I. - COMENTARIOS MONOGRÁFICOS

EL COMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SUMARIO:

I.

EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTE.NCIOSO-ADMIMISTRATIVO. 1.

Pla-

zo de dos meses. 2. Plazo de un año. a) Silencio automático, a*) Recurso de reposición, b') Recnrso de alzada, b) Denuncia de la mora.—II. REGLAS SOBRE CÓMPUTO DBL PLAZO. 1. Antecedentes. 2. La Ley de 27 de diciembre de 1956.—III. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS POS MESES. A. Aplicación del artículo 305, Lee. B. Doctrina del Tribunal Supremo. C. Crítica de la doctrina del Tribunal Supremo.—IV. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS POR A&OS.

I . — E L PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

£1 artículo 58, LJ, prevé dos plazos distintos para la interposición del recurso contencioso-administrativo, según que el acto que abre la posibilidad de la impugnación procesal sea expreso o presunto. Los supuestos que se regulan en los distintos párrafos de dicho artículo pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1.

Plazo de dos meses.

Rige el plazo de dos meses única y exclusivamente cuando el «recurso contencioso-administrativo» se deduce en relación a una disposición o a un acto expreso. Siempre que exista un acto expreso—acto en sentido estricto o disposición—, el plazo será de dos meses. Variará el momento a que ha de referirse la iniciación del cómputo; pero el plazo es siempre el mismo. (*) Lee LJ LPA

En el presente trabajo se ban utilizado las abreviaturas siguientes: = = =

Ley de Enjuiciamento civil. Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956. Ley de Procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958.

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JESÚS

GONZÁLEZ PÉREZ

a) Si se interpuso recurso de reposición, bien porque fuese preceptivo o porque el demandante lo interpuso con carácter potestativo: desde el día siguiente al de la notificación del acto resolutorio del recurso de reposición (art. 58, párrafo 1, LJ, en relación con el art. 126, párrafo 2, LPA). b) Si el recurso de reposición no es preceptivo y el demandante no lo interpone con carácter potestativo, el plazo deberá contarse (artículo 58, párrafo 3, LJ): — cuando el acto impugnado deba notiñcarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación; — en el caso de que no proceda la notificación personal, desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto o disposición. c) En los procesos de lesividad, desde el día siguiente a la declaración de lesividad (art. 58, párrafo 5, LJ). 2.

Plazo de un año.

En todos los casos de silencio administrativo, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de un año. Así se prevé en el artículo 58, párrafos 2 y 4. Con arreglo a estos dos párrafos, cabe distinguirse los siguientes supuestos: a) Sikncio automático. a') Recurso de reposición. Al entrar en vigor la LJ sólo existía un supuesto de silencio administrativo, que se produjera automáticamente sin denuncia de la mora, previsto en la propia Ley: el de recurso de reposición. Y a este supuesto se refería el párrafo 2 del artículo 58, según el cual el plazo para interponer el «recurso contencioso-administrativo» es de «un año, a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición». b') Recurso de alzada. Después de entrar en vigor la LJ, fue la LPA la que también prevé el silencio automático—sin .necesidad de denuncia de la mora—para el recurso de alzada (1). Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso, sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado (art. 125, LPA). (1)

GONZÁLEZ P Í B E Z :

LOS recursos

administrativos,

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Madrid, 1960, pág«. 95-103.

