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n o t i c i a s

Andalucía

Irregularidades en los juzgados de Marbella José Mª García Pérez/Tribuna Andalucía

El Sector de la Administración de Justicia de CCOO-Andalucía solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción por la desaparición de expedientes relacionados con causas judiciales de Jesús Gil en los juzgados de Marbella. Este Sector considera que la inspección realizada en el mes de agosto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es totalmente insuficiente. Como órgano de marcado carácter corporativo, en un primer momento, excluye inmediatamente, y con una facilidad asombrosa, a jueces y secretarios judiciales, responsables estos últimos según la ley de la custodia de documentos. La Fiscalía de Málaga, el CGPJ y sus órganos como el TSJA han demostrado en numerosas ocasiones su pasividad e incapacidad para resolver casos de negligencia o corrupción judicial, especialmente en Marbella, donde durante mucho tiempo no se ha actuado con la celeridad y la competencia debida contra todo tipo de irregularidades. En la mente de todos está lo sucedido en el año 93 que terminó con la condena por parte del TSJA a la magistrada que denunció e intentó investigar la posible corrupción de los juzgados. Se exige que se realice una profunda investigación que afecte a la totalidad de los estamentos para depurar todas las posibles responsabilidades y restaurar la confianza en la Justicia. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción sería una garantía para llegar al fondo del asunto. Mientras tanto, como representantes de los trabajadores de Justicia, se pide a las autoridades y a la sociedad que no se generalice el comportamiento de unos pocos posibles implicados. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia cumplen con su obligación y, se pide que se respete el principio de presunción de inocencia y no se realicen “juicios paralelos” ni conclusiones precipitadas. Un mes después de estos sucesos, la vigilancia en los juzgados de Marbella sigue siendo nula. En la puerta de entrada se encuentra un solo vigilante, sin que exista ningún tipo de control, tanto a la entrada como a la salida

del edificio. Tan sólo como medida de seguridad se han cambiado las cerraduras de las puertas de cada juzgado. Por otra parte, es significativo el malestar existente entre los funcionarios, dado que todos están bajo sospecha.

Acuerdos marco en Rute y Espiel Luis Mena/Tribuna Andalucía

Los trabajadores de los ayuntamientos de Rute y Espiel en la provincia de Córdoba cuentan ya con una nueva normativa que regula sus relaciones laborales. El Sindicato Provincial de Administración Pública de CCOO de Córdoba, tras varios meses de negociación con estas corporaciones municipales, ha llegado a un acuerdo en ambos ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Rute los representantes de los trabajadores, que pertenecen todos al Sindicato de Comisiones Obreras, han conseguido un acuerdo marco de funcionarios y personal laboral que aborda temas como la catalogación, relación y valoración de los puestos de trabajo, la estabilidad laboral, procesos de funcionarización para el personal laboral y reducción del abanico salarial entre las distintas categorías profesionales. Este acuerdo afecta a 103 trabajadores. En cuanto al acuerdo marco del Ayuntamiento de Espiel, que afecta a un total de 28 trabajadores entre personal funcionario y personal laboral, hay que señalar como avance esencial los siguientes puntos: valoración de puestos de trabajo y homologación entre el personal laboral y funcionario, plan de estabilidad en el empleo y reconocimiento de la antigüedad al personal interino o eventual sin plaza en propiedad desde la fecha de su ingreso, implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y subida salarial del 4,5 por ciento.

Aragón

La cárcel de Zuera por fin en marcha Montse Grao/Tribuna Aragón

Después de mucho tiempo pleiteando por la apertura o no del centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), finalmente la cárcel ha entrado en funcionamiento.

Con su apertura, llegan los problemas, sobre los que el Sector de la Administración de Justicia de CCOO lleva más de año y medio trabajando con el fin de evitarlos pero, como es habitual en la Administración, las soluciones nunca llegan y si llegan, es tarde y mal. Tiene más de mil cien celdas, por lo que a pleno rendimiento podría llegar a albergar a más de dos mil internos. En este momento, está ocupada en un tercio lo que supone un importante incremento de la población reclusa en Aragón y, unido a la distancia entre el centro y Zaragoza, ha llevado a elaborar una propuesta formal de constitución del Partido Judicial de Zuera, así como nueva propuesta de plantilla. Con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, se aseguraría la inmediación judicial y la atención a solicitudes de cooperación jurisdiccional, fuera del horario normal. Como quiera que la creación de un nuevo partido judicial supone una reforma de la Ley de Demarcación y de la planta judicial, desde CCOO se ha insistido en aumentar la plantilla de la Agrupación del Juzgado de Paz, ya que las salidas al centro penitenciario han de ser necesariamente cada día, por el gran número de exhortos y libertades que puedan producirse, ya que de momento las libertades y otras diligencias de gran importancia son asumidas en su mayor parte por el Juzgado en funciones de guardia de Zaragoza, por lo que se ha solicitado del Ministerio que se adopten las medidas necesarias para que los órganos judiciales puedan desarrollar su trabajo con normalidad. En la reunión con el Ministerio se hizo ver que, con independencia de la creación o no del nuevo partido judicial, debería convertirse, la actual Agrupación de Juzgados de Paz con sede en Zuera, en un solo juzgado de paz, defendiendo el inmediato incremento de su plantilla en un auxiliar. También se ha dado traslado y solicitado el apoyo de esta propuesta a los diferentes organismos implicados. La existencia de un Juzgado de Paz y aumento de plantilla, garantiza la práctica de la mayoría de las diligencias durante el horario general. Tras la petición que se ha presentado, la subdirectora de Medios Personales de la Administración de Justicia se ha comprometido a pedir información a la Gerencia, Tribunal Superior y Decanato para estudiar la situación y medios existentes.

