también proporcionando información de otros rubros relacionados con los comicios, para lo cual se habilitaron 14 líneas telefónicas adicionales. d) Sistema de Atención de Denuncias (SAD): Se creó una base de datos que operó en todas las entidades federativas para tener la información concentrada sobre las denuncias que en materia de delitos electorales se iniciaron durante el proceso electoral federal. El sistema se instaló en todas las delegaciones de la PGR. 3.7.3. Programa Estratégico para el Proceso Electoral Federal 2005-2006 Este Programa de Trabajo fue el eje que articuló el trabajo de la Fiscalía con el propósito fundamental de contribuir a la transparencia y la legitimidad de los resultados de los comicios del 2 de julio de 2006. El Programa contempla básicamente siete aspectos sustantivos: 1) Fortalecimiento de vínculos institucionales; 2) Acciones de prevención del delito electoral; 3) Promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia; 4) Optimización de recursos de procuración de justicia penal electoral; 5) Instrumentación legal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero; 6) Acciones concretas para apoyar la jornada electoral del 2 de julio de 2006; y 7) Atención a los medios de comunicación de nuestro país. El Programa fue presentado el 10 de noviembre de 2005. Fortalecimiento de vínculos institucionales. La Fiscalía continuó convocando a una serie de aliados estratégicos que le permitieron, en el marco de su competencia, potenciar las acciones

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que contribuyan a la legalidad electoral. Dicha coordinación se llevó a cabo con instancias como el TEPJF, el IFE, los institutos y tribunales electorales de los estados de la República, las Secretarías de Estado que suscribieron y acompañaron las tareas del Acuerdo denominado Bases de Colaboración, y con diversos actores políticos y organizaciones sociales con la finalidad de asegurar a la ciudadanía que los procesos electorales se apegan a la legalidad y que las instituciones del Estado mexicano trabajan de manera conjunta y bajo sistemas efectivos de cooperación para lograr este propósito. Acciones en materia de prevención del delito electoral como son los casos del lanzamiento de la Cruzada Nacional de Prevención del Delito Electoral cuyo objetivo radica en incentivar la participación ciudadana y promover la cultura de la denuncia; programas enfocados a la población indígena, adultos mayores, jóvenes, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos. En este rubro es pertinente mencionar que: 1.

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Se realizó un intenso trabajo de prevención de los delitos electorales enfocado a la protección de los derechos políticos de aquellos grupos identificados como vulnerables. Por ejemplo, en comunidades indígenas se desarrollaron: 1) Cápsulas sobre observación electoral, promoción del voto; blindaje electoral y compra y coacción del voto, 2) Se difundieron spots en materia de delitos electorales en Náhuatl, Tepehua y Otomí. La Fiscalía en conjunción con PNUD trabajó tres proyectos: 1) Proyecto de observación electoral; 2) Proyecto de análisis de los delitos electorales en el marco de la compra y coacción del voto, y 3) Proyecto de Colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura política de los pueblos indígenas. Con los jóvenes se trabajó a partir del Convenio de Colaboración con el DIF, a fin de brindar capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales federales y, a través del Trabajo con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), el cual diseñó y distribuyó la tarjeta "Poder Joven" con una calcomanía autoadherible, la cual incluyó un mensaje y el logotipo de la FEPADE y se participó en los eventos de la Asociación Civil "Tu Rock es Votar". Con el Apoyo de la Dirección General de Comunicación Social de la PGR y el IFE, se produjeron 5 spots de televisión y 6 promocionales radiofónicos.

Promoción de la cultura de la legalidad y la denuncia. A través de esta línea de trabajo se desarrolló una campaña institucional en medios de comunicación que contribuyó a la libertad y la secrecía del voto; para ello, dentro del Programa Estratégico para el Proceso Electoral 2006 de esta Fiscalía, se estableció realizar cuatro programas: 1) Programa de publicaciones, para difundir materiales impresos de derechos políticos y obligaciones de los ciudadanos; 2) Programa de distribución de materiales en todo el territorio nacional; 3) Programa de spots de radio y televisión, tendientes a prevenir el delito electoral y generar certeza en la legalidad del proceso electoral, y 4) Programa de teleconferencias, para elaborar materiales audiovisuales de prevención de delitos electorales y transmitirlos en espacios oficiales. Optimización de recursos de procuración de justicia penal electoral. Una de las tareas que de manera permanente ha llevado a cabo la Fiscalía es un programa de actualización para los

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agentes del Ministerio Público del fuero común y federal en materia de delitos electorales, además de instrumentar el Sistema Informático de Atención a Denuncias de Delitos Electorales (SADDE) para agilizar y hacer cada vez más eficiente la recepción y atención de quejas y denuncias de la ciudadanía. En este sentido, la Fiscalía ha establecido el compromiso público de dar respuesta a cada una de las denuncias que reciba, en un plazo máximo de seis meses. Instrumentación legal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La Fiscalía implementó una serie de acciones por medio de una campaña informativa, la cual consistió básicamente en materiales de difusión sobre cuáles son las conductas que pueden constituir algún delito electoral, cómo prevenirlas y denunciarlas. Acciones para apoyar la jornada electoral del 2 de julio de 2006. Durante la jornada electoral del 2 de julio, la Fiscalía implementó un dispositivo especial que consiste, entre otras acciones, en comisionar a un agente del Ministerio Público de la Federación en cada uno de los 300 distritos electorales que existen en el país, designar a peritos especializados en todas las entidades federativas y el despliegue en todo el territorio nacional de la AFI. Atención a medios de comunicación en nuestro país. El programa de información tuvo como principio garantizar el acceso pleno de los medios de comunicación a la información pública que genera la Fiscalía y comunicar oportunamente a la ciudadanía las actividades desarrolladas; es por ello que entre las acciones que se plantearon están la realización de: entrevistas, comunicados y conferencias de prensa; actualización de la página de internet, y acercamiento con líderes de opinión y periodistas. 3.7.4. Jornada Electoral 2006 Durante la jornada electoral del 2006, la FEPADE realizó las siguientes actividades: a) Despliegue ministerial: Se comisionó a 72 servidores públicos de la FEPADE en las nueve entidades federativas con elecciones concurrentes y 300 agentes del Ministerio Público de la Federación, en las agencias más cercanas a los domicilios de las 300 juntas distritales del IFE. b) Despliegue policial y pericial: Se solicitó a la AFI, a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales y, a la Dirección General de Servicios Aéreos desplegar personal y equipo en todas las entidades federativas para auxiliar en la investigación de cualquier denuncia sobre delitos electorales. c) Atención especializada a la ciudadanía el día de la jornada electoral: Para servicio de la ciudadanía se publicó en la página de internet de la Fiscalía, la información correspondiente a los domicilios de las agencias del Ministerio Público del fuero federal o del fuero común más cercanas a las 300 juntas distritales del IFE, con los datos personales de los agentes del Ministerio Público de la Federación que estuvieron de guardia para orientar a la ciudadanía y recibir denuncias de delitos electorales durante la jornada electoral.

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Se incrementaron las líneas telefónicas en el servicio FEPADETEL, para responder las consultas de la ciudadanía. Para la jornada electoral del 2006, se contó con 23 líneas simultáneas para responder a las consultas de la ciudadanía. d) Sistemas informáticos: Como fortalecimiento a las estrategias para atender el proceso electoral federal y los procesos electorales locales de 2006, se desarrollaron e implementaron dos sistemas informáticos, uno enfocado a la ciudadanía y el otro de administración de información inmediata. Sistema de Atención de Denuncias de Delitos Electorales (SADDE) Este sistema concentró de manera inmediata la información esencial de las indagatorias que por delitos electorales se iniciaron en las entidades federativas relacionadas con el proceso electoral federal y los procesos electorales locales del 2006. El sistema de atención de denuncias de delitos electorales operó a través de la red informática de la PGR y un equipo de cómputo designado en cada una de las delegaciones estatales de la institución, el cual fue operado por un enlace informático que contaba con una clave de ingreso y un password que sólo le permitió el acceso a las pantallas de captura, las cuales una vez requisitadas automáticamente enviaban la información al área de sistemas de la FEPADE almacenando la información en el servidor para su consulta inmediata. Para el 2 de julio, el SADDE, instalado en cada una de las delegaciones estatales de la PGR, inició su operación con cero registros a las 7:00 A.M. culminando con el registro de 63 averiguaciones previas y 43 actas circunstanciadas al cierre de las 7:00 A.M. del 3 de julio. Sistema de Predenuncias de Delitos Electorales (PREDEF) Este sistema se constituyó en un instrumento a fin de que la ciudadanía pudiera denunciar de manera ágil y eficaz a través de internet aquellos hechos que considerara constitutivos de un delito electoral. Para el ingreso de la ciudadanía a este sistema se dispuso de dos alternativas: 1) A través de la página de internet de la FEPADE: www.pgr.gob.mx/fepade, en el banner denominado "¿quieres denunciar?" o en el botón del menú "predenuncia". 2) De manera directa al sistema mediante la dirección electrónica www.pgr.gob.mx/fepade/predef. Asimismo, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia "CENAPI" comisionó a un equipo de trabajo, mismo que se instaló en la Fiscalía, con el que se realizó el intercambio de información respecto al desarrollo de la jornada electoral. Con lo anterior, la FEPADE afrontó el proceso electoral federal del 2006, logrando obtener resultados favorables antes, durante y después de los comicios, proporcionando

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a la ciudadanía una procuración de justicia penal electoral de manera pronta, expedita y de calidad. 3.8. Implementación del sistema de calidad en la FEPADE 3.8.1. Sistema de Gestión de la Calidad La FEPADE reordenó su planeación estratégica de acuerdo a su misión, así como el establecimiento de un programa de profesionalización de los servidores públicos y de capacitación permanente a todos los niveles, enfrentando con ello el reto de ser un pilar fundamental de la confianza ciudadana en la prevención y combate de los delitos electorales. Dentro de las estrategias emprendidas, destaca el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad con reconocimiento internacional, a través de la norma ISO 9001-2000. En 2001 se realizaron 32 procedimientos de calidad que exige la norma y se eligieron 20 procedimientos sustantivos, desde la recepción de las denuncias de conductas delictivas hasta la formulación del pliego de consignación con independencia de aquellos de carácter administrativo que sirven de apoyo para la realización de éstos. El 21 de enero de 2002, la empresa británica British Standard Institute (BSI, Inc.), otorgó el certificado con registro número FS 61750 bajo la norma internacional ISO 9001:2000 para 20 procesos sustantivos, que van desde la recepción de la denuncia hasta la formulación del pliego de consignación. Posteriormente, el 8 y 9 de julio de 2002 se llevó a cabo, por la misma empresa certificadora, la auditoría de seguimiento a los 20 procesos citados y la auditoría de certificación a otros 11 procesos, en los que se involucran el seguimiento de actuación en el proceso penal, Autorización de dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal, Reserva e Incompetencia, el Sistema de Atención Personalizada a la Ciudadanía, y el servicio telefónico gratuito de atención ciudadana denominado FEPADETEL. 3.8.2. Sistema de Alineación Estratégica Digital "DAS-G" El Modelo de Alineación Estratégica Digital-Gobierno (DAS-G) implementado en el 2002,parte del "Deber ser" del trabajo de las instituciones; es decir, de las actividades sustantivas, específicas o institucionales que cada unidad responsable identifica en la disposición legal que le da origen. En el caso específico de la FEPADE, se alinearon siete actividades específicas a cinco sustantivas de la Procuraduría General de la República (PGR) y se alinearon las 23 actividades institucionales de las cinco Direcciones Generales que conforman la Fiscalía. Asimismo, se definieron 16 líneas estratégicas específicas, con las cuales se buscó la vinculación entre esta unidad responsable. En las funciones particulares de cada unidad administrativa se definieron 30 procesos y 19 proyectos, mismos que contribuyen a forjar un buen gobierno, requisito para superar los retos de crecimiento con calidad, desarrollo social, orden y respeto, principios que rigen la actuación de la PGR.

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Se tienen 104 indicadores de gestión para los objetivos, procesos y proyectos identificados, cada uno de ellos evaluados conforme a sus metas, lo que nos permitió calificar su desempeño. 3.8.3. Modelo de Calidad INTRAGOB El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la Fiscalía, además de incorporar los requerimientos de la norma internacional ISO9001:2000, contempla el Modelo de Calidad INTRAGOB que fue determinado por la Administración Pública para sustentar sistemas organizacionales en aspectos prioritarios que proporcionen a la sociedad satisfactores reales a sus necesidades, encaminados a una administración eficiente y efectiva para brindar productos y servicios con valor agregado, con estándares internacionales y un uso eficiente de los recursos, sin menoscabo de la calidad de vida en el trabajo y de los servicios prestados. En este contexto, el 3 de noviembre de 2003, la FEPADE se hizo acreedora al Premio INTRAGOB 2003. Durante el ejercicio 2004, la FEPADE logró cambiar la forma de manejar su administración, la cual se regía bajo el enfoque de procesos a un modelo de dirección por calidad y que se denomina "Modelo de Calidad Intragob". Para la implantación del modelo de calidad total, se llevó a cabo una estandarización de los procesos y procedimientos que produjo como resultado una mejora en la calidad de la operación y de los resultados. Mediante su aplicación se logró una optimización de recursos humanos, financieros y materiales, que generó una reducción en el costo final de nuestros servicios. Entre las acciones emprendidas en 2004 por la Fiscalía, se encuentran la revisión y evaluación de los procesos y la reingeniería de los mismos, lo que permitió a los agentes del Ministerio Público de la Federación desarrollar sus actividades bajo esquemas definidos para ésta y su nivel de responsabilidad; lo anterior permitió alcanzar en el 2004 dos de las tres etapas para el "Premio Nacional de Calidad". En el 2005 se mantuvo el "Sistema de Gestión de la Calidad" con un enfoque de calidad total, lo que permitió que se obtuviera la recertificación de la Norma ISO 9001:2000. El 9 de noviembre, en el marco de la 5ª Semana Nacional de Innovación y Calidad en la Administración Pública, la FEPADE recibió de manos del C. Presidente de la República el Reconocimiento Innova 2005, en la categoría de Prácticas de Innovación con Impacto Directo a la Ciudadanía, puesto que la FEPADE puso en marcha el "Sistema Integral de Apoyo a la Democracia" (SINADE), que involucra la prevención y difusión de los delitos electorales federales, la capacitación especializada de los agentes del Ministerio Público de la Federación, el apoyo ministerial, así como diversas acciones para antes, durante y después de las jornadas electorales locales, para fortalecer en la ciudadanía el valor de la democracia, crear la cultura de la legalidad y la denuncia, además de propiciar la transparencia en la utilización de los recursos y la equidad en los procesos democráticos.

