XI Jornadas de Economía Crítica

El concepto de deuda ecológica y algunos ejemplos en Ecuador 1

Unai Villalba UPV-EHU Departamento Economía Aplicada I

La deuda ecológica es un concepto aún en construcción de gran utilidad como herramienta interdisciplinar para denunciar la insostenibilidad ecológica y social del sistema económico mundial actual, así como para cuestionar la legitimidad de la deuda externa. La deuda ecológica aporta una visión holística necesaria para englobar problemáticas tales como: los intercambios comerciales económica y ecológicamente desiguales, la generación de pasivos ambientales, la biopiratería y el cambio climático; pero es quizá todavía hoy en día un enfoque ambiguo en su operativización y sus posibilidades de reconocimiento legal. El objetivo del texto es presentar el concepto y su potencial crítico, ilustrando el análisis mediante ejemplos en el estado ecuatoriano, así como difundir el trabajo militante y de investigación realizado por organizaciones ecologistas. Para ello en el primer apartado se presenta una aproximación al término mediante diferentes definiciones y se subrayan algunas

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Debo este trabajo a la iniciativa de Ekologistak Martxan en torno a la Deuda ecológica de Euskal Herria, y en concreto quisiera agradecer a Iñaki Bárcena, Rosa Lago y Martin Mantxo por contagiar su empeño en tan importante tarea. Por otro lado, he de reconocer que este artículo no se debe tanto a la autoría de investigación primaria propia, es más bien un intento por ordenar, comparar y analizar el debate sobre la deuda ecológica así como un esfuerzo por difundir las valiosas investigaciones de jóvenes militantes ecologistas e investigadoras ecuatorianas (Jose Proaño, Luis Corral, María Cristina Vallejo, Martha Moncada...).

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limitaciones en su aplicabilidad. En el segundo apartado se analiza para el caso de Ecuador un mecanismo generador de deuda ecológica como es el intercambio ecológicamente desigual, utilizando para ello la Contabilidad de Flujo de Materiales. En el tercer apartado se exponen tres ejemplos de deuda ecológica y social en el estado ecuatoriano: i) respecto a la industria extractiva en la Amazonía; ii) respecto a la agroexportación los rubros del banano y las flores; y iii) respecto al endeudamiento exterior y la infraestructura hídrica el caso de la Represa Daule Peripa.

1. Aproximaciones conceptuales a la deuda ecológica. La deuda ecológica es un concepto relativamente nuevo que tiene unas raíces antiguas. En la actualidad son todavía no muy numerosos, pero significativos, los casos en que académicos, investigadores y organizaciones sociales y ecologistas han trabajado sobre este concepto, pero lo más importante es que su número va creciendo porque se trata de un debate de vital importancia para cualquier sociedad. No me entretendré ahora en la historia del concepto, o sus relaciones con otros debates como el de la sustentabilidad, la huella ecológica, la contraposición con la deuda externa, etc... El objetivo de este primer apartado es presentar diferentes definiciones, y apuntar posteriormente algunos elementos aún hoy en día no lo suficientemente perfilados en las mismas. A la hora de abordar las definiciones podemos encontrar un tensión constante entre la amplitud de un enfoque que pretende ser holístico para subrayar la interdependencia entre la economía y el medio amiente, y la necesidad de estandarizar y operativizar conceptos y mediciones para convertirla en una herramienta útil frente a reparaciones, indemnizaciones y paralizaciones de nuevos impactos. En cualquier caso parece indispensable ligar el concepto de deuda ecológica a algunas ideas fuerza, que también requerirían de un profundo debate, como son: la interdependencia ecológica y la sostenibilidad, y la justicia social y los derechos (Hemley 2005). Y es que a veces sería necesario hablar conjuntamente de deudas ecológicas y deudas sociales e históricas. Algunas definiciones Una primera definición puede ser la de la organización Acción Ecológica (2006b) que lleva más de una década trabajando sobre el tema. Una definición que permite una comprehensión amplia pero que no facilita la operativización de la misma:

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“La Deuda Social-Ecológica es la deuda acumulada, histórica y actual, que tienen principalmente los países industrializados del Norte, sus instituciones y corporaciones, con los pueblos y países del Sur por el saqueo y usufructo de sus recursos naturales, la explotación y empobrecimiento de sus pueblos, y la destrucción, devastación y contaminación sistemática de su patrimonio natural y fuentes de sustento. Es también la responsabilidad de los países industrializados por la destrucción paulatina del planeta, el deterioro de la capa de ozono, la contaminación de la atmósfera, la generación del efecto invernadero, como resultado de su modelo de “desarrollo” y sus patrones de producción y consumo”. Una segunda definición sería la aportada por organizaciones como el Centro de Difusión de la Deuda Ecológica del Observatorio de la Deuda en la Globalización (2003), o Ekologistak Martxan (2005), y autores como Ortega (2005): “Deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos. Esta deuda abarcaría cuatro componentes: - La deuda del carbono, adquirida por los países industrializados con su continuada contaminación de la atmósfera a través de los gases de efecto invernadero. - La biopiratería, es decir, la apropiación intelectual de conocimientos indígenas ancestrales (relacionados con las semillas, con el uso de plantas medicinales...) que vienen realizando laboratorios de países industrializados y la agroindustria, sin pago de contraprestación y por la cual, además, cobran regalías. - Los pasivos ambientales, deuda originada por la extracción de recursos naturales para una exportación mal pagada, que conlleva un elevado coste ecológico, además de impedir el desarrollo sostenible de los pueblos del Sur. - La exportación de residuos tóxicos, originados en los países industrializados y depositados en países empobrecidos”. En tercer lugar, podríamos definir la deuda ecológica como el equivalente monetario del déficit ecológico, siendo este último la diferencia entre la huella ecológica y la capacidad de carga de cada país. La siguiente tabla es lo suficientemente ilustrativa sobre el método de cálculo, así como las implicaciones respecto a la justicia, la sostenibilidad y los derechos a las que hacíamos mención más arriba. Y es que el déficit ecológico varía según lo calculemos respecto a la capacidad de carga del territorio del país en cuestión (obtenemos déficit nacional), o respecto a la capacidad de carga media sostenible para el planeta cifrada en 1,8 ha/p.c. (obtenemos déficit sostenible).

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País

Huella ecológica

Capacidad carga

Déficit nacional

Déficit Sostenible

Canadá

8,84 ha/p.c.

14,24 ha/p.c.

-5,40 ha/p.c.

7,04 ha/p.c.

Bangladesh

0,53 ha/p.c.

0,30 ha/p.c.

0,23 ha/p.c.

-1,27 ha/p.c.