Ejea de los Caballeros desbordado por la inseguridad ciudadana

están sufriendo numerosos robos. Hasta el momento, no se ha avanzado nada, siguen los robos y las quejas aumentan y se han solicitado, por parte de la Sección Sindical de CCOO, reuniones para solucionar este grave problema, aportando soluciones; la última petición de fecha 17 de agosto, sin que se haya recibido respuesta por parte de Alcaldía.

Eduardo Suñen/Tribuna Aragón

La plantilla de la Policía Local de Ejea de los Caballeros ha denunciado públicamente la situación que se vive de inseguridad ciudadana en esta importante población y la falta de interés por arreglar el asunto que tiene su alcalde. En el mes de julio del pasado año, la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Ejea ya denunció ante la opinión pública que la situación de la ciudad en materia de seguridad ciudadana era vergonzosa y preocupante. Esto se denunció en relación con la misma oleada de robos en establecimientos comerciales, sustracción de vehículos que posteriormente aparecen calcinados y otro tipo de hechos delictivos que sufre la ciudad desde hace 4 años, y en aquel entonces eran muchos los turnos en los que solamente había un solo policía local de servicio en la calle. Ya en el mes de marzo, y con motivo de la celebración de la feria de la localidad, también se reivindicó en las puertas de la misma, por parte de los policías locales, una serie de medidas encaminadas a la mejora de la seguridad ciudadana como son la ampliación de la plantilla en 3 agentes y cubrir las 3 vacantes que hay, para conseguir que haya dos patrullas reforzando todos los servicios y extenderlos a los 8 barrios rurales que también

Nulo el despido de delegada sindical Miguel Almingol/Tribuna Aragón

El pasado día 11 de septiembre de 2001, el Juzgado de lo Social nº 1 de Zaragoza dictaba sentencia sobre el despido de una afiliada y delegada de personal de CCOO, Mª Jesús Salafranca. El fallo de la sentencia “declaró nulo” el despido y la indemnización a la trabajadora a razón de 9.004 pesetas diarias por los efectos ocasionados tras el despido. La delegada, educadora de adultos en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego desde hace once años, ha venido sufriendo una persecución sindical sin tregua desde que el alcalde Marcelino Artieda, accediera a la Alcaldía por moción de censura del anterior alcalde. Desde ese momento, se le fueron negando sistemáticamente los requerimientos que efectuaba a la Alcaldía en sus labores como delegada de personal, reduciendo, además, a la mitad el tiempo de trabajo de la delegada y, despidiéndola finalmente. Tras un duro peregrinaje por el juzgado, por fin la sentencia le da la razón, permitiéndola volver a su trabajo.

La Policía Local de Ejea pide la ampliación de la plantilla y que se cubran las plazas vacantes.

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En el edificio de la calle Santa Teresa se instalarán próximamente todos los sectores de CCOO.

Asturies

CCOO de Asturies está en la calle Xosé Nel Valdés/Tribuna Asturies

El título hace alusión a una realidad lamentable, a la que han llevado la negligencia, la descoordinación y el pasotismo de las administraciones Central y Autonómica de la región durante los últimos años, y que ha acabado con el desalojo ante la amenaza de ruina de los locales de la calle Asturies en los que CCOO venía desarrollando su labor desde los inicios de la denominada transición democrática. El inmueble, donde se alojaban la Dirección Regional del Sindicato, la Unión Comarcal de Oviedo y varias de las federaciones regionales de sector, ha venido sufriendo un rápido y progresivo deterioro que culminó el pasado 31 de agosto con la comunicación del Servicio de Patrimonio de la Administración regional (titular del edificio) de que la estructura se encontraba en “riesgo de colapso”, instándose a su desalojo inmediato. Entretanto, las cuatro plantas de otro edificio, situado en una calle próxima a la sede en ruinas y en el que ya se ubican otras dependencias del Sindicato (entre ellas la sede de la FSAP-Asturies) continuaban ocupadas por distintos organismos de las administraciones de Justicia, Central y Regional, pese a que la Comisión Nacional de Patrimonio Sindical ya había determinado, a finales de febrero, el derecho de CCOO a ocupar dichos espacios. El inmovilismo y la falta de diligencia de las distintas administraciones obligaron a que el único camino fuese el de la movilización. La ocupación pacífica del edificio de la calle Santa

