INFORME DE AMARC GUATEMALA ANTE EL RETROCESO EN EL PROCESO DE REFORMA LEGISLATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH

Ciudad de Guatemala, 06-03-2007

Estimado Dr. Ignacio Alvarez Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1. Fundamentos del informe AMARC Guatemala elabora el presente informe para hacerle conocer los avances y retrocesos habidos en el proceso de la reforma legislativa que incluya las radios comunitarias de los pueblos mayas, xincas, garífunas y otros sectores vulnerables de la población de Guatemala, en cumplimiento a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, al Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, al Convenio 169 de la OIT y a la Constitución de la República. En función de esta información, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por las últimas decisiones tomadas por la Presidencia de Guatemala y solicitamos la urgente y enérgica intervención de la Relatoría para evitar la aplicación de la política represiva que pasamos a denunciar y reorientar el proceso de manera que pueda concluir respetando los acuerdos alcanzados así como los criterios contenidos en los instrumentos jurídicos expresados en el párrafo anterior.

2. Antecedentes Tras la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, donde el Estado se compromete a reformar la legislación de manera que se favorezca el acceso a los medios de comunicación por parte de los pueblos mayas, xincas y garifunas, diferentes organizaciones del tercer sector se congregaron para elaborar una propuesta de iniciativa de ley que fuera encaminada en coordinación y junto a determinadas comisiones del Congreso, especialmente, la Comisión de Comunidades Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Comunicaciones. En 1998, dos años después de la firma de la Paz, ya había organizaciones como FGER, que habían empezaron a establecer contactos con diputados de estas comisiones con el objetivo de elaborar un primer borrador de articulado, que finalmente nunca fue tomado en cuenta durante la primera legislatura del proceso de paz (gobierno del PAN). En la segunda legislatura del proceso de paz (gobierno del FRG), otras organizaciones como AMARC, Mujb’abl Yol o Accecsogua, entre otras, retomaron este esfuerzo con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, además de organismos multilaterales como Minugua. Después de decenas de sesiones de trabajo en el seno del tercer sector, y entre éste y las distintas instituciones de la paz, y del Estado, además de las Comisiones del Congreso arriba mencionadas, este gobierno desconoció todos los acuerdos que se estaban alcanzando en las sesiones con las Comisiones del Congreso y terminó resolviendo en solitario con la emisión de un acuerdo gubernativo que nunca fue consultado y que otorgó algunas frecuencias en AM a organizaciones de radio eminentemente cristianas evangélicas. Este acuerdo gubernativo nunca incluyó la necesidad expresa en los Acuerdos de Paz de otorgar frecuencias para pueblos mayas, xincas y garifunas. En la tercera legislatura del proceso de paz (actual gobierno de la Gana), y siempre por iniciativa de las organizaciones de medios comunitarios que continuaron manifestando su

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intención de ser regulados–AMARC, entre otras-, se volvió a establecer contacto con diferentes autoridades del legislativo y el ejecutivo para retomar el abortado proceso de reforma legislativa. Durante la visita a Guatemala hace dos años del Dr. Eduardo Bertoni, anterior Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Estado guatemalteco se comprometió ante las organizaciones sociales a constituir una Mesa Nacional de Diálogo donde los tres sectores – público, privado y tercer sector- se sentaran a dialogar y entablar consensos alrededor de una iniciativa de ley. A punto de finalizar la legislatura del partido GANA en el gobierno, el saldo al que nos enfrentamos es: por un lado, una Mesa Nacional de Diálogo donde sólo las organizaciones del tercer sector han cumplido con su responsabilidad, puesto que desde hace un año no participan en las sesiones ni las autoridades del Estado (sector público) ni los representantes de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala (sector privado).

3. La Mesa Nacional de Diálogo A partir de la audiencia realizadas en Washington en marzo de 2005, en las que participaron representantes de radios comunitarias de Guatemala, autoridades del Estado de Guatemala como la COPREDEH y la SIT, y el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC, se acordó ante los comisionados y el Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Eduardo Bertoni, promover la convocatoria de una Mesa Nacional de Diálogo para que el sector privado, el sector público y el tercer sector tuvieran oportunidad de concertar sus diferentes puntos de vista y buscar soluciones de fondo a la problemática de los medios comunitarios en nuestro país. Coincidiendo con la visita a Guatemala del Dr. Bertoni, la Mesa Nacional de Diálogo quedó constituida en junio de 2005 con el objetivo de: “Analizar y elaborar propuestas que den pleno cumplimiento a las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República, respecto a la necesidad de reformar el marco regulador del espectro radioeléctrico de manera que incorpore criterios democráticos que aseguren una igualdad de oportunidades de acceso para todos los sectores y un uso no discriminatorio de las frecuencias radioeléctricas, entendidas como un soporte para la libre expresión de todos los guatemaltecos y guatemaltecas”. Después de la segunda sesión, pasaron casi seis meses hasta que la Mesa fue nuevamente convocada. Cuando el proceso de diálogo se reinició en el 2006, el escenario había sido modificado por las consecuencias de la política de persecución penal que había iniciado el Ministerio Público contra las radios que transmitían sin autorización. En las primeras sesiones, y a pesar de que la Mesa estuvo a punto de disolverse por la incoherencia del Estado, que no respetaba el proceso de concertación social e iniciaba una persecución penal, las organizaciones integrantes de la Mesa decidieron finalmente continuar con el proceso de diálogo y apostaron por él diseñando una metodología de trabajo que nos llevó a establecer procedimientos de trabajo y una frecuencia mensual de reuniones. Hasta julio del 2006, se contó todavía con la presencia del abogado de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, quien acudía a las sesiones en calidad de observador, y con representantes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). De ahí en adelante, y hasta marzo de 2007, no se ha vuelto a contar ni con representantes del sector privado ni del sector público.