Fuente: Russi D., Kucharz T., Bárcena I. (2005). En el primer caso Canadá, un país altamente consumidor de recursos sería el acreedor ecológico, mientras que Bangladesh cuyo consumo per cápita de recursos es muchísimo menor sería deudor ecológico. En el segundo caso, respecto a la media mundial sostenible, Bangladesh sería acreedor y Canadá deudor. La paradoja está servida, puesto que desde una perspectiva de justicia social parecería lógico apostar por la capacidad de carga media, mientras que desde una perspectiva legal (incluso se trata de un argumento esgrimido por los países del tercer mundo) tampoco resultaría difícil argumentar a favor de la soberanía nacional de los recursos naturales y por tanto apostar por la capacidad de carga nacional. Por último quisiera exponer la definición del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Ghante (Paredis et al. 2004) junto a la organización VODO de Bélgica. “La deuda ecológica de un país consiste en: (1) el daño ambiental causado a lo largo del tiempo por ese país en otros países o en áreas de jurisdicción de otros países a causa de su modelo de producción y consumo; (2) y/o el daño ecológico causado históricamente por ese país en ecosistemas fuera de su jurisdicción nacional a causa de su modelo de producción y consumo; (3) y/o, el uso o explotación de los ecosistemas o de bienes y servicios de los ecosistemas a través del tiempo, por un país a expensas de los derechos equitativos de otros países o individuos sobre esos ecosistemas.” Elementos a debate respecto a las definiciones. La idea subyacente está meridianamente clara en todas las definiciones, pero aún así quedan bastantes elementos que matizar en cada una de ellas a la hora de plantearse casos concretos. Puesto que entrar en todas las precicisiones requeriría demasiado espacio, a continuación tan sólo planteamos algunas de ellas agrupadas en tres bloques: los actores, el contenido y la medición de la deuda ecológica. En cuanto al contenido, se trata de identificar cuáles son los componentes de la deuda, cuál es el daño ecológico que se incluye y qué debemos medir. Para ello es importante diferenciar entre los componentes de la deuda y los mecanismos o relaciones generadoras de deuda ecológica. Pero además, como veremos en los ejemplos para Ecuador, en ocasiones

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resulta necesario hablar no sólo de impactos ecológicos sino de daños históricos y sociales también, y por tanto ampliar el término para el reconocimiento de deudas sociales e históricas. En cualquier caso, la simple medición de los daños ambientales tampoco es tan sencilla. Por ejemplo Paredis et al. (2004) sugieren varios refinamientos de su definición de deuda ecológica en función del tipo de daño ecológico (contaminación, agotamiento, degradación…), o en función de la escala espacial del daño (global, continental, fluvial, regional, local), o en función del tipo de ecosistemas y el tipo de servicios que prestan, o en función de la referencia temporal, etc. Otro elemento importante a debate, que enlaza el contenido con la medición, es el estándar de referencia y la definición de justicia o derechos equitativos sobre la utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas. Se trata de escoger los niveles por sobre los cuáles se genera deuda: ¿tomaríamos para ello medias mundiales? ¿niveles de sostenibilidad fuerte o blanda? ¿términos agregados o per cápita? ¿la capacidad de carga mundial media sostenible o el uso soberano de los recursos naturales nacionales con indiferencia de la distribución mundial? En cuanto a los actores se trataría de identificar con precisión quiénes son los deudores y quiénes los acreedores ecológicos. En la mayoría de definiciones se habla de países, pero tranquilamente podrían ser otro tipo de comunidades político-administrativas, u otras colectividades, o actores individuales, o empresas privadas... Parece lógico que una empresa pueda ser deudora, pero ¿podría entonces ser también acreedora?¿cuáles es el “uso equitativo” de recursos al que tiene derecho una empresa? ¿cuanta responsabilidad corresponde a los diferentes sectores económicos? ¿cómo se posiciona a las generaciones futuras como acreedoras? ¿Qué ocurre si se es acreedor y deudor a la vez para con diferentes colectivos? Por último, la medición de la deuda ecológica representa un gran desafío. En general parece que se trata de medir “daño ecológico” y “uso a expensas de”, es decir, impactos medioambientales y agotamiento de recursos principalmente. De tal forma que el primer reto es la correcta medición de un fenómeno medioambiental físico, y para ello utilizaríamos medidas físicas, como el Análisis de Flujos de Materiales, el cálculo de a huella ecológica, o la utilización del modelo DPSIR. Ahora bien, las principales dudas emergen al tratar de hacer una evaluación monetaria de esas contaminaciones, degradaciones o agotamiento de ecosistemas. En la economía ambiental existen diferentes criterios que podrían arrojar cifras muy diferentes: disposición a pagar por un uso; disposición a aceptar una compensación; grado de sustituibilidad entre capital natural y humano; selección de una tasa de descuento en función de los horizontes

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temporales... Pero quizá, la pregunta no sea qué criterio utilizar sino saber si es pertinente o no realizar una evaluación monetaria. Son varios los argumentos a favor o en contra de realizar un cálculo pecuniario. Entre los primeros están: i) que el lenguaje financiero es entendible para instituciones y empresas; ii) útil en un contexto judicial; iii) redistribución de los beneficios de una actividad contaminante; iv) incentivo para no comenzar a contaminar o al menos tomar precauciones; v) valor simbólico de compensación financiera para reconocer los derechos de la población afectada; vi) contraargumento frente al pago de la deuda externa. Pero como decíamos también hay importantes desventajas: i) ha de ser suficientemente alta para que no sea interpretada como un permiso de contaminación; ii) riesgo de que las compensaciones sean pequeñas porque reflejan las estructuras de poder existentes en el estado o en el mercado; iii) posible creación de diferencias entre acreedores y litigios derivados; y por último, aunque a menudo habría que comenzar por este argumento, iv) gran parte del daño ecológico es irreversible y no puede ser reparado. ¿El cambio climático como oportunidad? Recién mencionamos que uno de los componentes de la deuda ecológica es la deuda del carbono, quizá sea el componente que más repercusión mediática esté teniendo debido a su estrecha relación con el cambio climático. Quizá también porque tal y como dice el PNUD (2007) “no hay otro tema más urgente y ninguno exige medidas tan inmediatas... [ya que] el mundo dispondría de menos de 10 años para cambiar su rumbo al estar acercándose al borde de los puntos de inflexión”. El propio PNUD señala que existe una relación inversa entre la responsabilidad por el cambio climático y la vulnerabilidad ante sus efectos a escala mundial, puesto que la atmosfera de la tierra no diferencia entre los gases de efecto invernadero según el país de origen, y las emisiones de un país se pueden convertir en el problema para otro. Además de pasar los problemas de un país a otro, la generación actual está acumulando una deuda ecológica insostenible para con las futuras generaciones. Ahora bien, la idea que realmente nos sitúa en las coordenadas del debate que proponemos es el hecho de que el mundo en su conjunto cuente tanto con los recursos financieros como con las capacidades tecnológicas para actuar, de modo que si no se logra impedir el cambio climático será a causa de la incapacidad de generar voluntad política. La existencia de un conflicto ecológico de distribución se muestra claramente, y entonces se comprende la responsabilidad de la falta de voluntad política, al saber que los