Teresa, forzando a que se buscasen nuevas ubicaciones para la Inspección Provincial de Trabajo y los juzgados de lo Social, y una manifestación de cerca de 3 mil sindicalistas y distintos cortes de tráfico, han forzado a buscar una solución al “desahucio” que algunos parecían desear para esta organización. Entre finales de septiembre y finales del año en curso CCOO dispondrá de las nuevas dependencias que le corresponden en el edificio de Santa Teresa, patrimonio sindical acumulado. Hasta entonces, el Gobierno regional subvencionará el alquiler de dos locales próximos que permitirán que el sindicato continúe con su labor y su responsabilidad.

Castilla y León

Nuevos retos para la negociación Jesús García/Tribuna Castilla y León

Tras la marcha de Juan José Lucas al Gobierno central y la toma de posesión del nuevo presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, el equipo directivo de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha sido también renovado, lo que ha supuesto para los sindicatos de la Comunidad un cambio de perspectiva a la hora de afrontar la negociación colectiva en el seno de la Administración autonómica. Tras dos años de casi paralización de las negociaciones, los primeros signos del cambio han comenzado a verse. Siguiendo el esquema negociador planteado en el ámbito estatal, en el mes de junio se acordó la constitución de seis mesas técnicas (ordenación de la Función Pública, polí-

ticas de empleo, mejora de la calidad de los servicios, formación, salud laboral y acción social, derechos sindicales), todas ellas dependientes de una Mesa General, cuyo carácter es “político” y en la que realmente tenga lugar la toma de decisiones. Evidentemente, desde CCOO se han exigido garantías de resultados en el proceso negociador y, a tal efecto, se ha señalado el 30 de septiembre como fecha tope para evaluar si las negociaciones pueden conducir a buen puerto o simplemente son un pretexto para dar esa pretendida imagen de diálogo y de centrismo de la que el Partido Popular presume, pero de la que está dando ejemplos muy contados.

y se luchará con todas las fuerzas contra estos “aprendices de señores feudales”, de forma que todos los empleados públicos sientan la presencia de este Sindicato en los centros de trabajo y su respaldo y apoyo ante las posibles injusticias y demás persecuciones que puedan sufrir.

a dudas respecto a la denuncia: tan sólo 3 de la treintena de supuestos socorristas pertenecían a la plantilla del Patronato Deportivo, la mayor parte no contaba con la titulación requerida de “monitor-socorrista” y actuaban en calidad de “colaboradores”, sin vinculación contractual con el Ayuntamiento.

Castilla La Mancha

CCOO contra las prácticas antisindicales

Denuncias ante la Inspección de Trabajo J.L. Martínez/Tribuna Castilla-La Mancha

De despido improcedente a nulo J.G./Tribuna Castilla y León

En el Tribuna Mensual del mes de abril ya se denunciaba la postura absolutamente despótica de la Diputación de Soria en lo referente al despido de dos trabajadoras por manifestar las irregularidades de la residencia San José de El Burgo de Osma, declarado improcedente por la Audiencia Provincial y sobre el que la Administración ha optado por la indemnización, pagando así, con dinero público sus propios errores, y sentando un precedente peligroso que amenaza el normal desarrollo de cualquier tipo de actividad sindical. Ni la Diputación ni las trabajadoras se sintieron satisfechos. Una porque quería seguir su persecución hacia las empleadas y éstas porque lo que realmente deseaban era trabajar. A tal efecto, plantearon sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha declarado nulo el despido, dando así un varapalo impresionante a los caciques de la Diputación. No obstante, ésta, de nuevo, con el dinero de todos, pretende que se pronuncie sobre el asunto el Tribunal Supremo y, a tal efecto, ya ha contratado los servicios de un bufete de abogados de Madrid, el del insigne Fernando Vizcaíno Casas, a la postre nostálgico de tiempos pasados que jamás deben volver pero que algún político de Castilla y León quisiera revivir. Por supuesto que CCOO no va a permitir ninguno de estos atropellos. Se ha iniciado una nueva campaña de movilizaciones, con asambleas, ruedas de prensa e información constante,

