El Universal Capo de La Familia cobró en Procampo. Juan Reza Sánchez, operador del grupo criminal, recibió subsidios, al menos hasta 2009

Jueves 16 de diciembre de 2010 PRIMERAS PLANAS El Universal Capo de “La Familia” cobró en Procampo. Juan Reza Sánchez, operador del grupo criminal, r

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Jueves 16 de diciembre de 2010

PRIMERAS PLANAS El Universal Capo de “La Familia” cobró en Procampo. Juan Reza Sánchez, operador del grupo criminal, recibió subsidios, al menos hasta 2009. Reforma Lanza IP ¡Ya basta! Critica inacción de todas las autoridades. Exigen resultados 33 organismos empresariales y de la sociedad civil Milenio Ebrard quiere debatir con López Obrador. Se dice dispuesto a definir con ese método y una encuesta al candidato de la izquierda Excélsior La Familia llama a no dejar las armas. Difunde grabaciones La Tuta. Confirma la muerte de El Chayo Moreno y culpa a Los Zetasde la ofensiva en su contra La Jornada Godoy: Calderón actúa por la libre en Michoacán. “Lamentable, que sólo escuche a su hermana Luisa María” La Crónica de Hoy La delincuencia domina instituciones, admite FCH. Calderón señala que el caso Wallace evidencia lentitud e ineficacia del gobierno El Sol de México Las balas callan a periodistas: Wallace. La libertad es violada y burlada en México. La violencia puede más que la ley. Debemos incluir a la sociedad y su visión: FCH El Financiero Hacienda asegura el petróleo en 63 dpb. Concreta coberturas de 2011 con el costo más bajo en 3 años El Economista División entre priistas frena reforma laboral. De última hora el PRI retira su iniciativa de la Cámara de Diputados La Razón Ebrard, puesto para el debate con AMLO. Éste rehúye. Argumenta el tabasqueño que la candidatura la decide la gente. Los proyectos, distintos, dice el titular del GDF

Ovaciones Sí murió El Chayo: sigue lucha: Tuta. Fundador del cártel de La Familia. Pide no guardar las armas y reclama al gobierno por no aceptar tregua Unomásuno Michoacán…¡Ingobernabilidad! Leonel Godoy se salvó, pero enterró a su hermano. Ola de secuestros, extorsiones, ejecuciones. Testigo protegido implica al gobernador con el narco Impacto No bajen las armas, pide “La Tuta” a “La Familia, El líder de cartel de Michoacán emite un mensaje a sus seguidores Rumbo de México Denunciará Arce a Ebrard ante el Trife. El Jefe de Gobierno bloqueó la creación de nuevos partidos, acusa Diario de México DF, en alerta máxima: MEC. No deben registrarse eventos como en otros estados. Delincuentes serán perseguidos en la capital El Día Adelantan campañas. Ebrard, dispuesto a debatir con AMLO La Prensa ¡Doloroso! Recibe Isabel Miranda el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Víctimas del secuestro viven un martirio causado por delincuentes, pero además son ignoradas El Gráfico Cazan a tres. Ejecutan en un auto a pareja que trabajaba en el Sistema Municipal de Aguas de Neza. El otro sitio, ultiman a taxista pirata ……………………………………

Lanza IP ¡ya basta! Critican inacción de todas las autoridades. Exigen resultados 33 organismos empresariales y de la sociedad civil (16 diciembre 2010).- REFORMA / Staff Organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada reclamaron al Presidente Felipe Calderón, al Congreso de la Unión, a los congresos locales, al Poder Judicial y a los Gobernadores por su falta de resultados para disminuir los niveles de inseguridad, violencia e impunidad en el País. En un desplegado firmado por 33 asociaciones, que se publica hoy, los firmantes critican que México llegue al final del año en un contexto creciente de violencia e inseguridad que afecta a todas las capas de la sociedad.