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costos de actuar son menores que los de no actuar, sólo que recaen sobre diferentes colectivos. Para evitar el cambio climático peigroso las naciones desarrolladas deberían reducir sus emisiones de CO2 por lo menos un 80%, con reducciones de 30% de aquí al año 2020. El costo anual promedio para alcanzar el objetivo de estabilización entre hoy y el 2030 llegaría al 1,6% del PIB, lo que representa menos de 2/3 partes del gasto militar mundial. Pero como decíamos, los costos de no acutar serían muy superiores, y según el Informe Stern2 podrían representar entre el 5% y 20% del PIB mundial. Según el PNUD la falta de voluntad también se debe a que el mundo carece de un marco multilateral claro, creíble y de largo aliento que trace un curso de acción para evitar el cambio climático peligroso, y apunta a que cuando el actual período de compromisos del Protocolo de Kyoto llegue a su fin en 2012, la comunidad internacional tendrá la oportunidad de establecer dicho marco. Pero, y esta es la cuestión fundamental, ¿oportunidad para qué? ¿qué marco? Y es que el mismo PNUD por un lado señala que afrontar la problemática del cambio climático requiere cambios de gran envergadura en muchos niveles: en el consumo, en cómo producimos y ponemos precio a la energía, en la cooperación internacional… una serie de cuestiones que a su vez requieren cambios trascendentales en nuestra manera de ver la interdependencia ecológica, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones. Es decir, cambios en las tres cuestiones que ya señalábamos como ideas fuerza de la deuda ecológica, y que implicarían un cambio de modelo socioeconómico que rechace la dominación sobre las personas y la naturaleza. Por desgracia, no parece ese el nuevo marco, ni esa la esperada oportunidad. En el mismo informe se anotan un montón de soluciones posibles, pero de entre tantas parece que resuenan más que el resto tres que no requieren ese otro marco: apuesta por la eficiencia tecnológica, establecimiento de precios de emisiones, y fomento del comercio internacional (por ejemplo de biocombustibles). Es decir, no sirve para plantearse una pregunta obvia y sencilla como ¿quién debe a quien?

2. El intercambio ecológicamente desigual y la Contabilidad de Flujos de Materiales en Ecuador. 3 La Contabilidad de Flujos de Materiales (CFM) sirve para abordar la actividad económica desde una perspectiva biofísica en vez de monetaria. Desde esta óptica se explora la relación entre la economía y el medio ambiente, de tal forma que se identifica al sistema económico como un subsistema del medio ambiente, al que entran materia y energía y del que salen productos, residuos materiales y calor disipado.

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Stern, N. (2007) El informe Stern. La verdad del cambio climático. Paidós. Este apartado ha sido extraído casi en su totalidad de Vallejo M.C. (2006a, 2006b). Página 7 de 25

Aceptando la dependencia del subsistema económico respecto del medio ambiente y concebiéndolo como un metabolismo social, presentamos a continuación muy someramente las principales magnitudes que vamos a utilizar para contabilizar los flujos de materiales de entrada y de salida en el mismo. Al hacerse desde una escala biofísica en vez de monetaria, la unidad de cuenta son las toneladas de materiales y no la cantidad de dólares u otras divisas internacionales. Respecto a los flujos de entrada, el conjunto de la Entrada Directa de Materiales (EDM) proviene de la Extracción Doméstica (ED) o de la importación (M), así que lo podemos formular como sigue: EDM=ED+M. Respecto a los flujos de salida, el Consumo Doméstico de Materiales (CDM) se obtiene restando a la entrada directa de materiales aquellos que se Exportan (X), es decir: CDM=EDM-X. Por último, el Balance Comercial Físico (BCF) se obtiene deduciendo de las importaciones el flujo de las exportaciones, así que obtenemos la siguiente relación: BCF=M-X. Para interpretar correctamente estas magnitudes falta subrayar que si un país tuviera un BCF negativo, eso significaría que ese país exporta más material del que importa, y por tanto que la extracción doméstica es mayor que el consumo doméstico de materiales, de tal forma que la presión interna sobre los recursos naturales no se debe sólo al consumo nacional sino al sobre-consumo de otros países. María Cristina Vallejo (2006a, 2006b) ha sido quien por primera vez ha aplicado esta contabilidad de flujos de materiales al conjunto de la economía ecuatoriana, obteniendo para el período 1980-2003 unos datos absolutamente exclarecedores a la hora de evaluar el tipo de inserción comercial del país en los mercados internacionales y la generación de deuda ecológica debida a los impactos medio ambientales correspondientes. Cada año en promedio entraron en la economía ecuatoriana alrededor de 56 millones de toneladas de materiales, de las cuales 52,8 millones fueron de extracción doméstica y 3,5 millones importaciones. El consumo interno de materiales supuso alrededor de 41 millones de toneladas y el consumo externo (las exportaciones), aproximadamente 15 millones. Lo que significa que el balance comercial físico anual es negativo por un valor de 11,5 millones de toneladas, y además crece a una tasa promedio del 8% anual. El problema con esta estructura comercial es que internamente se produce una carga ambiental importante, la misma que es promovida por el sobre-consumo de otros países, y asumida por el país exportador en la forma de agotamiento de los recursos naturales domésticos. Las exportaciones se componen principalmente de bienes primarios como el petróleo y el banano, que juntos abarcan el 84% del peso de los materiales exportados y a su vez supusieron en torno al 60% del total de los ingresos monetarios por exportaciones. Mientras que la mayor parte de las importaciones fueron manufacturas y otros materiales, 66% del peso total, y tan sólo el 32% correspondieron a biomasa y minerales. Ya hemos señalado que el tipo

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de materia exportada es diferente a la importada, y eso se ve reflejado también en los precios de intercambio: el valor de cada tonelada importada es de 803$, que supera en alrededor de 3,5 veces el valor de cada tonelada exportada, cuyo precio es de 231$. Figura 2. Saldo comercial del Ecuador.

Fuente: Vallejo, M.C. (2006b) A pesar de la muy perjudicial relación real de intercambio para el país, Ecuador ofrece un saldo comercial monetario positivo, aunque este superávit responde tan sólo al desempeño del sector petrolero, puesto que en el comercio exterior no petrolero la posición superavitaria se desvanece. La comparación de los flujos monetarios y los flujos físicos del intercambio comercial permite identificar una desacoplameinto entre ambas dimensiones, sobre todo si excluimos el petróleo, ya que a pesar de exportar una mayor cantidad de toneladas se obtiene menos dinero. Y es que el mantenimiento del sistema económico existente está asociado a la relación inversa entre el valor físico y el valor económico. La relación conflictiva entre economía y medio ambiente queda patente en la evolución de la economía ecuatoriana durante las dos decadas de tortuoso ajuste neoliberal. Durante los años 80 y 90 los precios de las exportaciones del Ecuador disminuyeron en términos reales, de tal forma que para sostener el nivel de ingresos, fue necesario expandir el volumen físico de los materiales exportado. Debido a la crisis económica en los 80, surgida a raíz de la crisis de la deuda externa, el flujo monetario de las exportaciones mostró un lento crecimiento (0,4% anual); y sin embargo en términos físicos se registró un acelerado ritmo de expansión (7,6% anual) que significó alrededor de 10 millones de toneladas por año. Entonces, puede interpretarse que el ajuste por la crisis de estos años se produjo en la escala biofísica de la economía, es decir, a través del volúmen de recursos exportados. Y de aquí, el corolario de que la deuda externa y los programas de ajuste estructural acentúan la presión sobre los recursos naturales.

