Story Transcript
Tierra y territorio comunitario
Titulo
Bienvenido, Zacu - Autor/a;
Autor(es)
Proceso agrario en Bolivia y América Latina
En:
La Paz
Lugar
CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo
Editorial/Editor
PLURAL editores 2003
Fecha Colección
CPESC - Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz; Pueblos indígenas;
Temas
Bolivia; Santa Cruz; Capítulo de Libro
Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Bolivia/cides-umsa/20120904033055/16cincuenta. URL pdf Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es
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Tierra y territorio comunitario Bienvenido Zacu*
La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) es una organización de base sin fines de lucro, cuya misión es la representación político social a nivel regional, departamental, nacional e internacional de los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz organizados en matrices de pueblos, centrales, consejos intercomunales y comunidades. La función principal de la CPESC es el fortalecimiento de sus organizaciones miembro para la participación efectiva en la toma de decisiones y en los procesos de desarrollo locales, regionales y nacionales en el marco de la dinámica social y política propiciada por las nuevas leyes que se generan en el país. La CPESC, constituida en 1995, es una organización indígena que forma parte de la estructura del movimiento indígena en Bolivia; es la representación política, social y cultural a nivel regional, departamental, nacional e internacional de los Pueblos Indígenas chiquitanos, ayoreos, guarayos y del Consejo de Pueblos Indígenas del Pallar, conformado por familias del pueblo Yuracaré y Mojeño asentados en el río Ichilo (Santa Cruz).
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Vicepresidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - Bolivia.
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Los objetivos de la CPESC son los siguientes: • • •
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Reivindicación y defensa de los derechos sociales, civiles, culturales y económicos de los pueblos indígenas. Ser reconocidos como pueblos al interior del Estado. Promocionar y consolidar el desarrollo económico de las familias indígenas basado en estrategias sostenibles y con identidad cultural. Consolidar y titular la tierra y el territorio de los pueblos indígenas: Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Tierras Comunales (TC). Consolidar el desarrollo político, organizativo e institucional del movimiento indígena. Implementar y desarrollar la educación intercultural bilingüe. Rescatar y mantener en vigencia la cultura de los pueblos indígenas. Consolidar y promocionar la participación ciudadana de los pueblos indígenas en los procesos democrático electorales. Reconocer los conocimientos tradicionales, colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
Las áreas de trabajo de la CPESC están establecidas en seis secretarías: Fortalecimiento organizativo institucional de la CPESC; Defensa, consolidación y titulación de tierra y territorio; Economía, desarrollo, gestión territorial, ambiental y defensa de los recursos naturales; Educación y cultura; Relaciones y comunicación y, por último, salud.
Relación con la sociedad civil La CPESC orienta sus acciones al fortalecimiento de las capacidades de propuesta y de unidad de los sectores sociales indígenas y campesinos que ha permitido que los distintos
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sectores se estén uniendo en sus demandas, principalmente en lo referido a los derechos humanos, la reforma a las leyes y la defensa de los recursos naturales, la tierra y el territorio. Esta búsqueda de unidad ha permitido que los distintos pueblos indígenas luchen de manera coordinada contra la exclusión social y por la justicia social. De esta manera se han definido estrategias de lucha, propuestas concertadas y comisiones de negociación conjuntas. Las mujeres están presentes en las luchas y movilizaciones durante la elaboración de las propuestas y en la toma de decisiones. Las comisiones de negociación y trabajo están conformadas por hombres y mujeres en cada reunión. Promovemos la participación activa de la mujer, en las organizaciones de diferentes niveles. Se mantiene un sistema de comunicación interna entre la CPESC y sus organizaciones miembros de los diferentes niveles. Por otra parte, también se mantiene un sistema de comunicación externo orientado a la sociedad boliviana para que, en su conjunto, conozca y se sienta comprometida con nuestras demandas a través de distintos medios de comunicación. En esta misma línea, hacemos seguimiento hasta ver convertida en realidad cada una de nuestra propuestas coordinadas con instituciones de diferentes sectores de la sociedad nacional e internacional.
Perspectivas de la CPESC En el marco de las estrategias institucionales de la CPESC buscamos abrir espacios de concertación de políticas e intereses sociales con otros sectores populares u organizaciones afines a las demandas de los pueblos indígenas en sus reivindicaciones de los derechos humanos, sociales, civiles, políticos, económicos y culturales, así como la defensa de los recursos naturales y de la tierra como un bien social y no comercial.
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Nuestra perspectiva es fortalecer el proceso de concertación social de la CPESC en sus distintos niveles, como organizaciones campesinas, de mujeres, originarios, sin tierra, juntas vecinales del área periurbana, trabajadoras del hogar, asalariados del campo y obreros, mediante la realización de reuniones y análisis en los que se exponen los criterios para luego ser concertados. Organizativamente impulsamos este espacio de comunicación como un logro social y promovemos que la información llegue hasta los diferentes niveles de la CPESC, incorporando cada vez más a organizaciones aliadas y consolidando un bloque común que visualice hacia el futuro la construcción de una instancia de convergencia de todas las propuestas de desarrollo, resolución de conflictos, modificación de leyes y defensa de derechos para proponer nuestras demandas concertadas al Estado boliviano y, posteriormente, realizar el seguimiento correspondiente a las propuestas, acuerdos y convenios firmados con el gobierno y con otras instituciones civiles, a través de reuniones y otro mecanismos de seguimiento.
