El problema constitucional ¿Es legítima nuestra actual Constitución? Si la Constitución chilena vigente adolece de algún vicio es sobre su origen y en ningún caso sobre su ejercicio. No hay dudas de que es ilegitima en su origen formal y materialmente. Pero ocurre exactamente lo contrario respecto a su ejercicio: es absolutamente legítima en el fondo y en la forma. Es formalmente legítima no solo porque es respetada por todos, sino porque toda nuestra institucionalidad jurídica y política emana de su texto. De no entenderlo así, no serían legítimos ni el Gobierno, ni el Congreso ni las normas dictadas por ellos. Uno de los grandes avances de la consolidación de la nueva República democrática post dictadura, es que ese viejo debate se había dado por zanjado el día que Aylwin, en 1984, llamó a asumir la Constitución como una realidad práctica. Lo cierto es que la Constitución comparte vicios de ilegitimidad de origen con otras en el mundo, como la Ley Fundamental Alemana -redactada y firmada por los aliados en 1949-, y la japonesa impuesta y redactada por EEUU en 1945-. También comparte su falta de legitimación democrática real con las chilenas de 1833 y 1925. Pero con todas ellas comparte un ethos: han sido legitimadas en su ejercicio y operan como leyes fundamentales. Son legítimas pues han electo Gobiernos, Congresos y dictado leyes sujetas a su texto. Han funcionado las instituciones en su marco y hemos reclamado la protección de los derechos contenidos en ellas. En el caso de la chilena, sus más de 220 reformas -así como las más de 70 de la alemana- la han fortalecido. La Constitución de 1980 no solo existe, sino que funciona y se aplica. Quienes propician la idea de una nueva Constitución suponen, además, algo que a Ciudadanos nos parece errado: que, en cualquier caso, la Constitución se habría deslegitimado en los últimos años, particularmente a partir de la incapacidad del país de dar solución a los problemas sociales que sucesivamente fueron presentándose. Sostenemos que tal creencia –no del todo explicitada- no es más que una hipótesis infundada. La Constitución no sólo fue legitimándose con el tiempo, sino que en su esencia continúa legitimada desde que la ciudadanía, en su mayoría, así lo vive, y entiende que los problemas sociales no son consecuencia de la Carta Fundamental.

Por consiguiente, como Ciudadanos, no compartimos el argumento de la ilegitimidad de la actual Carta Fundamental, al momento de abordar la discusión constitucional. Y por lo

mismo, tampoco creemos en un mundo de blancos y negros, entre los "que validan la Constitución de la dictadura" y los "santos demócratas que añoran cambiarla" por considerarla ilegitima. Creemos que hay mucho más que decir sobre esto. Lo sensato parece, en lugar de ello, es tomarnos en serio el debate constitucional. Es sano para una democracia estudiar continuamente el perfeccionamiento constitucional, pero insano hacerlo botando la estantería, antes de discutir en su mérito la eficacia de la actual ley fundamental. La esencia de este proceso analítico (¿qué es lo bueno y qué es lo malo?) debe estar centrada en la actual Constitución y en el Poder Constituyente derivado, que históricamente hemos radicado en nuestro Congreso. Y complementar este proceso deliberativo generado por la democracia representativa con la participación directa de la ciudadanía, opinando dentro de los márgenes acordados por sus representantes. Lo que hay que evitar es aumentar los grados de incertidumbre y las expectativas sobre los efectos de la Constitución. No podemos seguir diciéndole a la ciudadanía, so pena de pecar de demagogos, que contar con un nuevo texto va a resolver la crisis de legitimidad y confianza que hoy existe en nuestro país. Por eso queremos defender la idea de que la incrementalidad de los cambios trae mejores resultados que un proceso constitucional de carácter refundacional. Eso pone en realce uno de los grandes avances de la cultura liberal: darle valor a la democracia representativa, a la buena gestión política y a la seriedad técnica que obliga a demostrar primero el mérito de lo propuesto, en lugar de postular la necesidad de destruir lo establecido. Y creemos que ese debe ser el camino inicial para discutir sobre una nueva Constitución. Justo lo contrario a lo que el gobierno hoy está haciendo. No podemos reemplazar los virtuosos mecanismos de la democracia representativa (participación de todos a través del voto) por mecanismos participativos pero escasamente representativos (cabildos u otros a los que sólo algunos asisten o participan). La regla, entonces, debe ser complementar la democracia representativa - y la necesaria especialización de las funciones que emanan de ella- por algunos mecanismos de participación directa de los ciudadanos. El esfuerzo colectivo de aprender a escuchar debe darse en el marco de dicha democracia representativa consustancial al ideario liberal, que incluye el derecho de participar y de no hacerlo. Nuestro proceso de maduración constitucional En el segundo semestre del 2015, la Presidenta de la República anunció que abriría un proceso constituyente que culminaría en una Nueva Constitución para Chile que