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A continuación se muestra una comparación de las magnitudes de flujos de materiales per cápita en Ecuador respecto a las de la Unión Europea, que fácilmente podría ser el comienzo para identificar una deuda ecológica agregada entre estas regiones. Figura 3. Comparativa Flujos de Materiales Ecuador-Europa para el año 2000.

Fuente: Vallejo, M.C. (2006b). Las economías ricas como representa la media de la UE-15 casi triplican el nivel de extracción de materiales por cada habitante de Ecuador (la relación es de 4,9 a 13). Pero las diferencias respecto al consumo todavía son mayores, puesto que cada habitante de la UE consume casi 16 toneladas de materiales al año, mientras que el habitante promedio del Ecuador no alcanza las 4 toneladas. Si además consideráramos que el volumen de exportaciones de la UE es casi cuatro veces inferior al volumen de sus propias importaciones, y que por el contrario, en el caso de América Latina, por cada tonelada importada se llegan a exportar hasta seis toneladas, está medianamente claro que América Latina se ubica entre los acreedores ecológicos y que la UE entre los deudores. Pero como decíamos al inicio, todavía faltaría ver la relación directa entre regiones (sujetos), puesto que del total de exportaciones de América Latina tan sólo el 14,8% va a Europa, mientras que el 57,8% va a Norteamérica4. De todas formas, aún sin identificar los deudores, sí cabría poner a Ecuador como acreedor ecológico e incluso arrojar una cifra inicial, quizá un tanto burda pero suficientemente 4

Fuente OMC (2004). La región “Europa” en este caso no correspondería con la UE sino con la región geográfica: Europa occidental, central y oriental. Página 10 de 25

comprensible y significativa, sobre el tamaño de la deuda ecológica derivada de un intercambio ecológicamente desigual que además no refleja los precios ecológicamente correctos que internalizaran las externalidades (Martinez Alier 2005). Decíamos que el BCF negativo de Ecuador es de 11,5 millones de TM anuales, así que una cifra de referencia la constituirían los 6.578 millones de dólares anuales que se obtienen de multiplicar ese volumen de BCF por la diferencia de precios entre tonelada exportada (803$) e importada (231$) que es de 572$. En un solo año 6.500 millones de dólares que suponen bastante más de un tercio de la Deuda Externa total acumulada de Ecuador, aproximadamente 16.500 millones en el 2004. Para finalizar este apartado es importante realizar algunas matizaciones sobre la metodología de CFM. Por ejemplo en las actividades agrícolas, en muchas ocasiones se contabilizan únicamente los flujos directos de materiales, y sin embargo durante el desarrollo de estas actividades los suelos pueden ser erosionados, y existen otras pérdidas de materia que no llegan a contabilizarse en el sistema económico, estos son los llamados flujos ocultos. Así que aunque los saldos comerciales físicos directos se hallaran equilibrados, los flujos indirectos podrían determinar una distribución desigual entre regiones. Además el flujo de materiales no revela la toxicidad5 de los procesos productivos ni las características de la biodiversidad que desaparece. Por otro lado, el manejo de datos agregados y de gruesas estimaciones hace perder de vista las especificidades de cada cadena productiva.

3. Ejemplos de deuda ecológica en el caso ecuatoriano. 3.1. Industria extractiva: Petróleo en la Amazonía ecuatoriana.6 La historia petrolera en la Amazonía ecuatoriana es uno de los más claros y vergonzosos ejemplos de etnocidio y contaminación ambiental en América Latina según Acción Ecológica (2006a, 2007). Ahora bien, a pesar de lo relevante de la situación, los casos en los que se haya reconocido y calculado la existencia de una deuda ecológica, o en los que se hayan pagado las indemnizaciones y reparaciones adecuadas son díficiles de encontrar7. La extracción petrolera moderna en el Ecuador comenzó a partir de 1972 de la mano de la Texaco-Gulf, para lo que se construyó un oleoducto de 513 km (desde la Amazonía hasta una planta de refinamiento en la costa), con un capacidad de 250.000 barriles diarios. Desde

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Una tonelada de mercurio utilizada en la extracción de oro es más tóxica que una tonelada de desecho de biomasa de una plantación que incluso pudiera servir como abono. 6 Este apartado ha sido extraído principalmente de Acción Ecológica (2007). 7 Proximamente ha de producirse una resolución histórica sobre el juicio interpuesto a la Texaco por su actividad en Ecuador. Página 11 de 25

entonces la actividad e infraestructura petrolera ha crecido constantemente8 y las empresas transnacionales petroleras, así como sus constructoras y financistas, y el propio estado ecuatoriano vienen acumulando una deuda social y ecológica para con los habitantes originarios de la zona, posteriormente para con los colonos campesinos, y en general para con el conjunto de la población ecuatoriana. Quisiera comenzar este apartado recalcando que la deuda a contemplar en este caso no se debe tan solo a los impactos medioambientales, sino que es inevitable ligarla a cuestiones históricas y sociales, y es que la continua expansión de la frontera petrolera ha supuesto un acoso constante a los pueblos indígenas de culturas milenarias que habitaban esa parte de la Amazonía, en concreto a las nacionalidades indígenas kichwa, cofán, shuar, secoya, siona, achuar, zápara y especialmente a los waorani. Además de a los pueblos indígenas, la actividad petrolera afecta a 9 áreas protegidas del país, algunas tan significativas como el Parque Nacional Yasuní. Y es que en Ecuador se han licitado 20 bloques petroleros en la región amazónica, de los cuales se mantienen en la actualidad 14 de aproximadamente 200.000 ha cada uno9. Estos bloques están operados por 11 compañías o consorcios petroleros, siendo que 10 son empresas transnacionales y una es la estatal ecuatoriana, Petroectuador. Impactos Medioambientales A continuación presentamos un pequeño listado de los impactos ecológicos más habituales en la producción petrolera. En primer lugar, durante la etapa de la exploración sísmica, al utilizar la detonación de explosivos subterráneos, las principales afecciones son la desestabilización de los suelos y la pérdida de nacimientos de agua, la contaminación de aguas por las explosiones, ruido, y la deforestación de bosque primario que trae como consecuencia la erosión y la pérdida de biodiversidad. En segundo lugar, la activdad petrolera requiere de la construcción de nuevas carreteras, cuya pavimentación se realiza colocando desechos de crudo y tóxicos directamente sobre ellas. Durante esta etapa se produce una importante colonización y deforestación del territorio, pero además las sustancias tóxicas arrojadas sobre las vías son acarreadas por el agua de lluvia produciendo la contaminación de los cuerpos de agua más cercanos. También se remueven importantes cantidades de tierra, y a menudo los taludes son revegetados con especies de pastos foráneos.

