colección el pez en la red

Tras la huella de la verdad El caso Gloria Lara de Echeverri Jaime Gómez

BOGOTÁ 2007

ISBN COLECCIÓN 958-9091-67-9 ISBN DE LA OBRA 958-8239-22-2 © Herederos de Jaime Gómez Velasquez ©De la nota introductoria: Diana Marcela Gómez Correal © Del Prólogo Roberto Burgos Cantor

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Fundación para la Investigación y la Cultura Cali Bucaramanga Bogotá E-Mail: [email protected] Página web: www.nuestramericalibros.com

Edición: Diana Marcela Gómez Correal Ilustracíón de la Portada: Atletas cósmicos. Salvador Dalí Diagramación Carlos Garzón, Cincco Impresión: Luar Comunica Ltda. Hecho en Colombia Abril de 2007

Destino anunciado

Roberto Burgos Cantor Poco a poco las producciones de las ciencias sociales, en Colombia, han logrado acuñar entre reflexiones, conceptos, hipótesis y recuperaciones de hechos, unas claves para la comprensión de los conflictos de una sociedad cuyo lastre de problemas irresueltos y el vértigo de un acontecer sin dirección ni brújula han tornado escurridiza su complejidad y envuelto en espejismos su posibilidad de verdad. Un poderoso esfuerzo de revelación y rectificación ha acompañado la voluntad de historiadores, intérpretes, analistas y estudiosos de la política po situar el pasado en un espacio de comprobaciones donde deje de pervertir la presente y cese su deformación. La reflexión y la palabra que en los debates pretéritos tuvieron el designio de flagelar y escarnecer. Ahora contruyen un mapa meditado y con supuestos que pueden ser discutidos y donde la realidad surge libre de las fantasmagorías que la aprisionaron. Así Tras la huella de la verdad, El caso Gloria Lara Echeverri de Jaime Gómez Velásquez cumple un propósito doble. Por un lado constituye un testimonio del estado de subordinación y precario rigor de la justicia nacional. Por el otro, y es la mayor virtud de este texto doloroso y valiente, logra con declaraciones oficiales, cifras y periódicos de la época, reconstruir un momento de agotamiento del modelo político conforme al cual se desarrollaba la gobernabilidad del país y se avanzaba o se estancaba su desarrollo económico y social. Esta circunstancia le permite al autor una demostración central en el libro: toda una conspiración de finalidad política desvía el recto proceder de la justicia y al envilecerla afecta la vida de unos ciudadanos cuya inocencia es atropellada y su horizonte de futuro torcido sin causa. A lo mejor sin proponérselo y a medida que el libro de Jaime Gómez desenvuelve su traba con la precisa puntualidad de las fatalidades de la tragedia, van apareciendo los elementos principales que condujeron al traste del proyecto de búsqueda de paz negociada del gobierno de Batancur. Tras la huella de la verdad, en medio de la documentada y novedosa hipótesis del delito que se acerca al crimen de Estado, no en su ejecución, sino en la manera en que se aprovecha un secuestro y la consiguiente muerte de frustrar una política pública desde el interior mismo del aparato estatal. Para hacerlo se implementa por una autoridad ilegítima, no ese

delito recreado por el cine italiano consistente en el fuero indestructible de intocable que cubre a ciertos sujetos de la sociedad llamados ciudadanos sobre toda sospecha, si uno justamente su contrario: unos ciudadanos que contra cualesquier evidencias son convertidos en ciudadanos bajo toda sospecha. Y por tanto culpables desde siempre. Ese implacable señalamiento apenas puede ser comprendido en el contexto de análisis que el autor traza. Y en la tensión que surge entre un mundo de apariencia abstracto, ajeno a la cotidianidad de los hombres, mujeres y niños que van por la calle perseguidos por la necesidad y persiguiendo la ilusión que se esfuma, y la humanidad concreta de los actores, allí, reside el secreto de lo conmovedor y terrible del texto de Gómez Velásquez. El escritor polaco Witold Gombrowicz postuló alguna vez el poder purificador que tiene la realidad. A esa formidable empresa, vistuosa como pocas, de devolverle su estatuto de real a la realidad fue a la que contribuyó con Tras la huella de la verdad de Jaime Gómez. Es probable que ningún manifiesto religioso, político, filosófico y cívico, tenga más carga de pureza y fe en los ideales de la comunidad y convivencia que éste encerrado en el título del libro: la verdad deja huellas, a pesar de los intereses torcidos y la mentira. El lector sabrá que cuando Jaime Gómez Velásquez escribió este libro no tuvo la mejor señal aciaga que le advirtiera que un día de desgracia él mismo sufriría en su muerte el oprobio de la impunidad y el sigilo de la injusticia.

Roberto Burgos Cantor Bogotá D.C., 18 de Marzo de 2007

Preludio a mi padre

Diana Marcela Gómez Correal Me levanté a las tres de la madrugada. No tenía sentido seguir dando vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño. Anduve unos pocos pasos hasta llegar al computador. De manera compulsiva comencé a ver uno a uno los archivos electrónicos de mi padre. Me animaba el deseo por conocer a profundidad dimensiones suyas que había dejado escapar, sin escudriñar, simplemente porque estaba vivo. Encontré en esa búsqueda su trabajo de grado y recordé todo lo que sobre él había escuchado. Abrí y vi la dedicatoria, me regocije. No tenía más que hacer, comencé a leer el texto. Me lo bebí tan rápido como el vaso de agua que fui a buscar para acompañar cada renglón y página de su escrito. Al final decidí que el mejor homenaje que le podíamos hacer a mi padre era publicar la tesis en forma de libro. Así se lo propuse a mi hermano Sebastián, al tío Eduardo, a Lelys y a la abuela. Mi padre, Jaime Gómez, escribió el texto que hoy ve la luz pública como resultado de una investigación exhaustiva que relaciona la ocurrencia de un hecho con el momento histórico en el que sucedió. Una lectura contextualizada y relacional del secuestro y posterior asesinato de Gloria Lara de Echeverri, permite entender de manera más completa y explicativa el suceso en cuestión. Al imbuirme en la tesis, cerca a menos de la mitad, decidí imprimir las páginas restantes para poder disfrutar de una lectura cuerpo a cuerpo. Allí, ya estaba enfrentada con una serie de preguntas y reflexiones que quiero poner a consideración sólo a manera de preludio. En el capítulo “Los enemigos de la Paz”, fue inevitable que los hechos relacionados, los actos judiciales, las expresiones del gobierno y la opinión pública relativos al acontecimiento en cuestión, me remitieran una y otra vez a la coyuntura actual del país y a la desaparición forzosa y posterior asesinato de mi padre. El texto me suscitó reflexiones sobre la verdad, la escritura de la historia, el papel de las élites gobernantes, los gremios, la izquierda y las organizaciones sociales. Me remitió, así mismo, a preguntas por la memoria, el olvido, la aplicación de justicia, la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado, la viabilidad de Colombia y la democracia. Inquietudes que también preocupaban a mi padre. Terminé el capítulo. Ratifique en ese momento mi posición política de rechazo a la práctica del secuestro y de las desapariciones forzosas. Me convencí una vez más de que en el país actos violentos que degradan al ser humano en tales dimensiones no contribuyen a la consolidación de un país realmente democrático y en paz. Sigue siendo mi anhelo que junto a la verdad se aplique justicia y ambas permitan, con la convicción política real

de todos los actores sociales que deben estar involucrados, el delineamiento de un camino menos árido y más próspero para la construcción de una Colombia en paz que parta de llenar de contenido dicho anhelo. Con gran expectativa leí las primeras líneas del capítulo “Una conspiración contra la Paz”. Lo primero que pensé fue que la publicación del texto no hubiese encontrado mejor momento que este. Nada más cercano a los primeros años de la década de 1980 que la coyuntura actual. Vino a mi con la fuerza que contiene, la siguiente frase: “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”. Me pregunté en el clímax de esas páginas: ¿qué es lo que se escribe sobre lo acaecido? ¿Quiénes y cómo lo hacen y se difunde? ¿Bajo que lente y con qué intereses? Algo similar me surgió sobre la memoria: ¿qué se recuerda, qué se olvida y por qué? La construcción de una memoria y una historia hegemónica, difundida por los sectores dominantes del país ha dejado de lado versiones de esos hechos que son fundamentales para la construcción histórica de la verdad, la identidad y los proyectos políticos y sociales futuros. Medité. Volver al pasado no tiene porque significar abrir heridas para mortificar a los distintos actores o condenarse a vivir en pretérito. Concluí, la re-escritura de la historia es fundamental para pensar el futuro desde el pasado mismo. Pese a que la historia como disciplina tiene un trayecto significativo, debemos reconocer que la incidencia de la Academia en la construcción de la historia oficial, aquella que se difunde y apropia como La Historia del país es baja. Trágicamente han sido las versiones oficiales las que han permitido a la gran mayoría de las y los colombianos hacer una lectura de nuestra realidad. Sabiendo de la importancia de la historia y su conocimiento en la construcción del presente y el futuro, así como de opinión pública y alternativas políticas, no deja de ser preocupante que una óptica tan parcializada sobre la realidad sea la que tenga preponderancia. Hemos aprendido desde nuestro oficio como historiadores, yo también lo soy, que la escritura de la historia es una cuestión política quizás más que cualquier otra. En la escritura, difusión y apropiación de versiones históricas se juega una batalla por la hegemonía y en consecuencia por el poder que también cruza la memoria y la verdad. Lo que se recuerda en Colombia tiene que ver de manera directa con cuál información se difunde en los medios de comunicación, qué se enseña en la escuela, qué se discute en la casa, el trabajo y en otros espacios. Indudablemente la escritura de la historia y la construcción de la o las memorias están ligadas con el régimen de verdad que se pone a circular y en ese sentido es importante tener claro que han sido verdades en extremo politizadas las que han circulado en el país. Nuestra historia no se puede seguir recreando sólo desde una versión, desde un ángulo. Es cierto, Gloria Lara fue secuestrada y asesinada, pero también lo es que existen versiones sobre lo acaecido. Mientras la versión oficial habla de una veintena de culpables que hoy están en el exilio sin estar

condenados como procedería en consecuencia a la verdad de sus autores; otras versiones -las no oficiales, las que más cuesta difundir-, plantean otros responsables, formas de utilización política del hecho, análisis exhaustivos de la situación y la rotunda inocencia de quienes fueron culpados. En tal versión oficial, hegemónica, se denuncian los secuestros pero no se difunden las ciento de desapariciones forzosas que comenzaron a realizar desde finales de los años setenta organismos de inteligencia del Estado. Si bien se denuncia el secuestro de Gloria Lara no se hace lo propio con la desaparición en el mismo proceso de Patricia Rivera, sus dos pequeñas hijas y el anciano Marco Antonio Crespo. A este punto termine de leer toda la tesis. Tenia una decena de frases subrayadas y todas estaban conectadas con la verdad. En relación a otras versiones de la historia conecté una reflexión. La mente quedo un momento en blanco, luego pensé: “a Colombia conocer y tramitar la verdad le va a costar mucho más de lo que quiere y está dispuesta a pagar”. A nosotros, las y los colombianos de carne y hueso también nos costara bastante, por lo cual es importante comenzar con un análisis sobre qué implicaciones tiene decirla y para qué lo hacemos. En ese instante considere que no se trata de un debate meramente moralista o cristiano de decir la verdad -mea culpapor decirla, o un asunto de ajuste de cuentas o chantaje político. La verdad tiene muchas más dimensiones sí queremos que contribuya a construir un mejor futuro pues implica la aceptación de las mentiras dichas, asumir el costo político de los actos realizados, el conocimiento de dimensiones aún no reconocidas por las y los ciudadanos de la realidad del país, y la construcción de posturas políticas serias y claras. Inundados de discursos mesiánicos, de polarizaciones extremas y un deseo poco crítico de construcción de la paz, no se ha asumido responsabilidad individual, colectiva y política para hacer un balance de los procesos y de nuestra historia. Aquí su escritura y sus usos públicos son relevantes. El compromiso del historiador tiene que ver con la ligazón y responsabilidad que le corresponde con un conjunto social que va más allá de los lectores habituales. Sobre mentiras podemos seguir orientando el país hacia el caos destructor, y esto pasa de dimensiones históricas lejanas a la realidad concreta. No deja de ser extraño que en pleno proceso de negociación de los Acuerdos Humanitarios para liberar personas secuestradas por las FARC, ocurra un atentado en la Escuela Superior Militar en el contexto de denuncia de atentados que se han revelado como falsos positivos realizados por las fuerzas armadas del país, las mismas que deberían garantizar la seguridad. Precisamente son esos mismos actores los que en 1982 construyeron una verdad, una versión de los hechos para inculpar a dirigentes de la izquierda legal del secuestro de Gloria Lara en un momento en el cual los acercamientos para la negociación de la paz parecían el camino apropiado. Aquí ya se me ha subido un poco la sangre a la cabeza. No deja de ser ya

vergonzante la actitud de las Fuerzas Armadas del país en momentos en que puntos de encuentro para la negociación del conflicto armado aparecen. No sobra recordar la posición de rechazo que mostraron muchas de las figuras relevantes de las Fuerzas Armadas del país en el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana. Bajo este lente es lastimoso ver cómo se privilegia la vía armada y la derrota militar a la concertación. Sin embargo, más allá de esta posición evidente de guerreros patriarcales; cabe anotar que es claro que allí cuentan otros intereses que se defienden tras esas posiciones. El papel de un sector importante de los gremios económicos y las élites gobernantes en los procesos de negociación del conflicto armado deja ver que los intereses que se anteponen al momento de hablar de paz son sobre todo de orden económico, privilegios políticos, sociales y culturales que no están dispuestos a ceder pese al futuro incierto del resto de las y los colombianos. Reposo, pero no puedo dejar de hilar las coincidencias entre ese momento histórico y el actual en lo relativo al tratamiento del conflicto, la construcción de la paz y la negociación del conflicto armado interno. Bajo un lente histórico es necesario que el país conozca el papel de dichos sectores y que estos además asuman el costo total que ha tenido para el conjunto del país su posición reacia a la paz, la violación de derechos humanos, su actitud de sabotaje y la infranqueable postura que privilegia la acción militar al diálogo y la concertación. Sino es clara para Colombia la parcialidad de las Fuerzas Armadas y de otros actores pertenecientes a las élites, no será posible construir alternativas reales a la negociación y a la construcción de la paz. Es necesario poner en evidencia tales posiciones. En consecuencia estas reflexiones y circulación de nuevas verdades permitirán hacer análisis relativos a otros aspectos fundamentales para el país como son la justicia y la democracia. En Colombia debe haber un balance de lo que ha implicado asumir la justicia por cuenta propia y la existencia de privilegios para algunos actores en su aplicación. El país merece que las Fuerzas Armadas reconozcan que en su política contrainsurgente han incurrido en varios delitos: desapariciones forzosas de personas, asesinatos, vulneraciones de derechos humanos y que además han contado con una jurisdicción especial, como la aplicación de la Justicia Penal Militar, que ha permitido que los pocos casos que comienzan a ser juzgados por estos desmanes, terminen en la impunidad. Me preocupa sobre manera como nos estamos condenando a la pérdida de todo sentido ético del valor de la vida y la integridad humana. En esa lógica perdimos a nuestro padre. En una sociedad democrática no podemos permitir que unos crímenes y prácticas de terror sean menos castigados o repudiados que otros dependiendo de sus autores. Sí en Colombia no se aplica en el momento actual la justicia, en una medida justa, el futuro será bastante gris pues no tendremos como condenar las prácticas violatorias de los derechos humanos. Para ello la justicia deberá

ser entendida no sólo como la sanción para quienes han delinquido, sino también como el proceso que permite resarcir a quienes han sido mancillados sin razón alguna y a quienes han vivido en carne propia el peso bruto de la guerra y el conflicto armado. En este último sentido la publicación de este libro busca exigir la aplicación de la justicia y la reparación para aquellos que han sido culpados sin serlo y a quienes son víctimas sobrevivientes de este proceso. Quiere contribuir a asumir públicamente un debate sobre un hecho concreto de la historia reciente de Colombia y suscitar reflexiones sobre la encrucijada actual del país. Busca generar procesos que pongan a circular versiones de la historia que incluyan en los regimenes de verdad otras versiones que han sido eliminadas o puestas en lo marginal por el poder hegemónico. En esa ruta la publicación se sitúa en el campo de disputa política y cultural actual, no está al margen de los debates coyunturales ni de la batalla por el poder. Desea generar reflexiones para asumir responsabilidades, pues el país en su conjunto debe comenzar a pensar qué parte le corresponde en la actual crisis. La construcción hegemónica de la historia desde quienes han ostentado el poder ha estado escrita desde demasiadas mentiras para que podamos soportar más en el momento actual. De allí que la reflexión sobre la verdad sea fundamental en este momento, máxime cuando no se trata de cualquier verdad ya que queremos verdades históricas, contextualizadas y claras que permitan conocer los vínculos de todos los actores sociales con la prolongación de una guerra de décadas que al pasar del tiempo se degrada en dimensiones inaceptables. La construcción de una historia, de un tipo de verdades, de una memoria y la difusión de una política del olvido específica debe ser develada, cuestionada, puesta en jaque. La historia debe ser re-escrita con miradas más críticas y plurales. Siempre habrá puntos de vista diversos cruzados por opciones y posiciones políticas concretas. Es sin duda el diálogo y la concertación los que permitirán construir puntos medios y alternativas que beneficien al país en su conjunto. Creo que no se trata de sustituir la hegemonía de un grupo o actor dominante por la de otro. Una nueva tendrá que ser construida entre la más amplia mayoría. ¿Cómo? Supongo - recordando una charla con mi padre - que ahí está el reto, esa es la encrucijada política y la conexión con la construcción de una democracia radicalizada para que Colombia sea viable. La democracia, construida en un sentido más amplio del que tenemos, incluirá el entendimiento y la tramitación de las diferencias políticas y de todo orden desde la co-existencia misma de los distintos actores. He leído una y otra vez la tesis de mi padre. En esas idas y venidas le he hecho unas pocas correcciones de estilo y he añadido unas notas y anexos que sólo buscan actualizar información sobre el caso. Lo demás quedó intacto, como se mantuvo el deseo de hacer un homenaje desde mi mayor

admiración a un hombre que se la jugó y soñó mundos posibles, quien combinó un alto compromiso político y social desde ambas arenas con la reflexión académica e intelectual. Homenaje y recreación de memoria porque en el texto se plasma su visión, desde la cual buscó ligar el papel, compromiso y tarea como historiador, con su convicción y responsabilidad política. Sigo aprendiendo de él. Por eso no puedo dejar de decir que la mirada contextual y relacional empleada en su escrito es la que resulta supremamente necesaria en el propio caso investigativo sobre su muerte. Evidencias y pruebas aportadas al proceso nos permiten seguir sosteniendo que el asesinato de mi padre fue un homicidio político con premeditación, acechanza y alevosía. Esta publicación, debo decirlo, es al mismo tiempo un encadenamiento entre su convicción política y la mía, un punto de encuentro que no pretender eliminar las diferencias. Padre, de muchas formas has escrito historia.

Tras la huella de la verdad

Introducción En el tránsito hacia los años ochenta, el Régimen de Gobierno Compartido en Colombia fue cuestionado por una aguda crisis política que puso en entredicho la estabilidad institucional del Frente Nacional, pactado en 1958 por los Partidos Liberal y Conservador. En el contexto de un capitalismo dependiente, la industrialización y la acelerada urbanización actuaron como agentes de una modernización económico-social cuyos efectos minaron la credibilidad de la sociedad en la coalición bipartidista. La injusta distribución de la riqueza nacional y la pérdida por parte del Estado del control y la mediación de gran parte de las expresiones de poder existentes en la sociedad evidenciaron las dificultades de los sectores dominantes en la reproducción del bloque hegemónico en el poder. El narcotráfico, la insurgencia armada y la protesta popular actuaron como los principales catalizadores que cuestionaron el Estado de Derecho. Entre los años de 1978 y 1982 las élites en el poder bajo el mandato de Julio César Turbay Ayala optó por un modelo represivo para conjurar la crisis política. Para tal efecto, el gobierno expidió en 1978 el Estatuto de Seguridad en virtud del cual se reforzó la autonomía del Ejército en el manejo del orden público, dando lugar a la acción represiva con su concomitante violación de los derechos humanos. Política que se tradujo tanto en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como en la militarización de la sociedad civil. Con el ascenso al poder de Belisario Betancur en agosto de 1982, las élites proclives a una solución reformista de la crisis, optó por una política de Diálogo Nacional que contemplaba la búsqueda de una paz negociada con la guerrilla y una apertura democrática del sistema. Las decisiones tomadas para implementar el nuevo modelo, tales como el levantamiento del Estado de Sitio, la derogatoria del Estatuto de Seguridad, la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgar a los civiles, la amnistía a la guerrilla y el inicio de las primeras investigaciones acerca de quiénes eran los verdaderos gestores del movimiento Muerte A Secuestradores, MAS, menoscabaron el poder militar y produjeron una gran insatisfacción en la cúpula de las Fuerzas Armadas. De una posición determinante en el gobierno de Turbay, los militares asistieron al debilitamiento de su poder bajo el nuevo gobierno y asumieron el papel de contradictores. En tal coyuntura política fue secuestrada en Bogotá la señora Gloria Lara de Echeverri el 23 de junio de 1982 y posteriormente asesinada el 28 de noviembre del mismo año. Delito que fue reivindicado por una Organización Revolucionaria Popular y que mereció el repudio unánime de la sociedad. 1 1

Nota de la editora: En entrevista a la revista Semana Nr. 31 (del 7-13 de diciembre de

Un mes después de cometido el asesinato, el 28 de diciembre, el Comandante de la Brigada de Institutos Militares de Bogotá, BIM, Francisco Hernando Díaz Sanmiguel, sindicó a una veintena de personas, como los autores intelectuales y materiales del plagio y asesinato de Gloria Lara de Echeverri.2 La celeridad de la investigación adelantada por la Justicia Penal Militar, el señalamiento de los supuestos autores del delito por un denunciante secreto, la anormal detención de los acusados, las indagatorias en la Brigada, la ausencia de abogados defensores, las torturas denunciadas, la condena pública previa y la violación de la reserva del sumario, el secuestro y desaparición de cuatro personas, dieron lugar al cuestionamiento de la conducta de las autoridades militares y civiles que conocieron del caso, al tiempo que motivaron un debate público que trascendió los estrados judiciales. Más allá del delito, habitual en el accionar de la delincuencia común y política, el acontecimiento tuvo lugar justo en el momento de recambio en el modelo de gobierno. Razón por la cual el Caso Gloria Lara de Echeverri es asumido en la presente investigación como objeto de estudio en cuanto induce a establecer los posibles nexos de causalidad entre el hecho en sí y la coyuntura política que lo contiene. En efecto, el Caso Gloria Lara de Echeverri terminó por expresar, entre noviembre de 1983 y mayo de 1984, parte de las contradicciones en torno al reconocimiento político otorgado a la guerrilla, la amnistía y las investigaciones sobre el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, MAS. Esta investigación atina a comprobar que las auto-inculpaciones de las personas sindicadas por la Brigada del plagio y crimen de Gloria Lara de Echeverri, fueron arrancadas bajo la tortura con el propósito de deslegitimar el proceso de paz. De tal suerte, se involucraron sectores de la sociedad civil ajenos al conflicto armado. 1982), el representante a la Cámara por el sector galanista, Miguel Gamboa, aclaró que la Organización Revolucionaria Popular había sido fundada en 1972 pero había dejado de existir en 1978 cuando se transformó en una coalición electoral llamada Movimiento Nacional Democrático Popular, MNDP, que hizo alianza con el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, y apoyó la candidatura de Jaime Piedrahita Cardona. “El uso que los criminales han hecho de la sigla ORP, o bien responde a la casualidad o bien a la intención de proporcionarse una coartada que les permita ganar tiempo”, manifestó Gamboa en dicha entrevista. 2

Nota de la editora: Varias de las personas sindicadas se hallaban detenidas desde hacía varios días en las caballerizas de la brigada militar. Ese mismo día el Comandante le entregó a los noticieros de televisión un video donde los sindicados que se hallaban en su poder, se autoinculpaban del delito. Tan pronto como los detenidos fueron sacados de las instalaciones militares denunciaron que, bajo torturas y vejámenes, habían sido obligados a autoinculparse de un crimen del cual nada tenían que ver.

La información suministrada por la prensa, en particular la reseñada por el periódico El Tiempo, fue la principal fuente de consulta para la realización de la presente investigación. De igual manera se emplearon otros documentos atinentes al Caso Gloria Lara de Echeverry. Por otra parte se revisó bibliografía pertinente al análisis del Frente Nacional para advertir las causas que determinaron tanto la crisis de legitimidad del Régimen de Gobierno Compartido, como los dos modelos –represivo y reformista- puestos en curso por los presidentes Julio César Turbay y Belisario Betancur para recomponer la estabilidad perdida. El escrito parte de una visión general que reseña de manera sintética los agentes y las transformaciones que signaron el proceso de modernización en el decurso del Frente Nacional, para luego describir las manifestaciones más destacadas que incubaron el cuestionamiento del Estado de Derecho. Más adelante se aborda el período de transición entre los gobiernos de Turbay y Belisario para reseñar los hechos significativos que rodearon el secuestro, cautiverio y posterior homicidio de Gloria Lara de Echeverri, así como la polémica pública que suscitó el caso. En el aparte siguiente se dimensiona el pulso de poderes entre los militares, los gremios y la autoridad civil en torno a la amnistía, las investigaciones sobre el MAS y la reforma política. Por último se retoma la hipótesis propuesta al recapitular analíticamente los elementos relevantes de la investigación para advertir los nexos entre el acontecimiento en sí, y la coyuntura política que lo contiene y define como un hecho histórico. Al asumir el Caso Gloria Lara de Echeverry como objeto de estudio, se pretende no sólo comprender las condiciones, agentes y motivaciones que le confieren al hecho una connotación histórica, sino que también está presente el compromiso por dilucidar el pasado reciente que permita delimitar las líneas de fuerza y contradicciones sobre las cuales discurre la violencia, para que los sujetos históricos incidan en los factores que impiden la construcción de una paz estable en Colombia.

