Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid Número 196

8 de septiembre de 2014

IX Legislatura

SUMARIO Página

2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 2.10 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ─ Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes (RGEP.7698/2014). . . . . . . . . . . .23559-23581 .......... ─ Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (RGEP.7699/2014) . . . . . . . . . . . . .23581-23588 .......... ─ Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Sociallista (RGEP.7700/2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23588-23609 .......... ─ Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Popular (RGEP.7701/2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23609-23612 ..........

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2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 2.10 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN La Mesa de la Asamblea, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de 2014, estimando su congruencia con la materia objeto del debate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.8 del Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite las siguientes Propuestas de Resolución: - Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes (RGEP.7698/2014). - Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (RGEP.7699/2014). - Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista (RGEP.7700/2014). - Propuestas de Resolución subsiguientes al Debate sobre Orientación Política General del Gobierno, celebrado los días 4 y 5 de septiembre de 2014. Presentadas por el Grupo Parlamentario Popular (RGEP.7701/2014). Sede de la Asamblea, 5 de septiembre de 2014. El Presidente de la Asamblea JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ

──── PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SUBSIGUIENTES AL DEBATE SOBRE ORIENTACIÓN POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO, PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES ──── PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa: en política económica, fiscal y para el empleo En materia de política económica: Las posibilidades de políticas económicas en la dirección de la productividad, el crecimiento, el empleo de calidad y la sostenibilidad se desvanecen ante cada medida que toma el Gobierno Regional. El entramado de medidas que el Gobierno regional ha tomado como: la Reforma Laboral, la reducción salarial, el desmantelamiento del sector público, la desfiscalización de las rentas y capitales, las privatizaciones y la persistencia en la generación especulativa del PIB, para seguir pagando el déficit que introdujeron en la reforma de la Constitución en el famosos Artículo 135, han hecho que la situación económica y social en nuestro País, lejos de contribuir a salir de la crisis, nos hayamos

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hundido más en ella, concretamente en la Comunidad de Madrid las políticas económicas, sociales, educativas y sanitarias, de Servicios Sociales junto con el desempleo han generado una situación de extrema gravedad. La política económica, concluido el modelo de especulación y ladrillo, ha sido incapaz de generar modelos alternativos: fracasadas las improbables fantasías de olimpiadas o economías de casino, la economía madrileña se ha reconvertido en un modelo de privatización de los público y su apropiación por sectores y medios afines al propio Partido Popular. La creciente desindustrialización y la incapacidad del sector servicios, lastrado por ocupación de baja calidad, contratación precaria y bajos salarios, para generar empleo se ha traducido no sólo en una exasperante tasa de desempleo sino en una creciente tasa de pobreza. La debilidad cada vez más palpable de nuestro tejido productivo, y la falta de sensibilidad por la industria del Gobierno Regional, rayando en algunos casos el desprecio más absoluto por la misma, con recortes en inversión productiva y en I+D+i, eliminando a su vez toda herramienta de apoyo a los pequeños y medianos empresarios. El Índice de Producción Industrial desciende paulatinamente (el índice ha caído en un 25 en lo que va de año, desde el año 2008 al inicio de la crisis se han destruido 28 empleos autónomos diarios, en la actualidad hay más de 40.470 autónomos menos que hace 4 años ), el sector comercio con una Ley que lejos de favorecerlos les ha perjudicado aún más ven como cada día los pequeños y medianos empresarios tienen que cerrar sus negocios Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el índice del comercio al por menor viene indicando que la crisis del consumo está poniendo en especial dificultades a los comercios minoristas regentados por trabajadores autónomos y familias), ajustes de plantillas y contratos precarios son las consecuencias de la nefasta Ley de dinamización del Comercio, la política económica de este Gobierno ha supuesto: Recortes en los presupuestos. Han desaparecido las operaciones urbanísticas. Han reducido a la mitad los préstamos en I+D. Las actividades de difusión tecnológica. Se ha acelerado el cierre de empresas, pérdidas de empleo, deslocalización de importantes ramas de productividad de nuestra Comunidad. La Zona Industrial del Corredor del Henares es una de las más perjudicadas en esta situación, aún a pesar de que el Gobierno del PP anuncia su Urgente reindustrialización la realidad es que el Plan de Apoyo está intacto. Han apostado por un modelo económico de impacto súbito, baja productividad y vinculado exclusivamente al consumo, es decir, han apostado por una industria endémicamente débil. Desde Izquierda Unida proponemos alternativas para salir de esta crisis, para reactivar la economía en nuestra Comunidad, para generar empleo de calidad,

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Por ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes para la industria madrileña: 1.- Cambio de modelo productivo. 2.- Poner en marcha de forma inmediata la reactivación de la Zona Industrial del Corredor del Henares. 3.- Inversión para la industria madrileña. 4.- Impulso de I+D+i. 5.- Nuevos Planes generales de Ordenación Urbana. 6.- Desarrollo de polígonos modernos. 7.- Poner las bases para una alternativa económica dirigida a superar el déficit social, medioambiental y productivo, así como los desequilibrios territoriales de nuestra Comunidad. Por otra parte, en la inercia de las ataduras, la fijación del PP a las grandes compañías de la energía y de la alimentación está levantando una muralla que nos encierra en el paro y en altos grados de dependencia, cada vez más insostenibles, La desaparición de las denominadas Entidades Locales Menores, el bloqueo introducido en la expansión local e individual a las energías renovables de autoconsumo, la minoración del suelo productivo agrícola rural, ganadero o forestal para residencial y turístico, forman parte del atentado contra el empleo estable en una recuperación económica de futuro sostenible. Con este objetivo la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a que incluya en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2015: 1.- Puesta en marcha de planes de reconversión ecológica de la economía madrileña, con especial atención a la creación de zonas de urgente industrialización. 2.- Un Plan de rehabilitación de áreas urbanas que requieren de atención especial, y la adopción de un nuevo Plan Energético Regional para el impulso de las energías renovables y la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia en su consumo. 3.- Un Plan Regional para el desarrollo Rural basado en el sector de la Agricultura, la ganadería recuperando su papel impulsor de desarrollo económico, territorial y de creación de empleo, así como de desarrollo en el Medio Rural de actividades económicas ligadas a la producción agraria (industria agroalimentaria, agroturismo, etc..). Este Plan incluiría un apartado específico para la Agricultura y ganadería Ecológicas. 4.- Equiparación del gasto en investigación agraria, rural y ambiental a la media europea. 5.- Modificación de la Ley de Cooperativas en lo que hace referencia a las cooperativas agrarias de producción, de transformación y de comercialización. 6.- Incentivación a la creación de industrias agroalimentarias artesanales con especial incidencia en aquellas que sea de economía social.

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7.- Creación de la figura de planeamiento de “suelo de especial protección para la producción agrícola y ganadera”. En materia de política fiscal: El Gobierno de la Comunidad de Madrid viene manteniendo una política fiscal que atenta permanentemente contra el principio de equidad fiscal que debe presidir la Hacienda Pública Madrileña. El favor fiscal a las rentas más altas viene siendo el comportamiento que preside las medidas fiscales que adopta el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La creciente desfiscalización de nuestra Comunidad está poniendo en riesgo la prestación de servicios, impidiendo una intervención eficaz en la ordenación económica de Madrid y la superación de las dificultades de desempleo que atravesamos. La suma de desigualdad fiscal y reducción de recursos tributarios potenciales provoca que el recorte en el gasto social sea el único instrumento que aplica el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la estrategia de contención del déficit público. En suma, favoreciendo a las rentas más altas, desfiscalizando y mediante recortes que está eliminando el ya insuficiente estado de bienestar de que disponía la Comunidad de Madrid. Para afrontar decididamente un cambio de rumbo en este campo se propone una reforma fiscal integral que modifique la política fiscal, suspenda los regalos fiscales regresivos y antisociales, para dedicar esas cuantías a la inversión real, el aumento del gasto social y al incremento del I+D+i, como mecanismo de creación de empleo, de defensa de unos servicios públicos de calidad y la defensa de nuestro sector productivo. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno a una poner en marcha una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia y progresividad por medio del desarrollo de estas medidas: 1.- Mejorar la progresividad en el tramo autonómico del IRPF, por medio de la recuperación de la progresividad del impuesto, mediante la creación de nuevos tramos y subir un 0.3%, el punto de tarifa autonómica reducido por el Gobierno regional, en sus dos últimos tramos superiores. 2.- Supresión de deducciones autonómicas en el IRPF: Por Donativos a fundaciones. Por Gastos educativos. Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación. Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil. 3.- Reversión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la situación de 2005, y eliminar con ello todas las exenciones fiscales, excepto los mínimos establecidos, y proceder a una nueva definición en tramos que incremente la imposición en función del nivel de riqueza que incorpore mayor progresividad a este impuesto.

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4. Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. 5.- Creación del Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. 6.- Creación de un Gravamen impositivo del 2,5% sobre la facturación de las grandes empresas que facturen por encima de 45 millones de euros. 7.- Creación nueva tasa: sobre Servicios administrativos y técnicos en materia de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que financie los servicios esta materia para inspección, asesoría y gestión técnica de las actividades de la SICAV. 8.- Creación de nueva tasa: de Servicios urbanísticos, de gestión local y autonómica prestados a viviendas vacías, propiedad de entidades financieras. 9.- Creación de un Impuesto de carácter extrafiscal que grave a las grandes superficies con el objetivo finalista de compensar las externalidades negativas que afectan a la vida colectiva, particularmente la ordenación del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de los núcleos urbanos y que no son asumidos los costes económicos sociales y medio ambientales, y cuya recaudación del mencionado impuesto se revierta al pequeño comercio a través de la creación de un Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. 10.- Supresión o reducción de tasas: - (3066) Derechos de examen personal docente y catedrático: reducción de 2.000.000 de euros. - (3067) Expedición de títulos: reducción de 2.000.000 de euros. - (3080) Derechos examen personal: reducción 500.000. - (3151) Residencias personas mayores concertadas: reducción 28.500.000. A suprimir en plazo de dos años por incorporación a red pública). - (3159) Servicios Públicos de atención social: reducción de 4.400.000 euros (dotación en presupuesto: 8.800.000 a suprimir en plazo dos años por incorporación a red pública). - (3171) Centros de educación infantil: supresión (dotación en presupuesto 11.000.000, por generalización principio de enseñanza gratuita). - (3171) Enseñanzas en régimen especial: supresión (dotación en presupuesto 17.275.000). 11.- Desarrollo de un ambicioso Plan de lucha contra el fraude fiscal a nivel regional. En materia de empleo: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno a poner en marcha las siguientes medidas: 1.- Políticas activas de empleo: Desarrollo de un Plan Regional de Inversiones Públicas, que con la concurrencia de los Ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro, permita la creación del

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Contrato Social madrileño: Plan de contratación de desempleados durante un mínimo de 6 meses dirigido a los colectivos más vulnerables como parados de larga duración y jóvenes. 2.- Políticas de Formación: a. Garantizar que la formación profesional de los trabajadores de 20 horas anuales se realice fuera de la empresa y se acredite con certificados de profesionalidad. b. Implantar ayudas en concepto de transporte y manutención a los desempleados que accedan a cursos de formación y hayan agotado o no tengan derecho a ninguna prestación o subsidio. 3.- Apoyar económicamente a los trabajadores de la empresa de Poliseda para que puedan seguir pagando su convenio especial con la Seguridad Social hasta la edad de jubilación tras la quiebra de la aseguradora que realizaba este pago. 4.- Aumentar el número de inspecciones a los centros de trabajo para combatir la economía sumergida y aumentar los controles de seguridad y salud en el trabajo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM 2 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa en política local, ambiental y regeneración democrática En materia de política local: La Ley Estatal 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de los Entes Locales, viene a impulsar un cambio profundo del modelo de administración, que retrotrae el concepto de Administración Local, para ser considerada una entidad territorial menor, necesitada de tutelaje y control, y vacía de contenido material. Una Ley vulneradora del espíritu del bloque constitucional. Esta reforma que no es tal, es una demolición, desprecia el principio rector que movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta mal llamada reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares. Una Ley de Racionalización y sostenibilidad que habla de duplicidades cuando quieren, en realidad, decir desmantelamiento de servicios u privatización de los mismos, hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local. Esta reforma respira tutelaje de una administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de

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igualdad con las demás administraciones, la intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. La clave de dicha reforma es: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales y privatización de los servicios públicos por ésta en los municipios que pierdan titularidad de sus competencias, llaman profesionalidad u transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. Para mayor abundamiento en ese desmantelamiento de los entes locales, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presenta una Ley de “Adaptación a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de los Entes Locales”. Con este Proyecto de Ley de Adaptación van más allá de la propia Ley Estatal, dificultando aún más y vaciando de contenido a los ayuntamientos, desde el punto de vida de su desarrollo es inviable, porque no solamente está en juego la democracia local, la calidad de los servicio públicos, la injerencia del estado y de la Comunidad Autonómica, sino también puestos de trabajo, mercantilismo y un largo etcétera. Esta Ley de Adaptación vulnera el espíritu del bloque constitucional al actuar como una Ley de bases “expansiva y limitadora” que supervisa tan exhaustivamente las competencias de las corporaciones locales que las vacía prácticamente de contenido, desapodera competencias del ámbito local siguiendo el peligroso camino de convertir a las corporaciones locales en meras oficinas administrativas. Pero para llegar a este punto el Gobierno Regional hace ejercicios de funambulismo normativo debatiéndose en un peculiar claro-oscuro entre la irretroactividad y la retroactividad algo totalmente inconstitucional, no solo por la indefinición e indefensión jurídica que puede llegar a provocar, sino también y como consecuencia de los vaivenes que pueden llegar a producirse. La legislación de desarrollo que plantea el Gobierno de la Comunidad es restrictiva dentro del espacio que le corresponde para ampliar competencias y para concretarlas, es una Ley que presenta imprecisiones, confusiones e indefiniciones en aspectos tan fundamentales para la prestación de los servicios básicos. Es una Ley de adaptación a la Ley 27/2013 que no se adapta ni: a la Carta europea de Autonomía Local, ni al propio Estatuto de Autonomía, el Estatuto del empleado Público, ni a la Ley Básica, es decir una Ley inconstitucional y que, además, raya la ilegalidad. Una Ley que no tiene en cuenta las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de los municipios porque carece de memoria económica ya que si no se puede incrementar el gasto total de las administraciones hay ayuntamientos que no puedan asumir competencias por delegación deberían ejercerlas la Comunidad pero sin memoria económica esto no es garantía. Tampoco se refleja en la Ley claramente cuestiones como los convenios, lo referente a las competencias de educación, salud y servicios sociales que además, no es acorde a la Ley Básica.

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Si desde Izquierda Unida nos opusimos a la Ley Estatal 27/2013, con mayor motivo nos oponemos a esta ley de Adaptación que presenta el Gobierno Regional, por perjudicar aún más a los municipios madrileños, sobre todo a los más pequeños, que conforman el 82% de nuestro territorio, y son los que más desprotegidos se van a aquedar con esta ley. Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a: 1.- Retirar este proyecto de Ley por ser inviable, porque no se atiene a derecho y sobre todo y fundamentalmente porque perjudica muy seriamente a nuestra Hacienda Local y a los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad. En materia de política ambiental: Residuos: Otro de los problemas que afectan seriamente a nuestra Comunidad y que es un grave problema de la sociedad actual es el tema de los residuos, que además es una competencia municipal y que este gobierno no se plantea seriamente. Porque el actual Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 ha transferido a los municipios todas las competencia sobre materia de residuos, incluida la gestión de eliminación de los mismos que hasta ahora asumía la Comunidad de Madrid para la mayoría de los municipios de nuestra región. Ello está suponiendo, de manera gradual una elevación sustancial de los costes municipales que o bien tendrán que ser repercutidos en los vecinos, o ser asumidos por los propios presupuestos municipales, a costa de la consiguiente reducción presupuestaria en otras partidas. Por otro lado, la actual estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, en cuanto hace referencia a la eliminación de los mismos que se llevará a cabo a través de las tres mancomunidades creadas, básicamente en la incineración con los problemas ambientales y de salud que este procedimiento de eliminación de la fracción resto trae consigo. Un ejemplo de ello es el proyecto de construcción de tratamiento de residuos, basado fundamentalmente en la mencionada incineración, en el término municipal de Loeches; proyecto que ha generado un fuerte rechazo, no sólo de las organizaciones ecologistas y formaciones políticas como Izquierda Unida, sino de los vecinos y vecinas de las localidades afectadas. Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a: 1.- Renunciar de manera explícita a la incineración de residuos como sistema de tratamiento y eliminación de los ismos, sea cual sea la tecnología a utilizar. 2.- Elaborar una nueva estrategia de residuos que conllevará un Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid basado en: a) Una correcta recogida selectiva. b) La disminución de residuos, la reutilización, retorno y reciclaje de los envases con este orden de preferencia. c) El compostaje de la materia orgánica.

