El español jurídico. Enrique Alcaraz, Brian Hugues. Adelina Gómez. El español jurídico. Enrique Alcaraz. Brian Hughes Cunningham

CMYK Lomo 13 mm 14,5 x 23 cm 13 Enrique Alcaraz Varó Otros títulos de la colección 1. ¿Qué es una Constitución? El español jurídico Enrique Alcar

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El señor ALCARAZ MASATS: Una idea que recoge a nombre de su hermano don Enrique Giménez- Reyna
CONGRESO 17 DE OCTUBRE DE 2001.—NÚM. 8 El señor ALCARAZ MASATS: Una idea que recoge a nombre de su hermano don Enrique GiménezReyna. El señor RUIZ-J

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CMYK

Lomo 13 mm

14,5 x 23 cm

13

Enrique Alcaraz Varó Otros títulos de la colección 1. ¿Qué es una Constitución?

El español jurídico Enrique Alcaraz, Brian Hugues y Adelina Gómez

FERDINAND LASSALLE

3. Teoría general de las fuentes del Derecho (y el orden jurídico) JOSEP AGUILÓ REGLA

4. El sentido del Derecho MANUEL ATIENZA

5. Curso de teoría del Derecho LUIS MARTÍNEZ ROLDÁN JESÚS A . FERNÁNDEZ SUÁREZ

6. El Derecho como argumentación MANUEL ATIENZA

El español jurídico va dirigido a especialistas de la traducción y la interpretación, ya sean estudiantes o profesionales. No es ni pretende ser un libro de Derecho español, sino un estudio del lenguaje jurídico español, en especial de los términos jurídicos y los conceptos que éstos encierran, analizado desde la perspectiva de filólogos con una amplia experiencia en el campo de la traducción jurídica. Éstos identifican, presentan e ilustran, siempre desde una perspectiva lexicológica, sintáctica y estilística, los términos clave del español jurídico, acompañándolos de su correspondiente traducción al inglés y al francés.

7. Tras la justicia MANUEL ATIENZA

8. Historia del Derecho romano WOLFGANG KUNKEL

9. Justicia militar ANTONIO MILLÁN GARRIDO

10. Los derechos en serio

Enrique Alcaraz, Brian Hugues y Adelina Gómez

ÁNGEL LATORRE

El español jurídico

2. Introducción al Derecho

Fue catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante y director del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) de la Comunidad Valenciana. Dictó cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en Los Ángeles, Londres, Dusseldorf, Ginebra, Bruselas, Luxemburgo y en numerosas universidades españolas. Es autor y coautor de numerosos libros y diccionarios.

El español jurídico

Brian Hughes Cunningham Fue catedrático de Literatura Inglesa de la Universidad de Alicante y gran figura de la disciplina en España. Destacó como hispanista, crítico literario y traductor. Especialmente valiosa fue su contribución al estudio del inglés con fines profesionales, como autor y coautor de diversos libros y diccionarios.

Enrique Alcaraz Brian Hugues Adelina Gómez

Adelina Gómez González-Jover Es profesora titular de Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante y traductora jurado. Ha estudiado terminología y lenguas aplicadas en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en la Universidad de Viena, y en el Institute for Applied Language Studies, de la Universidad de Edimburgo. En el ámbito de la traducción jurídica, se ha formado en diversas instituciones de la Unión Europea y en la Brooklyn Law School de Nueva York.

RONALD DWORKIN

El inglés jurídico norteamericano VV. AA .

PVP 20,90 e

10087922

12. Introducción al análisis del Derecho CARLOS SANTIAGO NINO

Diseño de colección: Mauricio Restrepo

9 788434 418721

DERECHO

11.

D E R EC H O

Enrique Alcaraz Varó, Brian Hughes y Adelina Gómez

El español jurídico

DERECHO

1.a edición en esta presentación: septiembre de 2014 Ediciones anteriores: 2002 y 2009 © 2002: Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes © 2009: Adelina Gómez (actualización) Derechos exclusivos de edición en español reservados para todo el mundo: © 2002, 2009 y 2014: Editorial Planeta, S. A. Avda. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona Editorial Ariel es un sello editorial de Planeta, S. A. www.ariel.es www.espacioculturalyacademico.com ISBN: 978-84-344-1872-1 Depósito legal: B. 14.977 - 2014 Impreso en España por Book Print Digital El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

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Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

CAPÍTULO 1. Rasgos generales del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . 1. El español jurídico y las lenguas de especialidad . . . . . . . . . . . . 2. Opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo en el español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La lingüística oracional y el español jurídico. Estilística, léxico y vocabulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Las tendencias léxico-estilísticas más importantes del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Las fuentes clásicas del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.1. Los latinismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.2. Los helenismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.3. Los arabismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Las fuentes modernas del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6.1. Los anglicismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 6.2. Los galicismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15

CAPÍTULO 2. La traducción y el significado de las palabras jurídicas 1. El concepto de la «equivalencia» en la traducción del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. El traductor y el español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Los jueces como lingüistas. La interpretación de los enunciados de las leyes y de las cláusulas de los contratos . . . . . . . . . . . . . . 4. La terminología lingüística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 4.1. El vocabulario técnico. La univocidad . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 4.2. El vocabulario semitécnico. La equivocidad . . . . . . . . . . . 1. 4.3. El vocabulario general de uso frecuente en Derecho . . . . 1. 4.4. Otros registros lingüísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. La estructura de las unidades léxicas del español jurídico . . . . . 1. 5.1. Las palabras simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.2. Las palabras compuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.3. Las palabras complejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 22 24 32 32 36 37 37 38 40 42 47 47 50 52 56 57 59 62 64 65 66 66 69

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EL ESPAÑOL JURÍDICO

1.

5.4.

