22 de Diciembre de 2016

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El Senado bonaerense dio sanción a la Ley de Presupuesto 2017 para la Provincia, que prevé destinar un 20% más de fondos para los municipios respecto al corriente año y un 70% más para obras de infraestructura, que ahora deberá ser aprobado en la cámara baja. Con la sola oposición del los senadores del Frente para la Victoria y el voto positivo de Cambiemos, Frente Renovador, Peronista, PJ-Néstor Kirchner y Justicialismo bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal logró el primer paso para obtener el presupuesto. La clave del acuerdo alcanzado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aries parece haber sido la transferencia de fondos provinciales a los municipios, las fuentes oficiales hablan de un aumento respecto del 2016 del 20%, unos 9.000 millones de pesos más que los 60 mil estipulados para los gobiernos locales. El presupuesto enviado a la Legislatura bonaerense por la gobernadora María Eugenia Vidal, triplica para 2017 las partidas destinadas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con lo que estiman crear 70.000 puestos de trabajo directos y algo más de 40.000 empleos indirectos. El gasto de capital en infraestructura asciende a $43.800 millones, lo que significa un 70% más que lo proyectado en 2016 y cuatro veces lo ejecutado en 2015. La inversión real directa, destinada a obra pública, será de $26.816 millones, cinco veces más que en 2015, por lo que en términos de participación de las erogaciones de capital en el gasto total, aumenta a 8,4% en 2017, frente al 3,7% en 2015 y el 6,3% de 2016. El plan incluye 826 obras de las cuales 442 son nuevas por un total de 13 mil millones de pesos, entre las que se consignan inversiones en agua potable, saneamiento y control de inundaciones por más de 9.300 millones de pesos. También contempla 28 obras en materia de transporte y energía destinadas a mejorar la infraestructura productiva por un monto de 1.578 millones de pesos. La iniciativa, que prevé gastos por 522.602.411.101 pesos, proyecta un resultado primario negativo de 12.125 millones de pesos y un déficit financiero de 34.733 millones, una necesidad de endeudamiento de 52 millones e incluye, después de muchos años, una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses estimada en el orden del 17 %, aunque el acuerdo alcanzado con los trabajadores del Estado establece un piso de 18 %. En el mensaje que acompañó al presupuesto se solicita autorización para endeudarse por 59.950.000.000 de pesos o su equivalente en otras monedas, "con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2017, afrontar la cancelación y/o renegociación de los servicios de deuda, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública". También se requiere autorización para endeudarse por 24.880 millones de pesos para proyectos y programas sociales; letras del tesoro; para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco Provincia y para el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura. A la vez, incluye un permiso para gestionar unos 670 millones de dólares ante organismos internacionales de crédito destinados exclusivamente a obras de infraestructura.

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En materia de inversión social, los recursos destinados a "Promoción y Asistencia" aumentan 84% respecto de 2016 y 120% respecto a 2015; los programas de Salud un 42% anual respecto de este año y el doble que el monto ejecutado en 2015; y los de Educación y Cultura reciben un incremento anual del 26%, un 66% más que en 2015. Además, durante 2017 se destinarán 74% más de recursos que en 2015 a seguridad y servicio penitenciario. Esos 522.000 millones -de los cuales 200.000 millones de pesos serán de recursos tributarios de origen provincial- implican 107.000 millones más (26%) que el Presupuesto proyectado-ejecutado de 2016, que estaría en el orden de los 413.000 millones de pesos. De acuerdo al proyecto, el total de erogaciones será de 522.602.411.101 pesos, de los cuales 290.257.246.091 estarán destinados a la administración central y 127.480.388.300 a la Dirección General de Cultura y Educación provincial. El área de Seguridad tendrá un presupuesto de 48.707.278.000 de pesos; Salud 29.565.289.600; casi 13.033.323.800 estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social y otros 13.710.629.000 al de Justicia. El presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos es de 20.285.314.811; 3.821.739.200 para Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 972.153.416 para Producción; 124.901.400 para Ciencia y Tecnología; 523.441.300 para Agroindustria y 1.577.023.000 para el ministerio de Coordinación y Gestión Pública. Crea 385.567 cargos de la Planta Permanente y 105.082 de la Planta Temporaria para los ministerios y secretarías. Otros 98.364.774.600 serán los recursos destinados a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Instituto Provincial de Lotería y Casinos; y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, organismos en los que se crearán 15.722 cargos de la Planta Permanente y 2.525 de cargos de la Planta Temporaria. Se sostiene también en los considerandos de la iniciativa legislativa elaborada por el gobierno de Vidal que "el primer año de gobierno estuvo abocado a cambiar la emergencia por previsibilidad : resolviendo la situación de iliquidez financiera; reordenando las cuentas públicas; ordenando la relación fiscal de la Provincia con los Municipios; celebrando paritarias con todos los trabajadores del Estado; priorizando la infraestructura; poniendo en marcha un plan de promoción social; y equipando las fuerzas de seguridad". Por último, el texto suscripto por Vidal destacó "la reivindicación histórica que inició esta gestión frente a la indiferencia de las anteriores" al plantear la recuperación, por vía legislativa y judicial, de "los fondos de origen federal que se vieron erosionados por la aplicación de mecanismos arbitrarios que contradicen el espíritu de las leyes".

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En la primera de las dos audiencias públicas convocadas para debatir un nuevo aumento en la tarifa de la luz, distribuidoras y cooperativas de toda la Provincia plantearon la necesidad de incrementar el nuevo cuadro tarifario entre un 35% y un 38%. Fue en Olavarría, donde acudieron a debatir la actualización las distribuidoras Eden, Edes, Edea, Edelap y 200 cooperativas que prestan servicio en distintos puntos de la Provincia, así como vecinos y consumidores de distintos distritos. Allí expusieron la situación financiera de cada caso y las necesidades de inversión y plantearon, en general, una actualización promedio entre el 35% y el 38%. Una nueva audiencia en este sentido se desarrollará hoy desde las 11 en nuestra ciudad, en el Colegio de Abogados, en 13 entre 48 y 49.

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Anunciada por la dirección de Vialidad bonaerense como una de las obras a iniciarse en el corto a mediano plazo, la prolongación de la ruta 6 hacia el sudeste platense ya enfrenta sus primeros desafíos: vecinos de dos zonas vinculadas con el proyecto denunciaron que avanzan sendas usurpaciones sobre su posible traza. Uno de esos frentes es el eje de la avenida 52, que entre las localidades de Etcheverry y Gómez de la Vega coincide con el antiguo tendido del ferrocarril Provincial al Meridiano V. Esa franja es terreno fértil para las ocupaciones -ya existen a los largo de muchos kilómetros-, y pasa muy cerca de la rotonda de 44 y 270, que es actual cabecera de la ruta 6. Según relataron vecinos y comerciantes de Lisandro Olmos, “apenas se conoció que piensan extender la ruta 6, empezaron a llegar grupos de personas a instalarse en un nuevo asentamiento justo por donde pasaría la obra; ahora hay coches quemados por todos lados, empezaron los robos, y los propios usurpadores reconocen que eligieron el lugar para poder pedir algo a cambio si los desalojan para hacer la ruta nueva”. La preocupación de los olmenses es compartida por quienes viven en la avenida 90 entre 14 y 21, y por partida doble: debido a las crecientes tomas de tierras, y al probable cambio de traza para la ruta 6, que sacaría a la 90 de escena en favor de la calle 630. “Desde hace un año y medio son todas malas para nosotros, revela Eduardo, uno de los vecinos del lugar, situado entre barrio Monasterio y el Aeropuerto local: “en agosto de 2015, varias cuadras de las tierras fiscales reservadas para el ensanche y prolongación de la 90 y ruta 6 fueron usurpadas, justo en la proximidad de las elecciones; y ahora dicen que esa obra va a pasar por otro lado, con lo que quedaríamos olvidados”. “El jueves pasado presentamos una nota a la Fiscalía de Estado para que cumpla con sus deberes y desaloje estas parcelas públicas, porque estamos sufriendo inseguridad” dijo el referente vecinal: “todos se pasan la pelota; ojalá el municipio cumpla sus promesas y si se hace la ruta 6 por otro lado, también abra la 90”.

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Días atrás, el ministerio de Infraestructura bonaerense, por medio de la dirección de Vialidad, había anticipado que hoy se iniciaría el proceso de licitación de los trabajos caracterizados como “apertura de traza, obras básicas y obras de arte en R.P. N°6”, con una inversión del orden de los 107 millones de pesos. Sería el primer paso para extender la autovía en territorio platense, despejando campos, construyendo puentes y alcantarillas en los sectores descritos en el llamado oficial como “Tramo 2: R.P. Nº215-Avenida 137, (Sección II: R.P. N° 215- R.P. N° 36): Primera Etapa: R.P. N° 215 - Calle 90”. Sin embargo, fuentes de Vialidad confirmaron que el llamado se postergó hasta el próximo 10 de enero, como consecuencia de haberse detectado “errores administrativos” en los pliegos elaborados por la dependencia. Según trascendió, la primera etapa del proyecto será entre la rotonda de rutas 6 y 215 y la proyección de la avenida 90 en las localidades de Angel Etcheverry y Esquina Negra, con una longitud aproximada de 6.810 metros.

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Llegó el verano y recrudecieron los cortes de energía eléctrica en la Región. Anoche un apagón que afectó a una amplia zona del norte platense se tradujo en innumerables quejas de vecinos que pusieron el grito en el cielo por las fallas del servicio. Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 21.30, cuando desde diferentes puntos de Gonnet y Villa Castells y City Bell se comunicaron usuarios para denunciar que estaban totalmente a oscuras. “No sabemos qué está pasando y por lo que se ve es bastante amplio. Lo peor es que llamás al 0800 de Edelap y te atiende una maquina que no da ninguna información”, se quejó, anoche, Omar, un frentista de la zona de calle 16 entre 490 y 492. La misma situación describieron vecinos del barrio Amebs, en 508 entre 8 y 9. Laura Díaz se quejó porque “cada vez que hace mucho calor acá se corta la luz, es fija”, aseguró. Asimismo, automovilistas comentaron que la fallas se extendía también por camino Centenario desde 495 hasta la altura del Batallón de Comunicaciones 601. Al cierre de esta edición operarios de la empresa distribuidora de energía eléctrica trabajaban para detectar la falla. Desde Edelap señalaron que poco después de las 22 operarios de la guardia realizaban tareas en la zona afectada, recorriendo la línea para detectar los puntos dónde maniobrar, por lo que no se pudo determinar, al cierre de esta edición, cuánto tiempo demorarían en restablecer el servicio.

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Vecinos de los barrios Villa Aeropuerto y San Vicente cortaron esta noche la ruta porque no tienen agua. "Hace 15 días que no sale nada", le dijo Fernanda, una vecina de la zona, a La Nueva.. Fernanda contó que siempre tuvieron problemas con el servicio pero "ahora es una vergüenza y nadie nos da bolilla". Explicó que para tener algo de agua tienen que esperar hasta las 3 de la mañana, entonces cargan la cisterna y con un motor la suben al tanque. Ayer,

ABSA instaló 3 puestos de abastecimiento para sectores con poca agua.

Los reiterados cortes de agua y luz motivaron a concejales de la oposición a presentar proyectos referidos a los problemas con ambos servicios públicos.