De igual forma, lanzan un llamado a los gobernantes para que resuelvan estos problemas y garanticen las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en el País. Consideran que desatender su llamado sólo aumentará la brecha de desconfianza entre la sociedad y todas las autoridades. "Los mexicanos vemos con gran frustración que en este año, las autoridades no fueron capaces, una vez más, de poner sobre sus intereses políticos, el bienestar del País y la seguridad de las familias. "La prioridad que se ha dado en el discurso público al tema seguridad, contrasta con la falta de resultados en la disminución de los índices de inseguridad, violencia e impunidad", reprochan las agrupaciones que integran el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Al Congreso le imputan que haya dejado sin aprobar las reformas sobre Mando Único policial, contra el lavado de dinero y las leyes reglamentarias a la reforma constitucional en materia penal, entre otras. Lamentan que los Gobernadores mantengan subejercicios del presupuesto destinado al combate a la criminalidad. "Los ejecutivos locales prefieren replegarse y evadir su responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía, argumentando supuestos conflictos de competencia, ante la acción de la delincuencia organizada", señalan. También critican que en el Consejo Nacional de Seguridad Pública no haya rendición de cuentas ni un espacio realmente efectivo para la participación de la sociedad. El desplegado es firmado por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, México Unido contra la Delincuencia, el ICESI, Iluminemos México, la Asociación Alto al Secuestro, la Universidad Iberoamericana y Transparencia Mexicana, entre otras organizaciones. El desplegado señala también la preocupación de los firmantes por las "anomalías detectadas" en el levantamiento de la Séptima Encuesta sobre Inseguridad. En entrevista, Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), reprochó ayer el retiro de recursos para elaborar la citada encuesta. De acuerdo con el ex ombudsman del Distrito Federal, los recursos del próximo año para asuntos de seguridad ascienden a 107 mil millones de pesos, por lo que la decisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública de no apoyar económicamente la aplicación del estudio obedece a que los resultados del mismo incomodan a algunos Mandatarios estatales. "Los mexicanos vemos con gran frustración que en este año, las autoridades no fueron capaces, una vez más, de poner sobre sus intereses políticos, el bienestar del País y la seguridad de las familias".

"La prioridad que se ha dado en el discurso público al tema seguridad, contrasta con la falta de resultados en la disminución de los índices de inseguridad, violencia e impunidad". …………………………………..

Es sólo el comienzo Purificación Carpinteyro (16 diciembre 2010).- Somos una nación rica pero un pueblo pobre. México ocupa el decimotercer lugar en la lista de las naciones económicamente más poderosas. Sin embargo, la mitad de la población vive en la pobreza. La riqueza no es el problema sino su escandalosa concentración. El 0.61 por ciento, es decir 661 mil habitantes, concentra ingresos mensuales de más de 800 mil pesos (500 salarios mínimos). Ocho de cada diez mexicanos viven con menos de 11 salarios, y 33 millones sobreviven con ingresos menores a 1,580 pesos al mes, en cifras de sigmarket 2008. El problema es la miseria en que viven 11 millones de mexicanos; la pobreza que comparten casi 50 millones con carencias educativas, de salud, alimentación y vivienda; la desesperanza que los lleva a migrar, a abandonar sus pueblos y familias o que los pierde para la violencia. Nación rica, pueblo pobre. Los que mucho tienen justifican que para distribuir riqueza primero hay que crearla. Pero las estadísticas muestran una acentuada concentración de riqueza en una décima parte de la población, que de acuerdo con el Banco Mundial pasó del 35.4 por ciento de los ingresos en 2004 al 41.3 por ciento en los últimos cuatro años. Crece la riqueza de unos pocos y se agudiza la pobreza: en ese mismo periodo, el ingreso de la décima parte de la población más pobre se redujo del 1.5 por ciento al 1.2 por ciento. Las políticas proteccionistas de los gobiernos hasta la década de los ochenta fomentaron la creación y el fortalecimiento de unos cuantos grupos económicos que recibieron prebendas y concesiones exclusivas que les permitieron crecer y enriquecerse, sin preocuparse de competir con otras empresas, fueran nacionales o extranjeras. Con el cambio de rumbo hacia una política globalizadora, la apertura de fronteras y la privatización generaron una dinámica semejante a la del juego de las sillas, en la que nuevos participantes ocuparon algunas de las posiciones que antes tuvieron otros, que fueron desplazados o absorbidos por los nuevos beneficiarios del favor gubernamental. Pero el número de convidados a la fiesta apenas creció. Si en la defensa de la economía de mercado los sucesivos gobiernos desde 1988 a la fecha hubieran demostrado consistencia ideológica, se habrían encargado de erigir los cimientos para garantizar la aparición y fortalecimiento de nuevas empresas que compitieran en condiciones de equidad con los grupos establecidos. Pero si bien la incorporación del país a los mercados financieros internacionales trajo enormes beneficios para el empresariado mexicano, la falta de condiciones para establecer una