Durante el mes de agosto se realizaron diversas movilizaciones en el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, estas movilizaciones culminaron con dos jornadas de huelga, los días 12 y 15. Se realizaron con la pretensión de paralizar un proceso privatizador de las plazas de socorrista y monitor de natación. Las dos jornadas de huelga convocadas obligaron a cerrar las instalaciones deportivas, en particular las piscinas municipales con el seguimiento de la totalidad de la plantilla. Asimismo, se recogieron más de 4 mil firmas en contra del proceso. Hay que destacar que las 8 plazas objeto de privatización, en la actualidad eran ocupadas por laborales interinos, algunos de ellos con más de 8 años prestando servicios. Su pretensión y la del comité de empresa no era la fijeza para ellos mismos y sí que fuesen objeto de cobertura por el sistema de oferta pública de empleo. El revuelo político ha sido considerable, máxime cuando es de prever que la empresa adjudicataria del servicio, con un pasado plagado de sanciones en la Inspección de Trabajo, es una empresa ligada a concejales del partido en el gobierno municipal, cómo no del PP. Hay que mencionar que en la “feria y fiestas de Guadalajara”, se celebró una actividad programada: la Fiesta del Agua. Fiesta que consistía en una jornada de puertas abiertas en las piscinas municipales con actividades lúdico-recreativas destinada al público infantil y juvenil. CCOO denunció ante Inspección de Trabajo esta actividad al entender que se incumplía la normativa laboral y existía intrusismo profesional. El resultado de la Inspección no deja a lugar

Á. Larrumbe/Tribuna Castilla La Mancha

En la última sesión de la junta de personal, CCOO ha hecho una propuesta ante dicho órgano colegiado (que debe velar por los derechos laborales de los funcionarios incluida la salud en el trabajo) solicitando a través de la junta de personal de la Administración General del Estado en Cuenca, una visita del comité provincial de salud laboral al centro penitenciario En réplica a esta propuesta, el secretario de la junta de personal, representante de CSIF y funcionario de Instituciones Penitenciarias, argumentó que la propuesta de CCOO era oportunista, afirmando que se debía a medidas de presión por parte de CCOO contra la dirección del centro penitenciario por haber tenido enfrentamientos con los trabajadores de los servicios médicos que se encuentran en un periodo de movilizaciones y que, como cualquier trabajador, tienen el derecho constitucional de movilizarse, manifestarse, y por supuesto, ejercer su derecho a la huelga. Se da la circunstancia que dichos trabajadores son afiliados a CCOO. Asimismo, el secretario de la junta, en alguna reunión con los responsables máximos del centro penitenciario, ha acusado a estos trabajadores de no cumplir con su obligación siendo totalmente falso, como ha quedado demostrado. A juicio de los representantes de CCOO con estas afirmaciones se está atentando contra derechos fundamentales y poniendo en tela de juicio la buena fe de CCOO en la junta de personal, con el agravante de que el atentado procede de un representante de los trabajadores penitenciarios elegido democráticamente para defender los derechos de los mismos, incluido el derecho a manifestarse, y no para defender los intereses contrapuestos de la Administración.

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Catalunya

Proposición de Ley sobre el uso de las nuevas tecnologías Pau González/Tribuna Catalunya

El fenómeno imparable de internet y del correo electrónico, como elementos de producción que afectan al conjunto de las relaciones laborales, ha sido objeto de análisis y debate en el Área Pública de CCOO. Fruto de este debate es la proposición de Ley ahora presentada que pretende compaginar estos elementos de producción con los derechos y deberes laborales, pero también personales, de los trabajadores y públicos. Es por esto que las nuevas tecnologías no solamente tienen implicaciones en la esfera de la producción, sino que también son un mecanismo de comunicación social y con repercusiones en el mundo de las relaciones laborales También hay que establecer una regulación que actualice algunos preceptos legales que se han visto afectados por los cambios producidos. Durante el proceso de debate y elaboración de la proposición de Ley se produjeron acontecimientos muy significativos que recogieron los medios de comunicación, y que nos animaron a continuar con la iniciativa emprendida. En el marco de la negociación colectiva en las administraciones públicas se debería contemplar con normalidad cualquier mecanismo que facilite la relación de los trabajadores con sus representantes, y viceversa. Prácticas que han sido habituales durante años y que han sido superadas en parte por los cambios sociales y tecnológicos producidos, situando en el escenario de las relaciones laborales nuevos derechos de información que se extienden a los sistemas de prevención y de salud laboral, a las relaciones entre afiliados y secciones sindicales, a las comunicaciones entre trabajadores y sus representantes. Con esta Ley se quiere que la implementación de las nuevas tecnologías comporte sistemas de participación específicos de carácter mixto y paritario, con capacidades de control, tanto en la implementación de las nuevas tecnologías como en la capacidad de analizar su uso o su abuso para proponer medidas de control y de intervención.

