Elecciones por usos y costumbres en México Petra Armenta Ramírez *

Resumen: El artículo se aboca a describir, sintetizar y analizar al sistema electoral por usos y costumbres en el contexto mexicano, tratando de presentar una imagen general sobre sus principales características y los principios en que se sustenta. Se deja asentado en estas líneas que uno de los desafíos que se tienen que atender con los municipios indígenas en su interior; es hacer compatible el derecho y la costumbre, de tal suerte que la tradición política indígena no pierda su identidad frente al derecho positivo. Evitar que el gobierno, los partidos y los caciques regionales continúen con la manipulación y el control en muchos municipios de usos y costumbres. Palabras claves: Elecciones, derecho, usos y costumbres. Abstract: The article aims to describe, synthesize and analyze the electoral system by uses and customs in the Mexican context, trying to present a general image on its main characteristics and the principles in which it is supported. It is left written down in these lines that one of the challenges that have to be attended with the native municipalities in their interior, is to make law and custom compatible, so that the native political tradition doesn’t lose its identity against positive law. To avoid that the government, the parties and the regional overlords continue with the manipulation and control in many municipalities of uses and customs. Key words: elections, law, uses and customs.

Sumario: Introducción 1. El sistema electoral indígena 2. Elecciones por usos y costumbres. Epílogo. Bibliografía.

Introducción El reconocimiento de las instituciones electorales indígenas ha sido parte de una amplia política de reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas. La legalización de los usos y costumbres electorales implica el reconocer que las diferencias culturales son importantes en el ámbito de lo público y por lo tanto que el constitucionalismo moderno, implica el reconocer la validez de prácticas institucionales que en algunos aspectos importantes son diferentes de las tradicionalmente reconocidas por la Constitución Mexicana. La vigencia de formas propias de organización comunitaria en municipios indígenas, nos habla de la preservación de la identidad y el reforzamiento de la solidaridad interna. En marco *

Doctora en Derecho por la Universidad Veracruzana. Profesora-investigadora en la misma casa de estudios. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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más amplio podemos decir que el movimiento indio de las últimas décadas ha luchado por el reconocimiento de sus derechos como pueblos indios, a una identidad cultural, a un territorio, a regirse por sus propias instituciones, a la autodeterminación. En esta lucha, una pieza clave es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios ha sido el Convenio 169 de la OIT. La relación de los pueblos indios con el Estado Mexicano no ha sido nada fácil, de hecho, las actuales formas de organización en las comunidades indígenas tienen ya una larga historia. En este sentido influyen los avances legislativos a nivel internacional para el que Estado Mexicano busque adecuarse a los nuevos tiempos. El sistema electoral de usos y costumbres se ha transformado de una manera continua en el tiempo, pero dispareja en el espacio. Esta evolución diferenciada ha sido determinada por una serie de historias sociales, económicas, políticas y étnicas fundamentalmente locales, por lo que en la actualidad encontramos una serie de variaciones de municipio a municipio, de comunidad a comunidad. No es posible entonces ofrecer una descripción unívoca y definitiva del sistema electoral de usos y costumbres. Sin embargo, es por supuesto posible presentar una imagen general sobre sus principales características y los principios en que se sustenta.

1. El sistema electoral indígena México es un país en el cual se reconoce que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, mismo que en todo tiempo, tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, si bien a través del procedimiento de reforma Constitucional previsto expresamente (artículos 39 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Dicha Nación, como forma de Estado, se ha constituido como una república representativa, democrática y federal (artículo 39 y 40 de la Constitución Federal). El Estado Federal Mexicano está integrado por 31 estados que son autónomos en lo concerniente a su régimen interior, y un Distrito Federal que se denomina Ciudad de México y es la sede de los poderes federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos( artículo 40 y 44 de la Constitución Federal). Esta característica del régimen democrático y representativo del Estado Federal mexicano llega a sus consecuencias más próximas a los ciudadanos, ya que en los estados existe una organización municipal, la cual es su base de la división territorial y organización política y administrativa, y para el caso del Distrito Federal, se prevé el establecimiento de órganos político-administrativos(delegaciones), atendiendo a la demarcación territorial en que se divide dicha entidad federativa (artículos 115 y 122, apartado C, Base Tercera, Fracción II, de la Constitución Federal). Como puede apreciarse, en el sistema jurídico mexicano 1 , existe una gran diversidad de disposiciones jurídicas, porque el sistema de distribución de competencias o de descentralización normativa permite que cada órgano del poder público de los distintos ámbitos competenciales validamente pueda legislar, sobre una misma materia que esté reservada a los Estados, pero con la sabida obligación constitucional de respetar la supremacía constitucional y los demás principios que se prevén por los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución 1

