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Viernes, 11 de Marzo de 2016
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Durante un acto realizado en la Gobernación, se anunciaron hoy las obras de remodelación que se realizarán en el Teatro Argentino y en el Anfiteatro Martín Fierro del Paseo del Bosque. El intendente Julio Garro, que acompañó a la gobernadora María Eugenia Vidal durante el anuncio indicó: "Como platense y pensando en los platenses, tener la oportunidad de que estas obras comiencen en nuestra Ciudad es un honor. Las dos presentan un gran abandono, así que estoy orgulloso de que se pongan en marcha los trabajos en octubre y de que en un plazo de 17 meses podamos reabrir sus puertas". Según se anunció, en el Teatro Argentino se ejecutará un sistema de impermeabilización total para la cubierta y las terrazas y se colocarán carpinterías con el objetivo de sellar completamente el teatro ante posibles filtraciones. También se recompondrá el Sistema de Detección de Incendio, se habilitarán por completo las cuatro salidas de emergencia y se realizará una escalera presurizada y dos ascensores para cada una de ellas. Además, se modernizará y pondrá en valor la maquinaria escénica de la Sala Lírica y se realizarán ajustes y reparaciones de la cubierta acústica, alfombras y butacas de la Sala Lírica y la Sala Astor Piáosla. A la par, se llevará a cabo la reparación integral de las áreas de exposición.
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En la parte externa del Teatro, se indicó, se realizarán trabajos de limpieza a vapor y pintura antigrafiti sobre la fachada, se instalará un sistema lumínico integral, se pondrá en valor el acceso al público y se llevarán a cabo tareas de forestación. Durante el anuncio, la gobernadora María Eugenia Vidal expresó que "creo que poner estas dos obras en marcha es un mensaje. Es el mensaje de que la cultura es inversión, no es gasto; es el mensaje de que es trabajo, porque estas obras le van a dar trabajo a mucha gente; y es el mensaje de lo que somos capaces de hacer". En tanto, en el Anfiteatro Martín Fierro se llevará a cabo una obra de restauración total, que incluirá trabajos de refuerzo estructural, la refacción y puesta en valor del escenario y la adquisición e instalación de nueva maquinaria escénica. "Estando en campaña visité el Anfiteatro del Lago durante una asamblea vecinal y asumí el compromiso de encarar estas obras, así que estar anunciándolas hoy, poco tiempo después, es un orgullo", comentó el jefe comunal. En el anuncio, también estuvieron presentes el ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez; el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón; el secretario general del Gobierno, Fabián Perechodnik; y el director del Teatro Argentino, Martín Bauer.
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Los ministros de Trabajo y Economía de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas y Hernán Lacunza, respectivamente, confirmaron ayer que los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública aceptaron por mayoría la propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, "que implica un aumento del 15,06%, vigente hasta mitad de 2016". Ello se debe a que representantes de Federación de Gremios Estatales y Particulares bonaerenses (Fegeppba) acercaron a la cartera laboral la aceptación de la propuesta salarial, lo que se suma a la aceptación que el miércoles hizo la seccional provincial de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). "La mecánica de la paritaria marca que en caso de no haber acuerdo unánime, se aprueba por la opinión de la mayoría, y es por esto que, al aceptar Fegeppba y UPCN, quedó cerrada la negociación salarial por lo que queda del semestre", explicó Villegas. En tanto, Lacunza dijo que "la propuesta consiste en un aumento del 5,10% en enero y un segundo aumento en marzo, que llevará el incremento al 15,06%, vigente durante el primer semestre de 2016. A esto se agregan que se agrega al aumento de una serie de bonificaciones que perciben los trabajadores de la ley 10.430 y una suma respecto a los auxiliares docentes y personal de la salud". "Agradecemos la buena predisposición de los representantes sindicales que posibilitaron que las negociaciones hayan llegado a buen puerto, a pesar de las diferencias lógicas que siempre surgen en estos casos", agregó Villegas. En tanto, Vidal anunció ayer un plan de obras de remodelación para el Teatro Argentino y el Teatro del Lago de la ciudad de La Plata, a la vez que destacó que "la cultura es inversión y no es gasto". La presentación se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación, junto al secretario de Cultura, Alejandro Gómez; el director del Teatro Argentino, Martín Bauer, y el intendente local, Julio Garro, entre otros
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La operación que culminó con la colocación de un bono en el exterior por 1.200 millones de dólares por parte del gobierno bonaerense, quedó envuelta en un fuerte debate que involucra no sólo a la política sino también a empresarios de diversos sectores. Básicamente, la tasa del 9,375% que deberá pagar la Provincia por esa toma de deuda, disparó inquietudes y críticas, acentuadas en medio del proceso de acuerdo en el que avanza la Nación con los holdouts. Desde las huestes del ex gobernador Daniel Scioli salieron a fustigar a la gestión Vidal. El ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, afirmó que la colocación de deuda “demuestra la falacia que se intentó instalar desde el oficialismo sobre la provincia quebrada”. El dirigente se preguntó “qué inversor prestaría a una provincia en esas condiciones, más aún cuando el país no cerró el conflicto con los holdouts”. Otras espadas sciolistas apelaron a la red social Twitter para fustigar al gobierno de Cambiemos. “Haberse endeudado en 1.250 millones de dólares a una tasa del 9,375% en medio de una negociación con los holdouts, es una irresponsabilidad mayúscula”, disparó el ex senador Alberto De Fazio. Y acotó: “Si arreglando con los buitres otras provincias colocan deuda a tasas menores, Vidal y sus funcionarios debieran responder con su patrimonio”. Pero el debate llega a orillas del empresariado. Las firmas que decidieron este año salir a tomar deuda, luego de conocerse el preacuerdo alcanzado por el gobierno nacional y los acreedores de la deuda pública en cesación de pagos, observaron con preocupación el resultado obtenido por la Provincia. “Hace una semana se esperaban tasas entre dos soberanos que están en 8% y 9%, por eso los colocadores no vemos que cualquier emisión vaya a estar por debajo habrá que esperar a que el capítulo con los fondos buitre se fuentes del sector privado.
y tres puntos por debajo de los bonos alentaron a salir. Lamentablemente ahora de esa tasa. Para ver valores más bajos haya cerrado y todo esté saldado”, dijeron
El porcentaje resultó no sólo más elevado que lo que se esperaba, alrededor de 7,5% y 8,5%, sino que fue incluso más alta que la que pagaron el gobierno porteño e YPF hace un año atrás, cuando con días de diferencia colocaron deuda en el mercado externo, en momentos en que no se vislumbraba un arreglo del litigio en Nueva York. En febrero del año pasado, YPF salió al mercado y consiguió U$S 500 millones, con un bono a cinco años y a una tasa de 8,5% anual. Una semana más tarde, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también acudió al mercado, donde colocó la misma suma que la petrolera nacional, con el mismo plazo, pero a un interés de 8,95%. La última emisión del sciolismo devengó un interés cercano al 9,9%. A LA ESPERA Un año más tarde, cambio de gobierno mediante, un equipo económico mas “amigable” con el mercado y un preacuerdo alcanzado con los fondos buitre, los bancos de inversión salieron a convencer a varias empresas argentinas de que éste era el momento de salir a buscar financiamiento o
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reestructurar sus deudas, asegurándoles que la tasa a pagar iba a estar entre dos y tres puntos por debajo de la pagada en aquellas colocaciones. En este contexto de preacuerdo con los holdouts para salir del default, el director financiero del grupo IRSA, Matías Gaivironsky, dijo que se tomó la decisión de salir a refinanciar U$S 350 millones, ante “una mejora en la percepción que tiene el mundo de la Argentina y por lo tanto en el interés que hay de posicionarse en el país”. En el mismo sentido, otras compañías como Petrobas Argentina, Arcor, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Raghsa, seguirán el mismo camino de IRSA para rescatar obligaciones negociables o refinanciar bonos que vencen el año próximo, con el objetivo de bajar el interés. Sin embargo, la tasa pagada por la administración de María Eugenia Vidal encendió el alerta entre las compañías, y algunas estarían barajando la posibilidad de esperar un poco más antes de emprender el camino de los mercados.