Las palabas derivadas. Los prefijos, los sufijos y las desinencias. Las series léxicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5.5. Las palabras parasintéticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. El significado de las unidades léxicas del español jurídico. La definición. La intensión y la extensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPÍTULO 3. Los problemas traductológicos del vocabulario del español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. La polisemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. La homonimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La paronimia. Los falsos amigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. El lenguaje figurado. Las metáforas léxicas. La personificación 5. Recursos lingüísticos utilizados para un mejor conocimiento del vocabulario jurídico (I). Los campos semánticos: la sinonimia, la hiperonimia, la hiponimia y la antonimia . . . . . . . . . . . 6. Recursos lingüísticos utilizados para un mejor conocimiento del vocabulario jurídico (II). Las locuciones o combinaciones léxicas frecuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPÍTULO 4. La sintaxis. Los géneros del español jurídico . . . . . . . . 1. Algunas pautas sintáctico-estilísticas del español jurídico . . . . . 2. La hipotaxis y la parataxis en el discurso del español jurídico . 3. El prescindible barroquismo retórico del español jurídico . . . . 4. La visión supraoracional del español jurídico. El discurso y el texto 5. Las modalidades discursivas del español jurídico . . . . . . . . . . . 6. La tipología textual. Los géneros del español jurídico . . . . . . . . 7. Equilibrio entre precisión técnica y claridad comunicativa en el español jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPÍTULO 5. El lenguaje de la Constitución española. El Poder Legislativo y el Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. El Derecho. El Derecho constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. La Constitución española. El Tribunal Constitucional . . . . . . . 13. La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Legislativo . . . . . . 14. El ordenamiento jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. La leyes y sus clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. La ley y su macroestructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. El Poder Ejecutivo. El Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. El Derecho de la Unión Europea. El Derecho Comunitario . . . 19. El campo semántico de la palabra «ley» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Las combinaciones léxicas frecuentes de la palabra «ley» . . . . 11. La expresión del mandato legislativo. Sinónimos parciales de «disponer» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CAPÍTULO 6. El lenguaje de los jueces, los fiscales y los abogados . . 11. La justicia. El Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Los órganos jurisdiccionales. El personal jurisdiccional . . . . . 13. Los órdenes jurisdiccionales. Los juzgados y los tribunales . . 14. El Ministerio Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. La abogacía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Los géneros jurisdiccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. El campo semántico de las palabra «justicia» . . . . . . . . . . . . . . 18. Las combinaciones léxicas más frecuentes de la palabra «justicia» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Las combinaciones léxicas más frecuentes de la palabra «juez» (I). Adjetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Las combinaciones léxicas más frecuentes de la palabra «juez» (II). Verbos y sustantivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. La expresión de la «petición». Sinónimos parciales del verbo «pedir» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

373 165 165 168 169 178 179 181 188 189 189 191 193 196

CAPÍTULO 7. El lenguaje del Derecho Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. El lenguaje del Derecho Civil. El Código Civil . . . . . . . . . . . . . 12. El Derecho de las personas. La emancipación . . . . . . . . . . . . . 13. El vocabulario del matrimonio y de su disolución . . . . . . . . . . 14. El vocabulario de la filiación y las relaciones paterno-filiales . 15. El vocabulario del Derecho de Sucesiones. El testamento . . . . 16. Los derechos reales. El vocabulario de la propiedad y la posesión 17. Los bienes y su clasificación. Las combinaciones léxicas más importantes del término «bienes» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. La adquisición y la pérdida de la propiedad . . . . . . . . . . . . . . . 19. Otros derechos reales: la servidumbre y el usufructo . . . . . . . . 10. El lenguaje de los contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. La expresión de la «conformidad». Sinónimos parciales de «aprobar» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199 199 202 203 208 210 213

CAPÍTULO 8. El lenguaje del Derecho Procesal Civil . . . . . . . . . . . . . . 11. Ante los tribunales civiles. Lo civil y lo penal . . . . . . . . . . . . . . 12. El Derecho Procesal Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. El vocabulario de la primera fase de proceso civil ordinario (I). La presentación de la demanda. La macroestructura de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. El vocabulario de la primera fase de proceso civil ordinario (II). La contestación y el allanamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. El vocabulario de la primera fase de proceso civil ordinario (III). La defensa y la reconvención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. La prescripción y la caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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EL ESPAÑOL JURÍDICO

17. 18.

El vocabulario de la segunda fase. La audiencia previa al juicio El vocabulario de la tercera fase. El juicio (I). La práctica de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. El vocabulario de la tercera fase. El juicio (II). La apreciación de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Las resoluciones judiciales. La sentencia y su macroestructura 11. El proceso monitorio y el juicio cambiario . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Los recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. El orden jurisdiccional civil en Francia y en Inglaterra y Gales 14. La expresión de la «disconformidad» y la «prohibición». Sinónimos parciales de «desaprobar» y de «prohibir» . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253

CAPÍTULO 9. El lenguaje del Derecho Penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Las conductas delictivas y los actos antijurídicos o ilícitos . . . 12. El Derecho Penal. Los delitos y las faltas . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Las penas. Las agravantes y las atenuantes. Las eximentes . . . 14. El Código Penal. La tipificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. El Derecho Procesal Penal (I). El juicio de faltas . . . . . . . . . . . 16. El Derecho Procesal Penal (II). El proceso por delito . . . . . . . 17. La instrucción y el sumario. Los imputados y los procesados . 18. El juicio oral. La práctica de las pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. La redacción de la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. La sentencia y su macroestructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. El procedimiento del jurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Los juicios rápidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. El proceso penal de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. El ordenamiento penal en Francia y en los países de habla inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. El campo semántico de «delito» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Combinaciones léxicas frecuentes de la palabra «delito» . . . . . 17. La expresión de la «acusación». Sinónimos parciales del verbo «acusar» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279 279 282 284 286 288 290 291 297 300 302 304 306 308

CAPÍTULO 10. El lenguaje del Derecho Administrativo y del Derecho del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. El Derecho Administrativo y el lenguaje administrativo . . . . . 12. El español jurídico-administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Las Administraciones Públicas. Los actos administrativos y su macroestructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. La justicia administrativa y la de la jurisdicción contenciosoadministrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. El Derecho Administrativo en Francia y en los países anglófonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. La revisión judicial o judicial review en la tradición del common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255 257 261 265 267 268 271 275

312 316 320 321 322

327 327 329 330 334 337 341

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ÍNDICE

375

17.

