A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario IU; ICV-EUiA; CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de Resolución sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Educación Pública, de la Universidad Pública y de la Cultura al servicio de las necesidades sociales.

Son muchas las voces que ven en la educación y la formación permanente no sólo un derecho social inalienable sino también un factor estratégico para cambiar este sistema y avanzar hacia un nuevo modelo social y ecológicamente sostenible. Para ello, resulta imprescindible que el Gobierno comprometa un esfuerzo continuado en el impulso y desarrollo de la enseñanza pública en todos sus niveles y etapas; que promueva y organice un debate amplio y participativo sobre las reformas proyectadas; y que adquiera el compromiso de incrementar la inversión educativa para igualar nuestro gasto educativo, en porcentaje de PIB, a la media de la OCDE, porque el servicio público educativo es, en efecto, el único capaz de garantizar una educación de calidad para todos y todas en condiciones de igualdad. Sin embargo, por el momento, el Gobierno del PP ha recortado 5.212 millones de euros en educación a los que habrá que sumar otros 15.000 millones hasta 2015 debido a los compromisos adquiridos con Bruselas, lo que reducirá el gasto educativo al 3,9% del PIB, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Tales recortes que se quieren afianzar mediante una contrarreforma educativa, de marcado carácter mercantilista, tal como se concreta en la actual propuesta de LOMCE, todavía en fase de anteproyecto. Por otra parte, en las últimas décadas la universidad española ha dado un gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, convirtiéndose en una institución socialmente abierta y académicamente homologada a nuestro entorno europeo. Sus resultados en docencia, investigación y trasmisión al tejido social resisten las comparaciones, sobre todo si se relacionan con los presupuestos y recursos disponibles, un 20% inferiores a los de la OCDE y con un coste por alumno un 25% más bajo que el de la privada. Sin embargo, los recortes a nivel del Estado, un 18% en los P.G.E de 2013, a los que hay que sumar la minoración de las partidas autonómicas destinadas a

universidades, están llevando a las mismas a una situación de asfixia económica. A ello se añade una brutal subida de las tasas, junto a la reducción de las becas (-12%), que discrimina especialmente a los estudiantes de economías más débiles en el acceso a estudios superiores Los efectos de todo ello ya son notorios, con un retraimiento de las clases populares en su acceso a la universidad, y con el despido de una parte significativa del personal universitario, tanto PDI como PAS. Los rectores calculan que este curso se ha iniciado con unos 3.000 docentes menos y casi 2.000 puestos menos de personal de administración y servicios. Se precisa revertir esta situación, asegurando financiación pública suficiente, tanto para una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje centrado en el estudiantado, como sobre todo para hacer realidad la llamada “dimensión social” de la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, que pasa por garantizar de manera efectiva que todo estudiante pueda completar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Ello exige llegar al 2% del PIB en gasto público universitario, incrementando al menos dos décimas de PIB cada año el próximo quinquenio. Por todo ello se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1.- En materia de educación previa a la universitaria: Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión educativa no universitaria, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad. Retirar de forma inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por tratarse de una reforma gestada sin debate social previo, a espaldas de la comunidad educativa, segregadora, antidemocrática, mercantilista y privatizadora. Incrementar los Presupuestos de educación en los PGE de 2013 y en los Presupuestos Autonómicos hasta lograr progresivamente su equiparación con la media europea, dedicando un 7% del PIB a gasto público educativo. Promover un amplio debate social para alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa sobre la situación real de nuestro

sistema educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, de modo que permita avanzar hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado, así como a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas, que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo e igualitario. Vetar el cambio de titularidad, la enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos existente. Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de centros docentes se utilice de forma exclusiva para la creación de centros docentes públicos. Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos, y desarrollar mecanismos de integración voluntarios y negociados de estos centros en la red pública. Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación por ley de comisiones de escolarización centralizadas, con participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y con competencias plenas en la materia a lo largo de todo el proceso. Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de plazas suficientes para los menores de 6 años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa. Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, que no practique el adoctrinamiento y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar. 2.- En materia de educación superior: Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión en la Universidad Pública, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad. Bajar las tasas universitarias y aumentar las becas y ayudas para los estudiantes, hasta conseguir la gratuidad de la educación en todos sus niveles. Comprometerse a evitar cualquier tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de profesorado, de personal de investigación o personal de administración y servicios. Comprometerse a dignificar el trabajo del profesorado y personal de investigación, especialmente de los más jóvenes, respetando sus derechos a

promoción interna y estabilización en situación de dignidad laboral y salarial. Comprometerse a respetar la Autonomía universitaria y los procedimientos democráticos en el seno de las Universidades. Comprometerse a no adoptar ninguna medida de reforma sin la participación vinculante de la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) y a debatir la propuesta con mecanismos de participación ciudadana. Comprometerse a incrementar la financiación pública universitaria hasta alcanzar el 2% del PIB en el próximo quinquenio, a razón de dos décimas de PIB por año. 3.- En materia de cultura Reconocer el papel de las Bibliotecas Públicas como elemento imprescindible para el desarrollo intelectual y emocional del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, en coordinación con las administraciones públicas concernidas, a garantizar en las Bibliotecas Públicas el mantenimiento de los horarios de apertura habituales hasta ahora, incluidas las mañanas de los sábados; el mantenimiento de las plantillas de personal y su posible ampliación en caso de nuevas aperturas o de actualización de los servicios; y la dotación de los recursos económicos necesarios para actualizar de manera continua las colecciones bibliográficas, hemerográficas, musicales, cinematográficas y otras, así como para mantener el conjunto de servicios que se prestan en aras a la promoción de la cultura en todos sus órdenes y a la labor de educación permanente que desarrollan. Anular de forma inmediata la desproporcionada subida del IVA que grava los productos y servicios culturales, y conformar un tipo reducido de IVA para la Cultura, así como poner en marcha un programa de medidas en apoyo a los creadores y las industrias culturales en un momento particularmente difícil para el sector.»

Palacio del Congreso de los Diputados Madrid, 22 de febrero de 2013

Fdo.: Chesús Yuste Cabello

Fdo.: Joan Coscubiela Conesa

Portavoz Adjunto Cuarto

Portavoz Adjunto Segundo

Fdo.: José Luis Centella Gómez Portavoz Adjunto Primero