La realidad bajo los invernaderos

INFORME SOBRE LA FLORICULTURA COLOMBIANA Mayo de 2011 Autoría Omaira Páez Sepúlveda Agradecimientos a Guisella Lara Veloza Asociación Herrera, Madrid, Cundinamarca Coordinación editorial Ricardo Zamudio Rozo Corporación Cactus Directora ejecutiva Aura Rodríguez Carrera 25 No. 51-37 Oficina 301 Bogotá - Colombia Teléfonos (571) 2555073 - 3458340-3458329 cactuscolnodo.apc.org www.cactus.org.co ISSN: 2027-971X Edición 2011 Diagramación e impresión ARFO Editores e Impresores Ltda. Bogotá, D. C.

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Contenido Pág. Presentación...............................................................................................................................................

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I.

¿LO QUE POR AGUA VIENE POR AGUA SE VA? Control político a la floricultura...........................

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Pisoteando los derechos: la crisis económica como estrategia empresarial...................................... Conflicto en C.I. Guacarí: ¿Organizarse es un delito?........................................................................ Debate a los subisidios a la floricultura: para no insistir en el error....................................................

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II.

LAS FLORES TIENEN MÁS SALUD QUE LAS TRABAJADORAS....................................................

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Los cuerpos de quienes cuidan las rosas........................................................................................... Las y los trabajadores de flores en Colombia: también víctimas del sistema de salud...................... Los procesos peligrosos en la floricultura y las acciones en torno a la salud ocupacional.................

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III. PRÁCTICAS LABORALES DE EMPRESAS CON CERTIFICACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES................................................................................................................................

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El caso de Élite Flowers...................................................................................................................... Acceso a la atención en salud............................................................................................................. Niveles de rendimiento y carga laboral............................................................................................... Jornadas de trabajo............................................................................................................................. Subcontratación.................................................................................................................................. Posibles lecciones y reflexiones del “caso Élite”.................................................................................

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IV. VIOLACIONES DE DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO ORGANIZADOS EN EL SECTOR FLORICULTOR............................................................................

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La realidad bajo los invernaderos INFORME DE FLORICULTURA Mayo de

2011

Presentación Con esta publicación la Corporación Cactus presenta el quinto Informe de Floricultura Colombiana. La serie pretende divulgar la situación laboral en el sector floricultor, a partir del seguimiento sistemático que hace la Corporación Cactus al sector y de la documentación de casos emblemáticos de violaciones a los derechos laborales, a los que tiene acceso a través de los servicios de orientación jurídica que presta la organización en los municipios de Tocancipá y Madrid, Cundinamarca. El informe se difunde en el marco del 14 de Febrero Día Internacional de las trabajadoras y trabajadores de flores, ocasión en la que múltiples organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales acopian información y reflexiones sobre la situación de las trabajadoras y trabajadores con el fin de darle un rostro humano a este día, en el que hasta hace unos años sólo se divulgaban los balances de volúmenes de flores exportadas, del comportamiento de las ventas y de las empresas más exitosas en los mercados.

Fotografía - Corporación Cactus

Este 2011, el Informe de Floricultura Colombiana La realidad bajo los invernaderos, se enfoca en la presentación de la situación que tuvieron que enfrentar y que aún en 2011 enfrentan los trabajadores y trabajadoras al servicio del Grupo Nannetti o Americaflor, y que involucra el tema de la destinación de los subsidios e incentivos que han otorgado los gobiernos con el fin de proteger los empleos que ofrece el sector. En esta oportunidad también interesa presentar, de manera detallada cuáles son las realidades a las que se enfrentan las trabajadoras y trabajadores, dando relevancia al tema de la relación entre salud y organización del trabajo. La realidad bajo los invernaderos presenta una descripción de prácticas lesivas de los derechos laborales y de los compromisos adquiridos en esquemas de certificación por la empresa Elite Flowers, como un caso emblemático que permite volver la mirada al tema de los procesos de autorregulación y su incidencia real en el mejoramiento de las condiciones laborales y ambientales en la floricultura. Esperamos nuevamente ofrecer información valiosa para ampliar la mirada crítica sobre los impactos de la floricultura de exportación en Colombia, para fortalecer los argumentos en las acciones de exigibilidad de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la floricultura y, reconociendo los límites de un documento como el que se presenta, impulsar la construcción de una agenda común que permita articular esfuerzos de diversas organizaciones interesadas en la dignificación del trabajo en las empresas de flores en Colombia.

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I. ¿Lo que por agua viene por agua se va? Control político a la floricultura ... “Hay indicios de que en algunas de estas empresas los créditos que obtuvieron no los aplicaron al propósito de mantener en vida y operando sus floricultoras aquí en Colombia, sino que habrían hecho inversiones inmobiliarias en el exterior”. Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura, W Radio, octubre 12 de 2010.

La floricultura como sector emblemático de las exportaciones no tradicionales, prometía ser la fórmula para promover desarrollo económico y social, bajo el supuesto de que el uso intensivo de mano de obra garantizaría la distribución de la riqueza que generara este sector. Hoy día es evidente que la sostenibilidad y prosperidad que ofrecía el negocio de la floricultura está totalmente amenazada y no únicamente por la revaluación del peso como lo quiere hacer ver el gremio, sino por la suma de múltiples factores entre los que cuenta mucho la sobreoferta en los mercados debido a la multitud de competidores que venden cada vez más a menores precios. Múltiples dificultades han justificado el desembolso de cuantiosos recursos por parte del Estado: las heladas, los altísimos requerimientos fitosanitarios de países importadores y sobre todo la revaluación del peso. El argumento de los Fotografía - lafiscalia.com floricultores para solicitar los recursos, y de los gobiernos para otorgar estas ayudas o incentivos, es la protección de los miles de empleos que genera el sector, pero en ninguna ocasión se ha hecho un análisis juicioso acerca de la destinación de estos recursos y no se ha constatado si, en efecto, estos dineros públicos han evitado la eliminación de los puestos de trabajo. Cuando se hizo patente el incumplimiento de los floricultores con los pagos al Banco Agrario el mes de octubre de 2010, tras los préstamos que en 2008 había girado por 224 mil millones de pesos, –préstamo que fue garantizado totalmente por el Estado gracias a algunas reformas que en este sentido había proferido el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias–, surgió el interés de los medios de comunicación. La W Radio, El Espectador y Revista Semana, cubrieron la noticia, divulgando las cifras de los dineros públicos que estaban en juego y realizando entrevistas a algunos empresarios. Esto generó un contexto propicio para que Jorge Robledo senador de la república del Polo Democrático Alternativo, quien se ha encargado de cuestionar y hacer propuestas en torno a las políticas agrícolas del país, propusiera la realización de un debate de control político a los subsidios a la floricultura1. Las denuncias que se dieron en el marco de este debate cuestionaron la legalidad de la reforma de los términos en que el Estado, a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG por sus siglas), pasó de garantizar máximo el 50% de los créditos en casos de organizaciones de pequeños campesinos a garantizar el 100% de la obligación en el caso de grandes agroindustriales. También se dio un amplio El 10 de noviembre de 2010, los senadores Jorge Robledo y Daira Quiñones convocaron al debate Control a los subsidios a la floricultura en el Congreso de la República de Colombia.

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espacio a las indagaciones a Beatriz Uribe, para que explicara por qué los beneficiarios de los créditos y del Agroingreso Seguro fueron aportantes a la campaña a la presidencia del ex ministro de agricultura, y por qué una circular de Asocolflores convocaba a las empresas a contribuir a la campaña siendo que sólo las personas naturales pueden ser aportantes. Sin embargo, el alcance de estos debates, que en este país no pasan de propiciar algunas notas periodísticas y promesas de “interponer las correspondientes acciones jurídicas”, no permitió hacer un balance sobre los resultados de los cientos de miles de millones de pesos que el Estado da anualmente al sector floricultor, en cuanto a desarrollo social y al bienestar de sus trabajadoras y trabajadores. El debate de noviembre no trascendió las denuncias de los hechos que causaron preocupación con respecto a los subsidios otorgados desde 2008, y por esta razón se hace imperativo adelantar un debate de control político a la floricultura en el que se pueda hacer un balance sobre lo que ha representado este sector para Colombia; una discusión en la que se examine si han valido la pena los cuantiosos recursos que los gobiernos de turno han otorgado a los floricultores, en lugar de darlos a pequeños y medianos agricultores y sobre los impactos sociales y ambientales de este negocio. Este debate permitiría mostrar que no se ha dado el desarrollo social que prometía el sector, que los municipios en los que se asientan las unidades productivas presentan niveles de desempleo por encima del 20% y que los niveles de sindicalización son bajísimos, de manera que no ha sido posible, en más de 40 años de vida del sector, que los salarios sean superiores al mínimo legal. Se justifica un encuentro, desde el pluralismo de posturas políticas, que permitiera ubicar en qué medida el sector está contribuyendo al desarrollo humano, que además de cuantificar las variables que integra el índice que contempla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pudiera dar cuenta de las condiciones de salud de quienes trabajan y han trabajado en el sector y en qué medida estos impactos inciden en la agudización de la pobreza. Este sería un espacio propicio para analizar en profundidad los programas de desarrollo social del sector, que aunque de plano podrían partir de buenas intenciones de algunos empresarios, suelen utilizarse como un escudo para evadir la problemática del irrespeto a los derechos laborales. También valdría la pena evaluar si el marco institucional es adecuado para garantizar justicia en las relaciones obrero-patronales, para contribuir al desarrollo de capacidades productivas de las regiones en las que se asienta la floricultura y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera que los presuntos “beneficios de la globalización” se distribuyan de manera equitativa. En este sentido podría cuestionarse por qué sólo tres inspectores de trabajo atienden una población de más de 500.000 habitantes, incluyendo a los más de ochenta mil trabajadores y trabajadoras de las regiones de Sabana Centro y Sabana Occidente de Bogotá2. Cómo las largas jornadas interfieren en las dinámicas familiares y contribuyen a la situación de abandono de miles de niños y niñas, es otro de los muchos impactos que se podrían seguir mencionando. El debate pasa por el tema de la distribución de las ganancias y lleva a indagar sobre el modelo de desarrollo de la región y del país, sobre la eficacia de la ruta trazada a finales de la década de 1980 para alcanzar las metas económicas y sociales impuestas y, sobre todo, si se han construido canales realmente democráticos para que los habitantes decidan sobre los recursos presentes en sus territorios y sobre sus destinos. Según Asocolflores 27 municipios de Cundinamarca son exportadores de flores y 2 más aportan mano de obra para el sector. Estos municipios representan 79 mil empleos directos y 60 mil indirectos que significan ingreso para los municipios por concepto de salarios de $759 mil millones de pesos. En muchos de estos municipios el empleo de la floricultura representa más del 90 % de los puestos de trabajo. http://www.portaldecarga.com/ cruzada-para-salvar-140-mil-empleos-de-flores-en-la-sabana-de-bogota/6083 Fecha de ingreso febrero 3 de 2011.