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Un salto cualitativo relevante en la infraestructura y la cantidad extraída lo supuso la construcción del OCP (oleoducto de crudos pesados), finalizado en octubre del 2003 y con una capacidad de 450.000 barriles diarios. En esta operación participaron Repsol y BBVA. 9 Lo que equivaldría a aproximadamente 4 veces el tamaño de la Comunidad Autónoma Vasca. Página 12 de 25

En tercer lugar, en el proceso de perforación de los pozos se utilizan lubricantes o lodos de perforación que son mezclas con gran cantidad de aditivos químicos, muchos de ellos altametne tóxicos. Uno de los peligros es la filtración de tóxicos a través del suelo y la consiguiente contaminación de aguas freáticas. En cuanto a la explotación, se debe separar el crudo del agua de formación que se encuentra en forma de emulsión, para lo cual se utilizan sustancias químicas, la mayoría de ellas derivadas del benceno, sustancia extremadamente tóxica y cancerígena. Pero además las aguas de producción muchas veces son vertidas sin tratamiento a los ríos y esteros, produciendo una contaminación de las fuentes de agua de la población. Por último, en cuanto al transporte y almacenamiento, cabe reseñar la construcción de oleoductos y líneas secundarias desde las estaciones hasta los mismos, siendo el mayor riesgo el de los derrames de crudo por la ruptura durante el transporte, habiendo llegado a contaminar incluso los ríos y lagunas más grandes de la región. ¿Cuál debería ser la deuda ecológica por todos estos impactos? Uno de los ejemplos más sangrantes es el de la empresa Texaco, que operó en la Amazonía desde 1965 hasta 1990. Durante ese período extrajo cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, construyó 22 estaciones, perforó 339 pozos en un área que alcanza las 442.965 hectáreas, vertió toneladas de material tóxico, desechos de mantenimiento y más de 19 mil millones de galones de agua de producción en el medioambiente, y a través de sus mecheros quemó diariamente 2 millones de metros cúbicos de gas10. Además, durante el tiempo que operó el oleoducto transecuatoriano (SOTE), los derrames ocurridos alcanzaron aproximadamente los 16,8 millones de galones de crudo, superando en más del 50% los 10,8 millones del derrame del Exxon Valdez en las costas de Alaska cuya limpieza costó más de 7.000 millones dólares (Acción Ecológica 2006a). Otro de los ejemplos reseñables lo constituye la actividad de la española Repsol-YPF. Quizá uno de los elementos más significativos sea el hecho de que las operaciones de esta empresa no pueden ser monitoreadas por la sociedad civil debido a que la empresa restringe férreamente el ingreso al área bajo su control, donde por cierto habitan comunidades Waorani. Son precisamente estas comunidades quienes con frecuencia han denuncido derrames de crudo, como el que recientemente Repsol aceptó en un boletín de prensa el día 1 de febrero del 2008. Pero eso sí, Repsol indicó un derrame de 100 barriles, mientras que la inspección oficial del Ministerio de Energía y Minas, enseguida cifró el derrame en más de 2000 barriles11.

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Kimerling, Judith (1993) El derecho del Tambor. Abya-Yala. Quito; citado por Acción Ecológica 2007. Diario El Comercio versión digital, fecha del 2 de febrero del 2008. Página 13 de 25

Otro elemento de la actividad de Repsol que nos sirve para ir acercándonos a enlazar la deuda ecológica con otras cuestiones sociales más amplias, son sus comportamientos con respecto a fraudes fiscales y económicos. Algunos ejemplos son

dejar de pagar por el 12

transporte del crudo por el SOTE, o declarar el impuesto a la renta cero , a pesar de mantener la extracción de barriles a precios elevados en el mercado internacional. Otro de los fraudes es la explotación de crudo pesado (16 grados API) a costa de mezclarlo con crudo liviano de alta calidad que además está subvencionado por el Estado a través de Petroecuador, lo que supone enormes pérdidas económicas para el país. Se calcula que en el año 1999 el importe de los barriles de crudo liviano (43.000 diarios) proporcionados por Petroecuador a Repsol era de más de 3 millones de dólares diarios. Mientras que la deuda por no cancelar los costos de transporte de crudo por el SOTE hasta el 2005 sumaba más de 111 millones13. Impactos sociales. Ahora sí, como decíamos al inicio de este sub-apartado, recordamos que además de los impactos ecológicos son importantes los impactos sociales y en especial aquellos sobre los pueblos indígenas. Algunos de los principales problemas son la aculturación; los desplazamientos de sus tierras ancestrales y la consiguiente colonización; el aumento de la represión frente a la resistencia a la ocupación de su territorio y la militarización de la zona; el aumento del alcoholismo y la violencia social; la marginación económica y cultural; el deterioro de la salud; la falta de acceso a la educación; el acoso sexual a las mujeres y la prostitución; la corrupción y la pérdida de valores. Toda esta problemática tiene orígenes comunes, y es que la región ha sido abandonada por el Estado en cuanto a sus responsabilidades, y por tanto ha caído en una enorme dependencia respecto a las empresas petroleras en los aspectos más basicos de infraestructura económica y social. Una dependencia agravada por el racismo histórico frente a los indígenas, de tal forma que se produce una continua vulneración de derechos elementales y de derechos colectivos de los pueblos reconocidos por la propia constitución ecuatoriana y el convenio 169 de la OIT. Uno de los pueblos que más graves ataques ha soportado últimamente son los clanes no contactados de Tagaeri y Taromenane, antiguos Waorani que resisten en aislamiento voluntario. Son pueblos nómadas, cazadores-recolectores, que perviven según su cultura milenaria y a quien la constitución nacional asiste legalmente en sus derechos colectivos al territorio. Pues bien, el propio bloque petrolero de la Repsol afecta al territorio natural de estos clanes, pero más allá de eso, son las empresas madereras quienes han liderado el acoso en

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Una de las condiciones de la Ley de Hidrocarburos es que las empresas deben demostrar la rentabilidad del bloque petrolero para poder mantener la operación del mismo. 13 Llanez (2005) citado por Acción Ecológica 2007. Página 14 de 25

los últimos tiempos. Recientemente, en febrero del 200814 5 indígenas de estos clanes fueron asesinados presumiblemente por madereros ilegales, al igual que ocurriera en otra matanza en el 2003. Cabe decir que la actividad madedera va de la mano de la petrolera, puesto que la expansión de la actividad petrolera junto con sus carreteras es la que marca el alcance de la deforestación y la llegada de colonos que se dediquen a la madera. Además el Ecuador tuvo una tasa media de deforestación anual del 1,2% equivalente a 137.000 ha año para la década del 90, la mayor tasa en Sudamérica; de tal forma que la extracción madedera en selvas tropicales alcanzó el 1% PIB en 2001 y su crecimiento en los 90 superó el 5,6% anual, siendo mucho mayor al crecimiento del PIB (Larrea, 2006). Pero es que además se calcula que el 50% de las talas se realizan de manera ilegal, y a menudo en terrenos prohibidos, de tal forma que en ambas matanzas de Tagaeri y Taromenane se responsabiliza a madereros ilegales. Para acabar volviendo al tema del petróleo, habría que mencionar que todavía existe el riesgo de que se realicen licitaciones de explotación en nuevos bloques petroleros, incluso afectando a zonas protegidas como el Parque Nacional Yasuní, tal es el caso con el bloque ITT. Pero existe una interesante propuesta del movimiento ecologista, aceptada inicialmente por el gobierno ecuatoriano para mantener ese crudo en el subsuelo a cambio de recabar un fondo de ingresos complementarios (OILWATCH 2007)15. Los argumentos son varios: lucha contra el cambio climático; evitar la destrucción de biodiversidad; tomar medidas de protección al pueblo Waorani que habita la zona; y procurar la transformación económica del país para no depender tanto de los ingresos del petróleo. Una transformación económica que se antoja urgente pues las estimaciones más recientes de las reservas probadas las sitúan en los 4.629 millones de barriles, que equivalen con el ritmo de explotación que se alcanza al emplearsee la capacidad total del oleoducto de crudos pesados, aproximadamente 18 a 25 años de producción (Larrea, 2006).