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Por la razón apuntada, la LJ no aplica al recurso de alzada las reglas especiales que para el recurso de reposición contenía el artículo 58, párrafo 2. Al no existir entonces silencio automático, cuando se tratase de recursos de alzada, se aplicaba el mismo párrafo 4 del artículo 58. Una vez en vigor el artículo 125, LPA, se ha operado, respecto del recurso de alzada, una modificación legislativa en orden al momento en que se produzca la denegación presunta; pero no en orden al plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa, que la LPA no pretendió modificar. Según el artículo 125, LPA, no hace falta denuncia de la mora para que se entienda desestimado un recurso de alzada. Esta es la modificación introducida en el régimen general del silencio administrativo que preveía el artículo 38, LJ. Pero, producida la denegación presunta por silencio administrativo, el plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa será el de un año, a que se refiere el artículo 58, párrafo 4, LJ,- contado desde el momento en que se entienda desestimado el recurso. b) Denuncia de la mora. En todos los demás casos será necesaria la denuncia de la mora para que se produzca la denegación presunta por silencio administrativo. Y el plazo para interponer el «recurso contencioso-administrativo» será de un año, contado «desde el día siguiente a aquel en que se entienda desestimada la petición».

II.—REGLAS SOBRE CÓMPUTO DEL PLAZO.

1.

Antecedentes.

La vieja Ley de lo contencioso-administrativo contenía reglas sobre el cómputo de los plazos previstos en la propia Ley. Así, en el artículo 102 del texto refundido de 1952 se decía: «Los plazos que esta Ley señala por meses se contarán por meses enteros, sin tomar en cuenta el número de días de que se compongan ni los feriados.» El precepto resultaba innecesario, por ser una transcripción de precepto que se contenía en la Lee. 113

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2.

La Ley de 27 de diciembre de 1956.

Al redactarse la vigente LJ se partió de un principio esencial: quecomo la jurisdicción contencioso-administrativa no es más que una especie de la genérica función jurisdiccional y la naturaleza de tales procesos no difiere esencialmente de los demás procesos de conocimiento, la Ley se limita a recoger las especialidades que una y otros ofrecen, remitiéndose en lo demás a las Leyes orgánicas y procesales comunes. Así en el apartado I, párrafo 4, de la Exposición de Motivos. En aplicación de este lógico y elemental principio, al llegar la regulación de los plazos, no se señaló otra norma especial que la del artículo 121, cuyo párrafo 1 aplica a los plazos previstos en la LJ—que son improrrogables—una norma que la Lee da para los prorrogables. Pero no se estimó necesario recoger norma alguna sobre cómputo de plazos, porque ya estaban en la Lee. Y como la Lee es" supletoria de la LJ, según la disposición adicional 6.a de esta última, hubiera sido incurrir en la defectuosa técnica legislativa de la vieja Ley reproducir preceptos que ya estaban en la Ley que regía como supletoria.

III.—CÓMPUTO DE LOS PLAZOS POR MESES.

A. Aplicación del artículo 305, Lee. En aplicación de las nociones generales expuestas, el cómputo del plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, cuando venga dado por meses, deberá computarse según la regla contenida en el artículo 305 de la Lee, que dispone: «Los términos señalados por meses se contarán por meses naturales, sin excluir los días inhábiles. En este caso, si el plazo concluyese en domingo u otro día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.» Al no existir ninguna especialidad del proceso administrativo que' impusiere una modificación de este precepto general, no se estimó oportuno reiterar en la LJ el precepto de la vieja Ley de lo contenciosoadministrativo (2). (2) GONZÁLEZ PÉBEZ: Derecho procesal administrativo, tomo II, Madrid, 195?, págt. 516-517-

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B.

Doctrina del Tribunal Supremo.

Las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en una jurisprudencia reiterada y constante, han venido afirmando que el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará por meses enteros, sin tener en cuenta el número de días de que se compongan, ni los feriados. Sin embargo, alguna sentencia reciente, apartándose de aquélla correcta doctrina, acude inexplicablemente al artículo .7.° del Código civil para el cómputo de los plazos por meses-

Así, una sentencia de 7 de mayo de 1960 dice: « . . . y prescribiéndose en el artículo 7.° del vigente Código civil que cuando en las Leyes se hable de meses, sin designarlos por sus nombres, ha de entenderse que los meses son de treinta días...». Y otra de 9 de mayo de 1960 reitera la misma doctrina.

C.

