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ESPAÑA: DE LA TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD Original del profesor Gonzalo Garland Hilbck del IE Business School con la colaboración de los estudiantes de MBA William Lamas y Evristhenis Michalopoulos. Versión original de 10 de febrero de 2003. Última revisión, 20 de marzo de 2013. Editado por el Departamento de Publicaciones del IE. María de Molina 13, 28006 – Madrid, España. ©2010 IE. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito del IE.

INTRODUCCIÓN El 11 de julio de 2010, España se convirtió en campeóna mundial de fútbol por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, tras vencer a Holanda en la prórroga, en Johannesburgo. Para todo el país fue un gran logro, nacido tras años de esfuerzo de un grupo de jóvenes jugadores. Este grupo de jóvenes se sentía muy integrado en un entorno totalmente internacional y estaba seguro de lo que podía conseguir. Podría decirse que su logro reflejaba los cambios que el país había experimentado en las últimas décadas. En el año 2010, España era un país muy distinto del que había sido 35 años antes. Una importante transición política había ido acompañada de una gran transformación económica y, a pesar de que aún continuaban los efectos negativos de la profunda crisis que había empezado en 2008, no había duda de que España era ya un país moderno y una democracia madura, miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE). Estos logros habían eliminado para siempre la idea de que España no era igual a los otros países europeos, una idea muy extendida tanto dentro de España como en otros países europeos hasta finales de los setenta. A pesar del gran crecimiento económico de esas décadas y de la incorporación exitosa del euro como moneda, España aún tenía algunos temas en los que quedaba mucho por hacer. El déficit crónico en la balanza comercial, los altos niveles de desempleo –los mayores entre los países industrializados– y la inflación –aún alta en comparación con otros socios europeos– eran algunos de ellos. En ese nuevo contexto, el mayor reto del país era el de seguir convergiendo en la renta per cápita con los países del norte de Europa resolviendo al mismo tiempo algunos de estos problemas. ¿Qué se podía hacer, entonces, en un contexto en el que la política cambiaria, la comercial o la monetaria escapaban al control nacional, mientras que los Pactos de Estabilidad restringían la capacidad de maniobra en la política fiscal? Un análisis de lo sucedido en esas décadas podía dar una buena idea del origen de algunos de los problemas pendientes, y de lo que aún se podía hacer para resolverlos.

ESPAÑA 1973-1977: PETRÓLEO

TRANSICIÓN

POLÍTICA

Y

PRIMERA

CRISIS

DEL

CAMBIOS POLÍTICOS Los años setenta representaron un período de importantes cambios políticos en España que coincidían con un entorno económico mundial difícil, en el que los incrementos de los precios del petróleo habían producido un importante shock de oferta, en particular en los países industrializados.

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Debido a la incertidumbre política de esos años, resultaba difícil lograr un acuerdo sobre el conjunto de medidas que debía ponerse en práctica para enfrentar los desequilibrios internos y externos de la economía. Esto llevó a que los efectos de la crisis económica en el país fueran más fuertes de lo que en otras circunstancias se podrían haber producido. Ya hacia finales de la década, en cambio, se veía claro que no podían ser postergadas una serie de medidas, y que, para llevarlas a la práctica, era necesario llegar a un amplio consenso político. Este consenso se logró a partir de los pactos de La Moncloa. ANTECEDENTES POLÍTICOS El nombramiento de Arias Navarro como presidente del Gobierno, el 12 de febrero de 1974, supuso el primer paso hacia la transición política en España al comenzar la apertura política que permitió, entre otras, la legalización de las asociaciones políticas –todavía muy alejadas de los auténticos partidos políticos–. En ese momento existía una gran incertidumbre política, tanto dentro como fuera de España, sobre lo que podría suceder una vez que el general Francisco Franco muriera. Parte de esa incertidumbre empieza a reducirse cuando el entonces Príncipe de Asturias, Juan Carlos de Borbón, es designado jefe del Estado el 10 de octubre de 1975. El general Franco muere el 20 de noviembre de 1975, y se corona rey a Juan Carlos I, con Arias Navarro como presidente del Gobierno. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad española esta situación no representaba un cambio fundamental con relación al régimen anterior, del que Arias Navarro era uno de sus más claros representantes. La dimisión de Arias Navarro el 1 de junio de 1976, y su sustitución por Adolfo Suárez, que contaba con el apoyo del rey, representa el verdadero inicio de la reforma política en España. En efecto, a los pocos meses de su entrada como presidente del Gobierno, el 15 de diciembre de 1976, el pueblo español ratificó, a través de un referéndum, su aceptación de iniciar una transición política sin rupturas. Esta transición posteriormente se convertiría en una transformación política no violenta sin precedentes en la historia española. El referéndum dio paso a una sucesión de importantes cambios políticos: la legalización de todos los partidos políticos –excepto el comunista– en febrero de 1977, la aprobación de la nueva ley electoral, el reconocimiento del derecho a la huelga, la restauración de las antiguas instituciones del País Vasco español, todas en marzo de 1977, la disolución del “Movimiento Nacional” -único partido legal durante la época de Franco– y la legalización del partido comunista y de los sindicatos libres en abril de 1977. El 17 de junio de 1977 se iniciaba el segundo Gobierno de Suárez, tras ganar las primeras elecciones generales a las Cortes con la recién creada coalición electoral Unión de Centro Democrático (UCD), que agrupaba a una cantidad importante de tendencias del centro político, desde los democristianos a los socialdemócratas moderados.

LA CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA A principios de los años setenta la economía española presentaba una serie de rigideces, en parte originadas por las múltiples intervenciones del Estado durante los años de la autarquía (19391959) y en los planes de desarrollo del régimen franquista. El mecanismo de asignación de recursos en la economía era ineficiente. El Gobierno protegía la industria nacional, garantizando la rentabilidad de la inversión a través de variados mecanismos. Adicionalmente, el mercado de trabajo era desde entonces muy rígido, lo que dificultaba la adaptabilidad rápida a los ciclos económicos. Durante el año 1973, los precios internacionales del petróleo pasan de 1,64 dólares por barril a 14 dólares. Lo anterior, unido a la rigidez en la demanda de energía en el corto plazo, llevó a la disminución de la renta per cápita y del consumo, y a una caída en los salarios reales, la productividad y las expectativas de beneficios futuros. El crecimiento del PIB pasó de un saludable

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7,8% en 1973 a apenas el 0,5% en 1975. Por el contrario, la inflación no bajó del 14% durante esos años. Los países desarrollados comenzaron a adoptar medidas destinadas a afrontar la crisis energética durante los años 1973 y 1974. En el caso de España, donde dos tercios de la energía era importada, se adoptó una actitud más pasiva en relación con el desarrollo de un conjunto de medidas económicas destinadas a corregir los desequilibrios resultantes. Por otro lado, la política económica no estaba considerada un objetivo prioritario en virtud de la trascendencia que tenían los cambios políticos en el proceso de constituir un régimen democrático en España. Las respuestas a la crisis fueron tardías, imprecisas y, en algunos casos, insuficientes, con lo que la crisis económica se agravó con el tiempo.

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SUS RESULTADOS Ante el contexto de inflación alta, y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios, se tendió a aplicar políticas de rentas “permisivas” que otorgaban amplias concesiones salariales, lo que controlaba la presión social, pero al mismo tiempo contribuía a producir más inflación. En el año 1977, el incremento de los precios llegó a ser del 26,4%. Por otro lado, y para paliar los efectos del incremento en el precio del petróleo, se otorgaron subsidios al consumo de productos energéticos. Sin embargo, a pesar de estos subsidios, los déficits del Estado se mantuvieron bajo control en esos años, con un máximo de 0,9% del PIB en 1977. En esos años ya se observaba una fuerte dependencia externa en el campo energético. España importaba del resto del mundo un promedio de dos tercios de la energía primaria consumida, en contraste con el tercio de promedio en todos los países de la OCDE. A pesar de esto, España no aplicó un plan de ahorro que lograra disminuir significativamente el consumo. Por el contrario, España fue el único país occidental que aumentó el consumo energético de su sistema productivo entre 1973 y 1977, siguiendo esta tendencia hasta el final de la década. Esto llevó a un incremento importante en el déficit comercial, que se duplicó al pasar de 3.422 millones de dólares en 1973 a 7.400 en 1974, y que hasta 1977 se mantuvo en niveles cercanos. Aunque a menor ritmo, las reservas internacionales también caían durante ese tiempo y la cuenta corriente se hacía deficitaria en 1974. Por otra parte, el sistema de precios español presentaba una serie de distorsiones causadas por un sistema proteccionista que favorecía la producción de determinados bienes en perjuicio de otros y evitaba el ajuste de los precios de equilibrio. Esto último fue particularmente importante en el sector agrario, en el que se presentaban excedentes continuos en unos productos y déficit en otros. Además, el movimiento de mano de obra del sector agrícola hacia el sector industrial y de servicios, así como las modificaciones sustanciales en la demanda de bienes agrícolas, produjeron aumentos en los costes del sector y una falta de acoplamiento entre oferta y demanda. Para cubrir los déficits en estos productos se debía importar, y esto llevó a un progresivo deterioro de la balanza comercial agraria. Aunque entre los años 1961 y 1974 la exportación agraria española aumentó el 7,2%, las importaciones aumentaron en el mismo período el 25,9%, con lo que la balanza comercial agraria pasó a una situación deficitaria considerable en el año 1974. Al iniciarse como una crisis por el lado de la oferta, el aumento de los precios del crudo tuvo un efecto directo sobre las cuentas externas de las principales economías mundiales. Sin embargo, pronto se convirtió también en una crisis de la demanda, al limitarse considerablemente los intercambios comerciales entre los países, debido a la reducción de la demanda interna causada por la mayor factura petrolera implícita. La recesión mundial, con estancamiento, paro e inflación en los países industrializados, tuvo efectos particularmente desfavorables para la economía española, que no sólo sufrió la disminución de sus exportaciones, sino también de los principales factores hasta entonces

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compensadores del desequilibrio comercial: las inversiones exteriores, los ingresos por turismo y la caída de la demanda de emigrantes por los países europeos, lo que reducía los ingresos por transferencias. Todos estos factores acentuaron la crisis en España, siendo ésta más profunda y prolongada que en otros países de su entorno.