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Estudiantes universitarios decidieron movilizarse el jueves de la próxima semana a Casa de Gobierno con el objetivo de reclamar por “la implementación del boleto educativo gratuito” que fue aprobado en 2015 y por unanimidad en la Legislatura bonaerense. El presidente de la federación estudiantil de la UNLP (Fulp), Darío Estevez, aseguró a este diario que la conducción de esa organización tuvo un encuentro con “el responsable del tema”, el director provincial de Transporte Automotor, Juan Alejandro Ezcurra, quien les expresó que habría “una serie de inconvenientes técnicos” que retrasan la instrumentación del beneficio. “Le dijimos que si hay voluntad política, los problemas técnicos se resuelven, aunque sea gradualmente. Pero nosotros no percibimos esa voluntad”, dijo Estevez. En ese marco, la Fulp convocó el lunes de esta semana una asamblea con los distintos centros de estudiantes, donde decidieron realizar “una primera movilización a Plaza San Martín el 17 de marzo”. “Aún no empezaron las clases para todos; eso ocurrirá en abril. De modo que para entonces la idea es organizar una gran marcha multisectorial. Pero ya empezó la actividad en las escuelas, venció el plazo para reglamentar la ley, y aún no hay respuestas”, se quejó el dirigente. Ayer, en tanto, representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades de La Plata, de Mar del Plata (FUM) y de Buenos Aires (FUBA) hicieron entrega en la Gobernación de pedidos de audiencia y de informes a la gobernadora María Eugenia Vidal, pues “a días del inicio del ciclo lectivo, 6 millones de jóvenes esperan el boleto gratuito que la mandataria ni siquiera mencionó en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias”, afirmaron. Estuvieron acompañados por CTA Autónoma y FUA.
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Después de los reclamos de los vecinos de Villa Elvira por falta de agua, Absa reparó un caño maestro obstruido que limitaba el servicio que reciben unas 200 familias. Las tareas se realizaron en la calle 2 y 77, donde operarios retiraron un caño obstruido que había perjudicado el normal servicio de agua. Al respecto, Marcelo Moriconi, referente del Grupo de Acción de Villa Elvira, señaló que “los operarios estuvieron trabajando a pico y pala, para encontrar la solución a este problema”. No obstante, se consignó que la presión aún no era óptima, pero al menos cada casa contaba ayer con el servicio de agua. “Llegamos hasta aquí con el reclamo colectivo y seguiremos exigiendo tener un servicio acorde a lo que uno paga mes a mes”, apuntó el vecino de Villa Elvira. Cintia Vidal, vecina de 16 entre 609 y 610, que había advertido una mejora en la provisión de agua en su hogar tras dos meses de “sequía” volvió a quedarse ayer “sin una gota”. Según señaló ahora la vecina, “Ocaba y el Defensor del Pueblo están interviniendo, pero igual seguimos con problemas en el servicio”. Por otra parte, Absa informó que operarios de la empresa trabajan en la reparación de una cañería de 500 milímetros, sobre la calle 7 y 158 de Berisso. Voceros de la empresa consignaron que como consecuencia de los trabajos, y para darle mayor celeridad a la respuesta, se redujo momentáneamente el bombeo en Berisso y Ensenada. A raíz de esa medida se advirtió que los usuarios podrían observar baja presión o, en algunos casos, falta de agua. En caso de ser necesario, se aclaró, un camión cisterna asistiría a los centros de salud de los puntos afectados.
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Dos sociedades que están detrás de la oscura planta potabilizadora de Punta Lara, se encuentran asociadas en un proyecto inmobiliario que genera profunda preocupación en Barrio Norte ante el colapso de los servicios públicos. Los responsables del vaciamiento de ABSA en la mira En la esquina de calle 7 y 35 de La Plata se levanta un enorme edificio que genera una creciente preocupación entre los vecinos de Barrio Norte, una de las zonas que resultó más castigada durante las trágicas inundaciones del año 2013.
La obra fue desarrollada por dos sociedades que están estrechamente ligadas con los responsables del deplorable servicio que brinda la empresa ABSA en la provincia de Buenos Aires. Según distintas fuentes consultadas por Hoy, hay sospechas de que una parte más que importante de la inversión realizada en 7 y 35 habrían salido de fondos aportados a modo de anticipo por una empresa estatal israelí –llamada Mekorot- que de la mano de la conducción de Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia (Sosba) busca quedarse con un negocio tan polémico como costoso: la construcción de una planta potabilizadora en Punta Lara que costaría más de 150 millones de dólares. Tal como lo viene informando nuestro diario, lejos de ser una solución a los graves problemas hídricos que padece la región, el proyecto de la planta potabilizadora, en caso de concretarse tal cual está, podría agravar aún más la problemática. Concretamente, podría significar la privatización de un recurso estratégico, conllevaría un fuerte aumento de tarifas (que se sumaría al aumento de 150% que pretenden aplicar la provincia a partir de este mes) y hasta generaría serios problemas con las napas freáticas ya que se dejarían de usar pozos que tiene ABSA en distintas zonas de La Plata. Asimismo, profesionales de carrera de la Dirección de Hidráulica de la Provincia aseguran que una obra de este tipo carece de sentido hasta tanto no se renueve gran parte de la red de distribución en
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la región, que está conformada por caños de más de cien años, en pésimo estado, que revierten cualquier proceso de potabilización. Las fuentes hablan que el anticipo para la construcción del edificio, que habría negociado en Tel Aviv el titular del Sosba, Julio Castro, y su socio empresario en el control operativo de ABSA, Marcelo Salinas, habría sido de 30 millones de dólares. No por casualidad la UTE conformada por Mekorot, por la empresa 5 de septiembre SA que conduce Castro, la firma Mako SA de Salinas (ex esposo de la vedette María Eugenia Ritó) y la sociedad Eleprint (que tiene como uno de sus máximos directivos al actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Pascual Caiella) resultó adjudicataria de la obra de Punta Lara tras un mero trámite que tuvo forma de licitación. Tan arreglado estuvo la licitación de planta potabilizadora que, el mismo día que se conocían las ofertas, el entonces gobernador Daniel Scioli estaba reunido con representantes israelíes en su despacho. Lejos de investigar lo ocurrido, en el gobierno de María Eugenia Vidal pretende reflotar el proyecto y hasta lo anunció en su discurso ante la Asamblea legislativa. Varios de los involucrados se reciclaron en ABSA y en la Autoridad del Agua. Cabe destacar que Salinas y Caiella son socios desde hace años. Ambos formaron parte del estudio jurídico de Jorge Salomoni (fallecido en el año 2006), quien fue secretario de Obras Públicas de Carlos Grosso, el ex intendente de Capital Federal que renunció tras quedar implicado en graves actos de corrupción. Salomoni, junto con Roberto Dromi, era considerado como uno de los principales ideólogos jurídicos de los pliegos utilizados durante las privatizaciones realizadas en los años ´90, que significaron ponerle bandera de remate al patrimonio nacional. Un edificio polémico El proyecto arquitectónico del edificio de 7 y 35 –denominado Málaga Haus- fue realizado por Gustavo Azpiazu (ex presidente de la Universidad Nacional de La Plata). El inmueble cuenta con parque con deck de relax, área spa, piscina cubierta y climatizada, cava de puros, gimnasio, quinchos con parrillas y baños, y solárium. Para la construcción y comercialización del Málaga Haus se conformó Fusion Haus, una sociedad donde intervienen directivos de Eleprint (Gustavo Weiss y Caiella) y de Mako. Esta última empresa tiene al ingeniero civil Horacio Castro como uno de sus principales responsables que, además de ser hermano del titular del Sosba, es el director ejecutivo de la obra de 7 y 35. Para levantar este edificio se demolió un inmueble histórico de Barrio Norte que alguna vez albergó la regional platense del PAMI, violando la normativa vigente. Según la ONG Defendamos La Plata, esa casa “estaba protegida por la ordenanza 5338 que expresamente prohíbe demoliciones, ampliaciones, cambios de uso y/o refacciones bajo cualquiera de sus formas en edificios cuya data original sea anterior al año 1930 inclusive, cualquiera sea su magnitud y/o destino”. La obra, a su vez, también genera la preocupación de los vecinos que vive en una de la zonas de La Plata más afectadas por las inundaciones del año 2013, que dejó como resultado al menos 89 muertos, varios de ellos Barrio Norte. “Moles