Los sueldos y el euro Xavier Roset/Tribuna Catalunya

El Sector autonómico ha puesto en marcha una campaña para informar a los trabajadores públicos de la Generalitat de Catalunya de cómo quedarán sus sueldos con la implantación del euro a inicios del próximo año. La campaña pretende denunciar la intención del Gobierno central de incluir únicamente un 2 por ciento como previsión de inflación para el 2002, cosa que agravaría el desencuentro entre empleados públicos y Gobierno, además de añadir más pérdida a una ya maltrecha capacidad adquisitiva que se desmejora año tras año por los errores acumulados en las previsiones del Gobierno. Por ello, se han editado hojas informativas que reflejan las tablas retributivas del personal administrativo y técnico durante el periodo 1999-2002, tanto en pesetas como en euros. El incremento para el 2002 es el 2 por ciento anunciado por el Gobierno y la campaña incluye las propuestas de CCOO y una denuncia de la actitud del Gobierno. CCOO ha reclamado ante la consejera, Nuria de Gispert, la necesidad de abrir una negociación seria y responsable sobre las retribuciones de los empleados públicos para el 2002, con la voluntad de incluir elementos que garanticen el poder adquisitivo y eliminen la deuda acumulada con ellos por las desviaciones que año tras año sufren las erróneas previsiones de inflación que realizan los responsables políticos.

Propuesta para incentivar la maternidad P.G./Tribuna Catalunya

Desde CCOO –aunque se valora positivamente la propuesta realizada por la consejera, Nuria de Gispert, referente a la medida de que los funcionarios con reducción de jornada por maternidad perciban el 100 por ciento de sus retribuciones– tiene que hacer las siguientes reflexiones: en primer lugar, se teme que el despliegue propagandístico y la actuación unilateral que ha realizado el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales escondan la pretensión de

incumplir las obligaciones retributivas que existen con todos los trabajadores de la función pública. Además, es la tercera vez que se anuncia este proyecto de Ley, al que CCOO ya ha presentado alegaciones ante el Departamento, pero no consta que se haya realizado ningún trámite ante el Parlamento catalán, ni que la medida haya pasado por el Consejo Catalán de la Función Pública, órgano que ha dictaminar preceptivamente la ley si se quiere extender su efecto a las administraciones locales y universidades, por ejemplo. CCOO constata que el impacto económico calculado por la Conserjería es desproporcionado; los de CCOO se sitúan en torno a los 600 millones anuales, lejos pues, de los 2 mil que presenta el Gobierno catalán. Además, otras supuestas mejoras que contempla la Ley, no son tales, ya que figuran en el Acuerdo administraciones–sindicatos de julio de 2000 y, por tanto, fruto de la negociación y las demandas sindicales. Sin embargo, el proyecto es muy positivo aunque se plantee como una medida aislada que principalmente pretende incentivar la natalidad. Un verdadero proyecto de conciliación de la vida familiar y laboral debería ser más ambicioso y considerar todas las propuestas que CCOO ya ha alegado ante el Departamento que dirige Nuria de Gispert.

Euskadi

El Área Publica de CCOO Euskadi emplaza al Gobierno vasco a negociar Benito Gallo/Tribuna Euskadi

El coordinador general del Área Pública de CCOO de Euskadi ha solicitado formalmente al Gobierno vasco la inmediata apertura de negociaciones entre sindicatos y Gobierno, en orden a la negociación colectiva del año 2002. En relación a la elaboración y posterior aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma vasca, el sindicato vasco ha solicitado a la vicelehendakari y consejera de Hacienda y Administración Pública el inmediato inicio de las negociaciones que permitan con-

El Área Pública pide la apertura de negociaciones entre sindicatos y Gobierno.

frontar el análisis y propuestas del Sindicato, especialmente las referidas al Capítulo I, así como las normas relacionadas con el personal al servicio de las administraciones públicas concernidas por los citados Presupuestos, sus organismos autónomos y empresas públicas. Asimismo, y como fórmula para conocer las intenciones del propio Gobierno vasco, se ha pedido que remitan copia del anteproyecto de Ley de los Presupuestos. Para el Área Pública de CCOO es esta una nueva oportunidad para que el Gobierno muestre su talante negociador, esperando que la constante oferta y “petición” de negociación gubernamental no se limite exclusivamente a lo que la voluntad del Gobierno vasco quiera, sino a todas las cuestiones susceptibles de dialogar, consensuar y negociar.

“Malos aires” en el Palacio de Justicia de Bilbao B.G./Tribuna Euskadi

El nuevo edificio de Justicia de Bilbao, moderno donde los haya, tiene el olvido de prever los locales para la junta de personal y los sindicatos del Sector. El Gobierno vasco adecuó los mismos en un sótano del edifico, adyacente al Instituto Vasco de Medicina Legal, sin luz natural ni ventanas ni ventilación natural. Por si esto fuera poco, los conductos de la ventilación del citado Instituto (la “morgue”, para entendernos), con su depósito de cadáveres, sala de autopsias, etc., no estaban sellados, por lo que eran compartidos por una parte del Palacio de Justicia, compartiendo, evidentemente los olores que emanan del depósito y sala de autopsias. Las reiteradas solicitudes de

CCOO de Justicia al Gobierno vasco, incluyendo las denuncias por olores desagradables e insalubres, no fueron atendidas, siendo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que ha resuelto una denuncia del Sector de la Administración de Justicia de CCOO, concluyendo que se han de individualizar y sellar la ventilación del Instituto de Medicina Legal.