saludable competencia en prácticamente todos los segmentos económicos impidió la aparición y el fortalecimiento de nuevos grupos potencialmente generadores de fuentes de empleo bien remunerado, que propiciaran una mejor distribución de la riqueza. Pero la concentración del poder de mercado de los grupos establecidos nunca se ha visto amenazada por la competencia. La "liberalización" del mercado no generó una dinámica de crecimiento distributivo de la riqueza porque en México el libre mercado fue y continúa siendo un espejismo. Hasta hoy, el Estado carece de estructuras y herramientas para imponer reglas o sanciones a las prácticas abusivas. En un libre mercado competencia es el nombre del juego. Lo contrario es un truco de espejos que encubre el proteccionismo a los cotos de poder económico establecidos. No es de sorprender que, bajo la premisa de que el dinero no tiene nacionalidad, algunos, representados por el Consejo Coordinador Empresarial, se pusieran en acción para obstruir el voto favorable del Senado a las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica aprobadas por la Cámara de Diputados, que proponían otorgar mayores facultades de supervisión y sanción al Estado para desincentivar las prácticas abusivas y colusivas de mercado. Pero es imperdonable que quienes dicen representar a la mayoría se presten a defender a un puñado, sacrificando la posibilidad de contribuir con la solución al principal problema de la nación: la vergonzante inequidad en la distribución de la riqueza. Lamentablemente el cabildeo surtió efectos: por dos votos del PRI y PRD, el 7 de diciembre pasado el Senado aprobó en lo general una versión amilanada de reformas que logró ser frenada por el PAN para ser remitida a los diputados con omisiones que tendrán que ser subsanadas; y aunque el CCE logró su cometido, al descarrilar la aprobación de reformas que amenazaban sus intereses, este debate ni siquiera ha comenzado. ……………………………………

Dueños de aerolíneas advierten que no permitirán que perdonen deudas a los nuevos dueños

Profeco exigirá a Mexicana el rembolso de pasajes a consumidores afectados Usuarios, los últimos que cobrarían porque en la lista de acreedores “hay niveles”, dice Morales SUSANA GONZÁLEZ G. Y MIRIAM POSADA GARCÍA