de este tipo saturan las cloacas, quitan presión de agua e influyen negativamente en el combate de las inundaciones. La obra nos generó y nos genera preocupación”, dijo a Hoy, José Rusconi, referente de la Asamblea Vecinal de Barrio Norte. Asimismo, desde el Arzobispado de La Plata también habrían expresado su preocupación ya que, justo enfrente de ese edificio, se encuentra el monasterio Regina Martyrum y San José, que funciona desde el año 1931 y pertenece a las carmelitas descalzas. En definitiva, las aguas siguen bajando muy turbias en la provincia de Buenos Aires. Piden sacarle la concesión a Absa en La Plata El concejal platense Gastón Crespo cuestiono duramente la situación de ABSA y consideró que es necesario analizar la continuidad de la empresa prestando servicio en nuestra región. Según su opinión el municipio debe hacerse cargo del servicio de Agua y Cloacas ya que “el servicio es muy malo y nadie se explica que hicieron -y que hacen- con el dinero recaudado en concepto de tasas”. El concejal explicó que “es hora de tomar decisiones que nos trasciendan y que garanticen la eficiente prestación de los servicios sanitarios y en ese sentido es el propio municipio quien debe hacerse cargo de la defensa de los vecinos y trabajar por un servicio que sea eficiente. La situación es clara y compleja, en cada cuadra tenemos una pérdida de agua, veredas rotas por filtraciones o cloacas
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rebalsadas que exponen enfermedades a los transeúntes y vecinos. Esto debe terminar y está claro que desde la lógica no es factible la continuidad de ABSA". Crespo agregó que la opción es que el Municipio cree un “Ente descentralizado” que se haga cargo de la prestación del servicio e iniciar un proceso de negociación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires garantizando la inversión para obras que lleven el servicio al siglo XXI. También está claro que esta medida debe ser regional y hay que comunicarse con los demás municipios para poder coordinar un proyecto que sea superador pero que por sobre todas las cosas beneficie a los vecinos”. Reclamo en el interior En Punta Alta crecen los reclamos en torno a la planta depuradora -de tratamiento de líquidos cloacales-, una obra que nunca se termina, y que con el paso de los años “aumentó” en problemas. El hastío llegó recientemente al Concejo Deliberante, luego de que “la empresa ABSA nunca nos diera muchas explicaciones de la situación del servicio o datos concretos cuando el Concejo lo ha solicitado”, contaron a diariohoy.net. Ante la posibilidad del nuevo tarifazo, en el Concejo local todos los bloque políticos coincidieron en salir a poner en grito en el cielo. El concejal Daniel Medina, del monobloque Bien Común, dijo “que en la presentación indicamos nuestro rechazo dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal por aumento de tarifa de Absa, por considerar que la situación en nuestro distrito, antes de hablar de un 150%, hay que hablar de mejoras concretas para los vecinos de Coronel Rosales”.
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La realidad indica que el servicio sanitario que la Provincia presta, a través de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) es deficitario, en algunos lugares calamitoso, en otros deplorable. Nuestra ciudad es claro testimonio de esa situación, sin ser la que en peor condición se encuentra, entre las más de 90 localidades a las que atiende el Estado. Hace unos días, una vez más se verificó la falta de agua, por varias horas, como consecuencia de la obturación del acueducto principal que transporta el líquido desde el embalse de Paso de las Piedras, situación que se manifestó a partir del rebalse de las torres disipadoras de energía. Para solucionar esta circunstancia, personal de ABSA se trasladó a cercanías de Cabildo, donde luego de varias horas de trabajo logró normalizar la situación. Pese a que algunas voces de alarma mencionaron que se corría el riesgo de estar varios días sin servicio, este se regularizó en un tiempo razonable si se considera lo complejo del problema. Más allá de que en cada circunstancia adversa que sufre el servicio sanitario las críticas las recibe ABSA, no puede ignorarse que es el Estado provincial el responsable directo de no haber desarrollado un plan de obras e inversiones acordes a las necesidades de la ciudad y las lógicas tareas de mantenimiento y renovación de una instalación que tiene entre 50 y 100 años. ABSA, de acuerdo con el contrato de concesión, es responsable de “la captación, tratamiento y distribución de agua y la recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales, lo cual supone que las tareas de mejora corren por cuenta del Estado provincial, poseedor del 90 por ciento de las acciones de la empresa. El acueducto puesto en servicio en 1972 desde Paso de las Piedras trabaja, desde hace ya muchos años- al máximo de su capacidad operativa. La red de distribución está tan sobreexigida que se pincha a cada hora. Las extensiones del servicio se hacen de modo tan precario que la presión disponible es insuficiente. Las autoridades provinciales son las que deben atender esta necesidad y disponer un esquema que debe además compensar la inacción de décadas. Culpar a ABSA es un camino simple e indirecto. Pero es bueno tener en claro que el abandono tiene en los gobernantes a sus principales responsables.
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Steve Sawyer es un veterano de la lucha ambiental, pero ahora es además un hombre de negocios. Al frente del World Energy Council (WEC), aterrizó en Buenos Aires con una delegación de 24 miembros de las empresas más importantes de la industria eólica. Y aquí se reunió con el ministro de Energía, Juan José Aranguren y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros ministros, así como con las cámaras locales. El predice a partir de diciembre una inversión de miles de millones de dólares sólo para la energía motorizada por el viento, que es cuando se empezarían a hacer las primeras subastas de renovables. Pero todo está sujeto a una condición: que Argentina arregle sus cuentas con los holdouts. “Si no es así –afirma– se cae todo”. Sawyer vino acompañado por pesos pesado de la industria eólica como Acciona, Dnv Gl, Envision, FTI Consulting, Gamesa, Iberdrola, K2 management, Mainstream Renewable Power Make Consulting, Siemens, Vaisala, Ventus y Vestas. Y, según dijo, el espíritu en la delegación era de “mucho entusiasmo”. Pero advirtió que no habrá inversiones significativas al menos que se alcance una solución ratificada por el Congreso sobre los juicios en Nueva York. “Este es un buen momento porque la economía brasileña está deprimida, China se está desacelerando un poco y en oportunidades de inversión, Argentina se está moviendo rápidamente a la cabeza de la clase”, indicó. Si todo sale como está planificado, los primeros parques podrían comenzar a construirse a fin de año. Ayer, justamente, Sebastián Kind, que está al frente de la subsecretaría de Energías Renovables, anunció que ya está a la firma del presidente Mauricio Macri el decreto reglamentario de la llamada ley Guinle, que se sancionó el año pasado para fomentar el sector. De acuerdo a esta norma, en 2017 el sector de generación limpia debería expandirse al 8 % de la matriz energética, y a 20 % en 2020. “Los objetivos son muy buenos. El 8 % seguramente no sucederá en un año, porque las primeras subastas no sucederán hasta diciembre. Pero el 20 % para 2020 está bien. Es muy bueno porque tenemos una idea del tamaño del mercado. Es bueno que haya un objetivo”, indicó Sawyer. “Si el sector eólico tiene un mercado pequeño, mucho va a tener que ser importado. Pero si hay visibilidad clara, las compañías van a hacer sus cálculos. Primero vas a tener torres nacionales, luego cuchillas, lo que sea ... Habrá seguramente sociedades entre compañías internacionales con proveedores locales para estas cosas. El costo de enviar paneles solares desde China es nada, pero una cuchilla de 75 metros para una turbina es algo totalmente diferente”. Sawyer se entusiasma cuando habla del viento patagónico, que es considerado como de clase 1: el mejor de todos, por su fuerza y constancia. “Es una fuente gratis de energía, es completamente local. Son vientos de la Argentina: tienen que usar lo más que puedan”. Según él, los primeros parques deberían estar en zonas planas, cerca de las líneas de transmisión. Pero eso se verá. Aseguró también que es posible reemplazar la energía de las represas de Santa Cruz con parques eólicos. “¿Es más barato? Dependen de muchas cosas. En Brasil, el viento compite en precio con las represas recién construidas. Y esto también es verdad en muchos países. Más barato que el viento de la Patagonia, no existe nada”, concluyó.