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d) Un tratamiento adecuado para la recuperación de los recursos materiales de la fracción resto, disminuyendo esta al máximo y que ahora acaba en vertederos o en incineración. 3.- Renunciar a la construcción de la instalación de tratamiento de residuos en Loeches, así como a la incineración de los mismos en plantas como la cementera de Morata de Tajuña. Calidad del aire: En la Comunidad de Madrid se da un incumplimiento generalizado de la normativa de calidad del aire. Desde que se establecieron valores límite legales para diversos contaminantes, en la Comunidad de Madrid se han excedido los límites para partículas en suspensión (PM10, exigibles desde 2005), dióxido de nitrógeno (NO2, exigibles desde 2010, en las zonas: Madrid ciudad, Urbana Sur y Corredor del Henares), y ozono troposférico (O3, exigibles desde 2010, en las 7 zonas). A pesar del problema de salud pública que esta situación supone (se calcula que por esta causa fallecen prematuramente 20.000 personas en España), no parece que el plan vaya a garantizar el derecho de la ciudadanía a respirar un aire saludable. El nuevo plan de lucha contra la contaminación de la Comunidad de Madrid, denominado Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, Plan Azul +, que no entrará en vigor hasta bien entrado 2014 llega con un año de retraso y con un contenido poco eficaz y vacío de medidas concretas ante un problema tan grave como es el de la contaminación atmosférica de la Comunidad de Madrid. Este Plan Azul no establece ninguna regulación obligatoria ni planificación concreta para modificar el actual modelo de movilidad de la región, que necesita urgentemente reducir el tráfico de vehículos privados, causa más importante de la contaminación atmosférica de nuestra región. Por el contrario, la nueva estrategia se basa casi exclusivamente en acciones voluntarias que se pondrían en práctica mediante incentivos; así como con recomendaciones que, además de inconcretas, no están en proporción con la necesidad de fuerte reducción de emisiones que sería preciso alcanzar para lograr una adecuada calidad del aire. Por el contrario, un plan para la calidad del aire que fuera eficaz debería contar con medidas específicas, medibles, realistas, sujetas a plazos y sobre todo, con un presupuesto de suficiente asignación. Resulta contradictorio que se planteé como una medida la mejora del transporte público como una de las medidas más importantes de la Estrategia, con la política de recortes en el transporte público que se está llevando durante los últimos años. Así, el presupuesto total de la estrategia para el período 2013-2020, 81 millones de euros, es inferior a los 100 millones que ha recortado para 2014 la Comunidad de Madrid al Consorcio Regional de Transportes. Objetivos del plan, tales como la “optimización de los recorridos de las líneas de autobuses” o el “ajuste de las frecuencias de todos los modos de transporte público”, son realmente preocupantes ya que pueden derivar en medidas concretas como más recortes de transporte con el pretexto de la reducción de las emisiones. Tanto el diagnóstico de la situación como los objetivos planteados por la estrategia se basan en los actuales valores límite legales para los principales contaminantes (partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico) marcados por la legislación de la Unión Europea. Este debe 23567

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ser, naturalmente, el punto de partida, pero el objetivo debería ser cumplir con los valores recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS), más estrictos y, sobre todo, más acordes con una adecuada protección de la salud humana. La estrategia carece del preceptivo plan de ejecución cronológica y de la memoria económica de obligación. Sí que plantea medidas para la mejora del transporte público, metro, cercanías y autobús, pero ¿cómo cuadrarlas con los recortes aplicados, que redundan en un progresivo deterioro del transporte público madrileño? Tal como están hoy las cosas del aire, este plan debería, al menos, haberse objetivado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ni extremistas ni de máximos, sino más bien moderadas. Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a: 1.- La elaboración participativa de un Plan de Estrategia del Aire de la Comunidad de Madrid que se lleve a cabo mediante una comisión regional que, además de elaborar una nueva Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, Plan Azul +, trabaje de manera continuada en la mejora, concreción y seguimiento de la estrategia de calidad del aire; una comisión a la que todos –Grupos políticos de ésta Cámara, sindicatos representativos, organizaciones ecologistas representativas, la Federación Madrileña de Asociaciones de Vecinos y los Ayuntamientos a través de la FMM; aporten desarrollos sectoriales y de creación de empleo verde, en los municipios y ejercer un enriquecedor seguimiento colectivo. Comisión en la que también ha de formar parte el Estado pues el aire no reconoce fronteras y muchas de las causas de la contaminación se producen por actuaciones competencia del Estado, por ejemplo la red de autopistas y autovías. En política de regeneración democrática: Ante la propuesta impulsada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de modificar la ley electoral para garantizarse la elección directa de los alcaldes, que supone el regreso del caciquismo municipal en nuestro país, la degeneración de la democracia mediante un golpe de estado encubierto para que el Partido Popular pueda seguir gobernando aun retorciendo las leyes. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Región a mostrar su desacuerdo para que se lleve a cabo dicha reforma electoral.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa: en defensa de la Educación Pública La Educación es un derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución Española y, sin duda, el instrumento más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades y profundizar en la cohesión social. Por ello denunciamos una vez más, la estrategia de recortes educativos que el Gobierno de la Comunidad está llevando a cabo y que ha colocado a Madrid en el furgón de cola de todo el Estado en el gasto educativo respecto a su PIB, y con ello, a la cabeza del gasto educativo que tienen que realizar las familias por la educación de sus hijos.

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Con una tasa de abandono escolar casi dos puntos por encima de la media española, una tasa de escolarización infantil que se desploma, una escolaridad posobligatoria por debajo de la media española y un alumnado abandonado a su suerte, con cada vez más dificultades para poder acceder a becas o ayudas. En definitiva, una política educativa cuyos resultados se resumen en: menos calidad para la mayoría, menos gratuidad, menos libertad y más desigualdad, cuando, precisamente por la crisis, lo que nuestra Comunidad necesita es más y mejor educación para intentar salir de ella fortalecidos con una ciudadanía más cualificada y formada. Más alumnos, para menos profesores. En tan solo dos años, un recorte presupuestario de ochenta y cinco millones de euros en profesores. Falta profesorado para completar plantillas y sus bajas no se cubren. Se cierran aulas y se aumentan ratio; menos formación del profesorado, se suprimen medidas de atención a la diversidad y se liquida la compensación educativa. Es la calidad de enseñanza del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y cuando entidades como UNICEF, Save the Children o Cruz Roja, están dando serios avisos de alarma a la sociedad acerca de la pobreza en nuestra región y del aumento de la malnutrición infantil, y toda la comunidad educativa exige más recursos, más becas de comedor y más ayudas al estudio, la respuesta del Partido Popular ha sido recortar un 35,5% el número de estudiantes que han recibido becas y ayudas al estudio de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial. Una forma de selección y segregación encubierta contra los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas que son los más perjudicados por los recortes de estas becas. Es la Escuela Pública la que está sufriendo los recortes del PP y es el alumnado y las familias que optan por ella las que sufren las consecuencias de las 110.000 becas de comedor eliminadas el curso pasado y la desaparición de las ayudas de libros de texto en nuestra Comunidad; las que sufren el aumento de cuotas y de tasas, principalmente en Educación Infantil y Universidad, que están expulsando directamente del sistema precisamente al alumnado que más lo necesita, mientras se conceden becas y se mantienen las desgravaciones fiscales para gastos escolares a las familias que optan por la educación privada, aunque no las necesiten. Es la Escuela Pública la que sufre la manipulación informativa de un Gobierno empeñado en sembrar su desprestigio, humillando e intimidando a un profesorado ninguneado por un Gobierno, que no duda a la vez en introducir otro tipo de personal docentes sin respetar los requisitos de habilitación y acceso a la función pública establecidos en la legislación vigente, sin tener en cuenta que ello repercute en la calidad del propio sistema educativo. Enarbolando la falsa bandera de la libertad de elección, el Gobierno de la Comunidad está tomando medidas y eliminando derechos, cuyo objetivo no es otro que el de crear las condiciones necesarias para instaurar el modelo educativo que la derecha más radical siempre ha deseado: el modelo franquista, clasista y segregador que, definitivamente será impuesto, aún en contra de todos los sectores educativos y de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, el próximo curso 201415 con la implantación de la LOMCE. Una Ley con un claro objetivo ideológico: el darwinismo escolar, social y económico que es el modelo que está en el fondo de toda la política educativa y presupuestaria y al que se dirigen todas las medidas del Gobierno para facilitar su principal objetivo: la privatización de la Educación que sigue creciendo de la mano de un Gobierno volcado en los intereses del negocio educativo que prolifera en

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Madrid al que sigue favoreciendo a través de conciertos educativos injustificables desde el punto de vista educativo, social y económico. Una apuesta que legisla incentivando la elección de centros privados mientras, de manera unilateral, se cierran aulas y se eliminan ofertas educativas públicas demandas por las familias vulnerando el derecho a la elección de centro de las que optan por la escuela pública. Un derecho que, o lo es para todos, pudiendo elegir con las mismas oportunidades, o es burda falacia. Especialmente grave es el estrangulamiento económico al que el Gobierno está sometiendo a las universidades públicas madrileñas, aún a riesgo de poner en peligro su función social, investigadora y docente. Una situación que se agrava por las consecuencias del brutal aumento de tasas –un 68% en tan solo dos cursos- que ha convertido a Madrid en la Comunidad con los precios más altos de todo el Estado y que en ningún caso se ven compensadas por becas suficientes para garantizar que la capacidad económica de las familias sea un factor discriminatorio en el acceso a la educación superior. Los recortes de becas se están cebando con las personas que más necesitan las ayudas públicas para continuar estudiando, y son una forma de selección y segregación encubierta contra los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas, que se ven más afectados dada la actual situación de crisis económica. No puede haber una sociedad avanzada democráticamente, sin una buena universidad pública y accesible, sin discriminación. A esta Comunidad no le sobran personas tituladas, lo que le faltan son puestos de trabajo cualificado para desarrollarse, por la incapacidad de un Gobierno sin proyecto e incapaz de generarlo. Es, ante esta situación de grave crisis económica, cuando los poderes públicos están obligados a ofrecer alternativas que reduzcan su impacto en la población más afectada por las situaciones de paro y empobrecimiento. Las familias madrileñas están más necesitadas que nunca de la cobertura social que solo garantizan unos servicios públicos de calidad. Es, en estos momentos, cuando más se necesita que las administraciones públicas garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales, mediante políticas públicas que los hagan efectivos con independencia de la capacidad adquisitiva de cada cual. En este marco de crisis, la educación es la herramienta imprescindible, no solo para el desarrollo personal y garantía de la igualdad de oportunidades, también lo es para el avance y el desarrollo económico del conjunto social de nuestra región, en definitiva, para garantizar la democracia. Es ahora más que nunca, cuando la Educación Pública necesita de las administraciones e instituciones públicas y de las organizaciones sociales, de sus recursos y de su defensa, que no es otra cosa que la defensa de una educación inclusiva y democrática, al servicio de las necesidades sociales, de la equidad y de la igualdad social. Es ahora, cuando nuestra región se está jugando su futuro, un futuro al que tienen derecho todas y todos, y es ahora cuando se requiere del Gobierno de la Comunidad de Madrid una apuesta leal y decidida por la Escuela Pública, la de todos y todas.

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Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a poner en marcha las siguientes medidas: 1.- Incrementar el Presupuesto de Educación en cantidad suficiente para que el derecho a una educación gratuita y de calidad quede garantizado para todo el alumnado, independientemente de su condición personal, social o económica, dotando a la Escuela Pública de todos los recursos, humanos y materiales, necesarios para hacer efectivo este derecho. 2.- Crear una Comisión para el Estudio y Diagnóstico de la Red de Centros de Enseñanza no universitaria de la Comunidad de Madrid que elabore un informe general de escolarización y distribución de los recursos educativos, que tenga en cuenta a todos los centros sostenidos con fondos públicos y en la que participen todos los sectores de la comunidad educativa. Dicha comisión, deberá basar su trabajo en criterios territoriales, pedagógicos, sociales y de sostenibilidad de la red de centros públicos de la Comunidad de Madrid. En tanto en cuanto esta comisión no concluya su trabajo, ningún centro educativo público será cerrado, ni se concederán nuevos conciertos a centros privados. 3.- Incluir en los próximos presupuestos la construcción de los centros educativos públicos necesarios para atender las necesidades de escolarización, especialmente en aquellos municipios y barrios en los que su población escolar aumenta. 4.- Proceder a la extinción de todos aquellos conciertos con centros educativos de todos los niveles de enseñanza que estrictamente no cumplan con la Ley de Régimen de Conciertos o que no respondan a necesidades reales de escolarización, especialmente de los que segregan por razón de sexo en sus centros o aulas. El dinero público no puede ser utilizado para discriminar o segregar. 5.- Aumentar, hasta donde sea necesario, en los presupuestos de Educación 2015 las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio, de tal forma que ningún estudiante en nuestra Comunidad se vea abocado a no poder acceder o abandonar sus estudios por razones económicas, y para garantizar, a través de los comedores escolares, una correcta alimentación, al menos, a todos los alumnos y alumnas que estén cursando la educación básica. 6.- Dotar de material escolar (incluidos libros de texto) necesario y suficiente a todos los centros de la red pública y para toda la educación básica, dando prioridad a los centros y barrios más desfavorecidos. 7.- Eliminar de manera definitiva en los próximos presupuestos las desgravaciones fiscales para gastos escolares contempladas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas 2014. 8.- Eliminar las becas “Cheque guardería” de 100 € mensuales a las familias que optan por llevar a sus hijos a una guardería privada, e invertir, al menos, los 34 millones destinados a este concepto en rebajar las abusivas cuotas impuestas por el Gobierno en 2012 en las escuelas infantiles públicas, especialmente en los tramos de renta más bajos, recuperando la cuota 0 para las familias con menos recursos. 9.- Diseñar un Plan de Implantación de los nuevos títulos de FP y de renovación de la oferta formativa de FP participado con todos los sectores afectados, que incluya un listado detallado por cada uno de los ciclos formativos a implantar, y de las necesarias inversiones en formación del profesorado, en equipos, materiales, instalaciones, etc.

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10.- Derogar la tasa establecida para la FP de Grado Superior en los centros de titularidad pública establecidas en la LRHCM 2012, y la creación urgente del suficiente número de plazas tanto en la FP degrado Superior como de Grado Medio para cubrir la gran demanda existente. 11.- Establecer a la mayor brevedad los aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial para los niveles C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que permitan agilizar el calendario de implantación de la LOMCE, con el fin de que el alumnado de las EOI de la Comunidad de Madrid puedan adquirir el máximo nivel de competencia lingüística. 12.- Derogar la tasa establecida en la LRHCM 2012 para las matrículas en las EOI, recuperando las vigentes con anterioridad a dicha Ley. 13.- Proceder a la convocatoria de oposiciones a los cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP, Enseñanzas Artísticas y EOI, en número suficiente para cubrir las necesidades educativas en todas las especialidades y niveles educativos, a través de un sistema de acceso justo y transparente, en el que los principios de igualdad, mérito y capacidad no se vean perturbados como viene siendo denunciado en las últimas convocatorias. 14.- Paralizar de manera inmediata la contratación irregular de personas de habla inglesa para ejercer de docentes por el incumplimiento flagrante de la normativa vigente: Estatuto Básico del Empleado Público y Decreto de Acceso a la Función Pública. 15.- Derogar el “tarifazo” universitario establecido en el Decreto 60/2013, aumentar la dotación de becas con el fin de garantizar que la capacidad adquisitiva de familias no se convierta en impedimento para acceder a la educación superior, y crear un Fondo de Rescate con fondos provenientes de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para sufragar, con criterios de renta, las tasas de los alumnos en riesgo de impago por motivos económicos. 16.- Proceder al pago de la deuda que la Comunidad de Madrid tiene contraída con las universidades públicas madrileñas e incrementar las partidas presupuestarias destinadas a ellas, con el fin de que puedan garantizar condiciones dignas y estables en las plantillas de las universidades y centros de investigación, con el objetivo añadido de que estos equipos sirvan de soporte a la innovación de las empresas radicadas en la Comunidad de Madrid y la inserción laboral en el tejido industrial y social del personal investigador. 17.- Incrementar el número y cuantía de las becas de investigación, en número suficiente para garantizar condiciones dignas para los investigadores en formación, cuya precariedad aumenta con los recortes en becas y ayudas. 18.- Promover y facilitar el derecho a la participación de todos los sectores educativos en la vida democrática de los centros, escuchando y respetando sus aportaciones expresadas a través de los cauces establecidos y dejar de represaliar y expedientar a personas y colectivos por el simple hecho de defender la escuela pública. 19.- Aplazar la implantación de la LOMCE en la Comunidad de Madrid, como se está haciendo en otras CCAA, hasta tanto no se garanticen los recursos suficientes y necesarios para su aplicación.