LOS PACTOS DE LA MONCLOA Y SEGUNDA CRISIS DE PETRÓLEO: 1977-1982 TOMA DE CONCIENCIA DE LA GRAVE CRISIS ECONÓMICA Hacia el año 1977, la economía española llevaba cuatro años de crisis económica, con tasas de crecimiento muy bajas, un déficit comercial creciente, una tasa de desempleo que había pasado del 2,7% en 1973 al 6,3% en 1977, y una inflación creciente. Algunos de los rasgos estructurales que mostraba la economía española eran la elevada dependencia energética y la escasa diversificación en el uso de fuentes alternativas, el excesivo proteccionismo del sector industrial frente a la competencia externa, el déficit crónico en la balanza comercial y la rigidez del mercado laboral. Pero el contexto político de transición y la sucesión de gobiernos precarios desde mediados de 1973 hasta junio de 1977 hacían muy difícil la aplicación de políticas económicas que corrigieran los problemas señalados, lo que llevó a una cierta parálisis en la toma de decisiones de políticas que podían ser cuestionadas por determinados sectores de la sociedad. Una mayor legitimidad llegó con las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras elecciones generales desde la muerte de Franco. Adolfo Suárez, como presidente del Gobierno, ve reforzado su poder. Enrique Fuentes Quintana es nombrado vicepresidente para Asuntos Económicos y Fernández Ordóñez es ministro de Finanzas. Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo equipo económico es la devaluación de la peseta cerca de un 20% para aumentar la competitividad exterior. Pero el Gobierno buscó un acuerdo más amplio en la solución de los importantes problemas económicos que enfrentaba el país. Para ello se procedió a la elaboración de un informe que se expuso para su discusión a los partidos con representación parlamentaria. Tras varios días de reuniones, el 25 de octubre de 1977 se aceptaron las soluciones propuestas por todos los grupos políticos en lo que se conoce como los pactos de La Moncloa. Conjuntamente, se acordaron medidas que fueron aprobadas por todos los grupos con la abstención de Alianza Popular – actualmente Partido Popular–.

LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y LOS PACTOS DE LA MONCLOA Los pactos de La Moncloa incluían una serie de acuerdos en política económica. En lo referido a la política fiscal, se optó por una política presupuestaria restrictiva destinada a reducir el gasto público, mejorando los mecanismos de control y reduciendo los gastos corrientes. Esto se reforzaba con una reforma fiscal y de la Administración tributaria, creando procesos más eficientes que incrementaran la recaudación y desincentivaran el fraude. Adicionalmente, se propuso reformar el marco de actuación de la empresa pública, estableciéndose un sistema de control presupuestario eficiente y adecuado a sus operaciones. En lo referente a las políticas estructurales y de rentas, se definía un nuevo marco jurídico de relaciones laborales mediante un Estatuto de los Trabajadores, que permitía la contratación temporal e introducía una mayor disciplina en la fijación de los salarios. Por otra parte, se aprueba una reforma del sistema financiero con tres objetivos fundamentales: practicar un control monetario activo y continuo, liberalizar el sistema financiero y supervisar la liquidez y solvencia de las instituciones de crédito.

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En lo relacionado con la política cambiaria, el ajuste se realizó con la devaluación de la peseta para equilibrar el sector externo e incrementar la productividad. Por otro lado, se buscó el fortalecimiento de la inversión privada para la recuperación del sector productivo. A través de la incorporación de nuevas tecnologías se buscó incrementar la productividad y la eficiencia de la mano de obra y recuperar los niveles de rentabilidad empresariales, que habían caído de forma continuada desde 1974.

LOGROS ECONÓMICOS: CONTROL DE LA INFLACIÓN Y MEJORÍA EN EL SECTOR EXTERNO La aprobación de las diferentes medidas de política económica consiguió mejoras sustanciales en los equilibrios de la economía. En el sector interno se logró bajar la inflación, lo que fue decisivo en el éxito posterior de los pactos recién firmados, al evitar el caos económico, social y político que pudiera haber acompañado a una inflación galopante. De igual forma, fue determinante en la erradicación de la inercia inflacionaria la sustitución de la inflación prevista por la inflación basada en la negociación de los nuevos contratos laborales. Por otra parte, el inicio de la reforma fiscal progresiva supuso un fuerte incremento en la recaudación a través de impuestos directos. Esto se logró a través de la aprobación de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la ley del Impuesto de Sociedades, y la ley del Impuesto sobre el Patrimonio. En el sector externo, la devaluación de la peseta llevó a una reducción del déficit comercial en los años 1977 y 1978, y a un incremento de las reservas internacionales, que venían disminuyendo en los años anteriores, pasando de 4.704 millones de dólares en 1976 a 10.112 millones de dólares en 1978. Todo esto, a su vez, redujo la presión sobre el tipo de cambio. Estos resultados económicos acompañaron –y posiblemente contribuyeron de manera importante– a una relativa tranquilidad social y a una transición política no violenta que luego permitiría desarrollar y ratificar, por consenso de los diferentes grupos políticos, la Constitución Española aprobada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978, aunque ya por entonces empezaba a erosionarse el consenso previamente alcanzado.

SEGUNDA CRISIS DEL PETRÓLEO E INESTABILIDAD POLÍTICA El triunfalismo del Gobierno y el recelo de la oposición generaron un clima de desconfianza entre los partidos políticos comprometidos con el pacto, que terminaría por amenazar su continuidad. Así, los partidos políticos en la oposición, considerando que la amenaza para el desarrollo democrático había disminuido notablemente, empiezan a ejercer una oposición más activa, cuestionando el consenso anterior. Pero este contexto político coincide con una nueva crisis energética, que empieza en la segunda mitad de 1979. Muchos de los avances alcanzados después de los pactos de La Moncloa empiezan a revertirse. En el año 1979, el PIB no crece, el déficit externo vuelve a subir y la inflación y el paro se mantienen en niveles altos. La transición política continúa su marcha. En el año 1980, Cataluña y el País Vasco aprueban estatutos por referéndum y se convierten oficialmente en comunidades autónomas, gobernadas por partidos nacionalistas moderados. Para algunos fieles al antiguo régimen, esto representa una amenaza a la unidad del Estado, lo que supone tensiones añadidas a la inestabilidad política que se producía por el debilitamiento del consenso alcanzado en los años anteriores. La inestabilidad política continúa en esos años con atentados terroristas y rumores de golpe de Estado. Finalmente, el presidente Suárez dimite de su cargo, y antes del nombramiento de su sucesor, ante el vacío de poder, se produce el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, dirigido

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por el teniente coronel Antonio Tejero de la Guardia Civil, en el cual la intervención del Rey es decisiva para abortar el intento. Leopoldo Calvo Sotelo sucedió a Suárez en la presidencia del Gobierno. Uno de sus objetivos fue el ingreso de España en la OTAN, lo que quería lograr a través de un decreto. Sin embargo, esto resultaba políticamente complejo por la oposición de otros partidos y por el fraccionamiento y la falta de unidad en el seno de UCD. A Calvo Sotelo lo sucedió Landelino Lavilla en la presidencia de UCD.

LA ECONOMÍA Y LAS POLÍTICAS DE LIBERALIZACIÓN: AVANCES Y RETROCESOS En los últimos años de gobierno de UCD la política económica era inconsistente y precaria como consecuencia de la debilidad de una Administración agobiada por múltiples y graves acontecimientos políticos no previstos, y por el impacto de la segunda crisis energética, ante la cual los países industrializados se encontraban desconcertados y carentes de soluciones. El balance de los cuatro años muestra la pérdida de empuje para continuar con el ajuste macroeconómico iniciado con los pactos de La Moncloa. Una vez más, la inestabilidad política y la interinidad de los dirigentes aplazan la profundidad en las reformas que tan buenos resultados habían dado en un principio. No obstante, durante este cuatrienio se consiguen éxitos apreciables, como la reforma del sistema financiero con avances en la liberalización, libertad de apertura de sucursales, disminución gradual de los coeficientes de inversión obligatoria y autorización parcial de la banca extranjera. En el marco laboral se aprueba en 1980 el Estatuto de los Trabajadores. Se llevan a cabo los primeros planes de reestructuración sectorial. Todo ello en un clima de negociación y acuerdo con las fuerzas sindicales.

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE ESPAÑA: LA POSIBILIDAD DE INSERCIÓN EN LA UE Mientras la mayor parte de Europa intenta superar la fase más dura del esfuerzo por adaptarse y salir de la recesión, el deterioro del sector externo e interno de España se agudizó con resistencia a la baja de los incrementos de precios y con una tasa de paro muy alta. Esto produjo la aparición de la crisis industrial, con suspensiones de pagos, quiebras, cierres o reducciones de la capacidad y plantillas en una gran cantidad de empresas, al margen de los planes de reconversión que entonces comienzan a realizarse. Sin embargo, el retraso en la toma de medidas económicas adecuadas no interfiere en las negociaciones para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), consiguiéndose acuerdos definitivos en más de la mitad de los puntos del acuerdo de adhesión y avances importantes en el resto. A finales del año 1981, y debido en gran parte a los efectos de la segunda crisis del petróleo, el panorama económico era bastante desolador. El PIB caía, después de dos años de anémico crecimiento, mientras que el saldo de la balanza comercial volvía a aumentar y las reservas internacionales disminuían. La inflación se mantenía por encima del 14% y el desempleo ya llegaba al 15,4% de la población activa. La situación del sector empresarial era delicada, debido a la capacidad productiva ociosa y a los incrementos en los costes salariales y financieros. Es en este contexto en el que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González como candidato a la presidencia, gana las elecciones generales a Landelino Lavilla, de la UCD.

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EL PRIMER GOBIERNO SOCIALISTA: 1982-1986 800.000 PUESTOS DE TRABAJO La situación económica que encontró el nuevo Gobierno socialista era muy similar, aunque con ligeras variaciones, a la que se presentó durante el año 1977. La economía se había contraído el 0,2% durante el año 1981, la inflación se ubicaba en el 14,4%, seis puntos por encima de la media de la Comunidad Económica Europea (CEE), la tasa de desempleo alcanzaba el 15,4%, el déficit por cuenta corriente estaba en 5.363 millones de dólares y todavía se arrastraba la asignatura pendiente de la reconversión industrial. Lo anterior había sido el resultado de la falta de mayoría parlamentaria que habría necesitado el Gobierno anterior para reaccionar con suficiente firmeza ante la segunda crisis energética. Era de esperar, en esta situación, que la UCD perdiera las elecciones de forma aplastante, considerando la debilidad que tenía el Gobierno y los problemas en la toma de decisiones de política económica causados por la falta de colaboración de los partidos opositores. En el año 1982 se abre una nueva etapa democrática para España con la toma de posesión de Felipe González el día 1 de diciembre, investido en las Cortes como presidente del Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había obtenido una amplia victoria en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, contando con una holgada mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El primer Gobierno socialista, con Felipe González como presidente y con Alfonso Guerra como vicepresidente, desarrolló una política orientada, por un lado, a profundizar y asentar la democracia, y, por otro lado, a impulsar una serie de reformas, entre las que destacaban la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la plena funcionalidad del modelo de Estado de las Autonomías, la reforma educativa, las medidas de saneamiento económico y el impulso hacia una legislación modernizadora en temas como la despenalización del aborto y la igualdad de la mujer. La oferta electoral incluía también, como elemento fundamental, la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo, objetivo deseable, pero sin los planes concretos para lograrlo.