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emergencias.
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Con una reunión de “mesa chica” que se extendió por casi tres horas, el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria firmó ayer una paz inestable, luego de los violentos incidentes que enfrentaron a trompadas a legisladores de ese espacio el miércoles pasado. La bancada, cruzada por tensiones internas, acordó consolidar una mesa de conducción con representantes de todos los sectores que ocupará el vacío abierto luego de que José Ottavis presentara su renuncia formal a la jefatura del bloque. El encuentro de ayer, que se realizó en la sala de reuniones del bloque, fue convocado luego del escándalo que se produjo el miércoles, cuando dos diputados se tomaron a golpes de puño en medio de una discusión por cuestiones internas y por el reparto de las comisiones legislativas. En la reunión, los distintos sectores acordaron bajar el tono a la polémica y enviar un mensaje de unidad a propios y extraños. Y confirmaron la creación de una mesa de conducción que tendrá unos seis integrantes, en representación de cada una de las líneas internas que dividen la bancada. En ese espacio estarán el ex presidente de la Cámara, Horacio González; el referente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro; Walter Abarca, en representación de un grupo de 13 diputados alineados con distintos sectores del PJ; dos embajadores de La Cámpora: Juan Debandi, cercano a José Ottavis, y Lauro Grande, que responde a Andrés “Cuervo” Larroque, y el diputado Marcelo Torres. A esa mesa se sumarán también Marcelo Feliú y Patricia Cubría, en carácter de vicepresidentes Primero y Tercero de la Cámara. COMISIONES “Por ahora vamos a funcionar así. No sé por cuánto tiempo”, explicó Abarca ayer en declaraciones al final de la reunión, en la que también se habló de volver a insistir al oficialismo con el planteo para que revea el reparto de comisiones. En el Frente para la Victoria están disconformes con las once
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presidencias que le corresponden según el esquema que delinearon con acuerdo de Cambiemos y el Frente Renovador. “No estamos para nada de acuerdo con eso. Y vamos a pedir que se vuelva a discutir. Tenemos 36 miembros y somos primera minoría y recibimos menos que un bloque que tiene 20”, disparó ayer Horacio González a la salida del encuentro. El reparto de comisiones fue el disparador del episodio que protagonizaron el miércoles por la mañana los diputados Aníbal Regueiro y Andrés Quinteros, en el que hubo empujones, golpes de puño y alguna amenaza. Quinteros, que había sido designado por el bloque para llevar la negociación con el oficialismo, buscó bajar ayer el tono de la polémica. “No hay problema ni con Ottavis, ni con Regueiro”, dijo. Una actitud similar tomó Regueiro, quien además salió a desmentir que en el altercado con Quinteros haya exhibido un arma de fuego y que hayan cruzado trompadas. “Hubo aireadas pero ni armas de fuego ni piñas. Sí hemos discutido porque yo no quería que las comisiones se repartan entre gallos y medianoche. Pude haber levantado la voz. Yo estaba enojado porque José renunció pero su vida privada, es su vida privada. Es una página dada vuelta”, reconoció el legislador, quien además es intendente de Presidente Perón en uso de licencia. Pero el del Regueiro con Quinteros no fue el único enfrentamiento que se registró en la jornada del martes. Por la noche, el “Chino” Navarro y César Valicenti, de La Cámpora, también protagonizaron una fuerte discusión con reproches en tono elevado por la salida de Ottavis de la presidencia de la bancada. CONVIVENCIA Por ahora, en el día después a la jornada del martes, marcada por gritos, reproches y una pelea con golpes de puño, desde los distintos sectores afirman que el bloque seguirá unido. “No nos conviene romper”, se sinceran. Otros, en cambio, no son tan optimistas. “La ruptura es posible en esta situación”, afirmó Quinteros en diálogo con EL DIA. “Perdimos las elecciones y muchos todavía no entienden que la lógica política cambió”, destacó el diputado de San Nicolás.
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El Gobierno y la oposición coincidieron en calificar como “superadora” la contraoferta que el Ejecutivo acercó ayer a los 24 gobernadores para devolver el 15 por ciento de la coparticipación que retiene la ANSeS. Así lo expresaron ayer referentes de ambas partes, luego de la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el ministro del Interior Rogelio Frigerio en la Casa Rosada. A pesar de que nadie se atrevió a anunciar todavía un acuerdo, varios gobernadores concedieron en que sus legisladores darán quórum para discutir el pago a los holdouts en el Congreso. El Ejecutivo nacional cedió y aceptó pagar el 3% -un quinto del total- este año en efectivo, algo que no estaba previsto en el decreto presidencial que los gobernadores rechazaron. Además,ofreció instalar algún tipo de “herramienta financiera” para cancelar la deuda en 4 años en vez de 5, como era el plan original, que equivale a endeudarse por una suma equivalente a 3 de los 15 puntos porcentuales que reclaman. La administración de Mauricio Macri ofrecería a las provincias un pagaré equivalente al monto que cada provincia recibirá como devolución este año. En la Casa Rosada piensan en un “documento” respaldado por el Tesoro Nacional que la provincias puedan vender a los bancos. La contraindicación es la tasa de descuento cercana al 35% que podrían adquirir las instituciones financieras. No está descartado, sin embargo, que el Tesoro otorgue avales para que sean las provincias las que negocien y asuman préstamos. “Olvídense del decreto, lo importante es empezar a discutir y encontrar una solución”, dijo palabras más-palabras-menos Frigerio apenas comenzó la reunión. Desde las 11.45 y durante más de una hora, el titular de Interior dialogó con los mandatarios provinciales en el Salón Norte de la Casa Rosada, próximo al Salón Blanco. El Presidente no quiso perderse una foto inusual en la política doméstica y, antes del inicio de la reunión, pasó a saludar.