El desgaste del Frente Nacional En 1958 los partidos liberal y conservador reconstituyeron el bloque político hegemónico en el poder mediante el pacto de coalición del Frente Nacional que puso fin en Colombia a la violencia bipartidista, retornó las Fuerzas Armadas a los cuarteles y restauró la democracia representativa. En el contexto de un capitalismo dependiente se adoptó una orientación económica tendiente a industrializar el país, sustituir las importaciones y fomentar las exportaciones. El pacto de coalición y paz nacional definió la sucesión de cuatro períodos de gobierno compartido hasta 1974, distribución equitativa de ministerios y burocracia en las ramas del poder público; candidato presidencial elegido por acuerdo y distribución igualitaria de las curules parlamentarias. Así, se sucedieron de manera alternada hasta 1974 los gobiernos de Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras y Misael Pastrana. Coalición que fue ampliada hasta 1986 mediante el artículo 120 de la Constitución Política que contemplaba la participación ministerial del partido mayoritario derrotado en las elecciones presidenciales. En tal sentido les sucedieron los gobiernos de Alfonso López, Julio César Turbay y Belisario Betancur. Pero como lo señala Gabriel Silva Luján, el pacto suscrito era superficial, «En el fondo se escondían las semillas de importantes movimientos sociales y políticos que vendrían con los meses y los años a convertirse en poderosos enemigos de la estabilidad del régimen de gobierno compartido”. 3 En efecto, los procesos de modernización económica y social, que despegaron con inusitado aceleramiento a partir de la segunda mitad de siglo, significaron cambios sustanciales en la sociedad colombiana que terminaron por cuestionar la legitimidad del régimen de gobierno compartido al término de los años setenta. Los factores más importantes de esa transformación fueron la migración, la industrialización y la violencia. Nunca antes las estructuras sociales en Colombia habían cambiado tanto en tan corto tiempo. Esta mutación la determinó el transito hacia una sociedad urbana cuya población citadina pasó del 40% en 1951 al 69.5% en 1985.4

Los agentes del cambio El pacto del Frente Nacional se configuró como un monopolio excluyente de otras opciones políticas, paradójicamente, cuando “(...) en el país se 3

Silva Lujan Gabriel, “El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar”, en Nueva Historia de Colombia, Tomo ll, Editorial Planeta, Bogotá: 1989, p. 210. 4

Rueda Plata, José Olinto, “Historia de la Población de Colombia: 1880-2000”, en Nueva Historia de 1989, p. 365.

empezaba a recibir una serie de influencias modernizadoras, provenientes de la vida internacional y, en el plano interno, se comenzaba a configurar otras opciones de desarrollo cultural diferentes de las propuestas desde la cultura oficial”.5 La revolución cubana y china, los ecos de la disputa chino-soviética; la teología de la liberación, el movimiento mundial por la paz, así como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, redimensionaron en el continente americano la movilización social. En el combate a las diversas formas que adoptaron la inconformidad social y la violencia, las Fuerzas Armadas colombianas redefinieron su concepción en torno a la Seguridad Nacional en el contexto del conflicto este-oeste. Los medios de comunicación cumplían con el papel de interconectar la sociedad planetaria y no habría en lo sucesivo hecho importante que no influyera en las sociedades de masas. Colombia había ingresado a este circuito para acelerar su proceso definitivo de integración al mundo capitalista occidental. “Se esfumó la hegemonía de la cultura letrada y elitista, laica o religiosa (…). Al tiempo que amplios segmentos de la población empezaban el aprendizaje de los modos de vida urbana (...)”.6 La caída de las tasas de natalidad y mortalidad, la alfabetización, la consolidación de un mercado interno con redes financieras y administrativas, de transporte y telecomunicaciones; el suministro más amplio de bienes de consumo colectivo y el aumento del número de viviendas, mejoraron ciertamente las condiciones de vida de los colombianos”.7 En las grandes ciudades, ruralizadas por el flujo masivo de inmigrantes en un contexto creciente de monopolización de los medios de comunicación, emergió una nueva cultura de masas que colonizó el resto del país. Las clases medias profesionales urbanas, producto del sistema escolar y de la iniciativa personal, debieron compartir la movilidad social con los medianos y pequeños industriales de la ciudad y del campo. De manera paralela al crecimiento del proletariado y de los trabajadores de los servicios, creció la burocracia estatal y el sector de la economía informal, con una vinculación sin precedentes de la mujer al mundo del trabajo. 5

López De La Roche Fabio, Izquierdas y Cultura Política. Cinep, Bogotá: 1994, p. 36.

6

Palacios Marco, Entre la Legitimidad y la Violencia. Editorial Norma, Bogotá: 1995, p.

321. 7

Hernando Gómez Buendía y Guillermo Perry señalan que la tasa de analfabetismo disminuyó del 27 % al 20 % entre 1964 y 1973. La escolaridad primaria ascendió de 57 % en 1964 a 82 % en 1980, la secundaria del 14 % al 39 % y la universitaria del 2 % al 8 %. Miguel Urrutia reseña que entre 1951 y 1973 las viviendas que tenían acceso al acueducto y la energía pasaron del 28.8 % y el 25. 8 % al 62. 7 % y al 57. 6 % respectivamente. Datos suministrados por Múnera Ruiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades. IEPRI, CEREC, Bogotá: 1998, p, 229.

En los años 70 y 80, tanto los hijos de las clases medias como de los inmigrantes de segunda generación afirmaron una personalidad urbana cuyo progreso se fincaba en el esfuerzo individual; desinhibida y menos impregnada de ideología que expresó su inconformidad en la abstención electoral, en los movimientos de opinión y de la contracultura o en la militancia política de izquierda. La inseguridad, el ascenso social rápido, los cambios en los patrones de gusto y moda así como la afición a las nuevas culturas musicales y al gran espectáculo modificaron definitivamente los patrones de conducta social.

Las transformaciones El modelo económico de sustitución de importaciones adoptado, no obstante permitir el acceso de los sectores medios al consumo masivo, facilitó la concentración del ingreso en detrimento del bienestar de las mayorías nacionales.8 Caracterizado por las bajas tasas de inversión y ahorro, la fuga de capitales y los índices mínimos de fiscalidad, el modelo hizo más ostensibles las desigualdades económicas y sociales tanto entre lo urbano y lo rural como entre las regiones periféricas y los centros que se desarrollaban por el ímpetu de las inversiones. Con el Frente Nacional la representación política se desarrolló bajo una democracia restringida que lejos de incorporar la participación del conjunto de la sociedad la excluyó o reprimió su disidencia. El sistema electoral afincó su reproducción cooptando amplios sectores populares mediante redes de patronazgo y de clientela que privatizaron el Estado en favor de las facciones partidarias en el poder, propiciando la corrupción, la apatía política y el descontento popular. Las dos fuerzas de oposición más significativas fueron desarticuladas rápidamente por el monopolio bipartidista. El dirigente del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, Alfonso López, creó una disidencia liberal en 1960 que al cabo de siete años de oposición regresó a las toldas oficiales. El discutido triunfo electoral del candidato oficial Misael Pastrana sobre la Alianza Nacional Popular en abril de 1970, aumentó la desconfianza ciudadana respecto de la pureza del sistema electoral. En la medida en que el monopolio bipartidista negaba la representatividad de los intereses sociales en conflicto, los antagonismos fueron quedando al descubierto. En 1964 surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, de la confluencia del movimiento agrario de orientación comunista y núcleos sobrevivientes de la violencia del Frente Nacional, como respuesta organizada del campesinado al combate del Ejército a las 8

Población en Colombia se encontraba en condiciones de pobreza. Estadísticas citadas por Múnera Ruiz Leopoldo, pp. 224-235.

llamadas “repúblicas independientes”. Acontecimiento que marcaría en lo sucesivo la colonización armada de vastas regiones selváticas del sur del país. A mediados de la década del sesenta también irrumpieron organizaciones como el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, inspiradas en el éxito maoísta y de la Sierra Maestra. Hacia 1974 hizo su aparición el Movimiento 19 de Abril, M-19, como una organización político-militar de carácter urbano, surgida de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y de ex militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En esos años la insurgencia estaba constituida básicamente por movimientos armados rurales de autodefensa con poca incidencia política nacional. A partir de 1970, pero con mayor fuerza en su segunda mitad, las protestas de los trabajadores y del movimiento estudiantil, las recuperaciones de tierra y los paros cívicos se constituyeron en manifestaciones recurrentes de las clases subalternas que pugnaron por traducir en políticas legales sus aspiraciones e intereses de clase expresando su inconformidad en el limite de la legalidad, cuando no al margen de ella. Movilizaciones que orientadas o acompañadas por decenas de organizaciones de izquierda incidieron en la dirección de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC,9 la recomposición del movimiento sindical y popular cuya acción tuvo su punto más álgido en el paro cívico de 1977. En el tránsito hacia los años ochenta la delincuencia, la insurgencia y la represión oficial incrementaron la violencia que a su vez era extendida por las incipientes mafias del narcotráfico. Período para el cual la crisis de legitimidad del régimen se hizo evidente. En el decurso del Frente Nacional, las Fuerzas Armadas culminaron su profesionalización y modernización. Su experiencia en el combate contra la violencia supérstite de los años cincuenta, y de la confrontación a los nuevos movimientos insurgentes nacidos en la década de los años 60 contribuyó al fortalecimiento de la autonomía del Ejército en el control del orden público. Su inmersión en la guerra anti-subversiva no sólo le dio sentido a la acción militar y reforzó su identidad corporativa sino que “(…) les permitió llenar el vació ideológico que significaba quedar huérfanos de la adscripción a uno u 9

La ANUC se constituyó en el Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia efectuado en Bogotá entre el 7 y 9 de julio de 1971. Surgió como una organización gremial promovida por el gobierno de Carlos LLeras Restrepo a fin de hacer más expedito el proyecto liberal de reforma agraria, que contaba con una fuerte resistencia de latifundistas y ganaderos. A partir de febrero de 1971 la ANUC inició una ola de recuperaciones de tierra que la alejó de la tutela del gobierno y la acercó a sectores políticos de izquierda. En julio de 1972 se protocolizó la división de la ANUC entre la pro gobiernista Línea Armenia y la Línea Sincelejo, esta última ampliamente mayoritaria y de orientación izquierdista. Ver, Múnera Ruiz, Leopoldo, Rupturas y Continuidades, op. cit., pp. 239-266.

otro partido (...)”.10 Condiciones que, aunadas al desgaste del Régimen, facilitaron la definición de la versión colombiana de la Doctrina de Seguridad Nacional.11 En el tránsito hacia los años 80 el desencanto social era manifiesto. Se hizo evidente que el pacto alcanzado en 1958 por el liderazgo bipartidista, las élites empresariales y la jerarquía católica, no había logrado la legitimidad buscada. Las fuerzas sociales surgidas en el curso de la segunda mitad del siglo habían modificado las relaciones de poder preexistentes para tornarlas heterogéneas y conflictivas. “Entre 1978 y 1982, las actividades militares representaron un esfuerzo para poner en marcha la mecánica concepción de la sociedad hecha por la Doctrina de Seguridad Nacional”, 12 justo cuando amplios sectores dominantes temían por la estabilidad del Estado de Derecho demo-liberal.

10

Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra. La Seguridad Nacional en Colombia, TM Editores, Bogotá: 1994, p. 46. 11 Al término de la Segunda Guerra, los Estados Unidos promulgaron en 1947 el Acta de Seguridad Nacional como el instrumento para movilizar y racionalizar la economía nacional en el contexto de la Guerra Fría, para dar lugar a la concepción del Estado de Seguridad. En el mismo año los países americanos suscribieron el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca con el fin de conformar un bloque bélico orientado a preservar el statu quo vigente bajo la dirección estratégica de los Estados Unidos. Política que conjugada con la experiencia contrainsurgente de los franceses en Argelia e indochina, llevó a los militares brasileros a formular la Doctrina de Seguridad Nacional. Doctrina implementada principalmente por las dictaduras militares de Brasil y Argentina en los años 60 y 70. En Colombia, la doctrina en mención tuvo su expresión mas acabada en las disposiciones consignadas en el Estatuto de Seguridad expedido bajo el gobierno de Julio César Turbay en 1978. Ver : Leal Buitrago, Francisco, El Oficio De La Guerra, op. cit., pp. 11-60. 12

Idem, p. 54.

La crisis de los años ochenta Al término del Frente Nacional, se sucedieron las administraciones liberales de Alfonso López (1974-1978) y Julio César Turbay (1978-1982) que prorrogaron los principios fundamentales sobre los que se había creado el régimen de coalición. Gobiernos bajo cuya gestión floreció la crisis de gobernabilidad incubada en el transcurso de las décadas anteriores. El catalizador de ésta sería el narcotráfico y como coadyuvantes la movilización popular y la insurgencia armada. En la polémica que tuvo lugar en la sociedad colombiana sobre la legitimidad del régimen, los analistas vislumbraban como factores centrales: el decrecimiento económico y las demandas populares insatisfechas, la corrupción política, la inseguridad; pero sobre todo, el recrudecimiento de las múltiples violencias que expresaban análogos conflictos sociales y políticos que el estado colombiano era incapaz de resolver.

La recesión económica En las postrimerías del gobierno de Julio César Turbay, el país había entrado en la peor recesión desde los años treinta. A la liberación de importaciones adoptada desde el gobierno de Alfonso López, se sumarían el fin de la bonanza cafetera y la recesión internacional que, asociadas, marcaron el inicio de un período de estancamiento y deterioro cambiario que azotó la economía colombiana a partir de 1979. Para 1982 el déficit comercial externo se había multiplicado por siete en dos años, y las exportaciones habían caído en más de una cuarta parte entre 1980 y 198313. Turbay se endeudó en el exterior para financiar parte de la apertura importadora y, si bien, las reservas fueron equilibradas, el servicio de la deuda absorbió buena parte de los ingresos por las exportaciones. Así, apertura y menos ingresos redujeron la demanda interna que afectó la producción local y dio origen a la recesión. La tasa de crecimiento económico descendió del 8,9% en 1978 al 2,0% en 1981.14 Las actividades productivas, ya debilitadas, asistieron entonces a una parálisis del 30% de la capacidad instalada de la industria, para dar lugar a saldos en rojo, quiebras y concordatos a partir de 1982. El déficit público pasó del 2,4% del PIB en 1980 al 6,8% en 1982, 15 en tanto que la 13

14

Kalmanovitz Salomón, Economía y nación. Siglo XXI editores, Bogotá: 1988, p. 522.

Leal Buitrago, Francisco, Estado y Política en Colombia, Siglo XXI editores, Bogotá, 1989, p. 289.

inflación se acercaba a guarismos del 30%. 16 Alarmados, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la banca internacional presionaron la reducción del déficit para obtener del Estado excedentes que garantizaran el pago de la deuda externa. Durante la década de los setenta se estimuló un amplio mercado de capitales que terminó por concentrar la liquidez en pocos intermediarios financieros que coludieron entre sí para apropiarse, no siempre en operaciones trasparentes, de empresas, bancos y grupos económicos. Llegada la crisis de demanda a partir de 1980, la iliquidez de las sociedades productivas arrastró tras de sí parte de aquellos intermediarios que especulaban con capital al debe. La crisis se precipitó, a pocas semanas de la posesión de Belisario Betancur, por los dudosos préstamos de algunos bancos a instituciones asociadas a ellos mismos en consorcios que hicieron peligrar la confianza en el sistema financiero colombiano. En septiembre de 1982 los presidentes del Grupo Colombia y Banco del Estado fueron detenidos, y el Grupo Grancolombiano fue investigado por realizar operaciones fraudulentas con perjuicio para los ahorradores. El Frente Intergremial, constituido en febrero del 1981 por los capitalistas nacionales, puso de presente su descontento con las políticas de liberalización del comercio, de restricción del crédito y por los empréstitos que endeudaban en exceso al país. Quejas que también se orientaron hacia la llegada de enormes divisas provenientes de la economía subterránea que combinadas con las provenientes de la bonanza cafetera llevaron a la caída del dólar en el mercado negro, e incentivaron el contrabando, la inversión en la propiedad raíz y, en general, propiciaron operaciones especulativas. Las medidas de ajuste implementadas para remediar estos males, afectaron principalmente a los estratos más pobres de la sociedad. La población activa resintió el aumento del desempleo que creció del 20,3% en 1977 al 27,3% en 1980,17 año a partir del cual hubo un brusco decrecimiento en los ingresos globales de los hogares colombianos. La política monetarista se orientó a reducir los compromisos sociales del Estado y a limitar las conquistas laborales de los trabajadores bajo el amparo de un Estatuto de Seguridad que constreñía la inconformidad social.

15

Hartlyn Jonathan, La Política del Régimen de coalición. Tercer Mundo Editores, Bogotá: 1993, p. 255. 16

Kalmanovitz Salomón, op. cit., p. 509.

17

Ibid, p. 510.

La crisis de valores En la prensa de la época, particularmente en las administraciones López-Turbay, se podían apreciar los signos de descomposición que afectaban, en mayor o en menor medida, a todos los estratos del tejido social. En marzo de 1975 el Procurador General reconocía que la «corrupción administrativa»18 estaba generalizada y el presidente Alfonso López afirmaría, al clausurar las sesiones parlamentarias en diciembre de 1977, que “la descomposición social es todavía más grave de lo que se supone”. 19 En 1978 el presidente de la Cámara Alberto Santofimio Botero fue detenido por malversaciones en el manejo de los recursos del Estado y el ex-jefe de la policía de la administración de Misael Pastrana fue condenado a ocho años de cárcel por idéntico delito. El escándalo por los sobornos de la empresa fabricante de aviones Lockheed, comprometió en la investigación a oficiales de la Fuerza Aérea y al mismo titular del cargo. La propia familia presidencial fue cuestionada desde las páginas del diario conservador La República, que denunció las presiones de ésta para que el trazado de la vía alterna al Llano favoreciera la hacienda La Libertad de propiedad de los López Caballero. Con la crisis financiera de los ochenta, el primo del Presidente, Jaime Michelsen Uribe, fue sindicado de manejos ilícitos de los fondos de los cuenta-habientes del Banco de Colombia, así como investigado por sus nexos con la mafia de la droga. En no pocas oportunidades los gremios económicos denunciaron la toma del control de empresas por cuenta de las mafias y con claridad le expresaron al presidente Julio César Turbay en febrero de 1981 que, al dejar prosperar “la economía clandestina, los negocios ilícitos y la impunidad” 20 éstas arruinaban el sector productivo. El ex-presidente Carlos Lleras Restrepo refiriéndose a las elecciones de 1978 escribió: “A las pasadas elecciones de ‘mitaca’ las califiqué de sucias y lo que sucedió entonces fue un juego de niños en comparación con lo de ahora (...). La máquina gubernamental ejerció presión por todos los medios imaginables”.21 Con la elección de Turbay Ayala se consolidaron las maquinarias políticas y el clientelismo se constituyó en el principal vínculo entre las instituciones del Estado y la clase política. A partir de ese momento 18

Citado por Daniel Pécaut, en Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988. Siglo XXI editores, Bogotá: 1989, p. 294. 19

Ibid, p. 292.

20

Ibid, p. 336.

21

Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 293.

se acentuaría el uso de las prebendas como instrumento que el sistema político articularía para negociar con el ejecutivo, intermediar con la población y debilitar a los partidos; contribuyendo de tal suerte a la crisis. El incremento vertiginoso del secuestro era la manifestación más acentuada de la inseguridad que se apoderó del país. De enero de 1980 a octubre de 1982 el número de personas retenidas ascendió a 257, de las cuales 96 se le atribuían a la delincuencia común y 158 a los grupos subversivos.22 Las modalidades iban desde bandas de extorsionistas y secuestradores profesionales, pasando por la retención para exigir de las autoridades alguna reivindicación social o política, hasta el rescate por dinero para financiar las actividades de la insurgencia. Otra modalidad, impuesta por los negociantes de esmeraldas y drogas, era el cobro por cuenta propia de la falta a la palabra empeñada.

El narcotráfico Los dineros del narcotráfico empezaron a incidir en la estructura económica a mediados de los años setenta. Ya en 1977, el presidente Alfonso López diría que el narcotráfico amenazaba la sociedad, “desde el punto de vista del comercio exterior, de la justicia y de la moralidad”. 23 Capitales que buscaron afanosamente tanto limpiar sus fortunas como lograr aceptación social. Para 1977, en cifras conservadoras de Fedesarrollo, los ingresos por concepto del narcotráfico ascendían a 600 millones de dólares, el equivalente a la tercera parte de las exportaciones oficiales de café; año para el cual Colombia proveía la mitad de la marihuana que se consumía en los Estados Unidos.24 La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta dedicaron, según cálculos de Fedesarrollo, 40.000 hectáreas para su cultivo y más de 100.000 personas estaban ligadas a su comercialización. 25 Economía clandestina que incrementó las reservas internacionales en 1978 a 1.526 millones de dólares.26 La bonanza que conocieron los precios de la coca entre 1979 y 1982 le significaron al narcotráfico, para el último de estos años, ingresos por 1.100

22

Riveros Ligia, “Secuestros VS Amnistía”. En Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de 1982, pp. 26-29 23

Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 292.

24

Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.

25

Datos citados por, Pécaut Daniel, op_ cit., p- 277.

26

Idem, p. 279.

millones de dólares, el equivalente al 6,4 % del PIB. 27 Al inicio de los años ochenta, los carteles que se configurarían como de Cali y Medellín, irrigaban con dineros calientes el sistema monetario, la industria, el comercio, la política y las obras sociales; dejando tras de sí una estela de corrupción y violencia. En la búsqueda de legitimación política, el narcotraficante Pablo Escobar fundó en Medellín el grupo liberal Civismo en Marcha mediante el cual accedió a la Cámara de Representantes en 1982 como suplente del dirigente liberal Jairo Ortega. En idéntico sentido el también narcotraficante Carlos Lehder organizó en el departamento del Quindío su propio movimiento político de corte nacional-populista. El cultivo de la hoja de coca, su procesamiento y comercialización ampliaron su radio de acción a extensas zonas en los departamentos del Caquetá, Vichada y Amazonas con centros de operación en distintas capitales y zonas claves de la frontera internacional. Para 1980, el gobierno norteamericano había percibido el problema del tráfico de sustancias psicotrópicas como cualitativamente distinto y, en consecuencia, exigió del gobierno colombiano la aplicación del tratado de extradición suscrito en 1979. Años en los cuales eran de conocimiento público las acusaciones de las autoridades norteamericanas y del ejército colombiano sobre la existencia del triángulo Cuba, guerrilla, narcos, ligado al tráfico de armas y narcóticos.28 A su turno, los barones de la droga procedieron a mejorar sus ejércitos privados, a ganar aliados entre los grandes latifundistas, el ejército y sectores pudientes de la sociedad. “Entonces, los narcos recurrieron a todos los medios a su alcance contra la extradición: sobornos, nacionalismo y, con organizaciones como el MAS, trataron de ganarse al Ejército y a los terratenientes, asesinando sindicalistas y `comunistas’ y aterrorizando a las poblaciones campesinas que les brindaban apoyo, por pasivo que fuera”.29

El orden público En el amanecer del primero de enero de 1979 el M-19 sustrajo alrededor de 4000 armas del cantón militar al norte de Bogotá en una acción que pondría a prueba toda la capacidad represiva del aparato militar del Estado. 27

Datos citados por, Hartlyn Jonathan, op. cit., p. 291.

28

La evidencia sugiere, según Jonathan Hartlyn, no una alianza estratégica sino puntos ocasionales de colaboración entre el M-19 y narcotraficantes. En el caso de las FARC la supuesta protección a plantaciones y sitios de procesamiento de la hoja de coca. Op. cit., p. 275. 29

Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y La violencia, op. cit., p. 281.

Al año siguiente, en otra acción terrorista de propaganda armada, se tomaron la embajada de la República Dominicana con 14 embajadores como rehenes, obligando al gobierno a una negociación política que concluyó en el pago de una suma en dinero, en la entrega de salvoconductos al comando guerrillero para poder salir del país y en la garantía de una mayor presencia de los organismos de derechos humanos en los juicios militares. Luego del intento fallido de 160 guerrilleros del M-19 de penetrar por las costas del pacífico, la cancillería colombiana rompió relaciones diplomáticas con Cuba aduciendo la injerencia del gobierno de Fidel Castro en el adiestramiento de combatientes colombianos para el M-19. Para el inicio de los años ochenta, las FARC consolidaban su presencia con cinco frentes guerrilleros en diversas zonas de colonización al sur del país, al tiempo que incursionaban con dos frentes en el centro, uno en el norte y otro en los llanos orientales. El ELN luego de la derrota que le propinaran las Fuerzas Armadas en Anorí en 1973, logró mantener en medio de la lucha interna un débil aparato político-militar que reconstruyó a partir de los años ochenta en los dos departamentos de Santander, el noreste de Antioquia y el sur de Bolívar para luego extender su accionar a la Arauca petrolera. En la región de Urabá, el pro-maoísta EPL afianzaba su base social entre los trabajadores del banano. Entre 1978 y 1981 la insurgencia armada logró un accionar y desarrollo notables en la búsqueda de capitalizar a su favor la crisis del régimen de gobierno. Decenas de organizaciones de izquierda participaron desarticuladamente en una ofensiva contra el establecimiento, lo que culminó en un auge de sus actividades en 1981. En marzo de 1980 el gobierno había declarado estar dispuesto a otorgar una amnistía para los alzados en armas y, en consecuencia, expidió una ley en marzo del año siguiente, para reconocer al poco tiempo su total fracaso. Las guerrillas que aspiraban al poder, lejos de sentirse derrotadas, no admitían su entrega incondicional. Durante los años 75 a 77 el país conoció un movimiento huelguístico sin precedentes que culminó en el paro cívico nacional de septiembre de 1977. Por primera vez las cuatro centrales obreras y el sindicalismo independiente lograron coordinar y convocar, con éxito, amplios sectores de la población en un paro que contó con el beneplácito de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, la Democracia Cristiana y el ospino-pastranismo, todos en oposición al «mandato claro» de López. En adelante el movimiento sindical reconfiguraría sus fuerzas y los patronos abogarían por eliminar su beligerancia. Durante la década de los setenta los municipios y regiones al margen del presupuesto nacional también hicieron sentir su inconformidad promoviendo paros cívicos para exigir de las autoridades solución a sus necesidades. La deficiencia en la prestación de los servicios básicos o la carencia de ellos, el

incremento en las tarifas de los medios masivos de consumo fueron, entre otros, los motivos centrales que concitaron la protesta popular.

El modelo contra la inseguridad Al inicio de los años 60 el estado norteamericano redefinió su política de seguridad nacional con el objeto de «disuadir ” y “contener” la subversión comunista alentada por la creciente influencia de la revolución cubana. “En los círculos oficiales de los Estados Unidos se concebía la inestabilidad política como el factor central que afectaba la seguridad del hemisferio. El comunismo era percibido corno la causa principal de la inestabilidad”. 30 En América Latina el proyecto revolucionario de la subversión expresaba para los medios castrenses la estrategia del comunismo internacional y el enemigo interno a combatir. Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo una ejecución plena bajo las dictaduras militares en Brasil, Argentina y Chile en las décadas de los años 60 y 70, su influencia ideológica en otros países sirvió a los militares como referente para elaborar su propia comprensión global del Estado y la sociedad en el contexto de la guerra fría. El impacto político de esta doctrina ubicó el componente militar en el centro de la sociedad como factor interventor por excelencia. Se justificaba la necesidad de copar con el poder castrense, total o parcialmente, el poder civil cuando el régimen se encontrara en peligro de colapsar. Formulación que se tradujo en la militarización de la sociedad ya que no sólo se trataba de “(...) identificar y destruir al enemigo actual, y disuadir a los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal es función inevitable y obligada de su apoyo incondicional al régimen”.31 Substanciado el concepto de “enemigo interno”, utilizado para designar a todo aquel opositor al statu quo vigente, se justificó entonces el terrorismo de Estado a fin de eliminar los factores que atentaban contra su seguridad. Confrontación irregular que significó en Colombia, para finales de los años 70, el hostigamiento, la detención arbitraria y la tortura; las desapariciones forzosas y los homicidios colectivos. Ya el Estado colombiano desde 1960 había creado el Consejo Superior de Defensa Nacional que estructuró los planes de seguridad interior y exterior de la nación.32 Año para el cual el general Alberto Ruiz Novoa diría con 30

Leal Buitrago, Francisco, El Oficio de la Guerra, op. cit., p. 25.

31

Ibid, p. 40.

32

Para estos años ya se conocían documentos institucionales de las Fuerzas Armadas afines a la

claridad que las Fuerzas Armadas “(...) son la .institución encargada de garantizar la normalidad contra los enemigos externos e internos y la única que está en condiciones de hacerlo en momentos de crisis”. 33 Para mediados de los años setenta la Escuela Superior de Guerra orientaba la formación de la alta oficialidad a partir tanto de su propia experiencia contrainsurgente como de la interpretación de la doctrina elaborada en el Cono Sur y de la concepción de seguridad nacional norteamericana. La ideología de la seguridad nacional fue concebida en Colombia como: “(...) la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales: aquellas condiciones creadas y explotadas por personas o grupos que dentro o fuera del país o de manera combinada pretenden que sus propios intereses prevalezcan sobre los del conjunto de la Nación o se confundan con ellos”. 34 Axioma del cual se concluyó tanto su legalidad como el presupuesto de una guerra permanente contra el enemigo interno. 35 Criterio que fue ampliado al considerar la inconformidad social como una manifestación subversiva. El uso recurrente del Estado de Sitio había contribuido a cristalizar una versión propia de la doctrina. “El papel extra-profesional de mayor impacto fue el ejercicio de la justicia penal militar. Con el trasfondo de una ‘situación de guerra’, a partir de 1965 se legitimó el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares”. La militarización de la policía, la creación de la defensa civil y de autodefensas bajo la asistencia militar; la vinculación de la institución a la alfabetización, la salud y las obras públicas, así como la Doctrina de Seguridad Nacional. En 1964 una publicación del Ejército señala que el comunismo “(...) trata sistemáticamente de socavar los cimientos de las organizaciones supranacionales de Occidente y las estructuras sociales, políticas y económicas (...). La guerra se desarrolla ya dentro de nuestras fronteras”. Al término de denunciar las intenciones expansionistas de la “Internacional Roja” afirma que “ La gravitación de las Fuerzas Armadas sobre el poder político debe estar en relación con la magnitud de la amenaza y la efectividad del gobierno para detenerla”. Citado por Leal, Buitrago en El Oficio de la Guerra, op. cit., p.49. 33

Ibid, p. 54.