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa: en defensa de la Sanidad Pública Durante la presente legislatura la gestión de los servicios sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid están sufriendo un grave deterioro, como consecuencia de las medidas que está llevando a cabo el gobierno regional, en el contexto de una grave crisis económica y bajo la argumentación de una supuesta insostenibilidad del sistema sanitario público. Estas políticas se han traducido en una reducción sistemática de las partidas de gestión directa de los diferentes presupuestos autonómicos. En contraposición, durante este mandato han crecido los conciertos y convenios con empresas sanitarias privadas, hasta tal punto que incluso pretendió privatizar toda la gestión sanitaria de seis hospitales públicos, bajo un proceso de concesión administrativa frenada por los tribunales de justicia y que supuso una gran victoria de la movilización ciudadana que ha generado el Gobierno regional. Uno de los mecanismos utilizados para favorecer la privatización es la sistemática derivación desde los centros públicos a los centros privados. A finales de 2.013 se producían derivaciones para intervenciones quirúrgicas en el 58,7% de los casos y para pruebas diagnósticas en el 67,4%, disminuyendo el rendimiento de los centros públicos infrautilizando sus recursos. Una gran parte de la ciudadanía se niega a estas derivaciones, de manera que la mayoría de los pacientes en lista de espera quirúrgica se niegan a ser derivados a centros privados. Este movimiento es creciente y ha ido en aumento en los últimos meses, poniendo en evidencia que no es un problemas de recursos y ni siquiera económico sino que la Consejería de Sanidad tiene fondos para derivaciones a centros privados a la vez que los niega a los centros públicos para hacer una utilización intensiva de los centros propios que le saldría menos costos. Estas derivaciones han generado una fuga de datos de usuarios y usuarias del sistema público a clínicas privadas donde se les deriva. En el caso del hospital de Fuenlabrada, la propia Consejería de Sanidad ha reconocido que ha llevado a cabo un trasvase de datos de 580 pacientes a un centro privado de Brunete. Una grave situación que requiere una investigación profunda sobre las derivaciones que se producen en toda la Comunidad de Madrid. Es por tanto, un sistema ineficaz e ineficiente, donde no resuelve uno de los principales problemas del sistema, las listas de espera. La lista de espera quirúrgica se ha incrementado notablemente. Lo mismo sucede con las demoras de citas con los especialistas y con las pruebas diagnósticas, que se han incrementado debido a los tremendos recortes de personal que ha sufrido el sistema sanitario público. También se han incrementado las demás esperas, de manera relevante en Atención Primaria: para la cita del médico general un 45,7% superaban las 48 horas, lo que también sucedía en el 37% de los casos de las citas en consultas de enfermería y en el 31% para técnicas. En el caso de los Servicios de Salud Mental la presión para reducir las listas de espera está produciendo un deterioro de la calidad de la atención. La demora es especialmente grave en la listas de espera de psicología clínica de adultos e infanto-juvenil, que en muchos centros sobrepasa los 7 meses.

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El otro gran recorte es gran recorte de empleados públicos sanitarios. Se ha producido una disminución de aproximadamente 7.500 trabajadores en la Sanidad Pública madrileña desde 2009. A pesar de que este año han paralizado la supresión de profesionales, el grueso de la destrucción de empleo en el SERMAS, se produjo durante el año 2013, cuando no renovaron a numeroso personal eventual, cerraron y privatizaron centros y servicios, jubilaron forzosamente a los profesionales, con la destrucción de cerca de los 4000 empleos en ese año, y teniendo como consecuencia un empeoramiento en la calidad asistencial. Además, otros servicios asistenciales están siendo deteriorados fruto de este recorte como las Urgencias, y donde cabe destacar como ejemplo los colapsos que se están produciendo durante este año en el hospital de La Paz, fruto de una injustificada unificación de las urgencias del centro. Ante esta situación, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a la adopción de los siguientes acuerdos: 1.- Disminuir de lista de espera y de los problemas en los servicios de urgencias a través de un plan público de Listas de Espera donde todos los recursos que se trasfieren a la sanidad privada en las derivaciones, se pongan al servicio de fortalecer los recursos humanos y materiales del sistema público. 2.- Suprimir las derivaciones a la sanidad privada. Desprivatización del Call Center de citas médicas garantizando las citas desde los dispositivos de los centros de salud y hospitales y con el objetivo del total aprovechamiento de los recursos públicos. 3.- Fortalecer la Atención Primaria, mejorando la dotación de recursos humanos y materiales en los centros de salud y su financiación para que asegure una atención de calidad a la mayoría de los problemas de salud de la población. 4.- Garantizar el aprovechamiento intensivo de los Servicios Públicos y contratar los recursos humanos necesarios para rentabilizar instalaciones y aparataje con el objeto de disminuir las listas de espera que se producen y utilizar todos los recursos públicos que ya existen. 5.- Garantizar toda la atención sanitaria a toda la población, acabando con la exclusión de los inmigrantes irregulares y los españoles que vivan más de 90 días en el extranjero aprobando una normativa propia de la Comunidad de Madrid como ya han hecho otras CCAA. 6.- Gestión pública de las donaciones de sangre: Revocación del acuerdo entre la Consejería de Sanidad de Madrid y Cruz Roja para la comercialización de la sangre. Centralizar todas las donaciones, desde los recursos sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid. 7.- Fortalecer la Salud Mental Comunitaria, con la apertura de los centros públicos de salud mental, asegurando una dotación suficiente y unos adecuados procesos de rehabilitación basados. 8.- Apertura del Hospital de Villalba bajo un sistema de gestión pública. 9.- Transparencia informativa y rendición de cuentas facilitando datos de acceso público en gasto, transferencias y situación de la deuda sanitaria para erradicar la opacidad existente.

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10.- Exigir la derogación de las normativas que facilitan las privatizaciones, los copagos y que limitan la gestión sanitaria pública: la LOSCAM, la Ley 15/1997, de formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite la gestión privada sanitaria, y el Real Decreto-ley 16/2012.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa en Asuntos Sociales Los distintos parámetros que miden lo que es un estado de bienestar indican la brecha que nos separa en esta materia con la UE-15. Estas diferencias se hacen más evidentes cuando hablamos del conjunto de transferencias sociales y servicios públicos que son elementos fundamentales de la protección social. Hay que señalar lo básico que es para el desarrollo del Estado Social la creación de empleo de calidad y una política económica dirigida a conseguir el pleno empleo. La Comunidad de Madrid vive hoy una situación de emergencia social, debida fundamentalmente al aumento del paro, al incremento de trabajadores pobres, a las desigualdades sociales, a la pobreza económica y/o a la exclusión social. Aunque en la pobreza existe un componente estructural, pues ni en pleno crecimiento económico la tasa de pobreza estuvo nunca por debajo del 17%, en la actualidad se viene agravando, al unirse a un modelo socioeconómico con importantes déficits sociales. La pobreza no tiene un origen únicamente económico, sino que está relacionada con otros factores como la vivienda, la salud, la formación o la educación, políticas públicas que han sufrido recortes sustanciales en los últimos años. La pobreza es un problema grave, cada vez más abandonado por los gobiernos de la mal llamada “austeridad”, dejándola en mano de los entes locales y del tercer sector social que intentan paliar la dejación de responsabilidades de las administraciones autonómicas y estatales. La salid a a la crisis de los distintos Gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel regional como nacional, se ha convertido en un contundente ajuste social, recortando a corto plazo salarios de los empleados públicos, congelando pensiones, amortizando empleo público, introduciendo el copago en la sanidad pública, recortando becas de comedor y de libros de texto en la educación pública, subiendo las tasas universitarias, creando tasas e impuestos indiscriminadamente, dejando paralizada la Ley de Dependencia, restringiendo y dificultando el acceso a la Renta Mínima de Inserción hasta dejarla inoperante, recortando en todos y cada uno de los programas de Asuntos Sociales, en definitiva, recortando los programas fundamentales del estado de bienestar, dejando a éste en un nivel mínimo. Además, se han articulado medidas que, más allá de buscar ahorros a corto plazo para cumplir con exigencias del déficit público programado, afectan de forma estructural al modelo social: una reforma laboral que abarata el despido, recorta derechos laborales, favorece el trabajo precario y genera trabajadores empobrecidos con salarios indecentes, y una reforma en las pensiones que también recorta las expectativas en las prestaciones de los futuros pensionistas.

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Las reformas y recortes están incidiendo sobre unos servicios sociales poco desarrollados que son, por otra parte, una potencial fuente de creación de empleo, sobre unas pensiones bajas, y sobre unos niveles de pobreza inadmisibles que aumentan constantemente. En la situación actual con unos niveles de paro y de pobreza insoportables, con las expectativas de exclusión social en la que se encuentran muchos madrileños y madrileñas, un gobierno responsable no debería abandonar a su suerte a los más vulnerables violando derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y advertidos, por numerosas organizaciones y entidades que trabajan por los más desfavorecidos. Las estadísticas sitúan los índices de pobreza por encima de lo que cualquier sociedad supuestamente desarrollada debería permitir. Es necesario implantar un plan global de lucha contra la pobreza de las personas porque las medidas aisladas son insuficientes y parciales para abordar un fenómeno social de este calado. El empobrecimiento comienza con la quiebra de un modelo de desarrollo impuesto para beneficio de una minoría y que ha supuesto que amplios sectores sociales sufran el olvido y el desamparo de los poderes públicos. En paralelo, se ha renunciado una política fiscal progresiva en materia de ingresos para permitir mejorar la redistribución de la renta y contar con recursos suficientes para financiar el desarrollo del gasto social. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a: 1.- Implantar una Renta Social Garantiza cuya finalidad es asegurar los mínimos ingresos para una vida digna a las personas y a los núcleos familiares o de convivencia, que se encuentren en situación de necesidad, dando respuesta a las necesidades básicas de una gran parte de las personas que, con independencia de su situación social, ven como la falta de trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica que los conducen a la marginalidad. 2.- Derogar todas las medidas que han paralizado la Ley de Dependencia, así como a instar al Gobierno de la Nación a derogar las medidas legislativas puestas en marcha que han significado la desaparición del derecho subjetivo de los madrileños y madrileñas a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, despreciando los derechos humanos de los más vulnerables sin acceso a una vida independiente. 3.- Ante el incremento de necesidades en la cobertura de las necesidades de alimentación los presupuestos de la Comunidad de Madrid consignarán, mediante el contrato programa con los Entes Locales y al menos durante los próximos cinco años, partidas específicas dirigidas a reforzar y cofinanciar los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Ayuntamientos para la cobertura de estas necesidades, así como de actuaciones específicas de entidades del tercer sector concertadas que proporcionen servicios de alimentación y en coordinación con los respectivos Servicios Sociales del territorio. Estas partidas, en ningún caso se podrán ver disminuidas mientras el indicador de pobreza y exclusión social, AROPE, no vuelva a tener un valor, con relación a la Comunidad de Madrid, igual o inferior al existente en el año 2008. 4.- Arbitrar las medidas necesarias para que en los Centros Escolares de gestión pública, y durante el periodo vacacional escolar, de manera urgente las vacaciones de navidad, se proporcione el servicio de comida que garantice la suficiencia alimentaria a los alumnos y alumnas en situación de

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necesidad, siempre en un contexto de actividades extraescolares, campamentos urbanos o similares, y, en todo caso, mediante actuaciones que garanticen la ausencia de procesos de estigmatización, con el objetivo de paliar deficiencias en el ámbito del derecho a la alimentación de los menores. 5.- Construir, con carácter de urgencia, Fondo Madrileño de Vivienda para emergencias sociales así como la suspensión de los desahucios de viviendas de titularidad o gestión pública, siempre que se trate de la vivienda habitual y cuando el deudor se encuentre en situación de insolvencia económica sobrevenida. 6. Acordar con las empresas suministradoras de energía, gas y agua el establecimiento de un precio social en los suministros básicos de los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular para las familias en riesgo de exclusión social además de establecer criterios claros, transparentes y homogéneos para su concesión basados en la renta familiar. 7.- Dotar de una financiación suficiente y necesaria a los Ayuntamientos para que estos puedan ofrecer unos servicios sociales suficientes, accesibles y de calidad dentro de la Red Básica de Servicios Sociales. Asimismo, el Gobierno Regional confeccionará un Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad al objeto de zonificar los servicios y acercarlos a las madrileñas y madrileños, racionalizando su ubicación. 8.- Crear, con carácter de urgencia, un nuevo Abono-Transporte Social de Movilidad para todas aquellas personas en situación de necesidad que no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa: transportes, infraestructuras y vivienda Las infraestructuras, el transporte y la vivienda, son sectores que tienen una gran importancia, tanto para la cohesión territorial y social, como para el desarrollo económico y la creación de empleo. Por ello hay que enfocarlos pensando globalmente y actuando localmente, y mediante un empoderamiento de la sociedad, dotándola de los instrumentos y recursos necesarios. Lo anterior implica la defensa de una gestión “pública de lo público, económica, social y medioambientalmente sostenible"; así como una defensa de los trabajadores públicos y de los intereses de los colectivos más vulnerables, en el caso de la vivienda considerándola un derecho, y no un elemento especulativo. En el caso del transporte público las ventajas son innegables: resulta más económico, consume menos energía, emite menos CO2, reduce la contaminación, ocupa menos espacio público, es más seguro, universalmente accesible y por lo tanto más democrático. Todo ello nos lleva a la necesidad de legislar para garantizar derechos, no privilegios. En materia de vivienda: Hay que garantizar el derecho social a la vivienda mediante el ejercicio pleno de las competencias autonómicas. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas: - Incrementar el parque de viviendas públicas.

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- Ayudas la adquisición y rehabilitación de viviendas. - Potenciar la rehabilitación integral frente a la dispersa. - Apuesta por la construcción ecológica. Medidas de eficiencia energética. - Favorecer el alquiler, no sólo como medida emancipatoria para los más jóvenes o como respuesta a las necesidades sociales más acuciantes, sino como el eje principal de las políticas de vivienda, frente a las que incentivan la compra. - Alquileres sociales y ayudas a las familias en situación de necesidad. - Erradicación del chabolismo tanto de núcleos como en altura, mediante el incremento de recursos y las actuaciones de trabajo social, integración y normalización de la población. - Adopción de medidas de carácter económico y legislativo que eviten los desahucios. - Recuperación de las ayudas a la vivienda y rehabilitación anuladas por la Ley 4/2012 Julio 2012. En materia de transportes e infraestructuras. El Transporte debe ser concebido como un Servicio Público y, formando parte de nuestra defensa de los servicios públicos y frente a los recortes de los gobiernos de la derecha, nosotros apostamos por dotar de presupuesto suficiente a las diferentes modalidades de transportes, que garanticen la máxima calidad y seguridad a los usuarios, y dignifiquen y respeten las condiciones laborales de sus trabajadores, frente al abuso de la contratación externa (más cara, menos transparente, menos controlable) . Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a poner en marcha las siguientes medidas: - Una Planificación Estratégica de las Infraestructuras y del transporte madrileño. - Elaboración de Planes de Movilidad (Regional, locales, etc.). - Desarrollo en materia de infraestructuras de actuaciones coordinadas con la Administración Central, o que puedan desarrollarse en el futuro, tales como: • El establecimiento de plataformas reservadas para el transporte público en las autovías de acceso a Madrid, como el que existe en la A-6. Esto podría llevarse a cabo en general sin una ampliación del viario dedicando al transporte público un espacio reservado, a expensas de alguno de los actuales carriles dedicados al automóvil privado. - Presencia de los representantes de usuarios y trabajadores en el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes; y la recuperación e implantación de instrumentos de Participación. - Volver a las tarifas de transporte anteriores al uno de enero de 2012.