MEDIDAS DE AJUSTE DEL PSOE: ¿UN PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN SOCIALISTA? El nuevo Gobierno del PSOE quería recuperar el tiempo perdido desde el anterior ajuste del año 1977, y para ello tuvo que actuar aceleradamente. Una de las primeras medidas que adoptó el equipo económico, dirigido por Miguel Boyer como ministro de Hacienda, y también de las más necesarias para poder favorecer las exportaciones y proporcionarle competitividad a la economía española, fue la devaluación de la peseta. La magnitud de la devaluación de la peseta había sido cercana al 25%. Esto podía generar inflación, por lo cual debía venir acompañada por una política monetaria restrictiva. Sin embargo, la política monetaria fue moderadamente expansiva, con tipos de interés que se iban reduciendo gradualmente mientras el Banco de España fijaba un objetivo de crecimiento medio del dinero del 12% para las disponibilidades líquidas. En lo referente a la política fiscal, el gasto del Gobierno aumentó, a la vez que la recaudación no lo hacía al mismo ritmo por el bajo crecimiento de la economía. El resultado fue una política expansiva con el déficit público subiendo al 4,9% del PIB en 1982 y al 5,7% en 1983.

POLÍTICAS ESTRUCTURALES ECONÓMICOS

Y DE

RENTAS:

EL

ACUERDO

ENTRE SECTORES

El plan de ajustes y estabilización macroeconómica se complementó inicialmente con políticas de rentas, que buscaban la estabilidad económica sobre la base de acuerdos entre todos los sectores

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productivos de la economía. En opinión del ministro Miguel Boyer, España había vivido por encima de sus posibilidades, sin responder de forma adecuada a la situación de crisis económica mundial. Los grandes perjudicados durante ese período habían sido los beneficios empresariales y el empleo. En el año 1983, las fuerzas sociales deberían ser capaces de afrontar una política de ajustes y reformas estructurales de largo plazo. El Gobierno debía establecer un programa de coordinación de todas las actuaciones de política económica, fiscal, monetaria y de rentas como único medio eficaz para la consecución de sus objetivos. La situación económica de España a finales del año 1985 representaba una mejoría con respecto al año 1982. La estabilidad de precios se había logrado parcialmente, con una inflación que había bajado del 14% al 8,2%. La economía estaba creciendo a una tasa del 2,6% y, debido a la depreciación de la peseta, se había logrado reducir a la mitad el déficit comercial. Sin embargo, el punto débil del plan de ajuste lo constituía el desempleo, que había aumentado hasta el 21,6%.

LA ASIGNATURA PENDIENTE: LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL MERCADO LABORAL El Gobierno socialista contó con la colaboración de los agentes sociales durante los años de aplicación de las medidas de reconversión y de contención de salarios, colaboración sancionada por acuerdos globales. En el año 1984, y motivado por el crecimiento de la tasa de desempleo, se firmó el Acuerdo Económico y Social (AES) entre gobierno, empresarios y sindicatos. Este acuerdo incorporaba modelos de contratación temporal, eliminaba restricciones en los contratos a tiempo parcial y ampliaba las posibilidades de contratación al adoptar condiciones especiales de los programas de fomento del empleo. El paro seguía aumentando a pesar de los acuerdos suscritos, al no resolverse el grave problema de la rigidez del mercado laboral español, que frenaba la creación de empleos permanentes. En este sentido, los tres factores que a juicio del Banco de España permitirían flexibilizar el mercado laboral español (costes de despido, salario mínimo y subsidio de desempleo) no fueron modificados en la nueva política laboral. Por esta razón, durante los primeros años de gobierno socialista el desempleo aumentó y, además, cambió la composición del empleo, con el privado disminuyendo y el público aumentando. Con el Estado de las Autonomías consagrado por la Constitución de 1978, se debían transferir funcionarios desde la Administración central a las Comunidades Autónomas. Los conflictos de movilidad y el alto costo político determinaron la creación de nuevos puestos en dichas comunidades, sin retirar los anteriores de la Administración central. El desempleo se mantuvo por encima del 20% durante un buena parte de la década de los ochenta, a pesar de la creación de un gran número de puestos de trabajo. El aumento de la población activa fue superior al aumento en la creación de empleo debido al contrapeso ejercido por dos factores: la entrada al mercado de trabajo de un número alto de mujeres de todas las edades –bastante más de un millón entre 1985 y 1991– y la presión sobre la población activa de los grupos más jóvenes resultantes del baby boom de los años sesenta. En términos generales, los resultados económicos de esos primeros años de gobierno socialista fueron buenos, aunque el empleo y la reforma del sector público continuaban como asignaturas pendientes. Para muchos analistas resultaba curioso que un partido socialista llevara a cabo una política económica que buscara el control de la inflación y del desequilibrio exterior en detrimento del empleo.

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UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO: LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA UE Un hecho de gran relevancia en los primeros años de gobierno socialista fue la plena incorporación de España a las instituciones internacionales occidentales y, muy especialmente, la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) que se produjo el 12 de junio de 1985 y que entró en vigor el 1 de enero de 1986 con Carlos Solchaga como ministro de Economía. Con esta adhesión, España dejaba en el pasado el aislacionismo y se convertía en participante activa de la escena internacional, a la vez que sentaba las bases de importantes transformaciones políticas y económicas. Una de las primeras transformaciones económicas de esta etapa se produciría en el sector externo. Se tenía que romper drásticamente con una tradición proteccionista que no sometía a muchos sectores españoles a la competencia externa. Los aranceles no tardaron en reducirse considerablemente, excepto sobre ciertos productos alimentarios, y se produjo una cuantiosa entrada de capitales extranjeros tanto privados como públicos. Estos últimos provenían de fondos de ayuda de la CEE que contribuyeron a mejorar las zonas menos desarrolladas de España. Las empresas españolas se adaptaron con facilidad al nuevo entorno competitivo del exterior, tomando como ventaja competitiva los relativamente menores costes salariales. No obstante, a medio plazo las empresas españolas fueron incrementando sus niveles de productividad, compensando así los incrementos graduales en los costes laborales, que se acercaban lentamente a los niveles medios europeos.

ESPAÑA EN EUROPA: 1986-1990 LA MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EL ESTADO DEL BIENESTAR En el año 1986, el PSOE obtiene nuevamente la confianza mayoritaria de los ciudadanos españoles en las elecciones generales. Entre las labores más apreciables de la “década del cambio” destacan la ampliación de la cobertura sanitaria, el incremento del número de pensionistas, la ampliación de la cobertura de desempleo y la garantía de una educación gratuita y obligatoria de los menores de 16 años. Por otra parte, los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER), otorgados por la CEE a España en forma de ayudas especiales en el segundo período de gobierno socialista, impulsaron un programa de modernización de las comunicaciones sin precedentes en la historia de España, lo que dio como resultado la construcción de nuevas autovías, la modernización de toda la red de carreteras, la introducción del tren de alta velocidad y la puesta en marcha de un satélite de comunicaciones español, entre otros.

SOPLAN VIENTOS A FAVOR PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: PRECIOS DEL PETRÓLEO MODERADOS La estabilidad de los precios internacionales del petróleo y de otras materias primas en niveles relativamente moderados, junto a la debilidad del dólar, que había sufrido fuertes depreciaciones frente a la peseta durante una gran parte de la segunda mitad de la década de los ochenta, se pueden considerar como circunstancias clave en el buen desempeño de la economía española (fuerte crecimiento del PIB y control de la inflación). El sector externo presentaba una situación ambigua. Por un lado, el nivel de reservas internacionales se había fortalecido como consecuencia de la entrada de flujos de capital –fondos estructurales e inversión directa–; por el otro, el déficit en la balanza comercial se encontraba en niveles de fuerte desequilibrio. Adicionalmente, el sistema productivo español todavía tenía un alto

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grado de intensidad energética y una fuerte dependencia de los aprovisionamientos de crudo del exterior. EL SISTEMA MONETARIO EUROPEO: INTEGRACIÓN DE LA PESETA Y EL SISTEMA DE BANDAS El 19 de junio de 1989, el Gobierno español tomó la decisión de ingresar en el Sistema Monetario Europeo (SME), el cual se basaba en la unidad de moneda europea (ECU) y en el que el tipo de cambio para la peseta estaba definido como una paridad central de 65 pesetas por marco alemán y unas bandas de fluctuación del  6%. En este sentido, el SME exigía a los países relativamente menos desarrollados dar prioridad a las políticas de ajuste de precios y a la convergencia de las variables macroeconómicas con el resto de los países integrantes del sistema monetario. Sin embargo, el SME también incluía facilidades de crédito y otorgaba cierta estabilidad monetaria para facilitar la rápida convergencia y futura adhesión a la CEE.

LA COMBINACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS: UNA APARENTE CONTRADICCIÓN El ministro socialista de Economía, Carlos Solchaga, mantuvo, durante el período comprendido entre 1986 y 1990, una combinación de políticas que para algunos analistas tenía elementos difíciles de armonizar. La política fiscal fue claramente expansiva, con progresivos incrementos del gasto público de mayor proporción que los de la recaudación, a pesar del fuerte incremento de la presión fiscal. El déficit público de España superaba la media de los países del Sistema Monetario Europeo (SME), lo que incidía en continuos incrementos de precios que presionaban al alza los tipos de interés nominales. La política monetaria fue restrictiva, elevando los tipos de interés para recortar la capacidad expansiva de la demanda y reducir la inflación. Adicionalmente, se aplicaron incrementos en el coeficiente de encaje bancario para controlar la cantidad de dinero en circulación, M3. Sin embargo, al existir una gran demanda de otra serie de activos muy líquidos, a partir del año 1984 el Banco de España pasó a controlar un agregado monetario más amplio, el M4. Los tipos de interés altos, la entrada de fondos europeos y las nuevas oportunidades de negocio llevaron a una entrada masiva de capitales extranjeros en España. Esto llevaba a apreciaciones en el tipo de cambio de la peseta, obligando a la autoridad monetaria a intervenir en los mercados comprando divisas. Esto incrementaba la base monetaria y, en consecuencia, creaba un efecto contrario al buscado con la política monetaria restrictiva. A pesar de las constantes intervenciones en los mercados de divisas, la peseta continuaba apreciándose, puesto que pasó de 170 pesetas por dólar en 1985, a 123,5 en 1987, y a 101,9 en 1990. Esta apreciación de la peseta disminuyó la competitividad de los productos españoles en los mercados internacionales y desequilibró de esta manera la balanza comercial, al restringir las exportaciones y promover las importaciones. El déficit de la balanza comercial no dejó de crecer entre 1985 y 1990, pasando de 4.759 millones de dólares en 1985 a 29.158 millones en 1990.

RESULTADOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Las consecuencias que a priori predice la teoría económica al aplicar una política monetaria restrictiva combinada con una expansión del gasto público son las siguientes: un incremento en los tipos de interés, una caída en la inversión y un efecto indefinido sobre el crecimiento económico y el empleo. O, lo que es lo mismo, una típica situación de crowding out.

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En el sector interno, los elevados tipos de interés no redujeron las inversiones productivas sino que éstas continuaron aumentando, debido a las buenas expectativas de beneficios que atraían al capital extranjero y a la moderación en los costes salariales, derivados de una política de flexibilización y concertación. Las variables macroeconómicas durante este período sufrieron comportamientos irregulares. La tasa de crecimiento del PIB durante el período 1986-1990 fue del 4,8%, básicamente impulsado por la demanda interna, con grandes aumentos en el consumo privado, la inversión y el gasto público. La inflación, a pesar del enorme incremento del gasto público, se había reducido progresivamente y se mantuvo estable en el 6% de media para el período. El objetivo a medio plazo de las decisiones de política económica del ejecutivo pasaba por desacelerar el crecimiento de la demanda tomando las habituales medidas de subida de tipos de interés, reducción del crédito y política fiscal restrictiva. El aumento de la inversión, la moderación salarial y una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo produjeron una disminución de la tasa de desempleo, la cual se deslizó del 21,1% durante el año 1986 al 16,2% en el año 1990. Fue en el sector externo donde se produjeron mayores desequilibrios durante ese período. La fuerte apreciación de la peseta generaba un fuerte incentivo a importar, a la vez que hacía muy difícil exportar. Por ello, el déficit comercial se multiplicó por seis en ese período. En el año 1988 no fue posible firmar un acuerdo económico y social como el del año 1984, que tan buen resultado había dado. Los sindicatos no consideraron convenientes los aumentos salariales propuestos, lo que provocó la ruptura de la Unión General de Trabajadores (UGT) con el PSOE y el acercamiento de aquélla al sindicato rival, Comisiones Obreras (CCOO), creando una plataforma sindical. Posteriormente, ésta plataforma convocó a una exitosa huelga general para el 14 de diciembre de 1988.

TORMENTAS MONETARIAS Y CRISIS MUNDIAL: 1990-1994 FALTA DE CONFIANZA A pesar de que 1991 fue el año de menor crecimiento de la economía española desde 1984, la prensa internacional calificó el año 1992 como “el año de España”. Diversos eventos contribuían a ello: la celebración de la Exposición Universal en Sevilla, la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona y la designación de Madrid como Capital Cultural Europea. Todo esto se desarrolló en un ambiente de elevado gasto público y de plena confianza internacional en la economía española. Pero el triunfalismo desmedido dio paso a una situación de escepticismo, arraigada en una “crisis de confianza” que no se empezó a superar hasta finales de 1994. A esta crisis se le unía un contexto internacional adverso, con un estancamiento del comercio mundial motivado por la recesión económica internacional. Durante el período comprendido entre 1990 y 1994, el gasto público, el déficit y la deuda pública aumentaron, con la consiguiente carga financiera. El déficit público pasó del 2,7 % del PIB en el año 1989 a 6,2 puntos porcentuales del PIB durante el año 1994, mientras la deuda pública pasaba del 44,8% del PIB al 62,6%. La situación se agrava con una caída de la producción en el año 1993 y con un nivel de paro histórico del 24,2% en 1994. Por otra parte, en los años 1993 y 1994 la depreciación de la peseta y la propia recesión llevaron a una disminución a la mitad del déficit comercial.

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LA PRUEBA DE FUEGO DE LA UE: EL TRATADO DE MAASTRICHT Y LA ESTABILIDAD DEL SME El Tratado de Maastricht, firmado en diciembre de 1991, fijaba cinco criterios de convergencia como condición previa para acceder a la moneda única: el déficit público no podía ser superior al 3% del PIB, la deuda total acumulada no debía superar el 60% del PIB, la inflación no debía exceder en 1,5% a la media de los tres países con menor inflación, los tipos de interés no podían sobrepasar en más del 2% la media de los tres países con los tipos más bajos y, finalmente, la moneda de cada país debía permanecer estable como mínimo dos años en la banda estrecha del SME, antes de acceder plenamente a la moneda común. Entre el año 1987 y hasta junio del año 1992, el SME experimentó un largo período de relativa estabilidad cambiaria sin recurrir apenas a realineamientos en el ERM (Exchange Rate Mechanism). Sin embargo, a finales de 1991, el ambiente perjudicial de incertidumbre creado por el Tratado de Maastricht y la amenaza de una posible subida de los tipos de interés del banco central alemán –en respuesta al crecimiento de la oferta monetaria denominada en marcos alemanes producto de convertir uno a uno los antiguos marcos de Alemania Oriental– presagiaban la llegada de tiempos difíciles. El período de relativa calma en el terreno político de la UE terminó con el “no” danés al Tratado de Maastricht el 2 de junio de 1992 y el anuncio de François Miterrand de realizar el 20 de septiembre la votación en Francia para la aprobación del tratado. En junio de 1992, el Bundesbank tomó la decisión de subir los tipos de interés, lo que, unido al sentimiento anti-Maastricht francés, provocó tensiones en el mercado y un flujo de capitales hacia el marco alemán que se vio fortalecido y puso en graves dificultades a las monedas más débiles del SME, entre las que se encontraba la peseta. Posteriormente, y a pesar de que el banco central alemán pactara en septiembre la bajada de los tipos de interés y los bancos centrales realizaran fuertes intervenciones, no se pudo evitar que los ataques especulativos contra la lira italiana, la libra esterlina y la peseta española concluyeran con la salida de las dos primeras del ERM y la devaluación de la peseta en el 5%. En los días anteriores a la devaluación, el Banco de España gastó cerca de 1 billón de pesetas de sus reservas internacionales para intentar evitar que la peseta se distanciara más del marco alemán. La principal ventaja que las autoridades económicas esperaban obtener con la devaluación de la moneda española era la desaparición de las tensiones anteriores a esta pérdida de valor de la peseta. Sin embargo, la salida de la lira y de la libra del ERM provocó que todos los ataques especulativos se dirigieran hacia la peseta, lo que supuso sucesivas depreciaciones hasta fluctuar en la banda baja del mecanismo de cambios (ERM) del SME. La esperada y necesitada victoria del “sí” al Tratado de Maastricht en la votación francesa no repercutió como se esperaba en la estabilidad de los mercados financieros. Además, la desvinculación de la corona sueca del SME provocó el principio de una nueva tormenta monetaria, y el 22 de noviembre de 1992 la peseta sufría otra devaluación de un 6%, junto al 7% del escudo portugués, un 5% de la libra irlandesa y la ampliación de las bandas de fluctuación del SME hasta  15%. Las devaluaciones tenían efectos inflacionarios sobre la economía española. La subida de los tipos de interés se adoptó como medida inmediata con intención de controlar la inflación. Además, el 29 de diciembre de 1992 el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto que concedía al Banco de España a partir del año 1994 la competencia plena de gobernar la política monetaria, descartando de igual forma cualquier posibilidad de financiar de forma inflacionaria el elevado gasto público y los déficits del Estado.

CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y RECESIÓN ESPAÑOLA

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La economía española se encontraba a finales de 1992 en un proceso de desaceleración económica agudizada por la caída del crecimiento económico mundial. Esta etapa de crisis significaba un retroceso de la inversión, disminución de la rentabilidad empresarial, caída del consumo privado, pérdida del poder adquisitivo –consecuencia, además, de la elevación de los impuestos–, destrucción de empleo y una elevada inflación. El 6 de junio de 1993, Felipe González logró ganar por cuarta vez consecutiva las elecciones, aunque esta vez ya no fuera por mayoría absoluta. Por otra parte, España sufría la recesión más profunda desde 1959 y en febrero se alcanzaba la cifra más alta de paro de la historia de la economía española aumentándose cada día en más de 2.000 personas. La inversión extranjera cayó el 23% a lo largo del año. El déficit comercial descendió en aproximadamente el 50%, pero el número de desempleados llegaba ya a 3,5 millones de personas.

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS ECONÓMICAS La política cambiaria estuvo ligada durante todo el período (1990-1994) a la crisis del SME. El objetivo prioritario era lograr la estabilidad de la peseta dentro del sistema de bandas de fluctuación del SME, para lo cual se necesitaron varias devaluaciones sucesivas de la moneda. El 12 de mayo de 1993, el gobierno tomó la decisión de devaluar nuevamente la peseta el 8%, tras gastar el Banco de España más de 500.000 millones de pesetas el lunes anterior a la devaluación para mantener la cotización de la peseta. A lo largo del año 1993, la política de rentas estuvo concentrada en la reforma del mercado laboral, siendo el principal foco de atención de los expertos, autoridades económicas, empresarios –que la consideraban imprescindible– y sindicatos –que se oponían a ella–. La confrontación entre Gobierno, patronal y sindicatos terminó con una convocatoria, para el 2 de enero de 1994, de la cuarta huelga general que tuvo que soportar Felipe González en sus años de gobierno, a pesar de que el pacto social era una condición necesaria para enfrentar la recesión económica. El retraso en la adopción de medidas de reforma laboral condujo a España a sufrir la más alta tasa de paro del mundo desarrollado, tasa que en 1993 duplicaba la media europea y multiplicaba por cuatro a la norteamericana. Desde que Carlos Solchaga había dicho en 1988 que era necesario suprimir trabas al despido y abaratarlo, los costes reales del despido pactado en España llegaron a ser –por presión de los sindicatos– entre tres y cuatro veces superiores. La política comercial de España estuvo definida por las directrices impuestas por mandato de El Consejo Europeo, el cual estableció, como paso previo a la consecución del libre comercio y el mercado único, eliminar las barreras físicas, técnicas y fiscales existentes entre todos los países miembros de la Unión. El 1 de enero de 1993 se eliminaron los aranceles entre los doce países miembros de la CEE, como un paso previo hacia el mercado único.

ALGUNOS RESULTADOS Los datos económicos a finales de 1992 eran muy negativos. En tres años, el crecimiento del PIB había descendido del 4,7% al 0,7%, el incremento de la inversión directa extranjera se redujo a la mitad –pasando del 17,5% en 1991 al 8,75% durante 1992–, el consumo público se mantenía elevado y el desempleo alcanzó los tres millones de parados, el 18,3% de la población activa. Las consecuencias de la política fiscal expansiva de la etapa 1990-1994 se manifestaron en el año 1994. A finales de 1991, el paro todavía se encontraba en el 16,3%, y luego alcanzaría el 24,2%, lo que constituía un máximo histórico. La tasa de crecimiento económico se había recuperado de la recesión de 1993 y se ubicaba en el 2,3%. La inflación se había atenuado a niveles del 4,3%, mientras la balanza comercial había mejorado significativamente debido a la depreciación del 20% de la peseta frente al dólar.