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A pesar de los obstáculos que suponen la falta de participación de los otros sectores y el arrecio de la política de persecución penal, la Mesa Nacional de Diálogo ha continuado realizando su trabajo en cumplimiento del objetivo inicialmente trazado.

4. Continuidad al proceso de elaboración de la iniciativa de ley en el seno de la Mesa Nacional de Diálogo Cuando la Mesa fue constituida, se pidió a las diferentes organizaciones integrantes que entregaran copias de sus propuestas de ley, para ordenar los insumos que iban a servir de punto de partida al trabajo de la Mesa. En cumplimiento al objetivo de la Mesa, se han dedicado diferentes sesiones a estudiar todas las propuestas de ley existentes, tanto las elaboradas por iniciativa de las organizaciones de comunicación comunitaria, como la iniciativa de ley que se encuentra actualmente en la Comisión de Comunicaciones del Congreso y otros ejemplos de mejores prácticas que pudieran resultar de interés como instrumentos de consulta. El primer cuadro comparativo sirvió para que las organizaciones de la Mesa nos diéramos cuenta de cuáles eran los ejes de cada propuesta y dónde estaban los elementos esenciales de convergencia y divergencia entre las organizaciones del tercer sector. En términos generales, las organizaciones evangélicas de radios propugnaban el principio de libertad de culto y preferían marcos legales laxos, donde no se limite la propiedad privada ni el carácter plural y abierto de las emisoras. En cambio, las coordinadoras de radios comunitarias eran más partidarias de un marco legal amplio y detallado, que contenga llaves de seguro para garantizar la identidad de la radio comunitaria (de propiedad colectiva, a nombre de una asociación u organización, sin fines de lucro, y prohibiciones expresas al proselitismo religioso ni partidario, entre otros aspectos). Dado que fue posible identificar que estos eran los puntos clave de divergencia, las organizaciones de la Mesa decidieron delegar en AMARC la elaboración de un documento que fuera un primer intento de contener, en un articulado ordenado, los distintos puntos de vista de las organizaciones de la Mesa. La solución que se buscó para lograrlo fue el establecimiento de dos categorías distintas: radios religiosas y radios comunitarias. Cuando AMARC validó este documento en la Mesa en el segundo semestre del 2006, hubo organizaciones que mostraron su desacuerdo con la opción de las categorías. De esta cuenta, COPREDEH elaboró un nuevo cuadro comparativo de las diferentes propuestas, que es el que ha servido de instrumento metodológico para ordenar las discusiones y análisis de la Mesa hasta ahora. Actualmente, las organizaciones integrantes de la Mesa están haciendo un segundo ejercicio de redacción, a partir del documento que la Mesa solicitó a AMARC elaborar, y en el que se pretende conseguir consensos en torno a una única categoría. A fecha de febrero de 2007, se ha logrado consensuar más de la mitad de los artículos redactados originalmente. Se espera que, con una o dos sesiones más que se celebren en marzo, sea posible concluir el documento de iniciativa de ley. Sorpresivamente, el 8 de febrero de 2007 el gobierno de Guatemala aprobó el Acuerdo Gubernativo N° 43-2007 denominado “Política para resolver la Problemática de las Radios Ilegales”, que ratifica y amplía la persecución penal de las radios y toma otras medidas que no resuelven el fondo de la cuestión. Esta decisión fue tomada sin informar ni tomar en cuenta los resultados de la Mesa de Diálogo o escuchar la opinión de sus integrantes, y ni siquiera informar a la COPREDEH, que preside dicha Mesa.

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Tampoco el Estado de Guatemala ha informado a la Relatoría para la Libertad de Expresión, aunque así se ha comprometido públicamente ante la Comisión Interamericana desde marzo de 2005 en adelante, además de solicitar su acompañamiento y asesoramiento. Esta actitud y la resolución adoptada configura un desconocimiento flagrante del papel de la Relatoría y la CIDH, pedido por el propio Estado.