Extemadura

Promoción interna en el Ayuntamiento de Badajoz Vicente Alegre/Tribuna Extemadura

Reconociendo el derecho a la promoción interna de un empleado público del Ayuntamiento de Badajoz, y a instancias de un recurso interpuesto por CCOO, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ordenado repetir la adjudicación de 28 plazas de jefaturas de Negociado, dadas directamente a los aprobados en un concurso-oposición. Este concurso-oposición, celebrado en 1994, ofertaba 30 plazas de administrativos de puestos-base que, una vez incorporados los aprobados, se reconvirtieron en jefaturas de Negociado. Como es de suponer estas plazas no habían sido ofertadas en promoción interna a los propios funcionarios del Ayuntamiento, obviando con ello el derecho a la carrera administrativa y los principios de mérito y capacidad en la forma de provisión de los puestos de trabajo, tal y como manifiesta el alto Tribunal. Una vez anuladas las adjudicaciones, CCOO ha pedido la ejecución de la sentencia ante la demora premeditada del Consistorio.

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Galicia

Reordenación en la Consellería de Xustiza Ángel Garmendia/Tribuna Galicia

Durante la última renegociación del acuerdo retributivo de Galicia la Consellería planteó la necesidad de acometer una reordenación de efectivos vinculado a las retribuciones. La propuesta de reordenación, además de carecer de datos, no tiene un fundamento racional pues los argumentos utilizados se referían exclusivamente a criterios de ahorro económico. Desde CCOO se mantuvo que había que desvincular la negociación de retribuciones del tema de reordenación de efectivos, de hecho se firmó el acuerdo económico y no se llegó a negociar la reordenación. La posición de CCOO a lo largo de las conversaciones mantenidas con la Consellería fue la siguiente: El Pacto por la Justicia, recientemente firmado incluye, entre sus compromisos a corto plazo, una reforma de la Oficina Judicial y una redefinición de las funciones de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Por eso, no tiene sentido acometer una reforma de los cuadros de personal sin conocer el alcance de la misma.

Parque Comarcal de Bomberos Castor Fernández Soto/Tribuna Galicia

Próximamente la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela firmarán el convenio definitivo que permitirá la creación del Parque Comarcal de Bomberos conforme a lo determinado en el convenio de colaboración entre la Consellería de Justicia, Interior y Relacións Laborais, la Diputación Provincial de A Coruña y los ayuntamientos de Santiago, Ames, Teo, Vedra, Brión, Boqueixón, Val do Dubra, Rois e Padrón. Esta modificación tendrá como consecuencia la renovación de la mayor parte de los vehículos y del material del actual Parque de Bomberos, la construcción de un nuevo edificio y el aumento del número de componentes que integran el actual

Cuerpo de Bomberos de Santiago de Compostela. Para la renovación de los vehículos y del diverso material se destinarán 272 millones de pesetas y unos 256 millones más irán destinados para la construcción de un nuevo edificio. Desde CCOO se aplaude la iniciativa de creación y se exige de la Administración la convocatoria de una Mesa de Negociación para tratar todas y cada una de las modificaciones de las condiciones de trabajo.

Madrid

La Comisión de Retribuciones no acepta el convenio del Patrimonio Juan Figueroa/Tribuna Madrid

El 15 de junio (después de 1 año y medio de negociación) se firmó el preacuerdo del Convenio Colectivo en el Patrimonio Nacional que afecta a 1.411 trabajadores de toda España. Ahora, la Comisión Ejecutiva Interministerial de Retribuciones (CECIR) no acepta la parte económica y normativa del preacuerdo,

Palacio de Oriente en Madrid.

aunque hasta la fecha no se ha aportado información oficial. La CECIR es un órgano interno de la Administración que valida, entre otros, estos acuerdos. Dado que los sindicatos no tienen representación ni responsabilidad dentro de la CECIR, es la Dirección del Patrimonio Nacional quien debería defender en esta comisión los acuerdos que adopta con los representantes de los trabajadores. No se entiende, pues, qué gestiones ha realizado o dejado de hacer la Dirección del Patrimonio Nacional en la CECIR para que ésta no acepte lo acordado en la mesa de negociación. ¿Cómo es posible que el Patrimonio Nacional negocie algo para lo que parece ser “no tenía la autorización pertinente”? Esta gestión ineficaz no puede llevar a que los trabajadores estén, en el mes de septiembre, sin percibir la subida salarial del 2001. Se ha pedido una reunión de

la mesa negociadora, que se realizará en la primera quincena de septiembre, para que la Dirección del Patrimonio aporte la información oficial que tenga. CCOO ha realizado el mejor trabajo posible durante la negociación. Ahora se exige que la Administración lleve hasta el final los compromisos acordados con los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora.