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Finalmente, la caída de la productividad y la falta de competitividad de las empresas españolas durante este período tuvo como causas las políticas (monetaria restrictiva y fiscal expansiva) llevadas a cabo por el Gobierno desde 1986. Por otra parte, quedaba aún mucho camino por recorrer en la liberalización de los mercados, para lo que había que eliminar las regulaciones y reglamentaciones de carácter proteccionista, y aquéllas que favorecían los monopolios, que subsistían a pesar de las directivas y los acuerdos comunitarios.

EL FINAL DEL PERÍODO SOCIALISTA: 1994-1996 PROBLEMAS CON EL EMPLEO La crisis del SME iniciada a partir del verano del año 1992 y la fuerte desaceleración económica de las tres grandes economías mundiales (Estados Unidos, Japón y Alemania) terminaron por afectar decisivamente a la economía española, la cual entró en una profunda e intensa crisis económica entre el año 1992 y el primer semestre del año 1994, tocando fondo en el año 1993 con una tasa de crecimiento negativa de 1,2%. A partir de ese momento, la economía española entró en una fase de recuperación propiciada por la significativa mejora de la economía europea. Los ajustes y cambios forzosos en la política monetaria –con una tercera devaluación en 1993 y sucesivas bajadas de los tipos de interés– contribuyeron a mejorar los resultados de las empresas y a apoyar una lenta pero gradual recuperación en el año 1994. El ajuste laboral llevado a cabo por las empresas durante el año 1993, basado en el recorte de plantillas, permitió recuperar ligeramente la rentabilidad, la utilización eficiente del capital y la inversión en el año 1994. No obstante, la mayor parte del ajuste de los costes laborales se produjo en el nivel de empleo, debido a la rigidez del mercado laboral, que impidió una mayor distribución de los costes hacia los aspectos retributivos o salariales.

LOS SÍNTOMAS DEL AGOTAMIENTO SOCIALISTA: EL PARTIDO POPULAR EN LA ESCENA POLÍTICA Pedro Solbes, el tercer ministro de economía durante el gobierno del PSOE, descubrió al inicio de sus funciones un déficit público de 6,8% del PIB –un máximo histórico–, un crecimiento económico estancado con elevada inflación –en relación con los criterios de convergencia de la UE– y la mayoría de las reformas estructurales sin realizar. Contrario a la anterior gestión, Solbes condujo la política económica desde una perspectiva prudente, puso orden en las cuentas y se convirtió en una especie de ministro de transición entre el socialismo liberal de Carlos Solchaga y la posterior cultura de la estabilidad de Rodrigo Rato. En el año 1994, los insuficientes resultados de política económica comenzaron a pasar factura política a los socialistas. En junio, el Partido Popular (PP), perteneciente al centro-derecha en el panorama político español, lograba su primera gran victoria en las elecciones europeas, mientras el PSOE perdía la mayoría absoluta en las elecciones al Parlamento de Andalucía. Después, en mayo de 1995, el PP conseguía el triunfo electoral en las elecciones autonómicas y municipales dando una clara señal de advertencia del posible desenlace de las próximas elecciones generales

EL ANSIADO Y NECESARIO AJUSTE FISCAL Los criterios de convergencia de las principales variables económicas contenidos en el Tratado de Maastricht obligaban a España a cumplir rigurosamente con determinados objetivos de política económica. El fuerte desajuste que había sufrido la economía española durante el período 19921994 obligaba a tomar medidas de política económica urgentes y firmes para converger

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nuevamente hacia la senda de equilibrio y cumplir con los criterios de adhesión que planteaba la UE. Inicialmente, el Gobierno decidió aplicar medidas de austeridad en sus gastos, lo que suponía una política fiscal restrictiva. La obtención durante el año 1995 de un superávit primario –excluía el pago por deuda pública– logró reducir el déficit de manera parcial, pero de cualquier forma aún estaba lejos del 3% fijado como meta para el año 1997. La política fiscal de ajustes en el gasto público estaba apoyada por la entrada en funcionamiento del nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el año 1995, el cual debía incrementar la recaudación y ayudar a aliviar el déficit público. Las políticas estructurales estuvieron marcadas por la continuación del régimen de privatizaciones, lo cual representaba un soporte a la reducción del gasto público, ya que, por una parte, constituían ingresos extraordinarios y, por la otra, un ahorro de costes. Además, la reforma laboral del año 1993 fue significativa en reducir el nivel de rigidez del mercado español; pero aún los costes laborales unitarios seguían creciendo por encima de los otros países de la Unión Europea. La política monetaria fue de carácter restrictivo, con el Banco de España incrementando los tipos de interés debido al clima de inestabilidad en los mercados financieros y a la percepción de riesgo cambiario de las monedas de los países considerados débiles. Lo anterior provocó un significativo flujo de capitales hacia las monedas consideradas como seguras y, particularmente, hacia el mercado alemán, lo que ocasionó una continua apreciación del marco con respecto al resto de las monedas de la UE. La política cambiaria de España dependía en gran medida de las variaciones del resto de las monedas que integraban el SME. La nueva crisis monetaria terminó el 6 de marzo de 1995 con la cuarta devaluación de la peseta, esta vez del 7%. El tipo de cambio central pasó de 79,11 a 85,07 pesetas por marco alemán, lo que favoreció a los sectores productivos dedicados a la exportación, y la balanza comercial permaneció prácticamente estable –con un déficit del 4,8% del PIB comparado con el 4,9% durante el año 1994–.

RESULTADOS DE POLÍTICA ECONÓMICA El déficit público se logró reducir levemente durante 1994, pero se elevó a niveles del 6,6% para el año 1995 –cifra que, para el año 1997, no debía superar el 3% del PIB según los criterios de convergencia–. Además, parte de la reducción del déficit se logró con incrementos en los ingresos patrimoniales –venta de participación en empresas públicas–, mientras que el incremento de los impuestos directos y el fuerte incremento en la recaudación por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales compensaron los ingresos tributarios, escasos debido a la debilidad del consumo privado. El PIB tuvo un crecimiento del 2,7% en el año 1995 comparado con el 2,3% del PIB en el año 1994. La desaceleración del crecimiento estuvo motivada, por un lado, por la debilidad del consumo privado y, por el otro, por la política monetaria restrictiva de subidas de tipos de interés, que se mantenían altos para apoyar a la peseta. Por otra parte, las privatizaciones parciales de Endesa, Repsol, Ence y Telefónica reportaron al gobierno ingresos de 519,5 mil millones de pesetas durante el período 1994-1995, un incremento del 3,1% sobre el monto bruto recibido en los cuatro años anteriores –desde 1990 hasta 1993–. Sin embargo, los efectos del exceso de regulación aún impedían que prosperaran las iniciativas empresariales privadas que crearan empleo y fuentes alternativas de renta. La tasa de inflación fue del 4,3% durante 1995, mostrando un diferencial de 2,1 puntos con respecto a la media de los tres países menos inflacionistas de la Unión Económica y Monetaria (UEM), lejos del requisito de un diferencial máximo de 1,5 puntos. La dificultad en lograr las reformas estructurales necesarias para conseguir la flexibilidad en el funcionamiento eficiente de

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los mercados –los monopolios y la falta de competencia–, junto con los nuevos impuestos, acabó por influir en el crecimiento del nivel de precios. Finalmente, los desequilibrios crónicos de la economía española –paro, inflación y déficit público– mejoraron a lo largo del año, aunque se mantenían todavía alejados de sus socios comunitarios. Las causas estaban en el incumplimiento de los objetivos y medidas presentadas por el Gobierno para lograr la convergencia con Europa, basados en la reducción del déficit –6,6% en el año 1995 y 4,9% en el año 1996–, en la privatización de empresas públicas y en la reforma estructural del mercado laboral, cuyo paro seguía afectando, en 1995, al 22,9% de la población activa.

EL PARTIDO POPULAR EN EL PODER: 1996-2000 CAMBIO DE RUMBO El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había gobernado en España un período de catorce años, desde al año 1982 hasta el año 1996. El primer ministro de economía socialista, Miguel Boyer, haciendo gala de una mentalidad indudablemente liberal, logró bajar la inflación y controlar el equilibrio exterior, aunque a costa de aumentar el desempleo. Su sucesor, Carlos Solchaga, emprendió la reconversión industrial española y puso en práctica una política económica procíclica, expandiendo el gasto público en un período de alto crecimiento económico y de entrada masiva de capitales, lo cual fue criticado al término de su período. El tercer ministro socialista, Pedro Solbes, realizó una gestión prudente, logrando aplicar cierto orden en las cuentas públicas y abonar el terreno para encauzar la economía española en la senda de la integración europea. Sin embargo, la debilidad del gobierno del PSOE, puesta de manifiesto por la falta de convergencia con los criterios de la UE, los altos tipos de interés, la elevada tasa de desempleo y los casos de corrupción, produjeron que en marzo de 1996 se convocaran nuevas elecciones generales anticipadas. El Partido Popular (PP), dirigido por José María Aznar, logró vencer en las elecciones, aunque sin contar con una mayoría absoluta, por lo que tuvo que pactar con los partidos nacionalistas para poder gobernar.

LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA (UEM) El nuevo gobierno del Partido Popular recibió en herencia un país que estaba saliendo con relativo éxito de la recesión, pero que aún provocaba cierta desconfianza sobre sus posibilidades de superar las pruebas para lograr la adhesión a la UEM. El objetivo de incorporar a España en la UEM se convirtió en el reto estratégico del gobierno del PP. En efecto, el ministro de Economía y Hacienda del gobierno popular, Rodrigo Rato, se encontró, a finales de 1995, con una situación económica aún muy alejada de cumplir con los criterios de convergencia. La inflación del 4,3% mostraba un diferencial de 0,6 puntos con respecto al máximo permitido por la UE. Los tipos de interés a largo plazo excedían en 2,2 puntos los criterios máximos permitidos por la UE. El déficit presupuestario del gobierno no debía superar al 3% del PIB y la deuda pública no debía ser mayor que el 60% del PIB. No obstante, el déficit público español ascendía al 6,6% y la deuda al 64,2%. La peseta se había devaluado por cuarta vez en el año 1995 y se esperaba que se mantuviera sin mayores fluctuaciones al estabilizarse la crisis monetaria que había sufrido la mayor parte de los miembros del Sistema Monetario Europeo (SME). Sin embargo, el requisito de convergencia con el SME exigía la estabilidad cambiaria de la moneda durante los dos años previos al 31 de diciembre de 1998.

