APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN. GRUPO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD. TEST ISBN: 9788467637670 DEPÓSITO LEGAL: SE 2812-2011 FECHA: ABRIL DE 2011

Debido a la publicación del Programa en el BOC Nº 239, de 5 de DICIEMBRE de 2011, ofrecemos el presente apéndice de actualización de cara a la próxima Convocatoria de plazas del Cuerpo de Gestión del Servicio Canario de Salud. Aquellos test no reflejados es porque no han sufrido cambio alguno respecto a la edición anterior.

TEST 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: el Parlamento. El Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma. La posición del Estatuto de Autonomía en el sistema de fuentes. SUSTITUIR LAS PREGUNTAS 18, 20, 22 Y 39 POR LAS QUE A CONTINUACIÓN SE REPRODUCEN: 18. No es un órgano colegiado adscrito a la Presidencia: a) Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. c) Comisión Mixta de Transferencias de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma prevista en la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomía. d) Todas son correctas.

20. En la actualidad, ¿cuál de las siguientes Consejerías no existe en el Gobierno de Canarias? a) Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. b) Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. c) Consejería de Sanidad. d) Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

22. ¿De qué año es el Decreto que determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del actual Gobierno de Canarias? a) 2011. b) 2010. c) 2008. d) 2009.

39. ¿Qué órganos dependen directamente de las Viceconsejerías y les corresponde un sector material de las funciones del Departamento? a) Direcciones Territoriales. b) Direcciones Generales. c) Secretarias Generales Técnicas. d) Servicios.

SOLUCIONES 18. d) Todas son correctas. 20. d) Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 22. a) 2011. 39. b) Direcciones Generales.

TEST 3.- La Ley General de Sanidad: objeto de la Ley. El derecho a la protección de la salud. El Sistema Nacional de Salud: principios generales. Estructura del Sistema Sanitario Público.

SUSTITUIR LAS PREGUNTAS 9, 19 Y 21 POR LAS QUE A CONTINUACIÓN SE REPRODUCEN:

9. ¿Qué regula la Ley 17/2011, de 5 de julio? a) Las limitaciones en la venta y uso del tabaco. b) El Registro General de Alimentos. c) La seguridad alimentaria y nutrición. d) Los requisitos y condiciones técnicas de la hemodonación y bancos de sangre. 19. ¿Qué establece la Ley 14/2006, de 26 de mayo? a) El Registro General de Alimentos. b) El control oficial de productos alimentarios. c) Las técnicas de reproducción humana asistida. d) Las limitaciones en la venta y uso del tabaco.

21. ¿Mediante qué Ley fue regulada la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica? a) Ley Orgánica 3/2007. b) Ley 14/2007. c) Ley 44/2003. d) Ninguna es correcta.

SOLUCIONES  9. c) La seguridad alimentaria y nutrición. 19. c) Las técnicas de reproducción humana asistida. 21. d) Ninguna es correcta.

TEST 23.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (I): Delimitación de los tipos contractuales. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Expediente de contratación: tramitación ordinaria y abreviada del contrato. Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Los procedimientos de adjudicación. TEST 24.- Contratos del Sector Público (II): el contrato de obras. TEST 25.- Contratos del Sector Público (III): el contrato de suministro. TEST 26.- Contratos del Sector Público (IV): el contrato de servicios.

Todas las preguntas de estos test SOBRE LOS TEMAS 23 A 26 han de ser SUSTITUIDAS por las que se reproducen a continuación: 1. Las Comunidades Autónomas, en materia de contratación administrativa: a) Tienen su legislación específica, que excluye al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR-LCSP). b) No se rigen por este TR-LCSP. c) Sólo pueden desarrollar el TR-LCSP. d) Se rigen por este TR-LCSP en lo que del mismo se considera legislación básica, a tenor de su disposición final segunda.

2. No se consideran contratos administrativos los de: a) Suministro. b) Concesión de obras públicas. c) Servicios. d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística. 3. Los Organismos Autónomos, en cuanto al TR-LCSP: a) No están sujetos. b) Se sujetan en su integridad. c) Sólo se rigen por el mismo cuando hayan sido creados para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil. d) Se rigen sólo con carácter supletorio.

4. Por su parte, una entidad pública con personalidad jurídica propia: a) Está plenamente sujeta. b) No se rige por el TR-LCSP en ningún caso. c) Se rige por el TR-LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. d) Nada de lo expuesto es cierto. 5. La relación de servicio de los funcionarios públicos: a) Se rige por lo dispuesto por el contrato de prestación de servicios. b) Está sujeta, supletoriamente, al TR-LCSP. c) Se rige por lo establecido para el contrato de consultoría y asistencia. d) No se sujeta al TR-LCSP. 6. Un contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación: a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR-LCSP. b) Está plenamente sujeto al TR-LCSP. c) Se considera administrativo típico. d) Nada de lo expuesto es cierto. 7. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por: a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. b) El Ministro de Economía y Competitividad. c) El órgano de contratación competente en cada caso. d) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con dicha eficacia general. 8. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, a que se refiere la pregunta anterior son susceptibles de recurso: a) De reposición ante el órgano que los adoptó. b) Contencioso-administrativo exclusivamente. c) De alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad. d) En ningún caso. 9. Un contrato privado de la Administración se rige por el TR-LCSP, en defecto de normas específicas, en lo relativo a la: a) Preparación del contrato. b) Ejecución del mismo. c) Adjudicación del contrato. d) Las respuestas a y c son ciertas. 10. Como consecuencia de lo anterior, dicho contrato, en las materias en que se rige por el TR-LCSP, se impugnará a través de/ante: a) Mecanismos de arbitraje o conciliación. b) La Jurisdicción Civil. c) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d) Tribunales Económico-Administrativos.