terminara por derogar la de 1980, a más de 30 años de funcionamiento. De resultar, sería la undécima Constitución de la República, después de las Constituciones de 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980. En televisión y radios se comenzó a divulgar una campaña llamada “constitucionario”, que sin la debida seriedad, trató de explicarle a los ciudadanos la utilidad de una Constitución. Hasta ahora el debate está reducido al proceso de generación de la Constitución más que a sus contenidos. Así, el campo de batalla está marcado entre quienes bregan por una Asamblea Constituyente o por un proceso de reformas en el Congreso. Poco y nada se habla de los contenidos. Nuestra historia constitucional nos muestra siete constituciones más las leyes federales de 1826, las que fueron los esfuerzos que nos llevaron al paradigma de lo que, entendemos, es la República de Chile: democrática, unitaria, sujeta al Estado de Derecho, con clara división de poderes, límites al poder estatal y protección de derechos fundamentales. Tres de nuestras Constituciones de mayor data (1833, 1925 y 1980) consolidaron esta visión institucional, primando en ellas el objetivo primigenio de “sustentar un Gobierno de leyes, no de hombres” y por lo mismo, limitar el poder y organizar el Estado. La Constitución normativa ha ganado la batalla contra las Constituciones aspiracionales en Chile y en general, en todas las sociedades del mundo que participan de la democracia liberal.

De la Constitución de 1980 decir lo obvio. El debate permanente sobre su legitimidad de origen es absurdo si es que se considera que tratamos con una institución viva, que nos ha regido, efectivamente, los últimos 26 años. Tiene aciertos originales (autonomía constitucional de órganos tales como el Banco Central y la Contraloría, la creación y fortalecimiento del Recurso de Protección y el Tribunal Constitucional, la ampliación del catátolgo de derechos fundamentales, etc) y tiene pecados iniciales (desconfianza de la democracia, excesivo presidencialismo, naturaleza pétrea de su reforma y compleja arquitectura normativa a través de leyes de quórums distintos), todo acerca de lo cual, se ha escrito bastante. Hoy lo cierto es que esta Constitución, ampliamente reformada, se parece mucho más al ideal constitucional que se tenía el año 2005 que a la idea que se buscó imponer en 1980 y por ello, consideramos, ya es un absurdo seguir con el recurrente debate acerca de la legitimidad de su origen. El dilema acerca de la Constitución perfecta ¿Existe la Constitución perfecta? La respuesta evidente es que no. Lo que hay son constituciones más queridas o respetadas por sus respectivas naciones. Y las que lo son comparten al menos tres características: son reconocidas como ley fundamental, normativamente efectivas y políticamente validadas. Es decir: formal y sustantivamente respetadas.