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- Creación de un abono de transporte especial que abarque toda la Comunidad de Madrid con coste cero para los trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo que no cobren ningún tipo de prestación o cuya prestación o subsidio sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional. - Ampliación del abono joven hasta los 26 años. - Mejora de la calidad y seguridad en el transporte. - Acometer de forma inmediata un estudio para la mejora de la conexión entre pueblos, y al mismo tiempo como con los hospitales y demás servicios públicos. - Revisión de aplicación de la "Tarifa de Equilibrio", aplicada por el Consorcio. Regional de Transportes. - Supresión de los Peajes en sombra. - Establecimiento de una Red de Aparcamientos disuasorios.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7 Reprobamos la gestión del Presidente y su Gobierno por sus reformas contra los más débiles. Si hay alternativa: en defensa de la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista En 10 años han sido 755 las mujeres asesinadas, 43 en lo que llevamos de año, 6 de ellas en nuestra Comunidad. Un verano terrorífico en cuanto a víctimas mortales de terrorismo machista, así como de agresiones sexuales a mujeres. Son cifras dramáticas que deberían de avergonzar a cualquier Estado democrático. Las Leyes de Violencia de Género (estatal y autonómica) han sido un paso en firme en la lucha contra la violencia de género pero necesitan, evidentemente, de una dotación presupuestaria acorde y de una evaluación continuada. La Ley Integral es un instrumento necesario pero no suficiente. Requiere del compromiso de implementación de las medidas y dedicación de recursos. Los principales problemas proceden de la mala e incompleta implementación y los recortes en las políticas de lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia de género debe abordarse de forma integral y esto exige actuar de forma persistente ante actitudes y valores patriarcales y machistas fuertemente arraigados en la sociedad, ante las relaciones desiguales y la falta de autonomía y libertad de las mujeres que ha empeorado por la crisis económica y con las políticas de austeridad del Gobierno. La protección a las víctimas, la recuperación de la vida normalizada, las campañas de sensibilización son necesarias e imprescindibles pero mientras no ataquemos los patrones de género que perpetúan la desigualdad y el poder patriarcal no erradicaremos esta lacra. No ayuda a ello las políticas retrógradas del PP con las mujeres, la penalización del aborto, la impugnación de la Ley de Igualdad, la eliminación de educación para la ciudadanía que si bien no era suficiente, ahora con la LOMCE se apuntala un sistema segregador y que resta instrumentos para una educación igualitaria. Las sucesivas reformas laborales también profundizan en la desigualdad de los derechos económicos, la paralización de la ley de dependencia, la subida de tasas en la escolarización

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de 0-3, la no aplicación del permiso de paternidad son algunas de las medidas que precarizan la vida de las mujeres y reducen la autonomía económica o promueve la vuelta de muchas mujeres al hogar para suplir las carencias de los servicios públicos. Además la reforma de la administración local deja sin presupuesto a la mayoría de ayuntamientos y limita extremadamente la viabilidad de llevar a cabo políticas de igualdad desde la proximidad. La reforma local y los recortes amenazan seriamente la continuidad y calidad de muchos de los puntos de atención a las mujeres. Las mujeres de esta Comunidad, que somos más de la mitad de la población, tenemos menor tasa de actividad, menores salarios, más temporalidad, más contratos a tiempo parcial, más precariedad y más desempleo. Y los últimos datos de paro registrado son clarificadores: el paro femenino es de 270.439 (53,2%), mientras que el paro masculino es de 237.714 (46,8%). Es decir, el paro registrado femenino está 6 puntos por encima del masculino. La precarización del mercado de trabajo agrava la dependencia respecto su pareja provocando violencia en situaciones extremas y un descenso en las denuncias. El número de denuncias por violencia de género se ha reducido mientras que las renuncias han aumentado. Sin duda son datos para reflexionar. El Gobierno regional recortó más de un millón de euros (5,28 por ciento) el presupuesto destinado a la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en los Presupuestos para el año 2014. Estos recortes económicos van acompañados de otros recortes como la disminución de formación de los profesionales o la educación en igualdad en centros escolares. Los asesinatos machistas son la consecuencia de una sociedad machista y patriarcal, sustentada por unas políticas públicas que fomentan el machismo con recortes, con la precarización de la vida de las mujeres y la no aplicación de la ley integral por parte de las administraciones. En definitiva, urge, por tanto, un abordaje serio y profundo de la violencia machista, con un diagnóstico compartido por el conjunto de agentes implicados y no medidas improvisadas para pasar página. La condena más contundente a la violencia de género es poner todos los medios para erradicarla. Por otra parte, lejos de favorecer la autonomía y la libertad de las mujeres, el PP ha puesto en marcha, una vez más, su maquinaria más reaccionaria para tratar de tutelar y controlar el cuerpo y las vidas de las mujeres. Así, planifica la reforma legal del aborto más restrictiva, que situaría a España como uno de los países más atrasados de la UE, prohibiendo incluso la información y publicidad de centros que practiquen la interrupción voluntaria del embarazo. Los países que tienen menores tasas de aborto, se rigen por leyes de aborto no restrictivas, dentro de un marco responsable que incluye la educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el fácil acceso a anticonceptivos de emergencia. Es obligación de los poderes públicos garantizar los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos y forman parte de los tratados internacionales que España suscribe. De otro modo, sólo se pondrá en riesgo la vida de las mujeres, que accederán al aborto de forma clandestina e insegura.

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Ante esta situación, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno a: 1.- Evaluar el grado de implementación y cumplimiento de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, y potenciar su aplicación, garantizando la participación y colaboración con el conjunto de Entes Locales, los partidos políticos y las organizaciones feministas y demás agentes sociales implicados, con el objetivo de impulsar las mejoras pertinentes. 2.- Poner a disposición los recursos públicos necesarios para prevenir, detectar y actuar sobre las causas estructurales de la violencia machista garantizando una dotación presupuestaria suficiente para asegurar la eficacia y la implementación adecuada de las medidas integrales reguladas por la Ley de Violencia de Genero, recuperando la inversión en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, los servicios de atención a las mujeres, la formación obligatoria especializada en perspectiva de género a los profesionales de los diversos sectores del ámbito público, como seguridad y justicia, educación, comunicación, acción social y salud así como en recursos sociales, laborales y de vivienda que permitan una salida real de la situación de violencia. 3.- Garantizar la continuidad de las políticas locales dirigidas a promover la igualdad y atender a las víctimas de violencia machista. 4.- Implantar políticas activas de creación de empleo, con perspectiva de género. 5.- Instar al Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. 6.- Garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios públicos madrileños. 7.- Garantizar la educación sexual universal en las escuelas y servicios de planificación familiar de fácil acceso y el fácil acceso a anticonceptivos de emergencia.

──── PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SUBSIGUIENTES AL DEBATE SOBRE ORIENTACIÓN POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO, PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA ──── PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 1 Por una gestión más eficiente de la Sanidad Pública La gestión de la sanidad pública por parte del Partido Popular durante años ha llevado a que durante la presente legislatura el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se haya visto sometido a una serie de medidas que, cuando no han fracasado por el rechazo que han generado debido a la ausencia de justificación, han deteriorado la calidad de nuestro sistema sanitario. Existen numerosos ejemplos que lo ilustran: se ha negado el acceso a una atención sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular; se ha intentado privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales públicos que en conjunto atienden a uno de cada cinco madrileños, sin un estudio que justificase su conveniencia, que motivó la reacción de pacientes, profesionales y partidos de la oposición y, a la postre, fracasó; se ha pretendido convertir el Hospital Universitario de La Princesa en un hospital de “alta especialización para pacientes mayores”, lo que implicaba un recorte muy 23581

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significativo del presupuesto asignado a un centro sin servicio de geriatría; se ha aumentado el copago farmacéutico por parte del paciente en las oficinas de farmacia sin valorar suficientemente la renta de los pacientes, su estado de salud y el problema en el acceso a medicamentos derivado del incremento del coste para el paciente en un contexto de grave crisis económica, y se implantó la tasa del euro por receta, que tuvo que ser retirada tras el recurso del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. Además, en términos de gestión, se han reducido los recursos humanos en hospitales y centros de salud, que ha pasado de 75.489 personas en 2010 a 72.824 en 2012, según la última memoria disponible del SERMAS; se ha aumentado la jornada laboral de los profesionales sanitarios, lo que no ha supuesto un aumento de la actividad sino un recorte en sus salarios y una disminución del personal para sustituciones; se han despilfarrado casi 13 millones de euros anuales desde 2013 para pagar a la empresa concesionaria por la amortización del Hospital de Collado Villalba, lo que supone dedicar dinero público para un centro de gestión privada que no atiende a ningún paciente; y, finalmente, aunque se han inaugurado dos nuevos hospitales, la reducción de la actividad en los hospitales preexistentes ha provocado un aumento de la lista de espera quirúrgica que a 31 de marzo de 2014 (última fecha publicada) contaba con 75.184 pacientes, lo que supone un record desde que se recoge este dato, que lleva aumentando desde junio de 2012. Los pacientes que no desean ser derivados tienen que esperar 103 días de media para poder ser operados en su hospital habitual. El deterioro del Sistema Nacional de Salud ha llevado a un aumento de la preocupación de la población general por nuestro sistema sanitario público, que es uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a adoptar las siguientes medidas: 1.- Solicitar al Gobierno de España la vuelta a un modelo que aspira a la universalidad de la asistencia sanitaria y que se permita al menos la asistencia en los centros de salud de Atención Primaria a los inmigrantes en situación irregular. 2.- Promover una mejora de los instrumentos de gestión de la sanidad pública, basándose en los principios de transparencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas, que permitan mejorar la eficiencia del sistema sanitario dentro del ámbito de la gestión pública y sin necesidad de acudir a recortes que afecten a la calidad de la atención que reciben los pacientes. 3.- Promover una red hospitalaria integrada y la correcta coordinación entre hospitales y centros de salud. 4.- Evaluar el impacto que el aumento del copago farmacéutico ha tenido en el acceso a medicamentos de cara a las medidas correctoras necesarias. 5.- Devolver el euro por receta a todos los pacientes a los que se les cobró dicha tasa ilegalmente en la Comunidad de Madrid. 6.- Aumentar la actividad en los centros hospitalarios de gestión pública para reducir el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica.

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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2 Para el establecimiento de un sistema de rentas mínimas garantizadas para toda España La tasa de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión asciende al 28,2% de la población española, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2012). En el caso de la Comunidad de Madrid, si bien nos encontramos en un 20,4%, lo cierto es que de 2004 a 2012 el incremento de esta tasa ha triplicado la tasa nacional (44,7% frente a 12,8%), lo que indica la virulencia de la incidencia de la crisis en la Comunidad. La conjunción de una larga e intensa crisis económica y unos sistemas de protección social insuficientes para dar respuesta a sus efectos han producido una situación de emergencia que supera con mucho el volumen y perfil de la pobreza y exclusión que ya soportábamos con anterioridad al estallido de la crisis. Una de las características del sistema español de protección social de índole asistencial es su desigualdad territorial, consecuencia del desarrollo autonómico iniciado a principios de la década de los 90 del siglo pasado. Esto ha provocado un conglomerado heterogéneo de rentas mínimas, con diferente denominación y, sobre todo, cuantías, tasas de cobertura y criterios de acceso, muy dispares. En lo que se refiere a la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, hay que destacar como dato positivo su reconocimiento como derecho subjetivo y que tenga carácter indefinido. Pero también tiene sus debilidades, que son fundamentalmente dos: - A pesar de que Madrid es una comunidad autónoma con una de las rentas más altas del país y con un coste de vida muy elevado, es también una de las CCAA con una de las cuantías de la renta mínima más bajas de España. - La tasa de cobertura de la renta mínima en personas por debajo del umbral de pobreza es muy baja. Según datos publicados por el Ministerio de Sanidad en 2011, Madrid tiene un índice de cobertura del 5,1% cuando una comunidad con nivel de renta similar, como el País Vasco, la tiene del 66%. Esta realidad tan dispar territorialmente requiere la puesta en marcha de un Sistema de rentas mínimas común para toda España, con carácter estructural y voluntad de permanencia, con garantía de derecho a percibir unos ingresos mínimos y el reconocimiento de este derecho con carácter subjetivo. Para ello es necesario establecer unas condiciones legales básicas iguales para todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia, en materia de derechos, deberes, cuantías, duración, nivel de protección, etc. Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a la aprobación de una renta mínima básica de igual acceso para todos los ciudadanos que reúnan los requisitos exigidos, vivan donde vivan, como derecho subjetivo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 3 Por la gratuidad de la educación infantil de primer ciclo Se ha demostrado, en múltiples y recientes estudios, que la educación infantil es muy útil para mejorar los resultados educativos futuros, sobre todo de aquellos niños que viven en un entorno 23583

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socioeconómico y cultural con menos recursos. Por tanto, dado que el nivel educativo es determinante de los niveles de conocimiento y económico de los ciudadanos, el acceso a esa educación es un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y, a la postre, la igualdad real y efectiva de los ciudadanos. La ley Orgánica de Educación establece que la educación infantil, que abarca desde los cero a los seis años, no es obligatoria. Esta fase de la educación tiene dos ciclos: el primero: de los cero a los tres años, y el segundo: de los tres a los seis. El segundo ciclo es gratuito y las administraciones educativas tienen que garantizar una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en su caso, para cumplir ese objetivo. El artículo 29.1 del Estatuto de Autonomía establece que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de desarrollo legislativo en educación y en su ejecución. La Comunidad de Madrid, en relación con el primer ciclo de educación infantil, ha fijado unos precios públicos relativamente elevados y concede becas con criterios discriminatorios. Para garantizar que haya una verdadera igualdad de oportunidades, en esta Comunidad debería establecerse la gratuidad de la educación de cero a tres años. Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que adopte las medidas precisas para garantizar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Madrid, en un periodo máximo de cuatro años.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 4 Por una justicia más ágil, eficaz y un auténtico servicio público al ciudadano La imagen que la ciudadanía tiene de la Justicia es, y lleva siendo desde hace años, negativa. El Consejo de Europa, en su informe anual sobre el estado de la corrupción, alerta sobre la mala imagen de la justicia española y la percepción de poca independencia que tiene la ciudadanía en torno al órgano de gobierno de los jueces. Existe una amplia, preocupante y, sobre todo, creciente mayoría de ciudadanos que considera que, en conjunto, la Justicia funciona en la actualidad mal o muy mal; que confía cada vez menos en ella, tanto por su lentitud como por su politización; y que, además, ve con creciente alarma la ineficacia de la Justicia como mecanismo correctivo de las conductas delictivas, y en especial de aquellas más reprobables, como la corrupción política. La crisis que mancha la imagen de la Justicia no es económica, sino institucional. Proviene de las reformas del Gobierno, tanto de la Nación como de la Comunidad de Madrid. No sólo no han atajado los problemas que ya se perciben, sino que ha acrecentado la fractura con el ciudadano, dificultando su acceso a la justicia y rechazando toda medida propuesta en aras a la reducción de su politización. La actuación eficaz, imparcial y en un tiempo razonable de los tribunales castigando estas conductas, es un instrumento imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico para luchar contra la corrupción. El acceso a la Justicia, por su parte, es un derecho universal de todo ser humano. Es además el derecho que protege y ampara todos los demás derechos de nuestra Constitución. Debe, por ello, incluir la gratuidad de prestaciones básicas, como la asistencia letrada –orientación jurídicaprevia al proceso judicial en todo caso, asistencia a los presos condenados, designación de abogados para la acusación particular, intervención de mediador y de intérprete o traductor.

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Las reformas del legislador estatal no han hecho sino empeorar la situación, pero la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, tampoco garantiza un pago "digno y puntual" a los abogados del turno de oficio, ni incluye esas prestaciones básicas, y además burocratiza innecesariamente la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita, lo que disuade al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los obstáculos que tiene que sortear. No se trata de hipotecar a los ciudadanos madrileños durante 30 o 40 años con la implementación de obras faraónicas de dudosa utilidad práctica, sino de adoptar medidas decididas para atajar los verdaderos problemas de que lleva adoleciendo la justicia durante años y que reclaman los ciudadanos, aprovechando los recursos ya disponibles. Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar las siguientes medidas: 1.- Instar al Gobierno de la Nación a que derogue la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, así como a paralizar la tramitación del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 2.- Impulsar las medidas oportunas a fin de recuperar el Servicio de Orientación Jurídica o el de Asistencia Psicológica, conquistas del Estado de Derecho que no se pueden eliminar sin quebrar los derechos básicos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. 3.- Gestionar de forma eficaz la Justicia Gratuita; lo que, entre otras cuestiones, significa el abono de forma puntual e íntegra de las actuaciones de los profesionales. 4.- Realizar una auténtica labor preventiva de los casos de corrupción, tal y como insta la memoria del TSJ, estableciendo, a través de la máxima transparencia en la gestión pública, los mecanismos eficaces para evitarla. Ello evitaría la saturación de los Juzgados con macrocausas que ralentizan aún más si cabe la Administración de Justicia. 5.- Dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios, realizando una adecuada y eficaz gestión de personal que incluya el redimensionamiento de plantillas o el replanteamiento de las hasta ahora inadecuadas medidas de refuerzo. 6.- Reconfigurar las sedes de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid conforme a un proyecto racional y eficiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 5 Por un nuevo sistema de financiación solidario y transparente El modelo vigente de financiación autonómica, así como también los anteriores, han carecido de una configuración institucional que permita un buen funcionamiento del llamado “Estado Autonómico”. A este respecto, el propio Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid afirmó ayer en el discurso que abrió el debate de orientación política general del Gobierno que: “Los datos hechos públicos recientemente sobre las balanzas fiscales han ratificado la contundencia de nuestros argumentos: Madrid es hoy la región con el saldo más negativo, recibimos 16.723 millones de euros menos de lo que aportamos: una cantidad equivalente, señorías, al presupuesto de un año de la Comunidad de Madrid; equivalente, señorías, al 8,87 por ciento de nuestra riqueza, de nuestro PIB. Cataluña, señorías, aporta la mitad que Madrid; Valencia, 8 veces menos; Baleares, 16 veces menos; el