11. Los contratos que tengan por objeto la creación literaria: a) Se consideran administrativos típicos. b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración. c) Son administrativos innominados. d) Nada de lo anterior es correcto. 12. Entre las menciones que deben incluir, necesariamente, los contratos de un ente del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, no se encuentra la siguiente: a) Consentimiento de los contratantes. b) Referencia a la legislación aplicable al contrato. c) Precio cierto o modo de determinarlo. d) Definición del objeto del contrato. 13. El hecho de que un contratista haya sido declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, le hace incurrir, respecto de la contratación administrativa, en: a) Una causa de incompatibilidad. b) Una prohibición de contratar. c) Falsedad. d) Causa de anulabilidad del contrato que se celebre. 14. La adjudicación de un contrato a una persona incursa en causa de incompatibilidad: a) No comporta por sí sola la nulidad del mismo. b) Provoca su irregularidad. c) Es causa de anulabilidad. d) Supone su nulidad. 15. Pueden remitir a un arbitraje la solución de las diferencias que surjan sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren: a) Las Administraciones Públicas en general. b) Las anteriores y los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas. c) Sólo los entes, organismos y entidades del sector privado. d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas. 16. La solvencia económica y financiera y profesional o técnica del contratista puede sustituirse, en determinados supuestos por: a) Un aval bancario. b) La prestación de la garantía legalmente prevista. c) La clasificación. d) Nada. 17. La perfección de los contratos se efectúa a través de la: a) Formalización. b) Prestación de la garantía definitiva. c) Adjudicación provisional. d) Licitación.

18. La insuficiencia de crédito presupuestario respecto de un contrato celebrado por la Administración, salvo los supuestos de emergencia, provoca su: a) Nulidad. b) Irregularidad. c) Anulabilidad. d) Suspensión. 19. Se exige la clasificación del empresario en los contratos de servicios que tengan un presupuesto igual o superior a: a) 60.000 euros. b) 80.000 euros. c) 100.000 euros. d) 120.000 euros. 20. La formalización en escritura pública de una unión temporal de empresarios constituida para contratar con la Administración se requiere: a) Para poder licitar. b) Con carácter previo a la adjudicación definitiva del contrato. c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. d) Al inicio del cumplimiento del contrato. 21. Los empresarios que concurran agrupados en una unión temporal quedan obligados: a) Individualmente. b) Mancomunadamente. c) Solidariamente. d) Depende de los casos. 22. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación: a) A lo que disponga en cada caso la Administración contratante. b) A lo que derive del mutuo acuerdo de las partes contratantes. c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. d) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista administrativo. 23. Existe obligación de remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado un contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda, tratándose de un contratos de obras, de la siguiente, cantidad: a) 600.000 euros. b) 450.000 euros c) 300.000 euros. d) 150.000 euros. 24. Si se trata de un contrato de suministros, debe remitirse la documentación a que se refiere la pregunta anterior al citado Tribunal cuando su cuantía exceda de: a) 150.000 euros. b) 200.000 euros. c) 450.000 euros. d) Debe remitirse en todo caso.

25. La nulidad de los actos que no sean preparatorios del contrato en un expediente de contratación: a) Provoca la nulidad del propio contrato. b) Comporta la adopción de medidas provisionales, mientras se declara. c) Se subsana, previo acuerdo de continuación de los efectos del contrato, cuando pueda causar un grave trastorno al servicio público. d) Nada de lo expuesto es correcto. 26. El recurso administrativo especial regulado en los arts. 40 a 49 del TR-LCSP: a) Es preceptivo. b) Es posterior a otros recursos administrativos en la contratación de que se trate. c) Tiene carácter potestativo. d) Nada de lo anterior es cierto. 27. En la Administración General del Estado, el Presidente y los Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se designa por el: a) Consejo General del Poder Judicial. b) Consejo de Ministros. c) Ministro de Economía y Competitividad. d) Ministro de Justicia. 28. El Tribunal a que se refiere la pregunta anterior está adscrito al: a) Ministerio de Justicia. b) Ministerio de la Presidencia. c) Ministerio de Economía y Competitividad. d) Consejo General del Poder Judicial. 29. Queda suspendida la tramitación del expediente de contratación en el supuesto de que se use este recurso administrativo especial contra el acto de: a) Clasificación. b) Adjudicación. c) Aprobación de los Pliegos que rijan el contrato. d) En ningún supuesto se suspende dicha tramitación. 30. Contra la resolución de los órganos competentes para decidir este recurso administrativo especial: a) Puede instarse la revisión de oficio. b) Se puede interponer recurso administrativo de alzada. c) Sólo es posible la interposición de recurso contencioso-administrativo. d) Se permite excepcionalmente que sea revisable por los órganos de control financiero de la Administración correspondiente. 31. La duración del nombramiento del Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es: a) De seis años. b) Prorrogable. c) Indefinida. d) De tres años.