Periódico La Jornada Jueves 16 de diciembre de 2010, p. 26

Si la empresa Mexicana de Aviación reinicia operaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exigirá a los nuevos dueños el rembolso de 85 millones de pesos a los 7 mil 500 consumidores afectados por la cancelación de sus vuelos y quienes por presentar su queja son representados por el organismo en el concurso mercantil al que aún está sujeta la aerolínea. Ese es uno de los dos escenarios que pronosticó este miércoles Antonio Morales de la Peña, titular de Profeco, sobre el desenlace de Mexicana durante una conferencia de prensa. No descartó que en lugar del rembolso la compañía presente una contrapropuesta y ofrezca boletos para nuevos viajes, por lo que a cada consumidor le tocará decidir si acepta o no. El segundo escenario que previó el funcionario es que la compañía sea declarada en quiebra y entonces los consumidores deberán esperar, como el resto de los acreedores, un rembolso. Advirtió que los pasajeros serán los últimos de la lista de acreedores porque “hay niveles”, ya que la ley obliga a Mexicana a pagar primero a los trabajadores, enseguida tiene que liquidar sus adeudos fiscales y crediticios, y sólo en un tercer apartado quedan incluidos los pasajeros perjudicados al igual que otros “acreedores diversos”. Ese es un escenario no deseable para ninguno de los acreedores y tampoco para la empresa, ya que los porcentajes que se pueden pagar en los rembolsos no son al cien por ciento de lo adeudado, aseguró. Si bien confió en que se logre un acuerdo con la aerolínea para que reinicie actividades, admitió que hasta el momento “no hay nada cierto ni concreto. Cuando haya algo definitivo no tengan duda que Profeco va a reunirse con Mexicana para que presenten propuestas de solución a todos los consumidores que quedaron con boletos”. En la conferencia de prensa, la última de 2010, el procurador presentó los avances de Concilianet, un programa que lanzó Profeco a mediados de 2008 para tramitar por Internet las quejas de los consumidores, a fin de que sean resueltas de manera conciliatoria con los proveedores o empresas que incumplieron con la prestación de un producto o servicio. Al programa fueron incorporadas empresas públicas y privadas que concentran el mayor número de quejas que recibe Profeco, como la Comisión Federal de de Electricidad (Cofetel) Gas Natural o Telcel. Morales de la Peña explicó que si el número de proveedores, consumidores y quejas atendidas con este programa es limitado, se debe a que Profeco ha determinado hacerlo crecer “poco a poco” de manera responsable porque implica contar con los abogados necesarios que puedan dar trámite por Internet. En otro orden, si el gobierno le perdona deudas a Mexicana de Aviación, el resto de las aerolíneas usarán todos los recursos legales necesarios para exigir un trato igualitario, advirtió el director de Interjet, Miguel Alemán Magnani.

Los adeudos de Mexicana con el gobierno superan 3 mil millones de pesos entre impuestos, cuotas al Infonavit, multas y pago de derechos por servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano (Seneam), de acuerdo con estimaciones sobre los montos dados a conocer en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos que emitió el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom). La postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la dio el secretario Juan Molinar en una declaración reciente: “el trato va a ser igualitario, el mismo recibirán todas las empresas que estén en concurso mercantil y todas las empresas que no estén en concurso mercantil. Esa es la respuesta”. La inconformidad del director de Interjet sobre la posibilidad de que el gobierno decida conceder “quitas” o perdonar el pago de impuestos y derechos entre otras obligaciones a PC Capital para que Mexicana regrese a volar se debe, explicó Miguel Alemán Magnani, a que entonces no habría igualdad de condiciones entre los participantes en el mercado de la aviación nacional. Hace unos días la dirección de Volaris también se manifestó en contra de que el gobierno dé trato preferencial a los nuevos dueños de Mexicana de Aviación para que puedan retornar al mercado. En tanto el presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, José Luis Barraza, dijo que conceder un beneficio de esa naturaleza representa contribuir a que haya una competencia desleal. ………………………….

Profeco no aplicó multa, sanción administrativa o clausura por alza a la tortilla

Piden molineros a Economía fijar precio de maíz y tarifas preferenciales de energía Responsabilizan al gobierno de que la tonelada casi llegue a $4 mil; ofrecen mantener cotización MATILDE PÉREZ U. Y SUSANA GONZÁLEZ G. Periódico La Jornada Jueves 16 de diciembre de 2010, p. 27 La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías insistieron ante la Secretaría de Economía que el gobierno fije el precio del maíz, un subsidio directo, similar al desaparecido tortibono, y disponga tarifas preferenciales de energía eléctrica, gas y gasolina para dicho sector. La organización responsabilizó a las autoridades de permitir que la tonelada de maíz tenga precios de 3 mil 700 y 3 900 pesos la tonelada a “pie de molino”. Cargill, Grumma y Archer Daniels compran al productor en no más de 2 mil 400 pesos la tonelada y venden la materia prima mil 500 pesos más cara a los molineros.