Propuesta En relación a las ansias territoriales actuales, pese a que sólo se trata de una introducción a lo que significa consolidar tierras en favor de los indígenas, ¿es difícil captar la idea de lo que significa un territorio? Los pueblos indígenas no necesitamos ni tuvimos fronteras; tampoco cartones ni títulos para saber qué tierra nos pertenecía y hasta dónde llegaban nuestros territorios. Pero en las épocas actuales debemos sujetarnos a las normas impuestas por el sistema y a la legislación vigente. Hacemos hincapié en el tema de la consolidación y titulación del territorio porque es la única medida que asegura la supervivencia física y cultural de nuestros pueblos indígenas. El gobierno debe realizar un acto de justicia atendiendo las demandas de nuestros pueblos en relación a la tierra y al territorio.
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Han pasado muchos años y muchos gobiernos han elaborado disposiciones legales ignorando los procesos históricos de los pueblos indígenas. Estás disposiciones legales, se han aplicado de manera desordenada provocando contradicciones y vacíos. La Ley de Reforma Agraria de 1953 establecía que los habitantes del oriente –denominándonos “grupos silvícolas”– quedarían bajo la protección del Estado y que nuestras tierras, colectivas o individuales, son inalienables. Sin embargo, no se determinó qué tierras nos pertenecía y, por lo tanto, no se llegó a emitir títulos. Es por esa situación de marginación por lo que los indígenas optamos por hacer frente de forma conjunta y exigirle al Estado el reconocimiento de nuestro derecho a un territorio que nos permita vivir de acuerdo a nuestro modo de ser, a nuestra cultura. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos nuestra propia cultura y forma de vida que debe ser respetada, a fin de no destruir las sociedades que construimos a través de milenios habitando áreas específicas antes de la llegada de otros grupos. En este sentido, nos ampara la Constitución Política del Estado (CPE), que en el artículo 171 establece: “Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales y económicos y culturales de los pueblos que habitan en el territorio nacional, especialmente de sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenibles de sus recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”. La CPE enmarca de manera más amplia este enfoque en su artículo primero: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática, representativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos”. Los artículos mencionados se consiguieron después de la primera marcha –Marcha por el Territorio y la Dignidad, 1990–
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realizada por los pueblos indígenas; liderada, inicialmente, por los indígenas del Beni y convertida luego en movilización nacional. Pero es con la segunda marcha de 1996 –Marcha por el Territorio, los derechos de Participación Política y el Desarrollo– con la que se consigue la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La mencionada ley – del 18 de octubre de 1996)– acabó por aceptar explícitamente el tan resistido concepto de territorio indígena, mencionado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, la Ley INRA, tipificó la nueva figura local de propiedad en TCO y estableció dentro de éstas, la vigencia de los usos y costumbres de cada grupo étnico, como mecanismo interno de gobierno y de toma de decisiones. Para esta reivindicación territorial nos amparamos en el Convenio 169 de la OIT y en su disposición principal sobre los derechos a la tierra, mediante la que se exige que los estados reconozcan el derecho propietario de los pueblos indígenas sobre las tierras que poseen o que tradicionalmente ocupan. En base a este convenio, podemos exigir al gobierno el establecimiento de medidas disuasivas dirigidas a evitar que ciudadanos no indígenas, aprovechando el desconocimiento de las leyes nacionales por parte de los pueblos indígenas, invadan nuestras tierras sin autorización previa. La aplicación de la Ley INRA no fue tan favorable a los pueblos indígenas de las tierras bajas. A siete años de su promulgación podemos evaluarla mencionando distintos rasgos negativos: institucionalidad politizada, ineficiencia y retraso en el proceso de saneamiento y titulación, parcialidad con los sectores dominantes, falta de voluntad política del gobierno para la titulación de las TCO y, por último, ausencia de conocimiento de la legislación agraria por parte de los pueblos indígenas. La CPESC, frente a esta situación, siente la necesidad de la reinstitucionalización del INRA y de crear mecanismos de control social y fiscalización. Por otra parte, considera fundamental alcanzar procesos de consenso entre los distintos sectores
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sociales para elaborar normativas relacionadas al tema agrario y con la distribución de tierras fiscales disponibles para los sectores que las poseen insuficientemente. Este análisis de la realidad, en cuanto a la situación territorial de los pueblos indígenas, nos ha llevado a adoptar diferentes caminos para que el Estado reconozca y garantice nuestra tierra y nuestro territorio. Las demandas de la CPESC parten de la realidad material de los pueblos indígenas y proponen una reflexión justa sobre lo que les corresponde para evitar que se consolide la tendencia a reducir las demandas territoriales de los pueblos indígenas.