Elisur Arteaga Nava, Derecho constitucional, Harla, México, 1998, pp. 16-26.

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Federal y que pasen por el tamiz procedimental respectivo (art.76, fracción I;89, fracción X, y 133 de la Constitución Federal. De esta manera por ejemplo, en México existe una Constitución Federal y, en un plano inferior, treinta y un constituciones locales, así como un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, lo cual, por razones obvias, puede propiciar que, en las leyes locales, se establezcan disposiciones jurídicas que amplíen o limiten los derechos básicos o fundamentales, o bien, las llamadas garantías individuales que se prevén en el sistema jurídico mexicano, lo cual, de suyo, puede implicar que a la larga se articule un sistema de tutela jurídica que sea desigual para las personas. Esta característica del Estado Federal Mexicano, ha propiciado, que en materia de derechos indígenas, existan desarrollos normativos y regulaciones legales diferenciadas, lo cual va en detrimento de la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como lo serían la participación política, ya que, en el todavía vigente artículo 4 constitucional, en la materia sólo se contienen ciertos principios muy genéricos e infinidad de conceptos indeterminados y a pesar de que, en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual es derecho positivo en México, existen principios más amplios de los que actualmente se contienen en la misma Constitución Federal. Lo cierto, es que los órganos normativos de los Estados no han atendido puntualmente a dichos principios cuando determinan o desarrollan las normas básicas en materia de derechos de la tercera generación que corresponderían a las comunidades indígenas. Esto ha implicado una situación de desigualdad para los pueblos o comunidades indígenas, según se sitúen en una u otra zona geográfica, sin que se considere para determinar su estatuto jurídico el hecho de que pertenezcan a un mismo grupo étnico, lingüístico o cultural, pues la división política de las entidades federativas del Estado Mexicano no coincide con la distribución de las comunidades indígenas. De acuerdo con los planteamientos que se formularon, el sistema jurídico mexicano, se puede establecer que los documentos y normas jurídicas fundamentales relativas a los usos y costumbres indígenas en materia participativa 2 , está: a) Constitución Federal (artículos 1 y 2, apartado A); b) Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989; c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 1, 2, 3, 25 y 27); d) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 1, 2, 4 y 5), y e) Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1, 2, 8, parágrafo 1, 23, 25,29, y 30). Sabemos que las estructuras organizacionales sociales y políticas en comunidades indígenas —como las conocemos hoy en día— fueron moldeadas originalmente durante el período colonial. Desde hace varios siglos, los pueblos y comunidades indígenas 3 asentadas en el 2

Juan Carlos Silva Adaya, Justicia electoral en usos y costumbres. Reflexiones sobre legislación electoral en municipios indígenas, IFE, México, 2004, p.49. 3 Manuel González Oropeza, et al., El derecho y la justicia en las elecciones en Oaxaca, Tomo II, Tribunal Estatal del Estado de Oaxaca, México, 2003, p.463 y ss; Cipriano Flores Cruz, El sistema electoral por usos y costumbres:

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territorio de la actual República mexicana se gobiernan internamente por sus propias tradiciones y formas de autoridad. La conquista española y el régimen colonial respetaron, en principio, estas formas de gobierno, en tanto que no fueran contrarias a los intereses de la corona española ni a los mandamientos de la iglesia católica. Aunque las constituciones republicanas del siglo XIX, y la vigente hasta 1992, no reconocían ni autorizaban expresamente tales formas de gobierno, éstas se mantenían vigentes, gozando de reconocimiento y tolerancia tácitos. El régimen de partido hegemónico que subsistió hace pocos años facilitó el ajuste de estas tradiciones con las formalidades de las leyes, al tiempo que se salvaguardaban recíprocamente los intereses del partido y de los grupos gobernantes en las comunidades indígenas. Este sistema electoral —distinto al sistema prescrito por la Constitución Federal— contiene mecanismos de votación específicos y se basa en una serie de principios que emanan de la naturaleza propia del sistema de cargos. En este sentido, los usos y costumbres electorales y el sistema de cargos son dos estructuras institucionales de tal manera relacionadas entre sí que conforman un solo andamiaje institucional, base de un modelo indígena de autoridad pública. Los usos y costumbres no subsistirían sin la convicción de los ciudadanos de pueblos y comunidades indígenas de que debe cumplirse con las tradiciones. La costumbre es el uso implantado en la colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moribus constitutum 4 . El derecho consuetudinario tiene dos características: la práctica reiterada a través del tiempo y la opinión de que es obligatorio. Por otra parte, uso, del latín usus, es la acción de usar, es el ejercicio o práctica general de una cosa, el ejercicio habitual de obrar. Costumbre deriva del latín consuetidine 5 , práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza de precepto, plural, conjunto de inclinaciones y usos de un pueblo o individuo. De los conceptos anteriores podemos advertir que tanto la palabra uso, como la voz costumbre se refieren a prácticas reiteradas dentro de un cuerpo jurídico y político, que podemos advertir en la vida cotidiana de los pueblos indios, y que son en suma parte de la cultura, de la identidad propia de las comunidades; esto conlleva la determinación de la elección de sus autoridades bajo diversas formas en asambleas, es decir, el uso o costumbre electoral forman parte del llamado sistema normativo interno, este último es un término más preciso para definir las normas propias de cada etnia. Es importante precisar que la democracia electoral por usos y costumbres en los pueblos y comunidades indígenas deban ser entendidos a partir del principio de justicia y equidad, que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin que esto implique que por su diversidad sean considerados ciudadanos de segunda. Con base a lo descrito, tenemos que el sistema electoral de usos y costumbres se rige por principios colectivos y servicio público para el acceso a los cargos de representación, y por los El caso de los municipios indígenas de México, Instituto Electoral de Colima, México, 2001, p.42; Guillermo Trejo y José Antonio Aguilar Rivera, “Como votan los indígenas”, en Nexos, México, abril de 2000, pp.59-69. 4 Eduardo García Maynez, Introducción al estudio del derecho, Trigésima Tercera Edición, Porrúa, México, 1982, p. 61. 5 Diccionario de la Lengua Española, Espasa, Madrid, 1992, p.2052.

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mecanismos también colectivos de legitimación 6 . Estos principios y estos mecanismos ponen en juego un sistema de reglas que operan en el nombramiento de los órganos de gobierno y en un marco de libertad para determinar el procedimiento. El procedimiento electoral seguido en el sistema de usos y costumbres para renovar órganos de gobierno local, aunque es variable de municipio a municipio, sin duda alguna, tiene rasgos comunes y básicos, que dan el sustento para considerarlo como un sistema electoral, se desenvuelven en el marco de una asamblea comunitaria, en cada municipio, se siguen una serie de pasos que, de acuerdo con el registro obtenido, revelan la homogeneidad relativa del procedimiento. El sistema electoral por usos y costumbres, como cualquier sistema lectoral, depende de condiciones especificas de la estructura social y política, y en este caso, de las complejidades históricas propias del desarrollo de los pueblos comunitarios. El sistema de usos y costumbres es el resultado de procesos históricos que generó condiciones propias para un desarrollo sui generis, con base en la amalgama de dos culturas políticas, la europea y la indígena. Es un sistema basado en una democracia directa que evoca, precisamente, la democracia ateniense. También más que una elección es un sistema de designación, que se basa en una carrera pública de servicio, sancionada de manera continua por la comunidad. Es un sistema amplio, que suma la designación de autoridades para la conformación de un gobierno local. Los medios electorales del sistema de usos y costumbres son carácter eminentemente público y su base fundamental es la cultura local y regional. La justicia electoral, por su parte, se da en el marco de la asamblea comunitaria, y se observa como un fenómeno interesante es mínimo y las divergencias se resuelven mediante mecanismos automáticos de conciliación. El sistema electoral por usos y costumbres en las comunidades indígenas, tienen un pasado, tienen un futuro y es, en resumidas cuenta, una opción democrática.