32. Como regla general y en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó la concesión, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia: a) De nueve años. b) Indefinida. c) Circunscrita al contrato de que se trate. d) De cinco años. 33. Para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vigencia, el empresario deberá justificar el mantenimiento de la solvencia económica y financiera: a) Anualmente. b) Cada dos años. c) Cada cinco años. d) Cada tres años. 34. Por su parte, para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vigencia, el empresario deberá justificar el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional: a) En ningún momento. b) Cada dos años. c) Anualmente. d) Cada tres años. 35. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: a) Es obligatoria. b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de aptitud del empresario. c) Acredita la clasificación sólo ante los órganos de contratación de la Administración General del Estado. d) Se acredita mediante declaración responsable del empresario. 36. Las empresas no comunitarias, para celebrar contratos de obras en España, deberán justificar: a) La reciprocidad por parte de su país de origen en la admisión de empresas españolas en la contratación con su respectiva Administración. b) Su inscripción en el Registro Mercantil español. c) Que tienen abierta sucursal en España. d) Todo lo anterior. 37. Corresponde al Ministro de Economía y Competitividad la competencia para declarar la prohibición de contratar de un empresario en el siguiente supuesto: a) Cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario. b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado. c) Cuando no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. d) En todos los anteriores supuestos. 38. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en cuanto al contrato de gestión de servicios públicos: a) Sólo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. b) Pueden celebrarlo sin límite alguno. c) Están expresamente excluidas de su celebración d) Nada de lo expuesto es correcto.

39. Los contratos que tengan por objeto el arrendamiento de sistemas para el tratamiento de la información que no hayan sido desarrollados a medida de la Administración contratante se consideran: a) De servicios. b) De gestión de servicios públicos c) De colaboración entre el sector público y el sector privado. d) De suministro. 40. Los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas se consideran: a) Contratos mixtos. b) Contratos sujetos a una regulación armonizada. c) Contratos privados. d) Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. 41. Está expresamente prohibida la revisión de precios en los contratos: a) Cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero. b) Menores. c) Suministros. d) Las respuestas a y b son correctas. 42. Para que proceda la revisión de precios, cuando esté prevista legalmente, ha de haberse ejecutado el contrato, al menos, en el siguiente porcentaje: a) 10 por 100. b) 20 por 100. c) 40 por 100. d) No hay límite alguno. 43. La aprobación de fórmulas de revisión de precios de los contratos corresponde al/a la: a) Consejo de Ministros. b) Órgano de contratación. c) Administración que contrate. d) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 44. Por su parte, los índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía se aprueban por el/la: a) Consejo de Ministros. b) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. c) Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. d) Órgano de contratación. 45. La declaración de nulidad de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se efectúa, como regla general, por el/la: a) Jurisdicción contencioso-administrativa en todo caso. b) Órgano de contratación y el contratista, de mutuo acuerdo. c) Órgano de contratación. d) Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

46. El procedimiento que se sigue en dicha declaración es el de: a) Revisión de oficio de actos administrativos irregulares. b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho. c) Contencioso-administrativo. d) Ninguno de los anteriores, sino uno específico previsto en la LCSP. 47. Se adjudica un contrato al empresario elegido por la Administración, previa consulta con uno o varios empresarios candidatos, en el procedimiento:

a) Abierto. b) Negociado. c) Restringido. d) De cualquier tipo.

48. La subasta electrónica, en materia de contratación, no puede emplearse en el siguiente procedimiento:

a) Restringido. b) Negociado. c) De diálogo competitivo. d) Se puede usar en cualquiera de ellos.

49. La presentación por los licitadores de variantes o mejoras:

a) Está taxativamente prohibida. b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato. c) Requiere previo acuerdo al efecto entre las partes contratantes. d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo.

50. En el procedimiento restringido, el número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar no podrá ser inferior a:

a) Cinco. b) Diez. c) Veinte. d) Veinticinco.

51. Puede acudirse al procedimiento negociado en los contratos de obras cuando su valor estimado sea inferior a la siguiente cuantía:

a) Diez millones de euros. b) Dos millones de euros. c) Un millón de euros. d) Seis millones de euros.

52. El privilegio de interpretar unilateralmente los contratos administrativos lo ostenta el/la:

a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante. b) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma. c) Particular que contrate con la Corporación. d) Órgano de contratación.

53. Y el privilegio de interpretación unilateral de un contrato privado de la Administración se reserva a/al:

a) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comunidad Autónoma. b) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante. c) Órgano de contratación. d) Nadie.