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La dirección provincial de Vialidad licitará hoy la reparación y ensanche de la ruta 67 en el tramo Pigüé-Puan, obra que fue reclamada durante años por ambas comunidades debido a los enormes y peligrosos baches que presenta. Las ofertas se conocerán durante un acto que comenzará a las 10, en la sede de la dirección provincial de Vialidad (Avenida 122 Nº 825 de la ciudad de La Plata). El intendente de Puan, Facundo Castelli, confirmó su presencia en el recinto. "La repavimentación, ensanche y nuevo acceso (a Puan) será una realidad que permitirá sentirnos seguros al viajar”, había señalado tiempo atrás el jefe comunal, quien a principios de año había preanunciado la licitación. El proyecto contempla la repavimentación y ensanche de los 29,1 kilómetros de la ruta 67 que van desde el acceso a Puan hasta la rotonda que une a esta carretera con la nacional 33, en inmediaciones de Pigüé. Los trabajos tienen un presupuesto oficial de 261,3 millones de pesos.

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Directivos de ABSA aseguraron que para el próximo fin de semana se estará inyectando un mayor caudal de agua a la red urbana de Médanos, por lo que se espera que no se repitan los graves problemas de escasez registrados en los últimos días. De todas formas, los directivos reconocieron que durante este verano es probable que continúe el acarreo diario de líquido desde Bahía Blanca. “Estuve en conocimiento (del faltante) y estamos trabajando para dar la mayor cantidad de caudal disponible a la población”, dijo a La Nueva. el gerente regional de Aguas Bonaerenses SA, ingeniero Gustavo Bentivegna. En las últimas jornadas -que fueron particularmente tórridas- se hizo evidente que el sistema de provisión de agua de Médanos sigue teniendo severas dificultades, pese a las millonarias obras efectuadas en los últimos años. Ante los numerosos y airados reclamos de los medanenses, el gobierno municipal solicitó a ABSA la contratación de un camión cisterna de 30.000 litros, que ayer comenzó a transportar agua desde Bahía Blanca a la ciudad cabecera de Villarino. Según Bentivegna, la raíz del problema son los desperfectos técnicos que existen en el sistema de extracción, los cuales se espera tener resueltos en las próximas horas. El directivo informo que en los últimos días se terminaron de cambiar las bombas de dos perforaciones ubicadas en la localidad de La Mascota. “(Esos pozos) estaban mal hechos y empezaron a entrar sedimentos”, explicó. En cuanto a las perforaciones en el campo La Morocha -donde el SPAR completó la obra a principios de este año-, se están reponiendo tres equipos que estaban quemados. Por último, en la estancia Las Escobas, una empresa subcontratada está acondicionando 11 pozos y limpiando cañerías. Bentivegna enfatizó que, con estos trabajos, se espera lograr un abastecimiento acorde a la cantidad de habitantes que tiene Médanos. La producción actual de los pozos que abastecen a la ciudad ronda los 50 metros cúbicos por hora (m3/h). Con este caudal, trabajando 12 horas diarias el sistema apenas cubre la mitad de la demanda que se registra en verano. De acuerdo con las estimaciones de ABSA, con la puesta a punto en marcha se llevará la producción de 50m3/h a unos 80m3/h. El déficit restante se podría cubrir haciendo que la planta funcione más de 12 horas por día o, como ahora, acarreando agua desde Bahía Blanca.

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Un incendio afecta gran cantidad de hectáreas de campos entre Viedma y el balneario El Cóndor, a 30 kilómetros de distancia, que se habría generado por una tormenta eléctrica, según informó hoy Defensa Civil provincial. Dotaciones de bomberos de la capital rionegrina y de Carmen de Patagones trabajan en el sector. Algunos pobladores de las casas ubicadas a la vera de la ruta 1 tuvieron que ser evacuados. Las llamas avanzan hacia la villa marítima, donde se cortó la electricidad. Por el momento no hay victimas fatales ni accidentados. El municipio viedmense informó que está interrumpido el tránsito de la ruta 1, en el tramo ViedmaEl Cóndor, debido a las intensas tareas que se realizan para controlar un importante foco de incendio. Además, indicó que la empresa proveedora de energía, Edersa, realizó un corte del servicio en El Cóndor a fin de facilitar las tareas del personal de bomberos y municipal.

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Una joven mujer policía y su madre fallecieron esta madrugada tras despistarse el automóvil en el que transitaban por la autovía 2 a la altura localidad de General Pirán. Las dos mujeres fallecieron en el acto, mientras que los otros tres ocupantes, hermanos de la policía y una sobrina menor de edad, resultaron con heridas leves. Es el segundo episodio fatal que se reporta en la Autovía 2 tras el asombroso suceso del martes por la tarde. Las víctimas fatales fueron identificadas como Diana Ayelén García (26), oficial subayudante de la comisaría quinta de Mar del Plata, y su madre Margarita Acosta (56). En tanto salieron del accidente prácticamente ilesos Facundo Nahuel García (19) –quien conducía el automóvil-, Juan Pablo Pizarro (28) y una menor de 12 años. De acuerdo a la información obtenida por LA CAPITAL, el trágico accidente se registró en el kilómetro 327 de la Autovía 2, en sentido Buenos Aires-Mar del Plata. Cerca de las 3.45 de esta madrugada el vehículo Peugeot 206 avanzaba hacia Mar del Plata con sus cinco ocupantes cuando,

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tras dejar atrás General Pirán, se despistó. “Siguió de largo en la curva que hay a la salida del pueblo”, explicó la fuente consultada. El automóvil golpeó contra el desnivel de la banquina y dio varios tumbos, lo que produjo las severas lesiones en la joven policía y su madre. Poco después llegó al lugar personal del destacamento vial Vidal y servicios médicos de la zona, que asistieron a los heridos y confirmaron los fallecimientos de las dos mujeres. Interviene la fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial Mar del Plata, que inició actuaciones caratuladas doble homicidio culposos.

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La empresa Obras Sanitarias informó que hoy salieron de servicio durante el lapso de más de una hora un total de 14 pozos de extracción de agua debido a un corte de energía de la Cooperativa Eléctrica Camet que le otorga suministro al Acueducto Norte. Según la empresa, a esa situación se sumó un corte de EDEA que actualmente afecta otros 11 pozos de producción que abastecen a los barrios Libertad, Virgen de Lujan, Etchepare, Raíces y Los Tilos, con un aporte perdido promedio de 534.000 litros por hora, lo que equivale al consumo promedio diario de 2136 personas. Ante esta situación y considerando las altas temperaturas previstas para esta jornada, OSSE recordó a los vecinos que “las reservas de la empresa se complementan con los tanques domiciliarios que obligatoriamente cada hogar debe tener en sus instalaciones internas: tanque de reserva elevado obligatorio con capacidad mínima de 1000 litros y para alturas mayores a 6 metros deberá instalarse un tanque de bombeo”. Mientras se avanza con la regularización de la situación, OSSE a la comunidad evitar cualquier derroche y realizar un consumo racional del agua. Para mayor información, Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán recordó a los usuarios que podrán comunicarse durante las 24 horas con el Centro de Atención al Cliente: 0810-666-2424. También podrán contactarse a través de las redes sociales: en Facebook: /AtencionOSSE – en Twitter: @AtencionOSSE. O por mail: [email protected]

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El asesinato de un militante social en Moreno, ocurrido el pasado fin de semana, puso de nuevo en escena la complicidad entre las bandas locales de la droga que azotan el Gran Buenos Aires y sectores de la Policía que, cuando menos, los protegen y les liberan zonas para el narcomenudeo. Unos y otros, narcos y malos policías, son los enemigos principales que enfrenta la política en el conurbano. Al menos la política que decidió no ser parte ni cómplice con el delito y las mafias. En ese bando, que intenta una muy difícil regeneración institucional, están desde la gobernadora María Eugenia Vidal hasta la mayoría de los intendentes, sean oficialistas o del peronismo que hace un año es oposición. Si se atiende a la descripción de legisladores y dirigentes que caminan esas zonas donde la gente de no tener nada ni siquiera tiene futuro, a la lista de indeseables deberían sumarse ciertos jueces y fiscales. Algunos por complicidad con los submundos del delito, otros por exceso enfermizo de garantismo, contribuyen a que muchos detenidos salgan de las comisarías casi más rápido de lo que entran; o a que con argucias legales sean puestos en libertad sujetos peligrosos que con demasiada frecuencia vuelven a delinquir. Es una pelea desigual, en dominio y conocimiento del territorio y en ocasiones hasta en recursos materiales. Y pese a los avances que se registraron este año, empezando por la decisión política de quienes gobiernan, los “buenos” todavía no llevan las de ganar. Sucede, también, que la repetición abrumadora de hechos de inseguridad termina por anestesiar las reacciones. Sobre el asesinato en Moreno, además de algún reflejo en la prensa, apenas se conocieron condenas públicas del diputado Chino Navarro, del Movimiento Evita; y del dirigente Claudio Lozano, de Unidad Popular. El asesinado fue César Méndez, activista del movimiento La Dignidad, una agrupación guevarista nacionalista conducida por cuadros universitarios que creció a expensas del retroceso y dilución del kirchnerismo. Según relatos de fuentes directas, Méndez fue baleado cuando se interpuso en la agresión que un grupo de narcos conocidos en la zona desplegó contra un merendero ubicado en la manzana 23 de Cuartel Quinto. Los atacantes -una banda de narcomenudeo que integrarían ciudadanos paraguayos- presionaron para desalojar casas en el barrio porque habían vendido el lote a otras familias llegadas desde Paraguay. Parece ser una práctica habitual de prepotencia y negocios. Cuando vecinos y militantes fueron a la comisaría del lugar para reclamar por la muerte de Méndez, aseguran haber visto allí al presunto asesino en plácida tertulia con los policías. La deserción del Estado de sus funciones elementales es una deformación monstruosa construída por décadas en el GBA. La solución, si algún día se alcanza, requiere de una firme determinación política y de un consenso sólido y sostenido del conjunto de la dirigencia. Los países serios alcanzan logros de este tipo. Los llaman políticas de Estado. Mientras tanto, suceden cosas como las que se registran en Lanús. Allí, dice el secretario de Seguridad Diego Kravetz, la policía detenía en 2015 a una persona por día por delitos en la vía pública. En 2016, cambio de gobierno nacional, provincial y municipal mediante -ahora gobierna Cambiemos con Néstor Grindetti como intendente- la cifra de detenciones pasó a un promedio de

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diez por día. De esas, 80% corresponden a la policía local, que controla el intendente, y 20% a la Bonaerense. Pero el secretario Kravetz asegura que de esos diez, cinco vuelven a la calle “como máximo una hora después de haber entrado a la comisaría”. En Lanús la nueva administración cambió de entrada a los 10 comisarios del distrito, después a dos de esos recién nombrados, y ahora echaron a dos más y hay comisarías con el mando vacante. En todo el GBA hay zonas donde la policía no entra y el delito amenaza con controlar el territorio: es el principio de la “mexicanización” sobre la que ya advirtió el Papa Francisco. El narcomenudeo penetró y se siguió asentando: en los barrios hay bunkers, quioscos y “soldaditos” que muchas veces son los pibes de la cuadra. Los intendentes destinan presupuesto a comprar patrulleros, camionetas, chalecos. Ponen luces en las plazas, calles y avenidas. Elaboran mapas del delito con informes propios y ya no con los reportes policiales que sólo mencionaban los delitos consumados.

