La política económica del alemanismo Edgar Llinás*

En el presente articulo examinaremos algunos de los postulados fundamentales de la política económica que orientó al país de 1946 a 1952, trataremos de aprehender el espíritu de los tiempos y la visión teórica que inspiró esta política, y de emitir un juicio fundamentado sobre los principios que la inspiraron. Porfirio Díaz consideraba que el Estado era meramente un protector del capital y que, por lo tanto, no había necesidad ni de regular ni de estimular la industria o el comercio. De hecho, el concepto del Estado activo aparece mucho más tarde en la historia de México. El mismo Madero estaba muy lejos de proponer tal cosa en el sentido moderno y revolucionario del término. La revolución maderista era esencialmente política y, aunque incluyó algunos postulados económicos en el Plan de San Luis, estaba lejos de vislumbrar un Estado activo, promotor y regulador de la economía como se vino a concebir en los años treinta. El establecimiento de un Ministerio de la Economía Nacional por el Presidente Abelardo Rodríguez marcó la transición del Estado meramente administrativo al Estado activo que quedó particularmente subrayado por la creación de un Departamento del Trabajo. Con esto se daba por sentada la intervención del Estado en la vida social y económica del país, y se abandonaba la concepción meramente política de su organización estructural.1 La Secretaria de la Economía Nacional se llamó después Secretaria de Industria y Comercio y, el cambio de nombre, así como la creación de un Departamento Autónomo del Trabajo, marcaron el surgimiento del Estado activo en México. El primer presidente que dramáticamente rechazó el viejo concepto del Estado administrativo fue Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Cárdenas fundamentó su programa en la búsqueda de la justicia social, y tuvo el valor de usar mayores recursos que cualquiera de sus antecesores para la acción del Estado. Cárdenas gastó un promedio de 37.6 por ciento de los recursos federales, según la cifra de Wilkie, en la esfera económica de la vida nacional marcando, de esta manera, una nueva etapa en la Revolución Mexicana. Para 1946, cuanto toma las riendas del país el alemanismo, estaba bien sentado el concepto del Estado activo. Las acciones de Cárdenas en materia económica y social daban a muchos la firme convicción de que ya se habían satisfecho los postulados fundamentales de la Revolución en cuanto al reparto equitativo de la riqueza, y que quedaba por delante, como propósito también revolucionario, el objetivo de crear más riqueza para elevar el nivel de vida de todos los mexicanos.

* Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Seguían habiendo entonces profundos motivos de divergencias entre la derecha y la izquierda, pero, a pesar de ello, surgía claramente un consenso básico sobre la necesidad impostergable del crecimiento económico como medio imprescindible para el progreso del país. ¿Cómo lograr este crecimiento económico? A todos parecía evidente que la opción de un país agrario y bucólico entrañaba una situación de dependencia insostenible. Como escribía Ramón Beteta, era imposible para el país sostenerse exclusivamente con la agricultura y la minería. La agricultura y la minería: No permiten un nivel de vida tan alto como la industria. Puede alegarse que no hay razón para que sea así; pero no puede negarse que lo es... La verdad es que el trabajador del campo o de la mina vive peor que el obrero de la ciudad porque la hora-hombre aplicada a la agricultura o a la extracción de materias primas no se paga (entre otras cosas porque los precios de los productos no lo permiten) al mismo nivel que la hora-hombre aplicada a la transformación de esas mismas materias primas para convertirlas en artículos manufacturados. Por eso el campesino y el minero se trasladan a la ciudad; por eso también, todo país que puede hacerlo, busca tesoneramente industrializarse.2 Sólo se puede entender al programa económico del alemanismo si se capta el espíritu de los tiempos que se imponía en aquel entonces. Todos los partidos políticos que actuaron en la contienda electoral frente a Miguel Alemán incluían en su programa un conjunto de postulados económicos, dentro de los cuales aparece como constante el proyecto de industrializar al país. Ezequiel Padilla, por ejemplo, candidato del Partido Democrático Mexicano (PDM) postulaba como objetivo principal crear una economía de la abundancia mediante el rápido crecimiento de la agricultura y de la industria. Pero ¿cómo llegar a crear esta economía de la abundancia? Ya no se consideraba que las propuestas colectivistas y socialistas fueran viables. De alguna manera daban la impresión de haberse desgastado después del sexenio de Cárdenas. Ahora se trataba de crecer mediante el empuje de la iniciativa privada. Se trataba de fortalecerla y estimularla para que ocupase el lugar de la locomotora en el tren de la economía nacional. Tanto el crecimiento de la industria como el del campo descansarían en la fuerza y la seguridad de una iniciativa privada protegida y fomentada por un Estado que consideraba el “espíritu de empresa” como agencia del bien colectivo. El espíritu de los campos se capta mejor si se comprende que aun la izquierda oficial y la marxista apoyaron de manera decidida el proyecto de la industrialización, que ya era parte del programa de casi todos los grupos organizados. La izquierda oficial y la marxista se incorporaron al proyecto económico alemanista. Se daba por sentado que el país que inocentemente estuviese dispuesto a depender del resto del mundo, o de otro país en particular, para la satisfacción de sus necesidades esenciales, se encontraría en un grave peligro, por la tendencia creciente hacia restricciones más