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resto, señorías, no solo no aportan sino que reciben más de lo que aportan, entre ellas, el País Vasco y Navarra”. Es preciso modificar el modelo, justo ahora que procede reformar el instaurado en el año 2009, pero corrigiéndose los defectos del mismo para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y los de rendición de cuentas con transparencia y responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos. En lo que respecta a la igualdad, hay que tener en cuenta que en España, junto al régimen común, existen los regímenes forales. Estos regímenes especiales de las provincias vascas y Navarra, en su aplicación práctica, conllevan que la financiación por habitante a iguales competencias sea de un 160 por ciento de la media española, de forma que sus ciudadanos gozan de un claro privilegio sobre el resto y no contribuyen a la solidaridad como el conjunto de los españoles, ni al sostenimiento del resto de los gastos comunes en la medida que les correspondería. Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a que defienda un nuevo sistema de financiación autonómica solidario y transparente en el que los ciudadanos de País Vasco y Navarra contribuyan a la solidaridad nacional y el sostenimiento del Estado como el resto de los españoles.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 6 Por la regeneración democrática y la transparencia, y contra la corrupción En un momento en el que la crisis económica nos está mostrando la crudeza de sus efectos -a pesar de los intentos del Gobierno por hacernos ver una recuperación económica que los ciudadanos todavía no notamos-, ya nadie duda que en ella han tenido mucho que ver los fallos institucionales del sistema, y las malas prácticas y costumbres políticas. Éstos permitieron, por poner algún ejemplo, el saqueo de las cajas de ahorro que nos llevó a ser rescatados por Europa; o innumerables casos de corrupción, sobre los que además ni se ha actuado rápidamente ni se ha reaccionado de forma severa, pudiendo incluso decir que estas prácticas, en algunos casos, hasta se han amparado. Por ello, no es de extrañar la lejanía de las instituciones y de los políticos que los ciudadanos manifiestan periódicamente a través de las encuestas del CIS. Muchos han perdido la confianza que tenían depositados en ellos, no les resultan creíbles ni útiles para solucionar sus problemas. Es crucial, por tanto, para la propia recuperación económica y para salir realmente de la crisis económica, dar a los ciudadanos una alternativa, que no es el populismo, pero tampoco puede consistir en mantener lo que hay a toda costa, como pretende hacer el PP con la elección directa de alcaldes y otras reformas electorales autonómicas. La alternativa es una democracia de calidad con instituciones que funcionen. Para ello, hay una herramienta que es esencial: la transparencia. Y en eso al Gobierno de la Comunidad de Madrid le queda mucho camino por recorrer. En el último índice publicado de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU), la ONG Transparencia Internacional señala a Madrid como la comunidad más opaca de España, no llegando ni a la media global de las 17 autonomías. Por tanto, es ineludible para la Comunidad que su gobierno sea transparente, favoreciendo así la confianza en el sistema y promoviendo la participación.

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Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a adoptar las siguientes medidas: 1.- Que en el plazo de un mes impulse un pacto de los principales partidos políticos con representación en las instituciones de la Comunidad de Madrid por la regeneración democrática y contra la corrupción en el ámbito autonómico y local, debiéndose encontrar entre ellas la prohibición de integrar en candidaturas electorales a los acusados formalmente por un delito de corrupción. 2.- Que impulse, en un plazo máximo de tres meses, las reformas legales necesarias a fin de suprimir en el ámbito de sus competencias todos y cada uno de los supuestos de aforamiento de la Comunidad de Madrid. 3.- Que en el plazo de un mes publique, al menos, todos los indicadores evaluados por Transparencia Internacional en el índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 7 Por una Administración Pública autonómica moderna, transparente y eficaz Entrando en el último año de la presente Legislatura, un asunto que llama poderosamente la atención es la ausencia de medidas reales de racionalización de la administración de la Comunidad de Madrid. El coste de la perpetuación de un modelo ineficaz, redundante y altamente politizado, tanto en términos económicos como de calidad en la gestión pública, lastra la capacidad de la Administración de impulsar la recuperación económica de la Región. Es necesario reducir el número de consejerías, viceconsejerías, direcciones generales y cargos de confianza de los gabinetes, de forma estable y planificada, así como continuar con la reducción de entes duplicados, ineficientes, superfluos o insostenibles, así como de las empresas y fundaciones que huyen de un control administrativo más riguroso. Igualmente, una Administración moderna y eficaz necesita de unos mecanismos de provisión de puestos abiertos a toda la ciudadanía y que sigan los criterios de mérito y capacidad, reduciendo al mínimo imprescindible los denominados cargos de confianza y suprimiendo el enchufismo de personas afines al partido político que en cada momento ostente el poder. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la adopción de las siguientes medidas: 1.- La aprobación de una ley que fije el número máximo de consejerías y su estructura departamental, estableciendo la reducción sustancial de las viceconsejerías, direcciones generales y subdirecciones generales, en el plazo de seis meses, y reduciendo a una única Secretaría General Técnica común para todas las consejerías. 2.- La supresión de todos los órganos duplicados o redundantes con la Administración General del Estado, entre los que destacan la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo, y con la propia administración de la Comunidad de Madrid. 3.- La simplificación del entramado institucional y prohibición de la forma fundacional en la administración de la Comunidad de Madrid. 23587

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4.- La supresión de la libre designación para todos los puestos, excepto -pero con limitaciones-, los niveles superiores al 29. 5.- Reducir drásticamente el exceso de cargos de confianza o puestos “a dedo” en la Administración. 6.- Establecer criterios y procedimientos de selección objetivos de todos los cargos públicos, para que los nombramientos atiendan a criterios de profesionalidad, rigor técnico, probidad, honestidad y no a criterios de confianza. 7.- Mejorar la formación y movilidad de los empleados públicos.

──── PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SUBSIGUIENTES AL DEBATE SOBRE ORIENTACIÓN POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO, PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA ──── RESOLUCIÓN NÚM. 1 Empleo Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA II trimestre 2014) ponen de manifiesto que el paro es un problema cada vez más grave en la Comunidad de Madrid y un drama para cada vez más trabajadores y, especialmente, trabajadoras de la región madrileña. Según estos datos, en la Comunidad de Madrid hay en la actualidad 631.800 personas desempleadas, 86.900 más que al inicio de esta legislatura, lo que supone un crecimiento de casi el 16 por ciento. Desde el inicio de la legislatura actual, el número de ocupados se ha visto reducido en 178.200 personas, la población activa madrileña ha caído en 91.300, y la tasa de paro ha pasado del 15,30 al 19,88 por ciento. El paro de larga duración alcanza ya a más del 61% de las personas en desempleo (el 40% lleva ya más de dos años en búsqueda de empleo) y sigue aumentando entre los mayores de 55 años. Hoy por hoy, el 30,6% de las familias madrileñas siguen teniendo a todos o la mitad de sus miembros en paro y el 44% de las personas desempleadas no recibe prestaciones. Todos los indicadores de empleo confirman una misma realidad: la del grave problema de paro que sufre la Comunidad de Madrid. Una realidad que, lamentablemente, afecta a toda la población madrileña; especialmente a las mujeres y a la población más joven, y que sufren todos los sectores de nuestra economía, aunque con mayor intensidad es la industria el sector que está padeciendo las peores consecuencias. El Gobierno madrileño lleva años dando la espalda a nuestra industria no atendiendo a sus necesidades y olvidando la importancia que tiene este sector en el modelo de desarrollo y crecimiento económico que demanda nuestra Comunidad. Fruto de esta actuación, año tras año, la industria madrileña ha ido perdiendo peso en nuestra economía y ha visto decrecer su ocupación al mismo tiempo que crecía el paro. 23588

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Ante semejante realidad, el Gobierno Regional ha mantenido una actitud irresponsable obviando su responsabilidad en el ejercicio de las competencias que, en materia de empleo y economía, le confiere el Estatuto de Autonomía y apostando por la inacción, la ineficacia y el desprecio a propuestas tan necesarias como el desarrollo en esta región de un Plan de Empleo Joven, un Plan de Emprendedores o un Plan de Mujer, que le ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. La Comunidad de Madrid no puede seguir soportando la realidad que los indicadores de empleo y economía reflejan. Debe actuar y debe hacerlo con carácter inmediato. Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a que ponga en marcha de forma urgente las siguientes medidas: 1.- Poner en marcha un Plan de Empleo Regional que garantice que no haya ningún joven, sin empleo o formación, ningún trabajador sin empleo o protección, ni ninguna familia con todos sus miembros en paro. 2.- Elaborar una Ley de Emprendedores y de Trabajo Autónomo y un Plan General de apoyo a los autónomos que incluya el objetivo de coste cero en el establecimiento de nuevos negocios. 3.- Poner en marcha actuaciones para el Fomento de la Ocupación, el Empleo y la Formación, que contempla los siguientes objetivos básicos: a) Garantizar una atención adecuada a los desempleados reforzando los recursos humanos y técnicos de los Servicios Públicos de Empleo. b) Garantizar un Servicio Público de Empleo, gratuito, referente para los desempleados madrileños, para las empresas, y para las entidades y agentes sociales. c) Mejorar la cualificación de los desempleados y los trabajadores mediante la recualificación, formación inicial, orientación y mejora de la empleabilidad, con especial atención a los jóvenes. d) Potenciar programas específicos de formación para los desempleados de los sectores más afectados por la crisis. e) Promover de manera efectiva el proceso de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales de los trabajadores. f) Potenciar los programas de empleo y formación, dirigidos a colectivos más vulnerables: parados de larga duración, mujeres, jóvenes y discapacitados. Orientando las actuaciones a atender servicios esenciales para la comunidad. g) Desarrollar programas específicos para la implementación de talleres de empleo, escuelas taller, casas de oficios, así como los convenios para la contratación de desempleados a través de programas de Corporaciones Locales. h) Desarrollar programas de recualificación profesional, reincorporación a la Formación Reglada y prácticas en centros de trabajo, colaboración con la Universidad y centros especializados para realizar formación específica. Optimización de la colaboración y la

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transferencia del conocimiento entre la economía real, necesidades de las empresas y las Universidades. i) Potenciar la inserción laboral de los discapacitados especialmente en las empresas ordinarias. Exigir el cumplimiento de la obligación de contratación del 2% de las plantillas de personas con discapacidad para empresas y del 5% por las administraciones públicas. j) Convertir a los servicios de orientación, información y asesoramiento en el eje transversal de las medidas de políticas de empleo. k) Desarrollar convenios entre administración estatal y autonómica para crear centros de FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICOS en sectores prioritarios de actividad económica. l) Evitar la exclusión social de los desempleados. m) Reforzar la cobertura de los desempleados. n) Desarrollar el Plan de apoyo a los emprendedores y autónomos, que apueste por la calidad del trabajo autónomo, la mejora en la protección de los trabajadores autónomos, la simplificación administrativa para la creación de empresas, el apoyo a la financiación de los proyectos empresariales, incentivos fiscales, apoyo a la formación y fomento del asociacionismo. o) Plan de apoyo a la Economía Social. p) Plan de Empleo en Igualdad para las mujeres que contemple, al menos las siguientes medidas: - Recuperación de políticas activas de empleo específicas teniendo en cuenta a aquellos colectivos de mujeres con especiales dificultades de inserción socio-laboral. - El desarrollo obligatorio de planes de igualdad de género en las empresas, así como su constante evaluación. - La incentivación de la actividad empresarial por parte de las mujeres, facilitando su acceso al crédito e incentivando la creación de empresas, especialmente de economía social. - Apoyo a las mujeres del medio rural. - Mejorar las medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral con la familiar, con medidas tendentes a fomentar la adopción de funciones empresariales por parte de la mujer en sectores en los que aún tiene escasa presencia. q) Plan para el fomento del empleo estable y de calidad que recoja las siguientes acciones: - Fortalecer las relaciones laborales, a través del diálogo y la concertación de acuerdos entre sindicatos y organizaciones empresariales a través de la negociación colectiva. - Fortalecer las relaciones con el empresariado desde el marco institucional.

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- Desarrollar una política económica basada en la potenciación del sector industrial, fortalecimiento del sector servicios, principalmente el comercio y apoyar a nuevos sectores productivos con potencial de desarrollo. - Promocionar un modelo productivo orientado al desarrollo de I+D+i, en estrecha colaboración con la estructura empresarial y con las instituciones formativas (Universidad, Centros de enseñanza reglada y ocupacional, sedes especializadas). - Diseñar estrategias de RENOVACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN para las empresas y autónomos para fomentar y favorecer actuaciones ofreciendo aquellos servicios que sean estratégicos. - Fomentar el EMPRENDIMIENTO, individual y colectivo como una alternativa de empleo, con el apoyo público necesario y dotando de recursos los mecanismos que posibiliten la creación de empleo. - Fomentar la apertura de líneas de crédito por parte de las entidades financieras a través de organismos competentes (ICO), y ayudas de diferentes administraciones dirigido a las PYMES. 4.- Desarrollar, con carácter de urgencia, una estrategia específica de impulso a la industria madrileña que impida que este sector, -clave en el modelo productivo fuerte y estable, que necesita la región madrileña-, pierda, año tras año, peso con respecto al PIB regional y población ocupada, y que incluya, entre otras, las siguientes medidas: - Elaboración y desarrollo de una LEY DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID que articule, ordene, impulse y regule el sector industrial y otorgue a este sector económico la importancia que tiene como eje vertebrador del cambio de modelo productivo que queremos impulsar en la Comunidad de Madrid. - Un PLAN URGENTE DE REACTIVACION Y DINAMIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dotado con 160 millones de euros anuales, dirigido a frenar el impacto negativo que la crisis internacional está produciendo en el sector industrial de nuestra región. - Puesta en marcha de un Plan de apoyo financiero para garantizar la llegada del crédito a nuestra industria a través de los organismos financieros regionales. - Llevar a cabo la compensación del IVA cultural mientras se mantenga la subida, mediante un Plan de ayudas a la industria cultural. Este Plan, además de contemplar intervenciones diferenciadas por subsectores industriales dirigidos a atender las necesidades de las diferentes realidades territoriales de los asentamientos industriales en los municipios de la región (creación de una verdadera red de clúster industriales y tecnológicos), debe suponer la puesta en marcha de un conjunto de programas y actuaciones que, a través de la colaboración con Agentes Sociales y Ayuntamientos, permitan atender los siguientes objetivos prioritarios: - Puesta en marcha de un Plan de apoyo financiero para garantizar la llegada del crédito a nuestra industria a través de los organismos financieros regionales. 23591

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- Mejora y cualificación de áreas industriales: rehabilitación y renovación de polígonos y áreas industriales, mejora de la accesibilidad, mejora y modernización de infraestructuras, mejora de la gestión ambiental y tratamiento de residuos. - Mejora y modernización de Equipamientos: Centros de servicio, órganos de gestión centralizados, centros de cualificación tecnológica, centros de difusión e internacionalización. - Acceso a la financiación, con especial atención a las pymes para la creación de empleo y la innovación tecnológica, mediante ayudas directas y subvenciones, exenciones fiscales, y líneas de financiación: ICO, Avalmadrid, Capital Riesgo, Capital Semilla. - Impulso a los programas de innovación tecnológica: creación de Islas tecnológicas en entornos industriales, programas de formación y difusión tecnológica, desarrollo de parque tecnológico y empresarial, apoyo a programas de colaboración con las universidades. - Implantación del Observatorio Industrial de la Comunidad de Madrid capacitado para auditar y evaluar la situación del sector industrial, su evolución y el impacto sobre el mismo de las distintas políticas industriales. - Impulso del plan de infraestructuras logísticas de la Comunidad de Madrid, con especial atención al papel determinante que debe seguir jugando el complejo aeroportuario de Barajas en la economía madrileña. Este PLAN URGENTE DE REACTIVACION Y DINAMIZACION DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID supondrá, entre otros, la elaboración y el desarrollo de los siguientes programas de actuación: - DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA MADRILEÑA, que articule, coordine y gestione con eficacia los programas específicos de fomento de I+D+i. para la industria madrileña. - DE SUELO E INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES, que planifique, ordene y racionalice la oferta de parques empresariales, polígonos industriales, infraestructuras logísticas y parques tecnológicos en la Comunidad de Madrid. - DE CREACIÓN DE EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA INDUSTRIA MADRILEÑA, que garantice que esta región cuente con los centros tecnológicos necesarios para atender las necesidades de conocimiento tecnológico y experimentación de las pymes industriales, y que dote a la Comunidad de Madrid de centros de vigilancia tecnológica, capaces de ofrecer a las pymes la información sobre las tecnologías punteras en cada uno de los subsectores industriales. - DE FOMENTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LAS PYMES INDUSTRIALES MADRILEÑAS, que amplíe la utilización del diseño de producto final y acabe así con la fragilidad de las pymes industriales madrileñas en las etapas de crisis y su dificultad de salida a los mercados exteriores. - DE APOYO FINANCIERO PARA LA INDUSTRIA MADRILEÑA, donde todos los organismos financieros regionales estén en disposición de prestar apoyo a la financiación de

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las pymes industriales: BANCO PUBLICO, Avalmadrid SGR, Capital Riesgo Madrid, Fondos INICAP, etc. - DE INTERNACIONALIZACIÓN Y APOYO A LA EXPORTACIÓN DE LAS PYMES INDUSTRIALES. Es imprescindible la creación de un instrumento capaz de impulsar programas y acciones que permitan incrementar las exportaciones de la industria madrileña, así como las alianzas estratégicas con empresas del exterior. - DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES Y LA REORDENACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA. Desarrollar una industria avanzada debe llevar aparejado el desarrollo de un plan de formación muy competente que permita que el capital humano que trabaje en la industria tenga el nivel formativo requerido para el desarrollo tecnológico y la modernización de la industria. También será necesario revisar y actualizar el cuadro de categorías y cualificaciones que se han venido utilizando, pero que el avance tecnológico y el desarrollo de la industria ha demostrado que se ha quedado desfasado. - DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA, que defina el “mix energético” de la región y desarrolle, con total transparencia y claridad, programas de ahorro y eficiencia energética, y que garantice una implantación de las energías renovables en la Comunidad de Madrid.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚM. 2 Sobre protección social De la larga crisis económica y financiera que estamos viviendo, está emergiendo una crisis social, por la desigualdad que se está creando, debido a un reparto de rentas y a un reparto de riqueza cada vez peor. En España y en esta Comunidad de Madrid, estamos dejando atrás el tiempo durante el que las diferencias sociales disminuían; hoy ocurre lo contrario, se está disparando la desigualdad y ella está amenazando, amenaza, con la exclusión. Exclusión que está llegando a más sectores de la población y no sólo a los tradicionalmente conocidos como colectivos marginados. Las políticas públicas constituyen un vector al servicio de la igualdad y lo que más determina la desigualdad, hasta llegar a la pobreza, es la tasa de paro de las personas responsables de sus familias. No es necesario recordar que el número de hogares en los que todas sus personas adultas están sin trabajo se ha incrementado en un 30% desde 2010. Al mismo tiempo, constatamos como el gasto social se reduce en todas sus políticas hasta casi desaparecer, deteriorándose servicios sociales, vivienda pública, integración de las personas inmigrantes y también las personas discapacitadas. Ante la crisis del sector inmobiliario que ha arrumbado el mercado de la vivienda, el Gobierno del PP no solo ha renunciado a tener una política activa que asegure a los ciudadanos más necesitados el acceso a una vivienda digna, sino que además ha convertido la vivienda pública en objeto de especulación entregándosela a los “fondos buitre”.