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El 2006 fue el año de la consolidación del Modelo de Calidad implementado desde el 2001. El haber desarrollado los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 potenciado con referencia de la Norma ISO 9004, inició la cultura de la calidad en el servicio con un enfoque hacia los procesos institucionales, la innovación y la mejora continua. Este hecho se ha visto fortalecido con apropiación de los principios del Modelo de Calidad Nacional para la Calidad Total y del INTRAGOB. 3.9. Programa de Seguridad y Control de la Información En el 2001 se conformó un grupo de seguridad en la Fiscalía, integrado por representantes de cada una de las áreas cuya función fue difundir y supervisar la implementación de las medidas de seguridad previstas en la Guía de Seguridad y Control de la Información Institucional. Estas actividades comprenden seguridad de personal, seguridad en los documentos, seguridad en las instalaciones, seguridad en los sistemas informáticos y seguridad del funcionario (C. Fiscal). En sesión del Comité de Seguridad, de 22 de noviembre de 2002, se dio vida a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, la cual se integró con los mismos representantes de cada una de las áreas que conforman el Comité de Seguridad de la FEPADE, para dar cumplimiento al punto correspondiente de la norma internacional ISO 9001:2000, planteándose sesiones mensuales de acuerdo al calendario que se determine en el Programa Operativo Anual de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y de la Unidad Interna de Protección Civil. A partir de este Programa se tuvo la supervisión por parte de la Dirección de Protección Civil y, de conformidad con el Programa de Protección Civil de la SEGOB,en la FEPADE quedó debidamente señalizada la ruta de evacuación, se verificó que los hidrantes y extintores se encuentren en estado óptimo de operatividad, y se delimitó la zona de seguridad en el exterior del edificio. Se capacitó a la totalidad del personal de la FEPADE en la filosofía de las 5 S's, lineamientos que representan acciones para tener un lugar digno y seguro donde laborar y que simultáneamente constituyan una estrategia en el manejo directo de documentos y archivos en la Fiscalía.26 Se cumplió con las normas mexicanas de seguridad y de las cuales se lleva a cabo la verificación anual: NOM-026-STPS-1998 NOM-001-STPS-1999 NOM-002-STPS-2000 Asimismo, desde 2005 en la Fiscalía se lleva a cabo el Programa de Seguridad, Orden, Limpieza y Ecología (Programa SOLE), el cual verifica: El resguardo y mantenimiento en buen estado del mobiliario, equipo y herramientas que han sido asignadas a cada trabajador para el desempeño de su trabajo. 26

Se llama estrategia de 5 S´s porque son acciones que se representan en cinco palabras japonesas y que sintetizan la creación de un lugar digno y seguro para trabajar. La aplicación de esta estrategia permite: generar una cultura organizacional; mejorar las condiciones de seguridad; reducción en las pérdidas y mermas por producciones por defecto; tiempos de respuesta más cortos; aumento de la vida útil de los equipos; y establece mecanismos de calidad. La 5 S´s representan lo siguiente: Seiri: clasificar (desechar lo que no se necesita); Seiton: ordenar (un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar); Seiso: limpiar (limpiar el sitio de trabajo y los equipos); Seiketsu: mantener (preservar altos niveles de organización, orden y limpieza); Shitsuke: disciplina (crear hábitos basados en las 4´S anteriores).

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La observación de que en el área de trabajo sólo haya documentos y herramientas de trabajo que se ocupen; por lo que al final de cada jornada laboral y a la hora de comida, el área de trabajo debe quedar completamente recogida, limpia y sin herramientas. Que los equipos de cómputo y las luces de cada área estén apagadas al final de la jornada laboral. Que los artículos personales sean guardados de tal manera que no sean visibles, además de que no se coloquen o peguen objetos o documentos en el mobiliario. Se evite el reciclado de documentos a fin de guardar la secrecía en la información y evitar la utilización indebida de documentos confidenciales. Se dé uso adecuado a los despachadores de jabón, papel higiénico y de manos, así como evitar el desperdicio de agua. Que en las áreas de la Fiscalía no se usen palabras altisonantes o lenguaje que pudiera ser ofensivo o irrespetuoso a otras personas. Cabe señalar que el pasado 15 de septiembre de 2006, personal de la Unidad Interna de Protección Civil de la FEPADE27 participó, a invitación de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Institucional de la PGR, en el curso denominado: "Prevención y combate de incendios" con las siguientes prácticas: Explicación sobre generalidades del fuego, su clasificación, técnicas para combatirlo y tipo de extintores. Manejo de extintores en simuladores con fuego real a cielo abierto. Participación por grupos en simuladores también con fuego real, para revisiones físicas de sitios siniestrados (casa en llamas). Salvamento de lesionados en sitios siniestrados al ras del piso, en situaciones similares a hechos reales. Salvamento de lesionados con maniobras de descenso en inmuebles. Utilización de equipo de bomberos e hidrantes, para controlar y combatir el fuego en tanques siniestrados de gas, con capacidad de 2 mil 500 kilogramos, con fuego real y con participación directa por equipos o brigadas. Con este tipo de prácticas se otorgan mayores conocimientos a la Unidad Interna de Protección Civil de la FEPADE, a fin de que se desarrollen con mejor eficacia en situaciones de emergencia que pudieran presentarse en la Fiscalía. En materia de seguridad informática, destaca la modificación periódica de las claves de acceso a todos los equipos de cómputo,actualización periódica de los programas antivirus y reuniones con el personal responsable de la PGR para optimizar el funcionamiento de la red y mejora operativa. 27

La Unidad Interna de Protección Civil se constituyó el 22 de noviembre del 2002, los objetivos de dicha Unidad son: integrar y formalizar la unidad interna de protección civil; elaborar el programa de protección civil de la Fiscalía; preparar y promover la impartición de cursos de capacitación a los integrantes de las brigadas internas de protección civil; elaborar el diagnóstico de riesgos a los que está expuesta la zona donde se ubica el inmueble; elaborar planes de emergencia adecuados a los que está expuesto el inmueble; definir áreas o zonas de seguridad internas y externas; realizar simulacros cuando menos cada tres meses; elaborar e implementar medidas de prevención para cada tipo de calamidad, de acuerdo al riesgo potencial al que está expuesto el inmueble; elaborar y distribuir material de difusión y concientización para el personal que labora en la dependencia; programar y realizar ejercicios y simulacros; establecer acciones permanentes de mantenimiento de las diferentes instalaciones del inmueble; determinar e instalar el equipo de seguridad en el inmueble; aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mínimo la incidencia de riesgos del personal y los bienes del inmueble en general; remitir informe trimestral de las actividades realizadas a la Dirección de Protección Civil y Seguridad Institucional de la PGR a fin de que la misma esté en condiciones de informar a la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

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3.9.1. Otras bases de datos de control de las acciones realizadas en FEPADE Manteniendo una política de seguridad y rendición de cuentas derivada de los objetivos plasmados en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, la FEPADE consideró conveniente y necesaria la creación de bases de datos que tuvieran como fin mantener registros útiles para la Fiscalía en su operación institucional, mismas que fueron implementadas como proyectos de sistematización de información: a) Control de Gestión SIGES-FEPADE Esta base de datos tiene como objetivo llevar el control y registro de los turnos emitidos por la Fiscal por conducto de su secretario particular hacia todas las áreas de la FEPADE. Con esta base de datos se logra llevar el seguimiento de los trabajos pendientes de cada una de las áreas de la Fiscalía y permite generar reportes sobre los turnos desahogados y pendientes de éstas. SIGES-FEPADE permite informar con oportunidad a la Fiscal el seguimiento del quehacer administrativo de las áreas que integran esta Fiscalía, así como proveer un medio electrónico para almacenar y consultar toda la información relevante desde el origen de una instrucción superior y de todas las acciones por las cuales se da cabal cumplimiento. b) Medios de Comunicación La base de datos "Medios de Comunicación" se constituyó para tener el control estadístico de todos aquellos eventos relativos a conferencias de prensa, artículos periodísticos o entrevistas generadas con diversos medios de comunicación, que tienen que ver con el desempeño, imagen y seguimiento de los asuntos competencia de esta Fiscalía. Con esta base de datos se emiten reportes estadísticos mensuales sobre el tiempo y frecuencia dedicados por la FEPADE a cada medio de comunicación. c) FEPADE Capacita Esta base de datos tiene como finalidad llevar el registro de los distintos eventos que organiza y en los que participa la FEPADE, como son: conferencias, cursos, talleres, entre otros. Actualmente se generan reportes de los eventos que se llevan a cambio y se remiten a las diferentes áreas de la FEPADE y de la PGR. d) Control de Visitas o Sistema Informático de Atención Personalizada a la Ciudadanía A través de esta base de datos se mantiene un registro pormenorizado de las personas que visitan esta institución, otorgando así un servicio personalizado e identificando un porcentaje del nivel de requerimiento de la ciudadanía a la misma. Asimismo, se establece un medio de evaluación a la atención al ciudadano la que permite identificar el nivel de usuario y calidad de los servicios prestados. e) Sistema Informático Salidas Electrónicas Este sistema permite almacenar y reportar la información de las salidas temporales de los servidores públicos que laboran en esta Fiscalía Especializada con motivo de comisiones autorizadas por altos funcionarios de esta Unidad Administrativa.

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f) Sistema Informático Directorio Automatizado y de Combinación (DAC) Este sistema simboliza la mejora en la logística laboral de los funcionarios teniendo como prioridad utilizar información rápida, homologada y disponible dentro de los alcances de seguridad aplicados. Este sistema permite consultar y explorar a la Fiscal una base de datos que concentra los directorios telefónicos y de directores, de todas las áreas que integran esta Fiscalía, con datos de las personas e instituciones a los que se dirige documentación, con el objeto de disminuir sustancialmente tiempos en la construcción de correspondencia masiva. g) Sistema Informático Administrativo Contempla el control de información de las diversas áreas que integran la Coordinación administrativa, mismo que permitirá conocer toda la información inherente a cada uno de los empleados que labora en esta Unidad, la cual contiene datos como nivel, puesto, percepciones, fecha de ingreso, adscripción, promociones, licencias médicas y control de asistencia, entre otros. De igual forma, se puede monitorear en todo momento el estatus que guarda el personal comisionado, averiguación o proceso en los que ha intervenido, la duración de las comisiones, viáticos otorgados, comprobación realizada, medio de transporte utilizado, consumo de combustible utilizado y kilometraje recorrido en el desarrollo de la comisión encomendada. 3.9.2. Programa de capacitación Mediante la capacitación integral se prepara a los servidores públicos especializados en combatir delitos electorales para que actúen con un elevado sentido de responsabilidad y sirvan así a la sociedad. Como parte de las actividades de capacitación a lo largo de 2001 se realizó lo siguiente: Se estructuró con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el primer Diplomado en Materia de Delitos Electorales Federales, con una duración de 120 horas. Se capacitó al personal de la Fiscalía en el manejo del Sistema de Control de Procedimiento Penal "PROCURA", el cual tiene como objetivo llevar un control eficiente sobre la averiguación previa y el proceso. Se impartió una conferencia sobre derechos humanos al personal ministerial y de estructura con el apoyo del INACIPE y la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR. El Centro de Capacitación Laboral de la FEPADE capacitó al personal administrativo con cursos de ortografía, mismos que tuvieron una duración de 300 horas. La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la PGR capacitó a 147 servidores públicos en 45 cursos para el manejo de software, haciendo un total de 2 mil 900 horas de capacitación. Se realizaron cursos y visitas a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE) impartió dos pláticas de actualización sobre las modificaciones que sufrió la credencial de elector en el año 2001.

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Cabe destacar que previo a la contratación de personal ministerial, fue requisito la presentación y aprobación de los exámenes aplicados por el Centro de Control de Confianza de la Institución y el INACIPE. De esta forma, a lo largo de 2001 se lograron 13 mil 840 horas de capacitación. En 2002 se logró un alto nivel de capacitación y profesionalización del personal, contando con el apoyo de los órganos encargados de la capacitación en la FEPADE así como de otras dependencias públicas y privadas. Con este Programa se capacitó a 99 por ciento del personal adscrito a la FEPADE, acumulando un total de 21 mil 393 horas de capacitación en 152 eventos. En 2003 se elaboró un programa denominado Capacitación FEPADE 2003, en el cual se tuvo todo un procedimiento de detección de necesidades reales de capacitación, involucrando a los mandos medios y superiores, personal ministerial y administrativo; realizando una calendarización de cursos, talleres y seminarios, con el apoyo de los órganos internos encargados de la capacitación. En este año se capacitó a 328 personas, entre mandos superiores, medios, personal ministerial y administrativo, lo que representa el 100 por ciento del personal de la Fiscalía, acumulando un total de 11 mil 534 horas en capacitación especializada. En 2004 el Consejo de Profesionalización, el cual es un cuerpo colegiado institucional que regula lo relativo al personal sustantivo en lo referente al Servicio Civil de Carrera de la PGR, participó en 12 reuniones ordinarias y cinco extraordinarias, así como en 12 reuniones de la Comisión de Estudio del propio Consejo. Entre los proyectos en los que participó esta Fiscalía para su redacción y revisión, se encuentra el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal; los lineamientos para la rotación del personal Ministerial, Policial y Pericial; las reglas de operación del Consejo de Profesionalización, y la definición de los perfiles y competencias laborales de los agentes del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, en 2004, la FEPADE aplicó a todo el personal un instrumento de recopilación de información denominado "Cuestionario para la Detección de Necesidades de Capacitación 2004" que permitió detectar los requerimientos de actualización. A partir de los resultados de aplicación del "Cuestionario para la Detección de necesidades de capacitación 2004", las actividades de capacitación se agruparon en tres rubros, que son: Especialización Capacitación institucional Capacitación en informática De esta forma, durante 2004 se capacitó a 285 servidores públicos, entre mandos medios y superiores, personal ministerial y personal administrativo; lo que significó atender al 97.08 por ciento del total del personal de la Fiscalía, acumulando un total de 17 mil 700 horas, entre cursos, seminarios y talleres que en conjunto sumaron 153 eventos.

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Para el registro y documentación de los avances en este rubro se creó la base de datos "Capacitación FEPADE 2004", la cual contiene la información precisa de los cursos que se impartieron en el año; el personal capacitado; la instancia encargada de la capacitación; el tiempo que duró; en qué horas se tomó, y las horas que acumuló cada persona. En 2005 la FEPADE sustentó su Programa de capacitación en la evaluación técnicojurídica, aplicado al personal ministerial con apoyo del INACIPE, así como en la evaluación del desempeño, llevada a cabo por el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano (CEyDH) de la PGR. Con estos elementos se diseñó el sistema "Capacita FEPADE 2005", que permitió medir con mayor precisión las áreas de oportunidad en el ámbito del conocimiento y en el desarrollo del desempeño de cada uno de nuestros servidores públicos sustantivos para, de esta manera, enfocar los insumos de capacitación a las necesidades reales detectadas. En 2005 se logró que el personal de la Fiscalía se capacitara y especializara en un 94 por ciento, incluyendo mandos medios y superiores, personal ministerial y personal administrativo, acumulando un total de 20 mil 193 horas de capacitación, divididas en cursos, seminarios y talleres que en su conjunto sumaron un total de 156 eventos de capacitación. En 2006 la capacitación se sustentó nuevamente en el "Sistema de Capacitación FEPADE", cuyo objetivo es medir la efectividad del avance del conocimiento teórico-jurídico del personal ministerial a través de la evaluación técnico-jurídica que el INACIPE aplica anualmente a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía. Con esta evaluación se logró detectar las áreas de oportunidad relacionadas con los temas en los que el personal ministerial presentó debilidad, lo que conjugado con la evaluación de desempeño que el CEyDH aplicó al personal, permitió enfocar la capacitación especializada logrando así mayor eficiencia al programar los cursos para el personal ministerial. De enero a diciembre de 2006 se logró capacitar al 100 por ciento del personal de la Fiscalía, incluyendo mandos medios y superiores, así como personal ministerial y administrativo, acumulando un total de 14 mil 429 horas de capacitación, dividido en cursos, talleres, especialidades y posgrados que en su conjunto sumaron un total de 77 eventos de capacitación. 3.9.3. Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción A partir del 1º de enero de 2001 la PGR estableció el Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC). En este sentido, la FEPADE realizó un diagnóstico a fondo para detectar sus áreas susceptibles de ser permeadas por la corrupción.

Este Programa estableció como objetivos para la FEPADE: Asegurar que la actuación de los servidores públicos encargados de las averiguaciones previas, procesos y amparo se realice conforme a Derecho.