La división de Asuntos Internos de la Bonaerense, conducida por Guillermo Berra -hombre de confianza del ministro Cristian Ritondo- hizo en un año 8.071 sumarios administrativos, el doble que en 2015. Apartó de la fuerza a 3.018 oficiales y agentes, el triple que el año pasado. Ordenó la detención de 272 policías e inició un total de 204 investigaciones patrimoniales. Es mucho. Pero es apenas el final de un camino y una cultura que empiezan muy abajo. La pregunta de fondo se la formula un intendente oficialista y sigue siendo la misma de siempre: “¿quiénes mandan en la calle, ellos o nosotros?”.

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En lugar del famoso y difundido juego de mesa TEG, Tácticas y Estrategias de Guerra, el año 2017 podría ser el del TEE, Tácticas y Estrategias de Elecciones, no por ello menos intrincado, aunque claro sin el contenido de las armas. Luego de un primer año signado por la performance del Gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial, los próximos 365 días estarán atravesados por el armado electoral. Tras el éxito del 2015, el tándem PRO-UCR, como las caras más visibles del frente electoral, parece convencer a la tropa de que la mejor opción es volver a ir juntos a las urnas más allá de algún aliado díscolo que dispara fuego amigo ante los micrófonos. En la otra vereda, el peronismo desoja la margarita con el sueño de hallar entre sus pétalos al candidato que con liderazgo que unifique al partido como paso previo al 2019, en donde la mayoría de los peronistas aspira a recuperar el poder perdido y añorado. En las próximas elecciones, se elegirán 24 senadores y 127 diputados del Congreso Nacional, además de legisladores provinciales y cargos municipales. En ese tablero electoral, los intendentes son dueños del territorio y no quieren perder lo conquistado. ¿Cambiar? "Creemos que el año próximo la provincia de Buenos Aires va a estallar de obras, en cada municipio se van a ver obras que empiezan y terminan", cuenta entusiasta un alto funcionario nacional con relación cotidiana con los intendentes. "La relación con los intendentes no tiene por qué modificarse. Nosotros somos un gobierno que no hace un reparto discrecional de los fondos, el que entienda que la gestión se hace entre todos y deje lo partidario de lado, tendrá nuestro apoyo; aunque sabemos que al ser un año electoral habrá quienes privilegien lo partidario", anticipa el mismo funcionario. Si bien en desde Cambiemos enarbolan las pancarta de las distribución equitativa de los fondos destinados a los municipios, un intendente peronista afirma que el Gobierno nacional y provincial tienen un esquema de reparto discrecional. "En nuestro municipio no hubo guita de Nación", se queja el jefe comunal de uno de los distritos más populosos del conurbano. En cambio, un intendente radical, integrante de Cambiemos, afirma que "nosotros marcamos una diferencia con el kirchnerismo porque el reparto de fondos no tiene en cuenta el color político, acá no se castiga a nadie con la billetera". Y agrega que "el año que viene van a continuar las obras y los intendentes van a poder dar respuesta a viejas necesidades de los vecinos". Hay que recordar que este año en la provincia de Buenos Aires los $7 mil millones del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que se repartieron teniendo en cuenta el coeficiente único de distribución (CUD), se tradujeron en más de 800 obras en los distintos municipios bonaerenses. En cuanto al juego electoral y el impacto en la gestión, un intendente de Cambiemos analiza: "Es lamentable que tengamos que votar cada dos años y vivir del año electoral en donde hay distintos posicionamientos políticos y legislativos. Tenemos que estar 100 por ciento en la gestión y cuando estás en un año electoral no estás al 100 por ciento en la gestión". Centro Sin dudas la principal atención de las elecciones de medio término estará puesta en la provincia de Buenos Aires, en donde con tres bancas del Senado en juego, Cambiemos buscará consolidar su

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posición a partir del aura que irradia María Eugenia Vidal, y el peronismo procurará que emerja un líder para reunir la diáspora partidaria. Base territorial de las tácticas y estrategias electorales, los intendentes juegan también sus fichas. En la alianza electoral gobernante, san varios los jefes comunales radicales que en diálogo con Municipios sostienen que "Cambiemos se consolidó como gobierno y el año que viene tenemos que seguir en la misma línea, fortaleciendo el acuerdo para seguir adelante". Por supuesto que Mauricio Macri y Vidal, junto con sus "equipos" ya analizan y proyectan escenarios de cara a las legislativas. Como las listas serán encabezadas por la categoría de senadores, el PRO piensa en diversos nombres, algunos conocidos de la política y otros reconocidos outsiders. La lista es variopinta: la díscola Elisa Carrió, el neurólogo de extracción radical Facundo Manes, la diputada nacional del PRO, Gladys González y Jorge Macri quien mantiene sus esperanzas de recibir la unción presidencial del primo Mauricio. Estos son algunos de los nombres que se barajan, aunque todavía es apresurado buscar que decante la candidatura, máxime considerando que Macri y Vidal parecen avanzar con estrategias diferentes: el Presidente se convence -y lo convencen- de que hay que mantener el purismo étnico del PRO, mientras que Vidal parece inclinarse por seguir sumando dirigentes peronistas que aporten al dominio territorial. A esa estrategia apunta el Foro de Intendentes de Cambiemos impulsado por el propio Jorge Macri y Ramiro Tagliaferro de Morón, que durante el año realizó cinco encuentros con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, pero también para servir de nexo con los funcionarios del gobierno bonaerense de Vidal para acelerar respuestas y evitar que algún descontento despierte sangrías. Claro que esa mirada general comienza a enturbiarse cuando los intendentes empiezan a mirar fronteras adentro de sus distritos. Varios jefes comunales radicales del interior provincial coinciden en afirmar que aspiran a listas únicas de concejales y consejeros escolares, con la esperanza de no tener frentes internos. Distinta es la situación en algunos distritos como por ejemplo San Martín en donde la interna de Cambiemos aparece más expuesta. Allí Vidal tiene una pata con su ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, quien en 2012 comenzó a incursionar en la política sanmartinense; Jorge Macri tiene su delfín con el subsecretario de Servicios Públicos de Vicente López, Andrés Petrillo quien aspira ser el próximo intendente de San Martín, y hasta el propio Mauricio Macri respalda al periodista y relator que sigue la campaña de Boca, Daniel Mollo, que actualmente es el presidente del bloque de concejales de Cambiemos. Pero además, un novato intendente de Cambiemos que asumió en un distrito caliente derrotando a uno de los últimos barones peronistas del conurbano y que apura el paso para enderezar la gestión asegura que "nosotros desde el territorio aspiramos también a tener injerencia en el armado de las listas provinciales, a nivel región electoral queremos tener participación para definir nombres". Liderazgo El peronismo camina aún lamiendo las heridas de la derrota de 2015 y con el cabildeo interno para acercar voluntades a los distintos espacios que se disputan el legado de la justicia social. El toreo entre dirigentes tiene varias intrigas que el avance del cronograma electoral irá obligando a develar. Uno de los coqueteos que más expectativas genera es la decisión que adoptará Cristina de Kirchner, con distintos exégetas de la expresidenta pululando en la fauna conurbánica, son varios los que esperan a que sea ella la que mueva la primera pieza para definir el rumbo. Y las aguas se dividen entre quienes respaldan a CFK como la líder del peronismo y quienes consideran que su tiempo ya pasó. Un intendente que prefiere presentarse como peronista dejando atrás el sello del FpV sostiene que "si Cristina gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires emerge como líder pero no sirve para candidata del peronismo para el 2019; nosotros queremos recuperar el poder en 2019, no en 2023". Otro planteo que llega desde un distrito comandado por un alcalde con pasado K es que "si Cristina es candidata y termina armando listas para los concejos deliberantes, La Cámpora nos va a complicar la gestión; ya los tuvimos ocho años encima, ahora no queremos que nos vuelvan a mandar". Un peronista elige una metáfora para plantear el escenario: "El problema es que Cristina va tomar la decisión a ultísimo momento, y eso obliga a tener varios tableros de TEG a la vez". Así las cosas, los colectivos de intendentes peronistas van agrupando dirigentes con ideas y objetivos similares, pero con fidelidades que son volátiles y en algunos casos efímeras.

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El primero es el Grupo Esmeralda que plantea la necesidad de que el peronismo siga una agenda a futuro siempre con eje en la justicia social y está liderado por Gabriel Katopodis de San Martín, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, y Juan Zabaleta de Hurlingham. Con un tinte kirchnerista pero también pensando en el futuro del peronismo está el Grupo Fénix en donde abrevan Gustavo Menéndez de Merlo, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Ariel Sujarchuk de Escobar, Verónica Magario de La Matanza, Walter Festa de Moreno y Juan Ustarroz de Mercedes. Una tercera posición es el Grupo Establo en donde participan Marisa Fassi de Cañuelas, Mario Ishii de José C. Paz, Jorge Cortéz, de H. Yrigoyen y Oscar Ostoich de Capitán. Sarmiento, entre otros. Hay otros que prefieren seguir referenciados claramente en el kirchnerismo como es el caos de Jorge Ferraresi de Avellaneda y Mario Secco de Ensenada. Por supuesto que otro jugador clave es Sergio Massa, quien desde el Frente Renovador proyecta el 2019 como el momento exacto para dar el salto para llegar a la Casa Rosada. En ese espacio sostienen que "Cristina tiene un núcleo duro que llega al 25% o 30% del electorado, pero la realidad es que pensando en 2019 también tiene un techo, no veo que sea la mejor candidata del peronismo de cara a la elección presidencial". La búsqueda de un liderazgo, con el que históricamente el peronismo se siente más cómodo, incluye al derrotado Daniel Scioli y al exministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. "Con Scioli estaríamos planteando la misma campaña que en 2015, en donde lo único que hicimos fue hablar de los 12 años y no le hablamos a la gente de una agenda de futuro; el peronismo necesita renovarse y para eso estamos trabajando", cuenta un joven intendente peronista. En la misma línea, otro expone: "El 2017 va a ser un tablero de prueba de los liderazgos del peronismo, pero si en 2017 las candidaturas únicas son las mismas que las de 2015, eso va a atrasar muchísimo el reordenamiento del peronismo". Por su parte, desde el entorno de Randazzo analizan que "aún hay tiempo para definir las candidaturas, hay que tener paciencia y no saturar a la gente. Florencio está tranquilo, no quiere desgastarse, estuvimos 12 años y si sale a hablar ahora no le suma". Las mismas fuentes creen que el nacido en Chivilcoy "definirá si es candidato el año que viene, pero que mantenga un bajo perfil no quiere decir que esté inactivo, él mantiene contactos con intendentes, legisladores y gobernadores para debatir sobre el presente y futuro del peronismo". Dentro del juego electoral cada uno va moviendo las fichas, pero a la vez los intendentes, tanto oficialistas como opositores, enfrentan el desafío de sostener una gestión que resuelva los problemas de los vecinos.