2. Elecciones por usos y costumbres Los permanentes reclamos de los pueblos indígenas y la prominencia internacional que adquirió el reconocimiento de sus derechos, han llevado a una importante modificación de las coordenadas en las que se desarrollan los procesos políticos y sociales en las etnias del país 7 . En el mismo año de 1992 se llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 4 constitucional que a la letra dice que "la Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas..." Este reconocimiento se traduce en distintas disposiciones legales que garantizan la aceptación de las instituciones tradicionales indígenas, y de sus usos y costumbres. La ley mexicana autoriza que en ciertas condiciones, la elección de cargos municipales se realice sobre la base de los procedimientos de decisión ancestralmente utilizados por las poblaciones indígenas locales, y el derecho indígena conocido como "usos y costumbres", por lo que se reconoció por primera vez la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana, a la vez que se formulaban también un primer reconocimiento a las costumbres y usos jurídicos propios de los pueblos y comunidades indígenas. 6

Emilio Arenas Bátiz, Reflexiones en torno a la integración y prueba del derecho electoral consuetudinario indígena, México, IFE, 2003, pp. 158 y ss. 7 Héctor Fix Fierro, Los derechos políticos de los mexicanos, 2ª. Ed. UNAM/IIJ, México, 2006, p.64.

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El reconocimiento de este derecho y de las instituciones tradicionales indígenas 8 , muchas de las cuales tienen una realidad de hecho indudable, ha avanzado en México en los últimos años, aunque es todavía incipiente. En el nuevo texto institucional de aborda explícitamente el reconocimiento de su libre determinación y autonomía, lo que incluye sus formas propias de gobierno. De acuerdo con la fracción III del apartado A del artículo 2o., constitucional. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 14 de agosto del 2001). Para el reconocimiento y regulación de estos derechos en los municipios, la constitución remite a las constituciones y leyes de las entidades federativas, determinado que la reglamentación local tendrá “el propósito de fortalecer la participación y la representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas”. Como ejemplo de está regulación de las modalidades por usos y costumbres, podemos mencionar al Estado de Oaxaca, excepcional toda vez que habitan pueblos cuya tradición, historia y composición territorial es símbolo de la identidad en la diferencia y de la unidad en la pluralidad. Además de contar con la mayor riqueza ambiental, étnica y lingüística del país, por la presencia de sus pueblos indígenas, Oaxaca es la entidad federativa con el mayor número de municipios, concentrando el 23% del total nacional. La necesidad de trazar el futuro jurídico de una pluralidad necesaria, en apego a los avances en materia de derechos políticos de los pueblos indígenas, se ha integrado al derecho electoral los principios nominativos de las prácticas democráticas seguidas por las comunidades para renovar sus órganos de gobiernos locales, por cuyo carácter consuetudinario son conocidas como de usos y costumbres. En Oaxaca 418 municipios se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, y 152 municipios están en el régimen de partidos políticos, reconocidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. En 1995 se reforma el artículo 25 penúltimo párrafo de la constitución estatal que dice” la ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas, que hasta ahora han utilizado para la elección de sus ayuntamientos”. Con fundamento en esta disposición dos reformas al Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales del Estado (CIPPEO), de 8

Véase con mayor profundidad el desarrollo de los Derechos políticos de los pueblos indígenas de México, en Emilio Gidi Villarreal, Porrúa, México, 2005. En donde nos proporciona elementos teóricos de “conceder a estos pueblos y a sus integrantes derechos diferenciados, sin que tal acción represente necesariamente violentar la naturaleza del Estado”. El texto nos brinda un análisis histórico desde el multiculturalismo, entendiéndolo como una vía hacia la aceptación del otro, de su derecho de ser y de sus libertades.