3.2. Producción agroexportadora: banano y flores. Industria florícola16 En los últimos veinte años, la industria de producción de flores constituye uno de los sectores de exportación no tradicionales más dinámicos. Desde una perspectiva crematística la industria de la flor expresa un conjunto de indicadores macroeconómicos exitosos, como el ingreso de divisas al país, la inserción de la agroindustria ecuatoriana en el mercado 14

Diario EL PAIS versión digital del 19 de febrero del 2008. Consultar al respecto la campaña Amazonía por la Vida, o las páginas de Acción Ecológica, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. 16 Esta sección ha sido extraída casi en su totalidad de Moncada M. (2005, 2006) 15

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internacional basada en tecnología y el crecimiento sostenido de la producción y el empleo (Moncada 2006). Considerando el período 1985-2004, los ingresos por concepto de exportaciones de flores, supusieron un crecimento anual promedio del orden del 46%, llegando a los 338 millones de dólares. Tal es así que en la actualidad las flores representan la sexta fuente de divisas del país, ubicándose detrás del petróleo, remesas de emigrantes, banano, camarones y el turismo. La floricultura se ha concentrado de manera fundamental en la Sierra Ecuatoriana, donde supuso una modificación del uso de superficies. Ya que en cierto modo implicó que los pequeños productores campesinos marginaran la producción agrícola orientada a la seguridad alimentaria, para convertirse en proveedores de mano de obra en la industria de producción de flores en condiciones de absoluta precariedad. Este abandono de actividades agropecuarias no sólo es un cambio de actividad económica, sino que implica la paulatina pérdida de estrategias de reproducción social, cohesión social y cultural en las comunidades campesinas de los Andes. Martha Moncada (2005, 2006) ha sido quien ha aplicado por primera vez la contabilidad de flujos de materiales a la actividad florícola en el Ecuador, y llega a la conclusión de que el citado éxito macroeconómico debería matizarse en muchos ámbitos. Señala que la floricultura se caracteriza por la utilización permanente de un alto volumen de fertizilantes químicos, herbicidas y productos fitosanitarios, muchos de los cuales son altamente tóxicos, además de realizar un uso intensivo de energía y requerir volumenes exorbitantes de agua. Un agua que no se incluye en la contabilización de flujos de materiales y de la que muchas veces los campesinos ubicados cerca de las plantaciones florícolas carecen, puesto que cada vez más se convierte en un bien escaso debido al incorrecto manejo de los páramos de la sierra ecuatoriana.

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Figura 2. Insumos materiales directos utilizados por la industria florícola, medido en toneladas (1986-2003).

Fuente: Moncada, M. (2006) Los materiales más demandados por la floricultura son el plástico, los pesticidas, fertilizantes y empaques, y se puede observar que todos los rubros han crecido de forma muy considerable. Además destaca el alto aporte de la industria florícola en el uso de pesticidas que en el período 1990-2003 representó un aumento del 13% al 33%. En cuanto a las magnitudes de materiales, Moncada indica que por cada ha de tierra cultivada en la actividad florícola se movilizaron 1.790 TM de materiales que no constan en el precio ni son parte del producto final. Por cada tonelada de flor que se exportó en el país permanecieron 0,2 tm de materiales altamente contaminantes. Y cada tonelada de flor que se consume en el Norte implica para el país un movimiento de materiales del orden de 9,31 TM (378 TM si se incluyera el agua). Teniendo en cuenta que casi la totalidad de producción florícola es para la exportación, es posible corroborar que el mayor daño al ambiente está asociado al sobre consumo del Norte y no a la presión sobre los recursos provocada por el crecimiento demográfico o el desarrollo interno del país. Además, son los sectores más pobres del país los que en la actualidad están soportando los efectos negativos del cultivo de la flor como la contamincación, la inequidad en el acceso al agua o la pérdida de biodiversidad.

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Esta realidad demuestra claramente la existencia de un conflicto social y ecológico distributivo, relativo a la forma desproporcionada en la que los grupos sociales para quienes el ambiente natural constituye el soporte de su vida reciben los impactos generados por el crecimiento ecónomico (Moncada; de Martínez Alier 2002). Y es que la proporción ínfima de exportaciones en relación al resto de flujos de salida de materiales, muestra que prácticamente todas las secuelas ambientales y sociales de la actividad bananera y florícola se quedan en el medio ambiente doméstico. Banano Tal y como vimos en el apartado segundo, el Ecuador exporta un volumen creciente de materia en general, y también por supuesto de biomasa compuesta por productos agrícolas, silvícolas y piscícolas. De entre estos el banano es el principal rubro con diferencia: las exportaciones de este producto representan un 86% de la biomasa nacional comercializada en el mercado mundial. Pero además es un rubro vital para el país porque la producción bananera en conjunto con la producción de café y cacao constituyen el sector más importante en la generación de empleo en el país. En efecto, a partir de 1952 el país se convirtió en el primer exportador mundial17 de banano, condición que ha conservado desde entonces por delante de Costa Rica, Filipinas o Colombia. El florecimiento bananero promovió un proceso de colonización espontáneo hacia nuevas tierras, que fue reforzado a través del apoyo estatal a la actividad. Tuvo lugar una masiva depredación de bosques naturales, pues el apoyo estatal a través de créditos a medianos y pequeños productores, estuvo condicionado al cambio del uso del suelo: talar el bosque para plantar banano. Además de la contribución del banano a la deforestación al ampliar la frontera agrícola a costa del bosque primitivo, estas plantanciones también provocan la erosión de los suelos, el uso de productos agroquímicos y su dispersión en diferentes ecosistemas y la generación de residuos orgánicos e inorgánicos que tienen impactos sobre el medio ambiente.