11 de Marzo de 2016
Se sentó en la cabecera junto a su ministro político y les transmitió a los gobernadores su satisfacción por la reunión y su confianza para llegar a un acuerdo; luego se retiró. En el mismo rincón estaban sentados sus principales aliados, la gobernadora María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno casi no habló. La gobernadora, en cambio, advirtió que reclamará lo que le corresponda a la Provincia. "Fue discriminada durante años”, dijo. Varios de los presentes destacaron el “buen clima” del encuentro a pesar de un cruce que protagonizaron Alicia Kirchner y el jujeño Gerardo Morales. Los únicos ausentes resultaron el mendocino Alfredo Cornejo y la catamarqueña Lucia Corpacci, que fueron representados por su vices Laura Montero y Octavio Paz. También participaron de la reunión el titular de la ANSeS Emilio Basavilbaso y su par de la AFIP Alberto Abad, que por ahora no está dispuesto a reconocer el 1,9% que el organismo fiscal le adeuda a las provincias, según los gobernadores. Para seguir avanzando se acordó una reunión próxima entre funcionarios de Interior y los ministros de Economía de cada provincia y una mensual con todos los Gobernadores. La condonación de deudas provinciales con la Nación y otras variantes para aliviar la situación financiera de las provincias se aliviarán caso a caso. Al terminar la reunión, Frigerio, el sanjuanino Sergio Uñac, la fueguina Roxana Bertone y el neuquino Omar Gutiérrez brindaron una conferencia de prensa. Los tres gobernadores calificaron como “superadora” la oferta del Gobierno. Lo mismo hizo el salteño Juan Manuel Urtubey vía Twitter y el jujeño Morales, que mantuvo una reunión privada con el Presidente. Entre los más duros -el tucumano Juan Manzur y el formoseño Gildo Insfrán- hubo silencio. Solo habló el pampeano Carlos Verna, que prometió "estudiar la oferta" y pegó duró. “Mejoraron porque no mencionaron el Decreto. Se van a tener que hacer un avioncito con eso. Los gobernadores tenemos derecho a discutir la coparticipación porque está en la Constitución y no en un decreto”, advirtió. Durante la conferencia, los gobernadores apoyaron la propuesta del Gobierno para pagar a los buitres y derogar las leyes de Pago Soberano y Cerrojo en el Congreso. “Entiendo que hay que dar el quórum para una decisión final que puede servir al pais”, sostuvo Uñac. En su entorno reconocían, sin embargo, queno tienen injerencia sobre los senadores de su provincia, que votarían en contra. Bertone, que no tiene diputados propios, también manifestó su entusiasmo en llegar a un acuerdo. ”Estamos muy interesados en que se pueda dar una solución con los fondos buitre, sobre todo en mi provincia; necesitamos financiamiento para infraestructura”, reconoció. La gobernadora agradeció a Frigerio, que había dicho que ayer solo se discutiría sobre el 15 por ciento y rechazó que la negociación por la coparticipación y los fondos incidiría en aquella de los buitres. “Nadie puede decir que se siente presionado”, agregó. En el Gobierno, de todos modos, había alivio. Si hay acuerdo con los holdouts y el gobierno lo permiten, varios distritos colocarán deuda en el interior y en el exterior. "Planteamos una devolución del 15% de acuerdo a las posibilidades que tiene un Estado quebrado", sentenció Frigerio. El ministro sorprendió al prometer con los gobernadores una nueva Ley de Coparticipación antes de 2019, una posibilidad que las espadas parlamentarias del Gobierno calificaban como inviable en privado y que Marcos Peña rechazó en enero.
11 de Marzo de 2016
Acorralado por la denuncia de presunta contaminación de la escena de la muerte del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, el comisario general Román Di Santo dejó de ser el jefe de la Policía Federal Argentina. Y, al igual que él, también pidió la baja de la fuerza el subjefe, Héctor Tebes. Sin respaldo político, Di Santo, que había sido designado en diciembre de 2012 por Cristina Kirchner, renunció luego del cuestionamiento expresado por la jueza Fabiana Palmaghini en la foja 36 de la resolución en la que decidió declararse incompetente para seguir con la investigación de la muerte de Nisman. A Di Santo podría sucederlo una mujer; sería la primera en la historia de la Federal. Según pudo saber LA NACION, la comisario general Ester Mabel Franco, que está al frente de la Superintendencia de Asuntos Internos, y el comisario mayor Néstor Roncaglia, el poderoso jefe antidrogas de la fuerza, fueron citados anoche al Ministerio de Seguridad. Podrían convertirse, en horas, en los nuevos jefes Un hombre cansado que se quedó sin respaldo La diputada nacional Elisa Carrió había acusado a Román Di Santo de ser parte de un supuesto plan delictivo diseñado por funcionarios del gobierno anterior para entorpecer la causa Nisman. Según fuentes oficiales, el hecho de que ningún funcionario del actual defenderlo ante la acusación pública de la diputada Elisa Carrió también comisario general que comandó la Policía Federal durante los últimos tres kirchnerista y los primeros tres meses de la gestión del presidente Mauricio
Poder Ejecutivo saliera a influyó en la decisión del años de la administración Macri.
En diciembre de 2012, cuando el Ministerio de Seguridad era conducido por Nilda Garré, Di Santo fue puesto en funciones. Tenía 42 años en la fuerza y toda su carrera la realizó en la Superintendencia de
11 de Marzo de 2016
Comunicaciones. El jefe policial se mantuvo en ese cargo durante los recambios en la conducción ministerial kirchnerista. El 11 de diciembre pasado, al asumir el nuevo gobierno, Di Santo había presentado la renuncia de rigor, pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió que se quedara en el cargo para supervisar el proceso de traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita porteña, labor que demandaría un año. Pero ayer, sorpresivamente, Bullrich le aceptó la renuncia. Aunque todavía no fueron designados los reemplazantes de Di Santo y el subjefe, comisario general Héctor Tebes, anoche, minutos después de las 20.30 fueron convocados al Ministerio de Seguridad la comisario general Ester Mabel Franco, quien se desempeña como superintendenta de Asuntos Internos, y el comisario mayor Néstor Roncaglia, a cargo de la superintendencia de Drogas Peligrosas. En caso de ser designada, Franco podría convertirse en la primera mujer al frente de la Policía Federal. Si bien, entre los integrantes de la plana mayor de la Policía Federal se afirmaba que estaba previsto que Di Santo dejaría su cargo en los próximos meses, la renuncia del jefe los tomó por sorpresa. Durante los tres primeros meses Di Santo asumió el desgaste provocado por haber sido el máximo responsable de la fuerza de seguridad en momentos en que la Policía Federal, dejó de ser una institución con casi 40.000 efectivos. Un mes después de continuar en la jefatura de la fuerza, le sacaron el manejo de las 54 comisarías y la mayoría de los cuarteles de bomberos, que pasaron a integrar la denominada Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires. La nueva fuerza de seguridad respondería a quien era un subordinado suyo, con quien mantuvo notables diferencias de criterio, el comisario general Guillermo Calviño, quien recibiría órdenes directas del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ayer, Di Santo convivió a pocos metros de su despacho del primer piso de Moreno 1550 con el jefe de la nueva fuerza de seguridad y que ya no obedecía sus órdenes. A pesar de haber perdido poder, Di Santo siguió adelante con la gestión del traspaso. Pero, hace diez días, la jueza Palmaghini cuestionó su desempeño la noche del hallazgo del cadáver del fiscal Nisman en el departamento del edificio Le Parc, en Puerto Madero. Aunque su presencia en el departamento de Nisman fue criticada, ningún juez lo había llamado a declarar. "En relación a la actividad asumida por el entonces secretario de Seguridad e incluso el propio jefe de la Policía Federal, se indicó que «llegó el doctor (Sergio) Berni e ingresó en el departamento, venía embarrado no sé de dónde; luego el jefe de la Policía Federal, Di Santo, ingresó también en la morada». Esta cita, no fue brindada por un simple civil o por un efectivo de la Prefectura que intervenía en el proceso, sino por un integrante de la Policía Federal que formaba parte de la custodia del fiscal Nisman", expresó la jueza Palmaghini en el fallo en el resolvió que la muerte de Nisman debía ser investigada en la justicia federal. "No mantenga a Di Santo como jefe de la Policía Federal, porque ensució el crimen de Nisman", exclamó Carrió el martes a la noche en el programa de TV Animales sueltos. Hace casi un año, Carrió presentó una denuncia contra ocho funcionarios por el presunto entorpecimiento de la investigación de la muerte del titular de la fiscalía que investigaba el atentado terrorista ocurrido en julio 1994. En su presentación, Carrió acusó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; al ex jefe del Estado Mayor del Ejército teniente general César Milani; al ex secretario de Seguridad Sergio Berni; al jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo; al comisario general Roque Luna, a cargo de la Superintendencia de Interior, y a otros tres oficiales. Esta denuncia recayó en la fiscalía federal a cargo de Guillermo Marijuan, quien presentó un requerimiento ante el juez federal Norberto Oyarbide, aunque hasta el momento el magistrado no aplicó ninguna medida contra los imputados.