Malestar en el centro penitenciario militar de Alcalá Luis Baviera/Tribuna Madrid

El establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares dependiente del Ministerio

de Defensa, -único con esta condición en el territorio nacionalincumple la Ley Orgánica General Penitenciaria, en lo que a su personal de vigilancia interior se refiere. El Artículo 80.2 de la vigente Ley Orgánica Penitenciaria dice: “Los funcionarios penitenciarios, tendrán la condición de funcionarios públicos…” Ahora bien, ¿qué somos?, ¿qué seremos?, difíciles preguntas que un reducido colectivo de trabajadores –50 personas en toda España– se la hacen a diario. Celadores de prisiones militares, como definición de la categoría laboral, es aquel que tiene la responsabilidad de vigilar, custodiar, reeducar, contestar, atender, informar, etc. Es, de hecho, un empleado con la condición de personal laboral de la Administración General del Estado al servicio del Ministerio de Defensa. Resulta, que los ayudantes de Instituciones Penitenciarias, unos 18 mil en toda España entre todas sus categorías, tienen todos ellos, la condición de funcionarios públicos. ¿Qué les hace diferentes?, ¿la legislación que deben saber, cumplir y hacer cumplir? No. ¿Las amenazas terroristas? No. ¿La complejidad del mundo penitenciario? No. Entonces, ¿por qué no son funcionarios como ordena el Artículo 80.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria? Si tienen las mismas obligaciones, por qué no tener los mismos derechos.

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Incendio en el Palacio de Deportes de Madrid Juan Pablo Rivero Sosa/Tribuna Madrid

El pasado 28 de junio de 2001 se produjo un incendio que destruyó el Palacio de Deportes después de una mala gestión que llevó a permitir que una empresa de aislamiento trabajara, alrededor de mes y medio, con sopletes, en lugares con peligro de incendio, sin la supervisión del personal público que tenía perfecto conocimiento de la instalación. CCOO denunció durante años hechos como la contratación de personal de control a través de empresas privadas. El incendió dejó también sin su lugar de trabajo a un total de 55 trabajadores (27 con jornada completa y 28 con jornadas de fijos discontinuos). El día 29 de junio, la Gerencia del Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación llegó a un Acuerdo con las organizaciones sindicales para tratar de la ubicación temporal de los trabajadores en otros centros de la Comunidad de Madrid, a partir del 3 de septiembre y, comprometerse a dar cumplida información de los dictámenes de bomberos y policía municipal sobre las causas del incendio; acuerdo que incumplió posteriormente, trasladando a los trabajadores a su libre albedrío, incumpliendo la legislación vigente al no informar al comité de empresa de estos traslados, enviando a los trabajadores requerimientos y comunicaciones de traslados durante sus periodos vacacionales y, no garantizando el retorno de los trabajadores trasladados cuando el nue-

vo Palacio haya renacido de sus cenizas. Los motivos para esta ausencia de garantías son claros, y Álvaro Ballarín, gerente del IMDER, declara sin sonrojos desconocer el modelo de gestión que existirá en el futuro palacio, por ello “no puede garantizar que los futuros trabajadores sean empleados públicos”. Las denuncias por trabajos de superior categoría, reclamaciones de cantidades y las continuas denuncias de CCOO sobre las condiciones de las instalaciones no sientan bien a los mandatarios autonómicos, que parecen haber encontrado la solución en dejar este centro en manos privadas, como ya hizo con la Campaña de Natación del Centro de Natación Mundial 86.

La recuperación de los centros privatizados Miguel Ángel Ruiz/Tribuna Madrid

La continua repetición de graves sucesos, altercados y denuncias que han afectado a centros de protección de menores que la Administración regional y la política del Partido Popular ha entregado, sin garantías, a las entidades privadas no hace sino confirmar lo que Comisiones Obreras ya denunció en su momento: que un asunto de tanta importancia e incidencia en la sociedad como es la protección, educación e inserción social de menores en desamparo o en riesgo social sólo podía ser gestionado con plenas garantías, para los menores y para el conjunto de los ciudadanos, directamente desde la Administración pública.