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Sobre la hora, y luego de pasar toda una tarde negociando con los intendentes peronistas para unificar una postura entre todos los fragmentos de lo que fue el Frente para la Victoria, los diputados y senadores bonaerenses de La Cámpora y el ultrakirchnerismo decidieron votar en contra del presupuesto 2017 y el endeudamiento solicitado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Repitieron, así, el amague de la votación del presupuesto 2016, cuando prometieron su apoyo a Cambiemos y luego votaron en contra. Aquella vez, el giro se habría dado luego de una orden telefónica de Máximo Kirchner. Ayer el rumor del llamado se repitió, pero con otro disparador: la represión en Jujuy a militantes kirchneristas. Esta vez, sin embargo, Cambiemos no sufrió el desplante: el resto del peronismo aportó los votos para sacar el presupuesto, la ley impositiva y otras normas que se sancionaron anoche, como la reforma de la Defensoría del Pueblo y la elección de Julio Conte Grand como nuevo procurador bonaerense. Quién sí sufrió el impacto de la movida camporista fue el propio peronismo, que llevaba meses de reuniones para mostrarse unido en la Legislatura bonaerense y, de ese modo, imponer cambios en las leyes propuestas por el oficialismo. Lograron imponer los cambios, pero no consiguieron el segundo objetivo: cerrar 2016 unidos, para iniciar fortalecidos el año electoral. Para seguir de cerca la votación en el Senado y Diputados, que se extendió hasta después de la medianoche, el peronismo montó ayer un bunker en el hotel Corregidor, frente a la Legislatura, por donde desfilaron todas las tribus en las que se dividió el Frente para la Victoria después de la derrota de 2015. La pulseada entre los intendentes y La Cámpora Mientras por el comedor del hotel iban y venían intendentes y legisladores de todos los colores, tres grupos se quedaron pulseando hasta el final: en un salón reservado se juntaron los intendentes del grupo Esmeralda Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), cara a cara con la cúpula de La Cámpora, representada por los diputados nacionales Eduardo "Wado" De Pedro y Andres "el Cuervo" Larroque, además del senador provincial Santiago Carreras. El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, de La Matanza, cerraba esa mesa, como mediador y parte. Abajo, en el comedor del hotel, cada intendente peronista -llegaron a ser unos treinta- punteaba las obras que necesitaba en su municipio para que fueran incluidas en una planilla anexa y votadas junto al presupuesto. Planteos más o menos, esas obras cerraron la discusión para el grueso de los jefes comunales, especialmente los del interior, que se iban despidiendo después de completar el trámite. Algunos se cruzaron hasta el Senado, para estar presentes en la votación. "Todos los sectores estamos acá porque queremos la unidad del peronismo", repetía Verónica Magario, intendenta de La Matanza y encargada de juntar la "planilla" con las obras de sus pares. Lejos del micrófono, otro intendente fue más explícito: "Esta noche (por anoche), el que rompe el acuerdo y vota en contra del resto del grupo, que se olvide del peronismo en 2017". La advertencia terminó convirtiéndose en profecía.

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Y es que la discusión era otra en el salón reservado del primer piso. Allí, los que debían ser convencidos eran Larroque y De Pedro. Porque La Cámpora no quería votar el endeudamiento pedido por Vidal, pero también porque pretendía quedarse con algunos de los cargos en discusión. Primero, el puesto de Defensor del Pueblo, que el grupo Esmeralda ya había acordado con el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, para que lo ocupara el ex sciolista y ahora randazzista Guido Lorenzino, que anoche fue formalizado en el cargo. Caída esa posibilidad, los camporistas pujaron por el segundo cargo en importancia creado por la ley sancionada anoche: el de Defensor del Pueblo adjunto general, que el massismo ya había cerrado para Walter Martello. Se les ofreció entonces la tercera adjuntoría creada por la nueva ley, pero no la aceptaron. En el medio, el radicalismo se quedó con el Defensor Adjunto para Derechos Humanos, que fue para Marcelo Honores (actual defensor interino); mientras que el Movimiento Evita, a través de Eduardo "Cholo" Ancona, se reservó la adjuntoría especializada en Derechos Sociales. Si no accedían a la Defensoría o la Defensoría Adjunta General, los camporistas amenazaban con no votar y dejar "pegado" al resto del peronismo aprobando el endeudamiento de Vidal. Para los intendentes, significaba cerrar el año del mismo modo que lo habían comenzado: divididos. Un sector de Cambiemos y el massismo trabajaron todo el año por mantener esa fractura. Los intendentes del grupo Esmeralda, en cambio, esperaban ofrendarle una foto de unidad a Florencio Randazzo, para darle otro empujón que lo convenza de ser candidato en 2017. Hasta entrada la noche, los intendentes y Espinoza creían haber logrado la unidad. Así lo dieron a entender cuando Larroque y De Pedro abandonaron el hotel, a las 19.15. A las 19.30, los jefes comunales se trasladaron con la "buena noticia" y un conjunto de pedidos hasta la residencia del jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai. Cambiemos empezó a hacer correr la voz de que el presupuesto y el endeudamiento iban a ser votados por unanimidad. Todo se cayó unas horas después, cuando los senadores de La Cámpora y el ultrakirchnerismo no bajaron al recinto para votar la nueva ley de Defensoría del Pueblo y luego se sentaron en sus bancas para votar en contra el presupuesto y el endeudamiento. Más tarde, en Diputados, completarían la faena.

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Al cabo de una extensa jornada de negociaciones con marchas y contramarchas, la Legislatura bonaerense se encaminaba anoche al cierre de esta edición a sancionar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2017. Pasadas las 23.00, el Senado bonaerense sancionó los proyectos, que fueron girados al filo de la medianoche a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La sesión, que había sido convocada para las 11 de la mañana, fue postergándose al ritmo de una pulseada que involucró al oficialismo, a los distintos sectores del peronismo y al Frente Renovador. El acuerdo terminó de cerrarse entre Cambiemos, el massismo y los legisladores que responden a los intendentes del Grupo Esmeralda. El kirchnerismo y los senadores de La Cámpora votaron en contra de los dos proyectos, con fuertes críticas al nivel de endeudamiento. Los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva prevén gastos por más de 520.000 millones de pesos y una necesidad de endeudamiento del orden de los 52.000 millones de pesos. REPARTO DE CARGOS Con los aspectos centrales de la letra del Presupuesto y la Ley Fiscal ya acordados, la pulseada se centró en la designación del nuevo Defensor del Pueblo y los defensores adjuntos y en el reparto de las vicepresidencias de la Cámara de Diputados.

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Luego de idas y vueltas, se definió un reparto que dejó conformes a los principales protagonistas de la negociación. Al frente de la Defensoría quedará Guido Lorenzino, exdiputado que responde a los intendentes peronistas del Grupo Esmeralda. Como la Adjuntoría General, segundo escalafón de la Defensoría, quedó para el también exdiputado Walter Martello, quien reporta al Frente Renovador. En tanto, el otro eje de la pulseada, el esquema de autoridades en Diputados, también fue destrabado anoche. Cambiemos recuperará el sillón de conducción de la Cámara baja, que irá para Manuel Mosca. La vicepresidencia “con firma” irá para el massista Ramiro Gutiérrez. En tanto, un hombre de Florencio Randazzo, Marcelo Feliú, irá a la vicepresidencia Primera, mientras que el Movimiento Evita se quedó con la vicepresidencia Tercera, que será para Patricia Cubría. Un sector del camporismo, con todo, rechazó el acuerdo. Anoche, el diputado José Ottavis presentó un amparo contra el acuerdo para renovar autoridades, con el argumento de que el reglamento interno de la Cámara baja no contempla las presidencias por un año, como la que cumplió Jorge Sarghini. En tanto, al cierre de esta edición, el Senado se aprestaba a dar acuerdo al pliego de designación de Julio Conte Grand como nuevo Procurador General de la Suprema Corte, en reemplazo de Carmen Falbo. Las sesiones, que habían sido convocadas para las 11 en el Senado y las 15 en Diputados, fueron postergándose hasta la noche al ritmo de una negociación que tuvo como escenarios las oficinas del Senado y el Hotel Corregidor, donde se congregaron los legisladores e intendentes del peronismo. La discusión cristalizó las profundas divisiones que atraviesan al peronismo. Ni el desembarco a la mesa de negociaciones de referentes de peso, como el presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza, los intendentes del Grupo Esmeralda y los camporistas Wado De Pedro y Andrés Larroque lograron la pacificación interna. Por la tarde, cuando todo parecía encaminado a un acuerdo, las sesiones volvieron a postergarse. En medio de ese escenario, el ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza llegó al Senado poco después de las ocho para intentar destrabar el conflicto. EN NUMEROS La ley de leyes prevé gastos durante el año próximo por 521.410.794.201 pesos, un 47 por ciento más que lo presupuestado para este año (354 mil millones), aunque desciende a 26 por ciento si se contabiliza lo proyectado hasta diciembre de 2016, que es de 413 mil millones de pesos. El presupuesto para 2017 incluye como novedad una pauta de aumento salarial del 17 por ciento para los empleados públicos bonaerenses, quienes ya acordaron el mes pasado con el Ejecutivo una suba del 18 por ciento más una cláusula de actualización por inflación. Asimismo contempla un endeudamiento por 52 mil millones de pesos, un fondo para obras en los municipios por 8.500 millones de pesos, una proyección de inversión en obras por casi 44 mil millones de pesos. La reforma impositiva 2017 incluirá una suba del 36 por ciento en el Impuesto Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, la elevación de 1 al 3 por ciento del impuesto al Sello para la compra de autos, una baja en Ingresos Brutos para comerciantes con facturación menor a 1,3 millones de pesos. La ley fiscal también contempla una suba de dos puntos en el porcentaje de Ingresos Brutos que pagan los Bingos y la incorporación de un artículo que dispone el cobro de una entrada de 20 pesos a las salas de juego.

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“El gobierno habla de diálogo pero lo cortó hace 5 meses. Si no hay respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de los maestros, se avecina un 2017 muy pero muy conflictivo”. Los dirigentes del Frente Gremial Docente realizaron ayer una masiva movilización a la Casa de la Provincia, en la capital federal, para pedir por la “urgente” reapertura de la paritaria y rechazar el “ajuste en el presupuesto para educación”. La presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, dijo a este diario que “hace cinco meses que no recibimos ningún llamado para discutir la indispensable recomposición del poder adquisitivo que perdieron los sueldos docentes, una instancia que ya se tendría que haber cumplido si el gobierno provincial hubiese respetado la letra del acuerdo paritario de febrero”. Pero la dirigente no sólo se refirió a los sueldos. “No nos han convocado para ninguna instancia de la paritaria, como la comisión de condiciones laborales o de salud laboral”. Respecto de la cuestión salarial, Petrocini advirtió que “para discutir el aumento 2017, es condición sine qua non recuperar los puntos porcentuales que perdimos de poder adquisitivo, que son muchos”, dijo. El jefe del Suteba, Roberto Baradel, dijo que esa “pérdida” es de alrededor del 10%. Desde ese sindicato subrayaron, en relación a la movilización de ayer, que “la ausencia de los funcionarios y la entrada vallada custodiada por policías es el testimonio explícito de la negativa absoluta del gobierno provincial a iniciar una instancia de diálogo”. El Frente Gremial llegó a las fiestas con una agenda recargada, lo cual anticipa una negociación dura de cara al año entrante. Reclamaron reapertura “urgente” de la paritaria docente; incremento del presupuesto educativo 2017; eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría; cobertura “total” de cargos; aumento de cupos para los comedores escolares; resolución de problemáticas edilicias; continuidad “integral” de los programas socioeducativos; desarrollo “integral” del programa nacional de formación permanente; funcionamiento de las comisiones técnicas, y expresaron el “rechazo a la armonización de las cajas previsionales que, en la práctica, implica el desfinanciamiento del IPS”. EL INICIO DE CLASES Baradel afirmó: “La gobernadora (María Eugenia) Vidal decía que tenía diálogo con los docentes, cuestión que era una puesta en escena porque no hubo convocatoria. Además, no sólo no mantuvo el presupuesto en educación, sino que lo envía a la Legislatura con recortes”. “Convocó a estatales y le dio aumento a la policía bonaerense, mientras mantiene la no convocatoria a los docentes”, agregó y opinó que “el gobierno nos condena a pasar el verano con pérdida del poder adquisitivo. Esto debe saberlo la sociedad, porque van a responsabilizarnos del conflicto, cuando venimos reclamando diálogo desde hace 5 meses. Nos cierran las puertas y no hay convocatoria a la paritaria como se había acordado”. Finalmente aseveró que “en estas condiciones, sin respuestas del gobierno, sin discusión sobre la pérdida de poder adquisitivo y sin una propuesta para el próximo año, las clases no comienzan. La gobernadora va a ser la responsable”, remató.