11 de Marzo de 2016
El aumento de precios no afloja. El IPC Congreso -un promedio de varios índices privados- y el de la Ciudad de Buenos Aires, ambos difundidos ayer, confirmaron que la inflación se encuentra aún por encima del 4% y, según la medición que se elija, cercana a 5 por ciento. En el cálculo interanual ambos índices confluyen entre un 32,9% y 33,9%, por arriba de la meta oficial de 25 por ciento. En el Gobierno estimaron que la suba del nivel general fue consecuencia, en gran parte, del tarifazo de hasta 500% de la electricidad anunciado el mes pasado. A eso se le sumó la devaluación de alrededor del 60% tras la salida del cepo cambiario. Tanto en la dirección estadística porteña como en el Ministerio de Hacienda indicaban ayer que, eliminado el peso de ese servicio en el índice, la inflación reflejó un proceso de desaceleración que se profundizaría en el segundo semestre del año, a pesar de que el oficialismo tiene pensado revisar otras tarifas de servicios, como el gas y el transporte, en los próximos meses. Las estadísticas siguen malditas. Si bien el IPCBA mostró una leve desaceleración de 4,1% a 4% entre enero y febrero, el dato difundido por el massismo en el Parlamento registró una fuerte aceleración: del 3,6% en el primer mes del año a 4,8% durante el mes pasado. Sin embargo, Sergio Massa avaló ayer la postura oficial. Al presentar el número afirmó: "Este número trae una inercia producto de lo que denunciamos que son las acciones especulativas de noviembre y diciembre, más la devaluación. Aspiramos a que a lo largo del año se vaya amortiguando y disminuyendo". "El IPCBA de febrero fue del 4%, inferior al de enero", escribió en Twitter José Donati, director de la Dirección General de Estadística y Censos porteño. Anualizada, la inflación llegó a 32,9% y en el primer bimestre sumó un 8,3 por ciento. "Sin contar el aumento en la luz (1,3%) la inflación fue de 2,7%", agregó Donati. El informe oficial indicó que la variación mensual de los bienes fueron de 2,9%, mientras que los servicios tuvieron alzas de 5 por ciento. "La inflación núcleo se desacelera. Se ubicó en el 3 por ciento. En diciembre fue de 4,5% y en enero, de 4,1 por ciento", agregó Donati. "En el segundo semestre, estos factores exógenos [tarifas] van a desaparecer y veremos una desaceleración en el nivel general", dijo el técnico en diálogo con LA NACION De acuerdo al IPCBA, los alimentos subieron el mes pasado un 3,8%, impulsados por las subas en frutas (14%) y en los lácteos (3,5%). La carne tuvo aumentos moderados (1,7%). En tanto, el dato de inflación de febrero del IPC Congreso mostró un alza de 4,8 por ciento. Según algunos especialistas consultados por LA NACION, las diferencias entre ambos índices podría tener que ver con los ponderadores utilizados para explicar el peso de algunos servicios -cuyas tarifas estuvieron durante años congeladas- en el cálculo de los índices de precios. Según la medición difundida por los diputados del Frente Renovador y del Interbloque Progresistas, en base al promedio de diferentes consultoras la inflación en el primer bimestre del año fue de 8,6%. La medida interanual, en tanto, alcanzó 33,9 por ciento. "Es muy importante entender que mas allá de los problemas de inversión que pueden tener las empresas, la gente hoy tiene un problema que es la inflación", afirmó Massa. "El Estado no puede estar ajeno u ocupado únicamente en resolver los problemas de las empresas", agregó. Desde diciembre pasado, el Indec dejó de publicar datos oficiales de inflación. Después de nueve años de falsificación de las estadísticas por parte del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, el organismo estadístico dirigido por Jorge Todesca informó semanas atrás que en junio publicará un nuevo índice de precios provisorio con datos de la dirección estadística porteña, relevamientos propios para el Gran Buenos Aires y acuerdos con provincias grandes. Sin embargo, Todesca aclaró que el nuevo IPC no medirá la inflación del primer trimestre, o sea los meses en los que se registran alzas importantes por la devaluación del peso, la suba de tarifas de la
11 de Marzo de 2016
luz y la quita de retenciones en el campo. Por eso, el índice que será elaborado por el director técnico del Indec, Fernando Cerro, no tendrá un número anual. Cerro fue denunciado en 2014 por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay por la manipulación del dato de crecimiento de 2008. "Este sabe lo que hay que hacer, ya que trabajó también en el gobierno nacional y popular", dijo el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en una entrevista con este diario. Los datos anualizados de inflación conocidos ayer ya superan la pauta del 25% para 2016 estimada inicialmente por el Gobierno. Incluso una encuesta de SEL Consultores afirmó que las empresas esperan un 30% para el año. Los sindicatos, en tanto, un 33 por ciento.
11 de Marzo de 2016
Llegan facturas de luz con más del 700% de aumento Los usuarios ya reciben las boletas con el nuevo cuadro tarifario energético y, según DEUCO, los incrementos, en algunos casos, llegan incluso hasta un 700 por ciento y lo sufren sectores de bajos recursos. Las facturas de luz con el nuevo cuadro tarifario estrenado en febrero están llegando a los hogares argentinos con aumentos de más del 700%, reveló una asociación de consumidores que denunció que hay casos de familias de bajos recursos que recibieron boletas de hasta 2500 pesos. "Tenemos registrados casos de facturas con 718% de incremento", señaló a este diario Pedro Busetti, titular de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores) quien agregó que "lo peor es que hay gente de bajos recursos que está sufriendo el mayor impacto de la suba". Precisó que "hemos visto facturas correspondientes a familias humildes del conurbano con boletas de $2500, cuando el gobierno había prometido contemplar la situación de los sectores más vulnerables". Busetti consideró que existen lagunas en la normativa que aplica las nuevas tarifas que no contemplan situaciones de familias con ingresos insuficientes para afrontar los nuevos precios de la luz. "Estamos muy preocupados porque se trata de gente que si bien es cierto que consume mucho no puede pagar la boleta de luz porque no le alcanza con lo que gana", dijo y ejemplificó con el caso de una familia de un vendedor ambulante que recibió una factura de 2400 pesos. "Al no ser jubilados o pensionados ni tener trabajo en relación de dependencia no categorizan para la tarifa social y reciben la tarifa plena. Son hogares electro dependientes que no tienen agua ni gas de red domiciliaria y están obligados a consumir electricidad intensivamente", explicó. El titular de DEUCO indicó que hay otras situaciones no contempladas dentro de la normativa, como la de una familia integrada por tres discapacitados que no acreditan un mayor consumo de energía eléctrica fundado en problemas de salud. "Son casos que no están contemplados cuando es evidente que deberían estarlo", indicó. Busetti indicó asimismo que otro de los sectores que debieran estar incluidos dentro de un esquema de tarifa atenuada. Se refirió a entidades de bien público que realizan servicios sociales no remunerados y que son considerados como entidades comerciales a los efectos de la aplicación de las nuevas tarifas. "Tenemos el caso de una Caja de Auxilio de Ramos Mejía que brinda atención de salud en forma gratuita y que recibió una boleta de 9000 pesos cuando antes pagaba 2000 pesos", indicó. "Tampoco están contemplados merenderos, comedores comunitarios y otras ONGs que pagan la luz con tarifa plena. Esto demuestra falta de sensibilidad social de quienes diseñaron esta normativa, que no saben como vive un vecino de La Matanza o Florencio Varela", señaló Busetti. Según los análisis de DEUCO, las facturas residenciales aumentaron entre 473 y 758 por ciento.Esto implica que para un consumo de 800 Kw por el que antes se pagaba 80 pesos, ahora se deberá abonar 700 pesos, es decir, un 714 por ciento más. "Esto es lo que pasa con los hogares donde el agua se saca de las napas con motobombeadores eléctricas y se calienta con termotanque y al no tener gas de red se cocina con electricidad", explicó Busetti. Para el comercio, en tanto, el incremento representa el 400 por ciento y es motivo de quejas del sector.