54. El plazo que tiene la Administración para abonar el precio, a contar desde la fecha de expedición de la certificación de obras, como regla general, es de:

a) Treinta días. b) Cuatro meses. c) Tres meses. d) Seis meses.

55. En caso de demora en el pago por la Administración, cuando sea superior a cuatro meses e inferior a ocho, el contratista tiene derecho a:

a) Resolver el contrato. b) Revisar el precio del contrato. c) Suspender el cumplimiento del contrato. d) Las respuestas b y c son ciertas.

56. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo total de un contrato, la Administración:

a) Rescindirá el contrato. b) Denunciará el mismo. c) Puede resolverlo o imponer penalidades. d) Le exigirá el abono de los daños y perjuicios.

57. Si la demora se produce por causas no imputables al contratista y éste ofrece cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado:

a) La Administración se la concederá. b) La Administración podrá concedérsela. c) Deberá el contratista prestar garantía específica. d) Las respuestas a y c son ciertas.

58. Si fuera factible la concesión de la prórroga a que se refiere la pregunta anterior, el plazo de la misma:

a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido. b) Se fijará discrecionalmente por la Administración. c) Ha de ser superior al inicialmente concedido. d) Como mucho, será de la mitad del inicialmente concedido.

59. Como regla general, la indemnización de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato corresponde al/a la/a las:

a) Administración contratante. b) Contratista. c) Dos partes contratantes, por mitad. d) Dos partes contratantes, en función de la responsabilidad de cada una en cada supuesto concreto.

60. El interés de demora, en relación con el pago a los contratistas, cuando se produzca una demora en éste:

a) Está expresamente prohibido. b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuarlo. c) Ha de abonarse a partir de los 4 meses de demora, exclusivamente. d) Lo fija la propia Administración contratante.

61. Los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, podrán ser embargados:

a) En ningún caso. b) En cualquier caso. c) Sólo por deudas personales del contratista. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

62. En caso de que se formule oposición a la interpretación del contrato efectuada por la Administración, debe recaer informe de/del:

a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración. b) Órgano de contratación. c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. d) Todos los anteriores.

63. El informe a que se refiere la pregunta anterior debe recaer, asimismo, tratándose de una modificación del contrato cuya cuantía sea superior al siguiente porcentaje, como mínimo, en relación con el precio primitivo del mismo, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros:

a) 50 por 100. b) 25 por 100. c) 20 por 100. d) 10 por 100.

64. Los acuerdos del órgano de contratación sobre interpretación o modificación de los contratos, a efectos de ser recurridos por el contratista:

a) No son susceptibles de recurso. b) No agotan la vía administrativa. c) Agotan esta vía. d) Según los casos, será válida alguna de las alternativas anteriores.

65. Una consecuencia derivada de la suspensión del contrato, cuando legalmente proceda, es:

a) Provocar la resolución del contrato. b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista. c) Indemnizar los daños y perjuicios a la Administración. d) Todo lo anterior, según los casos.

66. Es obligatoria la resolución del contrato en el siguiente supuesto:

a) Declaración de concurso del contratista. b) Modificación de más del 20 por 100 del precio del contrato. c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales no esenciales. d) En todos los casos anteriores lo es.

67. La ejecución del contrato de obras debe comenzar con el/la: a) Formalización del contrato. b) Depósito de la garantía definitiva. c) Acta de replanteo. d) Acta de comprobación del replanteo.

68. Para que sean vinculantes para las partes las instrucciones que dieren el Director facultativo de las obras o, en su caso, el responsable del contrato de obras: a) Ha de formularse exclusivamente por escrito. b) Debe ser ratificadas por escrito en el más breve plazo si se formulan verbalmente. c) Basta con que se formulen oralmente o por escrito siempre que lleguen a conocimiento del contratista. d) Nada de lo anterior es cierto.

69. En el contrato de obras, tiene la consideración de fuerza mayor: a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. b) Los maremotos. c) Cualquier destrozo ocasionado violentamente. d) Las respuestas a y b son ciertas.

70. La expedición de certificaciones de obras se efectuará, como regla general, cada: a) Mes. b) Trimestre. c) Semestre. d) Año.

71. El plazo que tiene la Administración para expedir la certificación a que se refiere la pregunta anterior es de: a) Cinco días. b) Diez días. c) Quince días. d) Veinte días.

72. La existencia de precios unitarios en las obras a tanto alzado: a) Ha de estar prevista en los pliegos que rigen la contratación de que se trate. b) Es la regla general. c) Requiere acuerdo expreso entre la Administración contratante y el contratista. d) No es posible.

73. En el supuesto de una modificación del contrato de obras que suponga reducción o supresión de unidades de obra, el contratista: a) No tiene derecho a reclamar indemnización alguna. b) Puede pedir la resolución del contrato. c) Puede decidir la suspensión del contrato. d) Ha de ser resarcido por las unidades de obra suprimidas.

74. La aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas debe formularla el órgano de contratación en el siguiente plazo a partir de la recepción de las obras: a) Un mes. b) Seis meses. c) Tres meses. d) Un año.