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El acuerdo que se alcanzó anoche pasadas las 21.30 en el Senado bonaerense llegó al final de una larga y espinosa negociación en la que tanto el oficialismo como la oposición buscaron fortalecerse de cara al escenario político futuro. En rigor, el Presupuesto, el endeudamiento y la Ley Impositiva para el año próximo fueron el disparador de una pelea con la mira en 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal deberá enfrentar su primer desafío en las urnas. Con un borrador de acuerdo que contemplaba aspectos centrales, como el monto de los fondos para los municipios, la pulseada se centró en los últimos días en el reparto de los espacios de poder, como los sillones como el esquema de autoridades en Diputados y la Defensoría del Pueblo. En ese marco, el dato clave que terminó de cristalizarse ayer fue la imposibilidad entre los diferentes sectores del peronismo de alcanzar un acuerdo. La unidad entre los intendentes del Grupo Esmeralda, los del Grupo Fénix, el kirchnerismo, el randazzismo, La Cámpora y el Movimiento Evita, que buscó empujar a Vidal a revisar su acuerdo de gobernabilidad con el massismo, nunca terminó de tomar forma. La negociación dejó, así, varias certezas. En principio, la vigencia del acuerdo político entre Vidal y Sergio Massa, en medio de las turbulencias a nivel nacional entre el presidente Mauricio Macri y el líder del Frente Renovador. Pero además, terminó de ubicar a los intendentes “dialoguistas” del Grupo Esmeralda, y a los legisladores que les responden, como los interlocutores elegidos dentro del complejo universo del peronismo bonaerense por Vidal para garantizar gobernabilidad en la Provincia.

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La constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 a 2014. En ese período se quedó con contratos de obra pública por la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF, además de, entre otros, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Odebrecht es una parte clave de la investigación del Lava Jato, que tiene en jaque a la clase política brasileña. El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, lleva preso ya más de un año. Y su “delación premiada” es la que podría arrastrar a los funcionarios de los gobiernos de Lula Da Silva, Dilma Roussef y el propio presidente Michel Temer. En ese contexto, la compañía aceptó pagar una multa de US$ 3.500 millones en Brasil, Estados Unidos y Suiza. “Odebrecht S.A. anuncia la firma de acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico”, señaló la compañía en un comunicado. Según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que trascendió ayer, la empresa reconoce haber pagado coimas sólo en Brasil por 349 millones de dólares a través de su constructora y otros US$ 250 millones con una filial, la petroquímica Braskem. El mismo documento detalla luego los pagos hechos en otros países, incluyendo Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Con esas coimas, la compañía obtuvo contratos por 12.000 millones de dólares entre 2001 y 2016, señala la misma información. La mayor coima pagada por la empresa fuera de Brasil fue en Venezuela: fueron “aproximadamente 98 millones de dólares en pagos corruptos para funcionarios de gobierno e intermediarios para obtener o mantener contratos de obras públicas”, señaló el Departamento de Justicia. En el caso de la Argentina, el mismo infome dice que fueron 35 millones de dólares para obtener contratos por US$ 278 millones en el período 2007-2014, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.Voceros de la empresa en Buenos Aires se negaron a hacer comentarios sobre el tema. En esos años, Odebrecht realizó la ampliación de la capacidad de Transporte Firme de Gas a lo largo de 15 provincias. Construyó la planta de potabilización de agua de Paraná de las Palmas, para AySA, y una Planta de Reformado Catalítico en la refinería de YPF en Ensenada. El ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López eran quienes verificaban esos contratos. Jorge "Corcho" Rodríguez, más conocido por haber sido novio de Susana Giménez, era el articulador de esos contactos políticos. Los proyectos de más visibilidad de la empresa en esos años, sin embargo, fueron la construcción de una vía ferroviaria para la mina de Potasio de Río Colorado, Mendoza, de la brasileña Vale, y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. La vía ferroviaria de la mina mendocina nunca se hizo, porque Vale canceló el proyecto por la caída del precio de los minerales. Eso provocó un escándalo en su momento por la cantidad de despidos que hubo, entre ellos los de la constructora.

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El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una obra gigantesca, de más de 3.000 millones de dólares. Allí el contratista principal era IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Odebrecht tenía una parte menor del consorcio, pero al no conseguirse la financiación para llevar adelante el proyecto, la brasileña gestionó créditos en el banco estatal brasileño BNDS y se quedó con el proyecto. El primer anuncio de la obra corrió por cuenta de Cristina Kirchner, en agosto de 2008. El ex ministro de Transportes Florencio Randazzo se sacó numerosas fotos en las obras durante su gestión. En la actual gestión, Mauricio Macri cambió la forma de financiación de la obra, que ahora paga el Estado, y Calcaterra retomó el control del proyecto.

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La Cámara de Senadores aprobó esta tarde el proyecto de ley para reformar el Impuesto a las Ganancias, acordado entre el Gobierno, la CGT y los gobernadores. Fue por amplia mayoría de 56 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Apoyaron la iniciativa los miembros del interbloque de Cambiemos y la mayor parte de las bancadas peronistas, tanto del Frente para la Victoria como del PJ disidente. En cambio, Ruperto Godoy y Daniel Pérsico, del FpV rechazaron el proyecto y se abstuvieron diez senadores alineados con La Cámpora y el ultrakirchnerismo, además de Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, del PJ Federal de San Luis. La iniciativa eleva el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos para los casados con dos hijos, y a 28.000 para los solteros. Además, se modifican las escalas, lo que dará progresividad al tributo; se incorporan deducciones por alquileres, horas extra en días no laborables, y por zona patagónica. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), abrió el debate y destacó el “consenso” alcanzado en el proyecto por Ganancias. El senador admitió que durante el kirchnerismo no se modificaron las escalas en el impuesto, y reprochó al presidente Mauricio Macri no haber cumplido su promesa de campaña de eliminar el tributo. Por su parte, el radical Julio Cobos consideró que “hemos sabido encontrar una fuerte salida” y resaltó la "apertura" del Gobierno nacional, que convocó a distintos sectores para dialogar. El radical opinó que “el sistema tributario argentino debe ser reformulado" para que “sea simple y fácil de controlar”. Parte del debate estuvo enfocado en las idas y vueltas con la reforma, que terminó en este proyecto consensuado luego de que la oposición en Diputados, en una jugada muy fustigada por la Casa Rosada, le dio hace dos semanas media sanción a un proyecto unificado opositor, propinándole una dura derrota legislativa al Gobierno, y logrando meter la reforma de Ganancias en la agenda de este año. De hecho, las abstenciones que provinieron mayormente del sector duro kirchnerista se justificaron en la insuficiencia de los cambios o en el apoyo al proyecto original de Axel Kicillof-Sergio Massa que había llegado de Diputados, y que sufrió enormes modificaciones. El proyecto vuelve ahora a Diputados, donde esta misma tarde a las 19 está convocada la comisión de Presupuesto, para darle dictamen y no "correr riesgos", según se aduce, de no conseguir los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas. La sesión en el recinto de Diputados está prevista para mañana, y se da por descontado que el proyecto será sancionado también con amplio consenso.

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Finalmente, la sentencia del primer juicio a Milagro Sala quedó pendiente. Pasadas las 2 de la madrugada, el Tribunal Oral Federal, que juzga a la líder de la Tupac Amaru por el escrache al entonces senador y actual gobernador Gerardo Morales en 2009, dictó un cuarto intermedio hasta el 28 de diciembre. “Dada la hora y que mañana el Tribunal tiene otra audiencia en una causa por lesa humanidad vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene”, anunció el presidente del tribunal, Mario Juárez Almaraz. Lo hizo después del último alegato, que en total fueron cinco. La querella -que representa a Morales- pidió la máxima pena: ocho años de prisión para Sala, acusándola como “instigadora” de “amenazas coactivas y daños agravados”. Por su parte, la fiscalía por esos mismos cargos solicitó tres años de prisión “de ejecución condicional”. La defensa de Sala, a su vez, brindó un largo alegato en el que solicitó la anulación de los testimonios de René Arellano y su mujer, Cristina Chauque- los únicos que señalan que Sala ideó y organizó el ataque en su casa- tras considerarlo “falaz”. “Arellano mintió y no fue concordante con su declaración de 2010”, indicó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y pidió que se absuelva a su defendida “por ausencia de pruebas sobre su participación” y por no poder “imputarla por instigación”. También presentaron sus alegatos la defensa de los cooperativistas Graciela López y Ramón Salvatierra, los otros dos procesados en la causa. Tal como adelantó Clarín, existía la posibilidad de que el juicio se extendiera y los tiempos no alcanzaron. La cuarta audiencia comenzó a las 15.30. Se visualizaron los videos y fotos del día de la agresión a Morales en el Consejo de Ciencias Económicas y brindaron testimonio los tres testigos que faltaban. Al postergarse el final del juicio para la semana que viene, la defensa protestó. “Para Milagro la libertad, para Morales el rechazo popular” cantaban los familiares y militantes, entre los que se encontraban algunos diputados y legisladores de la comitiva del FPV que había viajado a Buenos Aires para la sentencia. El miércoles 28 se llevarán adelante las palabras finales de los tres procesados y finalmente los jueces darán la sentencia. Sala, quien se encuentra detenida desde enero, deberá afrontar a partir de mañana otro juicio: la justicia contravencional de Jujuy analizará su responsabilidad en el bloqueo que mantuvo la Tupac Amaru durante 52 días frente a la Casa de Gobierno jujeña.

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El ministro de Salud Jorge Lemus denunció ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi desvíos y falta de control cometidos por su antecesor, el actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, con un crédito por U$S 287 millones del BID del plan "Remediar más Redes" que estaba destinado a fortalecer la atención primaria en las provincias. El objetivo del plan Remediar era “desallorar un modelo de prevención y tratamiento de enfermedas crónicas” en las provincias. Lemus es un médico sanitarista y académico que antes se desempeñó como ministro de Salud porteño. Lemus se basó en un duro informe de la AGN que señala, por ejemplo, sobreprecios en la compra de medicamentos y en la distribución inequitativa de los botiquines de los centros de atención primaria. El informe fue elaborado en la época en que Leandro Despouy aún era titular de ese organismo de control. El fiscal federal Franco Picardi requirió abrir la investigación ante la denuncia de Lemus y el juez Martínez De Giorgi ordenó avanzar con la causa. La semana pasada, el ministerio de Salud le mandó los antecedentes del caso para buscar irregularidades u otros delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público. El informe arranca advirtiendo que “existen inconsistencias en la información referida a las compras de medicamentos”. Precisa que existen por ejemplo una diferencia del 18 por ciento entre los importes pagados a los laboratorios según el sistema de ejecucion de planes de adquisiones (SEPA) y los informes brindados a la AGN. Esas diferencias también se registran en los pagos hechos en dólares a los laboratorios y lo informado. Además, el programa no se adaptó al Vademécum elaborado por el plan Remediar. En declaraciones a Clarín, la diputada de Confianza Pública y ex ministra de Salud (2007-2009), Graciela Ocaña, aclaró que “durante mi gestión se compraron medicamentos nacionales sin financiamiento del BID porque había que renovar el crédito”. “Cuando yo llegué el plan Remediar tenía miles de medicamentos vencidos y una denuncia sobre una partida comprada a Perú a un laboratorio sin antecedentes”, agregó. La denuncia de Lemus se basa en un informe de la AGN que va desde el año 2009 al 2013 que concluyó que el plan tuvo, desde el punto de vista sanitario, “un diagnóstico insuficiente”. En las conclusiones, el informe señala que “las deficiencias observadas en la planificación y control del programa generaron un sistema de control interno débil, basado en mecanismos de registracioens superadas”. “Los reiterados ajustes y debilidades normativas conllevaron una asignación de recursos poco eficiente, tanto económicos, como humanos y temporales, lo cual trajo como consecuencia una demora en la ejecución y el limitado cumplimiento de los obetivos planteados por el programa”, agregan las conclusiones. Pero fundamentalmente, subrayan que “el circuito de compra y distribución de medicamentos que se implementa desde el año 2002, sigue evidenciado falencias en el control y la gestión”. Más adelante, se analizó la distribución de botiquines y observó que provincias con mucha población recibieron menos que “Tucumán, que representa el 3,7 por ciento del total de personas con cobertura pública exclusiva a nivel país, recibió entre el 7,9 y 8,2 por ciento”.