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Los siguientes apartados desarrollan los más importantes hechos en la floricultura ocurridos en 2010, que constituyen argumentos que alimentan el debate sobre la floricultura en Colombia. Muestran cómo el año anterior estuvo marcado por el escándalo sobre la destinación de los subsidios a la floricultura y los incumplimientos y abusos del Grupo Nannetti con sus trabajadores y trabajadoras. El tema de la salud, de las múltiples enfermedades que padecen cientos de personas en el sector y cómo la organización del trabajo, sigue de manera silenciosa marcando los cuerpos de las y los trabajadores, son evidenciados en los casos emblemáticos presentados.

Pisoteando los derechos: la crisis económica como estrategia empresarial Mientras gobierno y empresarios toman medidas para evitar que los floricultores sigan divisando disminuciones en la rentabilidad de su negocio, y continúan profundizando la labor de lobby ante el congreso estadounidense para que finalmente se apruebe el TLC, quienes han sostenido el crecimiento de las exportaciones y sufren los verdaderos estragos de la crisis son las trabajadoras y trabajadores de flores, sin que ninguna entidad estatal haga lo mínimo para proteger sus derechos. En un contexto en el que las políticas de desarrollo rural se enfocan en el apoyo a grandes productores del sector agroindustrial y en la remoción de todos los obstáculos que dificultan su crecimiento, entre ellos supuestamente los altos costos laborales, es creciente la impunidad frente a la violación de los derechos laborales y la desprotección del Estado frente a verdaderas violaciones a los derechos humanos de estas personas. Si bien pueden existir desventajas para los productores por la sobrevaluación, ésta ha sido dimensionada de forma exagerada y ha servido de excusa para eliminar los derechos mínimos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, agudizar la sobreexplotación y seguir pidiendo subsidios y créditos al gobierno colombiano por los que muchas veces no terminan respondiendo. Para algunos empresarios, como el Grupo Nanneti o Americaflor, la revaluación del peso ha sido la mejor justificación para incumplir sus obligaciones como empleadores. Supuestamente esta fue la razón por la que sus más de 6000 trabajadores y trabajadoras en 2010 completaron hasta cuatro quincenas sin salarios y la acumulación de dos primas de servicios; un año sin recibir subsidio familiar, ni dotaciones, con supresión de los casinos donde recibían algún apoyo de alimentación, y con eliminación del transporte, teniendo que movilizarse a pie o endeudarse para cubrir el precio del transporte. El grupo Nanneti posee más de 16 plantaciones en la Sabana de Bogotá, adquiridas tras una transacción en 2008 con DOLE FRESH FLOWERS, los antiguos dueños, que en 2006 despidieron a todos los trabajadores de Splendor Flowers con el fin de eliminar al sindicato independiente que se había conformado en este empresas, pocos meses antes de un supuesto cese de operaciones que al final no se dio. Aunque la gerencia del grupo justifica sus incumplimientos, no sólo con los trabajadores y trabajadoras sino también con el Banco Agrario, en el documento Desempeño del sector floricultor años 2006 a 2009, informe3 realizado por la Superintendencia de Sociedades, figuran 4 empresas del grupo Sunburst entre las 10 unidades productivas con mayores utilidades en el periodo de análisis, con un total de más de 136 mil millones de pesos en 2009 entre sólo 4 de sus unidades productivas. Vale la pena notar que al hablar de utilidades, aquí la Superintendencia se refiere a ganancia neta, después de haber cubierto los costos de producción, incluidos los laborales.

3 Disponible en http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTOR_FLORICULTOR_2006-2009_Abril23_2010.pdf. Acceso 12 de febrero de 2011.

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El grupo empresarial salió a relucir varias veces en el debate de control político a los subsidios otorgados a la floricultura, celebrado el 9 de noviembre de 2010 en el Congreso de la República de Colombia, en principio por haber sido beneficiario de más de 60% de los créditos de la línea para exportadores del Banco Agrario, lo que generó cuestionamientos acerca de la inequidad en la distribución de dichos créditos. También se señaló su calidad de beneficiario de los subsidios de Agroingreso Seguro y a la vez su condición de aportante a la campaña a la presidencia de André Felipe Arias, quien como ministro de Agricultura había aprobado una y otra “ayuda” para el mencionado grupo empresarial.

Fotografía - unperiodico.unal.edu.co

Los congresistas citantes al debate fueron enfáticos en las denuncias de violaciones a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de empresas beneficiarias de dichos créditos. La senadora Daira Galvis señaló que varias empresas, bajo un presunto delito de fraude procesal, estarían buscando declararse en régimen de insolvencia para eludir las acciones de cobro de sus proveedores y de los trabajadores, aun cuando habían recibido los cuantiosos recursos del erario público. La versión de los empresarios de encontrarse al borde de la quiebra por la crisis ocasionada por la revaluación del peso, tampoco convenció a muchos trabajadores y trabajadoras al servicio del grupo Nanneti, ante la interminable fila de cajas de flores que se siguen vendiendo cada vez en mayor número y de mejor calidad. Por esta razón, en defensa de sus derechos, se presentaron huelgas en las empresas Guacarí, Splendor, Floramérica y hubo una concentración al frente de la Oficina central en el sector exclusivo de la calle 93 en Bogotá, movilizaciones que serán abordadas en los apartados siguientes. Lo más alarmante del caso es que es bastante probable que se cumpla la predicción que hizo el senador Robledo en el marco del debate, cuando advirtió que existe un gran riesgo moral4 en estos créditos por las condiciones como se asignaron y es factible que el Estado termine cubriendo, si no todo, gran parte de los créditos por la decisión del gobierno de respaldar el 100% en su deuda, que como se anotó en este caso, fue representado por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Conflicto en C.I. Guacarí: ¿Organizarse es un delito? C.I. Guacarí, fue una de las empresas del Grupo Nanneti o Americaflor, que en 2010 violó sistemáticamente los derechos, no sólo los laborales sino también sindicales de sus trabajadoras y trabajadores. Esta empresa, que según el documento Desempeño del sector floricultor años 2006 a 20095 percibió utilidades en 2009 por más 2.500 millones de pesos tuvo a sus más de doscientos cincuenta trabajadores y trabajadoras sin seguridad social durante todo 2010 y parte de 2011. 4 El l riesgo moral describe la situación por la que una persona modifica sus acciones cuando ella no resulta responsable total de las consecuencias de sus acciones, ya que los riesgos y/o obligaciones son asumidos por terceros. Esta expresión se “puso de moda” en el contexto de la crisis financiera que se presentó en 2008. 5 Superintendencia de Sociedades, Op. cit.

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Además del incumplimiento en los pagos a la seguridad social, se sumó el retraso en el pago de la prima semestral que debió pagarse en julio de 2010, el impago del subsidio familiar y el despido sistemático de trabajadoras y trabajadores con problemas de salud. Esta situación motivó la creación del sindicato Sintaguacarí afiliado al sindicato UNTRAFLORES, el 4 de septiembre de 2010. Al momento de recibir la notificación de la fundación del sindicato, los empresarios tomaron una serie de medidas violatorias del derecho de asociación. En primer lugar, despidieron a 4 trabajadores de la Junta Directiva e hicieron fuertes amenazas hacia quienes habían decidido afiliarse, además manifestaron que la organización era ilegal y advirtieron que no iban a permitir que esta subsistiera. Una trabajadora con más de 12 años de antigüedad en la empresa y no afiliada al sindicato, que solicitó apoyo a la Corporación Cactus, fue despedida al mismo tiempo que el grupo de trabajadores de la junta directiva de la organización sindical. Según la trabajadora, su despido se debió a la oposición que manifestó a las medidas que estaba tomando la empresa, debido a que no había cometido ninguna falta o incumplimiento de su contrato. La administración desde marzo de 2010 venía informando a trabajadoras y trabajadores acerca de las medidas que poco a poco iba a implantar: terminar con los contratos laborales y hacer contratos verbales a destajo, en los que se impondría una meta casi imposible de alcanzar para completar un salario mínimo, sin importar cuánto tiempo invirtiera el trabajador o la trabajadora en las labores. Bajo la excusa de que habían tenido muchas pérdidas y que era imposible ofrecer condiciones de trabajo distintas, advirtieron que quien no aceptara la nueva situación debía salir de la empresa. Ante los cambios en la modalidad de contratación, los despidos y el rechazo de los empresarios de ponerse al día en las acreencias laborales, Sintraguacarí se declaró en huelga desde el día 9 de septiembre. Día a día las y los trabajadores de Guacarí se concentraron de manera pacífica en las instalaciones de la empresa para exigir sus derechos y estando reunidos el día sábado 18 del mismo mes fueron soprendidos por más de 30 uniformados a órdenes del comandante de policía de Zipaquirá, Mauricio Galán, quienes los atacaron de manera brutal. Varias mujeres fueron golpeadas y algunas, en estado de embarazo, respiraron los fuertes gases lacrimógenos que fueron lanzados contra ellas. Luego de levantarse la huelga y de obtener el reintegro de los trabajadores de la Junta Directiva, gracias precisamente a esta acción de presión, el sindicato fue calificado de ilegítimo por los empresarios, quienes difundieron el rumor de que la eliminación del casino, en el que la empresa Sodexo suministraba la alimentación, fue por culpa del sindicato, organización que según los dueños, en poco tiempo también acabaría con la empresa, llegando a aseverar que corrían el riesgo de que se adelantaran acciones terroristas contra ella. La huelga se levantó al lograrse el compromiso verbal de los empleadores de pagar toda la deuda el 30 de octubre. Ante el incumplimiento de los empresarios, Sintraguacarí decidió declarar una segunda huelga el día 17 de noviembre. Las dos huelgas fueron imputables al patrono por el incumplimiento de las obligaciones legales, por disponerlo así el Código Sustantivo del Trabajo, de manera que se trató en ambos casos de huelgas legales. Sobresale la forma como fueron levantados ambos ceses de actividades. En el primer caso, el ataque de la fuerza pública fue importante para que el sindicato tomara la decisión de levantar la huelga en septiembre. En la segunda ocasión se evidencia hasta dónde pueden llegar las prácticas antisindicales, ya

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que el 30 de noviembre de 2010 los empresarios rompieron la huelga nuevamente de manera violenta, pero esta vez, según Untraflores, valiéndose de delincuentes comunes oriundos de Zipaquirá. Este fue un acto totalmente reprochable que rebasa todas las estrategias que los empresarios habían tomado hasta ahora en el marco de conflictos colectivos con el fin de eliminar la movilización de los trabajadores y trabajadoras. La manera pacífica como la organización sindical permanecía en las instalaciones de la empresa, en ejercicio de su derecho de huelga, fue interrumpida por decenas de personas, entre las que estaban extrabajadores de la empresa y, al parecer, delincuentes comunes de Zipaquirá. Estas personas, contactadas por los empresarios, agredieron fuertemente a los huelguistas, quienes, al ver el extremo al que habían llegado sus empleadores, decidieron levantar la huelga y terminar sus contratos por causa imputable al patrono, una especie de renuncia con derecho a reclamar indemnización por despido sin justa causa. Aunque esta violación recayó de manera directa en los y las trabajadoras de Guacarí y los asesores del sindicato, también afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de flores, quienes día a día ven más lejana la posibilidad de ejercer su derecho a fundar organizaciones sindicales y el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Esta conducta violatoria de los derechos humanos debe entonces ser por lo menos reprendida o reparada a través de las instituciones, si se quiere impedir que en un futuro, como de facto está ocurriendo ahora, reclamar los derechos sea equiparable a la comisión de un delito.