75. Como regla general, el plazo de garantía no debe ser inferior, como mínimo, a: a) Un año. b) Seis meses. c) Cuatro años. d) Diez años.

76. El plazo durante el cual responde el contratista de los vicios ocultos en un contrato de obras, a contar desde la recepción de las mismas es de: a) Seis años. b) Cuatro años. c) Quince años. d) Diez años.

77. Puede dar lugar a la resolución del contrato de obras una suspensión de las mismas acordada por la Administración siempre que sea superior a: a) Dos meses. b) Cuatro meses. c) Un mes. d) Seis meses.

78. La financiación de las obras públicas construidas mediante el contrato de concesión de obras públicas corresponde: a) Al concesionario. b) A la Administración en todo caso. c) En determinados supuestos, al concesionario y a la Administración conjuntamente. d) Las respuestas a y c son ciertas.

79. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras públicas se fijan por: a) El órgano de contratación. b) El concesionario. c) La Administración y el concesionario de mutuo acuerdo. d) Ley.

80. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por un plazo máximo de: a) Veinte años. b) Cincuenta años. c) Cuarenta años. d) Quince años.

81. La técnica del rescate se considera como causa de resolución del siguiente tipo de contrato administrativo: a) Obras. b) Gestión de servicios públicos. c) Suministro. d) Consultoría y asistencia.

82. Cuando, en un contrato de gestión de servicios públicos, la Administración, por razones de interés público, acuerda gestionarlo directamente, se habla de: a) Intervención. b) Rescate. c) Supresión. d) Reversión.

83. El máximo legal de duración de un contrato de servicios, incluidas las prórrogas, en su caso, es, como regla general, de: a) Seis años. b) Cuatro años. c) Dos años. d) Indeterminado, estableciéndose en función del servicio a prestar.

84. Las revisiones de tarifas a percibir del público por parte de un concesionario de un servicio público: a) Se dejan en manos del concesionario. b) Deben estar previstas expresamente en el contrato concesional. c) Están taxativamente prohibidas. d) Son discrecionales para la Administración.

85. Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios para el servicio público, la Administración podrá acordar la: a) Resolución. c) Reversión. c) Intervención del servicio. d) Las respuestas a y c con correctas.

86. La modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos en la que la Administración y el empresario participan en los resultados de la explotación del servicio en la proporción establecida en el contrato es la: a) Gestión indiferenciada. b) Concierto. c) Gestión interesada. d) Sociedad Mercantil.

87. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR-LCSP, en adelante) no recoge como forma de contrato de gestión de servicios públicos el/la: a) Gestión interesada. b) Arrendamiento. c) Concierto. d) Sociedad de economía mixta.

88. La intervención de una concesión: a) Supone que la Administración resuelve la misma. b) Se establece para fiscalizar la gestión económica del concesionario. c) Tiene su causa en un incumplimiento del contratista del que derive perturbación grave para el servicio. d) Se produce en caso de subcontratación.

89. En un contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación: a) Es la regla general. b) Sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. c) Está expresamente prohibida en todo caso. d) Es una facultad del contratista.

90. La demora por parte de la Administración en entregar al contratista de la contraprestación que le corresponde puede ser causa de resolución del contrato: a) Cuando exceda de cuatro meses. b) Si es superior a seis meses. c) En todo caso. d) En ningún caso, debiendo sin embargo la Administración abonar el interés legal del dinero por el tiempo de tardanza.

91. La supresión de un servicio por la Administración: a) Ha de basarse en razones de utilidad social. b) Debe estar basada en el interés público. c) No comporta indemnización de daños y perjuicios al contratista. d) Es discrecional para ella, sin exigírsele ninguna contraprestación.

92. Los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios no deben exceder, como máximo, de: a) Cincuenta años. b) Treinta años. c) Veinticinco años. d) Diez años.

93. Las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato de servicios a favor de una Administración, a la extinción de éste: a) Adquieren la condición de funcionarios públicos. b) Se mantienen al servicio de la Administración contratante, pero como personal laboral. c) Siguen vinculados a la Administración como personal eventual. d) Nada de lo expuesto es correcto.

94. El pago anticipado en un contrato de servicios cuyo objeto sea la prestación de una actividad docente en un centro del sector público desarrollada en forma de cursos de formación: a) Está expresamente prohibido. b) Es la regla general. c) Sólo puede ser parcial y requiere una previa constitución de garantía por el contratista. d) Exige la puesta a disposición de la Administración del material docente.

95. La duración de un contrato de servicios para la defensa jurídica y judicial de la Administración será: a) La precisa para atender adecuadamente sus necesidades. b) Indefinida. c) De cuatro años como máximo. d) La que acuerden expresamente las partes contratantes.

96. En el supuesto de suspensión del suministro por tiempo superior a un año acordada por la Administración, la indemnización que debe percibir el contratista será como regla general: a) Equivalente al valor de lo que quede por suministrar. b) De un veinte por ciento del precio de la adjudicación. c) Del seis por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar. d) La que acuerden las partes contratantes.