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Isela Costantini no tenía pensado renunciar a su cargo como CEO de Aereolíneas Argentinas. En los últimos días, había recorrido distintas áreas de la empresa estatal para brindar con los empleados, agradecerles por el esfuerzo de los primero doce meses de gestión y hablar de los desafíos de cara 2017. El jueves, a la media tarde, Guillermo Dietrich la recibió en el ministerio de Transporte. Luego del encuentro sobre el que ambos actores evitaron brindar demasiados detalles, la ex CEO de General Motors para la Argentina, Uruguay y Paraguay tomó la única decisión que, a su entender, le dejaron: dar un paso al costado. Se convirtió en la primera baja sensible del gobierno de Mauricio Macri, un dirigente que no acostumbra a cambiar sus alfiles. En el comunicado oficial que emitió la empresa, Costantini esgrimió “razones personales”. En el ministerio de Transporte en su afán por rechazar las versiones de un despido, reconocieron que hubo más que “razones personales”. “Fue consensuado, de mutuo acuerdo. Ambos definieron que era lo mejor según los planes que se tenían”, explicaron cerca del ministro. Admitieron también que había cortocircuitos entre ambos funcionarios. Hablan de “falta de coordinación”, “dificultad para trabajar en equipo” y de “diferencias en el liderazgo”. Por la mañana, Costantini intercambió mensajes para sugerir cambios en la notificación oficial. La decisión -insistieron en Transporte- la tomó Dietrich, el mismo funcionario que la había convocado y que hasta mediados de año hizo una defensa cerrada de la conducción de Aerolíneas. Luego empezaron las diferencias. En la Casa Rosada cayó como un baldazo de agua fría el e-mail que la CEO envió en mayo a los empleados de Aerolíneas para comunicarles que la empresaría contaría con menos fondos. “El Gobierno nos comunicó que nuevamente nos reducen de manera significativa los subsidios”, afirmaba. En el Ejecutivo leyeron que la funcionaria no se incluía en el Gobierno. “Le pedían más velocidad en la transformación de Aerolíneas”, afirmó una voz autorizada. Algunos tampoco le perdonaron que no asumiera el costo político de despedir empleados y su rechazo al ingreso de las Low Cost. El vicejefe de Gabinete Mario Quintana -“supervisor” de la gestión de Costantini- no estuvo detrás de la decisión. En las últimas semanas -y ayer también- estuvo concentrado en la negociación por Ganancias con la CGT y la oposición. Tampoco se sorprendió. Las versiones habían empezado hacía

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meses. Semanas atrás, Costantni le transmitió que estaba “agotada”. La desmotivaba la dificultad para competir con el sector privado. El ex CEO de Pegasus era uno de los aliados de Costantini en el gabinete. Reemplazó como supervisor en febrero a Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN. En la Casa Rosada esgrimen que era para no generar suspicacias. Algunas voces de Aerolíneas aseguraban que fue un pedido expreso de Costantini. El cambio de supervisión solo se dio una vez más. Recientemente hubo un enroque con Francisco Cabrera (Producción) y Lino Barañao (Ciencia). Quintana se quedó con el segundo y Lopetegui con Cabrera. Cerca de Macri, que nunca tuvo gestos de apoyo público a Costantini, hacían un balance positivo sobre el primer año de gestión. “El 80% de los ministros se han asentado”, decían. ¿Y el 20% restante?, preguntó Clarín. “Tendrán que asentarse o asentarse”, insistieron. La opción -no la dijeron- es la de Costantini: “la renuncia”.

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La pelea entre la comunidad de trabajadores científicos y las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación por la declinación del ingreso de 489 aspirantes a la carrera de investigador del Conicet continúa. Ayer, a la toma del edificio de ese ministerio que se lleva a cabo desde el lunes se le sumaron las protestas en las dependencias del Conicet en La Plata, Bariloche, Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Y el reclamo se extenderá al menos hasta esta mañana, después de que anoche la asamblea resolviera rechazar la oferta que le hicieron desde el Gobierno para tratar de solucionar el conflicto. Durante la tarde de ayer, autoridades del ministerio encabezado por Lino Barañao se reunieron con referentes de los científicos para hacerles una propuesta: el ministro no participó del encuentro. Por la noche una asamblea de la que participaron unos 800 investigadores decidió sostener la toma y rechazar esa propuesta "porque no implica ingresos al Conicet y deja compañeros en la calle", según describió Rodolfo Elbert, uno de los científicos que estuvo presente en el debate. "En la reunión, la gente del ministerio ofreció que se prorroguen hasta abril las becas de quienes actualmente realizan un posdoctorado en Conicet", explica Walter Koppmann, sociólogo y referente de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados. Según describe, "a quienes investigan en universidades nacionales o institutos universitarios se les daría un cargo con dedicación exclusiva para ejercer la docencia e investigar, y quienes trabajan en espacios descentralizados como el Inti o el Inti pasarían a planta permanente con recursos de Jefatura de Gabinete". De los 489 científicos que, a pesar de haber sido recomendados por dos instancias de evaluación académica, fueron rechazados como ingresantes a la carrera de investigador, hay 107 que actualmente no son becarios de doctorado o posdoctorado del Conicet. "Esos compañeros quedan afuera según la propuesta que hizo el ministerio", sostiene Koppman. Unos cuarenta aspirantes que fueron recomendados, pero que tampoco ingresaron tienen beca de posdoctorado hasta 2018: "Según la propuesta, siguen con esa beca pero después no hay ninguna continuidad asegurada", dijo Koppmann. En diálogo con Clarín, Alejandro Ceccatto, presidente del Conicet, aseguró: "Se están buscando alternativas a través de negociaciones". Consultado por el impacto en la cienciaque pueda tener la reducción de 558 ingresantes a la carrera de investigador respecto del año anterior, el funcionario dijo: "No veo ningún impacto. Hay que hacer una política consensuada para que la institución incorpore al personal que necesita para cumplir su tarea". Y agregó que el número de ingresantes de este año –385 aspirantes– responde "al presupuesto votado por el Congreso". Se espera que durante el día de hoy, Conicet emita un comunicado con el detalle de la propuesta formulada a la comunidad de trabajadores científicos. "La propuesta del ministerio fue hecha de manera oral, no había nada escrito, por lo que no hay garantías sobre la estabilidad laboral o remuneración que puedan percibir los trabajadores", explicó Koppmann. Ayer por la mañana, ante el edificio ministerial de Godoy Cruz y Paraguay, hubo un corte de calle. Al cierre de esta edición, la asamblea de trabajadores científicos evaluaba la posibilidad de formar una comisión con delegados de los 489 afectados para elaborar una contrapropuesta.

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En una muestra de alivio y satisfacción, el presidente Mauricio Macri saludó ayer en la residencia de Olivos la sanción en el Senado de la reforma del impuesto a las ganancias, que se llamará "impuesto a los ingresos", y agradeció la "sensatez y responsabilidad" de la CGT, los gobernadores y los legisladores. Sin embargo, también les envió un mensaje a los distintos bloques del peronismo opositor, al agradecer "también a aquellos que inicialmente actuaron de manera irresponsable" y luego "reflexionaron". Se refería a los diputados Sergio Massa (Frente Renovador), Axel Kicillof (Frente para la Victoria) y Diego Bossio (Bloque Justicialista), entre otros, que lograron sancionar en la Cámara de Diputados hace dos semanas un dictamen de Ganancias cuyo impacto fiscal la AFIP estimó en 132.000 millones de pesos. Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, la referencia crítica a sus opositores, en medio del agradecimiento, hace presumir una relación difícil con Massa y Bossio, un vínculo casi nulo con el kirchnerismo y algunas tensiones futuras con gobernadores a los que la Casa Rosada considera interesados en perjudicar su gestión. Con resabios de su afonía, el Presidente pronunció su primer discurso público luego de ser operado, anteayer, de las cuerdas vocales. Lo hizo en la quinta de Olivos al presentar la creación del Parque del Bicentenario en Tucumán junto con el gobernador Juan Manzur, uno de los que originalmente apoyaron el proyecto de Massa y Kicillof. "Quiero agradecer a todos aquellos que fueron sensatos en estas últimas semanas, a todos aquellos que pensaron desde la responsabilidad alrededor de discutir un tema pendiente que teníamos, el impuesto a las ganancias", dijo Macri. Luego agradeció "también a aquellos que inicialmente actuaron en forma irresponsable y reflexionaron y se dieron cuenta de que estaban poniendo en peligro todo el esfuerzo del año". Pocas horas después, la Casa Rosada informó que Macri acordó con los bloques parlamentarios de Cambiemos la incorporación en el impuesto a las ganancias de los nuevos jueces que asuman a partir de enero de 2017. Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, Macri quiere que "de acá en adelante no haya más privilegios para el Poder Judicial". El Presidente celebró el acuerdo por Ganancias junto a Manzur y con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet. Macri y el gobernador de Tucumán destacaron que los Estados Unidos volvieron a autorizar el ingreso de limones argentinos a ese país. "Creo que terminamos el año muy bien, reflexionando en los compromisos, el valor de la palabra, de una agenda compartida", señaló Macri en un mensaje dirigido a llevar tranquilidad a sectores económicos y asegurar el flujo de inversiones. "Dejemos de lado los personalismos y pongamos por delante el interés general", agregó el Presidente. Si bien el clima en la Casa Rosada es de satisfacción por el conflicto resuelto, los principales funcionarios del Presidente replantean estrategias con miras a 2017 para negociar mejor con los diversos sectores de un peronismo fragmentado, que dirimirá su pelea interna en las elecciones legislativas del año próximo.