11 de Marzo de 2016
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, proyectó este jueves que la inflación registrará un fuerte descenso en la segunda mitad del año y se situará en niveles cercanos al 1 % mensual. "Muy probablemente en la segunda mitad del año vamos a estar en niveles de inflación del 1 % mensual, que ya es más compatible con la meta del año siguiente del 12 %", dijo el ministro durante su intervención en un seminario económico en la capital chilena. Prat-Gay admitió que en los primeros meses de 2016 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) argentino fue elevado, con un 8,3 % entre enero y febrero, aunque descartó que haya una "inercia inflacionaria" y vaticinó una mejoría de cara al futuro. El ministro dijo que confía en no superar el techo del 25 % establecido para este año y reducir la tasa de inflación al 5 % en un periodo de cuatro años. El jefe de las finanzas argentinas comenzó su visita de dos días a Chile con la participación en un seminario organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que reúne a sectores industriales y productivos, en el que también intervinieron el ministro chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés; y el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Prat-Gay repasó las líneas generales de la política económica del Gobierno del presidente, Mauricio Macri, para avivar las finanzas del país. Además defendió la decisión de Macri de negociar con los fondos buitre que llevaron a juicio al país en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001.
11 de Marzo de 2016
"La dimensión secular del juicio no tiene que ver con la magnitud del diferendo, sino con un soberano que estuvo 15 años sin resolver el problema y con consecuencias directas y no directas que no aparecen en el monto que se negocia", dijo el ministro en alusión al comportamiento de los gobiernos kirchneristas. El acuerdo, que implica una reducción del 25 % en promedio sobre el monto que el juez neoyorquino Thomas Griesa condenó a Argentina a pagar a los litigantes, debe ser aprobado primero por el Congreso, que además deberá derogar las leyes cerrojo y de pago soberano que mantienen cerrados los canjes de 2005 y 2010. Prat-Gay reconoció que posiblemente no todos los fondos de inversión acepten la oferta del Gobierno, una decisión poco recomendable porque una vez se haga el primer pago será difícil para los fondos obtener condiciones más favorables. Entre las actividades del ministro en su visita a Santiago figura una reunión con el canciller chileno, Heraldo Muñoz, y una exposición en el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI).
11 de Marzo de 2016
La "reorganización ministerial" llevó al Gobierno a pisar pagos a proveedores y contratistas y el déficit primario se redujo 90,5% interanual en enero, informó ayer el Ministerio de Hacienda. El primer mes del año terminó con un rojo primario de $ 548 millones. El déficit financiero, luego del pago de intereses, se profundizó hasta $ 2197,1 millones, con una reducción interanual del 83,6%, según la información oficial. El jefe de asesores de la Secretaría de Política Económica, Vladimir Werning, explicó que la fuerte reducción del déficit se debió a que las transferencias corrientes crecieron apenas 7,1%, hasta $ 26.821,9 millones, lo que llevó al gasto corriente a subir 22,9% interanual, sustancialemente menos que el 34,5% de expansión registrado durante todo 2015. Eso, aclaró, se debió a la "reorganización ministerial", que llevó a demorar pagos en obra pública y otros ítems, y se irá regularizando. Del otro lado, los ingresos tributarios crecieron 28,7%, con un aporte extraordinario del impuesto a las Ganancias que el Gobierno cobró a los bancos por sus contratos de dólar futuro. Por eso, Werning aclaró que el Gobierno continuará con una reducción "gradualista" del déficit, para terminar 2016 con un rojo primario de 4,8% del PBI. La cartera que conduce Alfonso Prat-Gay cambió la metodología para computar las cuentas públicas. A diferencia de la gestión kirchnerista, quitó las rentas de la propiedad del Banco Central y de la ANSeS de los ingresos corrientes y comenzó a informar esas sumas de dinero "debajo de la línea" del resultado primario, junto con los intereses de deuda. El jefe de asesores de la Secretaría de Política Económica, Vladimir Werning, explicó que eso permitirá "mejorar el entendimiento de cuáles son los recursos sostenibles". En otras palabras, el Gobierno quiere que los ingresos corrientes, como la recaudación, se equiparen con los gastos corrientes y de capital, y que los ingresos extraordinarios se computen con el pago de intereses. En la práctica, esta forma de medición agranda el déficit primario, pero no cambia el rojo financiero, ya que el resultado tras los pagos de deuda equivale al resultado primario más rentas de la propiedad menos intereses. Este cambio metodológico quedó plasmado en la presentación de los resultados de 2015. El Gobierno informó ayer que el déficit primario del año pasado trepó a $ 291.660 millones, y representó un 5,4% del PBI. El déficit financiero fue de 5,3%, con aportes del Banco Central por $ 78.120 millones y fondos de la ANSeS por $ 52.200 millones. Ambos ítems se incrementaron en un 11,4%. El déficit primario subió 71,3% interanual y el financiero, 130%. Para Werning, la reducción del déficit primario desde 5,4% del PBI a la meta de 4,8% para 2016 es ambiciosa. Prat-Gay calculó que la quita de retenciones y la salida del cepo cambiario, que incluye la devolución de retenciones a cuenta de Ganancias, agregará 1,3 puntos de "esfuer zo fiscal". "El gradualismo es generar una transición de la manera más pacífica. El estado ha sacrificado 1,3% del PBI en recursos", explicó el funcionario ex JP Morgan.
11 de Marzo de 2016
Con la unificación de las tres CGT entre ceja y ceja, se reunieron dirigentes de todos los sectores que integran la central obrera para avanzar en una agenda común. “Vamos a juntar un millón de firmas como base para que se dicte la emergencia ocupacional y para que se modifique el Impuesto a las Ganancias”, aseguró a Página/12 el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y agregó: “Veremos si es con una movilización o de qué forma”. El encuentro fue un paso importante para la fusión en una sola organización obrera, aunque por el momento sólo se trata de “una agenda común”. La posibilidad de llamar a un confederal para elegir autoridades en agosto revoloteó el encuentro, pero sin definición.
“Todos los dirigentes sindicales que estábamos en la mesa estamos de acuerdo en la unidad de acción y la unidad del movimiento obrero”, destacó el dirigente ferroviario al retirarse de la reunión que mantuvieron por dos horas los referentes del sindicalismo cegetista, dividido en la CGT oficial que conduce Antonio Caló, la CGT Azopardo del camionero Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca que lidera el gastronómico Luis Barrionuevo. A partir de los despidos masivos en el Estado y su correlato en el sector privado, los dirigentes de las CGT comenzaron a evaluar dejar de lado sus diferencias para intentar recorrer el camino que vaya acercando las posiciones para llegar a una fusión de los tres espacios gremiales en una sola central. “Hablamos de la posibilidad de un confederal en agosto, pero depende de las reuniones periódicas que vayamos teniendo y el debate en la base que nos lleve hacia la unidad”, apuntó Sasia, dejando entrever la fuerte premisa de los gremios de caminar hacia una sola CGT. La reunión fue el correlato de un encuentro que mantuvieron el 25 de febrero pasado, en el que las tres cabezas de las CGT se reunieron por primera vez para comenzar a analizar el escenario político que fue configurando el macrismo desde que asumió en diciembre. Uno de los puntos centrales que trataron los sindicalistas es el conflicto que genera en el mundo laboral el Impuesto a las Ganancias. De hecho, fue uno de los ejes analizados junto a los despidos, y determinaron una agenda común en la que los puntos centrales fueron “la realidad de la inflación y el aumento del valor de la canasta básica, los despidos en los sectores privado y público, el trabajo no registrado, el impulso a campañas de control de los formadores de precios y el acceso escalonado jubilatorio al 82 por ciento móvil”, explicó Sasia, satisfecho porque “es la agenda que acercó el MASA”, el espacio gremial que lidera el taxista Omar Viviani y que hace poco le quitó el apoyo a Caló. Llamativamente, el metalúrgico Caló llegó acompañado por Barrionuevo. Buscando el efecto de una posibilidad real de unidad, los dirigentes que hace pocos meses se sacaban chispas con acusaciones cruzadas, hablaron con la prensa uno junto al otro. Sasia destacó que definieron “juntar un millón de firmas para que se declare la emergencia ocupacional y se apure el tratamiento del proyecto de ley para modificar Ganancias que vamos a presentar en el Congreso”. Al finalizar el encuentro, Barrionuevo se entusiasmó al señalar que “estaremos en la calle acompañando a los diputados que vayan a defender los intereses de los trabajadores. A lo mejor marchamos al Congreso cuando se trate la ley del Impuesto a las Ganancias”. Los dirigentes de la CGT trataron los problemas que enfrenta en el Congreso el decreto de Ganancias de Macri como “la crónica de una muerte anunciada”, según palabras del bancario Sergio Palazzo. Todos los dirigentes se expresaron en contra del “proceso inflacionario y la política desmedida de importaciones, que genera problemas a textiles y metalmecánicos”.