97. Los contratos de suministro que celebre el Ministerio de Defensa con empresas extranjeras y que deban ser ejecutados fuera del territorio nacional, se rigen: a) Por Tratados Internacionales. b) Exclusivamente por el TR-LCSP. c) Sólo por los pactos específicos que se celebren entre las partes contratantes d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo.

98. La prórroga tácita en el contrato de arrendamiento en un suministro: a) Está expresamente prohibida. b) Es la regla general. c) Debe estipularse expresamente en el contrato. d) Nada de lo expuesto es cierto.

99. La prórroga expresa en dicho contrato: a) No se admite. b) No puede exceder del tiempo total del contrato inicialmente pactado, como máximo. c) No puede ser superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior. d) Se deja al libre arbitrio de las partes contratantes.

100. Dentro del contrato de arrendamiento, las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento: a) Se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. b) Forman parte del precio del arriendo. c) Debe descontarse del precio del arriendo. d) Nada de lo expuesto es correcto.

101. En los contratos de fabricación previstos en la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del TR-LCSP se acomodarán a las normas del contrato de suministro: a) Todo. b) Las normas relativas a su publicidad. c) Nada. d) A este tipo de contratos se le aplican siempre las normas generales y especiales del contrato de obras.

102. El adjudicatario de un contrato de suministro tiene derecho a indemnización por causa de pérdidas ocasionadas en los bienes antes de su entrega a la Administración: a) En ningún caso. b) Cuando los bienes se hayan concluido. c) Cuando la Administración incurra en mora al recibirlos. d) En todo caso.

103. En el supuesto de que el acto formal de recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a la entrega de los propios bienes, la responsabilidad de la custodia de los bienes durante el tiempo que medie entre una y otra recae en el/la: a) Contratista. b) Contratista y la Administración, a partes iguales. c) Administración. d) El tercero al que se encomiende dicha custodia.

104. El pago del precio total de los bienes a suministrar puede consiste en la entrega de bienes de la misma clase: a) Sólo parcialmente. b) En ningún supuesto. c) Como regla general, en aplicación de la Ley General Presupuestaria. d) Cuando así lo decida el contratista.

105. En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, si los bienes que entrega la Administración estuvieren afectados a un uso o servicio público: a) Ha de acordarse expresamente su desafectación. b) No puede realizarse dicha entrega. c) La desafectación de los mismos se produce automáticamente con el acuerdo del órgano de contratación. d) No es necesario darles de baja en el inventario. 106. La realización por parte de la Administración de análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear el proceso de fabricación de los bienes a entregar a la misma: a) Sólo se permite antes de que se inicie en sí dicho proceso de elaboración. b) Se deja a la voluntad del contratista. c) No está legalmente prevista. d) Es una facultad que tiene la Administración.

107. Como regla general, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta de/del/de la: a) Contratista. b) Administración. c) Ambas partes. d) Administración, salvo pacto en contrario.

108. El contratista queda exento de responsabilidad por vicios o defectos en los bienes suministrados: a) Una vez entregados a la Administración. b) Desde que los pone a disposición de la Administración aunque no se haya producido la recepción formal de los mismos. c) Desde que termina el plazo de garantía. d) A los diez años desde que se produce la recepción formal de los bienes.

109. Es causa de resolución del contrato de suministro la suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del suministro cuando, salvo que en el pliego se señale otro plazo menor, sea superior como mínimo a: a) Dos meses. b) Tres meses. c) Cuatro meses. d) Seis meses.

110. En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, el contratista tiene derecho a recibir una indemnización: a) Por el importe total del suministro. b) Del tres por ciento del precio de la adjudicación. c) Del diez por ciento del precio de la adjudicación. d) En ningún caso.

SOLUCIONES

1. d) Se rigen por este TR-LCSP en lo que del mismo se considera legislación básica, a tenor de su disposición final segunda 2. d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística.

3. b) Se sujetan en su integridad. 4. c) Se rige por el TR-LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 5. d) No se sujeta al TR-LCSP. 6. a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR-LCSP. 7. a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 8. c) De alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad. 9. d) Las respuestas a y c son ciertas. 10. c) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 11. b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración. 12. a) Consentimiento de los contratantes. 13. b) Una prohibición de contratar. 14. d) Supone su nulidad absoluta. 15. d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas. 16. c) La clasificación. 17. a) Formalización. 18. a) Nulidad. 19. d) 120.000 euros. 20. c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 21. c) Solidariamente. 22. c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. 23. a) 600.000 euros. 24. c) 450.000 euros. 25. d) Nada de lo expuesto es correcto. 26. c) Tiene carácter potestativo. 27. b) Consejo de Ministros. 28. c) Ministerio de Economía y Competitividad.