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Alcanzar un aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales y financieros. Establecer controles de seguridad de la información y documentación general en la institución. Incrementar el nivel de especialización en la materia de delitos electorales federales y difundir entre el personal las responsabilidades que tienen como servidores públicos ante la sociedad. Reasignar actividades sustantivas en materia de procuración de justicia penal electoral para que ésta se realice de manera eficaz e imparcial. Contar con una nueva estructura que permita la coordinación con áreas intra y extra institucionales. Procurar mejorar las remuneraciones para los servidores públicos de la FEPADE. En este contexto, algunas acciones que se realizaron en el 2001 fueron: Estandarizar los procesos de integración de la averiguación previa: Se emitió el Acuerdo FEPADE A/01/01, mediante el cual se dispone la creación de mesas de trámite para la integración de la averiguación previa, y se publicó la Circular FEPADE C/01/01, en la cual se establece la forma de notificación a los denunciantes de las propuestas de reserva y no ejercicio de la acción penal. Difusión de las sanciones, delitos y responsabilidades en los que puede incurrir el servidor público: Se difundieron mediante carteles en lugares visibles las instancias a que puede acudir la ciudadanía en caso de posibles quejas contra el personal. Además se distribuyó a todos los empleados La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Reforzar los órganos de control, inspección y supervisión de la institución: La FEPADE fue objeto de una reestructuración, por lo que el 1º de noviembre de 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. Reconocimiento y estímulos al desempeño, a la constancia y a la probidad y honradez del personal. En concordancia al Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, en el sentido de fortalecer los recursos humanos a través de la mejora salarial y estímulos al desempeño, se desarrollaron proyectos y programas institucionales que, previo estudio y análisis de la viabilidad de los mismos, permitieron mejoras salariales por su desempeño al personal sustantivo. En 2002, la FEPADE instrumentó diversas acciones de carácter permanente tendentes a identificar y combatir las posibles conductas irregulares, tales como: retrazo en la integración de las averiguaciones previas, que puede traer como consecuencia un rezago en las indagatorias; falta de seguimiento y control en los procesos penales. Para combatir lo anterior, se establecieron una serie de acciones específicas, como la supervisión permanente de los mandos en la integración de las indagatorias y el seguimiento de los procesos penales, la realización de auditorías internas y la sujeción a auditorías externas del Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000.

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Para 2003 la FEPADE solicitó la autorización para que los servidores públicos presentaran declaración patrimonial, a fin de que la información fuera publicada en la página web de la institución; de igual forma, se implantó el Curso Básico de Derechos Humanos dirigido al personal ministerial como parte de las estrategias para transparentar su función; finalmente se participó en la Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En 2004 la FEPADE participó en la implementación institucional del "Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción 2004", a través de la definición y seguimiento de los procesos críticos de "Integración de la Averiguación Previa" e "Intervención, Control y Seguimiento de Procesos Jurisdiccionales", comprometiéndose ante la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC), a cumplir con las metas propuestas para los indicadores de resultados. Para cumplir con el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) se diseñaron las siguientes acciones específicas: 1) Supervisar la integración de averiguaciones previas para prevenir conductas irregulares; 2) Llevar una bitácora de registro para cada una de las averiguaciones previas que se tramitan, no detectándose conducta irregular alguna por parte de los servidores públicos; 3) Realizar auditorías internas y externas de los procesos certificados; 4) Cumplir con las evaluaciones periódicas del personal en el CEyDH de la PGR, teniendo resultados positivos de "apto" para el personal que fue evaluado; 5) Cumplir con las evaluaciones periódicas del desempeño del personal ministerial; 6) Aplicar instrumentos de medición de percepción del cliente; sobre este tema, se enviaron a distintas dependencias federales y estatales, así como a otros organismos, 300 cuestionarios para medir la percepción del cliente sobre el servicio de la FEPADE, de los cuales se recibieron 221 que permitieron determinar la existencia de una percepción favorable. En el ejercicio 2005 la FEPADE participó en la instrumentación del POTCC 2005 de la PGR, en el que se establecieron 17 indicadores de resultados y se redefinieron los nuevos factores de reto. En el mes de octubre de 2005 se generaron los indicadores de resultados para el "Programa Complementario de Fortalecimiento Institucional para Prevenir y Combatir la Corrupción e Impunidad", cuyas expectativas se fundaron en: Establecimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano. Procesos operativos, sustantivos y administrativos mejorados/programados. Aplicación permanente del programa denominado de las 5's (En español: Seleccionar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y dar Seguimiento). Realizar monitoreos y auditorías internas. Control y seguimiento de indicadores de gestión. En el 2006 la FEPADE participó en la instrumentación del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 2006 de la PGR, en el que se establecieron indicadores de resultados y se elevó el factor de reto.

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3.9.3.1. Código de Valores El 30 de abril de 2003 se creó el Código de Ética de la Administración Pública Federal y el Decálogo de Conducta de la PGR, este último fue aprobado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, difundiéndose a partir del 24 de mayo de 2002, estableciéndose como valores los siguientes: institucionalidad, honorabilidad, responsabilidad, congruencia, colaboración, lealtad, prudencia, actitud más aptitud, unidad de acción y respeto al trabajo de los demás. Consecuentemente, la conducta de los servidores públicos se debe regir en los principios establecidos para conducir su desempeño en la institución que tiene el propósito de garantizar y promover el más alto grado de honestidad y moralidad en el ejercicio de nuestras funciones, que redunden en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, el 30 de abril de 2003 se celebró el taller de valores coordinado con la Secretaría de la Función Pública, en el que participaron los servidores públicos adscritos a la FEPADE, donde se consensó el "Código de Valores" que deben observar los integrantes de la Fiscalía durante el desempeño de sus funciones. Este ejercicio permitió, además, definir los compromisos que deben ser parte de los objetivos de los integrantes de la FEPADE, determinando lo que se debe o no se debe hacer ante cualquier circunstancia. Este Código de Valores tiene como finalidad que los servidores públicos que laboran en la FEPADE se desempeñen en un ambiente de cordialidad, armonía, trabajo en equipo y calidad, marco de una cultura de servicio que nos identifique como la mejor práctica en la procuración de justicia penal electoral federal. Dicho Código contiene el concepto de cada uno de los valores, el compromiso que asumirá cada servidor público que forma parte de la FEPADE, así como el deber ser que debe aplicar día a día en su quehacer institucional, los conceptos directrices son los siguientes: Justicia, Imparcialidad, Respeto, Honradez, Responsabilidad, Integridad, Lealtad, Transparencia, Tolerancia y Disciplina. A fin de vigilar el cumplimiento del Código de Valores; recibir y evaluar las quejas y sugerencias relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento del Código de Valores; así como emitir las recomendaciones que en su caso procedan de la inobservancia de dichos valores, se creó un Comité de Valores. El comité de valores de la FEPADE está integrado por servidores públicos de la Fiscalía que han mostrado seriedad, compromiso y profesionalismo en el quehacer cotidiano, así como ser propositivos y participativos en la búsqueda del beneficio colectivo.28 3.9.3.2. Reconocimiento en la integridad del servidor público En el año 2004 se instauró el "Reconocimiento en la integridad para los servidores públicos de la Procuraduría General de la República", mismo que se dirige a los servidores 28 El Comité de Valores está conformado por un vocal presidente, cinco vocales y un Secretario Técnico (Director General Jurídico en Materia de Delitos Electorales). Los seis son elegidos simultáneamente con un suplente respectivamente. La permanencia de los servidores públicos de la FEPADE en el Comité es de un año y podrán ser reelegidos por un periodo similar

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públicos que lleven más de tres años de servicio y hayan demostrado una conducta apegada a los principios de integridad, honradez, imparcialidad, justicia, igualdad, respeto, liderazgo y generosidad. 3.9.3.3. Carta Compromiso del Ciudadano 2005 Con la implantación del Modelo de Calidad Total de la Fiscalía, se alcanzaron mayores niveles de eficacia y eficiencia que permitieron el cumplimiento de metas. En ese mismo sentido, la Fiscalía, a través de un trabajo colegiado, decidió formalizar en el 2005 el compromiso de servicio y de trabajo con la ciudadanía, fijando los estándares operativos para garantizar una atención de calidad a los ciudadanos que acuden a la FEPADE a presentar denuncias en materia electoral federal. El establecimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) de la Fiscalía, está dirigida al trámite de la averiguación previa en materia de delitos electorales federales, y a través de esta Carta se han fijado compromisos de servicio y de mejora, acordes con las demandas legítimas de la ciudadanía, todo ello bajo el principio de transparentar la procuración de justicia en materia penal electoral federal. El trámite de la averiguación previa en materia electoral federal, integrado a la Carta Compromiso al Ciudadano de la Procuraduría General de la República,fue aprobado por la Secretaría de la Función Pública el 28 de septiembre de 2005; lo que motivó que la dependencia recibiera el premio "Sebastián" de manos del Presidente de la República, el 9 de noviembre de 2005. En virtud de que corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el seguimiento y verificación de los compromisos de la CCC, se diseñó una metodología para que Organizaciones de la Sociedad Civil evaluaran a través de monitoreos periódicos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Fiscalía en las CCC. En este sentido, en el 2006 se realizaron Monitoreos Ciudadanos de firma trimestral por las organizaciones: Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.; Centro de Estudios e Implantación de Políticas Públicas, A.C., y Movimiento PROVECINO, A.C. Los resultados fueron 25 oportunidades de mejora, las cuales, a la fecha han sido atendidas en tiempo y forma. Asimismo, el nivel de cumplimiento de los estándares de la Carta Compromiso se publicaron en el portal de calidad de la SFP.29 3.9.4. Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en Elecciones Locales El 26 de noviembre de 1999 en el marco de la VIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR celebró un Acuerdo de Colaboración con la Procuraduría General de Justicia 29 Respecto al estándar de Oportunidad (recepción de la denuncia en 2 hrs., aviso de inicio en 2 días hábiles, y determinación en 10 días hábiles) la Fiscalía tuvo 99 por ciento de cumplimiento; en Confidencialidad (sólo se permitirá la consulta del expediente al inculpado, defensor, víctima, ofendido o representante legal) el nivel de cumplimiento fue del 100 por ciento; en torno a los estándares de Honestidad (nadie debe solicitar dinero, dádivas o favores a cambio del trámite); Amabilidad (el 100 por ciento de la FEPADE debe atenderlo con cortesía, respeto, disposición y resolver sus dudas); Competencia (todo el personal de la Dirección General de Averiguaciones Previas está capacitado y especializado en materia penal electoral federal) el nivel de cumplimiento se mantuvo sin quejas.

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del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Militar y las procuradurías generales de los estados. Mediante este instrumento la PGR da intervención a la FEPADE para facilitar la atención de los asuntos que se rigen con motivo de las denuncias formuladas por la probable comisión de delitos electorales, tanto del fuero federal como del fuero común. El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2000. El Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en Elecciones Locales operó a partir de mayo de 2001, en lo general a través de este Programa se han atendido las denuncias que se hagan del conocimiento por la probable comisión de delitos electorales del fuero común, así como llevar a cabo un Programa conjunto de información y difusión de los delitos electorales, tanto federales como locales, con el propósito de prevenir eficazmente su comisión; aunado a lo anterior, el Programa contiene tres tipos de acciones: Acciones operativas: 1. Apoyar en el desarrollo armónico del proceso electoral, siempre con pleno respeto a la soberanía de los estados. 2. Precisar las bases de comunicación entre las procuradurías estatales y la Fiscalía antes, durante y después de la jornada electoral, para la recepción de denuncias que en auxilio de las procuradurías locales la FEPADE deberá recibir. 3. Establecer una coordinación entre la subprocuraduría de control regional, procedimientos penales y amparo de la PGR, antes, durante y después de la jornada electoral, para que giren instrucciones a las delegaciones de la PGR en los estados y actúen en coadyuvancia de las procuradurías locales. 4. Integrar el grupo de personal ministerial especializado de la Fiscalía, que deberá comisionarse para atender los procesos electorales locales. Acciones sustantivas: 1. Coordinar con la delegación de la PGR en la entidad correspondiente el apoyo para la recepción de averiguaciones previas iniciadas por denuncias de delitos electorales del fuero común, presentadas ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 2. Llevar a cabo en coordinación con las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas, conferencias, talleres y cursos para el intercambio de experiencias en materia penal electoral del fuero federal y del fuero común. 3. Proporcionar orientación y servicio de consulta en el ámbito de delitos electorales a las autoridades locales y a la ciudadanía en general. 4. Determinar la atracción de delitos electorales estatales y su relación con delitos electorales federales.

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Acciones de seguimiento: 1. Evaluar las actividades desarrolladas durante la jornada electoral para conocer si las acciones operativas y sustantivas programadas fueron las adecuadas para cumplir el objetivo. 2. Llevar a cabo un seguimiento para conocer las variantes y contingencias que se presentaron durante el desarrollo del proceso electoral. 3. Evaluar las acciones implementadas para perfeccionar estrategias en futuros procesos electorales. Con estas acciones, la Fiscalía estuvo en aptitud de atender quince procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios en diferentes entidades de la República durante 2001. En 2002, en el contexto del Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en Elecciones Locales se realizaron las siguientes acciones: Se dictaron conferencias, talleres y cursos, que tuvieron por objeto capacitar a autoridades electorales locales, agentes del Ministerio Público del fuero federal y del fuero común, y otras autoridades estatales y municipales, así como a organizaciones de la sociedad civil y en general a la población. Estos cursos versaron sobre el conocimiento, la prevención, la denuncia y la persecución de los delitos electorales, así como la estructura de la FEPADE. Asimismo, en 2002 la FEPADE intervino en apoyo a las procuradurías estatales en los procesos electorales locales para elegir diputados y ayuntamientos en los Estados de Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo, Nayarit, Coahuila y Guerrero, en elecciones ordinarias, y en Tlaxcala, Chihuahua y Puebla, en elecciones extraordinarias, en las que se eligieron a 181 diputados y 232 presidentes municipales. Para apoyar antes, durante y después de la jornada electoral, la Fiscalía comisionó a directores de área, agentes del Ministerio Público de la Federación y peritos en grafoscopía. Asimismo, permaneció de guardia toda la Fiscalía, al igual que el personal de las delegaciones de la PGR en los estados donde se celebraron elecciones. En 2003 la FEPADE intervino como apoyo de las procuradurías estatales en los procesos electorales locales para elegir gobernadores, diputados y ayuntamientos en las siguientes entidades: En las elecciones ordinarias del Estado de México, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco y Tabasco. En las elecciones extraordinarias de los municipios de San Salvador Atenco, Chalco y Tepotzotlán, Estado de México, y en Abasolo, Nuevo León, el 12 de octubre. En las elecciones extraordinarias del municipio de Granados del estado de Sonora, del 30 de noviembre, y en las elecciones ordinarias en segunda vuelta celebradas el 30 de noviembre en los municipios de Xilitla, Soledad de Graciano Sánchez, Mezquitil de Carmona y Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. En la elección extraordinaria en el estado de Colima, celebrada el 7 de diciembre y,

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En la elección extraordinaria de los distritos electorales federales 06 de Coahuila y 05 de Michoacán,del 14 de diciembre,siempre con respeto a la soberanía de las entidades federativas. En 2004 la FEPADE estructuró y presentó un plan de trabajo con sus aliados estratégicos en los tres niveles de gobierno, para apoyar a las 14 entidades federativas que celebraron 15 procesos electorales, mediante acciones de prevención, atención y difusión a los delitos electorales; asimismo, estas acciones se llevaron a cabo con agrupaciones políticas nacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, partidos políticos, entre otros organismos no gubernamentales, además con cada Procuraduría General de Justicia se concertó la designación de un enlace interinstitucional para el cumplimiento de los objetivos. En ese mismo año se atendieron los procesos electorales locales para elegir 10 gobernadores, 484 diputados y mil 218 presidentes municipales en los estados de Yucatán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala. Se realizaron cursos prácticos; talleres de Diligencias Básicas; talleres sobre delitos electorales; se impartieron conferencias en las entidades que tuvieron proceso electoral, en algunos casos fueron acompañadas de ruedas de prensa o entrevistas en radio y televisión. La titular de la FEPADE dirigió pláticas presenciales y a distancia, mediante las cuales sensibilizó y concientizó a la ciudadanía sobre la importancia de la participación política electoral y el conocimiento de los delitos electorales para que, en su caso, fueran denunciadas. La labor de la Fiscalía no culminó con los procesos electorales ordinarios celebrados en estas entidades, su tarea se hizo extensiva al apoyar las jornadas electorales extraordinarias de los estados de Jalisco, Zacatecas y Yucatán. Además de coadyuvar en los procesos electorales de 2004, la Fiscalía comenzó en el mes de mayo una serie de actividades de difusión y prevención de los delitos electorales, con los estados que iniciaron su proceso electoral y cuyos comicios ordinarios tuvieron verificativo en el mes de febrero de 2005. La Fiscalía fomenta la cultura del voto y la prevención de los delitos electorales, con temas referentes al abstencionismo, a la compra y coacción del voto, los delitos electorales y su relación con los programas sociales, democracia, Estado de Derecho y justicia electoral, entre otros. Particularmente, en el 2005, la Fiscalía atendió 9 elecciones ordinarias y 5 extraordinarias. Un punto central del Programa de Apoyo a Elecciones 2005 fue la atención a la ciudadanía en los estados donde se celebraron elecciones, mediante la orientación y atención a denuncias por delitos electorales presentadas durante estos comicios. Para brindar este apoyo, se llevaron a cabo una serie de acciones, entre las que destacan: Comisión de directores de área y agentes del Ministerio Público de la Federación especializados en delitos electorales para prestar apoyo a las autoridades de las entidades federativas, para orientar a la ciudadanía y recibir denuncias por posibles delitos electorales.