34

Editorial. Revista Fuerzas Armadas No 83. Mayo-agosto. 1976. Citado por Blair Trujillo, Elsa. Fuerzas Armadas, op. cit., p. 113. 35

En Colombia, la concepción elaborada por La Doctrina de Seguridad Nacional sobre el enemigo interno, tenía antecedentes doctrinarios en la visión contrainsurgente formulada por el conservatismo de los años veinte. Su percepción sobre el conflicto social era entendida como la “concreción interior de una amenaza revolucionaria exterior”. La misión militar suiza traída en 1924 para ayudar a la formación de oficiales colombianos percibió que “(...) el ejército cumple más el papel de reprimir !as manifestaciones sociales y la oposición política en el interior, que el de proteger al país de una eventual agresión externa”. Citado por Blair Trujillo, Elsa. Las Fuerzas Armadas, Cinep. Bogotá, 1993, pp. 40-45. Posteriormente en los años de la violencia bipartidista el Ejército se vio comprometido en !a pacificación del país.

designación de oficiales en cargos civiles en las zonas de violencia favorecieron la autoridad castrense, como la autonomía en las operaciones militares.36 Condiciones que favorecieron los excesos y la extralimitación de los militares en el mantenimiento del orden público. En una clara alusión a los problemas de conmoción social, el presidente Alfonso López manifestó en los primeros meses de 1977 que: “Hoy tenemos la lucha de clases más que la lucha de los partidos. Por eso, se dividen (los partidos) entre quienes quieren acabar el sistema y quienes quieren preservarlo. Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales y conservadores, no tiene ya actualidad, sino cómo ventilar el debate entre los amigos del statu quo y quienes aspiran a un orden distinto”.37 Los militares tenían su propia percepción del “debate”, y la harían pública tres meses después del paro cívico del 14 de septiembre de 1977, cuando 33 oficiales de alto rango encabezados por el general Luis Carlos Camacho Leyva demandaron al gobierno de López que adoptara medidas de “emergencia” que les otorgara mayor autonomía en el manejo del orden público. Las Fuerzas Armadas hacían tal exigencia en nombre de la “institución militar, una de las pocas que queda en nuestra opinión en la República con la capacidad de conservar su integridad constitucional”. 38 Así, con el advenimiento de Julio César Turbay en 1978 a la presidencia de la República, era nombrado Ministro de la Defensa el general Luis Carlos Camacho Leyva. Bajo esta administración se impulsaría con mayor coherencia y vehemencia la versión criolla de la Doctrina de Seguridad Nacional, sobre todo a partir de la expedición del Estatuto de Seguridad en 1978. Gobierno en el cual, diría el investigador Daniel Pécaut, la “voz propia” de los militares cobraría mayor relevancia. La insurgencia se identificó como “(...) la máscara usada en el proscenio de la política interna de la nación, por una organización tan poderosa como el partido comunista, en su condición de organización política internacional”.39 Y, en cuanto al enemigo interno, el general Fernando Landazábal afirmaría que “(...) puede ser cualquiera (...) un campesino que habite en zona guerrillera, un trabajador en huelga, un activista político (...) cualquiera (...) en determinado momento (…) es un error combatir con exclusividad el elemento armado (...) sin antes haber puesto a buen cuidado, con suma energía, la organización constituida en la dirección intelectual de 36

Ver Leal Buitrago, Francisco. El oficio de la Guerra, op. cit., pp 43-60.

37

Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 251.

38

Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.

39

Reyes Landazábal, Fernando, El Precio de la Paz. Planeta, Bogotá: 1985, p. 193.

los organismos revolucionarios”.40 Pero la concepción vernácula de la Doctrina de Seguridad Nacional no era una política aislada de los militares afines a ella, contaba con el respaldo de importantes sectores civiles de la sociedad colombiana. El poder civil, representado en su momento por el presidente Julio César Turbay, diría en la XIII Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos realizada en Bogotá en 1979 que “Pueden darse, naturalmente, casos extremos en los que, ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce hacia la anarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se vean precisadas a ejercer el poder para restablecer el imperio de la autoridad”.41 En un documento que hicieron público, los gremios de empresarios manifestaron su voluntad de respaldo al gobierno acogiéndose a su “orientación para superar los momentos de crisis” y reconocer “la obra reparadora de las Fuerzas Armadas, (...) que en su encargo de defender la nación y salvaguardar la vida y honra de sus gentes deben tener el apoyo solidario y permanente de todos los estamentos sociales”.42 En el tránsito hacia los ochenta la sociedad colombiana seguía bajo el estado de sitio permanente; la protesta social fue criminalizada y se generalizó la guerra sucia. En la medida que las Fuerzas Armadas se involucraban en el control del orden público su preponderancia como interlocutores de los problemas del país les confería un mayor grado de autonomía militar e incidencia en la vida política del país.

Las Fuerzas Armadas: un actor con voz propia Entre las prioridades del mandatario liberal Julio César Turbay estaba la de restaurar el orden público combatiendo tanto la delincuencia común como las acciones de la subversión, y para tal fin se anunció un estatuto jurídico para la inseguridad. En desarrollo del artículo 121 de la Constitución el ejecutivo expediría el 6 de septiembre de 1978 el Estatuto de Seguridad. En consecuencia se aumentaron las penas por delitos como el secuestro, la extorsión y el ataque armado; se ampliaron el tipo de crímenes que serían del conocimiento de las cortes marciales como las facultades para efectuar 40

Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia Parainstitucional Paramilitar y Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá: 1994, p. 20. 41

42

Idem, op. cit., p. 55.

El documento fue firmado por los presidentes de la AND!, Fabio Echeverri, de ANIF, Ernesto Samper, de FASECOLDA, Miguel Fadul Vergara, de CONFECAMARAS, Gastón Abello, de FENALCO, Juan Martín Caicedo Ferrer, la SAC, Carlos José Gonzáles, de ASOBANCARIA, Oscar Restrepo y de ACOPI, José Miguel López. Citado por, Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 135.

arrestos, y se prohibió la información de prensa sobre los hechos de orden público. Con el estatuto se hizo ambigua la noción de subversión en cuanto penalizaba desde los «dibujos o textos ultrajantes» hasta las tomas guerrilleras. Luego del asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas en septiembre de 1978, por integrantes del grupo Auto Defensa Obrera, ADO, se autorizó la retención durante diez días de toda persona sospechosa de querer alterar el orden público. Si para unos el estatuto negaba el régimen de derecho demo-liberal, para otros significaba «(...) un verdadero triunfo de la democracia y del régimen republicano». 43 El general Camacho Leyva diría que era “insuficiente” frente al recrudecimiento de la subversión. 44 El diario conservador La República, en su editorial del 19 de octubre de 1979, fijó su posición al respecto: “El Estatuto de Seguridad puede molestar a unos cuantos políticos empeñados en acortar la amplia distancia que los separa del poder. Pero para las gentes de bien de todos los estamentos las normas fijadas ganan la amplia adhesión. La sola aceptación de la norma ha creado un nuevo clima de confianza (...). Los delitos que se cobijan bajo una seudo revolución han vuelto a ser delitos comunes’’.45 Los gobernantes López y Turbay intentaron conjurar la crisis mediante sendas reformas constitucionales que a la postre resultaron fallidas en cuanto fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. En su defecto los problemas de orden público fueron tratados con la estrategia común explicitada en el Estatuto de Seguridad. Si bien es cierto que con este instrumento se logró conducir a la cárcel a la mayoría de dirigentes del M-19 y a militantes de otras organizaciones - para ser procesados en consejos verbales de guerra- e intimidar al conjunto de la sociedad democrática, el desprestigio del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del bipartidismo en su conjunto polarizó la opinión publica nacional. Al amparo del Estatuto de Seguridad miles de personas fueron detenidas e interrogadas. Según informaciones del Ministerio de Defensa entre los meses de agosto de 1978 y julio de 1979 fueron detenidas más de 60 mil personas sospechosas de actividades subversivas 46. Excesos que fueron cuestionados por dirigentes de los partidos tradicionales: “La actual situación del país ha tomado las características de una dictadura constitucional porque el

43

Revista del Ejército, No 63, octubre-diciembre 1978, p. 301.

44

Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 343.

45

Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 134.

46

Melo, Jorge Orlando, “Los Paramilitares y su Impacto sobre la Política”. En: Al Filo Del Caos, Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, Editores, Tercer Mundo Editores, Bogotá: 1991, p. 485.

gobierno tiene en su poder todas las facultades para legislar (...)”, 47 dijo el senador Federico Estrada Vélez en un debate parlamentario. En respuesta a las declaraciones hechas por el Ministro de Defensa, contra los asistentes a un foro sobre los derechos humanos, Luis Carlos Galán declaró: “El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza armada. Por eso la justicia militar, por eso también el estatuto de seguridad (...). A las Fuerzas Armadas se les ha asignado la responsabilidad de preservar un orden social que la Nación ya considera anacrónico”. 48 Para el último tercio de los años setenta las denuncias por violación de los derechos humanos ocupaban la opinión nacional y trascendían las fronteras nacionales. La percepción en la comunidad internacional era expresada por Le Monde Diplomatique: “En Colombia reinan los civiles y gobiernan los militares”.49 En el centro de tales denuncias estaban las Fuerzas Armadas. El diario El Espectador en su edición del 11 de noviembre del 1981, e igual la revista Alternativa, informaron sobre posibles torturas practicadas a los detenidos en la Brigada de Institutos Militares. 50 En tal sentido una comisión investigadora del Parlamento colombiano expresó en su informe la convicción de que tales “parecidos excesos sí existían”. 51 Con la toma de la Embajada Dominicana en febrero de 1980, par un comando del M-19, la crisis del Régimen copó la atención de la opinión pública. El grado de interlocución alcanzado por esta organización con la sociedad, sobre los problemas del país, le granjeó el 85% de la simpatía popular.52 Su propuesta de amnistía general y dialogo nacional se convertiría en un eje obligado del debate electoral en ciernes. Un 70% de las personas interrogadas sobre la propuesta del M-19 la percibían como el procedimiento más adecuado para lograr la paz”.53 El gobierno respondió a través del Congreso Nacional con la Ley 37 de 1981 que otorgaba una amnistía destinada a guerrillas ya derrotadas política 47

Citado por Blair Trujillo, Elsa, op. cit., p. 136.

48

Ibid, pp. 136-137

49 Bermúdez Rossi, Gonzalo, El Poder Militar En Colombia. Ediciones Expresión, Bogotá: 1982, p. 242. 50

Nota de la editora: Hoy XIII Brigada del Ejército.

51

Citado por Pécaut Daniel, op, cit., p. 323.

52

Ibidem, p. 293.

53

Ramírez B., Socorro y Restrepo M., Luis Alberto, Actores En Conflicto Por La Paz, El proceso de Paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Siglo XXI Editores y CINEP, Bogotá: 1988, p. 51.

y militarmente, lo que de suyo, obtuvo una respuesta negativa por parte del movimiento armado. El 6 de noviembre de 1981, Turbay persistió instalando una Comisión encargada de elaborar una propuesta política para integrar a los alzados en armas a la vida legal. El ex presidente Carlos LLeras Restrepo, el comandante de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional, entre otros, conformaron dicha Comisión. Pero las desavenencias de Turbay y de su ministro de defensa con la Comisión, llevaron a la renuncia de sus miembros civiles y no gubernamentales el 13 de mayo de 1982. Por último, mediante decreto del Presidente, se insistiría en febrero de 1982 en una suspensión de las actividades militares por 30 días para que los guerrilleros que se entregaran pudieran gozar de la amnistía. Segundo intento que también fracasó. En la medida en que el Ejército se comprometió en el conflicto civil, las Fuerzas Armadas se vieron involucradas en una doble lógica que, a la vez que les otorgaba mayor autonomía en el control del orden público -sus excesos-, hacia ilegitimo el ordenamiento constitucional que pretendían defender. El modelo adoptado por Turbay para conjurar la crisis de legitimidad, si bien la desactivó parcialmente, terminó por convertir la institución castrense en un factor más de la violencia pero con el poder de condicionar las políticas del Estado. En opinión del investigador Daniel Pécaut: “En marzo de 1981 se trata es de saber si Colombia puede todavía escapar al engranaje que han conocido otros países latinoamericanos”,54 afirmación que reconoce de una parte el deterioro de la situación política en el país y, de otra, el poder alcanzado por las Fuerzas Armadas. El debate electoral de 1982 giró, entonces, en torno a las propuestas de los candidatos para superar la crisis.

54

Pécaut Daniel, op, cit., p. 348.

De Turbay a Belisario: El Caso Gloria Lara En las elecciones presidenciales de mayo de 1982 resultó elegido el candidato conservador Belisario Betancur tras derrotar con su movimiento pluripartidista, tanto a los dos candidatos del liberalismo como a Gerardo Molina, de la coalición de izquierda. La perdida paulatina del monopolio de la fuerza por parte del Estado, la convivencia con el narcotráfico, la inseguridad; la degradación de las costumbres políticas y la malversación de los dineros públicos; así como la violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta social y el malestar económico, durante el gobierno de Turbay Ayala, llevaron al 46.8% de los electores a depositar su confianza en la propuesta reformista de Belisario Betancur, con la esperanza de superar la crisis55.

Entre la represión y la reforma La paz fue uno de los temas que agitaron el debate electoral. Con la consigna de la “La paz es liberal”, el candidato Alfonso López se comprometió a derogar la cláusula constitucional sobre los gobiernos de coalición y en su defecto a instaurar el sistema de gobierno-oposición. Propuso combatir a la guerrilla por la vía militar pero también con acciones de transformación social que incluían la incorporación de la guerrilla al proceso político. Además solicitó “(...) el ingreso del Partido Liberal a la Internacional Socialista, indicando su deseo de alejarse de la extremadamente pro-estadounidense política exterior del gobierno de Turbay, evidente en los asuntos centroamericanos y en otras áreas”. 56 Para Luís Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, la propuesta de López era la continuación del mandato de Turbay y, en tal sentido, la denunció como la representación de “(...) una casta política oportunista, clientelista, corrupta y calculadora (...)”.57 El diálogo con los alzados en armas era prerrequisito para el éxito de una amnistía, pero también era urgente combatir las desigualdades económicas y sociales existentes, levantar el Estado de Sitio y derogar el Estatuto de Seguridad. En contraposición al gobierno de Turbay, Galán rechazaba la Doctrina de 55

Hartlyn Jonathan, op, cit., p. 270. Hartlyn cita para el candidato oficial del Partido Liberal, Alfonso López, el favor del 41.0% de los electores, y para Luis Carlos Galán Sarmiento por el Nuevo Liberalismo una votación del 10.9%. La coalición de izquierda liderada por Gerardo Molina obtuvo a su vez el 1.2%. 56

Idem, p. 269.

57

Idem, p. 268.

Seguridad Nacional. Gerardo Molina, candidato por el Frente Democrático, señaló que la miseria extrema era la causa de la insurgencia popular y en consecuencia las acciones en favor de la paz pasaban necesariamente por la lucha contra la pobreza y la promulgación de una amnistía general. Para Molina no era posible la solución militar al conflicto armado sin una normalidad democrática estable ajena a la política de confrontación incitada desde Washington por el mandatario Ronald Reagan.58 Belisario Betancur admitía la existencia de causas objetivas y subjetivas en el sustrato del conflicto, en oposición a la visión tradicional de los conservadores que se limitaba a criminalizar la insurgencia y a buscar sus causas en el conflicto internacional. En consecuencia, se comprometió a remover los obstáculos que impedían ampliar el sistema democrático, el bienestar social y por consiguiente el logro de la paz. Propósito que fue expresado con claridad por el presidente en su discurso de posesión el 7 de agosto: “Levanto una blanca bandera de paz para ofrecérsela a todos mis compatriotas. Tiendo mi mano a los alzados en armas para que se incorporen al ejercicio pleno de sus derechos, en el amplio marco de la decisión que tomen las cámaras (legislativas). Le declaro la paz a mis conciudadanos sin distinción alguna: a esta tarea me consagro (...)”.59 En medio de una gran expectativa nacional el nuevo mandatario cursó de inmediato cinco iniciativas encaminadas a lograr una apertura democrática, convocatoria a una cumbre política para debatir las reformas al régimen, creación de una comisión de paz pluralista, promulgación de una Ley de amnistía y curso a las negociaciones con los alzados en armas. Iniciativas concebidas en el marco de una política exterior comprometida con los países no-alineados.60 En entrevista que el Ministro de Gobierno Rodrigo Escobar Navia le concedió al escritor Arturo Alape, la administración Betancur reconocía que: 58

Ver, Actores en Conflicto por la Paz, op. cit., pp. 52-53.

59

El Tiempo, 8. 8. 82, p. 3B.

60

Al tiempo que el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan retomaba el anticomunismo como guía para la política exterior, Belisario Betancur abandonaba esta visión, sostenida por el gobierno de Turbay Ayala. El colapso de los planes de pacificación adoptados por anteriores gobiernos, la ineficacia de las dos amnistías concedidas bajo la administración anterior, y el temor porque el conflicto centroamericano se extendiera a Colombia, llevaron a Betancur a finales de 1982 a desalinearse de Estados Unidos y proponer el acercamiento a los países no-alineados. Postura que fue acompañada por una gestión muy activa del presidente en el Grupo de Contadora (México, Venezuela, Panamá y Colombia), en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en Centroamérica.

“Colombia estaba y sigue estando, en mora de emprender y llevar a cabo un plan de desarrollo político e institucional que haga posible que el sistema político se amplíe y se ponga al día”. Y reconoce que las instituciones marchaban a la zaga de las transformaciones operadas en el país nacional: “Eso, por cierto, explica buena parte de los problemas de la violencia, porque se crearon unos vacíos, unos desequilibrios en el viejo Estado de Derecho”.61 En la carta enviada a las personas convocadas a ser parte en la Cumbre Política Multipartidaria el Ministro reiteraría su invitación a “la definición y el establecimiento de las bases de la vida política nueva y renovadora que tendrá que seguir al extenuamiento de las posibilidades y de la vigencia histórica de las restricciones del juego democrático, los acuerdos rígidos entre los dos partidos tradicionales, la responsabilidad compartida y el desestímulo a la movilización política que caracterizaron a la etapa frente-nacionalista”.62 Más tardaría Belisario en poner en marcha su proyecto de diálogo y apertura democrática que en aflorar las contradicciones entre “los enemigos de la paz” y el modelo reformista en curso. En tal coyuntura, El Caso Gloria Lara, se constituyó en un catalizador que concentró en su momento las contradicciones en torno a la paz entre el primer mandatario, la sociedad civil y los militares.

El secuestro de Gloria Lara La señora Gloria Lara de Echeverri fue secuestrada el 23 de junio de 1982 cuando se dirigía a su residencia en el barrio Teusaquillo después de un día de trabajo en el Ministerio de Gobierno donde se desempeñaba como directora de Acción Comunal. Desde todos los ámbitos de la vida nacional se hicieron sentir las exigencias por su liberación, como las manifestaciones de solidaridad con su familia, en tanto los organismos de seguridad iniciaban las pesquisas de rigor. EL 25 de junio, 33 mil juntas de acción comunal de todo el país protestaron por el secuestro y más de cien misas se oficiaron para rogar por su regreso. El día 27 un grupo de supuestos guerrilleros hizo saber a distintos medios que Gloria Lara estaba en su poder y en buen estado de salud. El mismo día le comunicaron por teléfono a uno de los redactores del vespertino El Bogotano, la disposición de liberar a Gloria Lara si los medios de comunicación se comprometían a denunciar los monopolios de las tierras 61

489. 62

Alape, Arturo, La Paz, La Violencia: testigos de excepción. Planeta, Bogotá: 1985, p.

El Tiempo, 8. 9. 82, p. 7A. Carta del Ministro de Gobierno Dr. Rodrigo Escobar Navia dirigida a los eventuales miembros de la Cumbre Política fechada el 7 de septiembre de 1982.

en Colombia. Al día siguiente éste vespertino informó que los raptores exigían 200 millones de pesos por su rescate. El domingo 11 de julio los plagiarios hicieron llegar al mismo vespertino una fotografía de la víctima donde aparece custodiada por un encapuchado armado de una carabina. Adjunto, había un boletín escrito a máquina donde se reclamaban voceros del “pueblo sufrido y subyugado por una burguesía explotadora” y señalaban a Gloria Lara como representante de la “burguesía latifundista tradicional” pero no hacían expresa ninguna exigencia63. El 13 de julio, el presidente Julio César Turbay Ayala manifestó su preocupación por la secuestrada, y su esposa Nidia Quintero de Turbay hizo un llamado a los secuestradores “para que entendieran que una víctima inocente no va a remediar los problemas de Colombia” 64. Sin la presencia de Gloria Lara se presentó su libro “Colombia Indígena” el 24 de julio, y el 2 de agosto fue condecorada por el presidente Turbay Ayala. A finales de julio en la ciudad de Caracas, la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad gestó un movimiento de opinión internacional para lograr su liberación. Su presidenta Alba Illaramendi puso de presente la labor adelantada por Gloria Lara en el rescate del movimiento comunal, “que beneficia a millones de habitantes de barrios pobres de América Latina, Asia y África”.65 Y, para contribuir con la investigación, diversos grupos cívicos y particulares ofrecieron una recompensa a quien suministrara información sobre el paradero de la secuestrada. Cuatro millones de pesos ofrecerían las autoridades el 8 de septiembre en idéntico sentido. Alfredo Vásquez Carrizosa y Hernando Hurtado, presidente y secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, condenaron el hecho e hicieron el más “angustioso llamado para que sea respetada la vida de la señora Gloria Lara (...)”. En el comunicado expedido a la opinión pública por dicho Comité exigieron la liberación de la retenida y reiteraron que no existía ninguna justificación legal, moral o política para el cautiverio de personas “(...) cualquiera sea el motivo que se invoque”.66 Las investigaciones preliminares apuntaron a reconocerle a la subversión la autoría del delito. El 11 de julio la policía informó que lo consideraba más propio de la delincuencia común. En una nota de prensa del 30 de octubre el diario El Tiempo reconoció que un vocero castrense recordó que inicialmente la investigación se enrumbó hacia el Núcleo Político Militar 15 de febrero de inspiración nacionalista, creado en memoria del sacerdote Camilo Torres 63

El Tiempo,13. 7. 82, p. 14A.

64

El Tiempo, 30.11. 82, p. 14A.

65

El Tiempo, 27. 7. 82, p. 14A.

66

El Tiempo, 29. 10 82, p. 2A.

Restrepo. Razón por la cual inicialmente se investigó al Ejercito de Liberación Nacional, y también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por que se había detectado su presencia en la ciudad de Bogotá. Los antecedentes de secuestros y ejecuciones similares llevadas a cabo por la insurgencia, motivaron la investigación sobre estos grupos. El 7 de julio el M-19 había negado ser el responsable del hecho, y antes por el contrario reconocía el compromiso democrático y popular de Gloria Lara. El 28 de septiembre los secuestradores enviaron la última fotografía de Gloria Lara acompañada de un boletín en el que anunciaban su inminente ejecución “(...) ante la negativa e intransigencia de la familia de no cumplir nuestras exigencias, además, del constante asedio de los cuerpos represivos del Estado (...)”. La sociedad y la prensa burguesa “ (…) se conmoverán ante la noticia de la ejecución” pero asimismo dicen: “permanecen criminalmente indiferentes ante las desapariciones y asesinatos (...)”. Sobre el debate que para el momento cruzaba la opinión publica, alrededor de la amnistía, los secuestradores sindicaban de “traidores” a los que depongan las armas y se “entreguen” a la oligarquía.67 “Más que abominable” titularía el editorial de El Tiempo refiriéndose a la condena a muerte proferida por los secuestradores. En su edición del sábado 30 de octubre el editorialista advirtió que a propósito de la tramitación de la amnistía resultan “(…) insuficientes y estériles (...)” los esfuerzos por definir el alcance de ciertos delitos que como el de Gloria Lara, supera “(...) todos los límites de la abominación”. Naturalmente, prosigue el editorialista, “(...) que el solo texto del comunicado que los criminales han dirigido a los medios de comunicación indica su identidad con los alzados en armas que han llegado a todos los límites de la criminalidad”.68 La ejecución fue aplazada. Y, según la información de prensa, las negociaciones con la familia de la secuestrada prosiguieron hasta el punto que se creyó en su liberación.

El crimen de Gloria Lara El martes 30 de noviembre de 1982 el matutino El Tiempo informó al país del asesinato de Gloria Lara a manos de sus plagiarios tras largos cinco meses de cautiverio. El lunes 29, en las horas de la madrugada, el cuerpo sin vida de Gloria Lara había sido hallado frente a la iglesia del barrio Bonanza al noroccidente de la capital. Su cuerpo lo cubría una bandera negra con las siglas O.R.P. inscritas en rojo. 67

Idem.

68

El Tiempo, 30.11.82, p. 4A.

La noticia, señaló el periodista, conmocionó a todos los estamentos de la sociedad que demostraron el pesar colectivo y la protesta nacional por el crimen. El presidente de la república Belisario Betancur, las altas autoridades del Estado, el cuerpo diplomático; los ex-presidentes Misael Pastrana, Alfonso López, Carlos Lleras Restrepo y los funcionarios de la administración saliente de Julio César Turbay se hicieron presentes en la capilla de velación para expresar sus condolencias, al igual que lo hicieron las organizaciones de la Acción Comunal y representantes de los más diversos sectores de la sociedad. “Podría tratarse de una pandilla que tiene alguna relación con las guerrillas”, aseguraron investigadores del Estado. Según estos últimos, reconocieron “(...) haberse alejado en los últimos días de las pesquisas para no interferir las negociaciones y evitar posibles represalias (...)”. Una vez conocida la reivindicación del crimen por la O.R.P., un vocero de los agentes del F-2 a cargo de la investigación declaró que para ellos era un enigma la ideología de los plagiarios y agregó que podría tratarse de “delincuentes comunes que buscan despistar a los investigadores”. 69 Como “Un crimen atroz”, titularía su columna editorial el diario El Tiempo el 30 de noviembre. “Quitar la vida a una persona, sea cual fuere la motivación, rompe todas las reglas humanas y divinas, imperantes entre los seres racionales”; y, bien, crimen político o simplemente delictivo, “rebasa todos los límites de la tolerancia y repugna en todos los estratos de la sociedad”. Dice en su tercer párrafo que todo parecía indicar que los asesinos actuaron “(...) no por razones políticas sino por simple afán de lucro”. “Sería antipatriótico -señalaría el editorialista- explotar esta villanía para sugerir móviles que puedan obstaculizar la labor de pacificación del gobierno“.70 Múltiples fueron los pronunciamientos de diversos estamentos de la sociedad sobre el crimen de Gloria Lara. El columnista Abdón Espinosa Valderrama luego de señalar que aún sin esclarecer el crimen, que parecía obedecer a “(...) móviles políticos (...)”, afirmaba que era menester despertar todas las potencias del alma colombiana, “(...) para repudiar y extirpar en sus raíces el crimen del secuestro, mostrando como ejemplo aleccionador, para abrir los ojos de los extraviados o de los cándidos, lo que ha ocurrido a Gloria Lara de Echeverri”.71 En las declaraciones del director del Nuevo Liberalismo, en referencia al terna de la amnistía y la paz, expresó que los asesinos de Gloria Lara no podían buscar un cambio por esos caminos salvajes: “se equivocan si 69

Ibidem.

70

Ibidem.