El lenguaje del Derecho del Trabajo. El campo semántico del mundo laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. La Jurisdicción de lo Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. El Derecho del Trabajo en Francia y en el Reino Unido . . . . . . 10. La expresión de la «anulación». Sinónimos parciales de «anular» Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344 347 349 350 352

Bibliografía consultada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

355

Índice analítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RASGOS GENERALES DEL ESPAÑOL JURÍDICO

15

CAPÍTULO 1 RASGOS GENERALES DEL ESPAÑOL JURÍDICO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

El español jurídico y las lenguas de especialidad Opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo en el español jurídico La lingüística oracional y español jurídico. Estilística, léxico y vocabulario Las tendencias léxico-estilísticas más importantes del español jurídico Las fuentes clásicas del español jurídico Las fuentes modernas del español jurídico

El español jurídico y las lenguas de especialidad1

Recientemente ha surgido en los estudios universitarios de las principales lenguas modernas una especialidad llamada «lenguas de especialidad», término tomado del francés langues de spécialité, y que alude al lenguaje específico que utilizan algunos profesionales y expertos para transmitir información y para refinar los términos, los conceptos y los saberes de una determinada área de conocimiento, confirmando los ya existentes, matizando el ámbito de su aplicación y modificándolos total o parcialmente. Con anterioridad, Saussure (1945: 68) las había mencionado con el nombre de «lenguas especiales»; en su opinión, estas lenguas «son fomentadas por un avanzado grado de civilización» y, entre ellas, cita la lengua jurídica. Las lenguas de especialidad2 también se denominan «lenguas profesionales y académicas». Son profesionales porque las emplean los médicos, los economistas, los juristas, los científicos, los expertos en turismo, etc., en su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de texto y en sus revistas especializadas, y son asimismo académicas porque, antes de haber sido utilizadas en cada ambiente profesional, fueron enseñadas y aprendidas en la Universidad, institución

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en la que se perciben dos movimientos epistemológicos complementarios: el flujo de información hacia las profesiones y el reflujo proveniente de ellas. De esta forma, la Universidad da conocimientos e información lingüístico-terminológica, pero también los recibe, renovándose y perfeccionándose por el continuo contacto con la realidad que le ofrece este movimiento circular. Se puede hablar, por tanto, del «español profesional y académico» o EPA.3 El español jurídico es una de las variantes más importantes del EPA. Hernández Gil (1986a: 133) lo llama «lenguaje técnico-jurídico».4 Por su parte, Henríquez y de Paula (1998: 177) prefieren el de «lenguas especializadas de la Jurisprudencia y la Legislación», puesto que se trata de «lenguas» que son plenamente «español», aunque al mismo tiempo son el instrumento transmisor de saberes y de prácticas profesionales.5 Cuando se habla del español jurídico es porque algunos estiman (Martín del Burgo, 2000: 129) que este lenguaje, por su vinculación con la materia jurídica, merece salir del encierro de la lengua común, para alcanzar un especial modo de expresión, una nueva categoría. Hernández Gil (1986a: 132) es más prudente al hablar de la entidad del español jurídico cuando afirma que «las distintas áreas del conocimiento cuentan, si no con un lenguaje propio, sí con particularidades y modismos semánticos, y encierran en su fondo cierto artificio por cuanto que suponen un apartamiento del uso común; […] y es cierto que en torno al derecho se ha ido formando un lenguaje técnico especializado, que si es familiar para sus cultivadores sorprende a los profanos». Teniendo en cuenta las reservas anteriores en cuanto a su denominación, se puede afirmar que el español jurídico es cada día más importante, debido al peso que esta lengua tiene en los organismos e instituciones internacionales; así, el español es lengua oficial no sólo de la Unión Europea sino también de las Organización de las Naciones Unidas y de multitud de organismos, nacidos de ella y, en un sentido u otro, a ella vinculados, como la UNESCO, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, etc. A nuestro entender, se puede aceptar la existencia del español jurídico, teniendo en cuenta las cautelas y apreciaciones mencionadas, justificándolo con estos tres parámetros: 1. 2.

Un vocabulario muy singular, que constituye el núcleo de este lenguaje especializado, en los términos explicados en los tres primeros capítulos del libro. Unas tendencias sintácticas y estilísticas muy idiosincrásicas, tal como se señala en la primera parte del capítulo cuatro.

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Unos géneros profesionales propios e inconfundibles, como la ley, la sentencia o el contrato, entre otros, que sirven para marcar bien los límites de esta variante del español, conforme indicamos en el punto 2 (a) del capítulo dos, en la pág. 51, y en el 6 del capítulo cuatro, en la pág. 130.

Para el estudio de los parámetros 1 y 2 (el vocabulario y las tendencias sintácticas y estilísticas) emplearemos una metodología lingüística de tipo oracional, y para el análisis del parámetro 3 (los géneros profesionales) recurriremos a la lingüística supraoracional. En el español jurídico se pueden distinguir diversos tipos o variantes, según su finalidad comunicativa. Los cuatro más importantes son el legislativo o de los textos legales, el español jurisdiccional o de los jueces (sentencias, autos, providencias, etc.), el español administrativo o de las Administraciones Públicas (instancias, expedientes, etc.), y el español notarial (testamentos, escrituras de compraventa, poderes, etc.). Cada uno de ellos posee rasgos peculiares, pero el que está por encima de todos los demás es el español de las leyes, también llamado el jurídico-normativo, que marca las pautas que habrán de seguir el lenguaje de los jueces, el de la Administración y el de los notarios. 2.

Opacidad, falta de naturalidad y oscurantismo en el español jurídico

La literatura jurídica, entendiendo por tal los escritos de los jueces y de los juristas, está llena de bellísimas páginas, cuya lectura constituye un deleite para la razón y un goce para la sensibilidad del lector, no sólo por la nitidez, la claridad y la precisión de sus conceptos, sino también y en particular por su pulcritud sintáctica, su elegancia léxica y su refinamiento estilístico: La ciencia jurídica parece estar hoy en exceso regionalizada y marginada. Sobre todo la ciencia que, en efecto, se cultiva. Vive muy recluida en un reducto, como si un gran corte epistemológico la hubiera inmerso en una sima […]. Esta situación se acusa más en los últimos tiempos, cuando, por contraste, se otea un panorama tenso de inquietudes y debates.