3.3. Endeudamiento exterior para infraestructura hídrica: Represa del Daule-Peripa.18 A continuación presentamos un estudio de Acción Ecológica (2006b) sobre la Deuda Ecológica y Social generada por el llamado Proyecto de propósito Múltiple “Jaime Roldos Aguilera”. Un proyecto que engloba varias actuaciones –Represa Daule Peripa, Central Hidroeléctrica Marcel Laniado, Riego para Daule, Trasvase a la Península de Santa Elena,

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Con una cuota del 30% mundial para el año 2003. Este apartado está basado casi en su totalidad en Acción Ecológica (2006b). Página 18 de 25

Agua Potable para Guayaquil y la península de Santa Elena-, y cuyo costo total asciende a 1.639 millones de dólares, de los cuales 1.291 millones (79%) corresponden a finaciamiento externo, y los restantes 348 millones (21%) a finaciamiento interno. Ahora bien, debido a la escasez de espacio nos centraremos principalmente en lo concerniente a la Represa Daule Peripa En un contexto de crisis económica en el Norte y afluencia de créditos baratos hacia el Sur, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofreció en 1980 un crédito de 70 millones de dólares al Ecuador para el inicio de los estudios definitivos para la construcción de la obra de infraestructura más grande del País: la represa Daule-Peripa. A partir de ahí, se ejecuta a lo largo de los siguientes 20 años, a través de un imparable endeudamiento externo, el conjunto del Proyecto “Jaime Roldós Aguilera”. Es decir, una vez contratado el primer crédito e iniciadas las obras, empieza una larga cadena de “inversiones necesarias”, ya que la característica multipropósito del proyecto, crea la necesidad de contratar préstamos adicionales para completar todos los fines que persigue el mismo, esta vez con intereses más altos y plazos más cortos. A la hora de evaluar este proyecto, es necesario pensar el endeudamiento externo en términos más amplios, incorporando al balance el conjunto de pasivos sociales y ambientales generados, lo que posteriormente permitirá exigir la restauración ambiental y el resarcimiento a los afectos, e incluso se podrá demandar la ilegitimidad de la deuda externa en clara confrontación con la deuda ecológica y social generada. Algunos de los principales impactos directos de la Represa que se deberían incorporar en el balance de la deuda son: 30.000ha de tierras agrícolas, bosques y laderas inundadas; cuatro pueblos inundados; más de 100.000 personas prácticamente aisladas; expropiación de aproximadamente 40.000ha a 4.000 familias campesinas; abandono de la cuenca aportante con el consecuente deterioro de la calidad de vida de la población campesina y la destrucción de más de 53.000 ha de bosque virgen. Los acreedores sociales-ecológicos de esa deuda son los campesinos de la cuenca aportante de la Represa debido a los impactos recién nombrados, y la población ecuatoriana en general, por el pago de la deuda externa y la pérdida del patrimonio natural. Los deudores sociales-ecológicos son los financistas, los constructores, los grupos de poder político y económico nacionales beneficiados por estas obras y las empresas concesionarias usufructuarias de los principales negocios asociados a este proyecto, entre los que encontramos: - Principales financistas externos: el BID (25%), la CAF (27%), el Banco de Brasil (30%), o los gobiernos español (6%) e italiano (5%) entre otros.

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- Constructores: Agroman (España), Odebrecht (Brasil) - Empresas concesionarias: Unión Fenosa-España (Generación Eléctrica); Bechtel-Estados Unidos (Provisión de agua potable). Volviendo a las características de la Represa, ésta fue la obra de infraestructura hídrica más grande del país, se construyó desde 1982 hasta 1987 ubicándose 10 km aguas abajo de la confluencia del Río Daule con el Río Peripa. Se trata de una mega represa de 90m de alto con una capacidad de 6 mil millones de m3 de agua generando un área indundada de 30.000 ha., y se constituyó en el corazón de un enjambre de represas y mecanismos de trasvase de agua. Entre los principales resultados del proyecto se pueden mencionar: provisión de agua potable19, riego, control de inundaciones y dotación de energía eléctrica al sistema interconectado. La empresa constructora de la Represa, así como de la central hidroeléctrica asociada a la misma es la española Agroman, y la operadora de ambas es también española, Unión Fenosa20. Agroman también es la constructora del proyecto de riego y drenaje del valle del Daule. Si además tenemos en cuenta que uno de los financistas es el estado español, se puede concluir una dependencia financiera y tecnológica que genera una alta rentabilidad a los financistas, contratistas y operadores. La contratación de créditos para estudios, y para la construcción de obras, tienen condicionamientos de uso de tecnologías, capitales e insumos de los países prestatarios, es por ello que la principal

fuente de financiación bilateral es la

española y la brasileña, siendo también los principales beneficiarios en la construcción y prestación de servicios junto a EEUU, y las familias oligarcas ecuatorianas vinculadas con la agroexportación beneficiadas por el riego. Los impactos sociales y ambientales de la construcción de la represa pueden ser divididos en dos. Por un lado los costos directos asociados a la construcción de la represa: desplazamientos humanos, anegamiento de ecosistemas, camibo de las condiciones climáticas, deterioro de las condiciones de vida y de la economía campesina, tanto de la población desplazda como de la que quedó aislada, con bajos niveles de salubridad y en proceso de deterioro. Por otro lado los efectos indirectos, relacionados con la ausencia de procesos de planificación y ordenamiento territorial, programas de mitigación de daños, programas de salud, etc., que han generado mayor destrucción de la cobertura vegetal, y pérdida de la calidad de vida de más de 100.000 habitantes.

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Sin embargo, bajo la administración del servicio de agua potable por parte de la empresa transnacional Bechtel de EEUU, alrededor de un 10% de la población más marginada aún carece de agua potable y pero aún, la calidad del agua suministrada ha sido objeto de cuestionamiento por su baja calidad. 20 Otros interesantes ejemplos de deuda ecológica de empresas transnacionales españolas se puede encontrar en la obra citada Ortega M. (2005). Página 20 de 25

Impactos sociales. Para empezar se puede recordar que debido a los problemas de aislamiento generados y al abandono total por parte del Estado, todas las parroquias de la zona de estudio se encuentran entre las más pobres del país, con las peores condiciones de vida. De todas formas a continuación se detallan algunos impactos, así como cuál ha sido su valoración a la hora de cuantificar la deuda ecológica y social. 1. Desplazamientos. Durante la construcción de la represa se desplazaron 15.000 campesinos, de una superficie agrícola de casi 17.000 ha. Adicionalmente se expropiaron otras 23.000 ha sin uso agropecuario, afectando en su totalidad a más de 4.000 familias. - Valoración: Indemnizaciones por las tierras expropiadas. 2. Aislamiento de la población, aproximadamente 20.000 familias. - Valoración: Valor del costo de transporte en el que han incurrido durante 20 años 100.000 personas. 3. Deterioro de las condiciones de salubridad, y aumento de los casos de mortandad. Las enfermedades propias de la zona se han incrementado debido a los cambios ambientales generados por el embalse (malaria, dengue y parasitósis principalmente). Adicionalmente, como ya se mencionó, los servicios públicos de dotación de agua potable, recolección de desechos sólidos y saneamiento son precarios. - Valoración: costos para enfrentar enfermedades; otros son incuantificables. 4. Costo por incremento de riesgos a causa de desastre natural y colapso de la represa. - Valoración: costo por asegurar áreas de cultivo frente a desastres naturales. 5. Destrucción de un patrón cultural de asentamiento y producción. Transformación de una forma cultural de aprovechamiento y uso a partir del río. - No se ha cuantificado. Impactos Ambientales. 1. Deforestación. Desde el año 1982 se han perdido alrededor de 53.500 ha de bosque virgen en una de las zonas de más alto endemismo y biodiversidad el país. - Valoración: Dada la oposición a dar precio a la naturaleza y sus funciones se calcula una aproximación al costo de reposición.