En un comunicado aclararon que no pretenden incrementar de manera injustificada y unilateral los precios de la tortilla, y que de no llegarse a los acuerdos necesarios para ordenar la cadena, “seguiremos siendo rehenes de los intermediarios y la tortilla será botín de grandes empresarios, quienes buscan apoderarse de una industria que durante generaciones ha sido construida por familias dedicadas a llevar ese alimento a la mesa de los mexicanos” En tanto ninguna multa, sanción administrativa o clausura aplicó hasta ayer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra las tortillerías que elevaron el precio del alimento en esta semana porque fueron casos excepcionales que corrigieron y “regresaron al precio original”, aseguró Antonio Morales de la Peña, titular de la dependencia. No obstante, insistió en que la tortilla como el resto de los alimentos o productos de la canasta básica no tienen un precio controlado y que los productores o comerciantes “en cualquier momento” pueden hacer ajustes a su precio en concordancia con las alzas que tengan en sus costos de producción. En tanto, luego de las acusaciones que productores e industriales de la masa y la tortilla hicieron contra la Secretaría de Economía (SE) por retrasar la entrega de recursos del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa), la dependencia anunció que serán subsidiadas 50 mil toneladas por mes, en lugar de las 18.6 mil previstas originalmente. El incremento en el volumen de masa nixtamalizada que recibirá subsidios así como los lineamientos que deberán cumplir molineros o industriales de la masa para acceder a tal subsidio fueron publicados ayer en el diario oficial y entrarán en vigencia este jueves. En cuanto a los aumentos, Morales de la Peña precisó que fueron detectados en algunas tortillerías de las ciudades de Coatzacoalco, Ciudad Juárez y Colima, pero dijo que las alzas se ubicaron por debajo del 6 por ciento y en ningún caso se llegó al 40 por ciento como amenazó el domingo Lorenzo Mejía, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías. “El aumento que se detectó en Colima fue de 4 por ciento porque aumentó de 11 pesos a 11.50 en algunas tortillerías porque no fue generalizado; en Ciudad Juárez el alza fue de 4.55 por ciento al pasar de 11 a 11.50 pesos y en Coatzacoalcos fue de 6 por ciento porque subió de 11 pesos a 11.75 pesos”, precisó. “Confiamos que vaya a la baja ese aumento que hubo por la confusión de la declaración que se dio el domingo (por parte de Lorenzo Mejía, dirigente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías). El promedio nacional se mantiene en 9.88 centavos y aquí en la Ciudad de México con 8.69 centavos en las tortillerías”, dijo …………………………………..

RESUMEN COLUMNAS POLÌTICAS Templo Mayor destaca que los diputados estuvieron ayer “apunto” de aprobar la Ley Federal del Trabajo, “era suya, la tenían en sus manos... ¡y la dejaron ir!”. Agrega que “hasta los rijosos legisladores del sector obrero del PRI estaban de acuerdo. Iban por