En este breve pasaje sobre la ciencia jurídica de Hernández-Gil6 (1987: 90) se aprecian, además de una gran sobriedad y sencillez sin-

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táctica, ciertos rasgos poéticos por las dos imágenes creadas mediante repetición léxica: la de «enclaustramiento» (recluida, reducto, inmerso, marginada y regionalizada) y la de «paisaje» (panorama, otear, se cultiva, corte y sima). Se podría afirmar que las imágenes estarían justificadas en un texto como éste, que procede de la doctrina científica.7 No obstante, en el que sigue, que forma parte de los fundamentos jurídicos de una sentencia,8 también se descubren imágenes metafóricas: «la justicia como horizonte de equilibrio», «la Constitución como armonía por excelencia», etc.: Siendo la justicia un horizonte de equilibrio, la Constitución significa la armonía por excelencia y dentro de ella se integra la idea de proporción que obliga, en los casos de concurrencia de derechos, incompatibles entre sí, a fijar las preferencias, según el criterio constitucional aplicado al caso concreto debatido.

Sin embargo, en opinión de un buen número de especialistas, tanto del Derecho como de la lingüística, esta afirmación no constituye la regla general sino la excepción, ya que los dos rasgos que más fácilmente se perciben en los textos jurídicos son la opacidad y la falta de naturalidad. La opacidad conduce irremediablemente al «oscurantismo» que, de acuerdo con la única acepción que de este término dan los diccionarios, es la oposición sistemática a que se difunda la instrucción en las clases populares.9 Rodríguez-Aguilera (1969: 24, 70) afirma que la seguridad jurídica y el firme reconocimiento de los derechos subjetivos ganarían con textos jurídicos basados en la frase pulida y la palabra tersa, y más adelante nos recuerda, en lo que a la opacidad de los textos jurídicos se refiere, que «el jurista ha de dar a la palabra contenido y palpitación humana, y que el legislador, el abogado y el juez han de asumir la conciencia de la sociedad en que viven y para la que trabajan, y han de hablarle en el lenguaje suyo propio de cada momento, con los obligados e indispensables términos en que hayan sintetizado conceptos e instituciones, pero también con los términos usuales del más amplio y adecuado entendimiento, de manera buena, llana y paladina, como en nuestro lenguaje clásico se nos ha venido diciendo».10 No obstante, la realidad del español jurídico parece que va por otros derroteros, ya que para el lector no especializado se trata de un lenguaje oscurantista y, en ocasiones, misterioso, al igual que el inglés jurídico11 y, en menor medida, el francés jurídico. Por ejemplo, el apartado 3 del artículo 207 de Ley de Enjuiciamiento Civil de 200012 dice:

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Las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas.

¿No sería posible encontrar otra expresión más clara que fuera equivalente a «pasan en autoridad de cosa juzgada»? De acuerdo con el DRAE, esta expresión equivale a «dar firmeza de cosa juzgada», locución que habría sido comprendida sin grandes dificultades por el ciudadano medio. El español jurídico de los textos de la Unión Europea es mucho más claro; por ejemplo, en uno de los apartados del artículo 54 del Reglamento sobre la marca comunitaria habla de «adquirir fuerza de cosa juzgada»: «Las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada (which have acquired the authority of final decisions / attained the status of res judicata - ayant acquis l’autorité de chose jugée)…». Por otra parte, ¿es necesario utilizar el término «pacífico»13 dos veces en este párrafo extraído de una sentencia del año 2001?: Siendo pacífico que el demandante forma parte de la plantilla de la empresa demandada, siendo así mismo pacífico, que disfruta de una excedencia especial por razón de su cargo…

La confusión se acentúa, como afirma Lázaro Carreter, en el preámbulo de la LEC de 2000 cuando se afirma que «no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fenómeno ha sido acogido tanto en el lenguaje común como en el jurídico. Así, por ejemplo, se siguen utilizando los términos “juicio” y “proceso” como sinónimos». Con estas premisas, la Ley articula con carácter general dos cauces distintos para la tutela jurisdiccional declarativa: de un lado, la del proceso que, por la sencillez expresiva de la denominación, se da en llamar «juicio ordinario» y, de otro, la del «juicio verbal».

Al leer el párrafo anterior da la impresión de que sólo es proceso el «juicio oral», pero seguidamente se dice: Estos procesos acogen, en algunos casos gracias a disposiciones particulares, los litigios que…

con lo que se llega a la conclusión de que tan proceso es el juicio ordinario como el juicio verbal. Sin embargo, más adelante, cuando utiliza el término «juicio» en el sentido de «vista», se tiene que repe-

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tir constantemente la expresión «el juicio o vista» para indicar que esta acepción de «juicio» no es la primera: Estas pruebas se practicarán en todo caso antes del juicio o vista.

Con estos puntos oscuros, difícilmente se puede cumplir la función comunicativa que institucionalmente ha de cumplir el lenguaje legal: que la regla jurídica sea comprendida por todos los ciudadanos y, lo que es más, que sea cumplida, pues como comenta Lázaro Carreter (2001), «según dicen, el desconocimiento [de la ley] no exime de su cumplimiento, pero cómo vamos a cumplirla los profanos en tales saberes si no la entendemos». A todos interesa que el español jurídico sea inteligible para muchas cuestiones de la vida (de Miguel, 2000), por ejemplo, saber impugnar el resultado de algún concurso u oposición (challenge the results of an entrance examination in the public service - faire appel au résultat du concours); entender qué se debe hacer en la declaración del impuesto sobre la renta (income tax return - la déclaration des revenus); comprender lo que dice el texto de una separación matrimonial de común acuerdo (undefended separation - séparation amiable), el del convenio regulador (settlement convention) de un divorcio de mutuo acuerdo (divorce by mutual consent - divorce par consentement) o el de solicitud de pago de la pensión alimenticia (claim for maintenance or financial provision demande d’aliments); percatarse bien de lo que contienen las cláusulas del contrato de alquiler (leasehold contract - contrat de location) del piso en donde uno reside, o el de la hipoteca (mortgage - hypothèque) con la que adquirirá su vivienda, etc. Para encontrar la inteligibilidad, estima Prieto (1991: 186, 16970) que el redactor legal, que tiene un margen de maniobra nada desdeñable, ha de guiarse por la regla de la «evitabilidad» del léxico exclusivamente jurídico y huir de toda saturación innecesaria de la ley con tecnicismos legales. El redactor, antes de escribir, ha de hacer un esquema de voces jurídicas que son imprescindibles para redactar la norma, esquema que le ayudará a no incurrir en tecnicismos jurídicos superfluos. Por otra parte, un buen número de tratadistas del español jurídico afirman que la naturalidad14 debe ser otro atributo fundamental de esta variedad del lenguaje especializado, dado que lo sencillo y natural es más inteligible y gusta más que lo afectado y rebuscado, como ya hizo constar Juan Valdés en el Diálogo de la Lengua.15 Para defender el atributo de la naturalidad del español jurídico, Martín del Burgo (2000: 200) se apoya en lo que escribió Azorín en su artículo «Naturalidad» en 1948:

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¿Cuál habrá de ser la primera condición del escritor?: Naturalidad. ¿Cuál la segunda?: Naturalidad. ¿Cuál la tercera?: Naturalidad.