Debate a los subsidios a la floricultura: para no insistir en el error Que algunas empresas floricultoras destinaran los créditos del Banco Agrario a cultivos de tomate o de papa en lugar de invertirlos en la producción de flores; que algunos empresarios sencillamente cerraran su unidad productiva para luego abrirla en otro municipio de la Sabana de Bogotá; que el Grupo Nanneti, mayor beneficiario de los créditos con más de 80.000 millones de pesos, invirtiera el capital en industrias de su propiedad ubicadas en México o Ecuador, son hechos apenas anecdóticos que forman parte de los desastrosos resultados de las “ayudas” que, desde hace no poco tiempo, el gobierno ha venido dando a los floricultores. La obligación del Estado colombiano de cubrir las deudas de los floricultores, por 68 mil millones de pesos ante el Banco Agrario, motivaron la sesión de control político de los subsidios a la floricultura. Sin embargo, el debate acerca de los subsidios estaba en mora tras la constatación de que los cuantiosísimos subsidios a los floricultores, que desde 2004 han venido aumentando, no han servido para mejorar las condiciones de trabajo ni para conservar el empleo, tampoco han detenido la liquidación de varias decenas de empresas. Había que esperar a que los empresarios llegaran a conductas claramente ilegales,

Fotografía - Corporación Cactus

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modificando las normas del Fondo Agropecuario de Garantías, para que el Estado garantizara al 100% sus créditos y luego retribuyeran a Andrés Felipe Arias, artífice de estos cambios, con dineros para su campaña política, para que al menos los medios de comunicación y algunos pocos senadores, expusieran la gravedad del tema frente a la opinión pública. Antes de que refulgiera este escándalo, los subsidios del gobierno a los floricultores reportados por la prensa en el periodo 2005-2008, se distribuyeron así: 84.000 millones en calidad de Incentivo de Cobertura Cambiaria, 10.000 millones de pesos (5 millones de USD) para contrarrestar las pérdidas por bajas temperaturas, en 2008 otros 150.000 millones de pesos (7.5 millones de USD) para flores, follajes y banano, anunciados por el entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, “que buscan apoyar el adecuado manejo sanitario de los cultivos y el mantenimiento del empleo”. Además, el gobierno otorgó en 2008, 3,5 millones de USD al Fondo de promoción a las exportaciones de flores para la realización de campañas publicitarias “tendientes a consolidar a Colombia como el primer exportador mundial de flores y promover el consumo”. De esta manera, los más de 250 mil millones de pesos, que pasaron del Estado colombiano a los bolsillos de los floricultores entre 2004 y 2008, no evitaron la pérdida de más de 12.000 empleos como lo reportó Asocolflores este último año. Siendo que todos se justificaron en la necesidad de que este sector conservara los empleos, nada se dijo en este momento acerca de hacer un control a estos incentivos. La revaluación del peso, que al parecer no podrá frenarse por expresa decisión de los Estados Unidos de devaluar su moneda, no es el único obstáculo al que se enfrenta la floricultura de exportación en Colombia. La elevación de los costos de insumos, transportes y las medidas de control, así como la sobreoferta del producto y saturación de la demanda en los mercados internacionales por el exceso de competidores, ofreciendo productos de similares calidades y precios, han determinado el desplome del sector más favorecido por los subsidios y favores del actual gobierno. Sin embargo, el mayor obstáculo para el sostenimiento y proyección del sector floricultor, son los mismos productores. Tras las graves denuncias hechas por el senador Robledo y la senadora Daira de Jesús Galvis, todo indica que a los floricultores, por lo menos a los más grandes y los mayores beneficiarios de los subsidios y dineros públicos, no les interesa que el sector salga avante de la crisis y, mucho menos, la conservación del empleo. La senadora del partido Cambio Radical anotó “la Superintendencia de Sociedades ni siquiera se ha pellizcado en entender que está frente a un fraude procesal, que hay un grupo de empresas que se declara insolvente para ser liquidadas y ese procedimiento torticero es para burlar las obligaciones contraídas, tanto con los proveedores como con los sueldos de los trabajadores. Este debate tiene dos sentidos, no solamente la plata que se le ha peculado al Estado Colombiano, sino también cómo es que estas mismas empresas se burlaban de los trabajadores desconociéndoles sus derechos”. A pesar de los ingentes recursos otorgados por el Estado para que los floricultores superaran la crisis, los Informes de Floricultura de 2008 y de Febrero de 2010 presentados por la Corporación Cactus6, dan cuenta de cómo la crisis la han pagado los trabajadores y trabajadoras. La imposición de topes de rendimiento inhumanas, tras la reducción de la planta de personal ha aumentado la incidencia de enfermedades profesionales, por sólo mencionar uno de los impactos de la crisis. Robledo en su intervención anotaba 6

Los Informes de Floricultura se pueden consultan en la página www.cactus.org.co

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que el crecimiento de la productividad en dinero por cada trabajador ha aumentado 36% en los últimos siete años. Los informes mencionados también sustentan cómo la crisis ha sido el argumento que ha justificado una mayor degradación de las condiciones laborales. En los últimos años bajo la excusa de la crisis se desconocen los derechos mínimos fundamentales en el trabajo, la situación económica justifica desde la no entrega de las dotaciones (vestido y calzado de labor), hasta la supresión de las prestaciones extralegales y los despidos colectivos realizados de manera ilegal. Inquieta que los recursos entregados a varios empresarios, que al fin y al cabo salen de nuestros bolsillos, no se hayan destinado por lo menos al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones de las trabajadoras y trabajadores. Tal es el caso de las y los empleados del grupo Nanneti, beneficiario de 80 mil millones de pesos, el 40% de los créditos otorgantes y cuyos dueños fueron aportantes a la campaña de Andrés Felipe Arias. La pérdida de estos recursos, de los créditos del Banco Agrario, del Agro Ingreso Seguro, las conductas delictivas de algunos de los floricultores y en general los resultados del modelo agroexportador, que el gobierno colombiano insiste en apoyar, nos debe dirigir a construir otro modelo que parta de la equidad en la distribución de la tierra, reconfigurar las políticas del agro, el modelo de producción, distribución y acceso a las ayudas del gobierno. Esto implica que las y los habitantes de las regiones tengan la posibilidad de pensar y decidir sobre el campo y su propio modelo de desarrollo, en lugar de dejar esta decisión a países extranjeros, que pensaron que lo más conveniente para nuestro país era dedicáramos a cultivar y exportar flores, sin mirar los impactos sociales y ambientales.

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II. Las flores tienen más salud que las trabajadoras Cuando un trabajador o trabajadora se encuentra realizando los trámites para que califiquen el origen de una enfermedad, además de la historia clínica, debe entregar al médico evaluador únicamente los exámenes que sustentan los diagnósticos, certificados de los cargos que ha tenido en la empresa, descripción detallada de  funciones realizadas y exámenes de ingreso al trabajo. Sin embargo las personas que han pasado por la evaluación del origen de la enfermedad, que en primera instancia debe ser realizada por las Entidades Promotoras de Salud, saben que ninguno de los aspectos relacionados con la organización del trabajo –por ejemplo horarios, duración de la jornada, presión por los rendimientos, trabajo monótono– es tenido en cuenta para determinar si una enfermedad es de origen profesional o de origen común. Muchas enfermedades que son de origen profesional son calificadas como enfermedades de origen común porque se limitan a unos Fotografía - Corporación Cactus pocos datos para ver si encuadran en sus rígidos manuales. Estas limitaciones, a la hora de evaluar si una enfermedad es profesional, se imponen con el fin de impedir mayores gastos para el empresario relacionados con la garantía de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, para que así mismo no se le reduzca la posibilidad de explotar sin límites la fuerza de trabajo y para que estas entidades de salud, que bajo el modelo actual son negocios, tengan que incurrir en menos costos. Además dentro del sistema de salud hay desinterés en las manifestaciones tempranas de las enfermedades, originadas también porque la mayor parte de los profesionales de la salud, que trabaja en las entidades de seguridad social en salud y riesgos profesionales, tienen vacíos en el campo de la salud de los trabajadores, desconocen las patologías relacionadas con el trabajo y muchas veces no tienen interés en el tema. Por eso, se espera a que se defina la enfermedad como tal, cuando ya hay un deterioro en la salud y las alteraciones son prácticamente irreversibles. Así mismo, los accidentes de trabajo, son entendidos como hechos de tipo violento y únicamente se les atiende, (desde el reporte del accidente del trabajo que tiene que hacer el empleador, pasando por la atención y tratamientos médicos), cuando interrumpen los procesos de producción, cuando causan efectos en los demás trabajadores o cuando tienen implicaciones legales.

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Frente a estos temas debe partirse de que, desde la concepción de salud ocupacional que manejan el sistema de seguridad social y los empresarios, el interés central es mantener la fuerza de trabajo en las mejores condiciones para la producción, con los órganos de los sentidos y el aparato locomotor en buenas condiciones. Paradójicamente, para cumplir con los estándares de calidad y belleza de las flores que se producen para la exportación, los empresarios tienen como prioridad la salud de estos seres. Es dramática la situación para las trabajadoras y trabajadores que se enfrentan, bajo los invernaderos, a la exigencia de que las flores tengan el más mínimo indicio de enfermedad. Para los empresarios apenas puede llegar a ser importante mantener a sus trabajadores en “buenas condiciones de salud” para que se garantice su tasa de ganancia, de manera que toda esta concepción está lejos de apuntarle al respeto de la dignidad de los seres humanos y a la garantía de la salud de las trabajadoras y trabajadores.

Los cuerpos de quienes cuidan las rosas Guisella Lara Veloza. Asociación Herrera, Madrid Cundinamarca.

“La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma”. Richard Bach. “Pues le he admirado eso a ella… se hace la fuerte pero sé que a veces no puede más”. Familiar de Carmen.