29. b) Adjudicación. 30. c) Sólo es posible la interposición de recurso contencioso-administrativo. 31. a) De seis años. 32. b) Indefinida. 33. a) Anualmente. 34. d) Cada tres años. 35. b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de aptitud del empresario. 36. d) Todo lo anterior. 37. b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado. 38. a) Sólo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. 39. d) De suministro. 40. b) Contratos sujetos a una regulación armonizada. 41. d) Las respuestas a y b son correctas. 42. b) 20 por 100. 43. a) Consejo de Ministros. 44. b) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 44. c) Órgano de contratación. 46. b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho. 47. b) Negociado. 48. c) De diálogo competitivo. 49. b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato. 50. a) Cinco. 51. c) Un millón de euros. 52. d) Órgano de contratación. 53. d) Nadie. 54. a) Treinta días. 55. c) Suspender el cumplimiento del contrato. 56. c) Puede resolverlo o imponer penalidades. 57. a) La Administración se la concederá.

58. a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido. 59. b) Contratista. 60. b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuarlo. 61. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta. 62. c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 63. d) 10 por 100. 64. c) Agotan esta vía. 65. b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista. 66. a) Declaración de concurso del contratista. 67. d) Acta de comprobación del replanteo. 68. b) Debe ser ratificadas por escrito en el más breve plazo si se formulan verbalmente. 69. d) Las respuestas a y b son ciertas. 70. a) Mes. 71. b) Diez días. 72. d) No es posible. 73. a) No tiene derecho a reclamar indemnización alguna. 74. c) Tres meses. 75. a) Un año. 76. c) Quince años. 77. d) Seis meses. 78. d) Las respuestas a y c son ciertas. 79. a) El órgano de contratación. 80. c) Cuarenta años.

81. b) Gestión de servicios públicos. 82. b) Rescate. 83. a) Seis años. 84. b) Deben estar previstas expresamente en el contrato concesional. 85. d) Las respuestas a y c con correctas. 86. c) Gestión interesada. 87. b) Arrendamiento. 88. c) Tiene su causa en un incumplimiento del contratista del que derive perturbación grave para el servicio.

89. b) Sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. 90. b) Si es superior a seis meses. 91. b) Debe estar basada en el interés público. 92. c) Veinticinco años. 93. d) Nada de lo expuesto es correcto. 94. c) Sólo puede ser parcial y requiere una previa constitución de garantía por el contratista. 95. a) La precisa para atender adecuadamente sus necesidades. 96. c) Del seis por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar. 97. d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo. 98. a) Está expresamente prohibida. 99. c) No puede ser superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior. 100. a) Se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. 101. b) Las normas relativas a su publicidad. 102. c) Cuando la Administración incurra en mora al recibirlos. 103. c) Administración. 104. a) Sólo parcialmente. 105. c) La desafectación de los mismos se produce automáticamente con el acuerdo del órgano de contratación. 106. d) Es una facultad que tiene la Administración. 107. a) Contratista. 108. c) Desde que termina el plazo de garantía. 109. d) Seis meses. 110. b) Del tres por ciento del precio de la adjudicación.

TEST 27.- El Derecho del Trabajo: fuentes. Los Convenios Colectivos de Trabajo: concepto y régimen jurídico.

SUSTITUIR LAS PREGUNTAS 17 Y 25 POR LAS SIGUIENTES: 17. En los convenios de ámbito estatal, estarán legitimados: a) Los sindicatos de Comunidad Autónoma que cuenten en este último ámbito con un mínimo del 10 por 100 de los Comités de empresa o delegados de personal. Pero no estarán

legitimados los sindicatos que están integrados en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de Comunidad Autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. c) Los sindicatos de Comunidad Autónoma que cuenten en este último ámbito con un mínimo del 20 por 100 de los Comités de empresa o delegados de personal. Pero no estarán legitimados los sindicatos que están integrados en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. d) Sólo los sindicatos que hayan obtenido representatividad en el ámbito estatal.

25. Denunciado un convenio, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso: a) La vigencia se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. b) Perderán vigencia sus cláusulas de contenido normativo, permaneciendo las obligacionales. c) Pierden vigencia todas las cláusulas del convenio colectivo. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

SOLUCIONES 17. b) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel de Comunidad Autónoma respecto de los convenios que no trasciendan de dicho ámbito territorial, así como, en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. 25. a) La vigencia se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.

TEST 28.- El contrato de trabajo: concepto, naturaleza, sujetos, contenido y régimen jurídico.

SUSTITUIR LA PREGUNTA 21 POR:

21. Con carácter general, el contrato para la formación y el aprendizaje puede celebrarse por trabajadores: a) Mayores de dieciséis años y menores de veinticinco que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas; el límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad. b) Mayores de dieciocho y menores de veinticinco años, que no tengan la titulación requerida para formalizar el contrato en prácticas, no aplicándose el límite máximo cuando el contrato se concierte con un trabajador minusválido. c) De cualquier edad, puesto que la Ley no establece un mínimo ni un máximo. d) Que tengan titulación que les habilite para celebrar contrato en prácticas.

SOLUCIÓN

21. a) Mayores de dieciséis años y menores de veinticinco que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas; el límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad.