El cierre, por orden judicial, del módulo de menores del centro privatizado El Pinar no es sino una muestra más de las graves consecuencias que, especialmente para los menores, tiene la actual política de privatización a ultranza que sigue el Partido Popular en el ámbito de los servicios sociales. Este y otros hechos no hacen sino demostrar que los trabajadores del Instituto Municipal del Menor y la Familia (IMMF) y CCOO tienen razón en sus denuncias sobre la necesidad de recuperar para los servicios públicos un tema tan sensible como éste y que la Consejería de Servicios Sociales sistemáticamente deja en manos de “asociaciones sin ánimo de lucro”. Asociaciones que en muchos casos, como Cicerón que gestiona “El Pinar”, se forman única y exclusivamente para acceder a los convenios y contratos de la Administración regional, sin ningún tipo de experiencia acreditada en el ámbito de la protección de menores. Este constante desvío de recursos económicos públicos a la iniciativa privada se acompaña de un recorte de presupuestos e inversiones en los centros de protección gestionados directamente por la Administración autonómica que está provocando un serio deterioro de las condiciones de trabajo, por falta de plantilla, de estructuras y equipamientos de los centros y generando problemas de convivencia entre los internos.

Murcia

Puesta en marcha del correo electrónico sindical Miguel Hernández/Tribuna Murcia

Los trabajadores del futuro palacio de Deportes tal vez no serán públicos.

El día 1 de octubre fué la fecha señalada para la puesta en marcha del acuerdo alcanzado, hace dos meses, entre la Administración y las organizaciones sindicales para la puesta en marcha de un sistema de correo electrónico entre los empleados públicos de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Dicha propuesta, que realizó la FSAP–RM, culmina una de las principales apuestas de la Secretaría de Información y Comunicación de esta Federación, ya que a partir de ahora y, en un primer momento, se podrá llegar a cerca de 6 mil funciona-

rios de la Administración regional, para en un segundo paso, acceder al personal docente recientemente transferido y que alcanzaría a unas 12 mil personas.

País Valencià

Preacuerdo en el Ayuntamiento de Ontinyent

Se está a la espera de que la alcaldesa firme el Decreto de la OEP/2001 para poder consolidar parte del empleo que, en estos momentos, es precario, así como la creación y consolidación de nuevas plazas. La valoración que desde la Sección sindical de Comisiones Obreras se hace de estos acuerdos es positiva, puesto que con ellos se cumplen los objetivos sindicales de priorizar la creación de empleo en las administraciones así como el de imponer la tendencia a la eliminación de la temporalidad en las mismas.

Tere Mollà/Tribuna País Valencià

Después de varias y complicadas negociaciones con la Corporación Municipal, la Oferta de Empleo Público del año 2001 estará compuesta por 66 plazas. Todas estas plazas tendrán naturaleza jurídica funcionarial. A pesar de no estar decretada todavía, estas plazas son:

Julio Conesa/Tribuna País Valencià

Oferta de empleo de 2001 Grupo A B C D E

El Ayuntamiento de Lliria critica la congelación salarial de los empleados públicos

Plazas 6 3 28 18 11

También se acordó por unanimidad, en la Mesa General de Negociación, el proceso de funcionarización total, o prácticamente total, que va a sufrir la plantilla de este Ayuntamiento. Las negociaciones han sido intensas y duras y, fruto de ellas, en el último Pleno de la Corporación (que se celebró en el mes de julio) el equipo de Gobierno del PP presentó estas propuestas, así como la subida generalizada de los mínimos del complemento de destino hasta los topes máximos para los puestos con jefatura, y un punto por debajo para los que no tienen jefatura. Lo curioso del caso es que de las dos propuestas que se llevaban negociadas y acordadas en la Mesa General de Negociación (aumento de los complementos de destino y funcionarización) concejales del PSOE y nacionalistas pidieron que se dejara sobre la Mesa el proceso de funcionarización. Curiosa postura cuando en un Pleno anterior (donde se acordaba otra fase anterior de funcionarización) votaron las dos formaciones políticas a favor, poniendo como única condición el acuerdo unánime de la Mesa General de Negociación.

El Pleno del Ayuntamiento de Lliria en la Comarca del Camp del Turia acordó, con el voto en contra del PP y Unión Valenciana, reconocer en Sesión Plenaria, tal y como certifica el secretario del Ayuntamiento, los contenidos de la sentencia de la Audiencia Nacional contra la imposición del incremento salarial 0 por ciento para los empleados públicos en 1997 y, por ello, se comprometen a realizar los estudios jurídicos y económicos pertinentes en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento para la aplicación de dicha Sentencia. Al mismo tiempo expresan su consideración a los fundamentos jurídicos de la sentencia en orden a: La plena vigencia del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, aceptando que en el marco de actuación de dicho derecho rige en toda la extensión el principio de buena fe entre las partes implicadas; la obligación de llevar a cabo los acuerdos suscritos en el marco del proceso de negociación y, el derecho a recuperar la pérdida de poder adquisitivo desde 1997. Hay que lamentar que en este caso Unión Valenciana haya votado en contra, a diferencia del pronunciamiento que esta misma formación ha tenido en otros municipios, en los que ha votado a favor del reconocimiento de los derechos de los empleados públicos.