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1995 y 1997, establecieron las reglas que rigen las elecciones por usos y costumbres (art. 109 a 125). De acuerdo con dichas disposiciones, los municipios que cumplan determinadas condiciones pueden acogerse al régimen de elecciones por usos y costumbres, por oposición a las elecciones con la participación de los partidos políticos. El CIPPEO dispone, además, que los ayuntamientos electos bajo normas de derecho consuetudinario no tendrán filiación partidista (art. 118), y confiere al IIEO la facultad de resolver las controversias, que se presenten, previa búsqueda de conciliación entre las partes (art.125). En Oaxaca, la Constitución estatal y la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, contienen avances notables en materia indígena respecto al contexto nacional. En 1985 se introduce el Tlaxcala 9 lo que podríamos llamar el "principio de representación comunal y territorial", dentro del ayuntamiento, con los "regidores de pueblo". Los delegados o agentes del ayuntamiento en los pueblos rurales y en los barrios urbanos ya no son designados por el ayuntamiento sino electos por la comunidad. Al mismo tiempo, son incorporados como regidores al ayuntamiento ("regidores de pueblo"). El ayuntamiento está compuesto así por tres tipos de regidores: 1) los de mayoría relativa, 2) los de representación proporcional y 3) los de pueblo (representación comunal y territorial). El ayuntamiento amplía el número de sus regidores según la cantidad de regidores de pueblo, aunque permanezcan en número fijo los regidores de mayoría y de representación proporcional. El efecto trascendental de la introducción de la "representación comunal y territorial" en el ayuntamiento tlaxcalteca se refleja en que ahora las entidades que forman parte del municipio (pueblos rurales, comunidades urbanas) están representadas en el órgano de gobierno municipal. En 1995 se introduce en la Constitución del estado de Tlaxcala la figura de la "presidencia municipal auxiliar", donde el "presidente municipal auxiliar" sigue perteneciendo al ayuntamiento como "regidor de pueblo" pero con atribuciones y recursos municipales, legislados por el Congreso local, que ejercen en su ámbito microlocal. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 87 fracción IV inciso b, reconoce dos sistemas de elección de presidentes de Comunidad en el Estado: por el principio de sufragio universal, libre, directo y secreto y la modalidad de usos y costumbres. Con el reconocimiento al sistema de usos y costumbres como un método de elección, el Estado respeta las formas de organización política y social propias de las comunidades que practican este método concediéndoles a los presidentes de Comunidad electos bajo este sistema, las mismas atribuciones que a los electos por el principio de sufragio universal. Antes de las reformas en materia electoral, las comunidades que practican este método de elección no estaban obligadas a informar sobre sus elecciones de Presidentes de Comunidad al Instituto Electoral de Tlaxcala y, a su vez, este no estaba facultado para intervenir en las 9

Farideh A. Espinoza Ponce, “Usos y costumbres: elecciones en Tlaxcala”, en Con ciencia política, número once, México, 2006, pp. 110-125.