severas al comercio internacional y hacia una protección nacional ineludible. Se trataba de un peligro que las guerras y las amenazas de guerra constantemente acentuaban. Como era de esperarse, la ideología del énfasis en el desarrollo económico logró un incremento sorprendente en el periodo de Miguel Alemán. Como lo dice Wilkie, Alemán había proyectado un promedio de inversión económico de 40 por ciento del presupuesto, pero en realidad llegó a gastar 51.9 por ciento de los recursos federales en desarrollo económico.3 Uno de los problemas más importantes que se vislumbraron desde la toma de posesión del presidente Alemán, fue el desempleo que la posguerra traería como consecuencia y que afectaría principalmente a la clase obrera. Era necesario afianzar el poder adquisitivo de la moneda pero evitando simultáneamente los mecanismos del control estatal porque tal como lo plantea en su discurso de toma de posesión: Las medidas de coerción y de policía tienen un carácter artificial, nunca pueden resolver problemas esencialmente económicos los cuales han de atacarse con métodos de la misma naturaleza. En este caso, con el aumento de la producción y la vigorización del comercio internacional, bajo control adecuado con el fin de defender el valor de nuestra producción a impedir al mismo tiempo que se paguen altos precios por las compras que tengan que hacerse en el extranjero. Así quedaba planteada una menor intervención del Estado en materia económica, un rechazo de los endebles mecanismos de control que habían sido usados en los años anteriores para hacer frente a la guerra. Otro punto clave en la perspectiva económica y política del alemanismo es el tipo de relación que iba a perdurar entre las clases sociales, es decir, entre los dueños del capital y los medios de producción, y aquellos que aportaban meramente su fuerza de trabajo. El alemanismo postulaba la colaboración entre las clases para lograr la realización de un gran proyecto industrial, por lo cual se esperaba que los empresarios respetaran estrictamente las leyes laborales, y que los obreros no hicieran demandas desproporcionadas. Siendo la amenaza mas grave de esos momentos el desempleo, a los obreros de nada les serviría un aumento salarial si éste conducía a la falta de trabajo o a un excesivo aumento de los precios. La política a seguir era esforzarse por aumentar “la riqueza nacional”, por alcanzar un equilibrio “basado en la justicia para poder lograr el bienestar de la nación”.4 Dentro de esta cooperación de los factores de la producción, al Estado le correspondía el papel de árbitro. Así, pues, Alemán y sus consejeros creían firmemente que el gobierno y los hombres de negocios debían trabajar juntos, con la cooperación de la clase obrara, para alcanzar la industrialización de México; no era propiamente la intervención del Estado en la vida económica del país lo que ellos proponían, sino que el gobierno llegara a sus decisiones en base a la información y al consejo que ofrecían los grupos industriales. Como dice Sandford Mosk, lo que se proponía era más bien la