Crítica de la doctrina del Tribunal Supremo,

La doctrina sentada en las sentencias que acaban de citarse carece de apoyo legal, apartándose inexplicablemente de la que ha sido verdadera doctrina de las Salas de lo Contencioso-administrativo, sobre cómputo del plazo para la interposición del «recurso contencioso-administratiyo». A la misma pueden oponerse las consideraciones siguientes: 1) Es cierto que el artículo 7.° del Código civil, en cuanto contenido en su título preliminar, es de aplicación general. Pero, como dispone el artículo 16 del propio Código, sus reglas sólo se aplicarán a las materias que se rijan por Leyes especiales, en caso de deficiencia de éstas. No hay que olvidar, por otro lado, que el Código civil no es más que una Ley ordinaria—no tiene la jerarquía de una Ley fundamental—y, por tanto, sus preceptos son susceptibles de derogación y modificación por una Ley ordinaria. 2) El proceso administrativo—como especie diferente del proceso civil—es objeto de regulación por una Ley especial. Por tanto, para determinar los preceptos que regulan todos y cada uno de los aspectos de la misma habrá que acudir a la Ley especial que le regula: la Ley 115

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de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956. Y en la disposi ción adicional 6." de esta Ley se dice: «En lo no previsto en esta Le] regirán, como supletorias, la de Enjuiciamiento civil y las disposicio nes orgánicas generales del Tribunal Supremo y de las Audiencias Te rritoriales.» Por tanto, al no estar previsto en la LJ cómo ha de computarse e' plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, ha brá de acudirse como supletoria, no al Código civil, sino a la Lee. "J como el artículo 305 regula el cómputo de los plazos que vienen dados por meses, será este precepto el único aplicable cuando se trate de re guiar el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo, que es una de las materias a que se refiere la LJ. Las reglas sobre cómputo de plazos que se contienen en la Lee son por otro lado, las mismas que se contienen en el artículo 60, parra fo 2, LPA. 3) La tesis de las sentencias citadas, al declarar inadmisibles «re' cursos contencioso-administrativos» que lo hubieran sido aplicando el artículo 305, Lee, contravienen los principios informantes de la LJ, en cuanto suponen una interpretación restrictiva del acceso a la vía jurisdiccional, negando la protección de los Tribunales a quien ha acu< dido a ellos confiado en una reiterada y constante doctrina jnrispni' dencial. Por estas razones, esperamos del ponderado criterio de las Salas dt lo Contencioso-administrativo que la tesis que se contiene en unas sen. tencias aisladas no llegue a constituir doctrina jurisprudencial, susti tuyendo a la que tan correctamente ha sido mantenida a lo largo de lo¡ años por las propias Salas.

IV.—CÓMPUTO DE LOS PLAZOS POR AÑOS.

En los casos en que el plazo sea de un año—supuestos de silencit administrativo—, ¿qué regla ha de aplicarse sobre el cómputo? En este caso, en que ni la LJ ni la Lee contienen reglas sobre su cómputo tampoco existen en el artículo 7.° del Código civil. La ausencia de reglas quizá se deba a que es evidente que el cómputo se hará por años naturales, como señala el artículo 60, pá^ 116

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rrafo 2, in fine, LPA, al decir que si el plazo se fija en años, «se entenderán naturales en todo caso». En este sentido, una sentencia de 10 de noviembre de 1960 (Ponente •. FERNÁNDEZ HERNANDO), sienta la siguiente correcta doctrina : interpuesto recurso de reposición el 16 de abril de 1956 y no resuelto expresamente, «el año siguiente a Ja fecha en que se presentó el recurso de reposición, dentro del cual podía válidamente acudirse a la vía contenciosa, empezó a correr el 17 de abril de 1955 y finó el 16 de abril de 1956; ya que el inequívoco significado del vocablo siguiente, que equivale a posterior, impide la inclusión en el cómputo de la fecha en que se realiza el acto del administrado que marca el punto de partida y obliga, por el contrario, a contar como hábil el día del vencimiento». JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ

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