5. Conclusiones y petitorio Con esta acción, el Poder Ejecutivo ha desconocido por completo el proceso de diálogo, por lo que las organizaciones del tercer sector integrantes de la Mesa han manifestado en carta pública1 su rotundo rechazo a una política pública elaborada en solitario por el Ejecutivo, en carta pública enviada a todas las autoridades de instituciones públicas que firmaron el Acuerdo Gubernativo y a las Presidencias del Congreso y de las Comisiones relacionadas con este tema. AMARC denuncia la actitud del Estado y rechaza las decisiones tomadas por entender que: 1) Es un error plantear como objetivo de la política gubernativa “resolver la problemática de las radios ilegales”. La problemática de las comunidades que tratan de ejercer su derecho humano fundamental a la información está provocada por el vacío legal existente y reconocido por el propio Estado ante la CIDH en audiencia pública. Es el Estado quien ha sido incapaz -en diez años de proceso de paz- de dar cumplimiento al inciso H del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y no las comunidades. 2) La única forma de resolver el vacío legal que existe es enfocar todos los esfuerzos institucionales y organizacionales hacia la reforma legislativa en cumplimiento de estos Acuerdos y Recomendaciones, para lograr la adecuación del caduco marco legislativo actual a los estándares interamericanos de derechos humanos. En estos términos, consideramos que sería conveniente reformular los objetivos de las políticas públicas, si se quiere resolver la cuestión de forma estructural y de fondo. 3) Una política pública que busque solucionar un conflicto por la vía de la represión y penalización resulta contraproducente cuando se trata de marcos de actuación provocados por situaciones de violación de derechos humanos. Como radios comunitarias “alegales”, venimos impulsando multitud de iniciativas para lograr un marco legal que nos regule desde hace ocho años. Nuestro principio no consiste en la rebeldía ni en la anarquía. Queremos ser regulados y para ello hemos realizado muchas propuestas, ante las cuales las autoridades públicas nunca se manifiestan ni proceden a realizar acciones concretas hacia una reforma legislativa incluyente. 4) Las organizaciones participantes en la Mesa Nacional de Diálogo, estamos abiertas a participar en procesos de concertación social que permitan terminar con las eventuales situaciones de interferencia, sin necesidad de actuación por parte del Ministerio Público. Las organizaciones del tercer sector abajo firmantes están abiertas a dialogar en el marco de la Mesa y a favorecer el fin de las interferencias que se puedan estar ocasionando. 5) Si se trata de favorecer el acceso de los pueblos indígenas y otros sectores vulnerables de la población a los medios de comunicación, el criterio será realizar primero un mapa y un análisis político y etnolingüístico que permita delimitar con precisión cuáles son las necesidades de

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Se adjunta comunicado completo

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las comunidades. Y después, proceder con la realización de un mapa de disponibilidad técnica de las frecuencias para satisfacer esas necesidades. 6) En las líneas de acción contenidas en el apartado de normativa del documento de Política, se habla de dar frecuencias de potencia limitada a las poblaciones. Si por frecuencias de potencia limitada se refieren a la propuesta de la SIT de otorgar frecuencias municipales con 2,5 km de alcance, es necesario aclarar que esta propuesta es totalmente inviable, desde el momento en que hay pueblos y culturas de idiomas mayoritarios que necesitan de coberturas interdepartamentales para abastecer las necesidades de sus comunidades etnolingüísticas. 7) Para resolver este asunto, sin colisionar con los derechos de las radios legalmente establecidas, es posible emprender procesos de concertación local, departamental y nacional que permitan respetar al máximo las actuales coberturas de las radios comunitarias, sin que lleguen a interferir con las emisoras legalmente constituidas. Para emprender estos procesos de concertación, solamente se necesita de la voluntad de las autoridades públicas para financiar y apoyar estos procesos de concertación. De esta manera, las prácticas democráticas del diálogo se sitúan por encima de las políticas sancionadoras, que son de carácter dictatorial. 3) Las organizaciones del tercer sector que integran la Mesa han generado decenas de documentos que han sido insumos de trabajo clave para elaborar el texto de la iniciativa de ley. Estos documentos han sido registrados y sistematizados por COPREDEH y están a disposición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para su uso y conocimiento, puesto en que en estos documentos se puede conocer de primera mano cuáles son las posiciones de cada una de las organizaciones de la Mesa ante un documento de iniciativa de ley.

Por todo lo anteriormente informado, le reiteramos nuestra profunda preocupación por una decisión que niega y retrasa los esfuerzos realizados en un proceso de diálogo que ha contado con los auspicios de la propia Relatoría y la CIDH. De aplicarse esta política, generará mayores problemas debido a la fuerte represión anunciada, con riesgo de prisión para los integrantes de las radios, y a que las soluciones planteadas no son las acordadas ni mucho menos solucionan los problemas de fondo. Solicitamos, por tanto, al Ilustrísimo Relator Especial para la Libertad de Expresión considere los hechos expuestos en este informe y que, en función del pedido realizado por el propio Estado de Guatemala para que acompañe y asesore en todo este proceso, proceda en forma urgente y enérgica a realizar todas las gestiones necesarias para reorientar el rumbo del proceso de diálogo, así como evitar que se concreten las acciones represivas aprobadas.

Atentamente, Ricardo Sandoval Amalia Jiménez Galán AMARC-Guatemala