71

Ibid, p. 5A.

esperan que el Estado se vuelva feroz y bárbaro en la réplica”. Aduciendo al cuatrienio de Turbay, Luís Carlos Galán Sarmiento resaltó que: “Ya hubo el riesgo de que esto sucediera y la nación reaccionó a tiempo para condenar los abusos e impedir que se respondiera en forma ciega” 72. Lo único que lograban, concluyó, era la mayor reflexión sobre la necesidad de defender los principios de la civilización y los derechos humanos por encima de la confrontación política. En el curso de las deliberaciones de la asamblea de la ANDI -capítulo Cundinamarca- los industriales exigieron “Mano dura” con la delincuencia camuflada. Tras apoyar los esfuerzos del gobierno de Betancur por el propósito de la paz, exhortaron a las autoridades del Estado para que “(...) la sangre de la víctima inocente (...), propicie la lucha sin cuartel, sin fatiga y quizás con obsesión, en pro del rescate de la dignidad, de la integridad y el sosiego ciudadanos”.73 De otra parte solicitaron al gobierno una amnistía tributaria para los patrimonios ocultos, eliminar la retroactividad de las cesantías de los trabajadores; controlar los pliegos de peticiones y reducir el impuesto a las ventas. La Unión de Trabajadores de Cundinamarca, UTRACUN, declaró que la esperanza y el optimismo despertados por la Ley de Amnistía se ven seriamente afectados por tan ignominioso suceso. La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, exigió al presidente de la república que liberara ”a la sociedad de la presencia de seres tan despreciables y desalmados”74, que ponían en peligro las acciones de paz adelantadas por el presidente Belisario Betancur. El 1 de diciembre se dieron cita en el Hotel Tequendama los ministros del despacho, los altos mandos militares y distinguidas personalidades de los más diversos estamentos de la sociedad para escuchar del primer mandatario Belisario Betancur las tesis del nuevo gobierno en materia de paz. En la Cena de la Paz, como se le denominó, el presidente condenó igualmente el crimen de Gloria Lara y llamó la atención sobre los enemigos de la paz: “unos desde el anarquismo, otros desde el secuestro que financia y asesina, otros desde el deseo de venganza cuando se ve caer a seres queridos”. Convocó a comprender que en la garantía de los derechos humanos, estaba el derecho a la vida. Más adelante, Belisario Betancur, advirtió que así se califique de ingenua su gestión por la paz; así a cierta nostalgia le guste que fracase (...), no voy a ceder ante el crimen, el terrorismo ni la incomprensión”. Y, frente a la ley de amnistía, ratificó que no 72

El Tiempo, 1.12.82, p. 10B.

73

El Tiempo, 3. 12. 82, p. última A.

74

El Tiempo, 1. 12. 82, p. 15D.

era negociable.75 Dos semanas antes del asesinato, la periodista Ligia Riveros, de la revista Cromos, se preguntaba por los posibles autores del secuestro de Gloria Lara: “¿Secuestro político? ¿Secuestro subversivo? ¿Delincuencia común? ¿Venganza de antiguos peones de la hacienda de don Oliverio Lara, que quedaron libres después de haber sido condenados por su secuestro y asesinato? ¿Están involucrados guardaespaldas de la familia? ¿Lo hizo la derecha para desprestigiar a la izquierda y perjudicar así la amnistía? ¿Fueron los latifundistas del Cauca, por las acusaciones contra ellos en defensa de los indígenas?”76 El 7 de diciembre circuló la revista Semana que titularía su portada como “Historia de una infamia” para referirse al crimen en mención. Al cabo de un recuento de los hechos entorno al secuestro y posterior homicidio, el periodista remataba su informe especial afirmando que: “En el fondo de la profunda descomposición social hay una oscura franja donde convergen el hampa, delincuentes comunes, apéndices de la mafia, elementos desprendidos de organizaciones guerrilleras, y sujetos de ultra derecha interesados en desestabilizar la situación”.77 De tal manera se presentaron las contradicciones, que el semanario en mención no dudó en afirmar que Belisario Betancur daba un viraje en la posición conciliatoria que precediera al discurso pronunciado en el Banquete de la Paz. “Tampoco permitiremos que se intente extender la zozobra con cualquier pretexto supuestamente político o abiertamente criminal. Sé que lo fundamental es combatir los agentes objetivos de la inseguridad, procurando dar a los colombianos las garantías mínimas (...). Pero la clave para desarrollar esta tarea consiste en tener un Estado y específicamente que se haga respetar, que haga valer su calidad de protector de los ciudadanos que cumplen sus deberes y exigen sus derechos”. Refiriéndose a este aparte del discurso presidencial, Semana diría que su tono “evocaba mas el utilizado en la administración Turbay”.78 En otro artículo, sobre el análisis de la coyuntura política, la revista anunciaba el principio del fin de la luna de miel del presidente Betancur, al cabo de los tres primeros meses de gobierno. En efecto, la objeción jurídica que el presidente Belisario Betancur opuso a la decisión de los parlamentarios de incrementar sus dietas, condujo a una primera ruptura entre el ejecutivo y el legislativo; al punto, que la mayoría de los 75

El Tiempo, 2.12. 82, p. 6A.

76

Riveros, Ligia. “Secuestros VS. Amnistía”. En: Revista Cromos, Bogotá, noviembre 9 de 1982, p. 26-29. 77

Véase, Revista Semana, Bogotá, No. 311 17-13. Diciembre de 1982, p. 30.

78

Ibidem.

representantes a la cámara se abstuvo de asistir al Banquete de la Paz, alegando que era “un gasto inoficioso, en un momento inoportuno”.79 Para la primera semana de diciembre las posibilidades de la paz no eran claras, las dudas sobre la eficacia de la amnistía rondaban los círculos políticos y las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo rayaban súbitamente en la hostilidad. De otra parte, la negociación con las centrales obreras sobre el aumento del salario mínimo, no presagiaba un acuerdo consensual. El único punto marcado a su favor por el presidente -al asumir un liderazgo nacionalista con ocasión de la visita de Ronald Reagan- no dejaba de despertar inquietudes entre quienes asumían las relaciones con los Estados Unidos como tradicionalmente inalterables.80 Para finales del año 1982 la popularidad del nuevo gobierno era puesta a prueba por los diversos factores de la coyuntura política en conflicto. Todo el proceso “comenzó a cristalizarse con la aparición del cadáver de Gloria Lara”81 el 29 de noviembre de 1982.

La opinión se polariza En respuesta a las informaciones de prensa que vinculaban a dirigentes de la ANUC con el crimen de Gloria Lara, el lunes 6 de diciembre la Asociación de Usuarios Campesinos -Línea Sincelejo- rechazó tajantemente su vinculación a tal delito. Mediante un comunicado a la prensa negó que la ORP “fuera el brazo armado” de ese movimiento. Miguel Gamboa, suplente a la Cámara por el Nuevo Liberalismo de Sucre y sindicado como uno de los autores intelectuales del hecho, confirmó que la ORP, fue creada como parte de la comisión política de la ANUC pero siempre ajena a “toda acción de tipo terrorista y criminal”, los culpables dijo: “pretenden utilizar ese nombre para desviar el rumbo de la investigación”. Robinson Rivera reconoce que entre los años 1971-1974 operó ese movimiento que efectuó “movilizaciones de protesta, paros cívicos, pero jamás se encontrarán crímenes o acciones

79

Revista Semana, Bogotá, No. 311 7-13, Diciembre de 1982, p. 22.

80

En la visita que el mandatario Ronald Reagan efectuó a Colombia el 3 de diciembre de 1982, el presidente Belisario Betancur le expresó su discrepancia con la política de USA en Centroamérica, a la vez que solicitó una salida negociada al conflicto en la región. Refiriéndose a la visita, el Miami Herald señaló que «tenia por objeto neutralizar eventuales actitudes poco complacientes por parte del nuevo gobierno». Citado por Enrique Santos Calderón. El Tiempo, 18. 12, 82, p. 2 A. 81

Ibidem, p. 22.

aventureras y terroristas”.82 El 21 de diciembre, representantes de la organización campesina denunciaron la “desaparición” de varios de sus militantes lo mismo que el allanamiento de los apartamentos de Miguel Gamboa y la diputada Emperatriz Santander, a la vez que voceros del galanismo “descartan de plano que los dos dirigentes políticos estén comprometidos en el caso”. El Ministerio Público por su parte dio curso a la investigación por las denuncias formuladas contra los procedimientos adelantados por la Brigada de Institutos Militares de Bogotá.83 El jueves 23 de diciembre el Ejército acusó al profesor de la Universidad Nacional Hernando Franco D. como autor intelectual del delito y sindicó a siete personas más, tres de las cuales reconoce tener retenidas: Juan Tadeo Espitia, Froylán Rivera y su hijo Fredy. El vocero castrense explicó “(...) que gracias a la información de un particular, se identificó y localizó a Espitia Supelano, quien resultó ser el individuo que ejecutó (...)” a Gloria Lara. El mismo día, El Tiempo informó que mediante una llamada telefónica el MAS hizo saber su decisión de “ajusticiar a los asesinos de la exfuncionaria, estén donde estén”.84 “Nuestro hijo es inocente” dijeron los padres de Juan Tadeo Espitia en una nota dirigida a la prensa en la cual afirman que el día del crimen “Llegó a las 8 de la noche y se acostó porque tenía que madrugar al trabajo” en el Fondo Nacional del Ahorro. Por su parte Robinson Rivera denunció falta de garantías para su hermano y padre detenidos, por cuanto los militares “no han permitido que sus parientes sean asistidos por un abogado”.85 Una vez remitidos de la BIM-Bogotá a la Cárcel Nacional Modelo, Tadeo Espitia habló con El Tiempo para hacer un llamado a la familia de Gloria Lara: “(...) por favor no permitan que se cometan las injusticias que se están cometiendo, y que ayuden a que la investigación continúe, pero encauzándola por otro lado, con la seguridad de que encontrarán a los verdaderos culpables”.86 Fredy Rivera, sindicado de transportar a Gloria Lara en el momento del secuestro, declaró a la prensa que para tal fecha estaba detenido. Su abogado, Jairo Velásquez afirmó que éste “(...) tiene hematomas en la cabeza y pequeñas erupciones en los brazos producidas tanto por los 82

El Tiempo, 6. 12. 82, p. Última C.

83

El Tiempo, 22. 12. 82, p. 1A y 2B.

84

El Tiempo, 23. 12. 82, p. 1A y 12 A.

85

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El Tiempo, 26. 12. 82, p. 7B.

pinchazos como por los electrodos de los choques eléctricos”. “Me comentó que lo habían obligado a declarar que él había formado parte de la O.R.P.”. 87 El 28 de diciembre, la prensa reseñó la captura de la diputada del Nuevo Liberalismo Emperatriz Santander e hizo pública la carta enviada al diario El Tiempo por el catedrático Hernando Franco. En la misiva, el profesor de la Universidad Nacional sostiene su inocencia, su compromiso revolucionario y su vinculación a la ANUC en 1976, pero aclara: “Por convicción estoy contra el terrorismo y la aventura”. También manifestó que “la investigación sobre el caso Gloria Lara toma la misma senda que siguió la investigación sobre el asesinato del general Rincón Quiñones en que inocentes fueron condenados con idéntico despliegue periodístico, sobre pruebas arrancadas bajo tortura” y, concluye: “Juro por mi patria y mi pueblo que soy inocente ¡El tiempo lo dirá!”88 De quince personas que fueron sindicadas del plagio y posterior asesinato de Gloria Lara, el juez 47 de instrucción criminal reconoció la captura de nueve de ellas por parte de la brigada. El Nuevo Liberalismo, ante la gravedad de las imputaciones hechas a los parlamentarios Miguel Gamboa y Emperatriz Santander, elegidos en sus listas, expidió un comunicado en el cual puntualizó que a finales del año 1981 el grupo Democracia Popular hizo público su respaldo a la candidatura de Luís Carlos Galán Sarmiento. Durante su vinculación a la campaña electoral, anota el comunicado, realizaron intervenciones “sobre la situación de los campesinos (...), los problemas de tierras, el crédito y la organización campesina (...), y en lo que consta a los directivos y a los miembros de las corporaciones públicas del Nuevo Liberalismo, su conducta política ha sido correcta”.89 El ex-presidente Alfonso López en mensaje al Ministro de Justicia le manifestó que en su calidad de director único del liberalismo deseaba secundar enfáticamente la petición del doctor Luís Carlos Galán Sarmiento, “en el sentido que se rodee de todas las garantías procesales a sus seguidores (...)”. Y, agrega que “como tarde o temprano debemos llegar a alguna fórmula de unión liberal (...), es necesario establecer claramente si el movimiento Democracia Popular (...), puede mañana entrar a formar parte del liberalismo tradicional”.90 Luís Carlos Galán respondió en una entrevista radial: “Algunos creen que es un mensaje escrito con perversidad, yo creo que es una carta ingenua... pues la Democracia Popular nunca pensó entrar al liberalismo y tampoco se le invitó (...)”. También dijo creer “que el nuevo gobierno no permitirá ningún 87

El Tiempo, 27. 12. 82, p. 15A.

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El Tiempo, 28. 12. 82, p. 1A y 2A.

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El Tiempo, 29. 12. 82, p. 8A.

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El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.

tipo de arbitrariedad y que esos procedimientos del pasado se acabaron”. Al término de reconocer que la Democracia Popular se había ganado la confianza del Nuevo Liberalismo por “sus consignas y coherencia”, enfatizó que “Ningún grupo político, ni las propias instituciones o entidades como el Gobierno, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación..., están exentos de la infiltración de conspiradores (...)”.91 Organizaciones de izquierda como el Partido Comunista, el Partido del Trabajo de Colombia, el Partido Socialista Revolucionario y La Jornada de Unidad Camilo Torres hicieron pública una declaración con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, el Sindicalismo Independiente y diversas federaciones y sindicatos en la que sostuvieron que “el proceso ha sido irregular desde su iniciación”. Afirmaron que Tadeo Espitia “fue secuestrado”, que “a los detenidos se les negó el derecho a la defensa y el juez impidió durante 11 días que los abogados asumieran la defensa de los sindicados”. Igualmente denunciaron que “se amenazó a los familiares y a los detenidos, se les maltrató y bajo amenaza de muerte, fueron obligados a declararse autores del secuestro y del crimen, en declaración escrita y filmada en video”.92 Con similar propósito se pronunciaron importantes personalidades de la vida política del país. En un mensaje enviado a Belisario Betancur y al Procurador Carlos Jiménez Gómez reclamaron la intervención oficial para que “los servicios de inteligencia no invadan las órbitas (...) de la justicia penal ordinaria”93 y, añadieron: “en la investigación se vienen denunciando torturas y allanamientos amparados por la mansedumbre del juez”. El mensaje suscrito entre otros por Gerardo Molina, Apolinar Díaz, Jorge Regueros, Eduardo Umaña Mendoza, Álvaro Vásquez, Orlando Fals Borda, Socorro Ramírez y Juan Montes afirmaba que “Este proceso determinará el rumbo de la aplicación de la justicia penal durante el presente cuatrienio”. 94

Las confesiones El martes 28 de diciembre el comandante de la Brigada de Institutos Militares, Hernando Díaz Sanmiguel, convocó los medios a una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, con el objeto de dar a conocer el resultado de las investigaciones sobre el secuestro y posterior homicidio de Gloria Lara de 91

El Tiempo, 5. 1. 83, p. 2A.

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El Tiempo, 30. 12. 82, p. 7A.

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En agosto de 1979 se había instalado una comisión para la revisión del Código Penal con el objeto, entre otros, de suprimir el juzgamiento de civiles por tribunales militares. En el mes de diciembre del mismo año la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el decreto 2482 que dejó sin piso jurídico los consejos verbales de guerra. 94

El Tiempo, 31. 12. 82, p. 17A.

Echeverri. El general expresó a los periodistas que “esto lo hago para que cada uno de ustedes se forme un concepto sobre la seriedad de la investigación” 95. Esa misma noche los colombianos verían en los telenoticieros el video suministrado por la brigada en el cual Juan Tadeo Espítia Supelano confesaba la autoría del crimen y se daban a conocer los nombres de las personas implicadas. La prensa le dedicaría en sus páginas un amplio despliegue al cubrimiento de la información suministrada por la inteligencia militar sobre la investigación de “El caso Gloria Lara”. EL Tiempo transcribió apartes de las confesiones de cuatro de los supuestos militantes de la ORP comprometidos en el crimen como también la virtual estructura política de dicha organización. En paralelo, los implicados acusaban a los interrogadores de la B.I.M., de haberlos obligado a confesar bajo tortura un delito que no cometieron. La primera de las declaraciones entregadas por la brigada militar que recogió El Tiempo, fue la del dirigente campesino de la ANUC, Froylán Rivera Mesa. En ella confesaba que entre el ocho y nueve de abril de 1982 se había programado el secuestro en una reunión efectuada en la sede del Nuevo Liberalismo en la ciudad de Sincelejo. Que luego en el mes de mayo se había decidido en Bogotá por el secuestro de Gloria Lara después de desechar los nombres de Michelsen Uribe y Ardila Lule propuestos por Hernando Franco D’Laytz. Que a esta reunión, dijo Froylán, habían asistido además José Miguel Gamboa, Emperatriz Santander Cansino y Wilberto Rivera. Que en una tercera reunión en la oficina de la diputada Emperatriz Santander se habían ultimado los detalles. También, delataba a Juan Tadeo Espitia y Fredy Rivera como autores del secuestro y, al primero de estos, como el responsable de la ejecución de Gloria Lara. En la segunda confesión de las entregadas por la brigada militar, Fredy Rivera, vinculado a la empresa Bavaria en calidad de aprendiz-trabajador, reconocía haber participado en el secuestro y constataba que Tadeo Espitia había ejecutado a Gloria Lara en cumplimiento de la orden recibida por la dirección nacional de la ORP, orden que había cumplido “sin discutir”. La última de las confesiones transcrita por el citado periódico fue la de Juan Tadeo Espitia. En ella reconocía ser la persona que le había suministrado las fotografías al vespertino El Bogotano, como quien había disparado en dos ocasiones a la víctima y, declaró, que había sido Hernán Lora quien había colocado la bandera sobre el cuerpo de la señora. Por último manifestó que había vuelto a encontrarse, el 5 de diciembre, con Fredy en el Congreso Latinoamericano de Sindicalistas. 95

El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1A.

El comandante de la brigada informó en la rueda de prensa que había nueve sindicados presos faltando por capturar varios de ellos, e igualmente hizo ver a los periodistas que los sindicados que aparecían dando “sus confesiones no presentaban torturas” y que “lo estaban haciendo sin coacción”. Abordado por los periodistas acerca de la legalidad de la investigación por ellos emprendida, él respondió: “No tenemos jurisdicción, ni competencia por el levantamiento del estado de sitio, pero atendimos una orden del juez 47 de instrucción criminal (...)”. 96

Las torturas El 28 de diciembre los detenidos fueron trasladados de la Brigada a declarar nuevamente pero ante el despacho del juez Civil 47 de instrucción criminal, Luis Eduardo Mariño. Ante el Juez, Juan Tadeo y Fredy Rivera, se retractaron de las afirmaciones suministradas a los interrogadores militares y denunciaron que fueron obligados a confesar bajo tortura un delito que no habían cometido. Jorge Carrasco Saavedra, abogado defensor, demostró ante el juez que “(...) Fredy tenía una cicatriz en la espalda y señales de haber sido quemado en los brazos con cigarrillos (...)”. De Tadeo Espitia que: “(...) presentaba lesiones en el ojo derecho, inflamación del pómulo izquierdo y huellas en espinillas y tobillos, signo de haber sido colgado con un lazo (...)”. Tadeo Espitia, por su parte, declaró que fue apresado por dos personas que se reclamaron ser miembros del grupo Muerte A Secuestradores, MAS, pero que luego reconoció en el batallón del ejército. En esta primera diligencia ante el juez 47 los apoderados, como sus defendidos, aclararon que la ORP, había dejado de existir seis o siete años atrás por diferencias políticas internas entre sus militantes.97 Remitido a la justicia ordinaria, Juan Tadeo Espitia declararía lo siguiente: “Durante dos días fui sometido a todo tipo de vejámenes y torturas. Me golpearon hasta sangrar, me hacían la tortura de la asfixia (...). Primero me ponían un trapo enrollado en la cara y después empezaban a dejar caer 96

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El Tiempo, 29. 12. 82, p. 1 y 6A.

La pista sobre los supuestos plagiarios, surgió de la sigla inscrita en la bandera con la cual cubrieron el cuerpo de Gloria Lara. La Organización Revolucionaria Popular -O.R.P.aparecía en los archivos de inteligencia militar como un movimiento de carácter político surgido en 1972, derivado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Línea Sincelejo-. Dicha organización había dejado de existir en 1979 por diferencias políticas entre sus miembros. Miguel Gamboa, Froylán Rivera y Emperatriz Gamboa constituyeron junto con otras personas la Democracia Popular, que participó en una alianza electoral con el Nuevo Liberalismo en las elecciones de 1982. Hernando Franco, Tadeo Espitia y Graciela Inés Acosta conformaron el grupo Causa Comunista, que posteriormente se fusionó con ex-militantes del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario -MO1R-, para fundar el Partido del Trabajo de Colombia. Organización que también concurrió a las elecciones de 1982.

gotas de agua. A medida que el trapo se iba humedeciendo se hacia imposible respirar, era un a sensación horrorosa. Me tiraban al piso amarrado de pies y manos, y tras darme una golpiza tremenda empezaron a arrancarme el pelo a manotadas (...). Uno de los trances más difíciles fue soportar las torturas psicológicas. Cuando de entrada a uno le dicen somos del MAS y lo vamos a matar (...)”. “En otra oportunidad me rozaron las balas cerca, muy cerca a mi rostro, también jugaron conmigo a la ruleta rusa”, y continúa: “El domingo 19 de diciembre me llevaron a mi casa. Estaba tan mal que no podía caminar solo (...) pude ver a otro hombre que cogía a mi madre del brazo y dijo que se la iban a llevar. Ya de nuevo en la BIM, escuche a una mujer gritar y quejarse. Y como la última escena que había visto era a un hombre agarrar a mi mamá del brazo, quedé convencido que ellos la habían traído allí. Los encapuchados me amenazaron, me dijeron que la iban a violar, a golpear, que la iban a matar por que yo era un hijueputa que no confesaba, que no era capaz de decir que había matado a Gloria Lara (…) casi desfallecido (...) los torturadores me hicieron firmar un papel de mi puño y letra, en el que decía, Yo Juan Tadeo Espitia, con cédula de ciudadanía numero tal, confieso, reconozco, que asesine a Gloria Lara de Echeverri. Allí empezó todo, luego confesé la participación de Emperatriz Santander, Miguel Gamboa, los Rivera, a quienes hacía por lo menos dos años no veía”.98 Una vez pudieron hablar entre ellos, en la BIM, Juan Tadeo Espitia, Fredy Rivera y Rodrigo Penilla “armamos todo el cuento con los datos que nos dieron los torturadores (...). Y después vino el mierdero, las capturas e inculpaciones a los demás, los videos, la presentación ante la prensa”.99 A las denuncias por tortura, el juez Mariño refutó: “no hubo torturas en los interrogatorios”, “La retractación es una coartada preparada con los abogados”. Interrogado por un periodista sobre la preocupación de la prensa y periodistas respetables “que han expresado su temor (...)” por una investigación “prematura y precipitada”. “Hay quienes hablan de montaje” agregó el periodista. Mariño respondió: “(...) lo precipitado... favorece la investigación, porque usted sabe que el tiempo que se pierde en las primeras diligencias es la verdad que se esconde”.100

Confesiones o torturas Conocidas por la opinión nacional tanto las sindicaciones hechas por la Brigada como las denuncias de los implicados, el debate sobre la legalidad 98

Gómez R, Germán y Duque O, Claudia Julieta, op. cit., pp. 38 – 40.

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Ibidem.

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del proceso trascendió las fronteras de los estrados judiciales para convertirse en una polémica pública sobre la transparencia de los procedimientos de la justicia penal militar y civil. El viernes 29 de diciembre 34 jueces de instrucción criminal de Medellín acusaron a las autoridades militares “de obstaculizar la labor de la justicia ordinaria y de movilizar la opinión pública -a través de la prensa- contra personas que no han sido declaradas culpables”. En carta dirigida al Procurador reprobaron el comportamiento de la BlM-Bogotá al violar la reserva del sumario, incriminar a personas que apenas estaban siendo procesadas y se preguntaron: ¿en qué calidad vienen actuando los militares en el caso (…), cuando ya fue desmontado el estado de sitio? ¿Qué pretenden las fuerzas militares (...) con su constante animadversión hacia justicia ordinaria?”. Este gobierno que ha predicado la paz, dijeron, “parece que esta siendo menguado con la actitud asumida por los militares (...)”. Respecto de las denuncias por torturas le preguntaron al Procurador: ¿Por qué razón su honorable despacho no se ha pronunciado al respecto?”.101 Al comentar las declaraciones del juez 47 el columnista Rafael Santos cuestionó el sentido del proceso si quien lo instruye “ya ha dado su veredicto, al revelar que (...) los detenidos son los verdaderos asesinos de doña Gloria Lara”. Las contradicciones conocidas entre la B.I.M., y el juez como entre los mismos sindicados “pueden llevar a que el caso se declare irregular y a que si entre los detenidos están los verdaderos culpables, estos salgan libres. Todo porque se le quería demostrar a un público conmocionado con el escalofriante asesinato (...), que la justicia si funcionaba y rápido”, dice el periodista en uno de sus apartes y culmina: “No se explica la gente que en seis meses que estuvo secuestrada (...) no dieran con su paradero y en solo 15 días se hubiera desbaratado completamente la organización que la tuvo cautiva por tanto tiempo”.102 El lunes tres de enero el Procurador envió una carta al Ministro de la Defensa en la cual le expresaba “que estoy plenamente convencido de que si bien no hay evidencia de tortura, si existen pruebas de que los detenidos fueron maltratados en el proceso de su captura (...)” y, en consecuencia, acepta que las confesiones “deben presumirse libres y espontáneas”. 103 A su turno el General Fernando Landazábal le expresaría su satisfacción por el fallo emitido, y con respecto a los maltratos agregó “que no siempre se debe inculpar a los agentes del orden pues en algunos ocasiones la responsabilidad de aquellos recae en la actitud hostil asumida por los 101

El Tiempo, 31. 12. 82, p. 12ª.

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sindicados”.104 El editorialista de El Tiempo también celebró el dictamen de la Procuraduría y abogó porque todos los crímenes “se investiguen y resuelvan con la misma eficacia de este (...)”.105 En entrevista acordada con un periodista de El Tiempo, Hernando Franco hizo varias aclaraciones sobre el caso: afirmó que la O.R.P. se transformó, luego de las elecciones de 1978, en la Democracia Popular que luego se disgregó por discrepancias ideológicas entre sus miembros después de 1980. El 8 de abril, fecha en la cual según dicen se planeó el secuestro “estuve toda la mañana con varios amigos (...) en el aeropuerto El Dorado despidiendo a uno de ellos que se iba para París”. “Por qué no se entrega”, le preguntó el periodista: “Ante el juez 47 (...) no me presento. Es un juez parcializado. Ya me condenó públicamente (...). Además no hay garantías: el 23 de diciembre, el ministro ofreció garantías. Y a los dos días torturaron a Emperatriz Santander. La Procuraduría ofreció garantías. Pero no hay acceso de sus funcionarios a la Brigada (...)”, contestó. Y, prosiguió “La Procuraduría nombra delegados, pero siguen las torturas (...). En este proceso se esta jugando el futuro de la justicia. (..) el poder militar contra el poder civil, y nosotros como chivos expiatorios”. 106 Al revisar los exámenes practicados en el Instituto de Medicina Legal a Juan Tadeo Espitia, Froylán Rivera, Fredy Rivera y Rodrigo Penilla, el columnista Daniel Samper encontró varias incongruencias con relación al informe del Procurador. “Todos ellos fueron capturados hacia el 17 de diciembre” y “el reconocimiento médico-legal se les practicó el 29”; en los cuatro casos los médicos conceptuaron que las lesiones halladas (raspaduras y verdugones) “fueron causadas aproximadamente entre cinco y nueve días” antes del examen. Es decir, continua el periodista, “que recibieron los golpes entre el 20 y el 24 de diciembre, fechas que corresponden a los días inmediatamente anteriores a su confesión, estando ya capturados, y no al momento en que fueron aprehendidos, que ocurrió tres días antes de la fecha más lejana”. Al igual que otras personas y organizaciones que se pronunciaron sobre el caso, Daniel Samper manifestó que “no se entiende por qué levantado el Estado de Sitio y sepultado el nefasto Estatuto de Seguridad aún continúan interviniendo las Fuerzas Armadas en delitos que corresponde investigar y fallar a los jueces civiles”. Tampoco esta claro “por qué durante los primeros días de su detención se les negó a los reos el derecho a llamar a sus abogados, ni el secreto que se mantuvo respecto a su captura”.107 104

El Tiempo, 7. 1 . 83, p. 11 A.