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EL NUEVO PROCESO DE PRIVATIZACIONES: ¿POLÍTICAS POR EL LADO DE LA OFERTA? El proceso de privatizaciones del Partido Popular estaba orientado a reducir el tamaño y la responsabilidad del Estado como proveedor de bienes y servicios de la economía. La idea central consistía en reformar y modernizar las compañías propiedad del Estado a través de un programa general que constaba de tres líneas básicas: la reestructuración de las empresas públicas ineficientes, la consolidación de proyectos rentables y las privatizaciones. En este sentido, el nuevo gobierno del PP elaboró durante el año 1996 el denominado “Programa de Modernización del Sector Público Empresarial”, donde se establecían las prioridades en el proceso de privatización. Así, se empezaría con la venta de empresas más rentables, y se esperaría a que las menos rentables obtuvieran beneficios, para ser atractivas para los posibles compradores. Entre los principales sectores afectados estaban la industria del hierro y del acero, el sector financiero, el sector energético y el sector de las telecomunicaciones. Para apoyar el plan privatizador, el gobierno creó el Consejo Consultivo de Privatizaciones y un nuevo holding público, la Sociedad Estatal para la Privatización de Activos (SEPPA), que posteriormente derivó en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Agencia Industrial del Estado (AIE), que pasaron a ser agentes gestores del proceso de privatización. En la actualidad, la SEPI tiene entre sus objetivos modernizar las empresas del sector público enfocado en cuatro ejes básicos: saneamiento financiero, consolidación empresarial, privatizaciones y reindustrialización. La privatización de las empresas del Estado reduce la carga presupuestaria del mismo, con la posibilidad de utilizar los ingresos extraordinarios de forma más eficiente en áreas prioritarias de prestación de servicios públicos como la educación, la salud, el pago de pensiones o la creación de infraestructuras públicas. La liberalización posterior de esos sectores introduce mecanismos adicionales de mercado propios del sector privado, incrementando la competencia, disminuyendo los precios y estimulando las nuevas iniciativas empresariales.

LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL: LA FLEXIBILIDAD PROMETIDA Las reformas estructurales de la política económica del PP en el mercado de trabajo eliminaron la indexación de los salarios como norma legal. Sin embargo, con respecto al empleo, España había venido siendo en las últimas décadas el país con la tasa de desempleo más elevada en el ámbito de la UE. El objetivo del Gobierno era disminuir progresivamente el desempleo y llegar a una tasa del 9,5% en el año 2004, acercándose así a la media de los países de la UE. Por otra parte, la productividad en España estaba creciendo a ritmos más bajos que la media de la UE. Éste era otro reto que iba a ser tomado en cuenta en los próximos años. Para tratar de revertir la tendencia negativa del mercado de trabajo y generar empleo, el ejecutivo pensaba en una serie de medidas tales como la negociación colectiva ligada a criterios de productividad, la promoción de esquemas de trabajo parcial para reducir la temporalidad, el fomento del empleo de los más jóvenes y de las mujeres, y la moderación en el crecimiento de los salarios. Las políticas estructurales y de rentas iniciales del PP partieron de una línea de liberalización y flexibilización del sistema productivo, profundizándose en la racionalización del sector público haciendo mayor hincapié en la privatización de empresas. La racionalización del sector público se dirigió hacia las empresas públicas, iniciando un mayor esfuerzo en el proceso de privatización y estimulando la libre competencia y la desregulación de precios.

LAS FINANZAS PÚBLICAS

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El gobierno del Partido Popular utilizó una política fiscal restrictiva sin necesidad de aumentar la presión fiscal. La premisa fundamental de actuación del ministro Rodrigo Rato era la reducción del déficit público español y lograr cumplir en el plazo de dos años con los requisitos exigidos por la UEM. Lo anterior se logró con la ayuda de una mejora de la recaudación tributaria derivada del aumento de la actividad y de la generación de empleo, y a la disminución de pagos en intereses de la deuda y del subsidio de desempleo. Durante el año 1996 se desarrolló un proceso de consolidación de las finanzas públicas, como parte del programa fiscal de reducción del gasto público. Conjuntamente, se elaboró una primera reforma tributaria, modificando el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la cual supuso una reducción de la carga fiscal individual de los contribuyentes, con especial incidencia en los de menores rentas. Un objetivo adicional de la reforma fue la cesión en 1997 de los impuestos básicos del Estado a las Comunidades Autónomas, que recibieron el 15% del IRPF, a excepción de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura. El Banco de España tomó la determinación de reducir los tipos de interés, facilitada por el control de la inflación producto de una reducción considerable del gasto público, considerado una política monetaria claramente expansiva. La promulgación de la Ley de Independencia del Banco de España durante el año 1998, en el marco de la UEM, indicaba una política de financiación del déficit público más ortodoxa –con imposibilidad de financiamiento monetario de carácter acomodaticio– y con una menor influencia política. Las sucesivas devaluaciones de la peseta durante el período 1995-1998 impulsaron de forma favorable la política económica exterior, orientada a expandir la actividad del sector productivo exportador. La debilidad de la peseta en relación con la mayoría de las monedas de sus principales socios comerciales, unido a los bajos costes salariales españoles, incrementó de manera substancial la competitividad del sector exportador.

ALGUNOS RESULTADOS Las consecuencias que a priori predice la teoría económica al aplicar una política monetaria expansiva combinada con una restricción del gasto público son un descenso en el coste del dinero –tipos de interés–, un aumento en la inversión y un efecto impreciso sobre el crecimiento económico y el empleo. En ese sentido, el déficit público se redujo del 6,6% al 2,6% en el período 1995-1998. A su vez, la deuda como porcentaje del PIB se había mantenido prácticamente constante en el 64% del PIB durante el mismo período. La inflación se había reducido del 4,3% al 1,4% en 1998, mientras que el paro había disminuido desde el 22,9% en 1996 al 18,8% en 1998. Los resultados en materia laboral habían sido positivos debido al crecimiento de la economía, la mayor flexibilidad del mercado laboral, la creación de nuevos puestos de trabajo en los sectores recién liberalizados y una tenue mejora en los niveles de productividad. Una vez que se hubieron alcanzado los objetivos establecidos en Maastricht para lograr la plena integración a la UEM, una serie de factores ocurridos durante el período 1998-2000 afectaron el buen desempeño que habían tenido algunas variables macroeconómicas de la economía española durante el período 1995-1998. El incremento en la tasa de inflación española fue significativo, pasando del 1,4% durante 1998 al 4% durante el año 2000, mientras en la UEM se había incrementado del 1,1% al 2,3% durante el mismo período. Lo anterior era consecuencia del significativo incremento sufrido en los precios internacionales del petróleo y de otras fuentes de energía, de la pérdida de poder adquisitivo – producto de la depreciación del euro frente al dólar en los mercados de divisas–, y del aumento en

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el precio de algunos productos alimenticios, debido a los problemas sanitarios detectados en las carnes de vacuno. En el año 1999 tuvo lugar la segunda gran reforma del IRPF. Los tipos máximos impositivos se ubicaron en el 48% para el año 2000 en relación con el 56% del año 1995, mientras los tipos mínimos se redujeron del 25% al 18% durante el mismo período. Igualmente, el número de tramos impositivos se redujo significativamente, pasando de 16 a 6 durante el período antes mencionado. En este sentido, España estaba casi totalmente en línea en materia impositiva con los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual España es miembro activo. No obstante, como parte de la promesa electoral del PP para las elecciones del 2000 se plantea una reducción aún mayor de los tipos impositivos, para situar en el 45% el tipo máximo y en el 15% el tipo mínimo. El 1 de enero de 1999, el euro (€) sustituyó a la peseta como unidad monetaria nacional a un cambio de 166,386 pesetas por euro, iniciándose la tercera etapa de la UEM. El Banco de España quedó, por tanto, integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales junto con los bancos centrales del resto de las naciones de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo, siendo su objetivo fundamental “la estabilidad de precios”. Un nivel de inflación objetivo del 2% era el punto de referencia de esta “estabilidad”. Entre las medidas que se toman están las siguientes: se fija el tipo definitivo de conversión de las monedas del UEM con respecto al euro; el ecu desaparece y es sustituido por el euro –al tipo de conversión 1 ecu igual a 1 euro–; la deuda pública comienza a emitirse en euros; la política monetaria se ejecutará en euros; y el sector financiero operará en euros.

EL PARTIDO POPULAR SE CONSOLIDA: 2000-2004 El Partido Popular vuelve a ganar las elecciones generales en junio del año 2000, logrando esta vez mayoría absoluta en ambas cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Los logros macroeconómicos alcanzados y la inclusión con éxito de España en la UEM contribuyeron de manera decisiva a este nuevo triunfo electoral. La propuesta electoral del PP establecía la disminución de la tasa de desempleo con la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, avanzar en el proceso de liberalización y desregulación de la economía, incrementar los incentivos para la investigación y el desarrollo tecnológico, intensificar las inversiones públicas en infraestructuras y lograr la plena integración de España en la UEM.

POLÍTICA ECONÓMICA A comienzos del segundo gobierno del PP, la economía española seguía funcionando bien, a pesar de algunos síntomas que indicaban que el estallido de la burbuja de Internet en Estados Unidos podría dar lugar a una importante desaceleración en las principales economías mundiales. Este segundo gobierno siguió los principios fundamentales de su primer período: una combinación de las políticas de expansión monetaria, controladas en aquel momento por el Banco Central Europeo, y políticas fiscales contractivas. En 2001, muchas de las principales economías mundiales estaban ya en recesión, o camino de la recesión, cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y esta desaceleración de la economía mundial también afectó a España, aunque no dio lugar a una recesión. En 2001 el crecimiento del PIB cayó al 3,6% del 4,1% del año anterior. Sin embargo, en 2003 las economías más industrializadas se estaban recuperando, al igual que España, con un 3,1% de crecimiento del PIB.

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ESPAÑA EN LA PRESIDENCIA DE LA UE El 1 de enero de 2002, España asumió la presidencia del Consejo Europeo, reemplazando a Bélgica, país que había ejercido la presidencia en el segundo semestre de 2001. La agenda del Gobierno español fijó varios puntos prioritarios para su presidencia: la lucha contra el terrorismo internacional, una cuestión prioritaria después de los atentados del 11 de septiembre de 2001; el éxito en la puesta en circulación del euro; nuevos impulsos al “Proceso de Lisboa” definiendo las líneas de la política ocupacional, reforma económica y cohesión social; la ampliación de la UE; progresar en la alianza transatlántica y ampliar las relaciones exteriores de la UE comprendidas en la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Europea de Seguridad y Defensa.