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El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que introduce cambios en el régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), con el objetivo de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad. El proyecto tenía dictamen desde hace un mes, sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno y la CGT, pero se le introdujeron modificaciones en pleno recinto del Senado para obligar a las ART a emitir dictámenes en plazos perentorios no superiores a los 60 días. De esta manera, la iniciativa fue aprobada por 48 votos a favor, dos en contra y una abstención. Si bien el Gobierno pretende acelerar la sanción del proyecto, fuentes legislativas aseguraron a LA NACION que la Cámara de Diputados se abocará a su tratamiento el año próximo, en las sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo podría convocar para febrero. "Al proyecto original le hemos incorporado muchas reformas que nos han convencido que esta norma ha sido mejorada sustancialmente, teniendo como norte el trabajador enfermo o accidentado", aseguró Mario Pais (FPV-Chubut), uno de los impulsores, junto con la peronista disidente Liliana Negre (San Luis) de los cambios introducidos ayer. Nuevo esquema La aprobación del Senado fue celebrada por el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón. "Es una ley que es producto del diálogo y consenso con todos los actores del sistema de riesgos del trabajo, de la tarea coordinada con todas las organizaciones gremiales y del compromiso para el desarrollo de políticas preventivas que cuiden la vida y la salud de todos los trabajadores argentinos", destacó el funcionario. El nuevo esquema que impulsa el Poder Ejecutivo establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días. Al respecto, Pais destacó que entre los cambios introducidos se faculta al trabajador para elegir la comisión médica que le parezca más conveniente para sus condiciones físicas, y que los gastos de abogados y de traslados correrán por cuenta de las aseguradoras de riesgos del trabajo.

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En 2019, cuando se elija gobernador y 70 legisladores a nivel provincial, los cordobeses usarán voto electrónico. El tema fue incluido en la reforma electoral aprobada ayer por la Unicameral, a instancias del gobernador Juan Schiaretti, quien la impulsó al día siguiente de que se cayera la propuesta del macrismo a nivel nacional. La norma aprobada por el peronismo y Cambiemos no especifica qué software se usará, aunque el oficialismo señaló que sería una pantalla táctil que reproducirá la boleta única que se emplea en Córdoba desde 2011. Los votantes marcarán a sus candidatos e imprimirán la boleta que irá a la urna. Para el recuento de votos se usaría un lector de código de barras. La ley sancionada establece que el diseño y la aprobación del sistema estarán a cargo del Juzgado Electoral, y prevé una auditoría sobre el 5% de las mesas provinciales para garantizar el funcionamiento. Schiaretti -quien apoyó la reforma del macrismo que terminó bloqueada por el peronismo- ratificó que la concretaría en Córdoba: "La boleta única, junto al mecanismo del voto electrónico, ayuda a brindar mayor transparencia al sistema electoral. Además de terminar con el clientelismo y darle mayor tranquilidad a los votantes sobre el resultado". Los legisladores de Córdoba Podemos y de los bloques de la izquierda y Encuentro Vecinal votaron en contra de la reforma, por el costo que implica y porque no hubo análisis en comisiones, sino una "aprobación exprés", entre otras razones. El voto electrónico ya se usó en 2015 en las elecciones municipales de La Falda y Marcos Juárez, y en ese entonces se estimó el costo en $ 55 por votante. En ninguna de las dos ciudades se presentaron problemas, aunque el texto aprobado admite -en los incisos G y H del artículo 2- que la tecnología "puede fallar y el resultado alterarse". El presidente de la Comisión de Reforma Política de la Unicameral, Oscar González, consideró que así como la boleta única de papel fue un "gran avance", el voto electrónico "brindará mayor transparencia y seguridad a los comicios". Los docentes Miguel Montes, Nicolás Wolovick y Daniel Penazzi, de la Universidad Nacional de Córdoba, hicieron una presentación con consideraciones sobre el sistema y enfatizaron que todas las computadoras pueden ser hackeadas. "Uno puede subvertir el programa y lograr un efecto escala", explicó Wolovick y recordó que en Estados Unidos, donde se usa la boleta electrónica, hubo casos de fraude electoral, mientras que en Alemania se declaró inconstitucional el voto electrónico.

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El dólar repuntó dos centavos este miércoles a $ 16,13 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com. El billete llegó a trepar seis centavos a $ 16,16 en el inicio de la rueda impulsado por la demanda de ahorristas pero se desinfló luego al valor del cierre presionado por la caída del tipo de cambio en el segmento mayorista donde la divisa cedió seis centavos a $ 15,81 a raíz de la reaparición de bancos oficiales en la posición vendedora. Éste desacople se entiende porque, en el minorista, el tipo de cambio está impulsado por una firme demanda producto de una mayor disponibilidad de pesos algo habitual en este mes por el cobro de aguinaldo y de bonos de fin de año. A lo que se suman las compras de quienes necesitan el billete para irse de vacaciones y de ahorristas que optan por dolarizarse en lugar de seguir posicionado en Lebac ahora que consideran que el dólar está barato. Mientras que, en el segmento mayorista de bancos, la divisa está presionada por los ingresos de dólares para el pago de la multa del blanqueo de capitales. Por este motivo, el Banco Central volvió a intervenir el martes después de cinco meses con una compra directa al Banco Nación de u$s 700 millones con el fin de sostener el precio de la moneda. Sucedió además un día después de la licitación de Lebac donde el Banco Central mantuvo por tercera semana consecutiva al 24,75% anual a 35 días. La rueda en el MULC comenzó con un dólar demandado por bancos, empresas e inversores tras licitación de Lebac donde se produjo un sobrante de $ 20.000 millones. Sin embargo, cuando tocó el máximo de $ 15,90, bancos oficiales salieron a vender para contener esa suba y llevaron la divisa al valor del cierre. En este contexto, el volumen operado creció un 18% a u$s 406 millones. "Por el momento, la evolución del tipo de cambio está influido sobremanera por el protagonismo que en el desarrollo de las operaciones tiene el resultado del proceso de sinceramiento fiscal, que provee una oferta de dólares cuya magnitud excede por ahora la capacidad de absorción del mercado sin un auxilio del Banco Central para neutralizar su efecto en la cotización de la divisa", resumieron desde PR Corredores de Cambio. En tanto, el blue cerró estable a $ 16,58, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño, y se tomó una pausa por segunda rueda consecutiva tras haber anotado una racha de siete subas consecutivas. El analista Christian Buteler consideró a ámbito.com, en este sentido, que la disparada del informal se explica porque "perdió mucha oferta debido al blanqueo de capitales, mientras que la demanda se mantiene sin variantes". Además, el "contado con liqui" repuntó cinco centavos a $ 16,01, mientras que el dólar Bolsa aumentó un centavo a $ 15,89. En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 480 millones, el 35% fue en "roll-over" de diciembre ($ 15,895) a enero ($ 16,285) con una tasa implícita de 28,9%TNA. El plazo más largo fue noviembre, que cerró a $ 19,46. Por último, las reservas del BCRA terminaron a u$s 38.191 millones, en la jornada subieron u$s 246 millones, mientras que en el mes ascienden u$s 822 millones.

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Las ventas en supermercados crecieron 25,6% y en los centros de compra13,8% durante octubre, en comparación con el mismo mes del 2016, y no muestran signos claros de mejora en el consumo, informó hoy el INDEC. Las variación de ventas en supermercados fue la segunda más baja del año, y la de los shoppings, también la más baja de los primeros diez meses del 2016. Las ventas en supermercados a precios corrientes, es decir teniendo en cuenta el alza de precios, llegó a 25.737,3 millones de pesos y la variación del 25,6% fue la segunda más baja del año después de la de agosto pasado del 21,2%. Ambos meses en los que estacionalmente las ventas son las más altas del año por las celebraciones del día del niño y de la madre, sufrieron una fuerte contracción en la medición interanual. En los centros de compras la facturación llegó a 4.724,4 millones de pesos y la variación del 13,8% no solo fue la más baja del año sino que se desplomó casi 50% respecto de los registros desde enero pasado. En los primeros diez meses del año la facturación en los supermercados alcanza los 231.745,3 millones de pesos y registra una variación interanual del 27%, mientras que en los centros es de 41.424,2 millones con una variación del 23,2%. En ambos casos las ventas se ubican muy por debajo del nivel de inflación de los primeros diez meses del año, lo que indica la retracción de los niveles de consumo. Las cifras corresponden al relevamiento que realiza el INDEC mensualmente en 61 supermercados de todo el país y 37 centros de compras ubicados en la capital federal y el conurbano bonaerense. Durante octubre las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes de ventas en supermercados fueron las de Córdoba (33,3%), Neuquén (31,3%), Chubut (30,4%) y Ciudad de Buenos Aires (28,1%). En octubre, en los centros de compras o shoppings los rubros con mayores ventas fueron patio de comidas (32,4%), juguetería (26,2%), librería y papelería (24,4%) y Diversión y Esparcimiento (23,1%). • Electrodomésticos La facturación por ventas de electrodomésticos durante el tercer trimestre del año subió 10% respecto a igual período de 2015, informó el INDEC. En el tercer trimestre de 2016, del total de las ventas de electrodomésticos, 2.505,1 millones de pesos correspondieron a operaciones concretadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15,4%); 4.975,3 millones de pesos a comercios del Gran Buenos Aires (30,5%), y 8.815,8 millones de pesos al resto del país (54,1%). En el tercer trimestre de 2016, las ventas por grupos de artículos fueron: Otros, 33,7%; Televisores, DVD y filmadoras, 22%; Computación y accesorios informáticos, 10,5%; entre otras. Durante septiembre el personal ocupado en las principales cadenas de ventas de electrodomésticos aumentó 2,9% respecto al mismo mes del 2015, pero con una merma del 1,9% en Gerentes y personal jerárquico, y un incremento de 3,4% en Vendedores, cajeros, administrativos y otros.

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La producción industrial retrocedió un 3,1% en noviembre con respecto a igual mes de un año antes y anotó su novena baja consecutiva, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) publicado este miércoles la Fundación FIEL. Se trata, de todos modos, de la menor baja desde marzo pasado, cuando había registrado una merma del 1,7%. En tanto, en el acumulado para los primeros once meses del año y en la comparación interanual la actividad industrial se contrajo 5%, con caídas en todos las ramas, señaló la entidad. A su vez, el indicador fabril mostró un retroceso del 3,3% respecto a octubre si se consideran factores estacionales, mientras que si estos se corrigen, la actividad se elevó 0,6% respecto a dicho mes, registrando la segunda mejora mensual consecutiva. La actividad en el sector de Insumos Textiles y la producción de Papel y Celulosa disminuyó 0,7% en lo que va del año; Alimentos y Bebidas se redujo en un 2,4%, Insumos Químicos y Plásticos cayó un 3%; y los renglones de Petróleo Procesado y Minerales no Metálicos retrocedieron el 4,2% y el 4,9%, respectivamente. Las restantes actividades industriales presentaron en el acumulado para los primeros once meses del año caídas de la producción superiores a la del promedio del IPI, comenzando con Metalmecánica (-5,9%) y Cigarrillos (-11,2%). Por su parte, la industria automotriz en el acumulado para el periodo enero ? noviembre muestra un retroceso interanual de -12,8%, mientras que la industria siderúrgica cierra el ranking con una contracción de -13,9% respecto a los primeros once meses de 2015. Los Bienes de Consumo Durable acumulan una reducción de la producción de 10,3%; la producción de Bienes de Uso Intermedio se redujo 4,1% en enero-noviembre; los Bienes de Consumo No Durable caen 3,7%; y los de Bienes de Capital, 2,8%. "Los indicadores que permiten identificar el cambio de fase hacia una expansión industrial sostienen ligeras mejoras, que requieren consolidarse, mientras que pierde levemente difusión sectorial la contracción de la actividad industrial", concluye el análisis de FIEL.