una reforma que respetaba buena parte de la iniciativa panista y, además, incluía los agregados priistas. A la hora de la verdad, vino la contraorden del coordinador parlamentario del PRI, Francisco Rojas, quien del otro lado de la línea tenía a un empresario equis del ramo papelero. Cuentan que, al final, legisladores de todos los partidos y autoridades quedaron muy molestos porque el trabajo de meses se los echó abajo -con un telefonazo- el empresario equis”. (Ref. 18) Bajo Reserva critica el trabajo del Congreso. Equipara el cierre del periodo ordinario de sesiones con un “cuadrilátero de lucha libre”. Relata que durante 10 horas diputados priistas y panistas “se amenazaron, se lanzaron advertencias e intercambiaron culpas”. Añade que “la bancada del PRI solicitó la integración de una comisión especial, ¿otra?, para investigar supuestos actos de corrupción en el gobierno azul”. Añade que el “punto se aprobó sin debate, sin señalamientos y bajo el nombre de comisión para investigar denuncias ciudadanas”. (Uni. 2) Arsenal, de Francisco Garfias, comenta que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña obsequió a César Nava, aJosefina Vázquez Mota y a otros 300 legisladores el libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, que pretende destapar la presunta complicidad del gobierno federal con el crimen organizado. En otro contexto, Garfias refiere que Roberto Gil“está como diputado de infantería. No tiene cargo”. (Exc. 8) Trascendió da cuenta que “la fracción del PRI en la Cámara de Diputados se hizo de un legislador más en la última sesión del periodo ordinario, pues el ex panista Ricardo Sánchez Gálvez formalizó ayer su adhesión al tricolor. El michoacano siguió así el camino de las también ex panistas María de la Paz Quiñones y Perla López Loyo, así como de la ex perredista Leticia Robles, quienes dejaron su caballo a medio camino para subirse al del PRI”. (Mil. 2) Plaza Pública, de Miguel Ángel Granados Chapa, puntualiza que “antes de que su Cámara entrara en receso, un grupo de 34diputados federales suscribió un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ‘para que abra espacio a un diálogo real, respetuoso y público, propuesto por el Frente amplio contra la Supervía a través de la Comisión civil de acompañamiento’, integrada por Luis Arriaga, Daniel Cazés, Miguel Concha, Manuel Fuentes, Marcela Lagarde y el autor de estas líneas”. (Ref. 17) Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, comenta el desafuero de Julio César Godoy. Acota que “las grabaciones telefónicas en que aparentemente habla con La Tuta fueron cruciales para este cambio de actitud. Lo paradójico es que, al parecer, las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal, por lo que difícilmente serán aceptadas como pruebas en el juicio que se le sigue a Godoy”. (Ref. 18) En Privado, de Joaquín López Dóriga, aborda el caso Julio César Godoy. Se pregunta “¿Dónde quedaron los que colaron a Julio César Godoy Toscano en San Lázaro siendo un prófugo de la justicia? Me refiero a los diputados José Narro y Telma Guajardo, quien de protectora pasó a fiscal implacable, condenando al que había escondido. ¿Qué la cambió que no lo ha dicho?”. (Mil. 3) El Agua del Molino, de Raúl Carrancá Y Rivas, da cuenta que el desafuero de Julio César Godoy fue apegado a derecho y gozó de “pulcridad constitucional”. (Sol. 14)

Expediente Político, de José Contreras, acentúa que “se da como un hecho que la secretaria general del PRI será eso, secretaria, no secretario. Pero..¿Quién será? Desde las ruinas del madracismo se promueve a la senadora por Chiapas, María Elena Orantes. Pero también hay quien quiere que sea una diputada. El deseo se convirtió en reclamo el pasado martes, cuando el diputado federal Heliodoro Díaz Escárraga exigió a su coordinador parlamentario, Francisco Rojas Gutiérrez, que negocie a favor de una integrante de la bancada. Lo que no sabemos es qué respondió Rojas”. (Cró. Dos) Signos Vitales, de Alberto Aguirre, aborda la elección de los tres nuevos consejeros del IFE y el desafuero de Julio César Godoy. Apunta que “nuevamente fallaron Francisco Rojas y Josefina Vázquez Mota en su intento por construir un pacto que permitiera la elección (de los consejeros)”. (Eco. 37) En torno a la clausura del Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXI Legislatura, El Editorial de El Universal comenta los temas que quedaron pendientes en el Congreso de la Unión. Enfatiza que los “diputados no pudieron sacar adelante a los nuevos consejeros del IFE, ni aprobaron el mando único policial, ni alcanzaron a avanzar gran cosa en las reformas laboral, fiscal o la Ley Antimonopolios que les regresó la Cámara alta”. (Uni. 2)

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