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Se solicitó el apoyo de personal de la AFI, así como de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, con el objeto de comisionar personal en las sedes y subsedes de las entidades federativas y auxiliar al personal ministerial de la Federación en la atención de denuncias. Se contó, en coordinación con la Dirección General de Telemática de la PGR, con sistemas y comunicaciones eficaces para mantener en óptima operación el "sistema de voz y datos" de la institución, en las sedes y subsedes delegacionales donde se llevaron a cabo jornadas electorales. Se diseñó el "Sistema de Apoyo Integral a la Democracia" (SINADE), con objeto de contribuir a la cultura de la denuncia y la legalidad en la ciudadanía, cuyas funciones inciden en los procesos electorales locales, a través de acciones de prevención y difusión, la capacitación especializada a los agentes del Ministerio Público y el apoyo ministerial antes, durante y después de las jornadas electorales locales. Dicho sistema cumple con los requerimientos de la Agenda del Buen Gobierno implantada en esta Administración Pública Federal. En 2006 se atendieron 13 procesos electorales ordinarios en el Estrado de México, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Chiapas y Tabasco y 3 procesos electorales de carácter extraordinario en el Estado de México, Coahuila y Sonora. Cabe señalar que con base en este Programa entre 2001 y 2006 se ha coadyuvado en 95 procesos electorales locales. 3.9.5. Percepción Ciudadana sobre la Fiscalía y satisfacción de cliente En la FEPADE se utilizaron dos mecanismos para poder determinar la percepción de la ciudadanía en la institución y los niveles de satisfacción por la atención. En el primero de los casos se utilizaron técnicas de investigación cuantitativa por medio de encuestas realizadas por la PGR. En 2002 se realizó la primera, dando como resultado que a la FEPADE se le identificaba como parte del IFE. Por lo anterior se realizó una estrategia de posicionamiento institucional con el objeto de transmitir a la ciudadanía que la FEPADE es una institución procuradora de justicia penal electoral y que de acuerdo a su marco regulatorio de creación tiene niveles de autonomía que le permiten actuar al margen de directrices de instituciones de gobierno o partidistas. La estrategia tuvo éxito, la medición que se realizó a finales del año 2004 determinó que un 23 por ciento de los encuestados conocía a la FEPADE.30 Del total de encuestados, el 76 por ciento tiene una percepción positiva al considerarla como institución buena o muy buena. En el segundo de los casos, en la FEPADE se realizan encuestas de atención a todas las personas que acuden a sus instalaciones. Para el 2005, la medición de los niveles de 30 Para medir el nivel de satisfacción de los servicios y conocer las expectativas sobre la Fiscalía, en el 2004 se diseñaron tres tipos de encuestas segmentadas en cinco estratos diferentes que son: "Procuradurías", "Organizaciones políticas y civiles", "Administración Pública e Instituciones Académicas", "Magistrados y Jueces" y, finalmente, "Institutos, Comisiones y Consejos Electorales".

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satisfacción estuvieron en el rango del 85 a 90 por ciento; en tanto que la calificación institucional respecto a calidad en el servicio, tiempo de atención, asesoría específica y atención a la denuncia fue calificado como "bueno". En el año de 2006 el nivel de satisfacción entre nuestros clientes alcanzó el 95 por ciento. El modelo de calidad incluye en su esquema el conocer la percepción ciudadana y la satisfacción al cliente que, a su vez, se traduce en un insumo para identificar áreas de oportunidad para mejorar el Sistema. Como resultado del Modelo de Calidad FEPADE, se ha coadyuvado a consolidar la imagen institucional de la FEPADE ante la ciudadanía. Para medir el nivel de satisfacción de los servicios y las expectativas respecto a la Fiscalía, en el 2006 se tuvo el conocimiento derivado de la "Quinta Encuesta Nacional Domiciliaria".31 El grado de conocimiento acerca de la existencia y funcionamiento de la FEPADE como institución encargada de la persecución de delitos electorales, se mantiene estable desde 2003. La Quinta encuesta establece que tres de cada diez ciudadanos la conoce o ha escuchado hablar de ella. En cuanto a la evaluación a su desempeño, predomina una calificación positiva (superando por más de 50 puntos porcentuales a la negativa). Del segmento que sabe de la existencia de la FEPADE, 7 de cada 10 personas manifiesta que es muy buena o buena, atribuyendo esta opinión primordialmente a que se han dado resultados y trabaja bien (29 por ciento), ya no hay fraudes (15 por ciento) y al control que se tiene sobre las elecciones (11 por ciento). Sin embargo, 27 por ciento de la ciudadanía no sabe o no puede dar algún motivo por el que se considera favorable la labor de la Fiscalía. A nivel regional se presentan incrementos en la opinión positiva, registrándose el mayor índice de posicionamiento en la región Centro-Occidente y el menor en la zona Centro. Es importante destacar que a pesar de que en la región Centro se registra la estimación más baja, la evaluación positiva supera por mucho a la negativa y la opinión favorable se incrementa 15 puntos porcentuales mientras que en la desfavorable se reduce 13 puntos. 3.9.6. Cooperación internacional A partir de 2004, la FEPADE trazó como uno de sus objetivos dar a conocer su quehacer a la ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas. Esta actividad ha trascendido al ámbito internacional, donde el conocimiento de nuestras instituciones electorales la han colocado como ejemplo para otras naciones. A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, del IFE y del TEPJF, recibimos delegaciones de distintos países, con quienes se ha tenido intercambio de experiencias sobre la procuración de justicia penal electoral, mostrándoles el funcionamiento y desempeño de la FEPADE. La actividad de intercambio con órganos electorales internacionales ha coadyuvado con el objetivo de dar a conocer a la FEPADE, pero también ha sido una importante oportunidad de profundizar sobre el conocimiento de otros sistemas democráticos y sus procedimientos 31

Dicha encuesta fue realizada por agentes externos a la Fiscalía.

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electorales. En este sentido, se han realizado de manera permanente actividades con embajadas acreditadas en la ciudad de México. Para las elecciones federales del 2006 se organizó conjuntamente con la Cancillería y el TEJPF de la Federación reuniones informativas con el cuerpo diplomático acreditado en México. Uno de los trabajos más activos fue con la Fiscalía de Delitos Electorales de EEUU, con quienes se trabajó en conjunto en acciones de procuración de justicia penal electoral y en visitas en conjunto donde se intercambiaban experiencias. Estas reuniones fueron muy positivas e instructivas para ambas instituciones. La actividad de la FEPADE traspasó fronteras en seminarios académicos en el extranjero. Se participó en foros realizados en España, Brasil, Argentina y República Dominicana. En estos últimos dos casos, los países convocantes estaban muy interesados en la figura de la FEPADE y tenía como objeto integrar a su sistema institucional una fiscalía con similares características. 3.10. El proceso de reingeniería del área administrativa 3.10.1. Recursos humanos En enero de 2001 en la FEPADE laboraban 245 servidores públicos, muchos de ellos concentrados en el área administrativa. El primer paso y después de la reestructuración orgánica de la institución, con el debido conocimiento y certeza de las plazas con las que se contaba, fue reubicar al personal, teniendo como criterio el rediseño de las plantillas por áreas con base a las cargas de trabajo, dando prioridad al área de Averiguaciones Previas para atender el rezago existente. Posteriormente, se decidió capacitar al personal de toda la Fiscalía en materia de: delitos electorales, procesos de calidad, informática, superación personal, administrativa y de escolaridad. La FEPADE, a partir de 2001, aumentó moderadamente su plantilla, ello en congruencia con las necesidades de operación. Para el año 2006, la planta laboral de FEPADE es de 325 plazas, de éstas, 40 de ellas son de personal temporal de apoyo y 9 más de honorarios con proyectos específicos; con este personal se logró atender las necesidades de áreas sustantivas como fue Averiguaciones Previas y desplegar a nivel nacional una campaña para la prevención de los delitos electorales. 3.10.2. Recursos financieros En 2000 la FEPADE tenía un presupuesto operativo de 2.5 millones de pesos. En sus programas de administración del gasto no existían controles para la planeación y ejecución del presupuesto, se carecía de una identificación de las partidas de los gastos, no se respetaba el procedimiento para la comprobación de gastos inherentes a los viáticos del personal comisionado. Como resultado de esto, en 2001, el Órgano Interno de Control derivó una cantidad importante de observaciones relevantes y no relevantes sobre los ejercicios 1999 y 2000; dichas observaciones fueron solventadas en su totalidad. Una de las primeras acciones fue aplicar un proceso de reingeniería financiera que permitiera la toma oportuna de decisiones y la optimización del gasto, establecer políticas internas que garantizaran la

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comprobación estricta del gasto, y registros y controles para conservar históricamente la información presupuestal y financiera, cuidando en todo momento la debida observancia de las normas aplicables. Uno de los primeros logros fue el aumento gradual del presupuesto, que obedecía a dos factores: las cargas de trabajo y el desempeño de la institución. El presupuesto tuvo un incremento sustancial en años en los que se realizaron elecciones federales (2003 y 2006). El gasto de la FEPADE fue siempre bajo la premisa establecida en la Administración Pública Federal, un gobierno transparente que cueste menos y con resultados. Una prueba de ello es que en la FEPADE se tiene una sola coordinación administrativa para atender a toda la institución, en tanto en las demás Subprocuradurías y Fiscalías de la PGR, cada dirección general cuenta con su propia coordinación administrativa. 3.10.3. Recursos materiales En 2001 la FEPADE no contaba con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades institucionalmente encomendadas. El edificio estaba remodelado como consecuencia del sismo de 1985, las instalaciones eléctricas no reunían las normas mínimas de seguridad, no había una adecuada ventilación, había filtraciones y grietas, y los espacios de trabajo eran sumamente reducidos, existía una sobrepoblación de más del 50 por ciento y no se tenía estacionamiento. A principios del 2003, el órgano Interno de Control de la PGR recomendó el cambio de instalaciones en virtud del riesgo latente en el que se encontraba el personal. En enero de 2004, después de meses de búsqueda por la coordinación administrativa, como producto de las negociaciones realizadas ante la Oficialía Mayor para obtener recursos, se logró la adquisición del inmueble actual, el que tiene como características ser un edificio moderno; con amplios espacios y las condiciones de seguridad e higiene adecuadas; con estacionamiento para el personal de mando y el resguardo del parque vehicular de la Fiscalía; con salas audiovisuales, de juntas y de atención al público, y un comedor para los servidores públicos. Para mantener en óptimas condiciones las instalaciones, se cuenta con un programa permanente de mantenimiento en coordinación con las áreas centrales y de seguridad apoyado por policía bancaria e industrial. En materia de equipo de cómputo en el 2001, únicamente el 10 por ciento del personal de la FEPADE contaba con su computadora de trabajo, misma que era obsoleta. Para 2003, el 85 por ciento del personal contaba con equipo de cómputo óptimo. En la actualidad, el 100 por ciento de personal cuenta con equipo informático de punta, con su respectiva red institucional y, en su caso, servicio de internet. En lo que respecta a mobiliario, en el 2001 existían menos de 2 mil bienes; éstos se encontraban deteriorados y no eran suficientes para todo el personal. A partir del 2004 se incorporó mobiliario nuevo e individualizado, estaciones de trabajo modernas con los espacios adecuados que permiten que el personal de la institución desarrolle sus actividades con la ergonomía acorde a la norma y en un clima adecuado. En lo que respecta al parque vehicular, en 2001 había 31 automóviles, con una antigüedad promedio de ocho años todos con más de 100 mil kilómetros recorridos, los cuales se encontraban en malas condiciones. Para 2006, se cuenta con 37 unidades de modelos recientes, tipo sedán y dos motocicletas para el desempeño de comisiones locales y foráneas.

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En 2001 eran insuficientes e inadecuados los apoyos que se otorgaban para las comisiones, incluido el combustible. A partir de 2003, al personal comisionado se le asigna el equipo necesario para su investigación, como computadoras portátiles, impresoras, cámaras digitales y videograbadoras, así como la gasolina suficiente. En materia de inventarios, esta Fiscalía ha certificado año con año el Programa de Inventarios Nacional (PIN) destacando que actualmente se cuentan 4 mil 200 bienes muebles y equipos de cómputo, los que se encuentran debidamente resguardados. Para el apoyo de los recursos humanos, materiales y financieros se desarrolló un sistema informático que permite agilizar las funciones administrativas y mantener actualizados los registros y controles con transparencia y apego a la normatividad aplicable. Como ejemplo de esto, la última revisión del Órgano Interno de Control no emitió observación alguna. 3.11. Análisis del desempeño 2001-2006 Con el fin de dar cuenta sobre la dinámica de trabajo y los cursos de acción desarrollados por la FEPADE durante el sexenio 2000-2006, el presente apartado tiene como propósito ofrecer una visión general de este ejercicio institucional mediante un análisis sincrónico de las tareas emprendidas durante el periodo en comento. Para ello, teniendo como base la misión y visión de esta Fiscalía se planteó una metodología aprovechando las herramientas que nos brinda lo que las Ciencias Económicas denominan como Series de Tiempo para analizar en términos cualitativo y cuantitativo los diferentes servicios, actividades y tareas que ésta promueve. 3.11.1. Averiguaciones previas Para analizar el comportamiento del área de Averiguaciones Previas fueron utilizadas dos variables principales; por un lado, las averiguaciones previas iniciadas y, por el otro, las averiguaciones previas atendidas.32 En primera instancia, puede verse ( Tabla 1) que entre 2001 y 2006 fueron recibidas un total de 4 mil 262 denuncias que finalmente derivaron en averiguaciones previas. Resulta interesante que únicamente 2003 y 2006, años donde fueron celebradas elecciones federales, representan casi el 55 por ciento del total de las indagatorias iniciadas (27.10 y 27.66 por ciento, respectivamente). El resto se distribuyen de manera más o menos homogénea entre los demás años, destacando 2002 como el año con menor porcentaje de averiguaciones iniciadas (9.71%) dentro del periodo de análisis. De igual manera, puede verse que fueron determinadas un total de 7 mil 123 indagatorias, donde sólo 2003 representa más del 20 por ciento del total de ellas y las diferencias entre 2002-2003 y 2005-2006, considerando que estos últimos fueron años electorales, es de alrededor de 7 puntos porcentuales. 32

Véase la nota 1 al inicio de este documento

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Finalmente, las variaciones porcentuales de las averiguaciones previas iniciadas y atendidas muestran (Gráfica 1) tendencias similares, con la excepción del periodo 2004-2005.