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El gradualismo se impuso en las recomposiciones de precios y tarifas del sector energético. Recordemos que tanto en gas natural como en electricidad las nuevas tarifas contemplan una tarifa social focalizada en los consumidores más vulnerables. Pese a la corrección parcial de la distorsión de los precios y tarifas heredadas luego de más de una década de acumular atrasos, los subsidios energéticos corrientes con impacto presupuestario rodarán en 2016 los $ 160.000 millones. El año pasado alcanzaron los 138.000 millones. Considerando además de las transferencias corrientes, las de capital, el total de transferencias económicas al sector energético durante este año va camino a superar los $188.000 millones, lo que implica un crecimiento del 11% respecto al año 2015. No obstante, en dólares implicará una baja de 35% y rondarán los u$s 12.580 millones. Esta caída se debe en parte a la reducción de los costos de importación del gas natural cuyo precio promedio ponderado para este año será de alrededor de u$s 4,5 por millón de BTU, lo que implica una caída del 49% respecto al del año pasado. La caída de las importaciones energéticas de un 35% respecto al año anterior tiene también como correlato una caída del 9% de las exportaciones. Se espera entonces que el saldo comercial energético sea deficitario en u$s 2500 millones, siendo este resultado el menor déficit desde el año 2011 en el que la balanza sectorial comenzó a ser negativa. En síntesis: la crisis energética heredada sigue teniendo fuerte impacto en las cuentas públicas, pero ha aliviado la sangría de divisas por el lado de la balanza de pagos. Durante el año 2016 se consolidó el impulso de la producción gasífera aguas arriba, que en nueve meses tuvo un crecimiento de 5,2% respecto al año anterior, acumulando un período de 22 meses consecutivos de crecimiento. Según datos de Carta Energética se agregaron unos 6,1 MMm3 día a la producción en promedio, y de eso más del 50% corresponde al aporte de origen off-shore (3,4 MMm3d). La adopción de un horizonte de precios más acorde a la realidad de costos y de un esquema de incentivos para la producción no convencional mediante un precio diferencial impulsaron una estrategia de viraje hacia la producción de gas natural. En contraste, la producción petrolera ha sufrido un proceso de reconversión y contracción durante el corriente año. A pesar de la decisión de sostener los precios internos por encima de las referencias internacionales, con una paulatina reducción mensual desde el mes de Agosto, se produjo una caída de los ingresos para el sector productor promedio de 15% en dólares. Los resultados alcanzados en términos productivos al tercer trimestre acumulado reflejan una caída de la producción del 3,1% respecto al 2015, y una seguidilla de 13 meses consecutivos de caída productiva al mes de septiembre. Según la política explicitada por el Gobierno, los precios locales del crudo terminarán convergiendo con los internacionales hacia mediados del año próximo (el crudo Medanito tendrá un piso de u$s 55 por barril y el Escalante de u$s 47). Dependiendo de la evolución del precio del barril en el mercado mundial, los productores petroleros locales deberán redoblar esfuerzos para reducir costos de explotación y mejorar productividad. La actividad refinadora también se redujo un 4,3% los primeros nueve meses del año. La caída se ha acentuado en el tercer trimestre, con una disminución del 5,29%. La posibilidad de obtener un amplio margen importando derivados a precios internacionales bajos, y venderlos a precios locales que parten de un barril más caro y son más

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altos, resultó en un incentivo más que atractivo para reducir el procesamiento de crudos locales, sobre todo para las empresas no integradas. En los primeros 10 meses del año la demanda eléctrica fue 1% mayor que en el 2015 (104803 GW/hora). Para atender los picos (con una oferta disponible al límite) se recurrió a saldos exportables de países vecinos. Para enfrentar ese déficit este año se adjudicaron entre generación térmica y las dos rondas de renovables 5.500 megavatios con una inversión estimada en u$s 6400 millones (se recibieron ofertas por 12.889 megavatios). Sorprendieron también los precios de la ofertas de energía renovable: u$s 59 el megavatio hora en promedio, cuando el costo monómico (que aproxima el costo promedio total de generar electrones) es de u$s 73.

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El gobierno nacional emitió ayer una Letra del Tesoro por $ 48.000 millones a ser suscripta de manera directa por el Banco Nación (BNA), en lo que representa la mayor colocación de deuda intraestatal en lo que va del año, al punto tal que más que duplicó la existente hasta el momento. A fines de octubre el Tesoro transfirió u$s 8194 millones que estaban depositados en su cuenta del Banco Central y los depositó en una cuenta del Banco Nación (BNA). Según habían dicho en ese momento desde el Gobierno, era para aumentar la capacidad prestable de la entidad que conduce Carlos Melconian. Consultados ayer sobre si existía alguna relación entre ambos movimientos, desde el Ministerio de Hacienda sostuvieron que ambas comprenden el manejo de las cuentas del Tesoro, pero diferenciaron entre ambas. "Nosotros nos movemos más con el Banco Nación para manejar las cuentas del Tesoro que con el BCRA. Pero cuando hacemos una emisión internacional, los fondos quedan depositados en el BCRA, y por eso los movemos al BNA", detallaron. Además agregaron que la emisión de ayer, por los $ 48.000 millones publicados en el Boletín Oficial bajo las firmas de los secretarios Luis Caputo y Gustavo Marconato, "incluye la refinanciacion de los pagos recibidos por el BNA durante el año". Con la colocación de ayer, la deuda pública suscripta por diferentes entes del Estado alcanza en lo que va de 2016 $ 82.036, millones, según consignó la agencia DyN. Y agregó que el total de la deuda emitida y registrada en el Boletín Oficial (tanto intraestatal como comercial) alcanzó en lo que va del año u$s 55.513,72 millones; 2500 millones de euros y, la nominada en pesos, llegó a $ 397.663 millones. La letra por $ 48.000 millones suscripta por el Banco Nación se formalizó a través de la resolución conjunta E38 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial, con vencimiento el 21 de marzo de 2017 y devengará un interés del 24,13% más un margen de 116 puntos básicos, lo que da una tasa del 25,29%. La decisión de colocar este nuevo instrumento de deuda tiene lugar un día después de que el Banco Central adquiriera u$s 700 millones provenientes de operaciones dentro del Sinceramiento Fiscal. La suscripción de instrumentos de deuda pública por parte de organismos estatales fue muy utilizada durante el kirchnerismo, en especial en la segunda presidencia de Cristina Fernández, como una forma de financiar el déficit ante la imposibilidad de recurrir al mercado internacional de capitales.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso ayer la suspensión provisoria de las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz, al dictar una medida cautelar en el marco de una acción de amparo promovida por una ONG. En el gobierno nacional interpretaron la decisión judicial "alineada con el objetivo del Poder Ejecutivo de asegurar que este proyecto se realice en la medida que respete el cuidado del ambiente y de los intereses de la comunidad". No obstante, si bien buscaron emparentar el fallo con una crítica a la política ambiental del kirchnerismo al respecto hasta 2015, para el Ejecutivo representa el freno de una obra que, una vez concluida en un plazo de cinco años, proyecta generar 1740 megavatios de energía, el 4% de la demanda energética nacional. De acuerdo con lo resuelto de manera unánime por el Máximo Tribunal, la suspensión de las obras se extenderá hasta tanto se realice el proceso de evaluación del impacto ambiental y la audiencia pública prevista en el Ley 23.879 de Obras Hidráulicas, o hasta el momento en que se dicte una sentencia definitiva al respecto. Así lo dispuso al dictar una medida cautelar en el marco de una acción de amparo promovida por la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. Según se informó ayer oficialmente, la suspensión provisoria de las obras de ambas represas, ubicadas en la provincia de Santa Cruz, no incluye a las "tareas preliminares" previstas en el proyecto ejecutivo y "su correspondiente estudio de impacto ambiental, consistentes en obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias". Unas 800 personas participan en Santa Cruz de estos trabajos, que continuarán, en tanto que se prevé que una vez que entren en funcionamiento las represas generan cerca de 4000 empleos. "La medida judicial, en cuanto suspende las obras excepto las tareas preliminares mencionadas, es coincidente con las decisiones ya adoptadas por los Ministerios de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable con relación a la ejecución de este proyecto", detallaron desde el Ejecutivo. Anunciadas por la ex presiden ta Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato, se previeron para su construcción $ 43.000 millones del presupuesto nacional. Una vez que asumió Macri la presidencia, se discutió sobre la continuidad del proyecto y finalmente en septiembre se firmó un entendimiento con la Unión de Empresas Transitorias (UTE) que conforman la firma cordobesa Electroingeniería, la china Gezhooba e Hidrocuyo, que en 2013 habían ganado la licitación para construir la obra. La posibilidad de que el gobierno de Cambiemos le pusiera un stop a las represas había generado preocupación incluso en su par chino, ya que ambos países habían firmado en julio de 2014 un acuerdo en el que intercambiaban obras a cambio de financiamiento que podían, en caso de no cumplirse, generar un default nacional.

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En la primera derrota legislativa para el presidente Michel Temer , la Cámara de Diputados de Brasil rechazó las medidas de ajuste fiscal que el gobierno había incluido como contrapartida a una ley para socorrer a los estados que se encuentran en situación de "calamidad financiera". Por 296 votos a favor y 12 en contra, la Cámara baja adoptó una versión modificada de la legislación que permite renegociar hasta por 20 años las deudas que los estados tienen con la unión y quitó del texto las exigencias de prohibir nuevos gastos, suspender los aumentos a empleados públicos, impulsar privatizaciones y realizar mayores contribuciones al sistema de jubilaciones. El resultado de la votación -que ya había pasado por el Senado sin problemas- fue una sorpresa para el gobierno; lo tomó como una "sublevación" de parte de diputados oficialistas que votaron por los cambios. Las duras contrapartidas habían sido elaboradas por el equipo del ministro de Economía, Henrique Meirelles, que a través de un comunicado subrayó que el gobierno tendrá la última palabra cuando los gobernadores busquen firmar sus respectivos planes de refinanciación. "El gobierno tomará todas las medidas para que las propuestas aprobadas aseguren que los estados adquieran el equilibrio fiscal y financiero. Serán aprobados los planos que, de hecho, viabilicen ese equilibrio", afirmó el ministerio. La situación más grave la atraviesan los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, donde las deudas amenazan con suspender servicios básicos a la población. En esos casos, los estados podrían no pagar nada a la unión por hasta tres años. La legislación aprobada puede representar la pérdida de recursos de hasta 30.000 millones de dólares para el gobierno federal hasta 2019 y supone un duro revés para Temer, que ha puesto todas las esperanzas de su cada vez más desgastada gestión en una recuperación económica a través de la reducción del déficit fiscal. A principios de este mismo mes, el Congreso le había dado su primer gran éxito en ese sentido, con la aprobación de una polémica enmienda constitucional que congela los gastos públicos por 20 años.

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La justicia suiza y de EE.UU. condenaron hoy a la compañía brasileña de obras públicas Odebrecht y a su filial CNO, protagonistas de un gran escándalo de corrupción en torno a la estatal petrolera Petrobras, a pagar una multa conjunta de casi 2.800 millones de dólares. Suiza la multó por más de 200 millones de francos suizos (unos 195 millones de dólares). Y EE.UU. por 2.600 millones. "Esta condena forma parte de las conclusiones del proceso judicial iniciado por Suiza y coordinada con Brasil y Estados Unidos" indicó la procuraduría en un comunicado. El dinero de la multa se repartirá entre los países en los que la constructora habría cometido irregularidades: Estados Unidos, Suiza y Brasil, que recibirá la mayor parte. Ya a principios de mes, la constructora había aceptado pagar la multa lo que le permitirá volver a participar de las ofertas públicas para obras de infraestrucura y recibir préstamos públicos. La constructora, la más grande de Brasil, es la mayor empresa implicada en la trama de corrupción de Petrobras, y en la que aparecen involucrados políticos de prácticamente todos los partidos como receptores de dinero ilícito.

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