intervención del mundo de los negocios. Esto explica que la cooperación con el sector privado mediante la intervención estatal en empresas mixtas públicas y privadas fue una parte muy significativa del destino de la inversión.5 El postulado fundamental era entonces la cooperación entre el capital y el trabajo, y no su lucha encarnizada, sin menoscabo de las garantías que a cada uno otorgaban la constitución y las leyes. Sin embargo, quedaba clara la protección y el apoyo que se daba al capital como factor decisivo del desarrollo industrial. Decía Alemán en su discurso de toma de posesión: La iniciativa privada debe tenor la mayor libertad y contar con la ayuda del Estado para su desarrollo, cuando se realice con positivo beneficio del interés colectivo. La propiedad de los bienes inmuebles debe estar preferentemente en manos de nuestros nacionales, siguiendo la trayectoria ya establecida en estas materias por nuestra legislación; pero el capital extranjero que venga a vincularse a los destinos de México, podrá gozar libremente de sus utilidades legítimas. También se delimitaban claramente las relaciones entre el capital y el trabajo. Los empresarios deberían cumplir estrictamente con las disposiciones legales laborales mientras los trabajadores, a su vez, debían evitar demandas desproporcionadas, ya que estas, a la larga, revertirían contra ellos mismos. Según la visión que entonces prevalecía, las conquistas revolucionarias estaban completas y vertidas en la legislación y lo que restaba hacer era lograr la cooperación de todas las fuerzas sociales para alcanzar el desarrollo de México. Para todos aquellos involucrados, el comienzo del sexenio alemanista parecía un nuevo amanecer pleno de optimismo y confianza. Atrás quedaban los gobiernos encabezados por militares que carecían de conocimiento técnico para administrar la cosa pública. Ahora, por fin, habían llegado los licenciados, los universitarios, a tomar las riendas del país, una generación que se había formado en las aulas y que no iba a improvisar con criterios políticos la administración pública. Esta nueva generación no meramente creía que era conveniente industrializar al país, sino que sabia que éste era el único camino viable, porque la guerra había mostrado lo que le podía pasar a una nación sin industrias propia, y por ende, dependiente de otros países. Cuando la economía norteamericana, convertida en economía de guerra, dejó de vendernos las refacciones y los materiales indispensables para las máquinas mexicanas, éstas empezaron a vislumbrar la parálisis. Los ferrocarriles, las minas, la agricultura, los automóviles requerían refacciones que sólo se podían comprar en Estados Unidos, pero éstos no estaban dispuestos a vender porque sólo fabricaban material de guerra. Resultaba evidente para esta nueva generación que México tenia que lograr un mayor grado de autosuficiencia, y el único camino para alcanzar tal cosa era mediante la creación de una planta industrial propia. El obstáculo inmediato para crear una planta industrial propia era la carencia de capital. México tenia mano de obra más o menos calificada, y también materias primas disponibles, pero carecía de capital esencial para realizar la tarea. ¿Cómo obtenerlo en un plazo corto y conservar la

autonomía del país que se veía amenazada por el peligro de una posible guerra? Recordemos que eran los tiempos de la guerra fría y que se vivían momentos de gran incertidumbre. Era, pues, imperativo obtener capital, es decir, financiamiento para crear una planta industrial propia. ¿Qué camino seguir? Ramón Beteta nos dice en sus Disertaciones sobre México desde Europa cómo percibía aquella generación de universitarios la disyuntiva que le tocó vivir:

Desde el punto de vista del capital con que se cuenta, hay tres posibilidades de promover el desarrollo económico de un país: 1o. con capital privado nacional; 2o. con inversiones extrajeras; 3o. con inversiones gubernamentales. El primer sistema es el más natural dentro del régimen capitalista; mas, como, por definición, los países subdesarrollados carecen de capital nacional suficiente, este método significa en la práctica condenar al país en cuestión a un lentísimo desarrollo y cerrar los oídos a las demandas de la mayoría de la población, justamente ansiosa de que el gobierno haga algo para mejorar su condición económica. Por tal razón, nadie puede con seriedad proponer a México ni a ningún otro país que tenga urgencia de mejorar su nivel de vida, una paciente espera que ocasionaría descontento nacional. El segundo sistema −Ias inversiones extranjeras− se ha seguido con éxito en varios lugares del mundo... Numerosos escritores, banqueros y hombres de negocios están siempre sugiriendo este camino para mi país. Citando el caso de los Estados Unidos, cuyo sorprendente desarrollo se debió a inversiones provenientes de todas partes del mundo, hacen notar que si un país carece de capital propio, su producción es escasa y por eso mismo difícil su capitalización. De este modo se crea un circulo vicioso del que no podrá salir sin la ayuda de la inversión extranjera.6 Dentro de esta perspectiva ¿cuál seria el papel del Estado? Por supuesto el alemanismo limitaba el papel del Estado en la producción ya que éste crearía sólo “empresas indispensables para la economía nacional” en casos en que la iniciativa privada no lo hiciera, y además ejercería la rectoría económica por medio del control de las industrias y servicios básicos. Los tiempos eran de optimismo. La solución para elevar el nivel de vida de los mexicanos parecía estar al alcance de la mano. Con el procesamiento industrial de sus propias materias primas, México daría mayores ingresos a sus productores a la vez que se protegería de los desequilibrios del mercado exterior. A medida que avanzara la industrialización, aumentaría la oferta de empleos industriales y los obreros obtendrían mejores salarios. Con mayores ingresos para los trabajadores de la ciudad y del campo se aumentaría la capacidad de consumo y, cerrando el circulo, también se aumentaría el mercado interno de la industria nacional. Dentro de todo este panorama había por

lo menos una nota negativa. Beteta señalaba la posibilidad de desajustes y de ciertos desperdicios como inevitable, como el precio ineludible que debe pagarse por la libertad económica, es decir, por la carencia de una dirección general. Sin embargo, esta nota negativa no captaba la atención de casi nadie. En aquel momento se trataba de desarrollar la industria y la infraestructura: construir fábricas, sistemas de irrigación, presas, plantas eléctricas, carreteras y comunicaciones que serian la llave para crear empleos y rescatar a las masas de la pobreza. Todo estaba basado en la teoría del desarrollo económico del efecto "trickle down”, es decir, que las masas debían esperar por sus beneficios mientras el país era desarrollado por una clase empresarial dinámica, que podía ofrecer empleos y el clima económico mediante el cual el cambio social podía alcanzarse indirectamente, pero con un cimiento fuerte y sólido. El Estado se encargaría de garantizar la libertad de esta clase empresarial, que abriría centros de producción y multiplicaría las industrias del país con la seguridad de que sus inversiones estarían protegidas de las contingencias de la injusticia. El nuevo desarrollo económico estaría fundamentado en un espíritu de equidad que seria la salvaguardia de los factores involucrados. El Estado ofrecería la más amplia libertad a la inversión privada, reconociendo que el desarrollo económico general es primordialmente el terreno de la empresa privada. El Estado sólo se encargaría de aquellas empresas indispensables para la economía nacional que no interesaban al sector privado coma inversión, pero que eran de interés público. En 1946, pues, llegaba al poder una nueva generación política que tenía gran fe en la modernización industrial, y que creía en la separación de la técnica y la política, a la vez que insistía en que la actividad política debía estar supeditada a la económica. El alemanismo tendía ideas muy precisas sobre el futuro del país, y comprendía con mucha claridad las posibilidades económicas que existían así como la praxis susceptible de hacerlas viables. Pero, evidentemente, nada se iba a lograr con meras declaraciones retóricas. Como dice Luis Medina, era necesario adoptar una política laboral congruente con los propósitos económicos: "La cuestión fundamental consistía, en pocas palabras, en garantizar que el sindicalismo no se habría de convertir en una amenaza real a una tasa de utilidades y de capitalización la suficientemente abultadas para hacer a México atractivo a los inversionistas nacionales y extranjeros".7 Se trataba de dar el gran salto, una vez por todas, hacia la modernidad. El viejo deseo callista se veía, por fin, al alcance de la mano. Pero no faltaron voces que prescribieran cautela. Ramón Beteta, Secretario de Hacienda, conocía los peligros de una relación demasiado íntima con el capital extranjero y oportunamente nos previno de ellos. Escuchémoslo:

Debe hacerse hincapié en que el capital extranjero tiene una irresistible tendencia a intervenir en los asuntos internos de la nación que lo ha recibido. Esto puede dar lugar a conflictos internacionales, y en alguna ocasión ya significó una guerra para México. Además el capital extranjero para invertirse en países como México demanda garantías y privilegios de que no goza el nacional. En estas condiciones, recibir indiscriminadamente inversiones del exterior ocasiona conflictos de carácter político y patriótico que explican por qué se ven las inversiones extranjeras con gran desconfianza.8 Además, continúa Beteta, el capital extranjero puede desplazar al nacional de industrias que ya están debidamente establecidas y que son productivas. Esto explica, dice él, por qué México ha procurado limitar las inversiones extranjeras a algunos campos de actividad que no ha reservado para el propio gobierno o para los capitales nacionales. Explica también por qué México ha puesto un especial énfasis en las inversiones estatales.9 Sin embargo, no debe pensarse que el sistema de inversiones estatales mexicanas conduzca al mismo resultado que se encuentra en los países totalitarios. En México, añade Beteta, las inversiones del Estado no pretenden substituir íntegramente al capital privado, sino más bien estimularlo y complementario. Luego continúa:

Ante todo, el gobierno invierte en obras públicas, tales como caminos, ferrocarriles, puertos, presas, centrales eléctricas, etc., que son de beneficio general y que tienen además el efecto de hacer las inversiones privadas posibles o costeables. En la industria, el gobierno limita su interés a las empresas que son de especial importancia para el desarrollo del país o para la seguridad nacional, a aquellas que por su naturaleza no ofrecen gran atractivo al capitalista privado. No rechaza tampoco la cooperación de éste en empresas mixtas, ni excluye la posibilidad de crear industrias que, una vez se encuentran en condiciones de productividad comercial, pasen a manos de particulares. En estos casos su papel es de promotor, de coordinador, de director; no de competidor.10 De conformidad con los compromisos adquiridos, en los inicios de su gobierno Alemán adoptó una serie de medidas de apoyo a la industria. Tales fueron el alza de aranceles y el mecanismo de licencias, a la prohibición de una variedad de importaciones con el fin de proteger el mercado interno para las empresas del país. Se trató de evitar la devaluación por el mayor tiempo posible porque se pensaba que el mantenimiento de la paridad era parte esencial de una política monetaria cuyo objetivo principal era el abaratamiento de la vida. También se tomaba en consideración el beneficio que obtenía la industria manteniendo la paridad, al permitirle llevar a cabo importaciones de equipo a precios bajos. Cuando la devaluación fue inevitable, ésta desalentó las compras en el exterior de algunos productos, reforzando así el proteccionismo.

El Estado mexicano, en los años de Alemán, logró asimismo canalizar un mayor volumen de crédito interno y externo a la industria, mantuvo los impuestos bajos para estimularla, y ciertas empresas fueron eximidas de gravámenes a condición de que cumplieran ciertos requisitos. Por otra parte, se comenzó la construcción de obras de infraestructura en gran escala mediante contratos con empresas privadas, lo cual estimulaba paralelamente ciertas ramas industriales. Por otra parte, se adoptó una política de precios agrícolas que aseguró abundancia de alimentos.

Notas 1

James Wilkie, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910, Los

Angeles: University of California Press. 1970, P. 169. 2

Ramón Beteta, Disertaciones sobre México desde Europa, México: Ediciones de la Revista Hoy,

1955, p. 54. 3

James Wilkie, op. cit., p. 38.

4

Blanca Torres, Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952, no. 21, México: El Colegio de

México, 1984, p. 28. 5

James Wilkie, op. cit., p. 147.

6

Ramón Beteta, ibid., p. 55.

7

Luis Medina, Historia de la Revolución Mexicana, no. 20, El Colegio de México, 1979, P. 151.

8

Ramón Beteta, ibid., p. 56.

9

lbídem, p. 57.

10

lbídem, p. 57.