Sin embargo, como podremos comprobar a continuación, y a pesar de lo que diga la preceptiva, la falta de naturalidad es el rasgo número uno que se aprecia en muchísimos textos del español jurídico, caracterizado por el excesivo formulismo, un léxico recargado y rebuscado, y una sintaxis embrollada, como la del párrafo que citamos a continuación, que además de estar lleno de verbos y, por tanto, de oraciones subordinadas, tiene el verbo principal repetido dos veces, lo que constituye un rasgo estilísticamente poco elegante. Esta falta de elegancia se podría haber resuelto si el que lo redactó hubiera sido fiel a lo que anunció: una enumeración o paralelismo al introducir «en primer lugar», que luego no cumple con un «en segundo lugar»: Por todo ello, esta Ley prevé, en primer lugar, que se pueda aducir y corregir la eventual infracción de la legalidad relativa al reparto de asuntos y, en caso de que ese mecanismo resulte infructuoso, prevé, evitando la severa sanción de nulidad radical —reservada a las infracciones legales sobre jurisdicción y competencia objetiva y declarable de oficio—, que puedan anularse, a instancia de parte gravada, las resoluciones dictadas por órgano que no sea el que debiera conocer según las normas de reparto.

La opacidad y falta de naturalidad del español jurídico del ejemplo anterior corresponden al lenguaje normativo de las leyes; pero la situación puede ser incluso peor en el lenguaje de muchas sentencias judiciales, en donde lo más grave no es la falta de elegancia o de gracia estilística sino la incoherencia sintáctica y el anacoluto, como comentamos en el punto 2 (c) del capítulo cuatro en la pág. 121. A estos efectos, se puede añadir que el Ministro de Justicia de España se ha lamentado repetidas veces de que las resoluciones judiciales no interesen a nadie «porque suelen estar envueltas en un lenguaje críptico, esotérico, que más parecen una liturgia que la solución de un tema terrenal».16 He aquí algunos rasgos lingüísticos, poco académicos, encontrados en una sentencia dictada en el año 2000 por la Audiencia Provincial de Madrid: a) expresiones singulares, como la «intencionalidad de causación del resultado», es decir, suponemos, la «intención de causarlo»; b) la construcción de oraciones sin verbo principal, sustituido por un infinitivo o un gerundio sin ligazón con los demás elementos de la frase («Para comenzar, decir tan sólo que…»; «Quedándonos, por consiguiente, frente al supuesto de…»);

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c) el abuso de los adverbios en -mente17 y el uso incorrecto, tan frecuente en la actualidad, del adverbio ciertamente, cuyo único significado es «con certeza» o «de manera cierta», con el sentido de «hasta cierto punto», «en cierta manera»; De una manera ciertamente oportunista el letrado hizo constar su desacuerdo…

d) las deplorables faltas de ortografía o de construcción («llevar acabo», «acreedor de la correspondiente sanción»,18 «el error… le era vencible»,19 etc.) y el empleo sistemático de una jerga molesta o insufrible, como indicamos más adelante, en la pág. 27, aderezado de construcciones frontalmente opuestas a las normas más elementales del uso y de la claridad: La omisión del Dr. E. en cuanto a la emisión de tales instrucciones… …caso de conocer la eventualidad de su ilicitud… Siquiera sea, incluso…

En fin, un cúmulo de construcciones abstrusas, que según el diccionario son las que exigen gran esfuerzo de inteligencia para comprenderlas. A pesar de todo, es de justicia reconocer que la LEC de 2000 en su art. 399 da reglas formales para la redacción de la demanda, que también son de aplicación a la contestación de la demanda. La ley insiste en los conceptos de claridad, numeración, concisión, precisión, orden y separación (Bayo, 2001: 47-8): … se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de … Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.

3.

La lingüística oracional y el español jurídico. Estilística, léxico y vocabulario

La lingüística oracional, esto es, el estudio de los componentes de la oración, sobre todo, el léxico-semántico, el sintáctico-semántico y el estilístico, ha sido la metodología dominante en el análisis y descripción20 de todas las lenguas. Dicho con otras palabras, casi todas las metodologías lingüísticas de los últimos tiempos han sido oracionales (Alcaraz, 1990, 2000), es decir, han asumido que la ora-

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ción es su unidad máxima de análisis. En efecto, en su estudio del lenguaje como sistema, tanto la lingüística moderna (el estructuralismo, el generativismo) como la gramática tradicional (la de Donato, Prisciano, el Brocense, etc.) han sido oracionales. En las últimas décadas, cuando la lingüística ha puesto todo su empeño en el análisis del uso del lenguaje, el marco oracional se le ha quedado corto y, al superar el límite de la oración, se ha convertido en lingüística supraoracional. La meta de la lingüística oracional es el análisis de la competencia lingüística del hablante, es decir, el conocimiento interno o posesión intuitiva que tiene el hablante nativo idealizado de su propia lengua, con independencia de que sea consciente o no de ese conocimiento. La meta de la lingüística supraoracional, que comentamos en la segunda parte del capítulo cuatro, es la competencia comunicativa, también llamada competencia discursiva. En el estudio del español jurídico es imprescindible el análisis de las dos competencias citadas. En la segunda parte del capítulo cuatro estudiaremos algunas cuestiones de la lingüística supraoracional; ahora comenzaremos en este punto por la competencia lingüística, y dentro de ella por las tendencias estilísticas del vocabulario, para lo que comentaremos someramente los significados de «estilística» y de «vocabulario». Uno de los objetivos de la estilística21 es el estudio de los diversos efectos o impresiones subjetivas que percibe el receptor de un mensaje por medio de diversos recursos lingüísticos, como pueden ser las imágenes utilizadas, las connotaciones generadas y las preferencias o repeticiones léxicas o sintácticas, entre otros. Los términos léxico y vocabulario son equivalentes, dado que ambos comprenden, en principio, la totalidad de las palabras o unidades léxicas de una lengua. Sin embargo, con frecuencia se pueden encontrar diferencias entre uno y otro. Así, el término «léxico» se aplica normalmente a la clase lingüística abierta de una lengua, formada por unidades léxicas, que está enriqueciéndose constantemente por medio de neologismos, barbarismos, lenguaje figurado,22 etc., mientras que el vocabulario es una clase cerrada formada por los vocablos23 de una especialidad, los de una época, los idiosincrásicos de un autor, etc. La lingüística oracional en sus diversas manifestaciones cuenta con una rica metodología para analizar y comprender mejor el léxico o vocabulario del español jurídico (denotaciones, connotaciones, sinónimos, antónimos, dobletes, campos semánticos, selecciones léxicas, etc.).