PRIVATIZACIÓN Las políticas del PP de privatización de las empresas de propiedad estatal producen una gran cantidad de resultados positivos. Entre junio de 1996 y diciembre de 2003, el gobierno se había desprendido de participaciones estatales alcanzando los 29.400 millones de euros, lo que significaba que en términos de capitalización bursátil del mercado Español, las participaciones estatales bajaron del 10,87% al 0,52%. La SEPI sostenía que este programa de desinversión llevó a las empresas que habían sido privatizadas antes de 2002 a alcanzar un promedio de aumento del 10% en mano de obra, del 60% en inversiones y del 40% en facturación. Sin embargo, el proceso todavía tuvo mucho camino que recorrer hasta que el estado renunció realmente a cualquier tipo de control, directo o indirecto, sobre estas empresas. A pesar de que las empresas fueron privatizadas, el estado aún mantenía grandes participaciones en las empresas consideradas líderes nacionales, lo que significaba que tenía capacidad para elegir presidentes y, a la vez, nombrar directores. Estas eran cuestiones que debían abordarse, junto con una regulación mayor sobre servicios públicos y una vigilancia más fuerte de la competencia, a fin de fomentar la competitividad y fortalecer aún más la economía.

RESULTADOS ECONÓMICOS El PP se mantenía centrado en sus políticas económicas y de gestión del déficit, tratando al mismo tiempo de aumentar el gasto social. En el año 2000, el déficit presupuestario fue del 1% del PIB, pero España estaba en camino de obtener un superávit en el futuro inmediato. En el lado negativo, el gasto social en 2004 se situó en el 20% del PIB, por debajo de la media del 27,5% de la Europa de los 15. Como resultado de la combinación de las políticas y el esfuerzo por aumentar el gasto social, la balanza de pagos española continuó aumentando a nuevas cotas, mostrando un aumento de la cantidad de préstamos al consumo de combustibles y a la construcción (ayudado por el hecho de que las tasas de interés se mantenían por debajo de la tasa de inflación en España), algo que podría obstaculizar el crecimiento futuro y la estabilidad económica en caso de que comenzase una desaceleración de la economía. En 2003 el gobierno español implementó varias políticas para impulsar y garantizar su expansión económica. Primero puso en marcha un recorte de impuestos sobre la renta de las personas físicas, y, con el objeto de mantener el éxito de la gestión fiscal de los 7 años anteriores, el gobierno implementó la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Bajo esta ley, los gobiernos regionales y locales a todos los niveles estaban obligados a mantener su contabilidad en equilibrio de forma permanente, para asegurar de esta manera el mantenimiento de la disciplina fiscal en un marco descentralizado de cuentas regionales. Durante los 8 años en los que el PP se mantuvo en el poder, la economía española logró crecer a una tasa promedio anual del 3,2%. Este crecimiento económico fue de la mano con las tasas de interés baratas que España había estado disfrutando desde la introducción del euro, que, tan pronto como la moneda se puso en marcha, se tradujo en un mayor gasto y un aumento en los niveles de construcción. 2003 vio al sector español de la construcción emprender la edificación de

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700.000 viviendas, cuatro veces el número de las que el Reino Unido inició ese mismo año (siendo la población del Reino Unido de 17 millones de personas más que la de España en 2004). Sin embargo, el precio de las viviendas continuó aumentando en España a pesar de esta frenética actividad de la construcción, con un incremento del 18% solo en 2003. Las tasas de interés que ayudaron a continuar alimentando en 2004 este auge se mantenían por debajo del promedio de la UEM. La deuda pública se había frenado como consecuencia de la buena gestión del presupuesto público y de los cambios en el sistema impositivo. El resultado fue una disminución del nivel de la deuda año tras año hasta alcanzar un mínimo del 46% del PIB en 2004, muy por debajo de los niveles de otras grandes economías europeas como Francia, Alemania e Italia. El objetivo político del PP de equilibrar el presupuesto nacional a través de una estricta disciplina en el control del gasto público había permitido lograr un presupuesto equilibrado en 2001, un logro sin precedentes en la democracia española. En 2004, el PP también consiguió reducir la inflación al 3,1%, y al mismo tiempo reducir el desempleo al 10,6%. Sin embargo, ambas cifras se mantenían por encima de las cifras medias correspondientes de la zona Euro, que se situaban en el 2,1% de inflación y el 8,8% de desempleo (teniendo España la segunda mayor tasa de desempleo entre los 15 países de la zona Euro).

LA VUELTA AL PODER DEL PSOE: 2004-2008 La cuestión de si el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, llegó al poder como resultado de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, con 191 muertos y 1.430 heridos, no es competencia de este caso. Sin embargo, los hechos son que a principios de marzo de ese año el PP parecía estar en una buena posición para ganar las elecciones, aunque no fuera con mayoría absoluta en el Parlamento. Después de los atentados y de varios incidentes previos a las elecciones (intentos por parte del PP de inculpar a ETA, un grupo extremista vasco, petición de condenar a ETA en una resolución de simpatía de Naciones Unidas, etc.), el PSOE llegó al poder, dando de hecho la vuelta a la ventaja que los sondeos daban al PP en los días previos a las elecciones.

LAS MISMAS POLÍTICAS ECONÓMICAS CON DISTINTO ESTILO El PSOE llegó al poder en un momento en que la economía española disfrutaba de un crecimiento estable y próspero. La economía española siguió mostrando mejoras en los años siguientes, alimentada todavía por la diferencia en las tasas de interés y por las políticas fiscales. Con el continuo crecimiento y la buena gestión económica, el PIB de España se incrementó en 2006 en un 4%. El gobierno lo consiguió combinando las anteriores políticas fiscales contractivas y las políticas monetarias expansivas con reformas relacionadas con la economía de la oferta para reforzar los niveles de competitividad. La economía española continuó creciendo a tasas relativamente prósperas, aunque al final de este período había síntomas que mostraban que posiblemente muchas de las grandes economías iban en dirección a una marcada desaceleración.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y RESULTADOS En 2005 se reformó la ley al reconocer el hecho de que la prosperidad económica había sido el resultado de de la reforma fiscal, pero también el hecho de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2003 podría ser demasiado rígida al obligar a los gobiernos regionales a mantener su contabilidad en equilibrio de forma permanente sobre una base anual. Con esta enmienda, el gobierno tenía que mantener el equilibrio fiscal a lo largo de un ciclo y no de cada año. Por tanto, los gobiernos regionales tenían flexibilidad para registrar déficit o superávit dependiendo de las condiciones económicas, siempre que hubiese un equilibrio general a lo largo del ciclo.

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En 2005, después de años de caídas del déficit fiscal, por primera vez en la historia España tuvo un superávit fiscal cercano al 1% del PIB. Este superávit se consolidó aún más tanto en 2006 como en 2007, alcanzando alrededor del 2% del PIB. Se trató claramente de un logro significativo para un país acostumbrado a tener un constante déficit fiscal. Además, la gestión eficaz del gasto público acompañada por la expansión económica había reducido la deuda a un mínimo histórico de cerca del 40% del PIB en 2006. Sin embargo, el déficit en la balanza de pagos, de cerca del 9% del PIB en 2006, fue el segundo mayor del mundo, después de los Estados Unidos. La inflación era todavía alta entre los otros países de la UEM, situándose en un 3,6% durante 2006, dificultando el nivel de competitividad de los españoles cara a los demás miembros de la UEM, mientras que la inflación de los precios de la vivienda había empezado a disminuir, después de que su pico de 2003, de cerca del 18%, se hubiese reducido a cerca del 7% de aumento sobre una base anual. La disminución de la inflación de la vivienda pudo haber sido, por una vez, el resultado de los enormes niveles de construcción experimentados en España en los años posteriores a la introducción del euro. Con un récord de 850.000 nuevas viviendas construidas en 2006, los precios fueron creciendo entonces a tasas más bajas. Sin embargo, durante esos años, las familias negociaron un número récord de hipotecas, y las empresas de construcción adquirieron grandes deudas. Ya estaba empezando a quedar claro que cualquier cambio relevante de dirección en el mercado de la vivienda tenía el potencial de crear grandes secuelas que afectarían a la economía en su conjunto. El desempleo todavía se mantenía alto, especialmente en comparación con otros países de la Unión Europea, aunque el 8,5% de 2006 parecía indicar que las cifras de desempleo en España eran significativamente mejores que en cualquier otro año desde 1978. Además, esta reducción del desempleo se había producido en un período con una afluencia muy grande de inmigrantes. En 2005, 800.000 inmigrantes ilegales normalizaron su situación a través de una nueva ley. Aún así, el gobierno no tuvo mucho éxito en detener el flujo de nuevos inmigrantes. A la inmigración se le atribuyó el aumento de la tasa de natalidad, y por tanto el retraso de la carga potencial del sistema de pensiones en un país con un considerable envejecimiento de la población, pero también supuso una importante presión sobre otros servicios sociales como la educación y la salud. Sin embargo, la asimilación de este gran número de inmigrantes se realizó con relativa facilidad.

SEGUNDO GOBIERNO DEL PSOE Y LA GRAN RECESIÓN: 2008-2010 ALGUNOS SÍNTOMAS DE UN CAMBIO DE TENDENCIA Después de varios años de fuerte crecimiento mundial, el mercado de la vivienda en los Estados Unidos comenzó a mostrar algunos signos de “enfriamiento” en 2006. Dado que muchos analistas habían mencionado durante años la posibilidad de que se estuviese creando una burbuja en los precios de la vivienda, esto no constituyó una verdadera sorpresa. No obstante, se pensó que los efectos del estallido de esta burbuja serían significativos pero limitados. Pero poco tiempo después, la crisis subprime y sus consecuencias para el sistema financiero comenzaron a mostrar que el impacto en la economía real podría ser mucho mayor de lo que al principio se pensaba. A finales de 2007 estaba claro que Estados Unidos se enfrentaba a una grave crisis que tenía ciertos rasgos en común con lo que estaba pasando en otras regiones del mundo. En Europa, Reino Unido, Irlanda y España, entre otros, se habían estado produciendo aumentos significativos en el precio de las viviendas, y los efectos de una crisis en el sector podrían ser muy graves. Sin embargo, en noviembre de 2007 el crecimiento del PIB en España era todavía de un saludable 3,8%, a pesar de la evidencia de varios indicadores que apuntaban a considerar la posibilidad de

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que la economía estuviese entrando en una desaceleración, y la población se preguntaba si la economía española estaba preparada para ese evento.

LAS ELECCIONES DE MARZO DE 2008 Las décimas elecciones generales después de la vuelta a la democracia tuvieron lugar en 2008. Uno de los temas principales de la campaña en el período previo a las elecciones fue el de una crisis económica. La oposición insistía en que el país se enfrentaba a una recesión, mientras que el partido en el gobierno insistía en los efectos limitados de la crisis y en las cifras positivas sobre crecimiento, inflación, desempleo o el superávit fiscal. En las elecciones generales los dos principales partidos nacionales, el PSOE y el PP, aumentaron el número de escaños, con el primero ganando el derecho a gobernar. Sin embargo, estaba claro que el país ya estaba experimentando un cambio muy significativo de tendencia.