¿Es necesaria una nueva Constitución? Al concentrarse las criticas a la Constitución en su origen, se esconden los argumentos del porqué cambiarla según su valor normativo y como norma fundamental. Lo cierto es que la Constitución aún puede –y debe- ser estudiada para su perfeccionamiento. Y nos parece absolutamente legítimo que dicho análisis incluya la posibilidad final de tener que dictar una nueva Constitución, de estimar que la actual no responde a las necesidades económicas, sociales, culturales y jurídicas de Chile. Pero como resultado de la evidencia y no sólo de la pasión. El fin, no puede ser tener per se una nueva Constitución. Lo que deberíamos aspirar es a tener una "Mejor Constitución" y analizar en su mérito la actual, para saber si es necesario derribarla o perfeccionarla. El problema del cambio constitucional El Congreso es el depositario principal de la potestad constituyente derivada en cuanto institución democrática, colegiada y elegida por todos los chilenos. Eso constituye el mejor reflejo de nuestra confianza en la democracia representativa, como mecanismo para adoptar las decisiones relevantes. En el año 2018 tendremos un Congreso más representativo y con mayor transparencia. Pues bien, esa es una oportunidad para usarlo como herramienta de cambio constitucional. Un verdadero Congreso Constituyente. Le hemos dado demasiadas vueltas al método cuando tenemos hace tiempo legisladores electos, financiados y con las atribuciones necesarias para las reformas que necesitemos. Así como nada nace de la nada, se puede hacer una nueva Constitución a partir de la vigente. Las formas para que ocurra este debate deben darse en el marco de procesos participativos y abiertos. I. Riesgos del debate actual El actual derrotero que está tomando el debate constitucional conlleva dos riesgos a considerar. El desafío es efectuar las necesarias reformas constitucionales evitando que estos riesgos se gatillen, y que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. i. La ansiedad constitucional. El primer riesgo emana de los ansiosos, los que ven en la Constitución la solución para todo, que miran esta norma jurídica como una piedra filosofal capaz de redimir, resolver y sanar todos las debilidades de una democracia y conflictos de una sociedad. Se equivocan. El actual desencanto con la política y descrédito de la clase política –y de las élites empresariales, sindicales y eclesiásticas— no se subsana con una nueva Constitución. Se subsana modificando leyes que no tienen carácter constitucional y –esto es tanto o más importante— modificando malos hábitos y prácticas malsanas de las élites que la ciudadanía crecientemente rechaza.

ii. El iluminismo constitucional. El segundo riesgo emana de los iluminados, los que quieren hacer la Constitución desde cero, en un acto de fe ciega en la ingeniería jurídica. Una generación de economistas fue criticada, con razón, por la arrogancia intelectual de pretender rehacer la sociedad desde su laboratorio. Hoy otra generación de profesionales arriesga cometer el mismo error, reinventando el marco constitucional a su imagen y semejanza en un momento constitucional que, en su descripción, adquiere ribetes cuasi religiosos. Hay al menos dos equivocaciones en esta postura. La primera es política: Chile no acaba de adquirir la independencia ni viene saliendo de una guerra civil; no hay justificación alguna para partir de cero. La segunda es práctica/epistémica: las mejores leyes suelen hacerse pausadamente, a través de las modificaciones sucesivas y el ensayo y error.

II. La alternativa Proponemos un proceso de reformas constitucionales que sea claro y que siga un camino incremental, consultivo, institucional y democrático. i. ii. iii. iv.

Que sea ajeno a la ansiedad constitucional, que supone que todos los males de Chile se resuelven con una nueva Constitución. Que se aleje de la fe ciega en la ingeniería jurídica que parte de cero e ignora la historia política y constitucional de Chile Que rechace el iluminismo constitucional y acepte que las mejores cosas se hacen de a poco. Realista y pragmático, en el sentido de que mantiene los logros de la actual Constitución, y elimina sus errores o debilidades.