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El Tiempo, 7. 2. 83, p. 4A.

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El Tiempo, 8. t 83, p. 1 y 2A.

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El Tiempo, 9. 1. 83, p. 2A.

El martes 11 de enero los diarios informaban de nuevas retractaciones en “El Caso Gloria Lara”. En una diligencia de careo ante el juez, Rodrigo Penilla Candela y Betty Suárez manifestaron “que no habían tomado parte alguna en el hecho investigado y si se hicieron acusaciones mutuas ante los interrogadores de la BIM y luego las ratificaron en la indagatoria “que rindieron ante el juez Mariño en las dependencias de la Brigada”, “fueron debidas a los maltratos físicos y a las amenazas que recibieron”. 108 El abogado Hipólito Hincapié, ex-secretario de gobierno de Bogotá, resume así las deficiencias procedimentales en el juicio: Prevaricato por omisión (Art. 150 Código Penal) por no disponer el juez 47 que los detenidos fueran llevados a centros comunes de detención y no haberles reconocido desde el primer momento apoderados legítimos para su defensa. Abuso de función pública (Art. 162 Código Penal) por tolerar la presencia de personal no autorizado legalmente en las diligencias preliminares de investigación. Revelación de secreto (Art. 154 Código Penal) por transmitir por televisión y a través de la prensa piezas correspondientes al sumario. Violación de los artículos. 304 y 314 del Código Penal. al permitir que personas extrañas a las que la ley autoriza conocieran las diligencias de instrucción y nombrar un secretario militar ad hoc para ellas.109 El martes 11 de diciembre el diario El Tiempo publicó apartes de la carta enviada al Procurador por el señor José Modesto Rivera Velandia en la que le solicita intervenir “para establecer el paradero de su hija de 27 años y sus dos nietas, de 9 y 4 años”. “Estoy completamente seguro de que nada tiene que ver (ella) en el caso de doña Gloria, a no ser que se haya vinculado su apellido por ser homónimo de un detenido”. La información de prensa comenta que la señora Patricia Rivera fue detenida junto con sus hijas en una tienda cercana a su residencia e igual suerte corrió el señor Marco Antonio Crespo quien quiso auxiliarla en el momento de la retención.110 Ante los rumores de la supuesta fuga de Miguel Gamboa al Canadá, el 108

El Tiempo, 11. 1. 83, p. 2A.

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El Tiempo, 28. 3. 83, p. 5A.

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El Tiempo, 11. 1. 83, p. 28. En la actualidad Colombia afronta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la desaparición forzosa de estas personas. Nota de la editora: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano por la desaparición de las personas antes mencionadas. Ver anexo 1.

parlamentario se presentó al diario El Tiempo para declarar su inocencia y la de las personas vinculadas al proceso. En referencia a la carta enviada por el Procurador al Ministro de Defensa en torno a las torturas Gamboa “sostuvo que este funcionario no ha dicho todavía la última palabra”. Advirtió que las primeras capturas (...) habían ocurrido el 17 de diciembre, y que la procuraduría (...) solo se había hecho presente el 27. “De tal modo cuando la Procuraduría entró a actuar el 27, ya se habían producido los interrogatorios y las indagatorias del juez Mariño en la Brigada”. Aclaró que la reunión en la cual supuestamente se había planeado el secuestro, ciertamente se había efectuado el ocho y nueve de abril en la ciudad de Sincelejo, pero “para evaluar los resultados eleccionarios del 14 de marzo”. Reunión a la que no había podido asistir Luis Carlos Galán por sus múltiples compromisos, y en la que tampoco había participado Hernando Franco ni otras de las personas sindicadas, “debido a que con Franco teníamos un fuerte distanciamiento, una ruptura política e incluso no nos tratábamos personalmente”. Gamboa sostuvo que Franco no compartía la propuesta del Nuevo Liberalismo y que “figuró en Bogotá en unas listas electorales totalmente opuestas a las de Galán”.111 El 20 de enero fue recusado el juez Luís Eduardo Mariño por parcialidad en el proceso. Relevado para conocer del caso, el proceso fue instruido por el juez Enrique Alford Córdoba.

El Caso Kenneth Bishop El ocho de marzo de 1983 una banda parapetada tras la sigla ORP reivindicó el secuestro de Kenneth Bishop, vicepresidente en Colombia de la Texas Petroleum Company. En un comunicado enviado al periódico El Bogotano los captores exigieron tres millones de dólares por el rescate, al tiempo que hicieron llegar la cédula de extranjería y dos fotografías del retenido como prueba de su supervivencia. El funcionario de la Texas, tras el pago del rescate, fue liberado el 14 de abril del mismo año. Era claro que los autores de los dos delitos -el plagio de Gloria Lara y Kenneth Bishop- deseaban que estos hechos fueran públicos destacando la unidad de su autoría. Al igual que en las primeras semanas del año 1983, la polémica pública volvió a ocupar la atención de la opinión en torno al Caso Gloria Lara. A propósito de las investigaciones sobre El Caso Bishop, el periodista Enrique Santos escribió en su columna del 25 de agosto que: “Pese al explicable silencio de las autoridades militares, y a la extrema discreción de las de policía, las conexiones con el caso de Gloria Lara son 111

El Tiempo, 15. 1. 83, p. 6ª.

demasiado evidentes. Empezando por el sitio del cautiverio de Bishop, donde se encontraron recortes de prensa alusivos a ambos secuestros. La prensa ya estableció que las paredes de la pieza donde estuvo retenido Bishop, que antes eran rosadas, fueron pintadas de nuevo en azul. Además, también coinciden el ángulo de las fotos, el espacio del cautiverio y la distancia entre el muro y los secuestradores (...). Existen otras coincidencias, aún más significativas, que no han aparecido en las informaciones de prensa. En ambos casos se exigió el pago del rescate en un lugar, sobre la autopista a Medellín, situado a pocas cuadras de la casa allanada. Esta casa, donde ya se sabe que estuvo Bishop, se encuentra a su vez a menos de cinco cuadras en línea recta del sitio donde apareció muerta Gloria Lara. Por otro lado, la metralleta que encontraron en el allanamiento es idéntica a la que aparece en las fotos de Gloria Lara secuestrada. Y si esto fuera poco, cabe recordar que cuando los secuestradores de Bishop enviaron a la prensa fotos de su víctima, adjuntaron también las de Gloria Lara en cautiverio con el presumible fin de despejar cualquier duda en cuanto a que se trataba de la misma banda. En esa ocasión –tampoco se debe olvidar- los organismos de seguridad expresaron similar convencimiento”. Y prosigue el periodista, “Todo lo anterior tiende a confirmar, más allá de cualquier duda razonable, que la banda de delincuentes comunes dirigida por el abogado y ex-juez Iván Darío Murcia, y parapetada tras la sigla de la ORP, realizó ambos secuestros. De ser así, las nueve personas condenadas y las ocho declaradas como reos ausentes en el caso de Gloria Lara son inocentes. De ser así, la Brigada de institutos Militares habría incurrido en una farsa judicial (...). De ser así, se confirmaría igualmente que las tan publicitadas confesiones de las personas hoy detenidas por el caso Gloria Lara si fueron obtenidas por medio de la tortura. Se comprobaría, también, lo que en ese entonces denunciaron varias agrupaciones sindicales de izquierda. Vale decir, que una investigación que el país entero reclamaba, fue utilizada para golpear a reconocidos dirigentes y activistas de organizaciones gremiales y políticas que actúan dentro de los cauces legales (...). Nueve personas fueron declaradas culpables en un proceso que dejó enormes dudas y lagunas”. La captura, continua Enrique Santos, “de los autores del secuestro de Bishop, obliga a revisar todo lo actuado en el caso de Gloria Lara. Porque, más importante que la imagen de la Brigada de Institutos Militares, es la suerte de las personas hoy detenidas o prófugas por un delito que –todo indica- no cometieron”.112 Al mes siguiente, en septiembre, la señora Martha Mercedes Ropero Melo y su madre María Cecilia Melo de Ropero sindicaron bajo declaración juramentada a Iván Murcia Rojas y Guillermo Rojas Ferro como los autores del plagio de Kenneth Bishop. El juez que conoció el Caso Bishop en su pronunciamiento conceptuó: “Aunque no le compete a este juzgador entrar a tratar lo concerniente al 112

El Tiempo, 25. 8. 83, p. 4A.

secuestro y muerte de la señora Gloria Lara de Echeverri, no puede este despacho dejar pasar desapercibido el hacer relación a los nexos causales que existieron entre estos hechos, homicidio y secuestro y el aquí investigado, pues las circunstancias de tiempo, lugar, modo funcionamiento de los secuestros, comunicados, insignias usadas, como las fotografías enviadas (...), que fueron tomadas por una misma cámara –Polaroid-, así lo indican”. Más adelante la sentencia dice: “(…) no le cabe duda al juzgador de que se trata de una banda bien organizada de delincuentes comunes cuyas cabezas protuberantes fueron Murcia Rojas y Rojas Ferro, y no se diga que son conclusiones producto de la imaginación de este juzgador, pues obran pruebas tan contundentes como el estudio documentológico a que fueron sometidos los escritos extorsivos enviados tanto a la familia de Gloria Lara y a los de Bishop donde hecho el cotejo se dictaminó que habían sido realizados con una misma máquina de escribir”. El juez señaló como prueba “importantísima” la declaración del mismo Bishop, quien le contó a la persona encargada de pagar su rescate que “(...) la organización era la misma que le había dado muerte a la doctora Lara de Echeverri”. 113 Reconociendo los nuevos medios de prueba arrojados por el Caso Bishop, el Juez 16 Superior de Bogotá Enrique Alford Córdoba afirmó que: “(...) desencadenan intensas sombras y serias dudas en torno a la real participación de quienes hasta tal instante se encontraban en cautiverio (...) carentes del don de la ubicuidad, necesariamente otros tenían que estar actuando bajo esta sigla”. Respecto a los textos y las fotografías enviadas a la prensa en ambos secuestros, el estudio comparativo adelantado por el laboratorio de la Dipec conceptuó que “Al parecer, fueron realizados en la misma máquina de escribir hecho que se deducía de las fallas en la letra -y-, contenían similar lenguaje, y las fotografías eran originales”. El despacho advirtió la semejanza en los contenidos de los comunicados, lo mismo que en el plazo y características del pago atinentes a los dos secuestros.114 Las indagaciones preliminares sobre el Caso Bishop resultaron convincentes para el Juez 16 Alford Córdoba, quien decretó el 3 de octubre de 1983 la libertad condicional y el levantamiento de las órdenes de captura libradas contra las personas sindicados por El Caso Gloria Lara. El 29 de junio de 1985, al calificar el sumario, el juez Alford Córdoba sobreseyó definitivamente a los 18 inculpados de la antigua ORP, y, en su defecto, llamó a juicio a Iván Darío Murcia, Guillermo Rojas Ferro y Héctor Alfonso Matiz por el secuestro y homicidio de Gloria Lara. Pero un año más tarde, el magistrado Raúl Trujillo de la Sala Penal del Tribunal Superior de 113

Gómez R, Germán y Duque 0, Claudia Julieta, Mártires del Rumor. Fondo Editorial para la Paz, Bogotá: 1994, pp. 235-236. 114

Ibid. pp. 230-232.

Bogotá revocó en su totalidad el fallo de primera instancia. 115 En consecuencia volvió a llamar a juicio a los Rivera, Juan Tadeo Espitia, Emperatriz Santander, Miguel Gamboa, Hernando Franco, Betty Suárez, Víctor Manuel Rojas, Gloría Medellín, Rodrigo Penilla, Miguel Ángel Vargas, Graciela Inés Acosta, Diana Giraldo y Enán Lora, al tiempo que sobreseyó temporalmente a Rojas Ferro, Murcia y Matiz.116 No obstante las nuevas pruebas aportadas por la investigación en el Caso Bishop, el magistrado Raúl Trujillo dijo: “Si bien existe similitud entre el secuestro de Bishop y de Gloria Lara, en cuanto al modus operandi, jamás indica que las personas vinculadas al proceso –Juan Tadeo, Fredy Rivera, etc.- hayan sido libradas de toda prueba de responsabilidad, tan sólo podría pensarse que se trata de una sola empresa criminal”117.118. En agosto de 1992 el Tribunal Nacional de Orden Público consideró válidas las auto-incriminaciones obtenidas en la Brigada militar y condenó a los miembros de la extinta ORP, a penas entre 30 y 12 años de prisión. El argumento central en la sentencia de condena negó la existencia de torturas: “Nadie miente parar hacerse un daño tan grave”, 119 afirmó el Tribunal.120 En febrero de 1992 fueron condenados Murcia y Rojas a 30 y 27 años de prisión respectivamente por el secuestro de Kenneth Bishop y por el homicidio de sus dos escoltas. Sentencia que fue confirmada por el Tribunal 115

Nota de la editora: En la decisión de la sala mayoritaria hubo un salvamento de voto del Magistrado Carlos Valencia García, quien fuera asesinado en agosto de 1989. Ver anexo 2. 116 La providencia del Tribunal Superior de Bogotá al revocar la decisión del juzgado 16, de llamar a juicio por el secuestro y homicidio de Gloria Lara –a Murcia Rojas, Rojas Ferro y Héctor Alfonso Matiz-, canceló cualquier opción de llamarlos a responder por El Caso Gloria Lara. 117

Gómez R, Germán y Duque O, Claudia Julieta, op. cit., p. 234.

118

Nota de la editora: Pasados algunos años, por modificaciones legislativas, la Jurisdicción de Orden Público denominada “justicia sin rostro” asumió la competencia para conocer el proceso. Esta jurisdicción de excepción fue creada para proteger la labor de los jueces y para conocer entre otros los delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio. En febrero de 1992 un juez “sin rostro”, después de haber realizado un estudio minucioso de las pruebas y de descartar como tal las auto-incriminaciones, por considerar que habían sido obtenidas bajo tortura y sin las más mínimas garantías legales, profirió sentencia absolutoria. El juez declaró en dicha sentencia, que la banda que había secuestrado a Kenneth Bishop era la misma que había cometido el crimen de la Señora Lara de Echeverri, pero que por razones de procedimiento, no podía proceder en ese mismo fallo a su condena. Ver anexo 3. 119

Providencia del Tribunal Nacional de Orden Público, agosto de 1992, Folio 72, cuaderno 20 del expediente. 120

Nota de la editora: Esta providencia fue demandada en casación ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de los condenados.

Nacional. Marta Mercedes Ropero Melo fue absuelta por colaborar con la justicia y Yolanda Barona de Murcia condenada a 27 años de prisión como coautora de los delitos.121 Seis años después, en marzo de 1998, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Vallejo declaró que conoció del caso cuando ya habían prescrito los términos del proceso, total, nunca hubo sentencia y el crimen de Gloria Lara quedo en la impunidad. Con antelación, durante la etapa de calificación del mérito del sumario entre 1984 y 1985, Juan Tadeo Espitia, Víctor Manuel Rojas, Wilberto Rivera, Fredy Rivera, Froilán Rivera y Robinson Rivera; José Hernando Franco, Graciela Inés Acosta, Miguel Ángel Vargas, Emperatriz Santander, Betty Suárez, Diana Giraldo, Gloria Medellín, Rodrigo Penilla y José Miguel Gamboa abandonaron el país en la condición de asilados políticos.

121

Iván Darío Murcia Rojas escaparía de la cárcel Nacional Modelo el 9 de julio de 1984, hecho por el cual fueron condenados los guardianes que permitieron la fuga. En la actualidad Guillermo Rojas Ferro se encuentra preso en Copenhague por narcotráfico. Ver, Mártires del Rumor, op.cit. pp. 233-235.

Los enemigos de la paz «Seria antipatriótico explotar esta villanía para sugerir móviles que puedan obstaculizar la labor de pacificación del gobierno» El Tiempo, 30. 11. 82, p. 4A. Al término de 1982 e inicios de 1983, los primeros obstáculos surgidos a la política reformista de Belisario Betancur daban al traste con las enormes expectativas despertadas por nuevo mandatario. La incertidumbre sobre el éxito de la amnistía, el incierto futuro de la paz y la reforma política, las denuncias contra los militares por tortura en el Caso Gloria Lara y las investigaciones sobre los vínculos de militares con el MAS presagiaron el curso que tomaría la propuesta de paz y apertura del gobierno al tiempo que la nación se notificaba de los bloques de poder en conflicto.

La amnistía La necesidad de una amnistía como prerrequisito para adelantar los diálogos con los alzados en armas llevó al legislativo a votar una ley de amnistía sin condiciones el 19 de noviembre, al término de una amplia discusión que sintetizaba los tres proyectos presentados para tal efecto. Sólo quedaban excluidos los responsables de actos cometidos fuera de combate y calificados como atroces. La aprobación comprometía esfuerzos financieros del Estado para rehabilitar las zonas de conflicto y facilitar la reinserción de la guerrilla. El gran entusiasmo reinante en el país ante las perspectivas de una paz posible contó positivamente a la hora de la aprobación de la ley por el parlamento, al punto que sus velados opositores la respaldaron no sin reticencias sutiles. El partido Liberal había expresado en el curso del debate en el Senado que “(...) el apoyo a la amnistía no compromete al partido con el gobierno, ni lo hace copartícipe de sus responsabilidades”. El dirigente conservador Héctor Polanía sería más explícito: “voté negativamente el proyecto de amnistía por que no concibo que mientras los secuestrados siguen cautivos, nosotros estemos aprobando la amnistía para sus secuestradores”. 122 En algunos medios periodísticos se podían apreciar algunas reticencias, por ejemplo, “(...) se afirma en voz baja que si Gloria Lara es asesinada, los liberales votarían negativamente la amnistía”.123 122

Revista Cromos, Bogotá, 9. Il. 82, p. 27.

123

Ibidem.

En carta al director de El Tiempo, el ex-presidente Turbay propuso replantear las relaciones del Partido Liberal con Betancur y refiriéndose a la amnistía comentó “Evidentemente mi gobierno concibió la amnistía previa la entrega de armas, pues no le entusiasmaba la paz armada que se traduce en la organización de partidos con brazo armado (...). Tampoco consideró conveniente el gobierno anterior ampliar la gracia de la amnistía a la gama de delitos que contempla la ley propiciada por la actual administración ejecutiva”. Ojalá, culminó, “las concesiones hechas conduzcan a una paz estable”.124 Las afirmaciones del Ministro de la Defensa, Fernando Landazábal, días antes de la aprobación de la ley de amnistía, ya presagiaban las futuras dificultades de la política de paz y apertura: “cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene para levantar nuevamente el estado de sitio. En esta forma la voluntad de lucha de los grupos armados de la subversión recibe el oxígeno de la liberación para la acción y antes de afianzarse en sus filas el quebrantamiento definitivo de esa voluntad de lucha en el campo armado, transforman las derrotas sufridas por la acción militar en victorias políticas de gran resonancia, como en el caso del M-19 y de las FARC en los últimos tiempos”; esperamos dijo, “(...) que esta sea la última amnistía (...)”.125 A los colombianos nos inquieta la opinión del ejército a pesar de su respeto por los fueros presidenciales, escribió el columnista Ayatollah “ seguramente guarda una reserva absoluta sobre el futuro de la amnistía, (...) sin decirlo en blanco y negro, un escepticismo sobre la disposición de paz de las guerrillas” y recuerda que “(...) la estrategia militar para combatir la subversión no ha sido desmontada y en cualquier momento puede ponerse a funcionar ante las evasivas de los guerrilleros”. 126 Días después de aprobada la ley de amnistía el senador liberal Dagoberto Charry Rivas tras renovar su apoyo a la ley, declaró que en el proceso y discusión de ésta “se ha magnificado, sin ninguna justificación, la actuación de Belisario Betancur”. Y, si fracasa este esfuerzo del congreso y del gobierno, “querría decir que tenían razón quienes han manifestado que la paz sólo se alcanza con el tableteo de las ametralladoras y con el grito estentóreo de nuestros campesinos abatidos por otros labriegos enfundados en uniforme de fatiga”.127

124

El Tiempo, 10. 12. 82, p. 6A.

125

El Tiempo, 31. 10. 82, p. 1A y última D.

126

El Tiempo, 31. 10, 82, p. 6A. 12.

127

El Tiempo, 9. 12. 82, p. 4B.

Hay militares con el grupo Muerte a Secuestradores, MAS Entre los compromisos adquiridos por la campaña de Belisario Betancur estuvo el de investigar a fondo las acciones del grupo Muerte a Secuestradores como el de otros similares, sindicados de la retención, desaparición y asesinato de dirigentes de oposición y miembros de los grupos armados o de personas supuestamente afectas a estos. El impulso de esta actividad criminal, ampliada contra sectores marginales de la sociedad, se le atribuía a mafiosos, militares activos o en retiro con el auspicio de políticos y latifundistas afectados por la inseguridad.128 El Procurador General Carlos Jiménez Gómez había anunciado en el mes de octubre del 82 que personalmente asumiría la investigación contra el MAS. En carta enviada al Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas le manifiesta que: “En una sociedad sana, la impunidad legal no garantiza contra la sanción social” le recuerda que es de su competencia velar por la “(...) defensa de los derechos humanos” y, frente a los episodios “(...) que infortunada e inevitablemente se presentan (...)” llama su atención sobre el desvío constitucional que representa la entronización de la “(...) justicia privada”. En la respuesta, el Mayor General Rafael Samudio, le expresa su acuerdo en la necesidad de purificar las instituciones pero agrega que “(...) no parecería suficiente centrar la atención con exclusividad en las posibles fallas de la institución castrense (...)” reconoce el esfuerzo en curso a favor de la paz pero agrega la necesidad de precisar cómo “(...) el adversario político-armado utiliza también la violencia y la fuerza (...)”, 129 para suprimir o modificar la democracia. Para el Ministro de la Defensa las acusaciones a las Fuerzas Armadas por la supuesta vinculación de algunos de sus efectivos a los grupos de justicia privada tenían “(...) el claro y nítido propósito de auspiciar su desprestigio (...), quebrantar su disciplina y su organización jerarquizada (...)”, encuentra en “organizaciones siniestras como el MAS” lo que “(...) pudiéramos llamar subversión contra la subversión (...)”, el ánimo de “revancha” contra sus 128

La existencia de este tipo de actividades, diría la comisión de estudios sobre la violencia, «(...) puede verse respaldada en disposiciones de la Ley 48 de 1968, sobre defensa nacional, que permite a los mandos castrenses organizar y dotar de armamento a grupos de civiles denominados de autodefensa, a fin de que puedan repeler por mismos la acción de delincuentes organizados así como de grupos alzados en armas (…)” La gravitación de una cultura política intolerante y la ineficacia de la justicia, eran otras de las explicaciones dadas al fenómeno del paramilitarismo. Ver: Sánchez G, Gonzalo, coordinador. Colombia: Violencia y Democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Comisión de estudios sobre la violencia. Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial, Bogotá:1987, p. 92. 129

El Tiempo,28. 10. 82, p. 2A.

victimarios.130 Ante nuevas denuncias de vinculación de efectivos del ejército al MAS el editorialista de El Tiempo diría que “Agrupaciones como el MAS han surgido en regiones donde se presentan choques de carácter político y en especial esos abominables secuestros que tanto conmueven a la opinión (...). Sabemos de voces que simpatizan con el MAS. Las condenamos rotundamente. De agrupaciones como éstas se sabe dónde comienzan, pero nunca cómo terminan”. Las Fuerzas Armadas, continua “han desmentido cualquier vinculación con el MAS. Los grupos de izquierda, con fines muy comprensibles, intentan probar desesperadamente que se trata de una organización paramilitar”.131 Las declaraciones de tres campesinos que reconocieron pertenecer al MAS, y que sindicaron a varios militares y autoridades civiles de auspiciar el paramilitarismo en la región de San Vicente en el departamento de Santander, motivaron la reflexión del periodista Enrique Santos sobre la gravedad de los hechos denunciados. Al término de conceder cierta veracidad a las declaraciones de los campesinos, señala que; “La otra cara del anhelado desmantelamiento del MAS es la necesaria lucha frontal contra el secuestro (...) y cuya proliferación es la que precisamente dio pretexto para el surgimiento del MAS”. Y, ante la ola de secuestros “hay gente que no entiende la urgencia de combatir un movimiento que se ha propuesto acabar a la brava con este delito”. Tras la sigla del MAS, dice el periodista “se procede a la eliminación (...) de elementos subversivos”. Y que en la práctica resultan ser dirigentes populares, sindicales o campesinos que nada tiene que ver con el secuestro”.132 En el mes de enero, en una velada respuesta a las acusaciones por tortura, el Comandante de las Fuerzas Militares presentó al Procurador una denuncia sobre los crímenes de la subversión, al tiempo que el Ministro Landazábal Reyes escribía que “los militares de Colombia no lucimos las insignias de nuestra jerarquía para la rendición sino para la victoria”. 133 El día 29 de enero de 1983, en la nota editorial de la revista de las Fuerzas Armadas, el Ministro de la Defensa Fernando Landazábal notificó al país de la decisión del Ejército de poner fin a la tregua en su ofensiva contra la subversión al tiempo que censuraba la falta de solidaridad con la institución militar en la defensa del Estado de Derecho. En uno de sus apartes comenta 130

El Tiempo,31.10.82, p. última D.

131

El Tiempo, 14. 1. 83, p. 4A.

132

El Tiempo, 20. 1. 83, p. 4A.

133

El Espectador, 25. 1. 83, p. 10A.

el posible advenimiento de una confrontación civil en la que “la parte honesta de la sociedad (...), tendría que ponerse en pie al lado de sus instituciones, y éstas (...), podrían disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables que llevaría a nuestro país a una nueva fase de la violencia (...)”.134 Días más tarde, en reunión con el gremio de ganaderos, los invitó a la autodefensa y a contribuir económicamente para combatir la guerrilla. En otros círculos de la opinión, el editorial fue recibido con alarma por cuanto “(…) evocaba el militarismo identificado con la pasada administración, y el tono amenazante y el lenguaje utilizado fueron interpretados como luz verde a la represión”. 135 Analistas de la vida nacional comentaron que por divergencias menores con el poder civil fueron llamados a calificar servicios altos oficiales en administraciones pasadas. El documento del general Landazábal fue considerado como una actitud deliberante contraria a los principios básicos de la constitución. En otro de los apartes del editorial comentado se afirma que “Existen otros factores (…) en la regulación de la violencia el caso del desconocido abogado que, forzando la aparición de su nombre en las páginas amarillas, busca revestirse del ropaje de jurista con la sindicación, a los defensores de la ley, de torturar a los enemigos de la sociedad” 136. La alusión al procurador era clara y tenía dos connotaciones: la primera referida a las denuncias por tortura en el Caso Gloria Lara y la segunda por la inminente publicación de las investigaciones adelantadas por la procuraduría sobre la vinculación de efectivos del Ejército al MAS. El Procurador Carlos Jiménez pensaba hacer pública la investigación el 29 de enero. En el editorial de la revista de las Fuerzas Armadas, conocido el mismo día, Landazábal escribe “Que nadie intente... mancillar (a las Fuerzas Armadas); que nadie asuma la vocería de su deshonra”. 137 El diario El Siglo informó que en reunión previa a la publicación del editorial del Ministro de Defensa, el Procurador informó al general Landazábal, en presencia de los Ministros de Gobierno y Justicia, las conclusiones preliminares de la investigación sobre el MAS. Las Fuerzas Armadas fueron enfáticas en rechazar, comenta el diario, la publicación de tal informe. De su parte, el presidente Betancur, en carta enviada al presidente de la Comisión de Paz Otto Morales Benítez, “(...) mostró una singular destreza política, al defender categóricamente a las Fuerzas Armadas, que habían sido objeto de polémica por el editorial del general Landazábal y, al mismo 134

Revista Semana, Bogotá, No. 39/1J de febrero de 1982, p.23.