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Pero lo más grave es que en la actual situación de crisis económica se han dejado de pagar las ayudas a la vivienda, sobre todo en la rehabilitación de viviendas iniciada hace más de una década. Más de 30.000 familias siguen esperando las ayudas prometidas (60% de subvención por las AA.PP.) a la rehabilitación de sus viviendas. Son los barrios con gente más humilde a los que se les ha dejado tirados: la Colonia S. Agustín, Colonia Sandi, Santa Eugenia, Colonia Fontarrón, los Álamos, Colonia Pedro Vives, Colonia Nuestra Señora de Lourdes, San Ignacio de Loyola (Madrid). El barrio del Naranjo (Fuenlabrada), Colonia Gran Capitán o, Puerta de Madrid (Alcalá de H.), el Barrio San José (Torrejón), o parte del casco histórico (Aranjuez)… Por otro lado, la mala calidad del aire de nuestra región, es patente en la capital pero, aunque menos evidente esta igualmente presente en el resto de ciudades del área metropolitana e incluso en áreas serranas. Los estudios de la UE alerta de que cerca de 3.000 muertes en nuestra región tienen como causa la contaminación atmosférica y los expedientes abiertos tanto a la Comunidad como al Gobierno de la capital, por superar los límites europeos permitidos, dan muestra de la gravedad del problema. Es por lo tanto una tarea urgente poner en marcha medidas de excepcionalidad que no solo palien el problema, sino que le erradiquen de nuestros cielos. Insistimos con que la primera obligación de cualquier institución democrática es la de hacer frente a la crisis con políticas activas de empleo, creando y ayudando a crear empleo y empleo de calidad. Una segunda obligación de los poderes públicos es la de tomar decisiones que permitan una salida de la crisis con la menor desigualdad posible en la sociedad, cosa que no se está haciendo. Por ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la adopción de las siguientes medidas para avanzar en el desarrollo de las políticas de protección social y en el retroceso de los riesgos de pobreza y exclusión social en la sociedad madrileña: 1.- Creación de una decimoquinta paga para los pensionistas. 2.- Creación de un fondo de emergencia para abordar los casos más extremos de pobreza. 3.- Llevar a cabo una ampliación presupuestaria para garantizar que ningún madrileño que tenga derecho a la Renta mínima, se quede sin ella 4.- Asumir la ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes en los centros sociales de nuestra Comunidad y de un completo equipo multi profesional cada 20.000 habitantes para una más rápida y eficiente atención a la ciudadanía. Son ratios que ya tienen la mayoría de las CC.AA. y la nuestra aún no ha desarrollado. 5.- Incorporar la medición y el informe con el impacto en la pobreza y en la exclusión social en todas las políticas que el Gobierno apruebe y en todas las normas que presente a esta Asamblea, tal y como el conjunto de las organizaciones sociales solicitan. 6.- Presentar, a la mayor urgencia posible, un calendario para la apertura del conjunto de los equipamientos sociales, construidos y equipados pero no abiertos, a lo largo del conjunto de los municipios de esta Región.

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7.- Comprometerse a reducir, a un máximo de tres meses, el tiempo a transcurrir entre la solicitud aprobada de una prestación de y por dependencia y su asignación y real prestación. 8.- Reducir a un plazo máximo de seis meses, la resolución de los expedientes de solicitud de una Renta Mínima de Inserción y acompañar esta prestación económica de proyectos continuados de integración laboral y social para todas las personas que reciben una RMI. 9.- Elaborar, antes de que acabe el año, un Plan de Inclusión Social con acciones positivas e integradoras en, al menos, las áreas de: empleo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, ocio y cultura. 10.- Elaborar y aprobar una Ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Una ley que establezca un marco de actuación integral e innovador en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de un sistema de prestaciones acordes con la situación de especificidad de cada persona con discapacidad mediante la coordinación de las diferentes áreas (educativa, laboral, servicios sociales, sanidad, vivienda, deporte y ocio, etc.). Una Ley que prime la atención temprana y el diagnóstico precoz para poder realizar una intervención eficaz desde los primeros momentos de la vida. 11.- Negociar con la UNICEF (y otras entidades de trabajo con la infancia) un Programa para la Infancia en riesgo de exclusión en nuestra Comunidad tal y como nos han solicitado. 12.- Poner en marcha un grupo de trabajo con la participación, también, de los grupos parlamentarios, para reconducir la RMI hacia una Renta Básica de Ciudadanía. 13.- Anular definitivamente cualquier proceso de venta o cesión del parque de vivienda pública a fondos de inversión inmobiliaria o a sociedades de inversión de carácter especulativo. 14.- Anular las órdenes de archivo de las subvenciones para la rehabilitación de edificios/viviendas previstas en el Decreto 11/2001, de 25 de Enero, y 12/2005, de 27 de enero de la Comunidad de Madrid, dictadas con carácter retroactivo por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, al amparo de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. 15.- Abonar, a los correspondientes beneficiarios de las Zonas de Rehabilitación Integral declaradas, las subvenciones para la rehabilitación de edificios/viviendas previstas en el Decreto 11/2001, de 25 de Enero, y 12/2005, de 27 de enero de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los expedientes de calificación otorgados por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. 16.- Abonar, a los correspondientes beneficiarios, las subvenciones para la rehabilitación de edificios/viviendas, recibidas de los Planes de Vivienda y Suelo del Estado para las Zonas de Rehabilitación Integral declaradas al amparo del Decreto 11/2001, de 25 de Enero, y 12/2005, de 27 de enero de la Comunidad de Madrid, mediante las correspondientes Órdenes dictadas, por la Consejería correspondiente de la Comunidad de Madrid. 17.- Abonar, a los correspondientes beneficiarios, las subvenciones para la instalación de ascensores, de acuerdo con los expedientes de calificación otorgados desde el año 2007, por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid.

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18.- Hacer efectivas las ayudas del cheque-vivienda, previstas en el Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda (2005-2008), y que al día de hoy no se han abonado a los adquirentes de viviendas protegidas que cumplieron los requisitos establecidos en la citada norma. 19.- Poner en marcha un Plan urgente y excepcional de mejora de la Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid que reduzca de forma drástica la necesidad de movilidad en coche privado de la ciudanía madrileña. 20.- Poner en marcha un Abono de transportes Reducido con un descuento del 30% sobre el precio general de las zonas de validez, aplicable a los siguientes colectivos: - Jóvenes de 14 a 26 años. - Estudiantes, acreditando matrícula en cualquiera de las Universidades públicas de Madrid. - Desempleados con prestación contributiva. - Discapacitados con minusvalía superior al 65%. 21.- Poner en marcha un Abono de Transporte Social con un descuento del 80% sobre el precio general de las zonas de validez, aplicable a los siguientes colectivos: - Pensionistas. - Desempleados sin prestación o con prestación social no contributiva. - Niños entre 4 y 13 años.

RESOLUCIÓN NÚM. 3 Sobre calidad democrática La lucha por la democracia ha estado ligada a la defensa de la diversidad y la reivindicación de un Estado plural y descentralizado. España nació de la diversidad, y sólo desde ella es posible garantizar la libertad y la convivencia entre todos los españoles. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos en una España en la que todos los ciudadanos se puedan sentir cómodos con su propia identidad. Por eso, no creemos en un proceso en el que a quienes se sienten más catalanes que españoles o al revés se les obligue, por parte de ningún gobernante, a elegir entre ser españoles o catalanes. Y lo decimos: - Desde el convencimiento de que en una democracia nadie puede estar por encima de la ley y las leyes son iguales para todos. Las leyes se pueden cambiar, pero cumplir las leyes es un principio democrático inexcusable. - Y desde la experiencia de haber ayudado decisivamente a construir el Estado de las Autonomías desde el Gobierno de España y desde los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Un Estado de las Autonomías que ha traído a España las mayores cotas de bienestar.

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Pero, hay que ser conscientes de la realidad: existe un problema de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Y estamos todos, la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, en una encrucijada nada fácil. Una situación que solo puede superarse con voluntad, con arrojo y con liderazgos políticos constructivos. La crisis económica ha creado un enorme malestar social que se ha proyectado también sobre el conjunto del sistema político. La sociedad española hoy cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y cree menos en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de los ciudadanos. Esto ha hecho renacer en España dos viejas tentaciones que creíamos haber superado: la tentación centralista y la tentación secesionista. Hoy en España, por una parte, los que siempre vieron con recelo el Estado autonómico, han encontrado la oportunidad de impulsar el retorno a la recentralización y cortar las alas al autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones. Por otra parte, el nacionalismo moderado de Cataluña ha abandonado el terreno de la moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España. Frente a todo ello, proponemos abandonar las trincheras y los monólogos cruzados que solo han logrado enquistar el problema. Nuestra posición es clara y firme: el triunfo de cualquiera de esos dos proyectos antagónicos, el que pretende recentralizar España y el que pretende desmembrarla, sería un desastre y desataría de nuevo todas las tensiones territoriales que durante demasiado tiempo hicieron imposible la convivencia en libertad de los pueblos de España, además de hacer aún más difícil la salida de la crisis. Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. La solución, una vez más, es la reforma en profundidad, a través de un nuevo pacto territorial dentro de la necesaria reforma del sistema político para construir la democracia del siglo XXI. El Estado de las Autonomías ha sido el instrumento más eficaz de vertebración nacional y de cohesión social. Ha sido y tiene que seguir siendo uno de los pilares más sólidos de la unidad de los pueblos de España. Pero tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias. Para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que salgamos adelante. El Grupo Parlamentario Socialista siempre vamos a estar a favor de soluciones que faciliten la concordia y el entendimiento. Y, sobre todo, vamos a estar enfrente de todo aquello que rompa la convivencia. En cuanto a la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña decimos que no es posible convocar y celebrar ese referéndum por razones de orden constitucional y por razones políticas. Pero además, decimos que estamos en contra de la autodeterminación y de la independencia que se proponen. Para resolver el problema lo que planteamos es acordar una reforma de la Constitución que incorpore las aspiraciones del pueblo de Cataluña y decidirla juntos. La Comunidad de Madrid necesita avanzar en materia de transparencia, buen gobierno y profundización democrática con el fin de superar la situación de crisis institucional, económica y social que atraviesa. Al mismo tiempo que refuerza los mecanismos de rendición de cuentas y de control. Porque la continua desconfianza hacia la política está provocando que los ciudadanos, cada vez más, duden del sistema representativo.

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La democracia debe avanzar y regenerarse en la Comunidad de Madrid. Por lo que no caben ni atajos ni cambios de las reglas del juego democrático para intentar sacar ventaja electoral o simplemente realizar un pucherazo para intentar perpetuarse en el poder cuando los ciudadanos ya están dando la espalda al actual gobierno de la Comunidad de Madrid. Avanzar en democracia significa acabar con el silencio y con el secuestro que la Asamblea de Madrid sufre por parte de un gobierno regional que controla lo que se puede o no hacer en el Parlamento. Una situación de vasallaje del Parlamento sobre el gobierno que supone una anomalía democrática que debe ser corregida de manera inmediata. Las reformas tienen que ser acordes al tiempo político en el que nos encontramos, donde es fundamental complementar la representación con una participación activa de los ciudadanos en las instituciones democráticas Un tiempo, donde la conciencia de cambio, de su necesidad, es un clamor ciudadano que va a continuar hasta que se visualicen y sean reales. La ampliación de los espacios y procesos democráticos que necesita la sociedad madrileña ha de partir del impulso de una ciudadanía activa, de reformas legales que blinden derechos y servicios públicos para el bienestar de la población, de una mayor transparencia, control y rendición de cuentas, y de reformas institucionales que frente a una Asamblea de Madrid invisible para los ciudadanos, implica la necesidad de un Parlamento abierto, flexible y dispuesto a un ejercicio permanente de adaptación que permita la participación directa de los ciudadanos en la Cámara, y que coloque a ésta en el centro del debate político. Así mismo, la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente, el rigor y la eficacia en la gestión de los recursos públicos deben ser ejes fundamentales en la acción política llevada a cabo por el Gobierno Regional. También es fundamental caminar en el buen gobierno (cosa que hasta ahora es incompatible con lo hecho por el Gobierno Regional) y para ello es imprescindible acometer cambios profundos en la actitud y aptitud que el Gobierno Regional mantiene con la función pública, denostada, acosada y puesta en entredicho para de esa manera justificar todas las privatizaciones imaginadas por quienes quieren hacer negocio con los servicios públicos y el patrimonio público. Los Ayuntamientos de nuestra región constituyen también una pieza clave para avanzar en estos objetivos, por eso rechazamos las continuas agresiones tanto del Gobierno de España como del Gobierno de la Comunidad, que tratan de mermar la autonomía local, vaciar de contenido la Administración más próxima a los ciudadanos y que ata de pies y manos a quienes mejor conocen los problemas de sus vecinos impidiéndoles intentar solucionarlos y establece una barrera burocrática insalvable entre los ciudadanos y los responsables de resolver sus problemas. A esta situación ya de por sí grave, se une en estos momentos la intención del Gobierno de modificar de forma unilateral y a apenas unos meses de la celebración de las elecciones la forma de elección de Alcaldes. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación y al Parlamento de la Nación, para que: 1.- Garanticen el cumplimiento de la legalidad ante el desafío soberanista, porque solo existe democracia dentro de la ley democrática y las leyes se cambian de acuerdo con la ley y solo de acuerdo con la ley. 2.- Renueve y mejore el marco de convivencia común que nos dimos en 1978, a través del inicio de un proceso de reforma de la Constitución en una dirección federal que reconozca la singularidad de la sociedad catalana y que a la vez clarifique y fortalezca esos lazos que nos unen y

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que hacen más fuertes a la sociedad catalana y a la sociedad española. Un nuevo modelo de convivencia en el que conjugar mejor unidad y diversidad. Una reforma que avance en una dirección federal que, entre otros aspectos, delimite claramente las competencias de cada nivel de la Administración; que reforme el Senado para que sea realmente una Cámara territorial; que establezca los principios de un nuevo sistema de financiación justo y solidario; que introduzca garantías de la igualdad de los españoles en los derechos sociales básicos, vivan donde vivan; que recoja las singularidades y las aspiraciones de Cataluña y del resto de las Comunidades Autónomas; que promueva una cultura federal, de cooperación, una cultura que reconoce la diversidad y procura la cooperación y la lealtad entre instituciones 3.- Que transmita la total oposición de la Asamblea de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y que ha sido enmendada parcialmente al dilatar su aplicación con la aprobación de la Ley 1/2014, de 25 de Julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid. 4.- Paralice el intento de modificación unilateral de la ley electoral con el fin de perpetuarse en el poder municipal una vez que los ciudadanos han dado la espalda a sus políticas. 5.- Realice el blindaje constitucional efectivo de nuestro actual sistema sanitario, educativo y de pensiones. 6.- Realice dentro del avance democrático que necesita nuestra sociedad cuantas acciones sean necesarias para modificar las estructuras de poder para conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, para que: - Resuelva la tensión existente mediante el cumplimiento de la legalidad democrática y a través del acuerdo, el diálogo y la negociación. - Abandone posiciones y votaciones que ahondan en la división y en la fractura social. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la propia Asamblea a llevar a cabo cuantas modificaciones legislativas o reglamentarias sean necesarias para: 1.- Blindar derechos y servicios públicos. Modificación del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid para garantizar los derechos y servicios públicos a todos los ciudadanos. Dentro de este apartado establecer las modificaciones estatutarias y legales necesarias para que el Canal de Isabel II, la empresa Metro de Madrid y RTVM sean empresas siempre de titularidad y gestión pública. 2.- Aprobar una ley de trasparencia. 3.- Modificar la Ley de la Cámara de Cuentas, para aumentar la trasparencia y la rendición de cuentas en la Comunidad de Madrid. 4.- Garantizar la neutralidad, la imparcialidad y un tratamiento equitativo por parte de la Presidencia de la Asamblea.