III. El cambio medular: Una Constitución sustancialmente nueva Creemos que no es necesario esperar el fin de un proceso como el iniciado por el gobierno para dar curso al cambio constitucional. Queremos cambios aquí y ahora, para eso el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para impulsar ciertas reformas respecto a las cuales existe un profundo acuerdo y que son necesarias para dotar de legitimidad el proceso de deliberación venidero. Las reformas que pueden iniciarse hoy son: 1. Quórum de reforma legal y constitucional mas democráticas. La constitución vigente constituye un obstáculo importante para el diseño e implementación de reformas políticas relevantes dado los altos porcentajes de votación que exige

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para llevar adelante ciertos cambios. El gobierno puede remediar esto presentando un proyecto de reforma constitucional que reforme la multiplicidad de quórum, garantizando la aprobación de ciertos proyectos bajo la regla de mayoría, y estableciendo un quórum especial solo para la aprobación de ciertos asuntos de especial relevancia nacional. Al TC no se le puede imputar ser una tercera cámara. Creemos que es necesario un órgano que controle la constitucionalidad de los proyectos que salen del Congreso. Además creemos necesario impulsar reformas para eliminar el control preventivo y forzoso, dejando el control abstracto de constitucionalidad para casos determinados. Creemos también, que debe seguir radicada en el TC la atribución de controlar la supremacía de la Constitución cuando sea requerido por una minoría parlamentaria en los mismos casos que hoy previenen los números 3, 4 y 5 del artículo 93 de la Constitución. Límite a la reelección indefinida en el parlamento. Hoy en el congreso hay parlamentarios que sin haber enfrentado siguiera un primaria, llevan en su cargo mas de 20 años. No habrá renovación en Chile si permitimos la elección de por vida de los parlamentarios. La ventaja de quién está en el cargo crea una barrera artificial que dificulta la sana competencia política y genera oportunidades para crear clientelismo. Primacía de la ciudadanía en la elección de sus representantes. La constitución de 1925 contemplaba la posibilidad de llamar a elecciones complementarias en caso que fuese necesario reemplazar a un parlamentario -por fallecimiento o imposibilidad de ejercer el cargo-. En el año 1973 esta normativa quedó sin efecto y la constitución vigente le entrega a los partidos la faculta de nombrar al reemplazo del parlamentario en caso de imposibilidad. Creemos que debe ser la ciudadanía quien elija a sus representantes, mas aún si este por cualquier razón se ve imposibilitad de ejercer su cargo. Igualdad real para todos. Unas de las más grandes desigualdades hoy existentes es la que descansa en la discriminación arbitraria que nuestra Constitución autoriza al no asegurar de forma absoluta el derecho de todos los ciudadanos a las instituciones que nuestro ordenamiento jurídico establece para poder desarrollar sus proyectos de vida y salvaguardar sus intereses. El centralismo político y administrativo no da para más. Los sucesos recientes ocurridos en algunas regiones del país muestran que las herramientas actuales no satisfacen las necesidades de la población regional. El ideal descentralizador que emana del artículo 3 de la Constitución no ha mostrado ser eficaz por lo que, consideramos, Chile, sin abandonar su carácter de Estado unitario, debe dirigir su mayor esfuerzo institucional hacia una efectiva regionalización, que dote a los gobiernos respectivos (Intendentes, Gobierno Regional) de atribuciones y recursos que, autónomamente, les permitan enfrentar, administrar y resolver sus conflictos sociales. La experiencia de los últimos 3 gobiernos ha mostrado los efectos negativos del periodo de 4 años que hoy establece la Constitución, luego de la reforma del año

2005. Es cierto que esos 4 años de mandato pueden ser más que suficientes cuando existe un mal gobierno pero no lo es menos que la calidad de las inversiones en infraestructura ha decaído sostenida y permanentemente en los últimos años. Lo anterior obedece, precisamente, a mandatos cortos y al hecho que los proyectos de infraestructura (energética, industrial, de conectividad, etc.) suelen no ser populares ni conllevan los votos necesarios para sostener el poder. Invitamos a reflexionar acerca si ha sido o no la mejor decisión establecer mandatos presidenciales de 4 años.