135

Idem, p. 24.

136

Idem, p.24.

137

Idem, p.25.

tiempo, reafirmar su voluntad de seguir adelante con la política de apertura, diametralmente opuesta a la planteada por el controvertido editorial” 138. El enfrentamiento entre el poder civil y militar seria evidente cuando se conoció el informe definitivo del Procurador sobre los nexos entre paramilitares y el Ejército. Para finales de febrero del año 1983 el Procurador Carlos Jiménez Gómez le informó al país que varios militares en servicio activo estaban vinculados al MAS. Los investigadores “hallaron méritos suficientes para vincular procesalmente y por delito de concierto para delinquir y otros conexos a ciento sesenta y tres personas, cincuenta y nueve de las cuales eran miembros activos del Ejército y la Policía Nacional: altos oficiales, suboficiales y soldados”.139 Las reacciones no se hicieron esperar. Frente a estas acusaciones el Ministro Landazábal reitera de inmediato su criterio sobre la campaña de desprestigio contra la institución, al tiempo que las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de donar un día de salario para el pago de la defensa de sus compañeros implicados. Defensa que fue asumida por los generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y los almirantes de la Armada en servicio activo. Landazábal le diría al Procurador: “Con todo respeto tengo que manifestarle que tratándose de Instituciones militares y de policía, me veré siempre en la forzosa posición de rechazar el juzgamiento político de sus actuaciones”140. El espíritu de cuerpo era exhibido para encubrir los excesos e impunidad de los inculpados. El presidente de la República se apresuró por su parte a declararle a la opinión pública que los involucrados “no comprometían a la institución militar”, 141 al tiempo que amplios sectores económicos y políticos cerraban filas alrededor de la institución castrense. En su informe al congreso el Procurador Carlos Jiménez Gómez anotó “Se estaba extendiendo la viciosa costumbre de que los militares se apoyaran en gentes privadas para llevar a cabo sus labores de contrainsurgencia, supliendo así una capacidad de acción que les negaba no sólo sus propias limitaciones de todo orden, sino la complejidad de una lucha ardua, (...) contra una delincuencia endémica en la que el carácter político y el común se habían hecho inextricables”. 142 A partir de 1983 se incrementaría la ayuda 138

Revista Semana, Bogotá, No. 40/8-14 de febrero de 1983, p.26.

139

Medina Gallego, Carlos y Téllez Ardila, Mireya. La Violencia Parainstitucional Paramilitar y Parapolicial en Colombia. Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1994, p. 91. 140

Carta del General Fernando Landazábal Reyes al Procurador, 21 de febrero de 1983. Documentos del Procurador, Torno IV. Ed. Retina, Bogotá: p. 133. 141

El Tiempo, 20. 2. 83, pp. 1A y 8ª.

142

Citado por Gallego Medina, Carlos, op. cit., p. 92. 107.

económica para las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares iniciarían una etapa de fortalecimiento y reconocimiento social.

Los gremios Todos los gremios de la producción, el comercio y las finanzas expresaron su respaldo al proyecto pacificador de Belisario Betancur mediante un discurso que reconocía la necesidad de construir una sociedad más justa con desarrollo económico y garantías democráticas, aunque no proponían modificaciones sustanciales a la distribución de la renta, de la tributación por parte de los grandes capitales o del incremento del gasto social sin aumentar el déficit fiscal. En carta enviada al presidente Betancur por Fabio Echeverri Correa, a nombre de “(...) personas vinculadas a las actividades industriales, financieras, comerciales, agrícolas, ganaderas, mineras, cafeteras y simples ciudadanos (...)”, le manifiesta que transcurridos varios meses desde el levantamiento del estado de sitio y de la aprobación de la amnistía “alas gentes de bien se han cargado con la terrible frustración de quienes confiaron plenamente en tales expectativas democráticas (...), para encontrarse ahora ante inexplicable e injusto recrudecimiento de la violencia política y de avasalladora carga del crimen organizado”. Me han pedido, dice el presidente de la Asociación Nacional De Industriales, ANDI, que “invoque las medidas que fueren necesarias para sofocar la violencia y la inseguridad que hoy oprime a los colombianos (...), las fuerzas del orden aparecen sin instrumentos jurídicos apropiados para hacer frente al nuevo reto que simultáneamente han planteado insurgentes y delincuentes”.143 Con antelación, en Julio de 1982, la Federación de Ganaderos había fijado su posición a raíz del levantamiento del Estado de Sitio: no es “más que darle vía libre al delito por la ineficiencia de la justicia. Y su presidente, Eugenio Concha, había declarado, refiriéndose al MAS, que es “ante todo una clara demostración de las fallas de la justicia”.144 El 22 de febrero de 1983 la opinión pública era notificada de la solidaridad entre los militares y el poder económico a propósito del informe del Procurador sobre el MAS. La ANDI respaldó las declaraciones de los militares en retiro y de otros sectores económicos rechazando las sindicaciones de la Procuraduría a miembros de las Fuerzas Armadas de pertenecer al MAS, como a la decisión del Ministerio Público de establecer la identidad de los integrantes del grupo paramilitar. 143

Citado par Salomón Kalmanovitz en “Gremios Industriales y Crisis”, en A l Filo d e l Caos, op. cit., p . 205. 144

E l Tiempo, 9. 7. 82, p . 9A.

La última semana de febrero el Ministro de Defensa fue invitado a intervenir oficialmente en el XVIII Congreso Nacional de Ganaderos en la ciudad de Medellín. En su discurso declaró que no permitirían “(...) por ningún motivo, que el país vaya a cambiar su destino histórico y que vaya a relevar de su bandera el escudo nacional por la hoz y al martillo (...)”. 145 Y, la asociación de productores de lácteos, ANALAC, ofrecería su apoyo económico a fin de contribuir a la eficiente dotación de las Fuerzas Armadas. El 27 de abril de 1983 Fabio Echeverri hacía un llamado de solidaridad a los empresarios y trabajadores del sector privado para que “sin reticencias ni matices, con la más decidida vocación de servicio al país, emprendamos una verdadera cruzada de solidaridad en torno del tema que he enunciado (...)” -el de la seguridad-, considerado como el principal problema, “(…) obstáculo que subyace e incide en todos los demás (...)”.146 Para los gremios de la ANDI, Acoplásticos, Camacol, Acopi, Analdex, Fasecolda y Fenalco los peligros estaban más en la subversión que en el narcotráfico. A pesar de reconocerle al gobierno la voluntad para el cambio “(...) solicitaban un viraje en la política para dar un tratamiento excepcional de urgencia en vista del inminente deterioro social y económico”. En la medida que el proceso de paz se debilitaba, los gremios eran más explícitos en sus declaraciones. El presidente de Acopi expresó su voluntad de paz “ (...), pero no a cualquier precio, a la paz de los vencidos se llega por la entrega jirón a jirón de la soberanía y de las leyes. Nunca la debilidad o el apaciguamiento logró detener al enemigo, sino lo contrario, 147 envalentonarlo”. En opinión del economista Salomón Kalmanovitz “Al mismo tiempo que los gremios apoyaban públicamente las iniciativas de paz de la administración Betancur, los pasos concretos que se adelantaban para crearle una atmósfera adecuada a su desarrollo eran cuestionados por la ANDI”. 148 Pasados tres años de gobierno y, a raíz de la toma y contratoma del Palacio de Justicia efectuadas por el M-19 y el Ejército respectivamente, el presidente de la ANDI, Fabio Echeverri Correa le expresó su solidaridad al gobierno en los siguientes términos: “En la ardua y cruenta lucha por la defensa de la democracia y de sus instituciones, bien valió el sacrificio que ofrecieron las Fuerzas Armadas bajo su suprema dirección. Me uno al júbilo de la nación que contempla el retorno del orden y el imperio de la ley”.149 145

El Tiempo, 24.2.83, p. Última A.

146

Kalmanovitz, Salomón. “Gremios Industriales y Crisis”, en Al Filo del Caos, op, pp. 207-208. 147

Idem, pp. 214-216.

148

Idem, p.205.

149

Idem, p. 221. El asalto al Palacio de Justicia por parte de un comando del M-19 el 6

“Felizmente se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista”, declaró el comandante del Ejército Rafael Samudio al término de la contratoma del Palacio de Justicia por parte de sus tropas. Gremios y militares coincidían en esta ocasión, de manera pública y abierta, sobre la concepción terrorista de Estado a la hora de encarar el también terrorismo de izquierda.

La reforma política Las reformas presentadas a la cumbre política multipartidista, convocada el ocho de septiembre de 1982 para lograr el consenso entre las colectividades políticas, proponía la institucionalización de los partidos, mecanismos para su financiación, y un estatuto de derechos y deberes de la oposición. Modernizar el sistema electoral, fiscalizar los mecanismos de acceso y distribución de los recursos del poder; democratizar el derecho a la información como el acceso a los medios y el control financiero de las campañas electorales. El Ministro de Gobierno presentó igualmente reformas que ampliaban los espacios de participación ciudadana, con la elección popular de alcaldes, la descentralización municipal y regional, y, otros encaminados a la modernización del Estado. El 19 de septiembre el gobierno reorganizó la Comisión de Paz ampliando su número a 40 miembros para incorporar nuevos sectores sociales y políticos. En la fecha de su instalación Belisario Betancur diría que el plan para adelantar la paz debería dar “expresión y respuesta a las nuevas realidades, fuerzas y demandas que han irrumpido en la nación en las ultimas décadas”,150 y advirtió sobre los posibles obstáculos y criticas que podrían prosperar “no sólo en quienes temen sin razón que sus banderas pasen a otras manos”.151 Seis días después de instalada la Comisión, su presidente Carlos Lleras Restrepo, renunció. El gran diálogo era para el ex-presidente un método absurdo. Muy pronto se hizo evidente la resistencia a la reforma. Las Fuerzas de noviembre de 1985 pondría fin a los intentos de paz auspiciados por la administración Betancur. Más de cien personas muertas, entre ellas once magistrados, y once desaparecidos, fue el saldo de aquella doble acción terrorista que despojó de toda legitimidad a los actores de la guerra. 150

Betancur, Belisario, El camino de la paz. “El ansia y la prisa por la paz”, Secretaria de Información y Prensa de la Presidencia de la República, Vol, 1, Bogotá: maya de 1984, p. 133. 151

Ibid, p. 142.

Armadas se negaron a participar en dicha comisión. El Ministro de Defensa escribiría posteriormente que en los diálogos de paz los alzados en armas pretendían “(...) el reconocimiento institucional del brazo armado de la nación para colocarse de igual a igual con el Ejército, convencer al poder político y a las Fuerzas Armadas que debían ceder a las para entonces sí justas pretensiones de la subversión, reconocidas con la aceptación del diálogo y la presencia en él de los mandos militares (...)”.152 Postura que, como subrayó el mismo Ministro Landazábal, no se oponía al diálogo y la amnistía pero que invitaba a tener en consideración el momento vivido por Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.153 Al concluir las reuniones de la cumbre Multipartidaria a principios de 1983, sólo hubo compromisos en torno a la financiación de los partidos, la carrera administrativa y otros de menor importancia que harían tránsito en las sesiones ordinarias del Congreso, al término de las cuales, ninguno de los dos proyectos logró su aprobación. Sólo la minoritaria representación parlamentaria de la izquierda mostró un interés real en las reformas, aunque quisieron ir más lejos que las propuestas por el Presidente. En el transcurso del debate quedó claro que el bipartidismo no quería emprender su propia reforma. “Los directorios, a través del Congreso, le hacían sentir su peso y su poder al gobierno. Y este, sintiéndose quizá sin suficiente respaldo o carente de autentica voluntad política, no mostró tampoco en el apoyo a las reformas el mismo empeño que había demostrado en el impulso a la Ley de amnistía”.154 El gobierno había adquirido otro compromiso: el de la lucha contra la corrupción. En tal sentido la prensa concedió el 18 de diciembre un gran despliegue a las denuncias del Procurador contra cien altos ex-funcionarios del Estado por corrupción y manejo irregular de fondas públicos. Al respecto 152

Landazábal Reyes, Fernando, El.precio d e la Paz, op. cit., p. 2 3 6 .

153

Centroamérica y el Caribe siempre tuvieron para los Estados Unidos una importancia estratégica de carácter militar, económico y político. La presencia de Cuba en la región, el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y en Grenada, el avance de la insurgencia en El Salvador y Guatemala, era leída por la administración conservadora de Ronald Reagan como una amenaza para el sistema democrático capitalista del Subcontinente. Su tradicional hegemonía en la región era puesta en entredicho con el posible advenimiento de más gobiernos anti-norteamericanos. En el esquema adoptado para contener la expansión subversiva se contemplaba reafirmar el cerco contra Cuba y afianzar las relaciones con los países tradicionalmente leales en el continente. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe fue expuesta por Reagan a principios de 1982. En síntesis, la propuesta era un instrumento económico para la revalorización estratégica de la región, en la perspectiva de la seguridad norteamericana. Su componente militar estaba inscrito en el marco de la contención del comunismo. Política que, a diferencia de otros gobiernos Latinoamericanos, fue avalada por el presidente Julio César Turbay. 154

Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, op. cit., p. 75.

el senador por el Nuevo Liberalismo Rodrigo Lara Bonilla declaró que el país ha vuelto a tener un Procurador “después del oscuro pasaje” de su antecesor “abyecto e incondicional” funcionario de Turbay. “Pienso que eso demuestra una vez más que al país no le podrán proponer en el futuro inmediato ni soluciones conservadoras ni liberales del sentido tradicional (...)”.155 En febrero la Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucional la emergencia económica, instrumento clave de Betancur para acompañar el proceso de paz y apertura, superar la crisis del sector financiero y reactivar la economía. Los empresarios de su parte insistían en la declaratoria de una emergencia laboral. En cuanto a las expectativas generadas por la Comisión de Paz, su futuro no era menos incierto. El 25 de mayo de 1983, Otto Morales Benítez renunció a la presidencia de la Comisión de Paz. Al gobierno, diría, le falta “combatir contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Estas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy, con sutilezas, contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”.156 Dos años después el general en retiro Fernando Landazábal diría que: “La Comisión de Paz, en cierto sentido, dio la sensación de poner al Estado al servicio de la subversión, sin exigirle a esta su sumisión al servicio del Estado. Su actuación dejó la impresión de ser un negociador en desigualdad de condiciones; de ser la representación de un sistema vencido, resuelto a ceder en todos los campos”. Y, agregó: “la Comisión de Paz se revistió con la máscara de los negociadores; asumió la conducción de una mediación como si se tratara de jueces ajenos a la nacionalidad cuyos principios básicos debieron proteger y preservar”157. Se evidenciaba de tal suerte el pulso de poderes que signó el período de la política de paz y apertura de Belisario. Las causas objetivas que Belisario Betancur le reconocía a la subversión no era posible modificarlas en tanto la clase dominante no lo dispusiera. Aplazadas hasta nueva orden las reformas, como condiciones para el éxito de la paz, los contactos que se adelantaban con los alzados en armas resintieron esta falta de voluntad de la clase política. En el tránsito hacia el año 1983 la coyuntura política se había tornado caótica. El ELN y el EPL rechazaban la amnistía, El M-19 a la vez que la compartía exigía el diálogo nacional y, las FARC, favorables al proceso de 155

El Tiempo, 19. 12. 82, p. 8A.

156

Carta de Otto Morales Benítez al Presidente de la República de mayo 25 de 1983. Citada por Enrique Santos Calderón, en: La Guerra por la Paz. Fondo Editorial CEREC, Bogotá: 1985, p. 289. 157

Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op, cit., pp. 64-68.

paz, acentuaban los combates contra el Ejército. Simultáneamente decenas de presos políticos abandonaban las cárceles, al tiempo que la opinión pública se polarizaba alrededor del debate que concitó el Caso Gloria Lara. El secuestro y crimen de Gloria Lara se desenvolvió entonces en el contexto de una coyuntura política dominada por una evidente y aguda confrontación entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el gobierno y la sociedad civil. Comprensión sin la cual es imposible entender el caso, ni la dimensión de las fuerzas comprometidas en esta controversia, en tanto se desconocen las motivaciones, las personas, las fuerzas y las discusiones que estuvieron sobre el tapete en la aguda controversia pública que el país conoció entre noviembre de 1982 y mayo de 1983. Hechos que por su trascendencia coparon la atención de periodistas, columnistas, partidos políticos; organizaciones sociales y analistas de la vida nacional.

Una conspiración contra la paz Las decisiones tomadas en la transición de los gobiernos Turbay-Betancur menoscabaron la autonomía militar. La negociación sobre la toma de la Embajada de la República Dominicana con el M-19, el levantamiento del Estado de Sitio con la consecuente derogatoria del Estatuto de Seguridad, la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgar a los civiles y la amnistía, produjeron una gran insatisfacción en la cúpula militar. De una posición preponderante en el gobierno de Turbay, los militares pasaron a ser contradictores del nuevo gobierno sobre todo en lo atinente al manejo del orden público y la paz. Contradicciones que fueron sutiles en unos casos y evidentes en otros; respecto a la amnistía, las investigaciones sobre el MAS, y en El Caso Gloria Lara. Eventos en los que terminó por imponer su voluntad el Ejército Nacional con el beneplácito de importantes estamentos del poder político y económico. La voz propia alcanzada por los generales fue reconocida por gremios y políticos que amenazaron “con golpes de opinión”. Tan aguda fue la contradicción que el entonces Procurador Carlos Jiménez Gómez acuñó la tesis de que en el país existían “dos constituciones paralelas, la una formal y pública la que conocemos y considerábamos ingenuamente la única; la otra, consuetudinaria, invisible, para uso privativo de las Fuerzas Armadas”, agregando “para qué golpe de Estado, si hay una Constitución de reserva que permite oportunos ajustes”. 158 El Diálogo Nacional convocado por Belisario Betancur había desatado múltiples conflictos. “De los equívocos, se pasaría a los enfrentamientos, a las rupturas y finalmente a las tragedias: el Palacio de Justicia, Tacueyó y la ola irreversible de asesinatos políticos”. Para finales de 1984 -superado el breve período del Diálogo Nacional- el proceso de paz languidecía. “El fracaso de la paz (...) daba rienda suelta a una nueva guerra, carente ahora de toda dignidad: la guerra sucia y el terrorismo. La guerra sucia como terrorismo del establecimiento y el terrorismo guerrillero como guerra sucia de los alzados en armas (...) Guerra similar en sus prácticas y diferente solamente en sus legitimaciones ideológicas”.159 Así, los oficiales más representativos de la cúpula militar pasaron a defender abiertamente sus posiciones ideológicas. El general Landazábal advirtió que: “la estrategia global de la subversión ha estado regentada por 158

Carlos Jiménez Gómez, Documentos del Procurador. Tomo 111, Ed. Ratina, Bogotá: 1987, p. 233. 159

Ramírez V, Socorro y Restrepo M, Luis Alberto, op. cit., p. 228.

la estrategia global del comunismo”.160 En tal sentido concibió el proceso de paz en Colombia como parte de la política subversiva continental encaminada a disuadir una invasión norteamericana a Nicaragua. “Por ello nos opusimos a ellos (a los pactos de paz) desde todas las tribunas y corriendo todos los riesgos... Es cierto que lo que pasara en Nicaragua repercutiría en Colombia (...). Si la revolución en Nicaragua hubiera sido forzada a retroceder, el movimiento guerrillero en Colombia hubiera sido testigo de su propia destrucción”. 161 Razones claras que explicaron la oposición al proceso de paz bajo la administración Betancur. Proclamaron la necesidad de involucrar a toda la sociedad civil en la guerra, “Aquí no caben los neutrales y antes por el contrario, los indiferentes e indecisos forman parte de las filas del adversario, al que se le presta un gran apoyo por el solo hecho de dejarlo prosperar” 162. El General Samudio rechazó el punto de vista de la Iglesia de colocarse de árbitro “En este conflicto estamos envueltos todos los colombianos, no hay árbitros”. 163 Su oposición a la solución política interna del conflicto armado la expresaron así: “No es el ejército quien no ha podido vencer. Es la clase política quien no ha podido gobernar (...) cada vez que se acercaba su aniquilamiento, la política jugaba su papel y la administración de la violencia el suyo, y al impulso de los dos, se alzaba como un manto de protección la amnistía y el perdón para detenerlo”. 164 En el mismo sentido se pronunció otro General: “Es factible derrotar a la guerrilla pero es necesario que haya de parte de la Nación la firme decisión de enfrentar al subversivo como un adversario”. 165 Sobre la Justicia Penal Militar el general Landazábal afirmó que hay una gran equivocación, “ (...) pues, en nuestro concepto, la vigencia de la democracia colombiana, durante el mismo período (los últimos treinta años), le debe más a la Justicia Militar que a la justicia ordinaria y no debe olvidarse que fueron las fallas protuberantes de esta última y la ineficiencia manifiesta de su acción, las que llevaron a los gobiernos a acudir a la primera coma una tabla de salvación, para la vigencia del sistema y de su orden jurídico”. 166 160

Fernando Landazábal Reyes, El Tiempo, 8. 5. 88, p. 1C y 4C.

161

Reyes Landazábal, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., pp. 210-216. 156 El Tiempo, 8. 5. 88, p. 1C y 4C. 162

El Tiempo, 8. 5. 88, p. 1C y 4C.

163

General Samudio, Comandante del Ejército. El Tiempo, 6. 3. 88, p. 1B y 4C.

164

Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 232.

165

General Rafael Peña Ríos, El Tiempo, 12. 6. 88, p. 1B y 4B.

En cuanto a la justicia ordinaria, estaría descalificada “por estar manipulada por los enemigos del ejército”167. La Teología de la Liberación fue asociada con “(...) el claro propósito de mover y auspiciar la motivación religiosa a favor de la movilización revolucionaria” 168. Los derechos humanos fueron concebidos: “(...) como una especie de plataforma moral para proteger a los violentos”. 169 Sobre el Estatuto de Seguridad exigieron que “(...) debe ser una norma permanente y no una norma de Estado de Sitio”170. La guerra sucia contra las organizaciones populares se justificó así: “...la guerrilla tiene todos los apoyos que necesita, el político, el social y el económico. El apoyo político que le faltaba lo obtuvo a raíz de los acuerdos de paz... cada organización guerrillera tiene, pues, su movimiento político... La violencia de los grupos paramilitares proviene de esa relación transparente entre grupo político y grupo guerrillero”. 171 Esta orientación doctrinaria de la institución castrense se evidenció con mayor claridad en los hechos que llevaron al rompimiento de la tregua pactada con el M-19 y, con evidencia plena, en la toma que el Ejército hizo del Palacio de Justicia en 1985172. Allí quedó de manifiesto toda la debilidad del poder civil que claudicó con su política reformista frente al modelo de seguridad nacional truncado transitoriamente por la propuesta de paz y apertura de Belisario. Doctrina de Seguridad contraria tanto a las soluciones políticas del conflicto armado como al respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La tortura, señala Jonathan Hartlyn “(...) se volvió más prevalente; bien pudo haberse convertido en una parte del proceso institucional de los militares puesto que simultáneamente aumentaron las muertes y las desapariciones misteriosas”.173 166

Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 87.

167

General Luís Alberto Andrade, El Tiempo, 6. 9. 87, p. 1B.

168

Landazábal Reyes, Fernando. El Precio de la Paz, op. cit., p. 283.

169

Ibid, p. 33.

170

General Samudio, El Tiempo, 6. 3. 88, p. 1B y 4B.

171

General Rafael Peña Ríos, El Tiempo, 12. 6. 88, p. 1B y 4B.

172

Estando en curso el proceso de dialogo con el M-19, el Ejército atacó el 14 de diciembre de 1984 el campamento de esta organización acantonado en el cerro de Yarumales aduciendo la ilegalidad de la existencia de ‘repúblicas independientes”. Pese a que un nuevo pacto puso fin al incidente tras 26 días de combates, éste seria el preludio del rompimiento de las conversaciones de paz con el M-19. El asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 en noviembre de 1985 pondría fin al proceso de paz iniciado por la administración Betancur. Ver, Actores en Conflicto por la Paz, op. cit., pp. 228-251.

Para el “Caso Gloria Lara” tienen especial relevancia los criterios de la cúpula militar en torno a la prevalencia de la justicia Penal Militar, a su critica a la debilidad del poder y de la justicia civil, y a la defensa del espíritu de cuerpo. En particular al desconocimiento de los derechos de la población civil no involucrada en el conflicto armado como a la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Tal desconocimiento tocó los linderos del fanatismo militar y explica en buena parte las contradicciones abiertas o embozadas que se dieron entre el poder militar y el civil bajo la administración de Betancur. Los desaparecidos, torturados y condenados en el “Caso Gloria Lara”, las víctimas del MAS, la población civil bombardeada y obligada a migrar durante el combate de Yarumales y los civiles que perdieron la vida en el Palacio de Justicia fueron víctimas de ese pulso entre los dos poderes. En esa confrontación los militares impusieron su concepción de terrorismo de estado en tanto que el gobierno civil se opuso con timidez. Episodios que, a pesar de ser substancialmente distintos, tienen dos elementos en común: los generales impusieron su voluntad en todos los casos e involucraron a ciudadanos ajenos al conflicto armado. Para el Caso Gloria Lara, la actitud permisiva del poder civil fue clara cuando el Procurador General de la Nación conoció de los hechos denunciados. La Procuraduría fue notificada desde el 17 de diciembre de la desaparición de Juan Tadeo Espitia Supelano, día en que comenzaron las torturas en la Brigada. El Doctor Jiménez Gómez se limitó solamente a dialogar con el Procurador Delegado de las Fuerzas Armadas, pero tampoco ordenó la actuación de Medicina Legal luego de que los sindicados aparecieran con signos de tortura. Tarea que le correspondió a los abogados defensores 15 días después de la captura de Juan Tadeo, momento en que sólo fue posible recibir el poder de los incriminados. Desde el 23 de diciembre, tanto el Ministro de Justicia como el Procurador fueron alertados por distintos dirigentes políticos de los interrogatorios en la BlM-Bogotá, sin embargo los detenidos siguieron siendo torturados hasta el 27 de diciembre, día en que se retractaron de las confesiones ante el juez 47. Durante esos diez días el gobierno de Belisario y la Procuraduría no vieron ni oyeron nada. Sólo después de la retractación pública de los inculpados, el Procurador es obligado a pronunciarse sobre el informe de Medicina Legal. Lo hace el día tres de enero, para manifestar que hubo “maltratos en el proceso de su captura” y que por tanto “ las declaraciones deben presumirse libres y espontáneas”.174 173

174

Hartlyn, Jhonathan. Op. cit., p. 273.

Carta del Procurador Carlos Jiménez Gómez al General Landazábal, 3 de enero de 1983. En: Documentos del Procurador. Tomo 1, p. 150.