  Últimamente cuando se hace referencia al sector de la floricultura en Colombia se da cuenta de las difíciles situaciones de despidos masivos, de los escándalos financieros que algunos empresarios han protagonizado por malos manejos dejando a miles de trabajadoras y trabajadores a la deriva. Aparte de estas difíciles situaciones a las que se ven sometidos y sometidas estos trabajadores y trabajadoras, es importante mirar cómo éstos llevan en sus cuerpos las marcas ocasionadas por el modo de producción capitalista, que es productor no solo de flores para la exportación sino de cuerpos afectados por enfermedades que acrecientan las dificultades para quienes trabajan en este sector. La política de flexibilidad laboral ha transformado las condiciones y relaciones laborales complejizando las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras del sector floricultor. Sumado a esto el uso de fungicidas, insecticidas y fertilizantes, las posturas físicas que se requieren para las labores, los movimientos repetitivos, hacen que estas personas corran un alto riesgo de contraer enfermedades dérmicas y respiratorias a las cuales se añaden problemas lumbares, de obstrucción metacarpiana, de articulaciones, cáncer, e incluso hasta enfermedades poco conocidas y por lo tanto difíciles de tratar. Teniendo en cuenta los problemas tan complejos que se presentaron a lo largo de 2010 respecto al cierre de empresas y todo lo que esto ha implicado para la población de la Sabana de Cundinamarca, y que se exponen de manera importante a lo largo del presente informe, es mi interés difundir un caso que corre el riesgo de quedar en la invisibilidad y que no puede dejar de inquietar a quienes nos interesa la vida de quienes trabajan tan arduamente en los cultivos de flores. Se trata del caso de Carmen, una mujer que entregó su cuerpo y salud a un trabajo al que agradece por los años que le permitieron, como ella dice, sacar adelante a sus dos hijos, pero que ahora, haciendo

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un balance, llega a la conclusión que se trata de un sentimiento que la empresa no ha correspondido, debido a que Florex en ningún momento le ha reconocido los 30 años de trabajo que dedicó ella a sus cultivos. Carmen, una mujer dinámica y trabajadora, llegó a Madrid Cundinamarca de Acacias Meta hace un poco más de 30 años. Parte de su familia radicada en el municipio de Madrid Cundinamarca la acogió, entre ellas una prima que es tocaya, diez años menor y que ha sido un apoyo incondicional todos estos años. Carmen se casó tuvo dos hijos y empezó a trabajar en Florex, una empresa que como su nombre lo indica, se dedica a producir flores para la exportación. Ella trabajó en distintos oficios en el cultivo, cortando, regando, oficios varios y en la poscosecha en temporadas duras de trabajo. Hace menos de un año y medio, luego de más de 30 años de trabajar en la empresa, exactamente el 18 de octubre del 2009 le diagnosticaron dermatopoliomisitis, como lo relata su prima Carmen con quien comparte hasta el nombre y quien sorprendentemente no olvida ninguna fecha respecto a todo lo que ha pasado desde que diagnosticaron la enfermedad, de un momento a otro empezaron a cambiar las cosas cotidianas, ella inició sintiendo como desaliento, debilidad “ella comenzó a sentir cansancio, decía que era como pereza, pero se sorprendía porque decía –¿pero yo por qué si yo no soy perezosa?– y ya después de mitad de año empezó a dolerle las piernas, sentía mucho dolor en las rodillas y como en agosto o septiembre ya sacó cita en el médico y le dijeron que eso no era muy común, porque comenzó con un brotecito, un brote como rojito, comenzó a hincharse, entonces ya le mandaron una biopsia y en esa biopsia fue donde determinaron que era dermatopoliomisitis que tenía, y el médico le dijo, que de uno en cien o en mil –yo no sé– justo a ella le había dado”7. Así fue, el 18 de octubre del 2009 le diagnosticaron dermatopoliomisitis. ¿Dermatopoliomisitis? se han preguntado muchos, entre ellos varios especialistas, ya que se trata de una enfermedad poco común que genera una sintomatología muy particular y que implica el padecimiento de fuertes dolores en la persona enferma y el sufrimiento de grandes sacrificios por parte de sus familias. La enfermedad implicó la pérdida de la capacidad laboral, dejando atrás las flores a las que dedicó 30 años de su vida, ya que desde los 18 años se dedicaba a este oficio. Recuerda Carmen que era tal su entrega al trabajo y a estos seres coloridos que son las flores, que aguantó incluso que fumigaran y regaran mientras ella trabajaba “Eso al principio no les hacían usar guantes ni caretas ni nada de eso, sino así les tocaba y los que fumigaban trabajaban mientras ellos sembraban o regaban las maticas…”8 decía. ¿Qué significó para Carmen trabajar en esas condiciones? ¿Será que no utilizar las medidas de protección necesarias para realizar el trabajo tiene algo que 7 8

Fotografía - uv.es

Carmen, prima. Entrevista. Madrid, febrero del 2011. Ibíd.

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ver con su situación actual? ¿Es posible que el contacto con los productos químicos y los pesticidas hayan dejado secuelas en Carmen? Las preguntas inquietan y llevan a pensar en lo importante y urgente que es una investigación respecto a esta enfermedad. Una investigación médica seria que pueda llegar a determinar las causas de esta enfermedad en Carmen, que por ser una miopatía, es decir, un desorden muscular que gradualmente produce distrofia, podría estar asociado al contacto con químicos de acuerdo con literatura científica. Se trata de enfermedades de carácter autoinmune que pueden ser ocasionadas por el contacto con organofosforados, presentes en los agroquímicos que se utilizan de manera intensiva en las empresas de flores. La dermatopoliomisitis es una enfermedad que causa una afección neuromuscular, afecta el tejido conectivo, además se entiende que los diagnósticos de este tipo de enfermedades son difíciles y lentos pero de gran importancia para comprender las causas y los posibles rumbos médicos (…) la mayoría de las enfermedades dérmicas son causadas por una reacción con el ambiente (…) Hacer un seguimiento a este tipo de enfermedad requiere una gran exclusividad, porque es necesario llevar un rastreo para comprender la respuesta del tratamiento del paciente9. Las anteriores son algunas reflexiones que dan cuenta de la importancia de llevar un seguimiento minucioso porque una de las características de esta enfermedad es la rapidez con la que evoluciona, no da tiempo. En el caso de Carmen en tan solo un año y unos meses se ha desarrollado de una manera impresionante. Esta ex trabajadora de flores ha venido adquiriendo incluso otras enfermedades como fibromialgia, neumonía, gastritis, y debido a la osteoporosis que padece tiene un gran riesgo de sufrir fracturas en la columna, afecciones producidas como efectos secundarios por las cantidades de droga a las que ha tenido que acceder para controlar la dermatopoliomisitis. El Comité evaluador del Seguro Social dictaminó que Carmen perdió con la enfermedad el 66.70% de su capacidad laboral. La EPS nunca notificó a Carmen la calificación del origen de la enfermedad por lo que no tuvo la oportunidad de controvertirla y todo el proceso continuó bajo el supuesto de que la configuración de la enfermedad nada tuvo que ver con su trabajo. ¿Para qué luchar por investigaciones? dice la familia, si lo que ella necesita es que su pensión empiece a llegar pronto para poder estar tranquila por lo menos en el tema económico. Trámites, trámites y traámites… es el juego burocrático en el que han entrado Carmen y su familia desde 2009, enfrentándose a un sistema de salud al que paradójicamente poco le importa la salud de las personas, envolviéndolas en una cantidad de trámites y requisitos que aplazan la emergencia en la que los cuerpos entran, la emergencia de los cuerpos por ser atendidos y además dejando de lado la necesidad de la investigación. Sabemos que las investigaciones son costosas y requieren de mucho tiempo, incluso que pueden llegar a ser incomodas para los o las pacientes, pero en este caso persiste la incógnita acerca del origen de la enfermedad, ya que nunca las entidades de seguridad social llegaron a contemplar que el trabajo hubiese podido ser el origen de la enfermedad o al menos haber propiciado su aparición o que la hubiese podido agravar. Estas entidades nunca tuvieron en cuenta que nadie en su familia sufrió de algún tipo de afección medianamente parecida a ésta. Toda actividad laboral implica algún riesgo; el ejercicio de un oficio o profesión conlleva una probabilidad de afectar negativamente la salud, pero también implica la opción positiva del trabajo como un medio para crecer como persona, satisfacer las necesidades propias, las de la familia y las de la sociedad10. Hospital San Juan de Dios; investigando los diferentes diagnósticos de la dermatopoliomisitis, la poliomisitis y la dermatomiositis. Unidad de Reumatología, Junio de 1994 y Diciembre de 1995. 10 Ministerio de protección social; Informe de enfermedad profesional en Colombia, una oportunidad para la prevención. República de Colombia 2001-2002, Bogotá 2004. 9

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Teniendo en cuenta esta tesis del Ministerio de la Protección Social, en toda actividad laboral hay riesgo y por las características de la enfermedad que sufre Carmen y las difíciles formas de diagnosticar las raíces del origen de ésta, como se argumentó con anterioridad, sería importante pensar en la relación de los treinta años de Carmen dedicados a sus labores y la repentina aparición de la dermatopoliomisitis que ahora es también osteoporosis, gastritis, fibromialgia, y hasta la posibilidad de fracturas en su columna y eso sin contar con las consecuencias a nivel psicológico que ha implicado el proceso tan rápido de la enfermedad. Es relevante mencionar las distintas formas como se ha violado el derecho a la salud de Carmen. Siempre se ha entendido la salud como la ausencia de enfermedad pero hoy se reconoce que no es simplemente eso, sino un estado pleno de bienestar físico y mental donde de fondo predomina el derecho fundamental a la vida digna11. A Carmen también se le ha violado el derecho a tener una vida digna ya que dejó de recibir lo de su sustento porque la EPS dejó de pagar su incapacidad porque después de cumplir los 180 días de incapacidad la ley dispone que son los Fondos de pensiones los que tienen que entrar a pagarlas y éstos frecuentemente evaden esta obligación, dejando a la deriva a las personas que tienen largas incapacidades. Mientras se sigue luchando por el respeto de los derechos en el sistema de seguridad social, las enfermedades no dan espera y hasta por la droga le han puesto problema, pues ella necesita acceder pronto a un medicamento que le formularon hace varios meses porque si no podría llegar hasta necesitar morfina. Lleva varios meses sin obtener ninguna respuesta, tanto así que el reumatólogo que la atiende le aconsejo poner una tutela para poder acceder a esta droga; pero, ¿qué pasa en este caso en el que la enfermedad evoluciona de manera sorprendente con un sistema de salud tan inhumano? Carmen poco procura demostrar que se siente mal, pero hay momentos –como dicen– que no aguanta y se le sale la lágrima… cuenta su prima tocaya que todos los días está pendiente de ella. ¿Qué hacer frente a una situación como esta? Realmente es urgente que Carmen reciba un tratamiento adecuado, las enfermedades que tiene no dan espera, lastimosamente en un sistema de salud como este es peor el remedio que la enfermedad. La empresa debería así mismo, corresponder a la vida que Carmen le entregó, indagando sobre las posibilidades de la relación de esta enfermedad con el trabajo que desempeñó durante 30 años. Pero que un empleador asuma su responsabilidad, en un país en el que los empleadores que cumplen con los mínimos legales son la minoría, resulta bastante difícil. Un cuerpo sufre hoy en contados días, horas y minutos los efectos de un sistema de producción que produce cuerpos enfermos y olvidados, cuerpos que al sostener ritmos, climas, olores, presión, jornadas, trasnochos, incorporan un mundo de injusticia social. Los dolores callados se materializan en enfermedades, el cuerpo recluta las opresiones del trabajo, las opresiones de la vida misma.

Las y los trabajadores de flores en Colombia: también víctimas del sistema de salud Claudia, una mujer que trabajó en la floricultura por más de diez años dice que lo más difícil de su enfermedad ha sido la imposibilidad de hacer los oficios de la casa y toda la labor que genera, para una mujer obrera, cuidar y mantener a cuatro hijos.