3.11.2. Procesos judiciales A diferencia del área de averiguaciones previas, las variaciones en el desempeño del área de Control de Procesos y Amparo no necesariamente están relacionadas estrechamente con los años electorales, debido principalmente a que la naturaleza de su trabajo está determinada por factores jurídicos y judiciales extraelectorales. En este sentido, para el análisis de esta área fueron utilizadas dos variables, por una parte, las consignaciones presentadas ante los jueces y, por otra, las sentencias dictadas por éstos. Inicialmente, puede apreciarse (Tabla 2) que en el periodo comprendido entre 2001 y 2006 fueron presentadas 516 consignaciones, de las cuales únicamente 2003 y 2005 representan casi el 40 por ciento. De igual manera, resulta interesante comparar 2001 y 2005 debido a que la diferencia entre el trabajo de ambos años asciende a más de diez puntos porcentuales, lo que ofrece un indicador del trabajo desarrollado por el área en cuatro años.

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Asimismo, conviene destacar la estabilidad de los resultados obtenidos en 2002 (16.28 por ciento), 2004 (15.89 por ciento) y 2006 (17.83 por ciento).

En relación con las sentencias, puede verse que dentro del periodo de análisis fueron dictadas un total de 335 sentencias, donde la sumatoria de 2005 y 2006 equivale a poco más de 38 por ciento y 2002 es el año con menor porcentaje de participación respecto al total (12.84 por ciento). Como lo muestra la tabla, en términos de la distribución anual, esta variable es ligeramente distinta a la de consignaciones.

Por otra parte, respecto a las variaciones porcentuales del desempeño anual del área, se observan (Gráfica 2) tendencias similares entre ambas variables, con la excepción del periodo 2001-2003. Después del proceso electoral intermedio de 2003, hubo dos decrementos importantes en ambas variables. A su vez, llama la atención que la fluctuación de la variable sentencias está por encima de la variable consignaciones durante 2003, 2004 y 2006, aunque cabe aclarar que debido a la naturaleza del proceso judicial para sentenciar inculpados no necesariamente debe existir una relación entre las sentencias y las consignaciones. 3.11.3. Actividad Jurídico-Consultiva Para el desempeño del Área Jurídica fueron utilizadas dos variables, por un lado los dictámenes emitidos y, por el otro, las averiguaciones previas determinadas. En relación con la primera, puede apreciarse (Tabla 3) que en el periodo 2001-2006 fueron emitidos un total de

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5 mil 134 dictámenes, donde 2002 y 2005 representan los años con menor porcentaje de participación (14.14 y 14.22 por ciento) contrario a 2006 (19.59 por ciento). Respecto a las averiguaciones previas determinadas, puede verse que dentro del periodo fueron determinadas un total de 5 mil 850 averiguaciones, donde 2001, 2002 y 2005 representan los años con menor participación (14.74, 14.07 y 14.55 por ciento respectivamente) y donde 2006 representa la mayor proporción (20.09 por ciento).

En relación con las variaciones porcentuales, puede apreciarse que a diferencia de los dos análisis anteriores, las variables usadas para medir el desempeño del área jurídica no sólo presentan tendencias similares, sino también valores similares de variación, pues de 2001 a 2002 ambas variables registraron caídas (-11.57 y -4.73 puntos porcentuales, respectivamente), sin embargo, de 2002 a 2003 éstas registraron importantes incrementos de al menos 30 puntos (35.07 de dictámenes y 31.05 de determinaciones). De igual forma, para el año siguiente, estas variables registraron caídas notorias (35.61 puntos de averiguaciones y 29.87 de dictámenes), de 2004 a 2005 ambas variables registraron una nueva caída (10.80 y 18.23 de averiguaciones y dictámenes, respectivamente) y para el último periodo registraron un importante incremento de al menos 40 puntos porcentuales (40.48 y 43.30, respectivamente), poco más de 6 y 5 puntos porcentuales por debajo de los registros de 2003 en averiguaciones y dictámenes, respectivamente.

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3.11.4. Prevención del Delito Electoral y Política Criminal

En relación con el desempeño del área de Prevención del Delito y Política Criminal, fueron utilizadas las variables de eventos de capacitación y material de prevención distribuido. Es pertinente señalar que la tendencia del desempeño de esta área es el único que reportó tendencias crecientes constantes durante todo el periodo de análisis. Como puede observarse, de 2001 a 2006 fueron desarrollados un total de 4 mil 729 eventos de capacitación en materia penal electoral, distribuidos de manera estándar pues, como se señaló, el primer año representan el de menor participación (1.37 por ciento) y el último año el más alto (28.38 por ciento) registrando el mayor incremento de la distribución anual en 2003 (12.92 puntos porcentuales). A su vez, fueron distribuidos un total de 1 millón 967 mil 938 materiales durante el periodo contemplado, donde sólo 2006 representa más de la mitad (67.74 por ciento) y 2001 poco más de la mitad de 1 punto (0.51 por ciento), teniendo una diferencia en el crecimiento de la distribución anual entre 2006 y el resto de los años (poco más de 50 por ciento).

En lo que corresponde a la variación porcentual, puede observarse que, a pesar de disminuciones en el crecimiento a partir de 2002 en ambas variables, ninguno de los registros se ubica en el plano negativo de la gráfica, lo que indica la tendencia creciente del desempeño del área. De manera similar a otras áreas de la FEPADE, se puede apreciar que la parte preventiva y de política criminal presentan una variación más sensible notable a los años electorales debido a su naturaleza, pues el pico más alto de ambas variables se presenta en 2003 (76.27 puntos porcentuales para capacitación y 74.30 para la distribución). De igual forma, es significativo que, aunque menos notorios, ambas variables registraron incrementos importantes para 2006 (15.43 puntos de eventos desarrollados y 21.12 puntos de materiales distribuidos). De igual forma, la gráfica muestra que la variable de materiales, excluyendo 2001, se ubicó siempre por encima de los 50 puntos porcentuales; además, su margen de variación entre 2003, 2004 y 2005 fue de alrededor de 3 puntos.

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3.11.5. Innovación Gubernamental Para el área de Innovación Gubernamental fueron utilizadas dos variables básicas, por un lado, se encuentran las horas de capacitación profesional y, por el otro, la cantidad de personal. Cabe decir que la tendencia de la variable profesionalización tiene una relación muy particular con los procesos electorales, debido a que las estrategias de innovación organizacional se encuentran basadas en diagnósticos, con el fin de enfrentar con mayor fortaleza los procesos electorales. En este sentido, puede observarse 2002 y 2005 como los años con mayor proporción de toda la serie (21.65 y 20.44 por ciento, respectivamente) lo que supone una previsión de las jornadas electorales federales de 2003 y 2006 en materia de capacitación del personal sustantivo. En relación con la segunda variable, la tabla muestra 2006 como el año de mayor peso en términos proporcionales (18.37 puntos), seguido de 2003 (17.30 puntos), desde luego periodos con proceso electoral federal. Cabe enfatizar que la diferencia entre los años previos a los procesos electorales asciende a menos de 1 punto porcentual (0.4 puntos) y 2001 resultó ser el año con menor peso de toda la serie (13.85 puntos).

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Las variaciones porcentuales muestran las tendencias opuestas entre ambas variables excepto el periodo 2001-2002. Por una parte, la capacitación profesional registró su principal caída en 2003 (poco más de 121 puntos), un incremento considerable al año siguiente ganando más de 115 puntos porcentuales y una caída notoria en 2006 (poco más de 52 puntos). A su vez, la variable personal registra su pico en 2002 (poco más de 16 puntos) y su caída más importante en 2004 (6.6 puntos). En este sentido, es importante señalar que el margen de fluctuación de esta variable no rebasó los 19 puntos porcentuales.

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CAPÍTULO 4 REFORMA PENAL ELECTORAL

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CAPÍTULO 4 REFORMA PENAL ELECTORAL

4. REFORMA PENAL ELECTORAL Con la promulgación en el año de 1986 del Código Federal Electoral y con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, se marcó el principio de una serie sucesiva de reformas que culminaron, en una primera etapa, con el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), así como del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), la publicación del decreto por el cual se promulga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y la reinserción de los delitos electorales en el Código Penal Federal en el año de 1990. Un segundo paquete de reformas en materia electoral tiene lugar en el año de 1994, entre las cuales se encuentra la ansiada autonomía del IFE, así como la formación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJ), y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En lo que respecta a los delitos electorales, las hipótesis delictivas que se incorporaron estaban encaminadas a la tutela del sistema de elecciones, a partir de garantizar la libertad para emitir el sufragio, la certeza de los resultados y la equidad en la contienda electoral. Claro está que las conductas que el legislador previó incorporar al Código Penal, se encontraban adecuadas a una realidad imperante en aquellos tiempos, en las que se presentaban con cierta frecuencia el robo de urnas, la introducción ilegal de votos en las casillas y la alteración de resultados. El conjunto de normas penales electorales está dirigido a proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral, esa es su finalidad. No obstante, en la actualidad hemos sido testigos de una serie de conductas que han lesionado la función pública electoral, que han ofendido a la sociedad, pero que carecen de un tipo penal que las sancione, con lo cual queda un sentimiento de impunidad, trayendo como resultado la puesta en duda sobre la legitimidad de los procesos electorales en nuestro país. Toda norma jurídica debe atender a circunstancias reales y además trae implícito el deber de ser efectiva. El sistema de justicia penal electoral ha enfrentado, desde la reinserción de los delitos electorales en el Código Penal, seis procesos electorales federales; a lo largo de ellos, se ha observado que las conductas encaminadas a violentar el desarrollo de los

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comicios han variado, y aquellas que resultaban comunes en las contiendas de la década de los noventa han pasado a segundo término frente a conductas que se han manifestado en el año 2000, 2003 y 2006. Una de las características de las normas penales electorales incorporadas en el año de 1990 y posteriormente reformadas en 1994 y 1996, es que fueron diseñadas con cierta cautela, incorporando en algunos casos elementos subjetivos en la descripción típica y en otros casos sólo se establece la conducta para algunos sujetos de calidad específica, lo que en la práctica, deja fuera del marco de aplicación de la norma penal a diversas conductas y a diversos actores. Pero con mayor preocupación, se ha observado que en los últimos procesos electorales se han presentado conductas que parecen, incluso, realizadas con el cuidado suficiente para no rebasar el límite entre una conducta "lícita" y una conducta considerada como ilegal. El problema radica en el daño, en la afectación al sistema de elecciones que generan esas conductas y que, por falta de descripción típica en el texto penal, no pueden ser consideradas como ilícitas y por lo tanto carentes de sanción. Habiendo apreciado el fenómeno que se presentaba con la diversidad de nuevas conductas, la FEPADE impulsó a través del Ejecutivo, en primer término, y posteriormente ante el Congreso de la Unión, específicamente ante la Comisión Especial de Reforma del Estado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados, propuestas alternas que reunían el consenso en diversos aspectos entre los Partidos Políticos durante la LIX Legislatura. Desafortunadamente, no hubo coincidencia entre las agendas legislativas de los partidos políticos con los tiempos de la señalada Cámara, donde otros temas de igual importancia ocuparon las discusiones en el Congreso y no se dio la oportunidad de concluir los trabajos para arribar a una reforma en materia penal electoral. El presente trabajo tiene por objeto presentar el texto de los proyectos de reforma alcanzados por el Titular del Ejecutivo, así como aquellas que se derivaron del trabajo de la Comisión de Gobernación y la Comisión Especial de Reforma del Estado, para finalmente, incorporar el texto de la propuesta que esta Fiscalía somete a la consideración de los actores políticos a través de la incorporación de algunas novedades surgidas durante el proceso electoral federal del 2006. Consideramos que con la incorporación de aquellas propuestas que el Congreso de la Unión considere oportunas, el Sistema de Justicia Penal Electoral contará con herramientas eficaces y adecuadas para que el objeto de su tutela -el adecuado desarrollo de la función pública electoral- se realice de manera plena. 4.1. Antecedentes El desarrollo de nuestro sistema democrático es el resultado de diversos hechos y acontecimientos que han marcado la evolución y desarrollo del sistema de elecciones.

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Como parte de nuestro sistema electoral, han sido incorporados los delitos electorales, habiéndose establecido desde la Constitución de Apatzingán la tutela al sistema de elecciones, y posteriormente en el Código Penal denominado Martínez de Castro se incorporó por vez primera en la codificación penal la descripción típica de las conductas que lesionan la función público electoral. En las primeras décadas del siglo XX los delitos electorales fueron confinados a la ley especial electoral, permaneciendo en consecuencia fuera del Código Penal por cerca de 80 años. En el año de 1990, atendiendo a una serie de reformas en materia política, el Poder Legislativo reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, creando el Título Vigésimo Cuarto relativo a los delitos electorales y del Registro Nacional de Ciudadanos. Entre otros aspectos, cabe destacar que esta serie de disposiciones establecieron un sistema de pena alternativa, dejando como una facultad del juzgador la imposición de una sanción económica o una pena restrictiva de la libertad o bien la imposición de ambas. En el año de 1994 se llevó a cabo una nueva reforma a dicho ordenamiento, mediante la cual se trató de perfeccionar el contenido del Título Vigésimo Cuarto, destacando las siguientes modificaciones: a) Se eliminó la sanción consistente en la suspensión de derechos políticos como alternativa a cargo del juzgador y se incorpora la posibilidad de que éste impusiera la inhabilitación y, en su caso, la destitución del cargo. b) Se insertó en la mayor parte de los tipos penales el sistema de pena acumulativo respecto de aquellos que merecen pena privativa de la libertad, debiéndose imponer además la multa. c) Se incorporan como figuras típicas el recoger credenciales para votar, el solicitar votos por paga, dádiva o promesa de dinero, violar la secrecía del voto, el acarreo de votantes, la introducción ilícita de boletas en las urnas, la expedición ilícita de credenciales para votar y la utilización de recursos obtenidos ilícitamente provenientes de recursos públicos. d) Se aclaró la redacción de algunos tipos penales. En el año de 1996 se realizó una reforma al Título Vigésimo Cuarto, mediante la cual se trató de ajustar el contenido de algunos tipos penales, dando lugar a la redacción en los términos que hasta la fecha permanece vigente. Lo relevante de esta reforma es: a) Se incorporó la descripción de servidor público y de candidato, distinguiendo este último de la descripción correspondiente a los funcionarios partidistas. b) Se aclaró la descripción de documentos electorales.