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Las tendencias léxico-estilísticas más importantes del español jurídico

En este punto abordaremos las tendencias léxico-estilísticas más importantes del español jurídico y sus fuentes clásicas y modernas; en el capítulo dos analizaremos el significado de las palabras jurídicas desde el punto de vista de la traducción y, en el tres, los problemas traductológicos del vocabulario del español jurídico. He aquí algunas de las tendencias estilísticas del léxico del español jurídico: a)

El gusto por lo altisonante y lo arcaizante

El vocabulario del español jurídico es con frecuencia altisonante, y al ser grandilocuente no puede en ocasiones evitar la connotación de «exageración» o «afectación». Por ejemplo, en la oración que sigue, sacada de la LEC de 2000, la palabra «óbice» puede llevar la connotación de «irónicamente culto»,24 que apunta el DUE, y la acepción de «figura, concepto o principio» que se le da a «instituto», referido a «la acumulación de procesos», no aparece en los diccionarios oficiales: En cuanto a la acumulación de procesos, se aclaran los presupuestos que la hacen procedente, así como los requisitos y los óbices procesales de este instituto.25

El artículo 17 de la LEC de 2000 dice: El tribunal proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las actuaciones y oirá por diez días a la otra parte.

Posiblemente en el uso jurídico «por diez días» quiera decir «en el plazo máximo de diez días», pero en el español común es una expresión totalmente equívoca, máxime en el contexto del verbo «oír».26 Expresiones como ésta chocan con el anhelo del legislador de la LEC de 2000, expresado en su preámbulo, de que el lenguaje jurídico «resulte más asequible a cualquier ciudadano». Otro término del que se suele abusar de forma innecesaria es el verbo «desprenderse», en detrimento de sus sinónimos «inferirse» o «deducirse»: Si del cotejo o del otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento… Cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble…

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Según el DRAE, la acepción anterior de «desprenderse» pertenece al lenguaje figurado; el significado denotativo de este término (desapropiarse de una cosa) también aparece con frecuencia en el texto citado: Si la persona […] no estuviere dispuesta a desprenderse del documento para su incorporación a los autos.

La tendencia hacia lo altisonante se complementa con el gusto por el elemento arcaizante que percibe el ciudadano medio en muchos de los términos jurídicos: «fehaciente», «proveído», «pedimento», «elevar un escrito», «decaer en su derecho», «librar carta de pago», etc. (de Miguel, 2000). El gusto de lo arcaizante también se nota en el empleo del futuro imperfecto de subjuntivo (El que matare…),27 el de pronombres poco usados (cualesquiera),28 etc. b)

El apego a fórmulas estereotipadas. El léxico relacional

Al gusto por lo altisonante y lo arcaizante hay que añadir el apego a fórmulas estereotipadas, como la que sigue, extraída de una sentencia reciente de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid: Que estimando como estimo en parte la demanda interpuesta por el procurador don V. C. H. en nombre de xxx contra yyy, representado por el procurador don M. L. T., debo acordar y acuerdo:

Fórmulas como éstas ya han sido parodiadas en el cine y en los medios de comunicación, por ser retóricas y no aportar nada a la comunicación. Habría quedado el mensaje más claro para el ciudadano medio con expresiones como la que sigue o similares: Estimo en parte la demanda interpuesta por el procurador don V. C. H. en nombre de xxx contra yyy, representado por doña M. L. T. y, consecuentemente, acuerdo:

El léxico tampoco escapa a esta tendencia formulística, especialmente el léxico relacional. El léxico puede ser simbólico y relacional o funcional. En el primero las unidades actúan de símbolos de la realidad (ley, demanda, sentencia, apelación, etc.); en el segundo, señalan relaciones existentes entre las diversas unidades de la oración y del discurso: A tenor de lo previsto en el art. 7 de la ley … Mediante resolución del rector…; mediante concurso de méritos…

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Previo informe del departamento correspondiente…; previa deliberación del Consejo de Ministros… Por ésta mi sentencia29 lo pronuncio, mando y firmo.

El excesivo apego a fórmulas estereotipadas y, en cierto sentido, fosilizadas, se percibe no sólo en el léxico simbólico (corresponder en Derecho, ser conforme a Derecho, con arreglo a ley, de conformidad con la orden ministerial, etc.) sino también en las locuciones prepositivas del vocabulario relacional antes citado, uso que coadyuva a la consecución del efecto altisonante y arcaizante comentado en el apartado a). He aquí algunos ejemplos: A LOS EFECTOS DEL APARTADO 3 (for the purposes of paragraph 3 aux fins du paragraphe 3). A INSTANCIA DE (at the request of, ex parte - à la demande de, à la requête de). A TENOR DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 (under section 23 - à l’avenant de l’article 23). A TÍTULO EXCEPCIONAL (exceptionally - à titre exceptionnel). EN AUSENCIA DE DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO (in the absence of procedural provisions - en l’absence d’une disposition de procédure). EN CASO DE AUTO DE SOBRESEIMIENTO (in the event of stay of proceedings, where a case does not proceed to judgment30 - en cas d’ordonnance de non-lieu). EN DETRIMENTO DE (to the detriment/prejudice of, at the expense of - au préjudice de). EN MATERIA CIVIL/PENAL, etc. (in civil/penal suits/matters/cases, under civil/penal law rules, etc. - en matière civile/pénale, etc.). EN SU CASO (where relevant/appropriate, as the case may be, should the issue arise - le cas échéant, s’il y a lieu). EN VIRTUD DE (in accordance with, by virtue of - en vertu de). SALVO DISPOSICIONES EN CONTRARIO (unless otherwise provided sauf disposition contraire). SIN PERJUICIO DE (without prejudice to, subject to, save as - sans préjudice de).