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Plataforma colombiana de Derechos Humanos; En clave de derechos: retos para la política pública de Bogotá. Bogotá, noviembre del 2008.

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Claudia tiene totalmente inmovilizada la mano y la muñeca derecha a pesar de que hace seis meses le realizaron la última cirugía. Los médicos no le dan mucha esperanza de que pueda volver a tener la misma movilidad que tuvo antes de que ingresara a la última empresa, a la que hoy sigue vinculada. Esta mujer dice estar segura de cómo contrajo la enfermedad que le impide conciliar el sueño debido a los fuertes dolores que aun padece. Cuenta que aunque el contrato que firmó establecía que iba a desempeñar el cargo de operaria de cultivo, algunas semanas después de ingresar le ordenaron que cargara bultos de cascarilla mojada, un material que sirve de abono a las plantas y que es cargado casi exclusivamente por hombres. “Demuestre que es verraca”, “demuestre que las mujeres pueden más que los hombres” le decían sus compañeros y el supervisor, a quien solicitó en muchas ocasiones que la cambiara de labor porque sentía que era una labor muy pesada para ella. Cargando bultos comenzó a sentir problemas de movilidad y dolor en su mano, problemas que se agudizaron estando en las actividades de siembra y mantenimiento de las plantas en la zona de cultivo. A través de una resonancia magnética se dictaminó que tenía el SINDROME DE KIENBOCK que implica una necrosis del hueso semilunar en su mano derecha; con estos resultados en mano pudo demostrar a sus supervisores que no se estaba haciendo la enferma por pereza de trabajar, tal como le decían constantemente por no alcanzar los altos niveles de rendimiento que le imponían en la empresa. Desde octubre de 2009, Claudia comenzó sin saber, un largo itinerario burocrático con el fin de que le practicaran la cirugía y, luego, para que le pagaran el largo periodo de incapacidad que se generó debido al retraso en la intervención quirúrgica. Debido a todas las dilaciones y las trabas que le impusieron las entidades de Seguridad Social, Claudia tuvo que vivir seis meses pidiendo préstamos para cubrir todas sus necesidades y las de sus cuatro hijos y para movilizarse desde su municipio en la Sabana de Bogotá hasta la ciudad para asistir a las citas médicas y realizar todas las “vueltas” para su cirugía. Quienes como Claudia, han superado los 180 días de incapacidad, límite que impone la ley a las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS) para reconocerlas y pagarlas, deben “saltar matones” ya que aunque enfermos deben conseguir dinero para el sustento familiar mientras se resuelven los problemas burocráticos que imponen las mismas entidades generando la violación de los derechos fundamentales de los usuarios y usuarias. Si una trabajadora o trabajador lleva más de seis meses incapacitado porque está esperando superar los engorrosos trámites en las EPS para la práctica del procedimiento o el tratamiento que les corresponde, o a que se dé el concepto de alguna Junta de calificación de Invalidez acerca del origen de la enfermedad y/o la pérdida de la capacidad laboral, se expone siempre a que tenga que asumir la mendicidad o vivir en condiciones de miseria, así sean enfermedades o lesiones adquiridas en el trabajo. Desde octubre de 2009 a través de la EPS COOMEVA, Claudia tuvo que hacer

Fotografía - Periodicoelpulso.com

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trámites en la HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, pero COOMEVA sin explicación la remitió a la CLÍNICA NUEVA para que fuera nuevamente valorada por un especialista en Ortopedia y Traumatología. Pocos días después COOMEVA expidió una orden para que fuera atendida en el HOSPITAL MILITAR y luego de múltiples valoraciones y trámites para que se programara la cirugía, este hospital le advirtió a Claudia que no se le podía practicar la cirugía porque había finalizado el convenio con la EPS. Seis meses después de haber sido valorada en el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ, tuvo que volver a sus instalaciones como si hubiese ido por primera vez. Nuevamente se ordenaron valoraciones y fue necesario volver a hacer todos los trámites para la práctica de la cirugía. En marzo de 2010, se cumplieron los 180 días de incapacidad que pagaba la Entidad Promotora de Salud, así que, luego de buscar asesoría en múltiples instancias ya que ni la empresa, ni ninguna entidad le prestó ningún tipo de orientación, supo a través del apoyo que le prestó la Corporación Cactus, que PORVENIR, por ser el Fondo de Pensiones al que estaba afiliada, debía pagarle las incapacidades que se generaran después del mes de marzo. Claudia, tranquila porque ya sabía cómo iba a sobrevivir mientras se recuperaba de su mano, fue a Bogotá a radicar un derecho de petición para que le pagaran las incapacidades, pero se encontró con el rechazo de una funcionaria del Fondo de Pensiones PORVENIR quien no le quiso aceptar el documento sin darle ninguna explicación o instrucción para que pudiera hacer valer su derecho a presentar solicitudes a este tipo de entidades. Esta trabajadora recuerda que fue una época muy dura en la que ningún tendero del barrio donde habita quería fiarle y en la que por fortuna contó con el apoyo de algunos familiares, a pesar de sus escasos recursos. Recuerda también que comenzó a sentir fuertes depresiones porque a los fuertes dolores y la inmovilidad de su mano se unieron las carencias económicas, problemas que siempre generan dificultades en las relaciones familiares. Aunque en julio de 2010 obtuvo un fallo de tutela que ordenaba a PORVENIR pagarle las incapacidades, esta entidad solo las comenzó a pagar en septiembre. Así mismo, la cirugía le fue practicada en el mismo mes. Hoy Claudia está tratando de obtener una valoración por medicina laboral ya que desde un principio la EPS COOMEVA, sin la evidencia suficiente y sin el lleno de los requisitos legales, determinó que era una enfermedad común, por eso fue el Fondo de Pensiones y no la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), quien se encargó de pagarle las incapacidades. Claudia considera que tiene derecho a que se establezca la verdad en su caso. Que debe dictaminarse que la enfermedad que adquirió es de origen profesional y se debe determinar si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la empresa. Vale anotar que es casi imposible que Claudia obtenga una pensión por esta enfermedad aun cuando es claro que perdió funcionalidad en su mano y su muñeca derecha para siempre. El síndrome de Kienbock, en este caso, pudo haberse originado por los sobreesfuerzos a los que esta trabajadora tuvo que someterse. Una especialista en salud ocupacional entrevistada por Cactus, estableció sobre este caso que las características del trabajo que tuvo que desarrollar Claudia, como exposiciones fatigantes físicas pudieron haber generado un colapso de las arterias que nutrían el hueso semilunar que resultó afectado, o que el sobreesfuerzo pudo haber generado una fractura intra-articular o un esguince de la mano. Como en el caso de Carmen expuesto en el apartado anterior, se hace necesaria una investigación seria que no es posible en este sistema de salud. Aun si se tuviera acceso a conceptos de médicos especialistas

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particulares, lo cual costaría una fortuna, éstos no serían válidos para controvertir las declaraciones que emiten las entidades del sistema de seguridad social.

Los procesos peligrosos12 en la floricultura y las acciones en torno a la salud ocupacional La crisis de la que se viene hablando desde hace varios años atrás y que supuestamente cada vez es más crítica, ha implicado el despido de muchos trabajadores y trabajadoras generando que se reduzca el número de personas que trabajan en cada unidad productiva. La decisión de no reemplazar a las y los obreros despedidos, se traduce en un aumento sostenido de la exigencia en la carga de trabajo y de los topes de rendimiento. Esta excesiva carga laboral ha incidido directamente en la generación de procesos peligrosos en el trabajo, que generan la afectación en la salud de las trabajadoras y trabajadores. De esta manera, hablar de las estrategias de los empresarios para sobrevivir a la supuesta crisis es fundamental para entender los problemas de salud que tienen las trabajadoras y trabajadores de flores. Lastimosamente, esto no es tenido en cuenta por los empresarios, las Administradoras de Riesgos Profesionales o ARP, EPS, ni el Ministerio de Protección Social. Vale la pena mirar, el caso del Síndrome del Túnel del Carpo, que según la calificación de Enfermedad Profesional entre los años 1996 y 2009 fue la enfermedad profesional que más se presenta en Colombia, con un 46% de los casos13, siendo la floricultura el sector en el que más Enfermedades Profesionales se presentan, con 1448 casos registrados, que implica el 19% del total de registros14. Lastimosamente no hay disponibilidad de estos datos discriminados por género. Sin embargo, el Informe de Enfermedad Profesional en Colombia 2003-2005 muestra que en 2003 el 53% de las mujeres que presentaban una enfermedad profesional padecían del Síndrome del Túnel del Carpo, representando en el periodo de estudio la primera causa de morbilidad profesional en el país con un 32% de los trabajadores y trabajadoras. El mencionado informe del Ministerio de Protección Social cita un estudio sobre el síndrome en población de Bogotá y Cundinamarca, literatura científica que refleja que el Síndrome del Conducto Carpiano SCC, se caracteriza por afectar en más del 90% de los casos a mujeres. La investigación evidencia que esta enfermedad en los casos de mujeres trabajadoras, fue bilateral en un 75,4%, derecho en un 19,8% e izquierdo en un 3,2%15. Esto significa que hoy existe un altísimo número de trabajadoras con esta enfermedad irreversible, padeciendo los incómodos y dolorosos síntomas, que persisten aun después de las intervenciones quirúrgicas. 12 El riesgo implica la estimación de la probabilidad de que ocurra un efecto adverso en la salud del trabajador o trabajadora, “naturalizando” los agentes que pueden ser de tipo químico, físico, biológico, ergonómicos o psicosociales. Bajo esta perspectiva, se supone que los agentes son los que causan las enfermedades y los accidentes de trabajo, velando así el carácter social, histórico y político de los ambientes laborales y relevando de responsabilidad a los empresarios y el Estado en la generación y mantenimiento de las condiciones de trabajo que atentan contra la salud. Como alternativa al concepto de riesgo surge el de peligro o procesos peligrosos que son los que surgen durante el proceso de trabajo, ya sea de los objetos, medios de trabajo, de los insumos, de la interacción entre éstos, de la organización y división del trabajo o de otras dimensiones del trabajo, como el entorno y los medios de protección, que pueden afectar la salud de las trabajadoras o trabajadores. 13 Datos registrados por FASECOLDA, FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS, en El impacto de las Enfermedades Profesionales en la productividad empresarial, Revista Empresarial y Laboral, edición mayo/junio de 2011. 14 Ibid. 15 Informe de enfermedad profesional en Colombia 2003-2005. Ministerio de Protección Social. Disponible en http://www.pymesetb.com/ Administracion/Biblioteca/documentos/Informe%20Enfermedad%20Profesional.pdf, Acceso 19 de febrero de 2011. PEREIRA MORALES, ANA PILAR. Caracterización de la población de Bogotá y Cundinamarca con síndrome de túnel del carpo de origen profesional determinado durante el periodo 2002-2003. Bogotá, D. C. noviembre de 2004. P. 12.