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elecciones por usos y costumbres, pero con la legislación electoral vigente y las reformas al artículo 116 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, se faculta y se obliga a dicho Instituto a tener presencia en las asambleas y dar asistencia técnica, jurídica y logística que se requiera. Existe un catálogo que permite identificar a 98 comunidades que eligen a sus presidentes por el sistema de usos y costumbres, en 24 de los 60 municipios que integran el Estado de Tlaxcala. La legislación en Chiapas busca un compromiso entre el sistema de usos y costumbres y el régimen de partidos. El artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado “reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, nombradas por consenso de sus integrantes y conforme a sus propias costumbres”. Estás autoridades no sólo incluyen las electas para efectos de la integración del correspondiente ayuntamiento. Por su parte, el artículo 37, fracción XV, del Código Electoral del Estado señala, como obligación de los partidos: “En los distritos y municipios con población predominante indígena, los partidos políticos preferirán registrar candidatos a ciudadanos indígenas, previo proceso de selección interna, respetando sus tradiciones, usos y costumbres; y que en las planillas para la integración de los ayuntamientos, la población indígena de esos municipios estén preponderantemente representadas”. Las Constituciones estatales de Jalisco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo reconocen los derechos de los pueblos indígenas; las leyes electorales de Guerrero, Puebla y Sonora, a pesar de reconocer los usos y costumbres en materia electoral no determinan recursos o medios de impugnación para el caso de que se presenten alguna violación a los derechos políticos electorales de los integrantes de las comunidades indígenas.

Epílogo La finalidad esencial de la justicia electoral ha sido la protección o tutela del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes a efecto de impedir que pueda violarse la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la constitucionalidad, legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los comicios. En las comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres enfrentan una serie de problemáticas y retos en relación a la elección de autoridades y el marco jurídico en que éstas se realizan son diversas, pasan por la velada participación de los partidos políticos, el papel de las autoridades municipales, amén de otros conflictos que existan en los municipios. Entre los desafíos que se tienen con los municipios indígenas, en su interior, en la legislación y en las instituciones políticas es hacer compatible el derecho y la costumbre, de tal suerte que la tradición política indígena no pierda su identidad frente al derecho positivo. Evitar que el gobierno, los partidos y los caciques regionales continúen con la manipulación y el control en muchos municipios de usos y costumbres. No hay un órgano de control constitucional estatal, y por está razón, para el caso de que sean individuos los que vean afectados sus derechos políticos electorales en el sistema de usos y costumbres que son muchas veces diversos a los de la elección por el régimen de partidos. En este último sentido, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas quedarían en el papel, sin validez real. Al ciudadano ante la falta de tutela local de sus derechos le queda como única alternativa el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

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Es primordial que en los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres debiera realizarse en el ámbito nacional para que una ley indígena federal pudiera determinar con precisión los supuestos normativos en que se daría el ámbito de aplicación de la misma, esto último con el objeto de que las leyes sean reales y no disposiciones declarativas en el papel, sin aplicación práctica o que hagan pervivir la alta marginación de los pueblos y comunidades indígenas. Resulta indudable que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no puede quedar sin la tutela de los derechos individuales dentro del propio sistema normativo interno, sólo de esta manera se logrará la justicia en las prácticas democráticas de los destinatarios de la ley.

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Bibliografía ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho constitucional, Harla, México, 1998. ARENAS BÁTIZ, Emilio, Reflexiones en torno a la integración y prueba del derecho electoral consuetudinario indígena, México, IFE, 2003. Diccionario de la Lengua Española, Espasa, Madrid, 1992. ESPINOZA PONCE, Farideh A., “Usos y costumbres: elecciones en Tlaxcala”, en Con ciencia política, número once, México, 2006. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho. Trigésima Tercera Edición, Porrúa, México, 1982. GIDI VILLARREAL, Emilio, Los derechos políticos de los pueblos indígenas mexicanos, Porrúa, México, 2005. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, et al., El derecho y la justicia en las elecciones en Oaxaca, Tomo II, Tribunal Estatal del Estado de Oaxaca, México, 2003. FIX FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, 2ª. Ed. UNAM/IIJ, México, 2006. FLORES CRUZ, Cipriano, El sistema electoral por usos y costumbres: El caso de los municipios indígenas de México, Instituto Electoral de Colima, México, 2001. SILVA ADAYA, Juan Carlos, justicia electoral en usos y costumbres. Reflexiones sobre legislación electoral en municipios indígenas, IFE, México, 2004. TREJO, Guillermo y José Antonio Aguilar Rivera, “Como votan los indígenas”, en Nexos, México, abril de 2000.

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