“Libres y espontáneas” significaba exonerar al comandante de la BIM-Bogotá Hernando Díaz Sanmiguel de las denuncias por tortura. Pero a una amplia opinión del país le quedó la impresión de que éste, era un fallo político. Así lo señaló Hernando Franco, quien fuera uno de los sindicados, “(...) el Procurador en privado señala que no podía decir que había torturas. Razones de Estado obligan a usar guante blanco con los militares quienes en reunión realizada en el despacho del señor Ministro de Gobierno y en presencia del Procurador manifestaron que si se acusaba a los militares de torturas, renunciaría en pleno el Estado Mayor. No podíamos dejar al país en manos de los militares, dice a sotto voce”.175 La verdad es que a los detenidos no se les pudo “maltratar por la resistencia que opusieron”, ya que la mayoría se presentaron voluntariamente ante las autoridades y otros fueron capturados en sus sitios de habitación o de trabajo. Afirmación distinta profirió el Procurador un mes más tarde de conformidad con el peritaje psiquiátrico practicado en el Instituto de Medicina Legal. En una segunda carta dirigida al General Landazábal, fechada el 16 de febrero, el procurador le manifiesta que “El dictamen expone claramente conceptos de orden psicológico que hacen verosímil la hipótesis de torturas físicas y morales” y señala que “tres de los ocho examinados presentan signos y síntomas clínicos de neurosis traumática”.176 En la misma carta le solicita al Ministro de Defensa que reitere a todos los niveles la “prohibición constitucional y legal imperante de infligir cualquier clase de dolor físico o moral (...) a personas que llegasen a estar en su poder” y le recuerda “sobre la falta de competencia de los organismos militares para intervenir e n investigaciones de esta naturaleza y sobre la inconveniencia de dicha intervención, ya expresé a usted oportunamente, en nuestras conversaciones personales, el concepto de la Procuraduría General”. 177 Esta carta contradice a la primera, admite la posibilidad de la tortura y señala la ilegalidad de la intervención de los organismos militares en el proceso, sólo que fue conocida hasta dos años después por su carácter privado. Este comportamiento contradictorio -el aval público y la condena privada al comportamiento del Ejército- es una postura típicamente política y no jurídica. También lo fueron el silencio de Belisario Betancur y la condena pública proferida por los altos mandos militares contra los sindicados del Caso Gloria Lara. 175

Carta de Hernando Franco a directivos, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, volante mimeografiado, enero 16 de 1983. 176

Carta del Procurador Carlos Jiménez Gómez al General Landazábal, 16 de febrero de 1983. En: Documentos del Procurador, Tomo 1, p. 160. 177

Ibidem.

Si el proceso hubiera estado sometido estrictamente al derecho penal, las personas sindicadas habrían debido ser exoneradas de cualquier sospecha en razón de las inconsistencias propias del proceso. La intromisión de la Brigada en el caso fue ilegal como lo fue también la detención de los inculpados en el crimen y las indagatorias adelantadas en la Brigada de Institutos Militares de Bogotá. La ausencia de abogados defensores y en su defecto la presencia de abogados militares de oficio sin titulo, las torturas comprobadas, la condena publica, la violación de la reserva del sumario, la incongruencia de las auto-inculpaciones, las retractaciones; pero, sobre todo, por la inculpación indirecta y las pruebas que aportaron los autores del secuestro de Kenneth Bishop explicitaron en su conjunto otros intereses ajenos a los de impartir justicia en el Caso Gloria Lara. Los temas propiamente procesales fueron tratados en forma superficial y simple, como el tema de la tortura. Su discusión se limitó a confirmar o negar la existencia de torturas tomando como base las huellas físicas encontradas por medicina legal al cabo de quince días de cautiverio y, denegando los medios de prueba presentados por la defensa que demostraron la existencia de torturas en la audiencia realizada en el despacho del juez Mariño. Las cuales fueron minimizadas a la categoría de maltratos por el Procurador. La literatura especializada sobre el tema de la tortura sostiene que esta se práctica hoy con técnicas sofisticadas y sistematizadas, de una gran eficacia, que rebasan las torturas físicas conocidas. “De la diplomacia con que me hablaron en la tarde pasaron a la agresividad (...)”, relata la Diputada Emperatriz Santander “(...) luego me tiraron al suelo (...). El torturador que se montó encima me puso un trapo mojado en la boca y comenzó a echarme agua con una botella, a asfixiarme (...). Recuerdo que uno de ellos quiso quemarme con una colilla pero otro le advirtió que no me tocara (...)”.178 Hoy se practican métodos aplicados a romper lo que se denomina el -umbral de resistencia mental- de una persona, privándola del sueño, la comida, el agua, el descanso, el abrigo y sometiéndola a una presión psicológica intensa mediante interrogatorios interminables e intimidatorios. El aislamiento, la desnudez, la indefensión, y la humillación violentan ese umbral de resistencia. Para el “caso”, el método del ahogamiento llevó a los detenidos a sucumbir ante la voluntad de los torturadores, sin que de ello quedaran huellas físicas. “Si un ser humano es torturado física o psicológicamente puede por temor o miedo de perder su libertad, su vida o su salud aceptar confesiones en indagatoria”.179 178

Gómez R., Germán y Duque O., Claudia Julieta. Mártires del Rumor, op. cit., pp. 188-189. 179

Conclusiones del examen psiquiátrico de Medicina Legal practicado a los sindicados

Concepto científico totalmente contrario al “axioma universal, de inexorable aplicación en el campo del derecho de que, nadie, por regla general, miente para perjudicarse, menos, mucho menos, en materia tan grave”.180 Axioma en el que se basó la providencia del Tribunal Nacional para condenar a los procesados. Amnistía Internacional en su informe de abril de 1980 había establecido que en Colombia existían 33 centros especiales donde se administraban unas 50 formas de tortura y documenta meses más tarde 600 casos individuales.181 Antecedentes que fueron ignorados tanto como los testimonios de los sindicados, las declaraciones de sus familiares y los argumentos de la defensa. Se omitieron igualmente las declaraciones que desde fuera del proceso hicieron autoridades civiles y militares, fuerzas y personalidades de la vida política del país que en su momento polarizaron la opinión pública alrededor del caso. Entre ellos cabe destacar las declaraciones hechas por la cúpula militar de entonces, dirigida por el General Fernando Landazábal Reyes, Ministro de Defensa; el General Hernando Díaz Sanmiguel, Comandante de la Brigada de Institutos Militares; el Juez 47 de Instrucción Criminal Luís Eduardo Mariño, quienes apelando al espíritu de cuerpo y a la eficacia de la justicia Penal Militar violaron la reserva del sumario y el principio de presunción de inocencia, se comprometieron públicamente con la culpabilidad de los detenidos y con la negación de las torturas en la etapa sumarial. Se publicó una cantidad considerable de documentos que expresaron diversos puntos de vista sobre el proceso como la carta abierta al Procurador hecha por treinta y cuatro (34) jueces de Instrucción Criminal de Medellín. Columnistas como Guillermo Cano, Alfredo Vásquez Carrizosa, Daniel Samper y Enrique Santos Calderón; la Revista Semana, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, personalidades como Gerardo Molina, Apolinar Díaz Callejas, Orlando Fals Borda, Gustavo Gallón, Álvaro Tirado Mejía y otros, denunciaron los vicios jurídicos y exigieron transparencia en el proceso. En el mismo sentido se manifestaron la Asamblea de Cundinamarca, y agremiaciones como la CSTC, FECODE, FENALTRASE, FESTRAC, 182 FEDEPETROL, USO, SINTRACREDITARIO, UNIMAR . Agrupaciones políticas del caso Gloria Lara. Bogotá, diciembre 29 de 1982. 180

Providencia del Tribunal Nacional de 1992. Folio 72, cuaderno 20 del expediente.

181

Información suministrada por Marco Palacios en, Entre la Legitimidad y la violencia, op. cit., p. 272. 182

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Federación Colombiana de Educadores (FECODE), Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), Federación de Trabajadores de Cundinamarca (FESTRAC), Federación de

como el Partido Comunista, Partido del Trabajo, Partido Socialista Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores, Movimiento Pan y Libertad; Bloque Camilo Torres, Democracia Popular y el Nuevo Liberalismo. Estas son sólo algunas de las organizaciones que se pronunciaron sobre el caso. Todos los pronunciamientos tuvieron un denominador común: la exigencia por el respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, a las garantías individuales, la oposición rotunda tanto a las torturas y a los procedimientos irregulares como a las indagatorias en la Brigada. Se condenó la intimidación a los detenidos y a sus familiares, la ilegalidad de las declaraciones del denunciante en cuanto su identidad se mantuvo en secreto, la violación de la reserva sumarial, la manipulación de los medios de comunicación, la condena pública previa y se exigió la desvinculación de los militares del proceso. Es decir, una parte muy significativa de la Sociedad se pronunció sobre el Caso Gloria Lara, al que los jueces de Medellín calificarían como una “novela de terror”. La cascada de declaraciones y la controversia que generó el caso no se explican solamente por la importancia de la señora Gloria Lara, ni por la crueldad del crimen, ni por las irregularidades y las torturas cometidas en el proceso, ni por la desaparición de la familia Rivera; ni por la tragedia y la nostalgia de los exiliados como tampoco por el agudo debate en los estrados judiciales. Lo que demostró la controversia en su momento, fue la existencia de un conflicto de poderes de tal magnitud que se llegó a hablar de “razones de Estado”, como la real motivación para la condena irregular de los inculpados. Lo que explica que el hecho haya motivado la polarización de la opinión pública en posiciones tan encontradas y comprometidas, fue que el caso, más allá de ser un problema del Derecho Penal, se convirtió en un problema de profundo contenido político. Y, por lo tanto, su solución tiene que ver no sólo con la necesidad de hacer justicia en el caso del crimen, sino con la valoración del comportamiento de las autoridades e instituciones comprometidas en el proceso, especialmente, con la jefatura castrense de entonces. Baste citar al juez 47, Luís Eduardo Mariño, quien once meses después de haber sido recusado por parcialidad en el caso, reconoció que: “En este momento pienso que pudo harbersen (sic) construido un montaje por parte de los señores militares para conquistar la gloria y de él fueron víctimas n o sólo los pobres sindicados, a quienes se desprestigió, sino que también me considero víctima de un engaño”. 183 Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Trabajadores de la Caja de Crédito Agrario (SINTRACREDITARIO), Unión de Marinos Mercantes (UNIMAR).

De otra parte, la práctica del terrorismo y el secuestro ejercida por las organizaciones guerrilleras generaron las condiciones favorables para que un hecho contingente como el secuestro y crimen de Gloria Lara, sirviera -en una coyuntura política de aguda confrontación entre el poder civil y militar- de instrumento a los propósitos de una cúpula castrense que advertía en el diálogo con los alzados en armas un peligro para la seguridad nacional, desde su propia óptica, Los militares interesados en demostrar la eficacia de la justicia Penal Militar, en recobrar el prestigio perdido y, en retornar a la autonomía plena en el control del orden público, hallaron en el Caso Gloria Lara las condiciones para intimidar y desprestigiar a las fuerzas de izquierda y democráticas. El objetivo último pretendía deslegitimar el proceso de paz y apertura auspiciado por el proyecto reformista de Belisario Betancur. El mensaje era claro: con una izquierda criminal, carente de ideales y principios éticos no era viable acordar un tratado de paz. Se imponía en consecuencia un viraje hacia el anterior modelo inconcluso de terrorismo de estado. Y, ante los temores bien fundados de la vinculación de efectivos del Ejército al MAS, era necesario preservar infranqueable el espíritu de cuerpo así como la autonomía alcanzada y puesta en peligro. Por ello urdieron el montaje que terminó por configurar una doble impunidad: la del crimen de Gloria Lara y la perpetrada contra las personas obligadas a confesar bajo la tortura un delito que no cometieron. El caso Gloria Lara ilustró en su momento la ineficacia de la justicia, las enormes dificultades para el desarrollo de fuerzas políticas ajenas al conflicto armado y la ausencia de una sociedad democrática y tolerante. Dimensionó la degradación de la violencia, con su concomitante violación de los derechos humanos, al igual que evidenció esa trilogía de empresarios, políticos y militares enemigos de las reformas sustanciales que posibilitan la construcción de una paz estable en Colombia.

183

Declaraciones de Luis Eduardo Marño. Folio 391, cuaderno 10 del expediente.

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El

Tiempo,

Bogotá,

Anexos

Anexo 1 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos Caso 9477: Patricia Rivera Con fecha 22 de noviembre de 1984, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia sobre la detención ilegal de un grupo de personas en plena calle de la ciudad de Bogotá, efectuada por un grupo de agentes del Estado: El día 10 de diciembre de 1982 aproximadamente a las 3:00 p.m. en la ciudad de Bogotá ante la presencia de varios testigos y en plena calle fueron detenidas, no obstante sus expresiones de protesta, su resistencia tenaz y sus desesperados llantos, la señora PATRICIA RIVERA, sus menores hijas ELIANA y KATHERINE BERNAL RIVERA de 9 y 4 años de edad, respectivamente, y también por intervenir en su auxilio el anciano MARCO ANTONIO CRESPO. La señora Rivera y sus hijas se encontraban en inmediaciones de su residencia cuando fueron interceptadas por personal que se identificó como perteneciente a un organismo de seguridad del Estado. El señor Crespo, de 74 años de edad, quiso evitar la arbitraria aprehensión, pero se convirtió en otra víctima. Testigos presénciales del barrio de la retención mencionada fueron Carlos Alfonso Olave Uribe, Ana Tulia Angel Angel, María Beatriz Roa, Crispín Ríos Alvarez e Irma Mahecha de Montoya, quienes identificaron a los captores como los detectives Alfonso Suárez Jaime, Campo Elías Tirado Amado y Jorge Luis Barrero o Borrero, miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Con base en sus declaraciones y en los retratos hablados realizados por algunos de ellos se logró corroborar las identidades de los oficiales que habían participado en la captura. También se pudo demostrar con posterioridad que el taxi amarillo de placas SD-1485, que fue visto por los testigos, que fueron obligados a abordar los retenidos estaba, para la época de las desapariciones, en poder de esa Brigada de Institutos Militares, hoy XIII Brigada del Ejército, con sede en Bogotá. De la misma manera, se clarificó que el motivo de la retención de Patricia fue que organismos de seguridad del Estado, de manera errónea, la consideraban vinculada con un secuestro cometido meses antes, cuya víctima fue una distinguida dama bogotana. Esta denuncia fue transmitida al Gobierno de Colombia con fecha 5 de diciembre de 1984, dándose así inicio a la tramitación reglamentaria del

presente caso. De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Colombia, por los hechos señalados las autoridades de ese país iniciaron la correspondiente investigación en el Juzgado 81 de Instrucción Criminal de Bogotá, el cual vinculó como sindicados a Alberto Alfonso Suárez Jaime, Campo Elías Tirado Amado, Armando Rodríguez Ossa y Jorge Luis Barrero o Borrero miembros activos del DAS para la fecha de ocurrencia de los hechos. Los primeros rindieron las indagatorias ante ese Despacho Judicial. Jorge Luis Barrero o Borrero, fue declarado reo ausente, pues no fue capturado a pesar de haberse proferido la orden correspondiente por el citado juzgado. La indicada persona estaba vinculada a un proceso penal por hechos similares como responsable de la desaparición de Miguel Angel Díaz y Faustino López Guerra, por lo cual fue condenado a 5 años de prisión por el Juzgado Primero del Circuito de Tunja (Colombia), pena que al parecer cumplió en la penitenciaría de El Barne de esa localidad. La investigación por la desaparición de Patricia Rivera, sus menores hijas y el señor Crespo, cursa en la actualidad en el Juzgado 103 de Instrucción Criminal, el que no se ha pronunciado con ninguna decisión de fondo, a pesar de haber transcurrido casi diez años del hecho . Los hechos denunciados fueron presenciados por muchísimas personas, algunas de los cuales inclusive, por vivir o trabajar en el barrio, vieron directamente a los secuestradores y hasta trataron de ayudar a Patricia Rivera y al señor Crespo. Entre ellos cooperaron como testigos las siguientes: CARLOS ALFONSO OLAVE URIBE, conocía a Patricia personalmente porque había trabajado con ella en Seguros Tequendama. Como propietario de un negocio de cigarrería en cuya puerta de la calle tuvo lugar el secuestro, presenció directamente cómo individuos, cuyos rostros no estaban cubiertos lo que permitió identificarlos, que se acreditaron ante Patricia Rivera y ante el testigo señor Olave como miembros del F-2 mostrando sus credenciales de la Policía y una orden de detención escrita con su nombre, retuvieron a Patricia Rivera el 10 de diciembre de 1982, la sacaron de la cigarrería y la obligaron a ella y a sus pequeñas hijas a abordar un vehículo amarillo y negro, impidiéndole comunicarse telefónicamente con sus familiares. ANA TULIA ANGEL ANGEL, la compañera de vida y de trabajo del señor Olave Uribe presenció también la detención de Patricia en compañía de sus hijas y del señor Marco Antonio Crespo por estar en la cigarrería a la misma hora del secuestro, e identificó a los autores como del F-2. MARIA BEATRIZ ROA DAZA, la cajera de la Panadería La Milanesa, ubicada también frente al lugar del secuestro, fue testigo de cómo el anciano Marco Antonino Crespo, conocido y asiduo cliente, penetró a la panadería en busca de auxilio y le dijo que no siguiera almorzando porque el F-2 lo venía

persiguiendo. Vio cara a cara al individuo joven, que sacó un radio transmisor y una tarjeta para identificarse como del F.2. y cómo se llevó consigo al señor Crespo al lugar donde se encontraban otros dos hombres con Patricia y sus pequeñas hijas y de que todos los detenidos fueron obligados a subir a un taxi de color amarillo y negro. CRISPIN RIOS ALVAREZ, el panadero de la Panadería La Milanesa, quien se encontraba trabajando lo mismo que María Beatriz Roa y le tocó presenciar tanto la detención de que fueron objeto las víctimas, como el hecho de que no le fue permitido al señor Crespo comunicarse telefónicamente con su familia y observar directamente las caras de los secuestradores. IRMA MAHECHA DE MONTOYA, vecina que mientras limpiaba los vidrios de su casa ubicada a pocos metros de los hechos, presenció sin perder detalle todos los pormenores de la detención y observó también el vehículo taxi amarillo y negro en el que fueron obligados a embarcarse Patricia Rivera, sus hijas y el señor Crespo. Con base en las declaraciones recibidas y en los retratos hablados de Carlos Olave, Crispín Ríos y Beatriz Roa, el Juzgado 81 de Instrucción Criminal vinculó como sindicados a ALBERTO ALFONSO SUAREZ JAIME, CAMPO ELIAS TIRADO AMADO y JORGE LUIS BARRERO o BORRERO. Los dos primeros fueron oídos en indagatoria y el último fue declarado reo ausente. Corroborando estos testimonios, corren también las declaraciones de los oficiales Suárez Jaime y Tirado Amado, miembros activos del DAS para la fecha de los hechos. El caso 9477 tuvo una extensa tramitación dentro de la cual los peticionarios y el Gobierno de Colombia tuvieron la oportunidad de expresar sus correspondientes alegatos. La Comisión tomó en cuenta que en el desarrollo del presente caso había quedado acreditada la participación de miembros de los cuerpos de inteligencia de Colombia en los hechos de captura y posterior desaparición de Patricia Rivera, Gilma Eliana y Katherine Bernal Rivera y Marco Antonio Crespo, pese a lo cual los responsables no había sido sancionados; que el Gobierno de Colombia no negaba los hechos pero continuaba alegando, pese a que habían pasado mas de 10 años de la investigación, que los recursos de la jurisdicción interna no se había agotado, lo que no podía tomarse seriamente en consideración debido al retardo injustificado que se había operado; y que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos declaró por Resolución 666 (XIII-O/83) y Resolución 742 (XIV-O/84) que «La desaparición forzada de personas es una afrenta para la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad». Reunida en su 82º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró el presente caso de detención arbitraria, convertido en un caso típico de desaparición forzada de personas, y en uso

de las facultades de que está investida, concluyó: Que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal) y 25 (sobre protección judicial), en conexión con el artículo 1.1, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto del secuestro y posterior desaparición de Patricia Rivera, Gilma Eliana y Katherine Bernal Rivera y Marco Antonio Crespo. Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnización compensatoria a los familiares de las víctimas; que continúe y profundice la investigación sobre los hechos denunciados y sancione a los responsables; y que garantice la seguridad y se otorgue la protección necesaria a los testigos presenciales de los hechos.

Fuente: http://cidh.oas.org/countryrep/Colombia93sp/cap.5.htm

Anexo 2 Salvamento de voto TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA PENAL Salvamento de voto Habiéndolo advertido al momento de discutir en Sala el proyecto que se convirtió en providencia mayoritaria, una nueva revisión del expediente previamente a la elaboración del presente salvamento de voto me permite reafirmar que nos encontramos ante un proceso de tramitación irregular, donde aparecen comprometidos los principios que regulan constitucional y legalmente la jurisdicción. Va en la decisión mayoritaria una ínsita convalidación de procedimientos viciados, cuyo señalamiento fue oportunamente consignado por los afectados, y recogido como apuntación válida en la providencia de primera instancia, cuya fundamentación encuentro acertada. En esencia, la desatención de la Constitución y la ley está contenida en aquello que constituye a su vez vinculación de los sindicados a quienes se enjuicia, y medio de defensa de los mismos: sus indagatorias (confesiones). No se remite a duda que JUAN TADEO ESPITIA SUPELANO y los otros sindicados que afirmaron haber sido objeto de torturas en la sede de la Brigada de Institutos Militares BIM, y haberse hallado bajo amenaza de iguales tratos cuando en la misma sede fueron escuchados en indagatoria por el Sr. Juez 47 de Instrucción Criminal, estuvieron asistidos por un apoderado perteneciente el Ejército Nacional, quien no ostentaba las calidades que el Juzgado hizo constar en las actas respectivas, de acuerdo a la documentación proveniente del Tribunal Superior de Bogotá y del Ministerio de Justicia. No obraba en calidad de particular llamado a prestar un servicio permitido a ciudadanos honorables cuando no se cuenta en al lugar con abogado que apodere al sindicado, y mal podía ocurrir ello en la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de profesionales en tal área; obraba como persona habilitada para ejercer la profesión de abogado, citándose en las actas una licencia provisional cuya inexistencia está probada. Mas, encontrándose en lo anterior apoyo al reclamo de los sindicados al mencionar la carencia de oportunidad para designar su respectivo apoderado, el vicio alcanzó la desatención de las más elementales normas en materia de defensa. Pues si bien “una misma persona podrá servir de defensor de varios “procesados en un mismo proceso”, de acuerdo a la previsión del a. 119 c.p.p., el legislador se cuidó de prohibirlo expresamente, para un solo evento, a saber la existencia de intereses opuestos entre aquellos sindicados o procesados a quienes

representa el apoderado o defensor. Ahora que, apareciendo en el texto de la norma citada tal excepción al apoderamiento común, igual habría de atenderse si el c.p.p. no contuviese la misma, ya que proceder en forma contraria significaría violación del derecho de defensa. Así que, cuando de la lectura de las actas se desprende la oposición de intereses en quienes estaban siendo sometidos a indagatoria al punto de que el Sr. Juez 47 de Instrucción Criminal recibe juramento de acuerdo a lo establecido en el a. 385 c.p.p., de acuerdo al cual «si el procesado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento”. Independientemente de la razón que llevase al Sr. Juez 47 de Instrucción a pasar por alto la elemental regla acerca de aquella prohibición para el apoderamiento común de quienes se involucran mutuamente como autores de hechos por los cuales son sometidos a la jurisdicción penal, para el suscrito está claro que las indagatorias afectadas por falla de tal entidad son inexistentes frente al derecho. En apoyo de lo dicho, debe recordarse que el a. 214 ç.p.p. ordena considerar como no «verificado” aquel acto para cuya validez deben mediar “ciertas formalidades”, cuando las mismas no fueren observadas. Si tal ha de ser el efecto del vicio, ¿cómo formular llamamiento a juicio partiendo de las confesiones que contienen las indagatorias dichas? Si ya el punto relativo al apoderamiento irregular deja sin piso las indagatorias donde se formularon confesiones, no. puede olvidarse que el Instituto de Medicina Legal corroboró huellas de violencia en aquellos sindicados sometidos a examen, tras afirmar haber sido sometidos al quebrantamiento de su voluntad mediante torturas. La providencia mayoritaria concluye que tales señales de violencia no se hallaron cuando el médico perteneciente a le BIM los examinó, para deducir que los daños en cuerpo y salud de los sindicados se dieron con posterioridad a las indagatorias recibidas en la sede de la Brigada. No obstante, si en tal sede se llevaron a cabo los maltratos, como lo afirman los sindicados, ninguna garantía de imparcialidad ofrece el examen hecho por médicos cuyas actividades se desarrollan en el mismo lugar. La crítica de la prueba no permite entonces deducción simple, especialmente si se cuenta ya con demostración acerca de haberse desatendido el derecho de defensa en les indagatorias recibidas en la B1M. La presencia misma de los sindicados en la sede de una Brigada Militar debió alertar a la Sala acerca del fundamento del dicho expresado en las ampliaciones de indagatoria, informando atropellos. EI proceso correspondía a la jurisdicción ordinaria, resultando anormal la participación de autoridades militares en diligencias relacionadas con el mismo. Los sindicados sometidos a torturas, según lo afirman, fueron oídos en versiones recibidas oficialmente por quienes no pertenecían a los cuerpos auxiliares de le jurisdicción ordinaria, y consta al proceso, al cual aparecen anexas cintas audiovisuales, que las mismas fueron exhibidas a todo cal país por canales de televisión, sin orden alguna, y mal podía darse, porque las normas de procedimiento

disponen precisamente lo contrario, a saber la reserva del sumario. Al día siguiente de ser exhibidas al país las cintas por parte de una autoridad militar, el Sr. Juez 47 de Instrucción Criminal sostuvo un prolongado reportaje a través de una cadena de radio con alcance nacional. En la entrevista expresó que quienes confesaban mediante las cintas presentadas -ilegalmente- al público, eran los autores de los hechos punibles de que trata este proceso. Advirtiendo nuevamente que no se hace consideración acerca del mérito encerrado en la conducta del Sr. Juez de Instrucción, por tratarse de un problema jurídico no sujeto a examen dentro de esta actuación, resulta necesario atender episodio como el citado, cuando se justiprecia las afirmaciones de los sindicados acerca del origen de sus confesiones en la sede de le Brigada de Institutos Militares. Se desemboca por estas vías en las consideraciones del Juzgado de primera instancia, acerca da la vinculación de los antiguos miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, dentro del proceso. Encuentra asidero lógico el razonamiento fiel Juzgado 16 Superior al relacionar la pesquisa de las autoridades militares, con la identificación de las personas integrantes de aquella organización, una vez que es hallado el cuerpo sin vida de la víctima, Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, cubierto con una bandera con las iniciales O.R.P. El propósito de mostrar ante el país un resultado anticipado del proceso por parte de las autoridades militares, es evidente en la publicación nacional de las cintas audiovisuales. Las afirmaciones sobre la violencia ejercida sobre ellos, los sindicados, aparecen enmarcadas en un contexto procesalmente establecido, a saber la voluntad de preconstituir pruebas de responsabilidad, no sólo dentro del proceso al cual se anexaban las heterodoxas versiones recibidas, sino ante el país y mediante un despliegue publicitario sin antecedentes, y constitutivo de agravio a los derechos de los sujetos pasivos de la acción penal, y de la jurisdicción como ejercicio autónomo de facultades con origen constitucional para administrar justicia de acuerdo a los procedimientos y ritos previamente establecidos. El sesgo mostrado en la instrucción a partir de la vinculación de los antiguos integrantes de la ANUC origina reflexiones de uno de los abogados quien, a f. 515-16 del cuaderno N° 5, pregunta por las diligencias tendientes a establecer finalmente la relación de HUMBERTO VILLEGAS con los hechos, dado que existen diligencias en las cuales se le menciona; lo propio anota en relación al Dr. CARLOS ALBAN HOLGUIN, desde cuya oficina de la carrera 5a. No. 25C-50 de Bogotá se habría hecho una llamada telefónica a la casa de la víctima, según información proveniente de un organismo de seguridad, ciertamente obrante al expediente, constando que el texto parcial de la llamada reza:» ¿Recibió la nota? ¿Cuál nota? La nota que le enviamos por correo... ¿Dónde la mandó? A su casa, cuando la reciba volveremos a hablar» (f. 234 c. N° 1); también reclama el abogado por la ausencia de investigación a partir de conversación sostenida telefónicamente por LUCIA