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c) Se incluyó la descripción de materiales electorales. d) Se reiteró la ilicitud de la conducta en algunos tipos penales, mientras que el recoger credenciales para votar se amplía a cualquier tiempo y se acota el solicitar votos por paga o dádiva sólo durante las campañas y la jornada electoral. e) Se incorporó el apoderamiento de documentos electorales como figura típica, así como difundir el resultado de encuestas en los ocho días previos al de la elección. 4.2. Propuestas presentadas para modificar los delitos electorales vigentes La experiencia de una institución debe utilizarse para buscar que cumpla con sus objetivos y metas, pero principalmente que responda a las demandas y requerimientos de la sociedad de manera eficaz y eficiente. Por ello, a partir del año 2001, considerando el quehacer de la FEPADE, el contexto electoral después de las elecciones del año 2000 y los resultados obtenidos por la institución en siete años, se buscó dotar de instrumentos jurídicos acordes a la realidad electoral para lograr que se tuviera una procuración de justicia penal electoral que colmara las expectativas de los diversos sectores de la población y asegurara una contribución a la legalidad y legitimación del ejercicio democrático de nuestro país; es así como esta institución se comprometió a impulsar una serie de reformas penales electorales que a continuación se comentan. 4.2.1.1. Propuesta del Titular del Ejecutivo del año 2003 Una vez que fue revisado el texto vigente de los delitos electorales, la FEPADE impulsó, a través del Ejecutivo, una reforma al Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. La iniciativa con propuesta de reformas correspondiente al año 2003 (se presentó al Senado de la República el 6 de noviembre de 2003), se refiere a un ajuste en la redacción de los tipos penales para evitar lagunas que dieran lugar a interpretaciones en demérito de la procuración de justicia, y se tratan de ajustar las penas privativas de la libertad de algunos tipos penales para equipararlos a algunos tipos penales genéricos con conductas delictivas similares, pues los tipos penales especiales -los electorales- previenen una sanción menor respecto de aquellos genéricos. Esta iniciativa de reforma tuvo como Cámara de origen la de Senadores, en donde se turnó a comisiones, pero de la que no se logró dictaminar, habiéndose retirado por el Ejecutivo Federal para posibilitar la presentación de una nueva iniciativa que buscó una reforma integral en el sistema electoral. 4.2.1.2. Propuesta del Titular del Ejecutivo del año 2004 Ante la proximidad de la contienda electoral federal del 2006 que implicó la elección para Presidente de la República y la renovación de ambas Cámaras del Congreso, surgió del Poder Ejecutivo una iniciativa de reformas al sistema electoral, que entre otros varios aspectos buscaba: a) Incorporar la figura de precampañas y precandidatos; b) Regular las precampañas

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y actos anticipados de proselitismo electoral; c) Ampliar las facultades de la autoridad electoral en materia de fiscalización; d) Acortar los periodos para las campañas electorales; y e) establecer nuevas reglas para el financiamiento público de los partidos políticos con la reducción del costo de las elecciones. La FEPADE llevó a cabo el análisis de la propuesta de Reforma Electoral del Titular del Ejecutivo. Se retomó la anterior iniciativa del año 2003 del Ejecutivo Federal en materia penal electoral y el proyecto de la reforma electoral integral del Ejecutivo Federal de 2004, para generar una nueva propuesta en la que se contienen los siguientes aspectos: a) Se mejoró la redacción de algunos tipos penales para evitar interpretaciones que dieran lugar a lagunas jurídicas en perjuicio de la procuración de justicia penal electoral. En esta vertiente se aprovecharon los criterios judiciales emitidos en la resolución de los asuntos penales electorales. b) Se reiteró el ajuste de las penalidades para equiparar las sanciones de estos delitos especiales a otros delitos genéricos. Por ejemplo, el apoderamiento de documentos y materiales electorales con el robo, y la alteración de documentos electorales con la falsificación y uso de documento falso. c) Se incorporaron algunas modalidades de las conductas delictivas, hasta el momento no previstas, como la posesión ilícita de documentos electorales, o la compra y coacción del voto en los tres días previos al día de la jornada electoral. d) Se incorporaron tipos penales para dar vigencia y eficacia a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, tales como: a) Sancionar a quienes realicen actos adelantados de precampaña cuando exista prohibición para ello; b) Establecer sanciones a quienes obtengan, proporcionen o utilicen recursos de fuentes de financiamiento cuando exista prohibición para ello; c) Sancionar a quién obtenga, proporcione o utilice comprobantes o facturas apócrifos para justificar el gasto de los partidos políticos; d) Sancionar a los servidores públicos que nieguen o retarden dolosamente información que solicite la autoridad electoral en los procedimientos de fiscalización de partidos políticos. 4.2.1.3. Reforma propuesta por la Comisión Especial de Reforma del Estado Cabe mencionar que varios grupos parlamentarios y partidos políticos al promover una reforma integral al sistema electoral, advirtieron la necesidad de incorporar modificaciones a los tipos penales electorales, con la finalidad de inhibir la comisión de conductas que afectan los valores de la democracia; así, la Comisión Especial de Reforma del Estado propuso modificaciones al COFIPE y diversos tipos penales que buscaban proteger esas disposiciones administrativas, por lo que advirtieron la necesidad de aumentar las penalidades, fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos en campañas electorales, hacer proselitismo fuera de los plazos electorales, negar la información requerida por el IFE, disponer de los recursos económicos de los partidos políticos después de haber perdido su registro como tales, el apoderamiento o destrucción de documentos relativos al Registro Federal de Electores o el mal uso de archivos computarizados del mismo, entre otros.

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Toda vez que la Comisión Especial de Reforma del Estado es una comisión especial, ésta no puede dictaminar directamente y enviar al pleno, por lo cual debió apoyarse en otras comisiones para presentar su propuesta de reforma; en este sentido, se envió a la Comisión de Gobernación la propuesta de Reforma del Estado para ser incorporada a los estudios realizados por la Comisión de Gobernación, que era una de las comisiones más relevantes para realizar la reforma electoral integral. La FEPADE trabajó proporcionando su experiencia a dicha Comisión y realizando propuestas concretas, para lograr que existiera un proyecto de reforma correspondiente a las modificaciones en materia de procuración de justicia penal electoral y, en especial, lo relativo a los tipos penales electorales. 4.2.1.4. Propuesta de la Comisión de Gobernación La propuesta del Ejecutivo Federal del 2004, fue turnada para ser dictaminada de manera conjunta a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos; la FEPADE trabajó conjuntamente con varios diputados que consideraban indispensable obtener nuevos tipos penales que, además de proteger los próximos comicios que se avecinaban, buscaban en la ley penal regular algunos aspectos trascendentales para inhibir la comisión de conductas que probablemente se cometerían, lo cual nos llevó a realizar estudios minuciosos y convincentes que desvirtuaran el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis que señalaba que los delitos electorales debían considerarse como leyes electorales y, por tanto, debían sufrir la suerte de éstas (publicarse 90 días antes del proceso electoral); derivado de ello, la FEPADE acertó en sus argumentos, por lo cual los legisladores que apoyaban una reforma electoral y penal electoral estuvieron de acuerdo en continuar por el aspecto penal y sancionar conductas lesivas para el proceso electoral, ello dio tiempo para seguir impulsando aquellas propuestas que interesaban. De lo anterior, se logró reiniciar los trabajos para obtener el dictamen que requería la reforma del Ejecutivo Federal, al no haber sido aprobada la reforma integral electoral que consideraba algunos aspectos necesarios para la vida de la reforma penal y con el afán de continuar con este propósito, se trabajó de manera conjunta con la Comisión de Gobernación para realizar ajustes a la iniciativa electoral federal del 2004, que implicó la elección para Presidente de la República y la renovación de ambas Cámaras del Congreso, por lo cual se eliminan algunos aspectos trascendentales que requerían de la reforma electoral, por ello se opta por eliminar y adecuar los conceptos referentes a: a) la figura de precampañas y precandidatos; b) regulación de los gastos de precampañas y actos anticipados de proselitismo electoral; c) ampliar las facultades de la autoridad electoral en materia de fiscalización; d) devolución de los recursos de los partidos a la pérdida de su registro, entre otros. Una vez realizados los ajustes necesarios y los múltiples trabajos relacionados con la adecuación de los tipos penales tomando en cuenta las opiniones de todos los grupos parlamentarios y de los miembros de la Comisión de Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos, la Comisión de Gobernación propuso y sometió a consideración de su mesa directiva, el proyecto que llevábamos trabajando de manera conjunta por más de un año y

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medio, proyecto en el cual derivado de las inquietudes de los legisladores ya no consideraba ciertas modificaciones, como el aumento general de penalidades, precampañas y precandidatos, pero que sí contenían aspectos muy importantes de la iniciativa del Ejecutivo de 2004, entre otras, en esta propuesta se buscó incorporar tipos penales que sancionaran conductas relacionadas con la usurpación de funciones electorales, la destrucción o alteración de la propaganda electoral, la realización de actos proselitistas fuera de los plazos previstos en la ley, el registro irregular de candidatos, por exceder los topes de campaña y las conductas delictivas relacionadas con la comprobación de gastos y la fiscalización de los mismos, esta propuesta analizada condensada y validada por los grupos parlamentarios y por la FEPADE cobraría especial interés y, por tanto, fue aprobada en diciembre de 2005 por dicha Comisión; sin embargo, al haber sido turnada de manera conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos todavía se requería de una segunda aprobación y dictaminación por parte de esta última, la cual en su LIX Legislatura no dictaminó, por lo que no pudo concretarse la reforma electoral. 4.2.1.5. Reforma Penal Electoral del Voto de los Mexicanos en el Extranjero Respecto del voto de los mexicanos en el extranjero se conjuntaron las iniciativas en materia electoral, para que la Comisión de Gobernación conjuntamente con la Comisión Especial de Reforma del Estado y la Comisión de Población Fronteras y Asuntos Migratorios obtuvieran una reforma electoral integral; bajo este aspecto y derivado de la falta de consensos, aún cuando los actores políticos señalaban su acuerdo para impulsar una reforma integral electoral, se dio prioridad a la parte concerniente al "Voto de los Mexicanos en el Extranjero"; en este sentido, surgió paralelamente la discusión en el Senado de la República de aprobar la minuta propuesta, por la H. Cámara de Diputados o de realizar modificaciones; de allí surgió una nueva propuesta, la cual fue dictaminada faltando muy poco tiempo para que constitucionalmente no se pudieran realizar modificaciones electorales (90 días antes del proceso electoral), por lo cual el Senado aprobó la modalidad del voto postal, con la cual existía el descontento de varios legisladores; sin embargo, la premura obligó a ser aprobado bajo esta modalidad de voto. De la iniciativa para reformar al COFIPE respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, surgió la inquietud de varios legisladores conscientes de la relevancia de proteger dicho sistema de sufragio, por lo que se promovió una propuesta de reforma penal electoral que protegiera el sufragio en el extranjero; por parte de la FEPADE se realizaron diversas reuniones y foros con autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, que permitiera vislumbrar qué conductas se podrían generar con la modalidad aprobada. Esta propuesta fue asignada para su dictamen y aprobación a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Al ser tomada en cuenta la experiencia de la FEPADE pudimos convencer de incorporar tipos penales que además de proteger el voto en el extranjero retomarían las conductas propuestas en la Comisión de Gobernación; en este sentido, advertimos la necesidad de incorporar tipos penales que tuvieran como finalidad sancionar la compra y coacción del voto de los mexicanos en el extranjero; la realización de actos proselitistas existiendo prohibición legal para ello; violar los sellos colocados en la correspondencia electoral; obstrucción o retardo en el envío de correspondencia electoral; allegarse de

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documentación o información electoral de manera ilegal; fiscalización de recursos y desarrollo del proceso de envío y recepción de las boletas electorales; usurpación de funciones electorales; realizar, recibir o destinar aportaciones de dinero o en especie, a favor de algún candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista prohibición legal para ello; sancionar al servidor público que se abstenga o niegue la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización o de investigación de conductas ilícitas en materia electoral; así como sancionar también a quien solicite, proporcione, reciba, obtenga o utilice a sabiendas, fondos provenientes de actividades ilícitas para el apoyo de un candidato, partido político, coalición o agrupación política o para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral. Cabe mencionar que esta propuesta fue presentada el 22 de septiembre de 2005, por los diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, Laura Elena Martínez Rivera y Claudia Ruiz Massieu Salinas, dicha iniciativa fue turnada igualmente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual no se dictaminó en la LIX Legislatura. 4.2.1.6. Propuesta de Reforma Constitucional para la Designación del Fiscal Electoral Diversos legisladores al advertir que el clima electoral estaba en efervescencia, advirtieron la necesidad de promover reformas constitucionales que permitieran una autonomía plena de la FEPADE respecto de la PGR; la propuesta consistía en que la designación del fiscal electoral fuera de manera mixta, entiéndase ésta ser designado por el Ejecutivo Federal y aprobada por la Cámara de Senadores por un periodo de siete años, cumpliendo con los requisitos propuestos y contando con amplia experiencia en materia electoral; dicha iniciativa fue presentada por el Dip. José Alberto Aguilar Iñárritu e igualmente fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, y Derechos Humanos, sin que al momento se haya dictaminado. 4.2.1.7. Nueva propuesta penal electoral Durante el proceso electoral del 2006; se advirtieron algunas conductas que los partidos políticos y sociedad reconocen que causan una afectación al proceso electoral federal, pero paradójicamente no pueden ser sancionadas penalmente, respecto de las cuales las acciones que se pueden realizar en la esfera administrativa no se traducen en una sanción con un efecto inhibidor; en este sentido y ante la exigencia de la sociedad, en un intento por cubrir lagunas legales en algunos temas específicos, el IFE emitió diversas reglas bajo las cuales se deberían sujetar los partidos políticos y candidatos, pero las sanciones que se impondrían impactarían directamente a los partidos políticos y no a sus militantes. Por ello, debemos proponer nuevos tipos penales que además de retomar aquellos propuestos en las diversas iniciativas, tanto del Ejecutivo de 2001, 2004; la de la Comisión Especial de Reforma del Estado; la de la Comisión de Gobernación y la referente al voto de los mexicanos en el extranjero, incorpore conductas que advertimos deben ser sancionables.

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En este sentido, la propuesta que se realiza considera sancionar conductas relacionadas con la usurpación de funciones electorales, la destrucción o alteración de la propaganda electoral, la realización de actos proselitistas fuera de los plazos previstos en la ley, el registro irregular de candidatos, por exceder los topes de campaña y las conductas delictivas relacionadas con la comprobación de gastos y la fiscalización de los mismos; la compra y coacción del voto de los mexicanos en el extranjero; la realización de actos proselitistas existiendo prohibición legal para ello; violar los sellos colocados en la correspondencia electoral; obstrucción o retardo en el envío de correspondencia electoral; allegarse de documentación o información electoral de manera ilegal; definir claramente como funcionarios electorales a quienes presten sus servicios en el IFE; a quien mediante violencia o amenaza obligue a otros a asistir a eventos proselitistas; obstrucción de vialidades o el libre acceso a edificios públicos con la finalidad de influir en la toma de decisiones de carácter electoral; simulación de actos de campaña para imputarlos a otro; respecto de servidores públicos, promover o denigrar la imagen de algún candidato o partido; comunicar dolosamente una imputación a un candidato para desacreditarlo; difundir obra pública durante los 40 días previos a la jornada electoral; entre otros. La experiencia de la FEPADE en el año electoral 2006 y a lo largo de su quehacer institucional, debe ser aprovechada por nuestros legisladores, por el Ejecutivo Federal y los distintos actores de la vida democrática de nuestro país, para lograr, en el menor plazo posible, una reforma penal que le permita a la institución encargada de procurar justicia penal electoral, responder a la demanda ciudadana de sancionar aquellas conductas que dañen gravemente la credibilidad, confianza, certeza y transparencia del sistema electoral federal. El sistema de justicia penal requiere transformaciones tanto en sus capacidades para arbitrar la dinámica política nacional como en lo relativo a garantizar los principios constitucionales del sufragio. Más allá de las cosas que fueron postergadas, sabemos que nuestro sistema electoral requiere ser perfeccionado y como en toda democracia, esto sólo podrá lograrse desde el diálogo entre inteligencias, en el argumento y en la capacidad para construir la unidad en la diversidad que nos define. La FEPADE pone a disposición nuevamente de todos los actores políticos y sociales su experiencia para construir un marco jurídico en materia de procuración de justicia, que esté a la altura del actual sistema democrático electoral y empeñamos nuestro compromiso para fortalecer a esta institución, que debe ser garantía de legalidad, equidad, imparcialidad y certeza jurídica en nuestros procesos electorales. 4.2.1.8. Propuesta de reforma al Código Penal Federal CÓDIGO PENAL FEDERAL TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS CAPÍTULO ÚNICO

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ARTÍCULO 401.- … I. Servidores Públicos, las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Instituto Federal Electoral, en el Banco Central, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en cualquier otro órgano constitucional autónomo, en el Congreso de la Unión o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o quienes manejen recursos públicos federales; También se entenderá como Servidores Públicos, a las personas que de acuerdo con las Constituciones de los Estados de la República, y sus leyes secundarias, se les otorgue ese carácter por desempeñar un empleo, cargo o comisión en los Estados, Municipios y Tribunales Electorales, así como en los Institutos o Consejos Electorales u organismos autónomos; II. Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales o que presten sus servicios al Instituto Federal Electoral; III. Funcionarios partidistas, los que realizan funciones de representación o dirección, los representantes ante los órganos electorales o quienes administren, utilicen o apliquen recursos de los partidos políticos nacionales, coaliciones y de las agrupaciones políticas nacionales, en los términos de la legislación federal electoral; IV.