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Vale la pena enfocarse en las acciones que ha tomado el Ministerio de Protección Social para hacerle frente a esta situación. Apenas en 2005, realizó una reducida campaña con el lema: “No se le vaya la mano”, en la que distribuyeron cartillas que mostraban los ejercicios que deben hacer trabajadoras y trabajadores para prevenir el problema. Sin embargo esta campaña no estableció ninguna directriz para combatir las causas del problema, entre las que está la forma como se organiza el trabajo en la floricultura y los rápidos cambios que se han dado en este sentido, agudizando los procesos peligrosos. A partir de las lógicas en que funciona este modelo de producción surge la pregunta ¿de qué sirve que se digan cuáles son los ejercicios que debe hacer una trabajadora para prevenir este mal si por las exigencias de rendimiento no le alcanza el tiempo para hacerlos? Aun cuando estas personas tengan la posibilidad de hacer los ejercicios de prevención, si tienen la obligación de cortar cientos de tallos por hora sin la posibilidad de objetar esta organización del trabajo, ni proponer otras formas a partir de su amplio conocimiento y experiencia, se configuran procesos peligrosos que muy probablemente les generarán enfermedades profesionales. Por eso, ante al alza de los topes de rendimiento la campaña no dio ningún resultado. El propio Ministerio, en 2007, reconoció la acelerada expansión de la dolencia16. Aunque este tipo de enfermedades conocidas como desórdenes de trauma acumulativo17 terminan con la vida laboral del obrero o de la obrera, las Administradoras de Riesgos Profesionales, encargadas de dictaminar los grados de incapacidad laboral y, en concordancia con ello, hacerse cargo de la indemnización o pensión correspondiente, se niegan a asumir su responsabilidad negando el origen laboral de la enfermedad o imputándoselo a labores domésticas, o a ciertas condiciones individuales como alteraciones del metabolismo, hipotiroidismo, obesidad, etcétera18. En caso de que se reconozca el carácter profesional de la dolencia, se califica máximo con 10% la pérdida de capacidad con lo que el trabajador recibe una irrisoria indemnización, y la condena a una vida de padecimientos, sin la posibilidad de encontrar ocupación y de obtener una mesada que al menos le permita escapar de la pobreza. Resulta entonces fundamental que especialmente las y los trabajadores entiendan cuáles son las causas de fondo que generan estos procesos peligrosos, a la hora de exigir mejores condiciones de salud en el trabajo. Las acciones desde los actores implicados que buscan generar procesos que den lugar a bienestar en el trabajo, se ven muy limitados si no se atiende a las causas que dan lugar a los

16 Memorial de agravios de los trabajadores de la floricultura, carta dirigida al ex ministro de Protección Social Diego Palacios por Aidé Silva, Presidenta de Untraflores. http://www.untraflores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=241:memorial-de-agravios-de-los-trabajadores-de-lafloricultura&catid=3:documentos&Itemid=4. Acceso 23 de febrero de 2011. 17 Los desórdenes de trauma acumulativo (DTA), también denominados Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER), constituyen un conjunto de enfermedades de los tejidos blandos, caracterizados por molestia, debilidad, incapacidad para ejercer movimiento o trabajo y dolor continuo. Se ha evidenciado mediante muchos estudios que estos problemas primordialmente son causados, precipitados o agravados por una serie de factores ocupacionales como las actividades de fuerza y repetitivas, la carga muscular estática, la postura inadecuada del cuerpo, las vibraciones, y en general, están asociados con sobreuso y sobre-ejercicio. Igualmente se ha evidenciado que hay factores no ocupacionales, como los individuales (tales como peso, talla, sexo, edad, desarrollo muscular, estado de salud, características genéticas, adiestramiento, aptitud física para la ejecución de tareas específicas, acondicionamiento físico, adecuación de ropas, calzados y otros efectos personales llevados por el trabajador) y los ambientales(tales como las temperaturas extremas, el ruido, la humedad, la iluminación, la organización del trabajo) que contribuyen a la etiología de tales desórdenes. Los DTA más frecuentes son Síndrome del túnel del carpo, Patología de hombro, Patología de Codo y Patología de columna. Acosta Cuevas Daniel Alberto, Desordenes traumáticos acumulativos, Universidad Autónoma de Baja California, 2006. 18 Memorial de agravios de los trabajadores de la floricultura, Op. cit.

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procesos peligrosos. Así mismo resulta necesario construir otro Sistema de Seguridad Social para que la salud no se siga manejando bajo una lógica mercantil sino que ésta, la salud, sea su objetivo central.

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III. Prácticas laborales de empresas con certificaciones sociales y ambientales El caso de Élite Flowers En 2008, The Élite Flower Ltda contaba con 11 fincas: Las Margaritas, Santa María del Pinar, La Alcancía, La Esmeralda, El Rosal, Circasia, San Pedro, La Valentina, El Marne, San Carlos y San Mateo, que sumaban más de 240 hectáreas de cultivos de flores. Fruto de una estrategia de expansión y de consolidación como grupo empresarial, en los últimos años Élite ha adquirido las empresas Santa Catalina, Fantasy y Santa Tecla, además de comprar la producción a varias empresas, sobre las que no existen datos disponibles. Esta empresa, que emplea a más de 3.500 personas, ha sido reconocida como una de las mejores empleadoras, ya que en el pasado daba prestaciones extralegales a los trabajadores y trabajadoras, tales como bonificaciones y subsidios de estudio. A pesar de la eliminación de estos incentivos, sigue siendo reconocida como un empleador serio, que paga los salarios de manera cumplida y en la que siempre hay ofertas de empleo. Sin embargo, han sido frecuentes las denuncias sobre las presiones en los niveles de rendimiento y las largas jornadas, así como la violación al derecho de asociación sindical. La Unión Nacional de Trabajadores de Flores UNTRAFLORES ha denunciado en su periódico Florecer19, condiciones laborales indignas y la Corporación Cactus ha atendido a 12 personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos por parte de esta empresa. En septiembre de 2010, International Labor Rights Forum ILRF y la Corporación Cactus, decidieron adelantar una investigación para documentar cuáles son las prácticas de esta empresa, que cada año encabeza las listas de las empresas floricultoras con mayores ventas y que tiene cuatro certificaciones de buenas prácticas, sociales, laborales y ambientales. Los resultados de la investigación arrojaron que aunque la empresa ÉLITE recibe anualmente las certificaciones de Veriflora, Rainforest Alliance, Business Alliance for Seccure Commerce BASC y Global GAP, incumple con la normativa nacional y por ende, con la misma regulación que imponen los procesos de certificación. Es cuestionable que una empresa que viola sistemáticamente los derechos laborales tenga certificaciones que en primera instancia, estaría dando a las y los consumidores una información acerca de las condiciones de producción que no se ajusta a la realidad y que implica un reconocimiento de buenas prácticas a una empresa que no respeta las normas laborales. Los testimonios sobre los que basamos estas denuncias fueron recogidos el día 13 de septiembre de 2010 en el municipio de Madrid Cundinamarca en un grupo focal compuesto por 6 trabajadores y trabajadoras que laboran en alguna de las empresas que compone el grupo.

19 Florecer número 20. Disponible en http://untraflores.org/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=1&limitstart=14, Acceso 23 de febrero de 2011.

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Acceso a la atención en salud Lizeth*, una extrabajadora que había sido subcontratada por la Empresa de Servicios Temporales ACTIVOS S.A. para trabajar en la empresa Fantasy Flowers dijo en la entrevista que en algunas ocasiones cuando alguna persona solicitaba medicamentos para contrarrestar malestares generales como dolor de cabeza, indigestión, mareos, etc., la administración les respondía que sólo tenían accesos al botiquín dos días específicos de la semana. Lizeth también anotó que no está permitido que en horas de trabajo las trabajadoras y trabajadores asistan a citas médicas. Según esta trabajadora esta prohibición se hace imperativa en temporadas altas de producción. Señaló también que en algunas ocasiones, las personas encargadas de supervisión se comunican con las Entidades Promotoras de Salud para cancelar las citas que previamente habían sido programadas para las trabajadoras o trabajadores. Se trata de una práctica que incumple con la obligación contemplada en la legislación colombiana de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del medio ambiente dispuesto en el artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994. Además contradice de manera flagrante las disposiciones del Código de Conducta de Veriflora en cuanto a Salud y Seguridad Ocupacional; concretamente las disposiciones relativas al Acceso a los Servicios de Salud contenidas en los literales a y c del numeral 11.2.2.1 que establecen respectivamente que el productor proveerá transporte y procedimientos de cuidado en el caso de emergencia médica y que así mismo deberá permitir a los trabajadores tener acceso a cuidado médico y dental regularmente durante horas laborales. Carlos, un joven de 20 años de edad, que trabajó durante la última temporada de San Valentín en FANTASY dijo a la Corporación Cactus y al ILRF que al momento de ser contratado firmó un documento de afiliación a la Seguridad Social en Salud, es decir a una Entidad Promotora de Salud, pero al intentar programar una cita para medicina general después de una semana de haberse retirado, la entidad le informó que no había sido afiliado y por tanto no pudo obtener atención médica. Él estaba subcontratado por la Empresa de Servicios Temporales ACTIVOS S.A. y seguramente si no hubiese requerido una cita médica no habría descubierto que no había sido afiliado al Sistema de Seguridad Social por su empleador. Este caso estaría indicando que algunos trabajadores y trabajadoras temporales no son afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud y que esta situación muchas veces no es detectada por quienes han tenido un descuento de su salario para tener acceso a la atención en salud, pero su empresa no realiza las respectivas cotizaciones. Esto puede ocurrir cuando la persona no acude a una Entidad Promotora de Salud en el periodo de vinculación a la empresa y pasado un mes después de la desvinculación de la productora debido a que luego de este tiempo le es suspendido el servicio de manera automática. La legislación colombiana establece en el artículo 22 de Ley 100 de 1993, la obligación del empleador de descontar del salario de cada trabajador o trabajadora el monto de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y el deber de trasladar estas sumas a la entidad elegida por el trabajador o trabajadora. Cuando el empleador no hace trasferencia de estas sumas, el trabajador termina asumiendo las consecuencias negativas como la de no tener atención médica o tener que sufragarla de su bolsillo aun cuando ya ha pagado por este servicio, consecuencias que siempre se traducen en la violación de *

Con el fin de proteger a las trabajadoras y trabajadores entrevistados se utilizaron pseudónimos.

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sus derechos fundamentales. Vale anotar que frente a estas omisiones no existen en el sistema jurídico colombiano, mecanismos eficaces para obligar a los empleadores a que reparen este daño.