c)

La audacia en la creación de nuevos términos

El gusto por lo altisonante y lo arcaizante y la inclinación hacia las fórmulas estereotipadas quedan compensados por la audacia y la facilidad con que el español jurídico crea nuevos términos. Por ejemplo, las condiciones generales de un contrato son las cláusulas contractuales «predispuestas», es decir, preparadas anticipadamente por

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una parte, que las impone a la otra. Pues bien, a la parte contractual que predispone se la llama «predisponente»: … siendo una de las partes calificada como predisponente y la otra como adherente (Sánchez Calero, 1999: 136-37).

Otro ejemplo de esta facilidad, lo encontramos en «alimentista» y «alimentante» dentro del derecho a la prestación de alimentos:31 El derecho a la prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse por la ley nacional común del alimentista y del alimentante.

En cambio, la tendencia lingüísticamente conservadora del hispanohablante en general hace que en algunos casos sienta cierto reparo a la hora de acudir a los recursos morfológicos normales para la formación de palabras; por ejemplo, «exitoso» fue considerado malsonante durante mucho tiempo y, aunque está recogido por el DRAE, algunas personas aún se resisten a aceptarlo. Ésta no es la posición de los operadores del español jurídico, quienes si consideran que necesitan un término, lo crean sin sentir escrúpulos ni sentimiento de inoportunidad lingüística, por ejemplo, «garantista», anulatorio»,32 «doctrina contractualista», «elemento culpabilístico», «fase autorizatoria», etc. En algunos casos, esta tendencia parece excesiva, como se puede comprobar en «alienidad» (del verbo «alienar») y en «originación» (del verbo «originar») que, en principio, no parecen tan necesarios: Desde el punto de vista objetivo se excluyen ciertos contratos que por sus características específicas, por la materia que tratan y por la alienidad de la idea de predisposición contractual… Las fuentes del Derecho Administrativo no son otra cosa que el procedimiento de originación de normas jurídico-administrativas (definición encontrada en un libro de texto).

Los ejemplos de «alienidad» y «originación» demuestran que es tal el grado de automatismo lingüístico alcanzado entre los profesionales del Derecho que ni siquiera hace falta que los términos acuñados por este procedimiento pertenezcan estrictamente a la esfera jurídica. El automatismo de creación léxica, si es excesivo, puede dar pie a una jerga insufrible, como en los ejemplos que siguen: … desempeña su actividad con habitualidad en nuestro país… … la aludida ajenidad con el hecho… … el hecho habilitante de la autorización preceptiva…

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… caso de conocer la eventualidad de su ilicitud… … la necesariedad de la conducta omisiva…

Esta tendencia a crear términos nuevos de forma automática está tan arraigada entre los juristas que, como hemos podido comprobar, con cierta frecuencia, muchos de ellos se sorprenden al ser preguntados por el significado preciso de voces por ellos creadas, que consideran semánticamente transparentes y de uso común. La lista es muy larga: de «exacción», «exaccionar»; de «excepción», «excepcionar»; de «afiliar», «desafiliar»; de «ajeno», «ajenidad»; de «admitir», «inadmitir»; de «causar», «causación», etc. Por una parte, se debe aplaudir la creación de palabras jurídicas que llenan un hueco o añaden precisión a otro creado,33 pero por otra, la impresión que saca el lector no especialista en Derecho es que el automatismo con el que los operadores jurídicos confeccionan nuevas palabras es excesivo en ocasiones, ya que algunas como «necesariedad», «originación» y otras son superfluas a simple vista, puesto que la situación se resolvería con elegancia y de una manera espontánea o natural volviendo a «necesidad», «origen», etc. d)

La redundancia expresiva léxica

Un rasgo característico del lenguaje jurídico, a caballo entre la lexicología y la morfosintaxis, es la redundancia expresiva a través de constelaciones sintáctico-semánticas. Dado que el jurista percibe que los significados de las unidades léxicas son en ocasiones resbaladizos, intenta precisarlos más, colocando a su lado una palabra de significación muy aproximada, como se puede ver en la oraciones que siguen: una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que exprese y materialice… para procurar acoger y vertebrar los planteamientos… una nueva ley que afronte y dé respuesta a problemas de imposible o muy difícil solución…

A esta predisposición34 a precisar el significado de una palabra, haciéndola acompañar de otra cuyo sentido sea muy aproximado, lo llamamos «redundancia expresiva léxica», que no es una tendencia aislada, ya que se puede encontrar en párrafos enteros de escritos jurídicos, como el que a continuación presentamos: Los innumerables preceptos acertados de la Ley de 1881, la ingente jurisprudencia y doctrina generada por ella, los muchos informes y sugerencias recibidos de distintos órganos y entidades, así como de

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profesionales y expertos prestigiosos, han sido elementos de gran valor e interés.

Algunos llaman a esta redundancia léxica «dobletes» o «parejas» cuando se utilizan dos palabras, y «tripletes» o «tríos», cuando son tres:35 que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal… sin que apenas se propongan y se logren mejoras apreciables. … disposiciones superlativamente dispersas, oscuras y problemáticas. … se cita, llama y emplaza para la comparecencia inicial…

Esta tendencia hacia los dobletes es muy corriente en la redacción general de un buen número de textos jurídicos. Como se puede ver en los ejemplos que siguen, en muchos casos son necesarios y, en otros, se trata de un simple artificio: en la práctica y valoración de la prueba… esta nueva Ley está llamada a ser ley procesal supletoria y común… las infracciones legales sobre jurisdicción y competencia objetiva y declarable de oficio. Por todo ello, esta Ley prevé que se pueda aducir y corregir la eventual infracción. … pretende efectuar una expresa y solemne manifestación de homenaje. … en aras de la libertad y convivencia en paz. … como una muestra de gratitud por el servicio doloroso y fecundo prestado.

e)

La inclinación hacia la nominalización. La relexicación

Se llama nominalización a la transformación que convierte una oración en un sintagma nominal, como se observa en estos ejemplos: Ellos rechazaron la oferta –––––→ Su rechazo de la oferta. Ella criticó el libro ––––––––––––→ Su crítica del libro.