…

V. Documentos públicos electorales, las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los formatos, documentos utilizados y actas expedidas en el ejercicio de sus funciones, por los órganos del Instituto Federal Electoral; de igual forma se considerará la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral y la correspondencia que contenga algún documento electoral; VI.

…

VII. Organizadores de actos de campaña, las personas que coordinen, instrumenten o dirijan actos de campaña a favor de un candidato, partido político o coalición de partidos políticos. El texto sin resaltar corresponde a los tipos penales vigentes. El texto en negritas corresponde a propuestas retomadas del dictamen de la Comisión de Gobernación, el cual se elaboró en base a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y la Comisión Especial de Reforma del Estado. El texto sombreado retoma la iniciativa penal correspondiente al voto en el extranjero, además de incorporar nuevos tipos penales, derivados del proceso electoral del 2006.

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Artículo 403. Se impondrán de cincuenta a ciento cincuenta días multa y prisión de uno a cuatro años, a quien: I… II... III. Presione o induzca expresamente a los electores en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto, o para que se abstengan de emitirlo; La misma pena se aplicará a quien presione o induzca expresamente por sí o por interpósita persona a los electores que se encuentren en el extranjero, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitirlo; IV. Obstaculice, interfiera o impida el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado o la entrega de correspondencia electoral, los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; V.

…

VI. Durante la campaña electoral, en los tres días previos a la jornada electoral o durante ésta, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien, que mediante amenaza o violencia, física o moral, obligue o coaccione a otros a votar a favor de un determinado candidato, partido político o coalición, o para que se abstengan de hacerlo; La misma pena se aplicará al que durante el proceso electoral correspondiente concrete la conducta descrita en el párrafo anterior en relación con los electores que emitan o deban emitir su voto en el extranjero; VII. … VIII. … IX. El día de la jornada electoral reúna o transporte votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto; X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o en cualquier tiempo se apodere, altere, falsifique, destruya; posea, use, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, documentos o materiales electorales; XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto; XII. Impida en forma violenta la instalación o clausura de una casilla, o quien asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación o clausura de una casilla;

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XIII.

...

XIV. Durante el proceso electoral, realice actos de propaganda electoral o de proselitismo a favor de un candidato, partido político o coalición existiendo prohibición legal para ello; XV.Mediante la fuerza o amenaza obligue a otros a asistir a eventos proselitistas o para realizar actos de proselitismo electoral, durante las campañas electorales, en los tres días previos a la jornada electoral o durante esta; XVI. Viole sellos colocados en los documentos públicos electorales o en los lugares donde se resguarden éstos o materiales electorales; XVII. Se ostente como funcionario electoral o como representante de un partido político o coalición, sin tener esa calidad; XVIII. Durante las campañas electorales federales indebidamente, se apodere, destruya, retire, borre, suprima, oculte o distorsione la propaganda electoral impresa de candidatos, partidos políticos o coaliciones colocada en los lugares autorizados por las disposiciones legales o por los acuerdos tomados por las autoridades electorales competentes; XIX. Realice, reciba o haga uso de aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando exista prohibición legal para ello, o en montos superiores a los permitidos por la ley; XX. Habiendo recibido aportaciones de dinero o en especie a favor de un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional se abstenga de informar al órgano interno encargado de la obtención y administración de los recursos generales del partido político o agrupación política nacional; XXI. Expida u obtenga un documento, factura o comprobante de pago en favor de un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, alterando el importe real de los bienes adquiridos o servicios prestados o haciendo constar bienes o servicios que no hubiesen sido recibidos o haciendo constar una fecha de adquisición o valor del bien o servicio distinta a la real, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos; XXII. Altere o falsifique facturas o comprobantes de pago para justificar gastos realizados por un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos; XXIII. Oculte, distorsione o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente; o XXIV. Al que viole la correspondencia que circule bajo la franquicia del Instituto Federal Electoral; XXV. Obstruya, impida o retarde dolosamente el envío o recepción de correspondencia que contenga boletas para votar o cualquier documento electoral; o

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XXVI. Suplante a un elector en el extranjero, o posea, compre, se allegue o haga uso de boletas para votar o de cualquier documento público o información electoral a las que no se tenga derecho. Artículo 405. Se impondrán de cien a trescientos días multa y prisión de tres a siete años, al funcionario electoral que: I. Altere, falsifique, sustituya, destruya, comercialice, oculte, o haga un uso ilícito de documentos públicos electorales o de información relativa al Registro Federal de Electores; II. a V. … VI. En ejercicio de sus funciones induzca expresamente a los electores a abstenerse de votar o a votar por un candidato, partido político, o coalición determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados; VII. a XI. … XII. No guarde la reserva sobre el contenido de la documentación o información reservada o confidencial que reciba o tenga a su disposición en virtud de su empleo, cargo o comisión. Artículo 406. Se impondrán de cien a trescientos días multa y prisión de tres a siete años, al funcionario partidista o al candidato que: I.Durante el proceso electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien, que amenace o ejerza violencia física o moral para que el elector vote a favor de un determinado candidato, partido político o coalición, o para que se abstengan de hacerlo; II. a V. ... VI. Impida en forma violenta la instalación o clausura de una casilla, o quien asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación o clausura de una casilla; VII.

Se deroga.

VIII. Oculte, distorsione o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente; IX. Altere o falsifique documentos, facturas o comprobantes de pago para justificar gastos realizados por el candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos; X.

Con el fin de justificar gastos realizados por los candidatos, partidos políticos,

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coalición o agrupación política nacional haga uso de documentos, facturas o comprobantes de pago en los que no corresponda el importe real de los bienes adquiridos o servicios prestados o haga constar bienes o servicios que no hubiesen sido recibidos o haga constar una fecha de adquisición del bien o servicio distinta a la real, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos; XI. Exhiba documentación alterada o falsa en el proceso de registro a las candidaturas de elección popular, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos; XII. Realice, reciba o haga uso de aportaciones de dinero o en especie en favor de un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando exista prohibición legal para ello o en montos superiores a los permitidos por la ley; XIII. Estando obligado a reportar las aportaciones de dinero o en especie que reciba de un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, oculte o altere la información o documentación, sin perjuicio de las penas que pudiere corresponder por otros delitos; o XIV. Para usos propios o ajenos y teniendo a su cargo fondos, bienes o servicios para el desempeño de las actividades propias del partido político, coalición o agrupación política nacional, los desvíe o distraiga para un fin distinto del legalmente establecido; XV. Obstruya el libre tránsito en las vialidades o el libre acceso en edificios públicos u obstaculice la prestación normal de un servicio público, para ejercer presión a la autoridad electoral para impedir el libre ejercicio de sus funciones o para influir en la toma de alguna determinación o resolución; XVI. Simule un hecho o acto de campaña electoral para imputarlo a otro partido político o candidato distinto al suyo. Artículo 407. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de tres a nueve años, al servidor público que: I. Ordene o induzca expresamente a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir su voto a favor de un candidato, partido político, o coalición, o a abstenerse de votar; II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición o a abstenerse de votar; III. Destine, utilice o permita el uso de fondos, bienes o servicios de los que pueda disponer, a su cargo o bajo su custodia, al apoyo o perjuicio de un candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional;

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La pena que corresponda por alguna de las conductas previstas en esta fracción, se aumentará con la que le corresponda por el delito de peculado, conforme a las reglas del concurso ideal; IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un candidato, partido político, coalición o agrupación política a través de sus subordinados, usando el tiempo ordinario o extraordinario correspondiente a sus labores; V. Oculte, distorsione o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente; VI. Promueva o denigre expresa y públicamente la imagen de algún candidato, partido político o coalición; VII. Comunique de manera pública y dolosa una imputación que se hace a un candidato, partido político, coalición de un hecho falso que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien durante un proceso electoral federal y con fines electorales; VIII. Difunda programas de obra pública, de desarrollo social o la promoción de su imagen personal durante los cuarenta días naturales previos a la jornada electoral o durante ésta. ARTICULO 408. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 411. Se impondrán de doscientos a trescientos sesenta días multa y prisión de cuatro a ocho años, a quien: I. Proporcione documentación o información falsa y con ello, se altere el Registro Federal de Electores, los listados nominales u obtenga una credencial para votar; II. Se apodere sin derecho de una credencial para votar, de equipos o insumos necesarios para su elaboración; Si el apoderamiento se realiza en lugar cerrado o con violencia, a la pena señalada en el primer párrafo del presente artículo, se agregarán de seis meses a cinco años de prisión. Si éste se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada en el primer párrafo del presente artículo se agregarán de dos a siete años de prisión; III. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, una o más credenciales para votar, y

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IV. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice o suministre de manera ilegal, archivos computarizados relativos al Registro Federal de Electores; En el caso de que sea personal del Instituto Federal Electoral el que intervenga en la comisión de las conductas descritas en las fracciones anteriores, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más de la antes señalada. Artículo 412. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de tres a nueve años, a quien dolosamente aproveche el apoyo, los fondos, bienes o servicios, en los términos de las fracciones III y IV, del artículo 407, de este Código. Tratándose de un funcionario partidista, candidato, u organizador de actos de campaña que a sabiendas intervengan en la comisión de la conducta antes descrita, la punibilidad se incrementará hasta un tercio más de la prevista en el párrafo anterior. Artículo 413. Se impondrá de seis a dieciséis años de prisión y de mil doscientos a seis mil días multa, al que por sí o por interpósita persona a sabiendas, solicite, proporcione, reciba, obtenga o utilice fondos provenientes de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el apoyo de un candidato, partido político, coalición o agrupación política o para apoyar actos proselitistas dentro o fuera de una campaña electoral. 4.2.1.9. Propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES TÍTULO QUINTO Disposiciones Comunes a la Averiguación Previa y a la Instrucción CAPÍTULO IV Aseguramiento del inculpado Artículo 194 … I. … 1) a 32) Bis. … 32) TER.- En materia electoral, los previstos en el párrafo segundo de la fracción II y en la fracción IV ambos del artículo 411 y en el artículo 413. 33) a 34)… II. a XIV. …

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5. AGENDA PENDIENTE 2007 Las elecciones federales del 2006 denotaron que es necesario atender con premura las inconsistencias del sistema electoral mexicano por medio de reformas de segunda generación. Son numerosos los temas que se debaten en la opinión pública y en la comunidad académica, todos ellos pretenden aportar un nuevo andamiaje institucional que pueda dar mayor legitimidad a los procesos electorales del país. Entre estos puntos de reforma sustantiva se encuentra la reforma penal electoral. Para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,es prioritaria una reforma penal electoral que dé respuestas a los vacíos legales que se han presentado como consecuencia de la evolución de la sociedad y de las nuevas formas en que se desarrollan los procesos electorales. A la par de una posible reforma electoral, la FEPADE ha elaborado una estrategia para el desempeño institucional, que atienda con eficacia los retos y desafíos que se presenten en el futuro inmediato derivado de los procesos electorales en los que tiene competencia. En el presente documento se integran una serie de propuestas que tienen como objeto optimizar el desempeño de la FEPADE y al mismo tiempo adaptar la institución a las necesidades y retos de la procuración de la justicia penal electoral y de la prevención de los delitos electorales. Para este fin, se describen una serie de acciones sustantivas, mejoras en procedimientos y modificaciones orgánicas, para consolidar el quehacer institucional de esta Fiscalía. Todas las propuestas son producto de la experiencia de seis años de trabajo continuo y tienen como finalidad consolidar una institución que es, en esencia, un pilar fundamental de la trilogía electoral del país. La coyuntura político-institucional que se vive con la llegada de una nueva administración representa una nueva oportunidad para la reingeniería en las formas y fondos del quehacer público. La FEPADE no es ajena a esta dinámica, por lo que requiere necesariamente ante los escenarios próximos estructurar una agenda pendiente para optimizar su desempeño institucional. Ante esto, en el presente documento se exponen las oportunidades de mejora que se elaboraron fundamentándose en la experiencia de seis años de trabajo y adaptándose a las necesidades que requieren los nuevos tiempos electorales.