LA GRAN RECESIÓN Los efectos de la crisis en España fueron muy acusados. El crecimiento del PIB cayó al 0,9% en 2008 y de nuevo al -3,7% en 2009. También se esperaba que el PIB de España disminuyera en 2010, antes de empezar a crecer de nuevo en 2011. El colapso del mercado de la vivienda llevó a un aumento del desempleo de un promedio del 8,3% en 2007 al 11,4% en 2008, después al 18% en 2009 y a cerca del 20% a mediados de 2010. La marcada caída de la actividad económica y los paquetes de estímulos implementados por el gobierno en un intento de atenuar los efectos de la crisis, no solo eliminaron cualquier superávit presupuestario, sino que llevaron a un déficit del 4,11% en 2009 y del 11,2% en 2010. Los días de los excedentes presupuestarios acompañados de una caída de la deuda a tasas del PIB se habían acabado, pues la deuda pública subió del 36,2% en 2007 al 54,3% en 2009, continuando a mostrar una tendencia al alza. El deterioro de la economía española coincidió con una recesión mundial, pero algunos de los efectos fueron peores en España que en otros países de Europa. El sector de la construcción había sido un importante motor de crecimiento durante la mayor parte de la década, y ahora ese motor se había parado. ¿Qué sector o sectores podrían reemplazar a la construcción como principales impulsores del crecimiento en el futuro? A mediados de 2010, España aún estaba luchando para salir de la peor crisis económica que había sufrido en muchas décadas, y claramente la mayor crisis desde el comienzo de su transición política a mediados de la década de 1970. No obstante, el país estaba mucho mejor preparado para enfrentar los desafíos del momento, y el éxito de España en el campeonato mundial de fútbol suministró al país una inyección de optimismo, haciéndole sentir que a pesar de las dificultades existentes saldría de la crisis con nuevas fuerzas, algunas de las cuales todavía quedaban por definir. Algunas historias más del éxito deportivo español en tenis, ciclismo, baloncesto, carreras de motos y fórmula uno también ayudaron a proporcionar un sentimiento muy necesario de optimismo para hacer frente a la adversidad.

RETOS: LA AGENDA DE REFORMAS PENDIENTES EL MERCADO LABORAL: LA UTOPÍA DE LA REFORMA ESTRUCTURAL En la mayoría de los países europeos, el mercado laboral es bastante rígido en relación con otros países miembros de la OCDE, y más específicamente en relación con los Estados Unidos y el Reino Unido. No obstante, el mercado laboral español es, sin lugar a dudas, el que presenta uno de los desempeños más pobres en términos de nivel de desempleo y grado de flexibilidad entre todos los países miembros de la UEM.

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La rigidez del mercado laboral español tiene su origen en varias causas, algunas de las cuales son los relativamente altos niveles del subsidio del desempleo, los elevados impuestos al trabajo y una legislación excesivamente proteccionista de los derechos del trabajador. Por otra parte, la fijación de salarios mínimos no parece ser un factor clave para explicar el desempleo en España. Sin embargo, la aparición de las anteriores distorsiones altera el normal desempeño del mercado de oferta y demanda de trabajo. Inicialmente, si los beneficios al desempleo son demasiado altos –en términos de salario y duración–, se reduce el incentivo de las personas desempleadas de buscar rápidamente un nuevo empleo. Sin embargo, dada la sensibilidad política de reducir los beneficios del desempleo, es poco lo que se ha logrado avanzar en este sentido. Además, los altos impuestos al trabajo –en forma de contribuciones del trabajador y la empresa a la Seguridad Social- reducen la demanda al encarecer la mano de obra en relación con el capital. La excesiva legislación de protección al empleo refleja la mayor inclinación social que tiene España de proteger a sus trabajadores. No obstante, incrementa los costes de las empresas y beneficia sólo la posición de aquellos trabajadores que están dentro del sistema. Debido a la dificultad de modificar sustancialmente las leyes de empleo, la alternativa ha sido suavizar las restricciones para los empleos temporales sin perjudicar la posición de los trabajadores activos. El riesgo que implica este tipo de política es que se convierta en la válvula de escape para flexibilizar el mercado laboral y sustituya la verdadera y necesaria reforma estructural.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: TASA DE NATALIDAD Y LOS SISTEMAS DE PENSIONES La población española, como la de muchos otros países europeos, está envejeciendo progresivamente debido a los grandes avances médicos que están alargando la vida de las personas. Cuando se combina esta tendencia con la caída de la tasa de natalidad, surge una amenaza para la supervivencia del sistema de la seguridad social basada en el sistema de reparto. En un sistema de pensiones basado en el método del reparto, el Gobierno impone un impuesto al trabajo para pagar las pensiones de los trabajadores ya jubilados. Bajo tal sistema, el nivel de las pensiones es una función de la tasa de crecimiento de la base impositiva, que, a su vez, depende de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y de la tasa de crecimiento de los salarios reales por trabajador, es decir, de aumentos en la productividad laboral. La tasa de fertilidad de España se situó para el año 2000 en 1,2 hijos de media, la tasa más baja del mundo. Por otra parte, la tasa de fertilidad en los países en vías de desarrollo es de 2,9 hijos mientras que la media de Europa es de 1,6 hijos por mujer. Para que la población se mantuviera al nivel actual, la mujer española debería tener una media de 2,1 hijos, lo que significa que, de seguir esta tendencia demográfica, España podría tener un crecimiento negativo durante los próximos 50 años, con fuertes implicaciones en la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. El descenso en la tasa de fertilidad puede tener su origen en factores de tipo cultural y económico. Culturalmente, la mayor incorporación de la mujer a la fuerza laboral en los últimos años ha retrasado la edad media en la que se casan las mujeres y, por lo tanto, la edad en la que generalmente empiezan a tener hijos, lo que disminuye su período efectivo de fertilidad. En el ámbito económico, la relativa falta de oportunidades para los jóvenes en España restringe las perspectivas de trabajo y la posibilidad de obtener una cierta estabilidad económica, por lo que la decisión de crear una familia se difiere temporalmente.

LA INMIGRACIÓN SELECTIVA: ¿UNA ALTERNATIVA VIABLE AL ACTUAL SISTEMA DE REPARTO?

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La inmigración selectiva puede constituir una alternativa a la baja tasa de natalidad española, al igual que los incentivos de tipo fiscal que el Gobierno puede otorgar a las madres que decidan tener una mayor cantidad de hijos. Sin embargo, los graves desequilibrios existentes en el mercado laboral español parece que pudieran dificultar la absorción en el corto plazo de una gran cantidad de “nuevos trabajadores”. El fenómeno de las inmigraciones de personas venidas principalmente de los países africanos, el este de Europa y de Latinoamérica ha generado recelo en la población española, principalmente en materia laboral. El argumento en contra de la inmigración está fundamentado en la opinión ampliamente extendida de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a la población autóctona. Muchos estudios han señalado las ventajas de la inmigración en el mercado de trabajo, las cuales se extienden al resto de la economía. En este sentido, la inmigración permite cubrir puestos de trabajo que estaban vacantes –por escasez de mano de obra o por falta de disposición de la población nativa para realizar determinado tipo de actividades–. Lo anterior da paso a un “mercado dual” donde los extranjeros y los autóctonos ocupan puestos de trabajo diferentes. Por otra parte, los inmigrantes contribuyen a flexibilizar el mercado de trabajo debido a la movilidad geográfica –un factor que contribuye a incrementar la capitalización de la economía –al trabajar un mayor número de horas y tener una mayor propensión al ahorro. Finalmente, la inmigración puede ayudar a sostener el Estado del Bienestar ante el profundo envejecimiento de la sociedad española.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y TECNOLÓGICA: EL DÉFICIT CRÓNICO EN LA BALANZA COMERCIAL La dependencia de energía primaria española –petróleo, carbón, gas natural y electricidad– se ha incrementado durante las últimas dos décadas, pasando del 68,1% en el año 1973 hasta el 73,9% del total consumido en al año 2001. En este sentido, el déficit de energía primaria de la Unión Europea está en torno al 50% aproximadamente. En la composición del déficit de energía primaria durante el período 1973-2001, hay que señalar que es importado el 97,3% del petróleo, el 35,7% del carbón y el 91,4% del gas natural. El único sector que ha sido autosuficiente durante la mayor parte del período ha sido el sector eléctrico, el cual ha tenido un superávit de 0,8%. La dependencia energética española ha tenido históricamente un peso significativo en la balanza comercial, la cual ha sido deficitaria durante todo el período 1973-2001, principalmente en las épocas de significativo incremento en los precios internacionales del petróleo y de otras fuentes de energía –gas natural y carbón–. No obstante, la balanza comercial ha sufrido igualmente importantes déficits durante los períodos de fuerte crecimiento de la economía y de apreciación de la peseta frente el dólar –principalmente en la segunda mitad de la década de los ochenta–. El notable progreso en las actividades de investigación y desarrollo (I+D) en España ha creado unas bases sólidas en el proceso de convergencia con los otros países europeos. Desde mediados de la década de los ochenta, el esfuerzo nacional en actividades de I+D experimentó un crecimiento sostenido, ya que se pasó del 0,43% del PIB dedicado a investigación y desarrollo tecnológico en el año 1980 al 0,85% en el año 1990. El crecimiento gradual del gasto en I+D como porcentaje del PIB durante la década de los noventa se debe a que la economía española ha crecido a tasas significativamente superiores a las del conjunto de la UE, produciéndose, sin embargo, un aumento significativo en términos absolutos. Para el año 2000, el total de gasto en I+D en España ha sido de 0,94%. No obstante, el gasto en actividades de I+D en España permanece rezagado con respecto a sus socios de la UEM, los cuales promediaban 1,7% para el año 1997.

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ANEXO ESTADÍSTICO GRÁFICA. PIB %

GRÁFICA. PARO (%)

GRÁFICA, INFLACIÓN (%)

GRÁFICA. DÉFICIT FISCAL

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GRÁFICA. DÉFICIT CUENTA CORRIENTE

GRÁFICA. DEUDA PÚBLICA

TABLA. PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS (1995-2009)

TABLA. INDICADORES FISCALES Y COMERCIALES(1995-2009)

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TABLA. INDICADORES FISCALES INTERNACIONALES (1995-2009)

TABLA. DEPENDENCIA ENERGÉTICA (1980-2005)

TABLA. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA OFERTA (1975-2009)

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ENLACES DE INTERÉS Banco Mundial (BM) www.worldbank.com Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es Banco de España (BE) www.bde.es Fondo Monetario Internacional (FMI) www.imf.org Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) www.oecd.org Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea (EUROSTAT) http://europa.eu.int/comm/eurostat/ Agencia Internacional de Energía (AIE) www.iea.org Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) www.opec.org Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) www.sepi.es Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) www.cnmv.es The Economist www.economist.com Financial Times www.ft.com ■■■

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