TEST 33.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social. Afiliación. Altas y bajas: procedimientos y efectos. Cotización. Se eliminan las preguntas 9 y 12

TEST 34.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Prestaciones: incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, invalidez, jubilación, muerte y supervivencia. Se elimina la pregunta 46

TEST 49.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: disposiciones generales, protección de datos, derechos de las personas y ficheros de titularidad pública. ESTE TEST HA SUFRIDO NUMEROSAS MODIFICACIONES QUE HAN OBLIGADO A UNA REVISIÓN COMPLETA Y UNA NUEVA REDACCIÓN. LO REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN

TEST N.º 49

1. Según la normativa actualmente vigente en materia de protección de datos de carácter personal, un fichero automatizado que contenga DNI, nombre, apellidos, domicilio, titulación académica, grado y tipo de minusvalía, se considera:

a) Básico. b) Medio. c) Crítico. d) Alto. 2. La normativa vigente en España sobre protección de datos de carácter personal es, en la actualidad: a) La Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. b) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla. c) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. d) La Directiva 95/46/CE, de la Unión Europea. 3. Los ficheros de datos de carácter personal que contengan un conjunto de datos suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo, deberán garantizar medidas de seguridad: a) De nivel básico. b) De nivel básico y de nivel medio. c) De nivel alto. d) De nivel medio y de nivel alto. 4. Atendiendo a la naturaleza de la información almacenada y a la necesidad de garantizar su confidencialidad, se definen una serie de niveles de seguridad. ¿Cuántos son? a) Depende de la aplicación. b) 2. c) 10. d) 3. 5. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, también se conoce como: a) LORTAD. b) LOPD.

c) LOPT. d) LAPD. 6. Los niveles de seguridad de la información se clasifican en: a) High, low, lower. b) 1, 2 y 3. c) Alto, medio y bajo. d) Alto, medio y básico. 7. La LOPD se regirá por disposiciones específicas especialmente previstas los siguientes casos (identifique la opción falsa): a) Ficheros regulados por la legislación de régimen electoral. b) Ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. c) Ficheros derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y rebeldes. d) Ficheros procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia. 8. ¿Cómo se denominan los fundamentos que deben regir toda acción orientada a asegurar la información y los servicios? a) Proceso. b) Riesgo. c) Vulnerabilidad. d) Trazabilidad. 9. ¿Cuántos títulos tiene la LOPD? a) 5. b) 7. c) 9. d) 10. 10. El RD 3/2010 que regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿deroga alguna normativa? a) Sí, tienes tres disposiciones derogatorias. b) Sí, tiene una disposición derogatoria única. c) No. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

11. ¿Qué organismo colaboró con el Ministerio de la Presidencia para la elaboración del RD 3/2010? a) La APD. b) El CSI. c) El CNN. d) El CESID. 12. La LOPD tiene, ¿cuántos artículos? a) 39. b) 49. c) 59. d) 69. 13. Las medidas de seguridad que se establecen para los ficheros no automatizados mantienen, al igual que para los informáticos, tres niveles diferentes de seguridad: básico, medio y alto: a) Verdad. b) Falso. c) Sólo si están registrados en la APD. d) Todas son ciertas. 14. ¿Qué otra denominación tienen los fichero en papel en el ámbito del RD de desarrollo de la LOPD? a) Archivos estructurados impresos. b) Ficheros manuales estructurados. c) Ficheros literarios. d) Fichero de soporte físico. 15. El Plan Nacional de Seguridad define la Integridad como: a) Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada. b) Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención, de disuasión, de protección, de detección y reacción, o de recuperación. c) Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los riesgos. d) Fundamentos que deben regir toda acción orientada a asegurar la información y los servicios.

16. El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad es: a) Las Administraciones Públicas. b) Los ciudadanos en sus relaciones con las anteriores. c) Las relaciones entre las Administraciones Públicas. d) Todas son ciertas. 17. En el ámbito del RD de desarrollo de la LOPD, ¿qué otro nombre reciben las listas de exclusión? a) Listas Homerson. b) Listas Jameson. c) Listas Johnson. d) Listas Robinson. 18. El RD 3/2010 se estructura en: a) 3 capítulos. b) 8 capítulos. c) 10 capítulos. d) 15 capítulos. 19. En el ámbito del Plan Nacional de Seguridad, ¿qué se entiende por Política de Seguridad? a) Conjunto de directrices plasmadas en documento escrito, que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos. b) Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención, de disuasión, de protección, de detección y reacción, o de recuperación. c) Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma. d) Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para producir a un producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica recursos y da lugar a un resultado. 20. ¿La LOPD tiene disposiciones derogatorias? a) Sí, 3. b) Sí, 2. c) Sí, 1. d) Ninguna es verdadera.

SOLUCIONES 1. d) Alto. 2. b) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla. 3. d) De nivel medio y de nivel alto. 4. d) 3. 5. b) LOPD. 6. d) Alto, medio y básico. 7. b) Ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 8. d) Trazabilidad. 9. b) 7. 10. b) Sí, tiene una disposición derogatoria única. 11. c) El CNN. 12. b) 49. 13. a) Verdad. 14. b) Ficheros manuales estructurados. 15. a) Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada. 16. d) Todas son ciertas. 17. d) Listas Robinson. 18. c) 10 capítulos. 19. a) Conjunto de directrices plasmadas en documento escrito, que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos. 20. c) Sí, 1.