DE ECHEVERRI con AURELIO N., afirmando que JORGE MARIO EASTMAN estaba involucrado en el secuestro; JAIME BERNAL VANEGAS, señalado en prueba testimonial como visitante en casa de la victima el mismo día del secuestro, y otras personas mencionadas en diversas declaraciones, son citados por el Sr. abogado reclamando por la discontinuidad investigativa acerca suyo. Se trata ciertamente de orientaciones probatorias desatendidas a partir del momento procesal antes citado, sin que ello reciba explicación lógica. Cuando, a partir del proceso adelantado acerca del secuestro del Sr. KENNETH STANLEY BISHOP, el Juzgado 16 Superior traslada pruebas y arriba a la conclusión de que no sólo es el segundo crimen cuya autoría reclaman persones que se amparan, en la sigla ORP., sino que se da una multiplicidad de concordancias adicionales entre aquel hecho punible y el secuestro de la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, muerta luego haciendo aparecer sobre su cuerpo una bandera con aquellos caracteres que identificara el Sr. BISHOP en la bandera que tuvo presente durante su cautiverio, cuando también le fue mostrada fotografía de la Sra. LARA DE ECHEVERRI, acompaña al juzgador de primera instancia una abundante cantidad de indicios, que la providencia mayoritaria controvierte. Sin embargo, la modalidad del secuestro; las características de las armas; las notorias coincidencias en el tipo de máquina empleada como medio de comunicación en cada caso; la semejanza del campero utilizado en ambos secuestros; la descripción física que los declarantes hacen de los secuestradores, son sólo algunas de les bases que fundamentan el corolario al cual arriba el Juzgado 16 Superior, identificando ambos secuestros bajo igual autoría encabeza de IVAN DARIO MURCIA, GUILLERMO ROJAS FERRO y HÉCTOR ALFONSO MATIZ MORALES. Previamente se ha criticado por el Juzgado la prueba incriminatoria obrante contra JUAN TADEO ESPITIA y otros antiguos miembros de ANUC, destacando la naturaleza disímil de sus residencias, y de sus lugares de trabajo; el respaldo probatorio acerca de sus actividades en la fecha del delito; la carencia absoluta de antecedentes en operaciones violentas por parte de la ORP, y el respaldo que ello encuentra en declaraciones de quienes tuvieron contacto con la ANUC tiempo atrás; el absurdo contenido en las fechas de supuestas reuniones, cuya sede sólo coincide con lugar tomado en arriendo en fecha posterior a la enunciada en las indagatorias tachadas luego. En la crítica formulada por el Juzgado 16 Superior a la prueba conformada apuntando a la incriminación de quienes son enjuiciados en la providencia mayoritaria, debe destacarse el peso que dentro del proceso adquirió el informe rendido por el detective JOSE VICENTE GONZALEZ. Acertadamente anota el Juzgado cómo resulta inadmisible una prueba secreta, pues el contenido del informe está remitido a fuente que el detective se abstiene de identificar, anunciando sin embargo que se trata de un antiguo miembro del grupo que supuestamente había llevado a cabo los hechos punibles. Todo el andamiaje del procedimiento penal está orientado, en materia probatoria, a

garantizar su controversia. Aquel medio probatorio que no la admita, carecerá de fuerza. El mejor ejemplo de ello lo constituye precisamente la prueba secreta, y lo es por supuesto el testimonio del supuesto informante con base en cuyas confidencias dice haber elaborado su informe el Sr. detective GONZÁLEZ. Son las suyas inferencias sin valor probatorio alguno, por no corresponder a un medio probatorio «legalmente producido», expresión contenida en el a. 215 c.p.p., válida para cobijar toda prueba en cuanto a la estimación que pueda hacerse de ella dentro del proceso. El yerro en la estimación da la prueba no sólo pesa por le admisión de medios tales como las indagatorias jurídicamente inexistentes o el informe sui-generis de cuyas falencias basta anotar su apoyo en testimonio secreto. Se extiende al valor otorgado al testimonio de la Sra. CARMEN YANETH TOBON PEÑUELA esposa de quien se presenta como investigador privado, y antiguo investigador adscrito al E-2 del Comando del Ejército, Sr. EFRAÍN ALBERTO PLAZAS. De acuerdo a la declaración de su esposa, ésta habría sido secuestrada cuando aquel adelantaba averiguación bajo contrato de la familia LARA, debiendo suspenderla a raíz de ello. Según el relato de la Sra. TOBON PEÑUELA, su aprehensión se dio en condiciones que el Juzgado 16 Superior .tiene por carentes de credibilidad, con razón, pues no corresponden a personas avezadas en hechos semejantes, resultando en cambio de acuerdo a su dicho, que EMPERATRIZ SANTANDER sería uno de sus captores, cuando aún la Sra. LARA era mantenida en secuestro, incluyendo la declarante un recorrido de a pie y otro en vehículo, acompañada de personas que la mantenían amenazada con arma y permitían ver sus rostros, para arribar a una casa que, señalada en el curso de investigación como aquella en la cual se la mantuviera en rehenes durante varias horas, en nada correspondía a aquella cuyos caracteres aparecieran en la declaración. La providencia mayoritaria desecha la crítica formulada en primera instancia al testimonio citado, aduciendo el transcurso de un tiempo prolongado antes de realizarse inspección judicial sobre el inmueble. Pero aquella crítica abarca no sólo mención del inmueble como discordante con el descrito previamente en la declaración, sino que apunta a aspectos que tornan aquel episodio en fruto evidente de invención, siendo el más protuberante aquel consistente en permitir los supuestos captores de la declarante que ésta los tuviese a vista suya, para dejarla en libertad luego, encargada de comunicar a su esposo, el detective privado EFRAÍN ALBERTO PLAZAS, que debía cesar en sus pesquisas. El carácter absurdo de le narración no permitía otorgar valor probatorio al testimonio, sino en la medida en que se tomase de allí como conclusión la derivada precisamente por el Juzgado 16 Superior en la providencia que la Sala mayoritaria ahora revoca: señalando cómo dicho medio probatorio robustecía la certeza sobre el carácter artificial de las acusaciones hechas e los antiguos miembros de la ANUC. En orden a articular un análisis dentro del cual compaginen la reforma de

la providencia dictada par el Juzgado 16 Superior, y las innegables relaciones existentes entre ambos secuestros, a saber aquel cuyo juzgamiento se adelanta mediante el presenta proceso, y el adelantado haciendo víctima al extranjero KENNETH STANLEY BISHUP, la providencia de Sala mayoritaria dispone que el periodista JAIME TORRES FERNÁNDEZ sea, vinculado dentro de la investigación reabierta en virtud de sobreseimientos temporales; pues el periodista habría ocultado una fotografía enviada al diario por los captores de la Sra. LARA DE ECHEVERRI, y el esposo de ésta anuncia encontrar semejanzas entre la voz de quien llamaba diciéndose ANTONIO, y la voz del periodista, a quien se atribuye en la providencia mayoritaria ánimo de «vincular a los miembros de la ORP del ilícito que se investiga», al pretender lanzar como hipótesis la relación del delito con los ocupantes de un automóvil ubicado en cercanías del sitio donde fuera hallado el cuerpo de la dama sacrificada. Nótese el contraste: -Cuando el Juzgado Superior ha hecho referencia a la existencia de una fotografía donde aparecía la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, fotografía puesta de presente a KENNETH STANLEY BISHOP, siendo ello parte del razonamiento por el cual se establecen los vínculos de ambos secuestros y de sus autores, la providencia mayoritaria expresa que se trata meramente de una hipótesis. «Con el mismo raciocinio podía llagarse a afirmar qua la fotografía» recibida por el periodista llegó a manos de los captores de KENNETH STANLEY BISHOP «para los fines perseguidos y conseguidos». La equiparación de hipótesis se convierte, en la providencia mayoritaria, en el sobreseimiento temporal de los sindicados que enjuiciara el Juzgado de primera instancia; en el enjuiciamiento de los allá sobreseídos, y en la orden de vincular al periodista. Con todo comedimiento me permita anotar que hay en la formulación un arriesgado mecanismo, donde un razonamiento de sustentación lógica es encontrado como «simple hipótesis», a la cual se contrapone que «con el mismo raciocinio podía llegarse a afirmar (...)» lo que, a su vez, se convierte en base firme de decisiones que tienen una trascendencia tal como aquellas tomadas por la Sala mayoritaria. La intervención de los medios de comunicación social ha sido una constante indeseable dentro del proceso que nos ocupa. Atrás quedó reseñado cómo la BIM difundió nacionalmente las cintas audiovisuales contentivas de actuaciones donde varios sindicados aparecían confesando su autoría, transmisión avalada al día siguiente por el Juzgado 47 de Instrucción Criminal afirmando que podía tenerse la certeza de que aquellos eran responsables, y que las palabras del general DIAZ SANMIGUEL en dicha emisión se ceñían a le realidad. También es claro que a través de la prensa escrita, los secuestradores tuvieron acceso a la opinión pública con la difusión de las sucesivas etapas de su comportamiento criminal. Y cuando aún no ha sido anexado al expediente el salvamento de voto presente, ya es informado por la prensa nacional el contenido de la providencia mayoritaria, sólo 10 horas después de firmada la misma. Pero pasar de la desaprobación

y de las investigaciones que de allí deben desprenderse, a convertir en sindicado al periodista que recibiera llamadas y fotografías, haciendo depender de su actividad aspecto de trascendencia tal como es la relación entre el secuestro de la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI y del extranjero KENNETH STANLEY BISHOP, es evaluación probatoria que, no comparto. El sentido aleatorio del razonamiento aparece tanto más notorio, cuanto que la expresa mención de nombres a los cuales se atribuye relación directa con el secuestro de la Dra. GLORIA LARA DE ECHEVERRI, no merece a la Sala mayoritaria conclusiones semejantes; ellos es, frente a los antecedentes procesales de acuerdo a los cuales CARLOS ALBAN HOLGUIN y JORGE MARIO EASTMAN son respectivamente dueño de oficina desde la cual se hiciera llamada cuya grabación obra, y supuesto partícipe en el hecho punible, según lo anotado en otro aparte. En el juzgamiento es menester guardar equilibrio, que mantenga la tarea judicial apartada del error basado en apresuramiento; y si el manejo prudente de mucha información obrante ha permitido mantener al margen de sindicación a diversas personas, según el criterio del instructor al decidir materia de tal trascendencia, cabe esperar que el Juez de conocimiento sea igualmente ponderado en ello. El disentimiento respetuoso, frente a las decisiones tomadas por la Sala mayoritaria, se refiere al numeral 2° de la parte resolutiva, donde es revocado el llamamiento a juicio que en primera instancia se hiciera a IVÁN DARÍO MURCIA y GUILLERMO ROJAS FERRO, si bien el sobreseimiento temporal de HÉCTOR ALFONSO MATIZ, también llamado a juicio en primera instancia, coincide con el criterio del suscrito, si bien con bases diferentes, a saber la ausencia de pruebas distantes e indicios consistentes en alguna relación suya con MURCIA; el haber conducido un campero relacionado con los hechos, mas fuera de su contexto; y sus antecedentes en materia penal, que así estuvieren ligados con delitos contra la libertad individual, no han de alcanzar entidad inculpatoria por sí mismos. El salvamento de voto abarca los llamamientos a juicio contenidos en el numeral 5o. de la parte resolutiva y el sobreseimiento definitivo de PEDRO MARIA SANTANDER, pues entendemos acertado el sobreseimiento temporal respecto de las mismas personas, incluida MARTHA FILISTORF DE FRANCO, a quien se mantiene sin embargo en iguales condiciones. El numeral 9° de la parte resolutiva, ordena detención preventiva para varios de los enjuiciados en segunda instancia; el numeral 10°, que dispone órdenes de captura también en concordancia con los enjuiciamientos; y la orden de vincular como sindicado al- periodista JAIME TORRES, FERNÁNDEZ, de acuerdo al numeral 7° de la providencia de Sala mayoritaria, son igualmente materia de criterio diferente para el suscrito. Carlos V. Valencia García Magistrado

Martha Inés Carreño R. Secretaria

Anexo 3 Sentencia del juez sin rostro Nuestra Constitución Política, con el título de «los derechos fundamentales», entre otros, consagra el derecho fundamental del debido proceso, entre cuyos elementos está el derecho a la defensa y el considerar nula, de pleno derecho, la prueba obtenida por violación del debido proceso. Ahora el objetivo de la cita de las anteriores normas legales y constitucionales, obedece al propósito del análisis de las pruebas respecto a la responsabilidad de los procesados, relacionadas en la parte pertinente de esta sentencia y de cuya crítica ha de provenir la sentencia correspondiente, teniendo en cuenta los intereses entre la defensa, la parte civil y el representante del Ministerio Público. Sobre la responsabilidad de los procesados concurren en su contra, el informe y la posterior ratificación del detective José Vicente González; las confesiones de Juan Tadeo Espitia, Fredy Rivera, Rodrigo Penilla, los hermanos Rivera, Robinson Rivera, Emperatriz Santander y Betty Suárez, vertidas en las versiones rendidas ante los interrogatorios de la BIM y en las indagatorias recibidas por el Juez 47 en ese recinto. Si nos atenemos a una valoración simplista de las pruebas antes citadas, sin hacer una valoración legal de las mismas, tendría que llegar el Despacho a proferir sin más análisis una sentencia condenatoria en contra de los encausados. Pero como la función del juzgador es la de someterse a la ley, de valorar las pruebas en conjunto conforme a la sana crítica, procede este Despacho de conformidad. Como ya se dijo, durante el tiempo en que permaneció secuestrada la doctora Gloria Lara de Echeverri, no se logró establecer quiénes eran los autores del ilícito; se grabaron varias llamadas que luego sirvieron para hacer peritazgos de comparación de voces, se allegaron al proceso los anónimos, que luego sirvieron para hacer cotejos caligráficos. Pero una vez sacrificada brutalmente la dama secuestrada, dejando sobre su débil cuerpo un emblema negro con las letras ORP, traducidas esa misma noche por el victimario que llamó al periódico El Bogotano, como Organización Revolucionaria del Pueblo, hecho que conmovió los cimientos de la nación dada la calidad de la víctima y la forma como actuaron sus ejecutores, bajo los más bajos instintos mostrando la crueldad, barbarie, brutalidad e inhumanidad del grupo de delincuentes que se reivindicaron tan atroz delito. Guiada la investigación por los senderos de la sigla ORP dejada por los

homicidas, aparece el informe del detective José Vicente González, que señala a los miembros de la ANUC LS como fundadores de este grupo, salido del antiguo Movimiento Democrático Popular, que al dividirse, un grupo se denominó Partido del Trabajo de Colombia y el otro, Organización Revolucionaria del Pueblo; dando nombres de los integrantes del mismo, direcciones, labores realizadas; ratificado por quien lo suscribió y cuyo análisis se hará más adelante. Con fundamento en el citado informe, se ordena por el Juez Instructor la captura de todas las personas allí relacionadas, orden dirigida y cumplida por personal adscrito a la Brigada de Institutos Militares. Las personas capturadas fueron llevadas a esa dependencia militar, en donde se pusieron a ordenes del Juez, con versiones rendidas y ampliadas por los hoy procesados, lugar al que se trasladó el citado funcionario para tomar las indagatorias, y en donde los deponentes uno por uno y después en varias ampliaciones se auto-incriminan, haciéndose cargos en forma recíproca; hasta cuando son trasladados a la cárcel Modelo y oídos en ampliación de indagatoria. Luego en el recinto del Juzgado se retractan de lo dicho, alegando que las confesiones plasmadas en las versiones y en las indagatorias rendidas en las instalaciones de la Brigada, fueron producto de las torturas a que habían sido sometidos en las caballerizas de Usaquén. A partir del momento de la retracción de los procesados que estuvieron recluidos en la Brigada, se ha debatido en el proceso, si los mismos fueron o no objeto de torturas por parte de la institución militar. Para el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, la Parte Civil y quienes han actuado como agentes del Ministerio Público en el proceso, «no ha habido torturas» y las manifestaciones de los procesados son una «coartada urgida para exculparse». Los procesados y sus defensores reclaman como inexistentes las citadas confesiones, alegando que fueron producto de las torturas a que fueron sometidos. Al proceso se allegaron los protocolos que contienen el resultado de los exámenes físicos y psíquicos de los procesados, que alegaron ser objeto de torturas en la BIM, y las placas fotográficas que fueron tomadas a cada uno de los procesados en el momento de ser sometidos a examen. Como quiera que el llamamiento a juicio que se hizo a los encausados, tuvo fundamento en las confesiones allegadas al proceso, entra el Despacho a valorar si éstas deben considerarse como tales. Siendo la confesión, la declaración del procesado en que admite su participación en el hecho que se investiga, tiene que estar rodeada de todas las garantías que establece la ley. Pero pierde el valor como tal, cuando para obtenerla se utilizan métodos tales como la violencia física y moral, la privación de alimentos, el aislamiento total, o cualquier otro medio ilícito. Los

procesados han sostenido, que sus confesiones se lograron a través de la tortura a que fueron sometidos. Desafortunadamente en muchos países entre ellos el nuestro, todavía se utiliza el qua-estio184, patrocinado por elementos empotrados dentro del Estado, pese a la prohibición legal del uso de estos medios. No podemos cerrar los ojos y seguir sosteniendo que en el caso que nos ocupa, no se practicaron torturas a los procesados que fueron capturados y llevados a la Brigada en Usaquén. De las pruebas señaladas, se puede colegir que no sólo se dio malos tratos a los procesados que fueron recluidos en la Brigada; sino que fueron sometidos a torturas, con el fin de buscar que ellos confesaran la autoría del secuestro y posterior homicidio de la doctora Gloria Lara de Echeverri. En tal sentido, el juzgador de instancia, no tendrá en cuenta como pruebas las confesiones de que se ha hecho referencia, vertidas en las versiones y en las indagatorias de los procesados citados. Tienen razón los censores, cuando le restan credibilidad al informe suscrito por el detective González, en donde incrimina a varios de los procesados, todo por la confidencia de un informante que se abstiene de identificar. Este escrito no se puede tener por verídico o cierto por las siguientes razones: está basado en un medio probatorio no producido legalmente en el proceso; toda prueba debe tener posibilidad de ser controvertida y en el caso que nos ocupa, no pudo ser controvertida la versión del informante, por la negativa del receptor de ese dicho, que no quiso identificarlo. Por lo tanto, el investigador o sabueso, no puede guardarse como propio nada que se requiera en el proceso; y es así que en su ratificación y ampliación del mismo, no supo siquiera indicar la forma en que tuvo contacto inicial con él, las vaguedades de sus respuestas, el nerviosismo durante el interrogatorio y demás contradicciones. Por otro lado, la misma afirmación del detective, sobre la consulta de los archivos de la sección B2 a donde estaba adscrito, hace creíble o probable la hipótesis de la inexistencia del presunto informante y la invención del mismo con base en los archivos del Ejército acerca de la ORP, de donde se desprende el por qué Juan Tadeo Espitia fue el primer vinculado a la investigación, dados unos antecedentes y el registro de su casa. Además de lo anterior, le restan credibilidad al informe suscrito por el detective González a las confesiones, las siguientes pruebas, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la parte civil ni por el representante del Ministerio Público, en los alegatos de conclusión. 184

Nota de la editora: qua-estio significa torturas.

La utilización de la oficina 501 de la carrera 12 No. 23-04, de esta ciudad, durante los meses de mayo y junio para preparar el secuestro, según el informe y las confesiones, fue desvirtuada con el testimonio de José Antonio Montenegro y con los documentos que se allegaron, en los que consta que la citada oficina que había sido tomada en arriendo por la Asivipo el 21 de julio de 1982 fue subarrendada a Miguel Gamboa y Emperatriz Santander a partir del 15 de agosto de 1982; probándose así, la imposibilidad de hacerse la reunión preparatoria de que se habló antes de esa fecha. En las diferentes indagatorias, los procesados presuntamente confesaron que durante el secuestro y posterior homicidio de la señora Gloria Lara, fueron utilizados un Simca vinotinto y un Renault 4 blanco de propiedad de Hernando Franco. Pero los testigos presenciales del secuestro son muy claros en afirmar, que los secuestradores utilizaron un Renault 12 azul y un campero beige. Con lo cual se puede colegir, que estas confesiones se fueron desvirtuando con los testimonios de testigos ajenos al proceso. La prueba pericial de comparación de voces y el testimonio del periodista de El Bogotano, Jaime Torres conocido como «Antonio», dejan sin ningún valor la afirmación de Juan Tadeo Espitia en su indagatoria inicial, en el sentido de que él había llevado un sobre y lo había entregado en la recepción de ese diario y que quien había hecho la llamada en la noche del homicidio de la secuestrada, había sido Fredy Rivera. La misma prueba pericial de comparación de voces, descarta que alguno de los vinculados al proceso mediante indagatoria, a excepción de Miguel Gamboa, sea la persona que bajo el remoquete de Juan, Carlos y Raúl, intervino como representante de los secuestradores, llamando a los negociadores de la familia Lara, o al periódico El Bogotano. Al descartarse a todos los indagados como autores del telegrama remitido a Alberto Mejía, debilitan más los cargos en contra de los mismos. Las certificaciones del Fondo Nacional del Ahorro, sobre el horario que cumplía Juan Tadeo Espitia en esa entidad y las respectivas fotocopias autenticadas del libro de control de personal, en donde consta la salida del mismo durante el mes de junio de 1982 después de las 9 p.m., impedía a éste su participación, el día 23 del mismo mes y año, en el secuestro de la señora Lara. En igual condición se encontraba el mismo procesado respecto del día 28 de noviembre de ese año, cuando fue muerta y abandonada en el barrio Bonanza de esta ciudad la dama secuestrada; al allegarse los testimonios de familiares y amigos de Juan Tadeo Espitia, que dan cuanta de la permanencia de él y su novia Diana Giraldo en la casa de sus padres, con motivo de celebrar el grado de su hermana. Las diligencias judiciales llevadas a cabo en las residencias de Betty Suárez, Hernando Franco, y el apartamento de la madre de Emperatriz

Santander, muestran la imposibilidad de mantener en esos sitios a la secuestrada, si se tiene en cuenta su ubicación, la distribución de los mismos y el número de personas que vivían en cada uno de estos sitios. De Rodrigo Penilla, se allegó al proceso las certificaciones de trabajo de la empresa comercializadora de seguros, y de la escuela para adultos Pedro Poveda, además de los testimonios de quienes fueron sus compañeros de trabajo quienes dan fe de la actividad por él desarrollada y de su horario de trabajo de 6:30—8:30 pm; y de la reunión de los miércoles, entre ellas la del 23 de junio de 1982, en la cual participó Penilla. Froilán Rivera, se recepcionó el testimonio de un amigo que da cuenta de las actividades que realizó Rivera durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 1982; en el municipio de Travesías-Sucre. En igual sentido, se tiene la versión del comandante del Departamento de Policía de Sucre, que da cuenta que el antes citado, se presentó a esas dependencias. Robinson Rivera presentó certificaciones de trabajo como jefe de la Alcaldía de Sincelejo, de la Secretaría de Gobierno de Sucre, como visitador y de la Asamblea de Cundinamarca. Igualmente respecto de Fredy Rivera, se allegaron las certificaciones del SENA, sobre sus estudios, y de su trabajo en Bavaria. En igual forma, aparece el testimonio de María Eugenia Osorio, quien sostiene que permaneció en compañía de Fredy Rivera, durante el día y la noche del 28 de noviembre de 1982. Ahora bien, en el proceso aparece probado la desaparición de lo que fuera la línea política de la ANUC LS; la ORP y el nacimiento del grupo político Democracia Popular y su posterior división, polarizándose las relaciones entre el grupo del cual hacían parte Miguel Gamboa, Emperatriz Santander, los Rivera y el grupo liderado por Hernando Franco, división que los llevó a enfrentamientos de carácter personal. De lo anterior se desprende la imposibilidad de unir fuerzas para llevar a cabo una empresa criminal de tal envergadura. Así las cosas, las confesiones de los sindicados capturados no sólo han sido desvirtuadas por la comprobación de las torturas de que ya hemos hecho referencia, sino por las demás pruebas relacionadas y comentadas. Al considerar inexistentes las confesiones de los procesados antes citados, se desprende que los cargos que los mismos hicieron en las mismas diligencias contra terceros, también son inexistentes, por arrastrar los mismos vicios señalados. Además, cuando todo indicaba que la investigación había llegado a su fin, ocurre el secuestro del señor Kenneth Bishop, reivindicado por la macabra organización ORP, que en forma táctica se reivindica el secuestro de la

doctora Gloria Lara de Echeverri, al remitir sendas placas fotográficas en el sistema Polaroid, de los dos secuestrados; igualmente se exige el rescate en dólares; las pruebas periciales a los anónimos, en donde se hacen las exigencias a las familias de la señora de Echeverri y del ingeniero Bishop, aparecen escritos en una misma máquina de escribir; las voces de los negociadores a nombre de los secuestradores, son una misma en los dos casos; la prueba caligráfica al telegrama remitido por los secuestradores de doña Gloria concuerdan con las grafías tomadas a Guillermo Rojas, sin descartar la autoría de Iván Darío Murcia; sindicados del secuestro del ciudadano norteamericano y de la muerte de dos de sus guardaespaldas; la coincidencia del campero utilizado en los dos secuestros. Respecto de los detalles antes citados, despejaron más la situación de los aquí enjuiciados. No cabe duda, que estas pruebas ubican con más fuerza la responsabilidad en el secuestro de la funcionaria del Ministerio de Gobierno, en el grupo de delincuentes dirigidos por el ex-Juez Murcia, quien poco después de su captura se fugó de la Cárcel Nacional Modelo, tal como lo acostumbran hacer esta clase de delincuentes considerados de gran peligrosidad, pero que a través de oscuras maniobras logran su evasión. En su oportunidad, el señor representante de la parte civil ha sostenido la hipótesis de unidad de empresa y división de trabajo, afirmando que los hoy enjuiciados hacen parte de una misma empresa criminal con los sindicados del secuestro del ejecutivo de la Texas. Si bien es cierto que la suposición de la parte civil es respetable, este hecho no está probado en el proceso y las mismas características de los dos grupos de procesados, difieren en su estructuración. Los primeros, eran integrantes de agrupaciones políticas de izquierda, dedicados a defender políticamente a los trabajadores del campo. Los segundos, una organización de delincuencia común dedicada a la rentable industria del secuestro, si se tienen en cuenta la cantidad de anotaciones que en su contra se allegaron al proceso, en donde se les señala como posibles autores del secuestro de otros altos ejecutivos de industrias colombianas y extranjeras, que tomaron la sigla ORP, que para esa época ya había desaparecido, así como podrían haber tomado cualquiera otra para desviar la investigación y lograr así burlar los organismos de seguridad del Estado, buscando la impunidad. Si consideramos que el señor representante de la parte civil tiene razón, ¿qué diríamos de la tan montada organización criminal que confesó el secuestro y homicidio de doña Gloria Lara? Que prepara el secuestro con 2 años de anticipación, cuando utilizan dos vehículos totalmente inadecuados para una empresa como ésta, un Simca y Renault 4, del cual es propietario uno de los presuntos autores intelectuales del ilícito. Que llevan a sus propias casas a la secuestrada, en donde conviven con gran cantidad de

familiares y de particulares. Que mandan mensajes a entregar a los periódicos y pruebas del secuestro, que no toman ninguna medida de prevención cuando se hacen las primeras capturas. Que de empresa criminal no tienen nada. Que ni el más ingenuo de los mortales, realizaría un trabajo tan peligroso de la forma aquí señalada. Pero como este Despacho ya no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de Murcia, Rojas y demás sujetos que fueron cobijados por la cesación de procedimiento, se abstendrá de hacerlo. El juez de Conocimiento del Circuito de Orden Público Resuelve: Considera el Despacho del análisis de las pruebas allegadas al proceso, se puede colegir la no-responsabilidad penal de los procesados en el secuestro y asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri, respetando, pero no compartiendo los serios planteamientos del apoderado de la parte civil y del representante del Ministerio Público. En tal sentido, se deberá absolver de todos los cargos a los encausados antes, ordenando que una vez en firme esta sentencia, se cancelen las boletas de captura que pesan sobre ellos. Basten las anteriores consideraciones, para que el Juzgado de conocimiento de Orden Público de la seccional de Santa fe de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Juez de Conocimiento sin rostro