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5.1. Reforma Penal Electoral Los tipos penales actuales datan del año 1994, en donde las condiciones de la competencia política buscaban dar mayor confianza a los procesos electorales y erradicar una serie de circunstancias que afectaban sensiblemente la certeza y la confianza de las elecciones. Actualmente, se han denunciado una serie de conductas que afectan a la secrecía y a la libertad del sufragio y no están tipificadas como delitos electorales. Ello produce un fuerte cuestionamiento a la institución y al mismo tiempo se generan circunstancias que afectan la legitimidad del proceso electoral. En este sentido, la FEPADE desde el año 2002 ha impulsado diversos proyectos de reforma penal electoral, la última de ellas fue analizada por la LIX Legislatura. El constante impulso de la FEPADE para una reforma penal electoral se realizó porque la institución advirtió a tiempo que para dar mayor certeza a los procesos electorales y para responder a las demandas de diversos actores sociales y políticos era necesario adaptar otra configuración normativa. Las elecciones federales del 2006 evidenciaron que hoy más que nunca se requiere modificar el marco penal electoral vigente y de esta forma dar respuestas a las exigencias de los partidos políticos, instituciones y ciudadanía en general. La propuesta elaborada por la FEPADE se establece en torno a los siguientes ejes: a)

Reforma Penal Electoral.- El contenido de la reforma gira en dos ejes sustantivos. El primero es de técnica y precisión jurídica, en el cual los tipos penales actuales requieren redactarse de una forma más específica para evitar problemas de interpretación o ambigüedad, sin olvidar para ello la premisa que la norma constitucional señala, que la aplicación de la ley penal es de exacta aplicación (Art. 14 Const.). En el segundo de los casos, se requiere modificar el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal relativo a los delitos electorales, el cual data del año de 1994, en donde las circunstancias sociales y políticas se han transformado sustancialmente y han evidenciado que las normas actuales en la materia son obsoletas. La propuesta que se formula pretende que se considere como delito electoral una serie de conductas que irrumpen con la secrecía y la libertad del sufragio, las que se han presentado en los últimos procesos electorales, sin que pueda aplicarse una sanción específica. Ello ha producido que la Fiscalía tenga fuertes críticas por su ejercicio, sin considerar que no es un problema de operatividad, sino de legislación.

b) Designación del Fiscal Electoral.- Actualmente la designación del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales la realiza el Presidente de la República. Para garantizar una mayor legitimidad del titular se propone que su nombramiento sea similar a los del Procurador General de la República, a propuesta del Presidente y ratificado por el Senado. Adicionalmente se plantea que sea por un periodo fijo y con una serie de condiciones y responsabilidades de su ejercicio, como puede ser el juicio político. c)

Integrar un presupuesto anual para prevención de los delitos electorales.- Actualmente el presupuesto anual de FEPADE para operación es limitado; por tal motivo, la institución requiere de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los que se emplearían exclusivamente en campañas informativas sobre delitos electorales. Por

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economía procesal es más conveniente prevenir que sancionar. Una medida adicional podría ser el destinar un porcentaje de las multas anuales impuestas por el IFE a los partidos políticos, para la prevención de delitos electorales. d) Reformas Integrales al Sistema Electoral.- En los últimos meses algunos sectores de la comunidad académica y actores políticos han coincidido que se requiere una reforma electoral; en caso de que se lleve a la práctica, necesariamente también tendrán que modificar el marco legal de los delitos electorales, ello con el objeto de hacer una reforma sincrónica e integral. 5.1.1. De la investigación de los delitos electorales Desde el 2001 la FEPADE ha optimizado procedimientos y realizado modificaciones sustantivas para la atención oportuna de las denuncias que se presentan por delitos electorales. Sin embargo, se considera que se requiere reforzar acciones; para ello su principal estrategia será la actuación inmediata, puesto que en muchas ocasiones no se encuentran testigos o evidencias empíricas debido al tiempo transcurrido entre el hecho denunciado y el inicio de la investigación. Por tal motivo, cuando existe una denuncia en delitos flagrantes, se propone establecer una estrategia de coordinación y de comunicación para ofrecer una respuesta en la detención de personas y el aseguramiento de bienes, contando con el apoyo de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno. La FEPADE también deberá actuar de inmediato cuando se presenten denuncias por medio de los canales institucionales o las herramientas electrónicas con que se cuentan, como son los teléfonos de atención FEPADETEL, correo electrónico FEPADENET o FISCAL EN LÍNEA. Para este fin, se podrá auxiliar de las delegaciones estatales de la PGR o de las instituciones procuradoras de justicia de las entidades federativas con las que se tiene convenio de colaboración interinstitucional. En el 2007 será necesario rediseñar una estrategia para optimizar la colaboración entre la FEPADE y las delegaciones de la PGR en el interior del país, ya que son ellos los que muchas veces reciben las denuncias y deben realizar las primeras actuaciones por motivo de la comisión de delitos electorales. Como lo mencionamos, la inmediatez y el aseguramiento oportuno de indiciados y pruebas, es fundamental para una efectiva procuración de justicia. Los procesos de mejora deben ir acompañados de nuevos mecanismos de desempeño de las mesas de trámite de la Dirección General de Averiguaciones Previas en materia de Delitos Electorales. Para este objetivo, se deberá rediseñar la estructura de coordinación de las mesas de trámite para que funcione de forma inmediata, ordenada y efectiva, bajo el mando de un líder que sea el que ordene las diligencias a ejecutar. Entre las actividades a realizar será buscar los mecanismos adecuados para que los informes sean presentados de manera inmediata y las investigaciones se realicen oportunamente. Esta tarea debe ir acompañada de dispositivos ágiles para la revisión en la integración de cada una de las averiguaciones previas y actas circunstanciadas.

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Para una efectiva procuración de justicia penal electoral, sería conveniente integrar mecanismos de supervisión de la productividad y actuación de cada uno de los servidores públicos de la Dirección General y en especial de los agentes del Ministerio Público. Dicha tarea debe realizarse reestructurando el funcionamiento actual de las direcciones de área para que las subdirecciones realicen una mejor función de supervisión en la integración de las averiguaciones previas. 5.1.2. Del proceso penal electoral En los últimos seis años, la FEPADE ha tenido, respecto al libramiento de órdenes de aprehensión, un desempeño del 93 por ciento; en el mismo sentido, las sentencias condenatorias en los asuntos de su competencia es del 97 por ciento. No obstante, los resultados proponen medidas adicionales que optimizarían el proceso penal. Entre ellas, se sugiere diseñar mecanismos institucionales que permitan una coordinación eficiente en el desarrollo de las averiguaciones previas entre el agente del Ministerio Público investigador y el agente del Ministerio Público consignador. Una medida adicional es diseñar distintas bases de datos que permitan la operación más rápida y efectiva. Por ejemplo, elaborar un programa informático que integre los diversos trámites que realiza la Dirección General de Control de Procesos y Amparo, con el objeto de obtener con inmediatez antecedentes o información de casos similares, para que sean utilizados en consignaciones, amparos y pedimentos. De la misma forma, se propone elaborar una base de datos con todos los mandamientos judiciales, a fin de que puedan ser consultados fácilmente y que permita la localización de los indiciados. En lo que respecta a la detención de indiciados, se tienen que ampliar los canales de interacción con la Agencia Federal de Investigación (AFI) a fin de hacer efectivas en tiempo y forma las órdenes de aprehensión. Esta colaboración no se debe limitar sólo a las órdenes de aprehensión, sino también la AFI debe coadyuvar cuando el agente del Ministerio Público Federal lo solicite en las investigaciones que realiza por la comisión de delitos electorales. Una propuesta innovadora sería que algunos procesos derivados de la comisión de delitos electorales puedan desarrollarse por medio de juicios orales. En los últimos años, una propuesta interesante que ha sido debatida en el mundo académico y en foros al interior del Poder Judicial son los juicios orales, los que permiten desarrollar el proceso penal de una forma más transparente, pública, oral, expedita, accesible y eficaz a la administración de justicia. Con los juicios orales se pretende mejorar el proceso de juzgar, generando la optimización del proceso y el consecuente ahorro de recursos. Los juicios orales ayudarían a la FEPADE a robustecer sus mecanismos de confianza ciudadana, puesto que la materia electoral siempre suscita una fuerte presencia en la opinión pública y sobre todo ayudaría a darle mayor certidumbre a los procesos electorales. 5.1.3. Programas de prevención del delito electoral Las acciones con las diversas entidades federativas en donde habrá elecciones deben continuar en el 2007 y años subsecuentes, focalizadas a los programas de trabajo en materia

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de procuración de justicia penal electoral y de prevención de los delitos electorales; para ello, se deben reactivar los convenios con instituciones electorales, públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo, se debe trabajar con instituciones de seguridad pública con el objeto de hacer expedita la acción de la justicia electoral y para ello se requiere capacitarlos sobre delitos electorales, pues son éstas, entre otras, las que pueden detener en flagrancia a los presuntos delincuentes electorales. Adicionalmente, se tendría que instrumentar en las entidades federativas con procesos electorales en este año campañas mediáticas en televisión y radio, para prevenir la compra y coacción del voto y la utilización de programas sociales y asistenciales en apoyo de partidos políticos y candidatos. En la FEPADE ya se cuenta con dichos materiales, solamente se tendrían que realizar los trámites correspondientes ante los órganos responsables de administrar los espacios públicos en los medios de comunicación. A esta campaña podrían sumarse diversos actores, con el objeto de consolidar programas de trabajo con multiplicadores de la prevención de delitos electorales; sobre todo en poblaciones vulnerables, como pueden ser: indígenas, adultos mayores y personas con altos índices de marginalidad social. De igual manera, sería oportuno tomar en cuenta las experiencias de blindaje electoral en los comicios de 2006, para aplicarlas en las entidades federativas con procesos electorales locales. La estrategia podría ser informativa y operativa a nivel estatal y municipal. Para las acciones informativas se podría distribuir “el ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones" y para las operativas instrumentar cierto tipo de medidas obligatorias, las cuales se podrían mediar por medio de un índice de blindaje electoral. De las acciones realizadas con antelación a la jornada electoral, se tendría que informar a la ciudadanía. Una medida adicional sería que un órgano pueda certificar las acciones que se realizaron en materia de blindaje electoral. Para prevenir la comisión de delitos electorales se requiere contar con información precisa sobre qué son, dónde y ante quién denunciarlos. Una forma de concentrarlos sería crear el Sistema Nacional de Información en Materia de Delitos Electorales (SIMDE). Como primer paso, se podría diseñar una página web en la que se concentrara información sobre delitos electorales en forma electrónica. Para alimentarla se podría solicitar, previo convenio, a instituciones electorales, gubernamentales, de la sociedad civil y universitarias que proporcionaran la información que tengan y al mismo tiempo le informaran a su comunidad de este nuevo sistema informático. Un paso sustantivo sería convertir todos los documentos elaborados por la FEPADE a formato electrónico y subirlos a la página web para su consulta. De esta misma forma, se podría en el marco de los convenios suscritos con las procuradurías de justicia de los estados, solicitarles que informen sobre su estadística criminal en materia de delitos electorales. Para concluir la actividad propuesta, sería oportuno crear el Centro de Estudios de Justicia Penal Electoral, en el cual se realicen diversos estudios de derecho comparado sobre delitos electorales. Finalmente, en el rubro de prevención se debería establecer un presupuesto fijo para el desarrollo de campañas de prevención del delito electoral en elecciones federales, focalizadas para prevenir la compra y coacción del voto, la utilización de recursos públicos a favor de partidos políticos o candidatos y generar una cultura de la legalidad electoral.

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5.1.4. Convenios, acuerdos y programas de trabajo La FEPADE permanentemente realiza acciones de vinculación y cooperación interinstitucional para la procuración de la justicia penal electoral y para la prevención de los delitos electorales. En el 2007 se celebrarán 14 procesos electorales locales en los que sería oportuno convocar a las dependencias y entidades con competencia territorial de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal que tengan interés en participar en el Programa de Prevención del Delito Electoral Federal, lo hagan para que juntos y en forma coordinada, obtengamos logros importantes y transparentes en esas entidades federativas. Para la FEPADE, es prioridad formular y aplicar convenios que apoyen en la atención y tramitación de las denuncias que se presentan en materia de delitos electorales, especialmente aquellas que pudieran estar relacionadas con la utilización de programas sociales, servidores públicos y el voto en el extranjero. Al mismo tiempo, se requiere revisar convenios, programas de trabajo y demás instrumentos jurídicos que se tienen firmados con diversas instituciones, y cuya caducidad haya operado con el fin de renovar los compromisos asumidos y, en su caso, modificarlos según sea el contexto. Uno de los más importantes es el de Bases de Colaboración Interinstitucional para contribuir a la atención oportuna y eficaz de las denuncias que se formulen por la ciudadanía, con motivo de hechos presumiblemente delictivos, relacionados con la utilización indebida de programas sociales con fines políticos. Una propuesta alternativa de trabajo en conjunto sería crear la Conferencia Nacional de Fiscales Electorales. Aunque a la fecha son pocas las entidades federativas que cuentas con fiscalías de delitos electorales especializadas y permanentes, sin embargo, la mayoría de los estados cuando tienen procesos electorales nombran fiscales electorales. Ad hoc, con todos ellos sería oportuno trabajar con el objeto de impulsar mejores legislaciones y prácticas de prevención de delitos electorales. 5.1.5. Innovación y calidad En la transformación gradual que ha tenido la FEPADE a partir del año 2001 en mucho incidieron los diversos programas de innovación aplicados. Por tal motivo se debe dar continuidad a través de la consolidación del esquema de competencias a través de evaluación al desempeño y la capacitación especializada, a efecto de inhibir las debilidades en la aptitud de los servidores públicos sustantivos. Para ello, se deben adecuar al nuevo entorno los objetivos y las líneas estratégicas de la planeación, a efecto de mantener un sistema de control y seguimiento cuantitativo, a través de indicadores de efectividad y eficiencia para la toma de decisiones sustentada. También se requiere concluir el proceso de registro de la estructura organizacional y los manuales de organización. Finalmente, se sugiere continuar con los monitoreos a los procesos sustantivos mensuales y con auditorías de sistema de forma trimestral. En materia de calidad se debe mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, potenciado con los principios del Modelo Nacional de Calidad Total a efecto de consolidar la cultura de la calidad en el servicio, y con ello obtener una mejor percepción ciudadana de transparencia y eficiencia, para lo cual se debe tener cuidado de conservar el certificado bajo la Norma

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Internacional ISO 9001:2000 y su actualización con referencia a la 9004. Un elemento adicional es fortalecer las relaciones de mutuo beneficio de los clientes externos, a través de satisfacer las expectativas y necesidades y alcanzar niveles competitivos que permitan crear mayor credibilidad y confianza en la Fiscalía. Para la FEPADE, es importante impulsar el desarrollo de los procedimientos operativos que sustenten el sistema de participación ciudadana a través del Día Ciudadano y del Monitoreo Ciudadano para institucionalizar la evaluación de las organizaciones de la Sociedad Civil organizada en la evaluación de la gestión de la Fiscalía y con ello mejorar la calidad en el servicio. En materia de capacitación es conveniente continuar con los programas de actualización y profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para así fomentar el capital intelectual jurídico y especializado. De la misma manera, se deben fortalecer los procedimientos que dan vigencia al Código de Valores y al Comité que ha motivado un clima laboral armónico y estable. Como medida complementaria se podría fortalecer aplicando un mayor número de supervisiones, las campañas de control y vigilancia de seguridad, orden y limpieza sustentadas en la disciplina japonesa 5´s. 5.1.6. Administración de recursos Integrar nuevos esquemas de funcionalidad para atender con mayor rapidez las necesidades administrativas y financieras, por medio de procesos administrativos que permitan disminuir los tiempos de entrega de recursos, optimizar el capital de trabajo y aumentar la calidad del servicio. Diseñar procesos informáticos que permitan realizar un seguimiento preciso de cada una de las peticiones del personal relacionado con sus prestaciones y así mejorar el servicio proporcionado. Además, se debe implementar un nuevo Sistema de Registro de Asistencia a través de herramientas informáticas con la finalidad de mejorar el control de entrada del personal adscrito a esta Fiscalía Especializada. Mejorar la planeación en la programación de capacitación, con la finalidad de aumentar el grado de asistencia de los servidores públicos para que éstos cuenten con los conocimientos necesarios y poder aprovechar de mejor manera las herramientas de su entorno laboral. En materia de recursos materiales, se podría desarrollar un sistema informático que coadyuve al análisis y control de la nómina quincenal. De esta misma forma se debe considerar un esquema estratégico de renovación de equipo de cómputo, de manera tal que las herramientas más sofisticadas sean asignadas con los servidores públicos que cuenten con las funciones y capacidades para darle un mejor aprovechamiento.También se debe rediseñar el sistema de inventarios de inmobiliario y almacén, así como implementar una campaña del uso y aprovechamiento de los recursos con los que contamos, por medio de un programa preventivo anual de la infraestructura y de información sobre la importancia del cuidado del edificio.

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En lo que respecta al parque vehicular, se debe mejorar el sistema de comunicación con el área correspondiente, a fin de planear su asignación, implementar la cultura del cuidado de las unidades, y establecer sanciones a los servidores públicos que hagan mal uso de ellos. Crear una base de datos que concentre la información financiero-presupuestal, la cual permita analizar el comportamiento del presupuesto modificado, el ejercicio del gasto, disponibilidades presupuestales, avance financiero y control presupuestal, a fin de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

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El Informe Anual de Actividades 2006 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se imprimió en febrero de 2007 en Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., Calz. San Lorenzo Tezonco, núm. 244, Delegación Iztapalapa, C.P. 09830, México, D.F. Su edición consta de 1,000 ejemplares.

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