Niveles de rendimiento y carga laboral Diana, una mujer joven de la Sabana de Bogotá, en entrevista realizada por la Corporación Cactus y la organización ILRF, dijo que en la sección de poscosecha, la exigencia de rendimiento es altísima y que es difícil alcanzar las metas impuestas por los administradores de las fincas. Esta joven trabajadora explicó que desde la administración se exige a las trabajadoras y trabajadores de poscosecha sacar de las cajas, seleccionar, despetalar y armar en ramos trescientos (300) tallos por hora. Hace apenas dos años la meta era de 200 tallos por hora. Esta exigencia se traduce en un sobreesfuerzo que genera altísimos riesgos de contraer enfermedades profesionales. Además implica la generación de presiones, que resultan en un ambiente laboral estresante y baja motivación que terminan ocasionando problemas de salud derivados de los riesgos psicosociales. Expresiones como “muevan rápido esas manos”, la comparación entre los niveles de rendimiento con otras trabajadoras y la amenaza de ser despedido por no alcanzar las metas impuestas, sin duda produce altos niveles de estrés en las trabajadoras y trabajadores de ÉLITE. El estrés laboral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha convertido en uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y ha sido definido como “la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones que no se ajustan a sus capacidades o conocimientos y ponen a prueba su habilidad para afrontar la situación”. Robert Karasek define que “el Estrés y los efectos físicos y de salud mental, resultan no sólo de un aspecto único del ámbito laboral, sino de los efectos conjuntos de las demandas de una situación laboral y la gama de libertad de toma de decisiones disponible al trabajador que enfrenta estas demandas. La tensión laboral ocurre cuando las demandas son elevadas y el margen de decisión es reducido”20. Tan estrecho es el margen de decisión de estas trabajadoras y trabajadores que en muchas ocasiones evitan ir al baño por no afectar sus niveles de rendimiento, ya que estos son medidos constantemente. Estas personas prefieren no atender a los efectos que trae la continencia a largo plazo antes que verse sometidos al escarnio y poner en riesgo su permanencia en su puesto de trabajo por no ser lo suficientemente eficientes. En el informe ‘La organización del trabajo y el estrés’, elaborado por la OMS, se especifica que “un empleado estresado suele ser enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral; además, la entidad para la que trabaja suele tener peores perspectivas de éxito en un mercado competitivo”. Los datos suministrados por Diana coinciden con los de otros entrevistados como Carlos, Lizeth y otras cinco personas que han sido asesoradas por la Corporación Cactus en los últimos seis meses. Ellas anotan que la alta rotación se debe a que los altos niveles de rendimiento ocasionan muchas renuncias y se refieren a sus compañeros y compañeras que llevan más de dos o tres años como personas que “se esclavizan” o “personas que no se quieren” por cuanto “están dejando su salud y renunciando a sus familias por seguir en esta empresa”21. 20 21

SARDIÑA, Diana. El Estrés en el trabajo: El modelo Karasek. En: Hojas informativas de los psicólogos de las palmas. Mayo. 2004. 2-3 p. Entrevista realizada el 13 de septiembre de 2010 en el municipio de Madrid Cundinamarca.

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Se supondría que la temporada de San Valentín, por la enorme demanda de flores de los importadores, impone mayores exigencias de rendimiento y calidad y por lo tanto las y los trabajadores reciben mayores presiones. Esta es una conclusión apresurada, por lo menos frente a los que ocurre en ELITE. Las trabajadoras y trabajadores que ingresan en otras épocas del año y que continúan laborando luego Fotografía - cambio.com.co que terminan las temporadas, son sometidos a mayores presiones fuera de ellas. Por ejemplo, en la sala de poscosecha o de selección, en la temporada se impone como meta la realización de 20 ramos que contienen 50 tallos que son conocidos como “tabacos”, en la temporada. En “temporada baja” se imponen la elaboración de 24 tabacos por hora. Esto implica la selección, el despetale o retiro de pétalos sobrantes, el retiro de las espinas cuando se trata de rosas y un minucioso empacado. Vale anotar que en temporada son contratadas muchas personas, en su mayoría jóvenes, buscando recursos para pagar matrículas o transportes para sus estudios, que trabajan durante uno o dos meses a través de Empresas de Servicios Temporales. De otra parte, los entrevistados refirieron que entre las empresas de ELITE también se imponen unos niveles de rendimiento que contribuyen a esas presiones. Se trata de una competencia basada en que la empresa que logre noventa y cinco mil (95.000) tallos al día entregará a cada trabajador o trabajadora cincuenta mil (50.000) pesos como bonificación.

Jornadas de trabajo El incremento de la competencia y la presión por la revaluación del peso, en la floricultura colombiana se pretende resolver con el aumento del rendimiento de la mano de obra, medida que se traduce en la exigencia de mayores rendimientos y la ampliación de las jornadas laborales. Vale la pena recordar que la regulación de las jornadas laborales fue una de las exigencias más fuertes en la lucha de los movimientos obreros a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, logrando su proclamación en las normas fundantes de la Organización del Trabajo. Ante la libertad con que cuentan hoy los empleadores para disponer de las personas a su servicio por cuenta de la desregulación, debe evitarse, que sea legítimo que la vida de los seres humanos se agote en el trabajo. No de otra manera se podría describir lo que viven las trabajadoras de Élite, que si bien puede ser reconocida a nivel internacional, por ser la empresa “modelo” a la que los floricultores llevan las visitas extranjeras en busca de apoyo a los tratados de libre comercio, es bien conocida por los habitantes de la Sabana por haber pasado de ser una “buena empresa”22 a tener las jornadas más extenuantes en todo el sector. En la población trabajadora de flores en la Sabana de Bogotá se dice que una “buena empresa”, es aquél empleador que cumple con las obligaciones legales. El cumplimiento en el pago de los salarios y las cotizaciones al sistema de Seguridad Social, son aspectos relevantes para esta calificación. 22

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Es conocido el sistema 4 x 4: durante cuatro días la jornada diaria se extiende por veinte horas continuas, se “descansan” cuatro horas y se reinicia una nueva jornada por el mismo tiempo. Las cuatro horas son de supuesto descanso para las mujeres, quienes apenas alcanzan a volver a sus viviendas a realizar algunas tareas domésticas y alistarse nuevamente para el inicio de otra jornada. Tal sistema se utiliza en especial en temporadas de alta producción y el resto del año, que en realidad son aproximadamente seis meses, se laboran jornadas de 12 horas diarias, que se pueden extender aun más en las secciones de postcosecha. Como se anotó atrás, la presión de la competencia y de la revaluación del peso, es enfrentada no sólo a través de la intensificación del trabajo, que implica el aumento de los rendimientos por trabajador/a sino también por la extensión de las jornadas de trabajo. Esto significa que al incremento del estrés por la presión en los rendimientos, se suman las largas jornadas, condiciones que sin duda aumentan los riesgos profesionales y los procesos peligrosos que desencadenan accidentes, enfermedades y ausentismo laboral.

Subcontratación El artículo 77 de Código Sustantivo del Trabajo prevé los casos concretos en los que una empresa puede contratar a sus trabajadores a través de una Empresa de Servicios Temporales: cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias, cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad y para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, en los que se puede contratar por un término de seis (6) meses prorrogables por seis (6) meses más. En Colombia es muy usual la utilización ilegal de la contratación temporal porque las empresas usuarias, es decir las que se utilizan el servicio de los trabajadores temporales, terminan utilizando este tipo de contratos para labores que son permanentes, desplazando los contratos directos con las empresas. Vale la pena anotar que en Colombia, el sector de la floricultura genera 100.000 empleos directos, de los cuales el 42% es contratado a través de intermediarios: 30% por empresas de servicios temporales, 8% por cooperativas de trabajo asociado y el 4% por contratistas. En el año 2002 los trabajadores contratados directamente eran el 86%, en 2010 solamente el 58%. El grupo focal entrevistado afirmó que Élite sólo contrata a través de Empresas de Servicios Temporales (en adelante EST) de manera que ya no lo hace directamente. Además una sola unidad productiva tiene convenio con más de una EST. El grupo contrata a través de la EST Pronto, EST Asistencia Laboral y otro intermediario conocido como “Conteflocsa”, que al parecer tiene carácter informal porque no está registrado como persona jurídica. Según los testimonios, el tope de seis meses del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, es desconocido en algunas empresas de Élite. Algunas veces las EST, luego de finalizado y liquidado el contrato por un año, acuerdan volver a contratar a la misma trabajadora o trabajador y para eso, dar un tiempo de “descanso” volver a contratar bajo la misma modalidad temporal. De esta manera se maquillan relaciones laborales permanentes con contratos temporales. La sentencia de la Corte Constitucional C-330 de 1995, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, examinó la constitucionalidad de la norma que establece los casos en que las empresas pueden convenir con las

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EST el suministro de personal. Esta sentencia estableció que “La finalidad de la norma es la protección de los trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes. El fijar en el caso de este numeral un término mínimo de seis meses, prorrogable “hasta por seis (6) meses más”, es, precisamente, la protección del trabajador permanente. Si la empresa quiere incrementar su producción permanentemente, no podrá seguir este camino.” Estas prácticas ilegales, denunciadas por trabajadoras y trabajadores de Élite Flowers, les permiten evadir el pago de indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa cuando quieren despedir a un trabajador o trabajadora por condiciones de salud o actitudes de reclamación de los derechos. En general los trabajadores y trabajadoras pierden las garantías que ofrece el estar contratado de manera directa.

Posibles lecciones y reflexiones del “caso Élite” De la indagación sobre las condiciones laborales en la empresa Élite Flowers realizada por Cactus e ILRF, se colige que sigue siendo vigente la discusión acerca de los verdaderos alcances de los procesos de certificación en cuanto al respeto y garantía de los derechos sociales. Las flagrantes violaciones que al parecer no son detectadas por las firmas que otorgan las certificaciones, muestran que los procesos de monitoreo y auditoría son deficientes. Haciendo uso del sentido común no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta que la certificación se otorga tras una sola visita al año, que es fijada con anterioridad junto con la empresa interesada. También siguen siendo vigentes y pertinentes las preguntas acerca de la unilateralidad y carácter excluyente de estas iniciativas. Dentro del grupo focal se indagó acerca del conocimiento y participación de las trabajadoras y trabajadores en los procesos de certificación y las respuestas apuntaron a que algunas personas apenas alcanzan a recordar el nombre de las certificaciones, pero no saben con claridad en qué consisten y por lo tanto no participan dentro estos. Así mismo, la participación de los sindicatos y ONG´s dentro de los procesos de certificación que se siguen en Colombia es prácticamente nula. Tal exclusión obedece a que los procedimientos que se prevén para esta participación, ofrecen muchos obstáculos y la complejizan tanto que se hace imposible en la realidad. En algunos casos porque los mismos esquemas excluyen de plano la inclusión de estos actores.