Pero también se llama nominalización al proceso de formación de nombres a partir de una base perteneciente a otra categoría, sea un adjetivo (de efectivo, efectividad), un verbo (de recaudar, recaudación) u otro nombre (de campesino, campesinado). La mayoría de las nominalizaciones jurídicas, como las de la lengua común, se forman con sufijos como -idad (prolijidad, veracidad, etc.) -miento (establecimiento, aprovisionamiento, etc.), -ción (ejecución, determinación, realización, etc.) y muchos otros. Es tal la influencia que la

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EL ESPAÑOL JURÍDICO

nominalización ejerce sobre el redactor jurídico que, cuando necesita pasar desde la significación más estática de la nominalización a la más dinámica del verbo, en vez de utilizar éste lisa y llanamente, suele conservar la nominalización precedida de otro verbo, que llamamos «vacío» porque no añade nada al significado de la nominalización. De esta forma, se dice: «proceder a la admisión» en vez de «admitir»; «presentar una reclamación» en vez de «reclamar»; «llevar a cabo la administración de la justicia» en vez de «administrar justicia»; «pronunciar sobreseimiento» en vez de «sobreseer»; «dictar una resolución» en vez de «resolver»; «interponer recurso» en vez de «recurrir»; «dar cumplimiento» en vez de «cumplir».

La mayoría de los verbos vacíos son sinónimos parciales de «hacer» (efectuar, realizar, llevar a cabo, entablar, practicar, lograr, proceder, etc.), «decir» (pronunciar, declarar, decretar, manifestar, presentar, exponer, etc.), «tomar» (recibir, aceptar, etc. ), y otros más. He aquí algunos ejemplos: El tribunal decretará el sobreseimiento de [sobreseerá] un pleito cuando no sea posible determinar las pretensiones del actor. El empresario procederá a descontar y retener… [descontará y retendrá]

El exceso de nominalizaciones torna en premioso el discurso jurídico, sin contar las muchas cacofonías que se pueden escapar al redactor, como las que siguen, motivadas por la repetición de cuatro palabras acababas en -ión: Con otras reglas: no suspensión de la ejecución, condena en costas en caso de desestimación de aquélla e imposición de multa cuando se considere temeraria (LEC).

Se podría haber evitado esta cacofonía utilizando la forma verbal, por ejemplo, en las dos últimas palabras acabadas en -ión:36 … si se desestima aquélla y se impone una multa…

Estas repeticiones no eufónicas son frecuentes en los textos de la Administración:

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RASGOS GENERALES DEL ESPAÑOL JURÍDICO

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En los concursos regulados por los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión en el acto de presentación la siguiente documentación.37

Acabamos de comentar que la excesiva nominalización puede ser la causa de construcciones sintácticas poco felices. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la nominalización no es sólo un fenómeno léxico-sintáctico; es también una estrategia organizativa del mensaje (Fowler, 1986), que en absoluto es ingenua o neutra, ya que con ella se omite mucha información importante de los enunciados, como pueden ser los participantes (quién hizo qué cosa a quién), el tiempo y el aspecto verbal, la modalidad, etc.38 Uno de los objetivos de la nominalización, al igual que la pasivización, es ocultar la identidad del autor de la acción y, por tanto, eludir su responsabilidad. En los textos jurídicos y políticos se suelen emplear palabras altisonantes como «ocupación», «invasión», «operación», «intervención», para eludir la responsabilidad de quien efectuó la ocupación, la invasión, la operación o el bombardeo (Floyd, 1999: 269 y ss.). Una consecuencia de la nominalización es el fenómeno llamado «relexicación» (Fowler, 1986), que es la acuñación de conceptos especializados que con frecuencia transportan valores oscuros o misteriosos a veces mágicos o prodigiosos; es el caso de términos jurídicos tales como «ejecutoriar», «desapoderar», etc. He aquí algunos ejemplos: REPETIR (bring third-party proceedings, join a third party - répéter): reclamar contra tercero, a consecuencia de evicción, pago o quebranto que padeció el reclamante:

Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda, podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el actual propietario. ADHERIRSE (appeal jointly with the opposing party, join with or ratify the appeal lodged by the opposing party - faire appel incident, adhérer à, se joindre à): utilizar, quien no lo había interpuesto, el recurso entablado por la parte contraria:

Formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta.

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EL ESPAÑOL JURÍDICO ENERVAR (neutralise the cause of action, pre-empt or forestall further proceedings by complying with the claim - acquiescer): dejar sin efecto una acción.

El deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado. … las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, haciéndolas innecesarias o menos gravosas.

5.

Las fuentes clásicas del español jurídico

Los latinismos son la fuente clásica por excelencia del español jurídico. Sin embargo, también deben mencionarse, por su influencia cultural e histórica, los helenismos y los arabismos: 5.1.

LOS LATINISMOS

El español jurídico está lleno de latinismos, que son las palabras, los giros y las expresiones procedentes del latín. Las causas no pueden ser más evidentes: el español, como lengua romance que es, procede del latín, y el Derecho español está basado en el romano. Al hablar de los latinismos de esta especialidad se suelen hacer dos grandes grupos: el de las formas latinas que se han tomado prestadas en su forma original, que son los préstamos llamados «latinismos crudos», y el de las palabras exclusivamente jurídicas derivadas del latín. Creemos que debe citarse dentro de los latinismos un tercer grupo, el de los prefijos clásicos latinos, por el influjo que tienen en la formación de términos jurídicos: a)

Grupo primero

El lenguaje cotidiano está lleno de latinismos crudos, tales como a priori, a posteriori, in extenso, in situ, memorándum, modus vivendi, mutatis mutandis, córpore insepulto,maremágnum, referéndum, sui géneris, etc. Los de la lista que sigue son exclusivamente de carácter jurídico: A QUO, AD QUEM: se emplean en las expresiones «tribunal a quo» (que es el tribunal cuyo fallo se recurre) y «tribunal ad quem» (tribunal ante el que se acude contra el fallo de otro inferior). Véase a quo y ad quem en la pág. 258. AB INITIO: desde el principio.

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