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5.- Inhabilitar para trabajar en y para la Administración a aquellas personas y empresas que hayan sido condenados por casos de corrupción. 6.- Garantizar de manera efectiva el derecho de información de los diputados y diputadas y la supresión de la obstaculización permanente de la tarea y función de los diputados y diputadas. 7.- Considerar los programas electorales como contratos de ciudadanía para lo que se habilitará el registro de compromisos electorales en la Asamblea de Madrid. 8.- La creación de las Oficinas Parlamentarias en el territorio de la Comunidad de Madrid. 9.- Garantizar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid a solicitud de los Grupos Parlamentarios, para informar sobre un asunto determinado de su competencia. 10.- Cuatro años de incompatibilidad. Durante los cuatro años siguientes a la fecha de su cese, los Altos Cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo. 11.- Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación on line de las cuentas de los partidos políticos, y cualquier organización que reciba dinero público. 12.- Retransmisión de los Plenos de la Asamblea de Madrid. El Pleno de la Asamblea de Madrid será retransmitido en directo a través de la Radio Televisión Pública Madrileña. 13.- Realizar las modificaciones legislativas pertinentes para que la Asamblea de Madrid pueda fiscalizar el presupuesto de la Comunidad de Madrid en su totalidad. Y promover fórmulas que permitan y mejoren la accesibilidad de los ciudadanos a la información que les pueda resultar de interés. 14.- Habilitar el mes de enero y julio como periodo de sesiones ordinario. 15.- Promover una ley de Participación Ciudadana a efectos de mejorar los cauces de participación de los ciudadanos. 16.- Aprobar una Ley que regule las campañas institucionales de publicidad y comunicación que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid y las empresas, ente, organismos dependientes de la administración pública. Esta ley prohibirá aquellas campañas que tengan por finalidad destacar posibles logros del gobierno y establecerá la obligación de enviar a la Asamblea de Madrid un informe detallado cada seis meses con todas las campañas realizadas, costes, medios en los que se han realizado, etc. 17.- La Administración de la Comunidad de Madrid, las entidades que la integran, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, universidades públicas, agencias, entes públicos y cualquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada al sector público de la Comunidad de Madrid, incluidas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe ésta directa o indirectamente de manera superior al 50 por ciento, publicarán una vez formalizados, y en el plazo máximo de tres días, todo contrato que realice. Y junto al mismo un resumen sucinto de las ofertas que hayan participado en concurrencia competitiva con el citado contrato. 23600

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18.- Acceso público y por internet de cualquier ciudadano al Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid 19.- Establecer la denominada “huella legislativa”, que consiste en la obligación de publicar toda decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos, fundamentalmente si las decisiones comportan gasto. Afectará a los poderes legislativo, ejecutivo y a la Administración, y se referirá particularmente a cuestiones de personal, remuneraciones, contratos públicos de las Administraciones, subvenciones, urbanismo y gestión patrimonial. 20.- Publicación con acceso a todos los ciudadanos a través de internet de los contratos menores y de las subvenciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, organismos, entes y empresas públicas. 21.- Establecer la figura de la Declaración de Impacto Democrático. Compromiso de realizar la misma transparencia que exista en el sector público para todos aquellos que accedan a concesiones del sector público. 22.- Supresión de la ley de acompañamiento para evitar que sigan siendo utilizadas para modificar otras leyes sin debate. 23.- Mantener y desarrollar un sector público en los medios de comunicación social, asumiendo que se trata de un pilar fundamental para preservar y promover el pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático, y el acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de calidad. 24.- Derogar la vigente ley 3/2013 de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y a elaborar una nueva Ley , basada en el respeto a las convenciones internacionales y en el consenso político y social, que garantice una efectiva protección del patrimonio histórico madrileño. 25.- La calidad e independencia en la gestión de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid se garantizarán a través de la transparencia en el acceso y el estricto cumplimiento de los principios de objetividad, neutralidad, mérito y capacidad para lo que se dará publicidad a todos los procesos de acceso, nombramiento y/o contratación de personal en la administración pública, entes, organismos y empresas públicas. 26.- No será de aplicación en la administración pública madrileña el procedimiento de EREs en la gestión de personal, se dará inmediato cumplimiento a las resoluciones de los Tribunales en los EREs de Agencia de Protección de Datos y Telemadrid. 27.- Respeto a la representación sindical y a la negociación colectiva en la administración pública recuperando el diálogo social. 28.- Planificación de recursos y conciliación de la vida profesional y personal y familiar, garantizando la suficiencia de las plantillas y la oferta pública de empleo, la movilidad, promoción y carrera profesional. 29.- Reconocimiento del derecho a la formación, continúa, pública y de calidad para los empleados públicos.

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30.- Que en los escasos programas de financiación con los que cuenta la Comunidad de Madrid de cooperación con los ayuntamientos, deje de discriminar de forma negativa a todos los ayuntamientos que no correspondan a su color político y distribuya los escasos fondos de forma equitativa y, como primera medida, abone a todos los ayuntamientos del proyecto de BESCAM, que han visto minorada la aportación de la Comunidad de Madrid y que, en algunos ayuntamientos, ha sido suprimida en su totalidad. 31.- Que se abra una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid a fin de conocer las gestiones, gastos y situación actual del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid. a) Procedimiento seguido para la liquidación del empresa Campus de la Justicia, cuyas cuentas no han sido fiscalizadas por la Cámara de Cuentas y no se depositan desde 2009 en el Registro Mercantil. b) Conocer el origen de las facturas abonadas por un monto de 20 millones de euros del Plan de pago a proveedores. c) Conocer el coste de las inversiones realizadas, licitadas y adjudicadas y no ejecutadas, condenas indemnizatorias en los tribunales.... d) Conocer la plantilla de personal de la empresa de los últimos 9 años.

RESOLUCIÓN NÚM. 4 Sanidad La política de Sanidad del Gobierno Regional ha venido marcada por un afán privatizador más allá de toda mesura. Un afán que ha venido marcado, a su vez, por un rosario de Consejeros que cuando han dejado de serlo han utilizado la puerta giratoria para ser contratados como ejecutivos de las mismas empresas con las que negociaron los proyectos privatizadores y un total y absoluto desprecio a las opiniones de los profesionales y usuarios de la Sanidad Pública madrileña que han venido ofreciendo alternativas, técnicas y económicas, que nunca contaron ni tan siquiera con el interés del Gobierno Regional, no solo de estudiarlas, sino ni tan siquiera de oírlas. Todo ello ha tenido una adecuada respuesta por parte de la ciudadanía que ha demostrado a través de la “Marea Blanca” su rotunda oposición a esta venta-regalo de nuestra Sanidad, que se ha visto refrendada por decisiones judiciales, tanto desde el Constitucional, Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Juzgados ordinarios, que han obligado al Gobierno Regional a asumir su fracaso. Por todo ello es necesario articular, de forma urgente, un cambio radical (en cuanto que debe llegar hasta las raíces de nuestro sistema sanitario hoy absolutamente en entredicho por las políticas del Partido Popular). Este cambio debe articularse en base a cinco grandes líneas estratégicas: - Derechos-igualdad-solidaridad de todos ante la salud/enfermedad; compromiso ético y humano con los excluidos de la sanidad por el PP. - MEJORAS CONCRETAS de los servicios para pacientes-ciudadanos, en SEIS temas especialmente sensibles como son: Listas de espera, Cita con el Médico de Familia, Atención médica personalizada en el hospital, Urgencias hospitalarias, Continuidad de los cuidados entre hospital-centro de salud, Salud de la mujer.

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- No más privatizaciones. - Cuidar al personal, el activo más valioso de la sanidad. Política respetuosa e inteligente para los profesionales sanitarios, que termine con el maltrato sufrido por parte del Gobierno del PP. - Principios e instrumentos Buen Gobierno para la sanidad de Madrid. Propuesta para repensar la organización y gestión del Servicio Madrileño de Salud en clave de Buen Gobierno (Juntas de Gobierno, Gestores seleccionados con criterios profesionales, rendición de cuentas, transparencia, participación, integridad…). Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a poner en marcha las siguientes acciones de gobierno: 1.- Modificar la Ley para impedir que se puedan privatizar los hospitales o el sistema sanitario público. 2.- Establecer un servicio de Diagnóstico Rápido para aquellas personas con sospechas de presencia de tumores. 3.- Eliminar el copago hospitalario. 4.- Volver a la gratuidad de los medicamentos para los jubilados. 5.- Restaurar con urgencia el acceso en condiciones de igualdad a todos los colectivos a los que se les ha quitado su derecho a la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid. 6.- Poner a disposición de ciudadanos y pacientes un sistema de información sobre los tiempos de espera efectivos para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y tratamientos, que sea veraz, completo y en tiempo real en abierto a través de internet. 7.- Establecer y hacer posible que todos los pacientes puedan tener cita con su médico personal del Centro de Salud como máximo en las primeras 48h de haberla solicitado. 8.- Establecer que para una atención más personalizada, todos los pacientes ingresados en los hospitales de responsabilidad pública tengan asignado un médico responsable que sea su referente para mantenerle informado y coordinar su atención durante toda la estancia en el hospital. 9.- Establecer el objetivo de que al menos el 90% de todos los pacientes que acudan a las Urgencias hospitalarias de la Comunidad de Madrid tengan resuelto su problema (vistos, ingresados, tratados, datos de alta) en las primeras 4 horas de su llegada a la Urgencia, monitorizando su cumplimiento. 10.- Establecer la obligación por parte de todos los hospitales (ingresos y Urgencias) de enviar al Centro de Salud en tiempo real un Informe de Alta para garantizar la continuidad en la atención médica y cuidados de enfermería, y para que los enfermos convalecientes reciban de inmediato la atención domiciliaria que precisen. 11.- Garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de salud más específicas de la mujer, especialmente en todo lo referente a la salud sexual y reproductiva.

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12.- Cuidar a los profesionales de la sanidad pública, creando un clima laboral cooperativo en base a los valores de la profesionalidad, a la ética de servicio público, y a la lealtad compartida con la misión del sistema público de salud; impulsando una política de personal que promueva la estabilidad laboral, la conciliación familiar, la participación y el respeto, el reconocimiento al mérito, transparencia en las decisiones, y oportunidades de desarrollo profesional. 13.- Reformar la organización, gobierno y gestión del Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS) y sus centros, para que pueda desempeñar su misión con eficiencia, calidad y seguridad, cumpliendo con estándares de buen gobierno y buena gestión pública.

RESOLUCIÓN NÚM. 5 Educación Nunca antes la educación pública madrileña se había encontrado en una situación de tal precariedad como en la actualidad, cuando quedan menos de diez meses para que finalice la legislatura que se inició en 2011. Cierto es que los ataques de los gobiernos del PP al sistema educativo público se inician en Madrid con anterioridad, pero todos los agentes de la comunidad educativa coinciden en señalar que estos tres últimos años han sido especialmente negativos para la enseñanza pública de calidad en nuestra región, así como para la universalidad en el acceso a la misma. El despido de miles de profesionales, el cierre generalizado de centros y unidades, la puesta en marcha del copago en diferentes etapas del sistema educativo, el incesante incremento de precios públicos, el aumento desmesurado de las tasas universitarias, o el sometimiento de la red pública a los caprichos e intereses del negocio privado, han sido las constantes en los gobiernos del PP en Madrid en los últimos años con Ignacio González como presidente del ejecutivo regional. Pero la gravedad de la crisis económica en Madrid desde hace años ha provocado que estas nefastas políticas -que tienen el denominador común de la mercantilización de la educación en nuestra región- tengan a las familias madrileñas como claras damnificadas. Para las familias madrileñas con hijos e hijas en edad escolar o universitaria la Educación es a día de hoy un bien de lujo, difícilmente soportable para las cada vez más maltrechas economías familiares, consecuencia de los 631.800 desempleados/as en la Comunidad de Madrid y que cada vez más familias no dispongan de ingreso mensual alguno. La realidad de las políticas educativas del gobierno regional en estos tres últimos años ha sido la de estrangular económicamente a los madrileños y madrileñas cuando peor lo estaban pasando. Y todo hace indicar que nada vaya a cambiar. Varios ejemplos constatan esta insoportable situación provocada por políticas injustas, insolidarias, que sólo buscan el negocio y el trato privilegiado de quienes más posibilidades tienen. El presidente de la Comunidad de Madrid anunciaba esta semana la inversión de 6 millones de euros en el sistema de préstamo de libros de texto para el nuevo curso escolar, así como que 250.000 alumnos/as serán beneficiarios este curso. Ello supone que, de media, cada alumno/a percibirá ayudas por valor de 24 euros. La cantidad parece insignificante dado el desembolso medio que cada familia hará este mes de septiembre en la escuela pública, unos 560 euros.

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Del mismo modo, el presidente regional ha dado a conocer que hasta 62.000 alumnos/as serán beneficiarios de ayudas para la reducción del precio del comedor escolar. Cabe recordar que al inicio de legislatura disfrutaban de becas y ayudas el doble de alumnos y alumnas, y que el propio ejecutivo regional se ha opuesto a la apertura de los comedores escolares durante el verano para las familias más necesitadas. También el gobierno regional ha anunciado la congelación de las cuotas mensuales de las escuelas infantiles públicas, ocultando que lo que en realidad hace es perpetuar la subida de hasta un 175% que se ha dado en estos dos últimos años, y que ha provocado que la demanda de escolarización en escuelas infantiles públicas en 0-3 años haya caído un 60% desde 2011. Todo ello a la vez que mantiene las becas por escolarización en escuelas infantiles privadas – una de las beneficiarias es la propia consejera de educación del ejecutivo de Ignacio González-, haciendo posible que las escuelas privadas de nuestra región sean más accesibles que las públicas. Todo un sinsentido y una aberración desde el punto de vista del deber de velar por el interés general y público de cualquier administración. Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la adopción de las siguientes medidas de ayuda a las familias madrileñas para la escolarización de sus hijos e hijas: - Universalización de la enseñanza de 0 a 3 años. - Abrir los comedores escolares en verano - Exención del pago de las cuotas mensuales de las escuelas infantiles públicas para las familias con renta per cápita hasta 5.644 euros a partir del curso 14/15, así como la rebaja en un 50% de los precios públicos de las escuelas infantiles para las familias que superen este nivel de renta. - Puesta en marcha, de cara al nuevo curso que se inicia este mes de septiembre, de un nuevo sistema de becas para el comedor escolar en el que prime de manera prioritaria y progresiva el criterio de renta de las familias, eximiendo del pago de la cuota mensual a alumnos/as de familias cuya renta per cápita anual sea igual o inferior a 5.644 €. El número de beneficiarios será de 120.000 en su globalidad. - Recuperación del sistema de becas de libros de texto, atendiendo de manera progresiva al nivel de renta de las familias y con una dotación de, al menos, 24 millones de euros para un total de 310.000 beneficiarios. - Recuperación del número de profesores en la Enseñanza Pública a los niveles de 2011. - Supresión de cara al curso 14/15 de las tasas de FP, en cualquiera de sus modalidades, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios de música. - Supresión de la subida de las tasas universitarias llevadas a cabo en los dos últimos años. - Garantizar que en la Comunidad de Madrid no haya ninguna localidad, ni ningún distrito, sin instituto ni colegio públicos.