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IV. Violaciones de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras no organizados en el sector floricultor El presente texto se presentó a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el día 14 de febrero para ser incluido en el informe que conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, fue presentado a la Misión del Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo OIT23. De ninguna manera puede afirmarse que se trata de una lista exhaustiva de violaciones a los derechos laborales; se trata más bien de la exposición de las prácticas empresariales que impactan más fuertemente a los trabajadores y trabajadoras de la floricultura, especialmente en la Sabana de Bogotá. Si bien en el tema de derechos humanos no se puede afirmar que una violación hace más daño que otra, se calificaron estos hechos como graves, más por tratarse de prácticas que vienen realizándose de manera sistemática en los últimos 5 años, que aunque están proscritas por la ley, por ineficiencia en unos casos o falta de voluntad del Estado en otros, son permitidas. En algunos casos se trata de prácticas con niveles de sofisticación tales, que no son claramente ilegales. Algunas de éstas, relacionadas de manera directa con la organización del trabajo, parten de la imposibilidad que tienen las trabajadoras de tomar decisiones en su trabajo, por mínimas que sean, que finalmente implican procesos peligrosos que desencadenan enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Son condiciones de trabajo características de los sectores de la agroexportación, que generan un grave daño a las personas que emplea y que hasta ahora se han soslayado, pero que es necesario entrar a intervenir con el fin de proteger a las miles de personas que se emplean en la agroindustria de las flores. Este documento recopila de manera sintética los hallazgos que se han expuesto en los Informes de Floricultura en Colombia, que además de contener denuncias, pretende impulsar la construcción de una agenda conjunta, entre organizaciones sindicales, sociales, no gubernamentales, investigadores, académicos y en general de personas interesadas en cambiar las condiciones e impactos sociales de la floricultura, que lleve a la articulación y al trabajo conjunto para obtener cambios concretos y que, por la vía de estas reivindicaciones, lleve a impulsar la movilización no sólo de las trabajadoras y trabajadores de flores sino también de habitantes de la sabana de Bogotá, que resultan afectados por estas prácticas de los empresarios de las flores.

1. Violación de los derechos laborales en cierres de las empresas Como resultado de la crisis en los sectores exportadores, provocada por la revaluación del peso, se han cerrado muchas empresas; Asocolflores ha declarado que se han perdido más de 22.000 empleos, pero las empresas que han sido liquidadas o cerradas no han respetado la ley laboral, ni las entidades competentes han protegido los derechos laborales en estos procesos de liquidación y de cierre de las empresas.

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El Informe está disponible en http://www.ens.org.co/archivos/Informe-CUT-CTC-Mision-Alto-Nivel-Feb2011.pdf. Acceso 23 de febrero de 2011.

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Sintrabenilda, afiliado a Untraflores, logró en 2009 que los empleadores de la empresa Benilda respetaran los derechos a recibir indemnizaciones y pago de las acreencias laborales conformadas por prestaciones sociales y salarios que le adeudaba a los trabajadores y trabajadoras. El primer y único punto del pliego de peticiones consistía en que se realizara la liquidación obligatoria a través de la Superintendencia de Sociedades. Benilda avisó a los trabajadores y trabajadoras que había decidido cerrar la empresa por causa de la crisis y que todos los contratos tenían que ser terminados. Sin embargo, para esto no había pedido autorización al Ministerio de Protección Social de conformidad con el artículo 466 del Código Sustantivo de Trabajo y pretendía desconocer el pago de las indemnizaciones y de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social que debía desde hacía varios años. Los trabajadores y trabajadoras que laboraban Fotografía - Corporación Cactus para alguna de estas sociedades: Flores Camino Real Ltda C.I.,C.I, RDP Floral Colombia, Agrícola San Gabriel S.A., Poinzetia Farms S.A. C.I. y Deja Vu Flowers C.I. S.A., entre otras, empresas en las que no había presencia de ninguna organización sindical, no tuvieron la posibilidad de reclamar, ni indemnizaciones por la terminación injusta de sus contratos y parte de sus acreencias laborales y salarios porque en las liquidaciones de las sociedades comerciales, que en el sector son en su mayoría liquidaciones privadas, los empleadores no siguieron el procedimiento legal que garantiza el pago de dichas acreencias e indemnizaciones, que incluye la autorización del Ministerio de Protección Social para terminar los contratos laborales. Estas personas sencillamente recibieron la noticia por escrito por parte de sus empleadores de que se iba a cerrar la empresa. En estas circulares se les informaba que posteriormente serían llamados para entregarles las acreencias correspondientes, pero esto nunca pasó, y en su gran mayoría decidieron no demandar a las empresas por carecer de los recursos para pagar los honorarios de un abogado. A pesar que la Corporación Cactus dio a conocer estos hechos, sucedidos en algunas de las empresas mencionadas, al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia de Sociedades, ninguna de las dos entidades realizó acción alguna encaminada a proteger los derechos laborales de estas personas.

2. Utilización ilegal de formas de contratación La Corte Constitucional en interpretación de la ley laboral ha determinado que si la materia del trabajo y las causas que lo originan son continuas los contratos de los trabajadores y trabajadoras no pueden ser a término fijo. Bajo un análisis de simple lógica, si las labores son permanentes como las que se desarrollan en la floricultura (con unas pocas excepciones como la de construcción y mantenimiento

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de invernaderos), no se trata de obras ni labores con una duración definida, por lo tanto, no se puede contratar bajo la modalidad de obra o labor contratada. Sin embargo, bajo la excusa de la crisis se han terminado sistemáticamente contratos a término indefinido, ya sea a partir de despidos sin justa causa o mediante presión para obtener la terminación por “mutuo consentimiento” o la renuncia “voluntaria”, para después contratar bajo la modalidad de obra o labor contratada. Todos los contratos que se hicieron después de la fusión de C.I. HOSA y los de las empresas pertenecientes al grupo ÉLITE FLOWERS así como los de la empresa DEJA VU FLOWERS S.A., son de la modalidad de obra o labor contratada. A trabajadoras y trabajadores les han terminado el contrato de obra o labor contratada, no porque hubiese terminado la materia del trabajo, porque éste continúa y el puesto de trabajo permanece vigente, sino porque según los empleadores ya se les acabó la supuesta obra o labor. De esta manera, la causa real de la terminación de los contratos de obra o labor contratada de cientos de personas ha sido la iniciativa de conformar una organización sindical, o por haber realizado algún tipo de reclamación, por tener alguna enfermedad o disminución física que les impide cumplir con los altísimos rendimientos exigidos, o sencillamente con el fin de suprimir el puesto de trabajo. Así mismo, grandes empresas, reconocidas por seguir varios procesos de certificación de buenas prácticas, como las que conforman el grupo Elite, utilizan los contratos a término fijo de manera irregular. Luego de que los contratos a término fijo por un año, son renovados por tercera vez, en el último año las vacaciones son compensadas en dinero. Una vez han pasado los quince días hábiles a los que por ley tienen derecho los trabajadores como tiempo de descanso, son citados en las Empresas de Servicios Temporales para volver a iniciar otro contrato, nuevamente a término fijo por un año.

3. Discriminación y violación de derechos laborales a trabajadores y trabajadoras en estado de debilidad manifiesta La Corporación Cactus ha asesorado a trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos por razón de su enfermedad profesional o común, o por haber sufrido un accidente de trabajo. A pesar que la ley 361 de 1997 estableció la estabilidad reforzada de las personas que estuviesen en condiciones de debilidad manifiesta, supeditando el despido de personas en condiciones de disminución física a la autorización del Inspector de Trabajo, muchos empleadores han encontrado cómo proceder a este tipo de despidos sin que sea posible hacer reclamo alguno. El 42% de los trabajadores y trabajadoras están contratados a partir de una relación de intermediación con Empresas de Servicios Temporales, Cooperativas de Trabajo Asociado y contratistas unipersonales. Los contratos a término fijo, o por obra, o labor contratada, según cálculos de Cactus equivalen al 40% de los contratos directos. Todas estas formas flexibles de contratación facilitan el despido de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta. Para el empleador es fácil detectar cuál trabajador o trabajadora tiene problemas de salud. Tal condición se ve reflejada en los rendimientos, en el número de incapacidades o en las restricciones que les son remitidas a los empleadores por parte de los departamentos de Medicina Laboral de las EPS. Apenas el empleador observa tal situación ordena que el contrato de obra o labor sea terminado; que se avise

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un mes antes de cumplirse el término en los que son a término fijo; que la CTA proceda a la desvinculación del supuesto trabajador asociado o sencillamente que se pague la indemnización por despido sin justa causa. Esto ocurre frecuentemente ya que se trata de un sector con una altísima incidencia de enfermedades profesionales y en donde los rápidos cambios en la organización del trabajo, han generado el aumento de las cargas laborales para aumentar la productividad de la mano de obra con el fin de contrarrestar los efectos de la revaluación del peso y aumentar su competitividad en los mercados externos.

Fotografía - usleap.com

El resultado de tales despidos es que los trabajadores o trabajadoras quedan en desempleo, debido a que las empresas se aseguran de no contratar trabajadores con problemas de salud. Además, dejan de recibir los tratamientos necesarios para su recuperación, debido a que no son atendidos por las EPS por no estar cotizando y porque el régimen subsidiado rechaza la atención a problemas de origen profesional.

4. Aumento de las cargas laborales En entrevista realizada por la Corporación Cactus y la organización ILRF a una grupo de seis personas que ha laborado en los últimos dos años en la empresa ÉLITE FLOWERS, –empresa reconocida por tener varias certificaciones internacionales de buenas prácticas laborales y ambientales–, afirmaron que en la sección de poscosecha, la exigencia de rendimiento es altísima y que es difícil alcanzar las metas impuestas por los administradores de las fincas. Explicaba una de las entrevistadas que desde la administración se exige a las trabajadoras y trabajadores de poscosecha sacar de las cajas, seleccionar, despetalar y armar en ramos trescientos (300) tallos por hora. Hace apenas dos años la meta era de 200 tallos por hora. Esta exigencia se traduce en un sobreesfuerzo que genera altísimos riesgos de contraer enfermedades profesionales. Además implica la generación de presiones que resultan en un ambiente laboral estresante, baja motivación y causante de problemas de salud. Las personas entrevistadas anotaron que la alta rotación se debe a que los cada vez mayores niveles de rendimiento que impone la empresa ocasionan muchas renuncias y abandono del puesto de trabajo. Ellos y ellas se refieren a sus compañeros y compañeras que llevan más de dos o tres años como personas que “se esclavizan” o “personas que no se quieren” por cuanto “están dejando su salud y renunciando a sus familias por seguir en esta empresa”. De otra parte, los entrevistados refirieron que entre las empresas de ÉLITE también se imponen unos niveles de rendimiento que contribuyen a esas presiones. Se trata de una competencia basada en que la empresa que entre las siete que conforma el grupo empresarial logre noventa y cinco mil (95.000) tallos al día entregará a cada trabajador o trabajadora cincuenta mil (50.000) pesos como bonificación.

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5. Mecanismos para eliminar los procesos organizativos al interior de las empresas Dentro de las acciones realizadas por las empresas de floricultura de la Sabana de Bogotá para eliminar organizaciones sindicales se ha generalizado el acogerse al régimen de insolvencia Ley 1116 de 2006 o recurrir a liquidaciones privadas, procedimiento que se realiza sin una supervisión estricta del Estado, que a partir del cambio en la legislación desde 2006 debilitó la garantía y protección a los derechos laborales en los procesos de cierres de las empresas. Casos como los de Flores Benilda, Agrícola Papagayo, Splendor Flowers, Flores la Conejera, la descapitalización de las diversas empresas del grupo Floramérica, y otras en donde existían sindicatos clasistas afiliados al sindicato de industria Unión Nacional de Trabajadores de Flores - Untraflores, ilustran fehacientemente estas prácticas antisindicales. Además los empleadores aprovechan esta situación para difundir la idea de que por culpa de los sindicatos “se acabaron las empresas”.

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