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2. Erosión e incremento de los niveles de asolvamiento del embalse. Debido a la falta de manejo y prevención de la cuenca alta aportante, quedan afectados no solamente la calidad del agua por la presencia de sedimentos en suspensión, sino también la vida útil de esta obra. - Valoración: pérdida de vida útil del embalse. 3. Contaminación de aguas empozadas. - Valoración parcial de ciertos problemas de salud. 4. Contribución al efecto invernadero. - No cuantificado. En conclusión, según los cálculos de Acción Ecológica (2006b) esta megainfraestructura ha generado una deuda social-ecológica parcial por un valor de 2.792 millones de dólares, que han supuesto unos beneficios privados y una socialización de costos enorme. Pero además de esta cifra habría que contemplar las pérdidas económicas que el proyecto suponía desde un inicio según el valor actual neto (VAN) en un análisis de costo-beneficio. Y es que el propio BID inicialmente admitía la imposibilidad de recuperar el capital, ya que según sus estudios el VAN era negativo por 50 millones de dólares, aunque otras estimaciones posteriores situaron el VAN negativo en 130 millones, e incluso en 928 millones de dólares. Aquí se demuestra una vez más la perversa relación entre la deuda ecológica y social y el endeudamiento externo. Y es que una de las formas de mantener a la población sojuzgada y a la naturaleza enajenada, es a través de una tríada que relaciona: la cooperación financiera para el desarrollo (que empieza abiertamente a ofrecer créditos de inversión para estimular supuestamente el desarrollo), las élites nacionales (interesadas en beneficiarse directamente de estos créditos), y las empresas privadas internacionales y nacionales interesadas en los contratos de contrucción. En cuanto a la deuda externa, el Ecuador ha pagado en forma ininterrumpida desde 1982 hasta el año 2003, a los acreedores de deuda pública externa, por concepto de capital e intereses la suma de 90.830 millones de dólares, recibiendo en el mismo lapso préstamos nuevos por 80.597 millones de dólares, lo que generó una transferencia neta negativa, de 10.233 millones de dólares. Esto es, hubo un flujo de capitales constante hacia fuera del país, a pesar de lo cual la deuda pasó de 6.633 millones en 1982 a 16.585 millones en febrero de 2004. Por otro lado, en los últimos 23 años el porcentaje del gasto fiscal del Ecuador en el servicio de la deuda pasó del 16% en 1980 al 40% en el 2003.

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4. Conclusiones. Es complicado cerrar un texto en el que se han abierto tantos frentes, así que simplemente voy a recalcar algunas ideas ya expresadas. En primer lugar, hace falta todavía mucho trabajo teórico para procurar estandarizar una definición y cálculo de la deuda ecológica. Ahora bien, a pesar de la utilidad de los esfuerzos por homogeneizar mediciones, los casos prácticos nos demuestran dos lecciones en otra dirección: primero, que las realidades ecológicas son observables desde muchas perspectivas y que cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas de tal forma que puede primarse un enfoque multicriterial y plural según el caso; y segundo, que la deuda ecológica, al referirse en parte al modelo de producción y consumo, abarca muchas más cosas que impactos ambientales y que es importante considerar por ejemplo las deudas históricas y sociales. De estas dos lecciones, extraemos una segunda conclusión, y es que quizá no sea tan urgente homologar el concepto como avanzar en la utilización del mismo para denunciar las injusticias en las relaciones Norte-Sur, y conseguir: i) el reconocimiento del desequilibrio en el uso d elos recursos naturales y en la contaminaión producida; ii) la prevención, mediante políticas ambientales y económicas que impidan la generación de nueva deuda; iii) la reparación monetaria y política; y iv) la compensación de la deuda ya creada y la abolición de la deuda externa (Russi D., Kucharz T., Bárcena I. 2006). En cuanto a los ejemplos presentados, observamos que un país megadiverso como Ecuador está afectado en todas sus regiones: en la zona de la costa el banano, y dejamos sin mencionar otros casos paradigmáticos como el camarón o el cacao; en la sierra por las florícolas; y en el oriente amazóncio el petróleo. También mencionamos una infraestructura hidroeléctrica en la costa, aunque hay varias más proyectadas en el oriente. Es urgente avanzar en la documentación de más casos y formas de medición, y puede ser muy útil abordarlos y ordenarlos por sectores económicos y por países para avanzar en el reclamo de tantas deudas ecológicas.

5. Bibliografía. ACCIÓN ECOLÓGICA (2006a) Atlas amazónico del Ecuador: agresiones y resistencias. Inventario de impactos petroleros. Acción Ecológica, CONAIE. Quito. ACCIÓN ECOLÓGICA. (2006b) Sembrando desiertos. La deuda social y ecológica generada por el endeudamiento externo en el proyecto de propósito múltiple “Jaime Roldós Aguilera”. Acción Ecológica. Quito.

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ACCIÓN ECOLÓGICA (2007) Deuda ecológica de las transnacionales petroleras con el pueblo Waorani y el Parque Nacional Yasuní. Informe todavía no publicado. CDE-ODG (2003) Deuda ecológica. ¿Quién debe a quién? Icaria. Barcelona. EKOLOGISTAK MARTXAN (2005) La deuda ecológica de Euskadi. ¿Quién debe a Quien? Nuestro modelo energético y la Amazonía Ecuatoriana. Ekologistak Martxan. Bilbao. Hemley N. (2005) Ecological debt: an inquiry for clarification of the concept. MSc Thesis. Centre for Human Ecology. Larrea C. (2006) Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuestas para el debate. Ecociencia. Universidad Andina Simón Bolivar. Corporación Editora Nacional. Quito. Martínez Alier, J. (2005) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icaria. FLACSO. Barcelona. Moncada, M. (2005) Tras el invernadero. Un análisis de la industria florícola ecuatoriana desde el enfoque de la economía ecológica. Tesis de Maestría. FLACSO-Ecuador. Quito. Moncada, M. (2006) “Flores y flujos de materiales”. Revista Iberoamericana de economía ecológica. Vol.4:17-28. OILWATCH (2007) Proyecto ITT. Conservación de crudo en el subsuelo. http://www.amazoniaporlavida.org/es/files/itt.pdf (consultada febrero 2008) Ortega M. (2005) La deuda ecológica española. Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero. Universidad de Sevilla. Paredis E. et al. (2004) Elaboration of the concept of ecological debt. VLIR-BVO project. Final Report. Centre for Sustainable Development. Ghent University. VODO. PNUD (2007) Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido. PNUD. Russi, D.; Kucharz, T.; Bárcena, I. (2006) “Deuda ecológica: un concepto integral en la lucha contra la globalización capitalista”; en Encina, J. y Bárcena I. (2006) Democracia Ecológica. Formas y experiencias de participación en la crisis ambiental. UNILCO. Sevilla.

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Vallejo, M.C. (2006a) La estructura biofísica de la economía ecuatoriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano. Abya-Yala, FLACSO Ecuador. Quito. Vallejo, M.C. (2006b) “Estructura biofísica de la economía ecuatoriana: un estudio de los flujos directos de materiales”. Revista Iberoamericana de economía ecológica. Vol.4:55-72.

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