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RESOLUCION NÚM. 6 Violencia de género La lucha contra la violencia de género ha de hacerse de manera continuada, tomando medidas para prevenirla y medidas para atender a las víctimas y a sus hijas e hijos. Dentro de las medidas de prevención, el fomento de la igualdad es la condición necesaria, a medio y largo plazo, para la erradicación de la violencia. La Comunidad de Madrid, segunda en número de mujeres asesinadas por violencia de género, ha reducido en los últimos 6 años un 50% el presupuesto destinado a Promoción de la Igualdad y Lucha contra la violencia de género. A lo que se suma los recortes en políticas sociales que está llevando a cabo el gobierno de Ignacio González. Como consecuencia tenemos que: - No se aplica la Ley Regional ni la Ley Estatal contra la violencia de género, por tanto, no se aplican medidas para prevenir o detectar posibles casos de violencia. No se forma adecuadamente a los diferentes profesionales que podrían detectar casos de violencia como médicos, trabajadores sociales, profesorado, policías. Tampoco se da tratamiento integral en los pisos de acogida de mujeres victimas. No hay programas de reinserción. - Se reducen recursos asistenciales, lo que lleva parejo la reducción de las denuncias (no denuncian porque no tienen adonde ir, y lo que no pueden es denunciar y volver a la casa con el maltratador). - Se reducen también recursos judiciales. - No hay la coordinación necesaria entre las administraciones e instituciones para afrontar una situación tan compleja como es la lucha contra la violencia de género y la erradicación de patrones de comportamiento machista. - Se ha prescindido de la colaboración del movimiento asociativo de mujeres, tan indispensable en estos temas. Por todo ello la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno para que en el marco de sus atribuciones ponga en marcha las siguientes medidas: 1.- Elaboración de un Plan Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid que contemple:

Medidas preventivas: - Impartir, en todos los centros educativos financiados con fondos públicos, Educación en Igualdad.

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- Formación específica, para la detección de violencia de género, de los diferentes sectores profesionales que intervienen en el circuito de atención a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. Medidas de atención: - Creación de una oficina regional de apoyo y atención a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. - Refuerzo de los puntos municipales de atención a mujeres víctimas. - Coordinación y evaluación de la aplicación de los recursos disponibles para combatir la violencia de género. 2.- Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid inste al Gobierno de España para que haga un Pacto Social y Político contra la violencia de género.

RESOLUCIÓN NÚM. 7 En materia de Hacienda La política fiscal, financiera y presupuestaria de la Comunidad de Madrid de los últimos años ha estado marcada por la opacidad, la impericia y una desviación reiterada a los largo de los distintos ejercicios. El incumplimiento sistemático del principio de suficiencia, por lo que los gastos necesarios no pueden ser cubiertos por unos ingresos insuficientes, ha puesto freno al desarrollo de la región y provocado una merma en los niveles de protección de sus ciudadanos. Ante esta situación el Gobierno Regional se ha limitado a multiplicar su deuda, falsear año tras año las cuentas regionales y a la práctica sistemática de ocultación de facturas impagadas, convirtiendo así el presupuesto de gastos y el déficit reconocido en una impostura financiera. Para mayor abundamiento, la disminución de determinados tributos en beneficio de los más favorecidos ha roto el principio de equidad presupuestaria en la sociedad madrileña, provocando una transferencia de renta de los menos favorecidos a los ciudadanos de mayor renta. La consecuencia de tal impericia ha sido que el Gobierno Regional se ha visto abocado a la venta del patrimonio, emitir más deuda e impulsar nuevos tributos con una batería de tasas incumpliendo así el principio de no confiscatoriedad, con la finalidad de recaudar de forma suficiente. La impericia financiera, la irresponsabilidad tributaria y la impostura en la rendición de cuentas, obliga al Parlamento regional a tratar de recuperar la credibilidad presupuestaria, así como una política fiscal dispuesta a hacer cumplir los principios de suficiencia, equidad y no confiscatoriedad, y que promueva al desarrollo de la región y garantice unos niveles de protección y bienestar mínimos de sus ciudadanos.

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Por todo ello, La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se dirija al Gobierno de la Nación para que: 1.- Promueva una reforma fiscal que cumpla el principio de suficiencia, recaudando lo necesario para poder cubrir los gastos de una sociedad madrileña moderna y solidaria. Cumplir el principio de equidad recargando aquellas rentas y patrimonios más altos y reduciendo el esfuerzo fiscal a las rentas y patrimonios más bajos. Así como el principio de eficiencia alentando las capacidades de aquellos que las tienen. Principios de suficiencia, equidad y eficiencia que han sido incumplidos, cuando no diluidos, durante los últimos años de Gobierno en la Comunidad de Madrid. 2.- Proponer al Gobierno de la Nación permitir la creación de un Impuesto autonómico sobre Depósitos de las Entidades de Crédito a partir de la modificación del Texto refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, sustentado en lo dispuesto por los artículos 156 y 157.1.b de la Constitución Española, y 16.f del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Un tributo de carácter directo y no repercutible jurídicamente, como impuesto propio de la Comunidad de Madrid, destinado a gravar la obtención de fondos reembolsables por parte de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, que operen en la Comunidad de Madrid. Constituyendo el hecho imponible del impuesto la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por parte de las entidades mencionadas en el artículo cuatro de esta Ley, y que comporten la obligación de restitución. Siendo sujetos pasivos, a título de contribuyentes, del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, las entidades de crédito, por los fondos captados por su casa central y sus sucursales que estén situadas en el territorio de la Comunidad de Madrid, con una base imponible calculada sobre el Pasivo del balance correspondiente a los depósitos de la clientela y con un tipo de gravamen del 0.1%. Se pretende con esta medida legislativa incrementar los recursos económicos de la Comunidad de Madrid, de tal forma que se coadyuve a la consecución de varios objetivos de política económica regional: el control del déficit y la deuda autonómica, una mejor prestación de los servicios públicos y muy especialmente la educación, la sanidad y la atención a las personas mayores y finalmente el incremento de las políticas activas de empleo y el apoyo a los sectores productivos de nuestra Región. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo las siguientes medidas: 1.- Elevar el tipo de gravamen en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las rentas más altas de los sujetos pasivos residentes en la Comunidad de Madrid, estableciendo un recargo sobre una base liquidable general superior a 60.000 euros de y cuya cuantía se establecerá siguiendo los principios de suficiencia y no confiscatoriedad. 2.- Eliminar la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mortis causa a partir de patrimonios del causante de 500.000 euros y una base imponible de 244.000 euros. Para ello presentará a la Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley que modifique el artículo 25.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, de tal manera que los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicaran una bonificación del 99 por ciento en la cuota tributaria derivada de

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adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integren la porción hereditaria del beneficiario, siempre que el patrimonio del causante no supere los 500.000 euros y siempre que en el sujeto pasivo concurran los requisitos de que la base imponible no sea superior a 244.000 euros y que el patrimonio preexistente sea el correspondiente al primer tramo de la escala establecida en el artículo 24.1 3.- Eliminar la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones inter vivos a partir de patrimonios del causante de 500.000 euros y una base imponible de 244.000 euros. Para ello presentará a la Asamblea de Madrid un Proyecto de Ley que modifique el artículo 25.2.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, de tal manera que en las adquisiciones intervivos, los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aplicaran una bonificación del 99 por ciento en la cuota tributaria derivada de las mismas, siempre que el valor de la donación no supere los 500.000 euros y siempre que en el sujeto pasivo concurran los requisitos de que la base imponible no sea superior a 244.000 euros y que el patrimonio preexistente sea el correspondiente al primer tramo de la escala establecida en el artículo 24.1 4.- Crear un Impuesto sobre los grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid que será desarrollado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con el fin de que estos aporten al erario público en función del patrimonio neto. 5.- Se elaborará un informe con el fin de eliminar las nuevas tasas y los incrementos experimentados durante los últimos tres ejercicios.

──── PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SUBSIGUIENTES AL DEBATE SOBRE ORIENTACIÓN POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO, PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR ──── PROPUESTA NÚM. 1 La Asamblea de Madrid manifiesta su firme compromiso con la Constitución, la unidad de España y la soberanía Nacional y muestra su rechazo a cualquier desafío independentista, claramente contrario a la Ley y a la Constitución.

PROPUESTA NÚM. 2 - La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional para que promueva y apoye la reforma electoral necesaria para fortalecer nuestras instituciones representativas y el vínculo entre los ciudadanos y sus legítimos representantes de modo que aquéllos puedan elegir directamente a sus diputados o, al menos, a una parte de éstos y puedan elegir directamente al Alcalde. - La Asamblea de Madrid apoya la reforma del marco electoral para la reducción del número de diputados del Parlamento Regional.

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PROPUESTA NÚM. 3 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a que, en relación con el Sistema de Financiación Autonómica, se dirija al Gobierno de la Nación a los efectos de: - Que proceda a la aprobación de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que garantice a la Comunidad de Madrid una financiación por habitante igual a la media de las Comunidades Autónomas y se reconozca la población real de la región a los efectos de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos esenciales. - Que, en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo Sistema de Financiación Autonómica, se elimine el límite de capacidad fiscal del Fondo de Competitividad, que afecta de manera exclusiva a la financiación de la Comunidad de Madrid y que origina que año tras año su financiación evolucione desfavorablemente, en unos 700 millones de €.

PROPUESTA NÚM. 4 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a que profundice en medidas de estímulo económico, así como en planes y proyectos de dinamización regional que permitan crear más empleo, para lo cual el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo las siguientes acciones: - Aprobar un Plan de Empleo dirigido a los autónomos, que contenga, entre otras, ayudas para la puesta en marcha de su actividad, para la contratación de trabajadores a su cargo y para la conversión de parados en trabajadores autónomos. - Poner en marcha un Plan de Empleo dirigido a jóvenes que tenga como objetivo lograr la mejora de su cualificación profesional, la obtención de certificado de profesionalidad y la inserción laboral mediante el incentivo de su contratación por parte de las empresas de los jóvenes madrileños. - Impulsar un Plan de Empleo Verde cuyo objetivo sea la creación de puestos de trabajo en sectores relativos a la gestión del agua, al reciclaje de residuos, la movilidad y la economía ecológica, para que Madrid sea también líder a nivel europeo de un desarrollo sostenible. - Seguir desarrollando el Plan Activa Henares para dinamizar una de las zonas industriales más importantes de nuestra región, así como elaborar el Plan Activa Sur, en colaboración con las universidades, empresarios, sindicatos y los ayuntamientos de esa zona, con el objetivo de impulsar la actividad económica e industrial en el sur de la región. - Poner en marcha un nuevo proyecto para la financiación de la construcción de una Ciudad de la Justicia en Madrid en los terrenos reservados a este fin en Valdebebas, adaptado a las circunstancias actuales, y a la vista de la recuperación económica que se está consolidando en nuestra Región. - Solicitar al Gobierno de la Nación la conclusión de las obras de conexión del AVE con el aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas para reforzar la interconexión entre ambos medios de transporte, y potenciar el papel de Barajas como el gran Hub de distribución de pasajeros a nivel nacional e internacional de nuestro país.

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- Seguir trabajando para hacer de nuestra región uno de los destinos turísticos más atractivos, para lo cual se insta al Gobierno a profundizar con el Ministerio de Fomento y Aena en la recuperación de nuevas rutas aéreas que mejoren la conectividad del aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas, la implantación de nuevas compañías aéreas y el incremento del número de viajeros en el aeropuerto.

PROPUESTA NÚM. 5 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a: - Continuar fomentando la enseñanza bilingüe en la Comunidad de Madrid, reforzando los mecanismos de habilitación y formación de docentes, la contratación de nativos y la evaluación por parte de instituciones externas de prestigio internacional y a que todos los nuevos colegios que se abran en la región sean bilingües. - Poner en marcha el Programa Code.Madrid, para que nuestros alumnos aprendan no solo a usar y dominar las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también aprendan a crear tecnología. - Fomentar la internacionalización de las universidades madrileñas como gran plataforma del español en el mundo y potenciar su papel investigador en colaboración con la empresa y la industria.

PROPUESTA NÚM. 6 La Asamblea de Madrid apoya la puesta en marcha del Hospital de Collado Villalba, que dará servicio a 111.000 ciudadanos del noroeste de Madrid, e insta al Gobierno Regional a: - Seguir adoptando las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario madrileño, como un servicio público, gratuito, universal y de la máxima calidad. - Implantar un programa de detección precoz del cáncer de colon, con el que se incremente la posibilidad de un diagnóstico precoz y aumenten las posibilidades de curación. - Publicar de manera detallada los indicadores de procesos de atención hospitalaria y resultados de salud de todos los centros sanitarios que forman parte de la red pública, para favorecer la mayor información de los ciudadanos y facilitar el ejercicio de la libre elección de médico, enfermero, especialista y hospital. - Seguir fomentando la formación y la actividad investigadora en la Comunidad de Madrid, para hacer de nuestra región un referente en el mundo de la investigación biomédica.

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PROPUESTA NÚM. 7 La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a: - Seguir ampliando nuestra Red de Recursos y mejorando la prestación de servicios para la Atención a las personas en situación de dependencia a través de la consolidación de fórmulas de gestión pioneras en España como los Acuerdos Marcos y de la apuesta por un modelo de planificación centrado en la persona, en la especialización de la atención prestada y con unos estándares de calidad conforme a las exigencias de los sistemas internacionales vigentes. - Abrir en los próximos meses dos nuevos centros de atención a la dependencia para personas mayores, uno en el barrio de San Blas y otro en el municipio de El Berrueco. - Continuar prestando una atención profesional, especializada y gratuita a las personas con discapacidad a través de la Red de Recursos de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con más de 21.000 plazas, en las que se sigan prestando cuidados de manera integral, de calidad y adecuados a sus necesidades. - Seguir apoyando a las personas de nuestra región en situación de dificultad social a través de la Renta Mínima de Inserción tanto con el desarrollo de marcos normativos como de actuaciones de formación que posibiliten su incorporación al mercado laboral, en particular las dirigidas a los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. - Expresar la condena y repulsa de la violencia machista y continuar apoyando a las mujeres víctimas, a sus hijos y a sus familias tanto a través de la atención integral en nuestra Red de Recursos, destinando para ello 17 millones de euros, así como desarrollando las actuaciones necesarias para que puedan rehacer sus vidas, prestando especial atención a las mujeres con discapacidad intelectual, a las mujeres inmigrantes y a la violencia de género entre adolescentes. - Continuar impulsando la solución definitiva a los problemas de la Cañada Real, apostando, como se ha hecho hasta ahora, por el diálogo con los vecinos y con las administraciones implicadas a través de la Mesa Social y de los Grupos de Trabajo creados e invitando a sumarse al proceso a los que no lo han hecho hasta ahora.

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ÍNDICE GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID 1. TEXTOS APROBADOS

4.6

Interpelaciones (I)

1.1 Leyes

4.7 Preguntas (P)

1.2 Textos Reglamentarios

4.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)

1.3 Resoluciones de Pleno (RP) 1.4 Resoluciones de Comisión (RC)

5. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

1.5 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)

5.1 Comparecencias 5.1.1 Comparecencias ante el Pleno

2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN

5.1.2 Comparecencias ante las Comisiones

2.1 Proyectos de Ley (PL)

5.2 Preguntas de Respuesta Oral

2.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)

5.2.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno

2.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)

5.2.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión

2.4 Proposiciones No de Ley (PNL)

5.3 Peticiones de Información

2.5 Mociones (M)

5.4 Constitución, Composición y Designación de los miembros y Órganos de la Cámara

2.6 Interpelaciones (I)

5.5 Nombramiento y Designación de miembros de Instituciones, Entes y Organismos Públicos

2.7 Preguntas para Respuesta Escrita (PE) 2.7.1 Preguntas que se formulan

5.6 Calendario de celebración de sesiones

2.7.2 Transformación en Preguntas para Respuesta Escrita

5.7 Resumen de la Actividad Parlamentaria

2.7.3 Transformación de Preguntas para Respuesta Escrita

6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y

2.7.4 Respuestas a Preguntas formuladas

ASAMBLEA

COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA

2.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado

6.1 Acuerdos del Pleno de la Cámara

2.9 Criterio del Gobierno

6.2 Acuerdos de la Mesa de la Asamblea y/o de la Junta de Portavoces

2.10 Propuestas de Resolución

6.3 Acuerdos y Dictámenes de las Comisiones de la Cámara

3. TEXTOS RECHAZADOS 3.1 Proyectos de Ley (PL)

6.4 Resoluciones de la Presidencia de la Asamblea

3.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)

6.5 Resoluciones de la Secretaría General

3.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)

6.6 Declaraciones Institucionales

3.4 Proposiciones No de Ley (PNL)

7. OTROS DOCUMENTOS

3.5 Mociones (M) 3.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado (POE)

7.1 Comunicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CGCM)

3.10 Propuestas de Resolución

7.2 Planes y Programas Remitidos por el Gobierno (PPG)

4. TEXTOS RETIRADOS

7.3 Resoluciones Interpretativas (RI)

4.1 Proyectos de Ley (PL)

7.4 Régimen Interior

4.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)

7.5 Varios

4.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)

7.6 Corrección de errores

4.4 Proposiciones No de Ley (PNL) 4.5 Mociones (M)

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