11 de Marzo de 2016
11 de Marzo de 2016
La Fiscalía de San Pablo pidió hoy a la justicia el arresto preventivo para el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó la prensa brasileña. De este modo el minsiterio público amplio la ofensiva judicial que planteo el miercoles cuando acusó de cuatro delitos, desde estafa a blanqueo, al ex mandatario, su mujer y uno de sus hijos. La novedad tiene fuerte impacto político. Es la primera vez en la historia del país que se solicita la prisión de un ex mandatario. Pero hasta ahora la justicia no se expidió sobre la denuncia de los delitos ni tampoco sobre la nueva demana. Los delitos planteados por la fiscalía son lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, asociación ilícita y falsedad ideológica. El eje del planteo es un triplex cuya propiedad se le adjudica al ex presidente y este niega.
11 de Marzo de 2016
La Eurozona está más débil de lo que parece. En diciembre se preveía un crecimiento del 1,7% para este año y ya se reconoce que con suerte será del 1,4%. El Banco Central Europeo anunció hoy un aumento inédito de los estímulos monetarios ante el debilitamiento del crecimiento económico y el riesgo de que la Eurozona caiga en deflación. Las bolsas subieron y el euro cayó con fuerza respecto al dólar por unos minutos para volver a subir y quedar por encima de su tasa de cambio de ayer. El instituto emisor del euro, presidido por el italiano Mario Draghi, anunció la reducción de su tasa principal cinco puntos básicos hasta el 0,00% y de la tasa de depósito –lo que pagan los bancos para que el BCE les guarde el dinero- hasta -0,40%. Esa práctica penaliza a los bancos por guardar el dinero en el BCE para empujarles a prestar. Pero tiene contraindicaciones: daña los beneficios bancarios pues en realidad funciona como un impuesto y reduce los márgenes de beneficio de la banca. Es una de las razones de la caída de las acciones de los bancos. No está claro que funcione porque muchos bancos prefieren pagar esa tasa que prestar. Para compensar, Draghi les aclara que no exigirá que aumenten su margen para cubrir pérdidas. Además, el BCE aumentará en 20.000 millones de euros mensuales –hasta 80.000- su programa de compra de deuda –que se dedicará también a bonos privados y no sólo de deuda pública como hasta ahora-. El programa funciona desde marzo del año pasado y está previsto que dure al menos hasta marzo del próximo año. En junio se lanzará otro masivo programa de préstamos a bancos, a cuatro años, con tasas al nivel de la de depósito. Es decir, que el BCE pagará a los bancos por prestarles dinero. Draghi intenta aumentar la inflación sin dañar más a los bancos. El italiano lleva semanas diciendo que no va a parar de luchar contra la baja inflación y que continuaría con el estímulo monetario si los datos lo justificaban y a pesar de las presiones políticas, principalmente alemanas. La economía de la Eurozona crece al nivel más bajo de los últimos 13 meses y el crédito sigue estancado. El aumento de la compra de activos hasta 80.000 millones de euros mensuales sirve para que siga creciendo la masa monetaria. Eso hace que crezca la cantidad de euros en el sistema bancario con la esperanza de que sean prestados a empresas y consumidores. Por eso rebaja la tasa de depósito, para penalizar a los bancos que guarden su dinero en el BCE en lugar de prestarlo a familias y empresas. Los manuales de Economía dicen que esa medida debe impulsar la inflación, pero la crisis dejó los manuales llenos de moho. El plan lleva en marcha un año y el último dato de inflación de la Eurozona mostró una bajada de precios de -0,2% (-0,9% en España, -0,2% en Italia y Alemania y -0,1% en Francia). El objetivo marcado al BCE por los tratados europeos es que la inflación esté cerca del 2%. Hace tres años que no se cumple y este año no pasará del 0,1% cuando en diciembre previó un 1%. Hasta ahora el BCE justificaba la escuálida inflación por la caída de los precios de la energía y las materias primas, pero en febrero también cayó la “inflación subyacente” –que se mide sin tener en cuenta los índices más volátiles, como energía o alimentos-. Draghi anunció hoy que sus previsiones ponen la inflación al 1,6% en 2018. Eso significaría que no habría conseguido su objetivo durante al menos seis años. El bloque baila al borde de la deflación desde hace meses. Caer en esa trampa haría que la actividad económica se frenara. ¿Compraría usted un auto sabiendo que en meses será más barato? Menos
11 de Marzo de 2016
actividad genera menos inversión empresarial y menos creación de empleo, que genera menos actividad y hunde más los precios. Un círculo vicioso del que Japón lleva intentando salir casi dos décadas y que metió en los años 30 al mundo en un largo período de depresión económica. Draghi tiene que convencer con estas medidas a los mercados. Si estos creen que la inflación seguirá estancada no invertirán porque esperarán a precios aún más bajos. Su comportamiento empujará los precios aún más a la baja. Será el triunfo de la lógica deflacionista. Si convence a los mercados, volverán las inversiones porque con una expectativa de inflación al alza guardar el dinero sin usar genera pérdidas. Con la inversión habrá más actividad y más empleo. El programa de compra de deuda pública –y a partir de ahora también privada- tiene varios frenos. No puede comprar títulos con un rendimiento inferior a la tasa de depósito (que se queda en -0,40%) y no puede comprar más del 33% de un título –ahora aumenta al 50%-, para no influenciar los mercados y, sobre todo, para que en caso de default no se le apliquen las cláusulas colectivas y no tenga pérdidas. Además, el volumen de compras por país debe ser proporcional al peso de cada país en el capital del BCE, por lo que se compra mucha más deuda de países sin problemas como Alemania y menos de los países del sur del bloque. Pero ahí también sufre una limitación porque más de la mitad de la deuda alemana está ya por debajo de la tasa de depósito del BCE –a Alemania le pagan por prestarle dinero- y porque Berlín, en pleno proceso de desendeudamiento y con superávit fiscal, emite cada vez menos deuda nueva. Dragui actúa a pesar de las presiones políticas. El presidente del Bundesbank –y miembro del consejo de gobierno del BCE- Jens Weidmann lleva meses advirtiendo contra lo que considera excesivos estímulos monetarios. Cree que quitan presión a los gobiernos con más apuros fiscales, haciendo que frenen el ajuste. La asociación que reúne a los bancos alemanes criticó esta mañana los movimientos del BCE: “son totalmente innecesarios”. Para calmar las críticas alemanas, Draghi les recordó en la conferencia de prensa que la deflación además haría aumentar las deudas y una ligera inflación ayuda a reducirlas. Las medidas aprobadas tienen también el objetivo –nunca reconocido- de hacer que el euro siga debilitándose frente al dólar. Aunque el BCE dice que no pone ahí su atención, sus medidas han hecho caer al euro, que desde hace meses ronda una tasa de 1,10 dólares cuando hace año y medio se cotizaba a casi 1,40. Un euro más débil facilita las exportaciones del bloque. El peligro es que el BCE se meta en una guerra monetaria con otros bancos centrales -japonés, británico, sueco, suizo- que también están recortando tus tasas por debajo de cero y debilitando sus monedas. Y como tras cada reunión, el BCE lee la cartilla a los gobiernos de la Eurozona: reformas estructurales para todos con el objetivo de reducir el gasto público –pensiones, reforma laboral-; que quienes tienen margen fiscal –básicamente Alemania y Holanda- bajen impuestos y aumenten inversión; y que los demás sigan con el ajuste. Fráncfort sigue apostando a que el ajuste se haga reduciendo gasto y no subiendo impuestos. Esa elección no cambia sea cual sea la situación económica, por lo que parece una elección ideológica más que de eficiencia económica.
11 de Marzo de 2016